Asimismo, resulta indispensable contar con una planeación en el mediano y largo plazos para impulsar la CTI en el país. En relación con esto, un tema de vital importancia es el impedimento jurídico de contar con presupuestos plurianuales que permitan a las instituciones tener una plataforma económica para apoyar los proyectos. En materia de CPI’s se requiere generar un marco regulatorio que les dé mayor operatividad, les permita una eficaz vinculación con el sector productivo y la explotación de la propiedad intelectual generada como resultado de la investigación e incorporar a todos los Institutos Nacionales de Salud. Es necesario agilizar y simplificar la normatividad, para facilitar el ejercicio del gasto, la rendición de cuentas, y los trámites legales ante dependencias como la COFEPRIS y el IMPI, entre otras. Es de especial importancia atender la problemática que implica el aumento de la edad promedio de la planta de investigadores en el país y la falta de plazas para nuevos investigadores. En cuanto a los Institutos Nacionales de Salud (INSALUD), enfrentan diversos problemas entre los que se encuentran: i) la excesiva carga administrativa que implican las tareas de fiscalización; ii) se les unifica con los hospitales federales de referencia y los de alta especialidad lo que ocasiona que el presupuesto se divida entre todas las Instituciones y que los indicadores al desempeño los mezclen entre todas esas instituciones, cuando sus fines son distintos; iii) existe un coordinador para los INSALUD y hospitales en conjunto, y no es posible que atienda la problemática de todos Por otra parte, el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, constituido por los tecnológicos federales dependientes de manera centralizada de la Secretaría de Educación Pública y por los tecnológicos descentralizados de los gobiernos estatales, se encuentra en incapacidad jurídica de administrar y controlar el patrimonio con el que opera y el que adicionalmente obtiene derivado de la vinculación que desarrollan con los sectores social, industrial y productivo del país; los de competencia federal, por la falta de personalidad jurídica y patrimonio propio y los locales por la ausencia de compromiso presupuestal de
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