Violencia contra periodistas caso veracruz ante el TPP

Tribu n a l P e r m a n e n t e d e l o s Pu eb l o s – C a p í tu l o Méx i co

Audiencia: Desinformación, Censura y Violencia contra Comunicadores Violencia contra periodistas. Caso Veracruz

Foto: LadoB

Tribunal Permanente de los Pueblos – Capítulo México Audiencia de Desinformación, Censura y Violencia contra Comunicadores

VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS. CASO VERACRUZ

Ciudad de México.

18 de octubre de 2014

Caso 1: Regina Martínez HECHOS: El sábado 27 de abril de 2012, la periodista Regina Martínez Pérez fue encontrada estrangulada en su domicilio de la colonia Reforma de Xalapa, Veracruz. De 49 años, Martínez Pérez ejerció el periodismo por más de 30 años en la capital como reportera de la televisora estatal TV MAS, el diario Política, en la página web e-­‐consulta, fue corresponsal de La Jornada y por 10 años trabajó para el semanario Proceso.

Una vecina reportó que la puerta del domicilio había permanecido abierta desde la mañana de ese día 27 de abril. Al acudir al lugar, la policía halló el cadáver en el piso del baño.17 Los reportes oficiales señalaron que Martínez fue torturada y golpeada severamente antes de morir. La necropsia realizada posteriormente reveló que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento y que falleció entre las cuatro y cinco de la madrugada.

Seis meses después del asesinato, el 30 de octubre de 2012, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz presentó a Jorge Antonio Hernández Silva, "el Silva", como presunto “cómplice” del asesinato de Regina Martínez Pérez, y dio a conocer que el responsable directo era Adrián Hernández Domínguez (alias el Jarocho), quien se encuentra prófugo.

Así se abrió la investigación ministerial 019/2012/PC, en la que trabajó un grupo especial de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) y un fiscal especial para la indagatoria, adscrito a la Dirección General de Investigaciones Ministeriales.

Consuelo Lagunas Jiménez, directora de Investigaciones Ministeriales de la Procuraduría de Justicia del Estado, explicó que se siguieron tres líneas de investigación: la primera fue el círculo personal de la periodista, la segunda la problemática delincuencial de su zona de residencia y finalmente la tercera fue su entorno laboral y desempeño profesional. Finalmente, las autoridades determinaron que el motivo del asesinato fue el robo. La funcionario expresó que con las 155 diligencias, en las que se incluyen 56

dictámenes periciales, se puede válidamente sostener que se ha llegado al esclarecimiento del asesinato de la periodista.

El 9 de abril del 2013 el Juzgado Tercero de Primera Instancia del distrito judicial de Xalapa notificó la sentencia de 38 años y dos meses de prisión, más una multa de 80 mil pesos, dictada en contra de Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, considerándolo penalmente responsable como copartícipe de la comisión de los delitos de homicidio calificado y robo agravado cometido en agravio de la periodista Regina Martínez Pérez, cuyos hechos fueron denunciados por sus hermanos Ángel Alfonso y Emilio Vicente Martínez Pérez.

La sentencia fue apelada por el Ministerio Público, que buscaba una condena mayor. También fue impugnada por la defensora de oficio de Hernández Silva. La apelación se radicó en la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia con el toca 673/2013 y se le turnó a Edel Humberto Álvarez Peña exlíder estatal del PRI. El 8 de octubre, la Séptima Sala otorgó amparo y dio la liberta a Hernéndez Silva, debido a que se violaron sus garantías en el proceso penal, no contó con una debida defensa