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“Más allá de la gestión cultural: algunas estrategias para una(s) nueva(s) política(s) pública(s) para la cultura” Eduard Miralles. Centro de Estudios y Recursos Culturales de la Diputación de Barcelona (CERC). Ponencia dictada en el marco del la XXVII Escuela de Capacitación de la Asociación Chilena de Municipalidades y el Encuentro INTERCULTURA de Gestión Cultural Municipal, ambos realizados en Puerto Octay, Región de Los Lagos, Chile, enero de 2006.

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Mejorar en la definición de sus objetivos la articulación entre necesidad y oportunidad, y entre visibilidad y proximidad. La tensión entre necesidades y oportunidades resulta particularmente compleja para las políticas públicas para la cultura, en la medida en que las primeras, las necesidades, así como todo lo que respecta a la esfera de los derechos y deberes culturales, resultan especialmente difíciles de definir. El imperio de la oportunidad, por el contrario, resulta ser con excesiva frecuencia el input exclusivo o casi único en la definición de los objetivos de la política cultural en un territorio determinado. Directa o indirectamente, toda política sectorial con voluntad universal se establece a partir de una determinada concepción de “normalidad” que contribuye a institucionalizarla e, incluso, en el mejor de los casos, a hacerla evolucionar progresivamente. Tomando como ejemplo los sectores básicos de las políticas de bienestar, existen políticas educativas y políticas sanitarias en la medida en que las nociones de educación y de salud se convierten en universales, objetivas y parametrizables, hasta el punto que se establece un consenso internacional a través de organismos especializados, respecto a los niveles mínimos deseables para el máximo de la población. Así pues, los derechos de las personas se transforman en deberes de las instituciones y, por consiguiente, una política plantea estrategias y formula servicios para la consecución de esta cuota mínima para un máximo de ciudadanos. No hace falta mucha ciencia para constatar que las políticas culturales no funcionan exactamente así. De entrada, el concepto de derecho cultural es todavía precario a pesar de que la mayoría de declaraciones de reconocimiento de los derechos humanos, a escala global y a escala local, han incorporado el derecho a la cultura como un imperativo en términos más o menos imprecisos y a pesar de que, actualmente, sea un tema presente en la agenda de un buen número de organismos y redes internacionales. Por otro lado, predicar la conveniencia del consenso alrededor de unos servicios culturales básicos universales todavía suscita un elevado grado de animadversión entre los detractores de la incorporación de la cultura – una región de la esfera personal y, por lo tanto, privada – en el marco competencial de la cosa pública. Por consiguiente, la dificultad de definir universalmente derechos, deberes y servicios empuja a las políticas públicas hacia algunas paradojas flagrantes. En primer lugar, la falta de consenso sobre la cuota mínima de servicios para el máximo de ciudadanos convierte a las políticas culturales en gestoras de singularidades – el acontecimiento y el fenómeno cultural – de efectos inequívocamente perversos: proporcionando el máximo de servicios para los segmentos de la población culturalmente activos se crean las condiciones para una nueva desigualdad, la cultural. En segundo lugar, las políticas culturales, renunciando a la determinación de unos objetivos explícitos y precisos, confieren categoría de finalidad a lo que no es más que un instrumento: en el discurso, a menudo, hay demasiado bibliotecas y demasiadas pocas estrategias para el fomento de la lectura, demasiados teatros y demasiadas pocas estrategias para la socialización de los lenguajes artísticos...

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La tensión, esta vez de tipo vertical, entre las nociones de visibilidad y de proximidad se plantea de forma parecida. Siendo ambas nociones de presencia necesaria en el diseño de una política cultural, a menudo van desparejas (nos referimos a la habitual desconexión entre lo que se hace respecto a la cultura “con mayúsculas” y a la cultura “con minúsculas” en el marco de una determinada intervención institucional) o se hipoteca lo uno en función de lo otro (nos referimos a políticas en exceso “planas”, anodinas o monótonas, donde la visibilidad resulta muy difícil, o a políticas “agudas” en exceso, donde el delirio de la singularidad carece de sólida base). Frente a esta falsa dicotomía, resulta necesario postular que el proyecto cultural más sólido es a la vez el más visible y, viceversa, que una amplia base redunda en una mayor capacidad de proyección exterior. En definitiva, la dinámica interna de la cultura tiene mucho que ver con la doble lógica del relato de lo particular en clave universal (esta debería ser la meta de las acciones orientadas a la visibilidad) y del relato de lo universal en clave particular (esta debería ser la meta de las acciones orientadas a la proximidad). Desplegar sus dimensiones territoriales a la luz de las nuevas cartografías de la producción y el consumo cultural La planificación de los servicios culturales territoriales es más compleja que la planificación territorial de otros tipos de servicios sectoriales en la medida que la cultura, en su lógica de producción interna, huye de cualquier adscripción territorial preceptiva que asigne determinadas cuotas de servicios a determinados contingentes de usuarios. Si se planifican servicios educativos o sanitarios, en definitiva, se acaban estableciendo determinados procesos de territorialidad preceptiva; esto es: se asignan biunívocamente servicios a ciudadanos, o viceversa. Nos toca – o nos pertenece – tal o cual escuela u hospital y no tal o cual otro. En cambio, resulta evidente que no podemos plantear vincular de la misma manera la praxis cultural de un grupo de ciudadanos a una determinada oferta de equipamientos o de servicios. Esta contradicción aparente entre los servicios culturales de proximidad y la práctica cultural desterritorializada es, sin duda alguna, un factor de complejidad añadido a las políticas públicas para la cultura que, a su vez, abre perspectivas insospechadas, desde ensayar la movilidad de públicos y la especialización de los servicios en una escala territorial más amplia, hasta la consideración de las prácticas turísticas como prácticas culturales tout court. Entre los múltiples argumentos a favor de un sistema público de la cultura en España que abundan en las particulares oportunidades estratégicas de las distintas administraciones territoriales conviene destacar aquí el conjunto de cambios que la geografía de la producción y del consumo de bienes y servicios culturales está experimentando a lo largo de los últimos años. Existe, de entrada, un replanteamiento general de las dimensiones del “territorio cultural”; en palabras de Manuel Castells, la cultura empieza a ser algo demasiado grande para lo local y, a su vez, algo demasiado pequeño para lo global. Los axiomas de la oferta cultural institucional, y muy en especial su concepción del territorio como algo todavía excesivamente limitador y constreñido, contrastan cada vez más con las dinámicas culturales de la ciudadanía, para quien la territorialidad no constituye tanto una dificultad como, en muchos casos un valor añadido: un valor añadido en términos de

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proximidad (los servicios “a pie de casa” son particularmente bien recibidos) pero también un valor añadido en términos de distancia simbólica (viajar para practicar cultura, algo que constituye la base del turismo cultural como fenómeno emergente). Coexisten, pues, múltiples territorios culturales, según se observen desde el punto de vista de la demanda o desde el punto de vista de la oferta de bienes y servicios culturales: •

Desde el punto de vista de la oferta cultural, la distinción entre la cultura que se “presenta”, la cultura que se “re-presenta” y la cultura industrial o mediática, la de los “soportes” y los “canales”, es la que acaba determinando las posiciones geográficas de la cultura. Tal y como Baumol y Bowen, padres de la economía de la cultura, hicieron notar en su célebre ensayo de mediados de la década de los sesenta sobre las artes en vivo, no se puede sustituir fuerza de trabajo por capital por lo que, en lo escénico, cada función cuesta casi tanto como la anterior –frente a lo que sucede con la cultura “en lata”, donde cada copia supone una amortización de la inversión inicial, cuyo mercado es prácticamente global. La cultura de la “presentación”, la de las exposiciones, por ejemplo, está a medio camino: la itinerancia abarata costes de manera significativa. Cada territorio, en conclusión y por lo tanto, es como una pista de aterrizaje de ofertas y demandas con lógicas distintas mercados que una política cultural territorial debería intentar articular adecuadamente.

Desde el otro polo, el de la demanda, las posiciones acaban determinando lógicas de competencia y cooperación territorial sumamente interesantes. Existe un primer territorio de servicios culturales de proximidad (las bibliotecas llamadas “populares” o el tallerismo de los centros culturales polivalentes, por ejemplo), de “uso diario”, donde los valores se centran en la descentralización y la accesibilidad; las lógicas de competencia y cooperación son casi inexistentes. En segundo lugar, el territorio del espectáculo en vivo obedece, en cambio, a ritmos semanales (o de fin de semana: los gestores escénicos conocen muy bien el reto de programar en los días laborables) y su “cobertura” –utilizando el símil telefónico– puede alcanzar el centenar de kilómetros o la hora de desplazamiento en automóvil. Aquí la tradición cooperadora és más o menos fuerte, según los casos (circuitos, redes, etc.), hasta el punto de llegar a neutralizar la competencia en razón de lo reiterativo de las programaciones. Finalmente el territorio del patrimonio, de los museos, de los festivales y de los grandes eventos más o menos singulares se asocia a la vacacionalidad y su radio geográfico es mucho más amplio. De hecho, en este caso, el valor de la experiencia suele guardar relación directa con la distancia que es preciso recorrer para alcanzarla. Y la competencia en pos de un público “global”, o de una visibilidad “universal” llega a neutralizar cualquier intento de cooperación posible.

Así las cosas, lo territorial en cultura se encuentra ante un reto y una oportunidad. El reto consiste en planificar la oferta de servicios culturales desde una perspectiva territorial mucho más integrada y sistemática. El período de la política cultural autárquica (en cada lugar debe haber de todo para los del municipio) parece ya hoy en día poco viable. Si en

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otros ámbitos de lo económico y lo social crece con fuerza la imagen de la “ciudad-red”, resulta urgentemente necesario que los responsables del planificación cultural empiecen a trabajar desde lógicas de planificación de sus ofertas de servicios superadoras de lo estrictamente local. Compensando inequidades y generando nuevas economías de escala. Pasando de la competencia a la cooperación. Sumando recursos para multiplicar resultados. La oportunidad estriba en el hecho de poder generar, en este nuevo contexto, una nueva dimensión de centralidad. Si nuestro público, nuestros usuarios, no sólo son nuestros ciudadanos, las apuestas de visibilidad regional, nacional e incluso internacional resultan mucho más evidentes. Y ello resulta particularmente interesante para los territorios “NUTS III” y para las “ciudades medias”, porque su entorno territorial reúne suficiente “masa crítica” para operaciones algo más ambiciosas que las de costumbre, porque sus dotaciones de recursos pueden empezar a ser suficientes para acometer operaciones de superior envergadura y, en definitiva, porque sus posibilidades de visibilidad más allá del respectivo término municipal también son mayores, sin sufrir por otra parte, la polución mediática de los eventos que tienen lugar en las grandes metrópolis.

Apostar por la cooperación interinstitucional, transitando desde la actual competencia hasta la deseable complicidad Ya es un lugar común que los estudiosos de la legislación cultural y del derecho a la cultura mencionen el hecho de que en España, como en otros países, las competencias culturales de los distintos niveles de la administración territorial son concurrentes. Decidir quién debe hacer qué cosa en materia de cultura sigue siendo en nuestro país una asignatura pendiente. De arriba abajo, o viceversa, ¿Hasta cuándo el Ministerio de Cultura seguirá haciendo dejación de su obligación de coordinar y dirigir la cooperación con y entre las Comunidades Autónomas? ¿Las consejerías autonómicas de cultura, allá donde existen todavía las diputaciones provinciales, acaso no pueden avanzar hacia un reparto más eficaz y efectivo en sus políticas respectivas? ¿Por qué, en general, y salvo honrosas excepciones, las diputaciones provinciales “de régimen común” (lo que excluye a las forales, los cabildos y los consejos insulares) no suelen atender sus obligaciones estatutarias, es decir, la asistencia y la cooperación cultural con los municipios de su provincia, corrigiendo desigualdades y generando economías de escala, y se dedican más bien a contraprogramar la acción cultural de la capital respectiva, con independencia del color político de cada cual? El “pacto cultural” entre los distintos niveles de la administración territorial del estado, basado en el principio de subsidiariedad – el máximo de competencias y de recursos para las instituciones más próximas a la ciudadanía – sigue siendo, cuando no se trata de una cuestión no planteada, por lo menos una verdadera “asignatura pendiente” en España. Si a ellos se añade el desbarajuste “funcional”, la cosa se agrava: ¿quién debe liderar, en cada sector, las políticas de fomento de la creación, de difusión cultural o de formación y promoción de públicos? Sin un “pacto cultural” que reordene las competencias culturales de los distintos niveles de la administración pública las capacidades de actuación seguirán siendo muy inciertas. Pero ¿cooperar, para qué? Cooperar para empezar a hacer lo que nadie hace. Cooperamos, en general, a partir de lo que sabemos hacer y, de hecho, ya hacemos en nuestros lugares

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respectivos: intercambiamos producciones artísticas, producimos exposiciones y eventos, relacionamos gestores… Pero la gestión cultural territorial presenta, todavía, muchas lagunas, muchos “agujeros negros”. Si cooperar es sumar recursos para multiplicar resultados, ¿por qué no hacerlo en torno a las “asignaturas pendientes”?. Aquí van algunos espacios que nadie ocupa. Las denominadas “otras culturas”: la cultura tecnocientífica, lo que Josep Ramoneda, a propósito del CCCB, denomina la trilogía del “bio”, el “eco” y el “ciber”. El abordaje de la industria y el comercio cultural a escala local, algo que a menudo relegamos a más altas instancias autonómicas o estatales, cuando en las ciudades hay tiendas culturales, librerías, bares musicales, grupos semi-profesionalizados, pequeños emprendedores, micro-empresas… Todo lo que tiene que ver con la investigación, el desarrollo y la investigación en materia de políticas culturales territoriales: datos, estadísticas, indicadores, benchmarking, observatorios, laboratorios, etc. Reinventar la sociocultura: articulando las iniciativas de múltiples ciudades españolas en torno a los equipamientos de proximidad... Crear condiciones para la sostenibilidad y la reversión de las plusvalías generadas por la cultura hacia el propio sector A estas alturas nadie duda ya que “la cultura da trabajo”, ni que “la cultura es capital”, por utilizar los expresivos títulos de dos obras recientes sobre la economía de la cultura en Uruguay dirigidas por el profesor Luis Stolovich. Como bien demuestra, por otra parte, George Yúdice en su obra reciente “El recurso de la cultura. Los usos de la cultura en la era global”, lo cultural se ha convertido en uno de los argumentos centrales, sino el que más, del discurso sobre el desarrollo económico, urbano y social contemporáneo. El problema, hoy en día, es otro bien distinto. La cultura ya no debe demostrar nada, sino más bien exigir lo que le es propio. Dicho de otro modo, y dado que está fuera de dudas la capacidad de generación de externalidades económicas por parte de la cultura, la pregunta del millón –y nunca mejor dicho– es ¿qué cultura genera la economía?, o más bien ¿cómo revierten en el sector cultural las plusvalías económicas que el sector cultural genera? Si en el año 1997 el Guggenheim inauguraba en Bilbao la era de establecimientos urbanos de alto voltaje con la cultura como pretexto, en el año 2004 el Forum Universal de las Culturas inaugura la era de los acontecimientos urbanos de alto voltaje con la cultura como pretexto. Hay algo ahí que no nos permite cuadrar, que no nos deja cerrar el círculo. Mientras estas preguntas permanezcan sin respuesta, o mientras las respuestas sigan siendo insatisfactorias, la presunta “sostenibilidad” del sistema cultural seguirá estando en peligro. Articular nuevas formas de transversalidad con las políticas estructurales La cultura corre el riesgo de comenzar a ser ya demasiado importante como para seguir estando en manos de las políticas culturales. No estamos hablando aquí de la imparable voracidad de la industria cultural, de la urgente necesidad de proclamar la excepción cultural ni de otras cosas por el estilo. Se trata de algo más prosaico, acaso más rastrero, que se extiende cual epidemia entre las instituciones públicas territoriales. Por decirlo de algún modo, mientras que la presencia de los tradicionalmente considerados “gestores culturales” –con independencia, en este caso, de su perfil técnico, político o politécnico– en

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los proyectos culturales “estratégicos” suele ser inversamente proporcional a la importancia de dichos proyectos, la presencia de los responsables de departamentos tradicionalmente considerados como “duros” –economía, urbanismo, etc. – en cambio se da en proporción directa. Es preciso recalcar que no se trata de ninguna reivindicación corporativa. Los mecanismos administrativos y políticos especializados en economía u obras públicas lidian legítimamente con un amplio elenco de sectores temáticos: no es preciso que exista una concejalía de bares y restaurantes o un ministerio del acero para que las instituciones desarrollen políticas industriales o comerciales en los respectivos sectores. Pero la cultura, para bien y para mal, es distinta, y a lo mejor deberíamos empezar a aplicar la tan cacareada “excepción cultural” de puertas hacia adentro en nuestras instituciones. Por lo tanto, atención con la paradoja que supone el hecho de que los proyectos culturales sean cada vez más centrales y la presencia de los responsables del sector sea cada vez más periférica. En este sentido, es necesario trascender la transversalidad exclusivamente concebida en relación con las políticas de la esfera del bienestar o los llamados servicios personales (es decir, educación, juventud, servicios sociales, etc.) para plantearla también respecto a las políticas consideradas “estructurales” (las que prestan atención al desarrollo del territorio y al desarrollo de sus recursos productivos), ámbitos en los que lo cultural ostenta cada vez más una posición privilegiada. Diseñar los servicios pensando en los cuatro niveles estructurales interconectados: las infraestructuras (hardware), los programas (software), los sistemas operativos (orgware) y las redes externas e internas (netware). El análisis de las políticas públicas para la cultura suele mostrar su carácter fragmentario; a menudo, muchas políticas se basan y se autodefinen solamente a partir de su despliegue de infraestructuras y equipamientos (el espacio público cultural suele plantearse como objetivo de la política en sí misma, y no como recurso para una intervención más trascendente). La atención debida a las máquinas de gestión o a la conectividad de las políticas y sus acciones con iniciativas próximas o análogas suelen estar poco o mal formuladas en los planteamientos estratégicos de dichas políticas. Concebir los servicios culturales mediante la analogía con los componentes de un sistema informático resulta esclarecedor al respecto. Así pues, los servicios culturales deben estar diseñados en cuatro niveles estructurales interconectados: 1. Los lugares para la cultura, espacios, equipamientos o infraestructuras culturales, que constituyen algo así como el hardware de los servicios culturales. 2. Los programas, concebidos en sentido amplio y no sólo como la “programación” entendida como una mera agenda de propuestas o eventos, análogos al concepto informático de software, sin el cual la potencia del hardware no deviene poder efectivo.

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3. Los modelos de gestión de los servicios culturales, con especial mención a los aspectos participativos contemplados en los mismos, verdadero sistema operativo u orgware (concepto que en este caso resulta mucho menos frecuente), capaces de hacer funcionar los programas correctamente y de dotar de vida al hard. 4. Finalmente, los recursos facilitadores de la conectividad para el trabajo en red, ya sea tanto a nivel interno (intranet) como en relación con otras instancias sectoriales o territoriales (extranet), capaces de romper el aislamiento del servicio o programa y de establecer los niveles adecuados de sinergia entre la propuesta y su entorno. Implementar consejos, observatorios/laboratorios y agencias operativas especializadas. En los trabajos del plan estratégico del sector cultural de la ciudad de Barcelona llevados a cabo a finales de los años 90 se postuló un nuevo sistema operativo para las políticas culturales de la ciudad. Dicho sistema operativo posee elevadas condiciones de transferibilidad para otros contextos institucionales y territoriales. Se trata de formular la triangulación de tres instancias complementarias: 1. En primer lugar, una instancia representativa, que podemos denominar “consejo”, de carácter deliberativo y/o decisorio, donde se pueda dar cabida a todas las voces y sectores culturales vinculados con el territorio de referencia, compuesto mediante sistemas de cooptación o de representación sectorial proporcionada. 2. En segundo lugar, una instancia de análisis y prospectiva, o de investigación + desarrollo + innovación, a la que se ha dado en llamar “observatorio/laboratorio” cuya misión consista en hacer acopio y sistematización de la información relativa a las dinámicas culturales territoriales (agentes, recursos, producción, consumo), su transformación en conocimiento mediante la aplicación de indicadores de evaluación y su posterior transferencia en forma de propuestas innovadoras para las políticas culturales del territorio. 3. Finalmente, el desarrollo de agencias instrumentales operativas específicas, especializadas en uno o varios sectores de la actividad cultural institucionalmente relevante, que permitan aplicar sistemas mixtos de gestión público-privada. Completar la intervención directa por parte del estado con la creación de condiciones para la actuación de la iniciativa social y de la iniciativa privada La intervención directa por parte del estado constituye un hecho consubstancial al desarrollo del paradigma de la gestión cultural. Ello no obstante, la creación de condiciones para la asunción compartida de responsabilidades sobre lo público por parte tanto de la iniciativa social como de la iniciativa privada constituye uno de los factores

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clave para la consolidación de la gobernabilidad, entendido además como grado avanzado de subsidiariedad. Lo público, pues, como algo que no es propiedad privada del estado. “Dar juego” a terceros debe formar parte del diseño estratégico de las políticas públicas para la cultura, aún en el caso de que las particulares condiciones históricas en el desarrollo de tales políticas hayan tendido a un monocultivo casi exclusivo de lo público en manos de la administración, ya sea estatal, autonómica, provincial o local. Teniendo en cuenta, no obstante, que los vértices del tradicional triángulo de lo público, lo privado y lo asociativo viven una transformación radical, propiciando el surgimiento de un triángulo inverso, en el que nuevas formas organizativas tales como las empresas públicas, las fundaciones o las compañías de interés general desarrollan nuevas formas de gestión compartida muy distintas a las tradicionales lógicas del subsidio, la compra-venta de servicios o al subvención. Apostar por la generación de ciudadanía cultural organizada. Lo relativo a la participación ciudadana en la vida cultural sigue siendo, en buena medida, una asignatura pendiente o, en el peor de los casos, una materia que suele considerarse como superada porque se poseen de cifras de asistencia o uso de servicios más o menos satisfactorias o porque los órganos directivos de las instituciones dan cabida a algunos representantes de las organizaciones culturales del territorio. Es en este sentido que la tendencia más o menos generalizada en las políticas culturales de los primeros años de nuestra actual democracia a considerar la participación cultural como una de las piezas de consistencia fundamentales de las políticas, se ha visto reemplazada por una cierta atonía y un conformismo tan posibilista como insatisfactorio. La participación, además, ha tendido a considerarse como una forma más o menos mecanicista de gestión de programas y equipamientos, y no como un elemento estructural central del programa o del equipamiento en sí mismo. Replantear cuál debe ser el lugar de la participación ciudadana en las políticas públicas para la cultura es un reto importante que debe abordarse teniendo en cuenta la múltiple gama de posibilidades y opciones que la participación supone. En este sentido, merecería la pena recuperar y actualizar la tradicional distinción entre los sujetos de la participación (distinguiendo entre individuos aislados, grupos informales y entidades formalizadas) y los objetos de la participación (distinguiendo a su vez entre el uso o asistencia, la propuesta y la gestión), explorando las posibilidades y las dificultades que se hallan en cada una de las intersecciones de ambas coordenadas. Finalmente, y en este mismo orden de cosas, merece la pena reflexionar sobre la importancia de promover la existencia de una ciudadanía cultural organizada, una voz excesivamente ausente de los debates, grandes o pequeños, sobre la cultura y sus políticas que se dan en nuestro entorno. A menudo la tan manida noción de “sociedad civil” hace referencia exclusivamente a las corporaciones profesionales y a los gremios artísticos que se arraciman en torno a la cultura. Casi nunca a la ciudadanía organizada en tanto que consumidora cultural o practicante voluntaria de actividades artísticas.

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Mejorar la diversidad y la articulación de la oferta cultural territorial, evitando tanto la reiteración como la discontinuidad de sus propuestas Estas aportaciones estratégicas estarían incompletas si no se planteara el tema, o el problema, de los contenidos y de los programas. Dicho en plata: de la cultura que gestionamos cuando nos dedicamos a la gestión cultural. La cuestión más preocupante en este sentido es el bajo índice de diversidad de la oferta existente – las bibliotecas y el sector del libro hace años que utilizan el término de “bibliodiversidad” para dilucidar, entre otras cosas, sobre la incierta y compleja relación entre títulos publicados (muchos), ejemplares impresos (pocos) y libros leídos (no sólo se leen pocos libros, sino que además se leen pocos títulos) –. El principio rector del mercadeo cultural es la economía de escala. En el sector del espectáculo en vivo los circuitos y las redes suelen actuar, de hecho, como “centrales de compras” de espectáculos, con la consiguiente disminución de costes unitarios y la posibilidad de emprender producciones singulares que de otro modo serían inviables. Lo positivo de este hecho presenta contrapartidas más bien negativas si se mira desde el prisma de la diversidad de la oferta cultural. Es bueno que se puedan programar muchas cosas en muchos lugares. Pero para el ciudadano, la agenda de un lugar se asemeja a la de otro peligrosamente, lo que no contribuye a estimular las asistencias. El caso límite, salvo honrosas excepciones, se da en los festivales de jazz, tanto en su versión de verano como en la de invierno, con su propensión a la clonicidad absoluta. Se impone reflexionar largo y tendido sobre cómo programar, qué programar y por qué hacerlo. Porque la oferta escénica, como ya se ha dicho, no es sólo una cuestión de proximidad (todo aquello de la distancia como valor añadido y tal). Y porque la ciudadanía raramente es llamada a opinar sobre algo que es en sí manifiestamente opinable. ¿Debemos apostar por estrategias de especialización territorial selectiva o continuar fomentando el “café para todos”? ¿Ampliar el radio territorial puede tener consecuencias en la diversidad de las propuestas? El reto, como si dijéramos, está en dejar de ser “diferentemente iguales” para poder ser “igualmente diferentes”, es decir, transformar un sistema de mínimos múltiples en otro de máximos singulares.

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Mas allà de la gestión cultural  

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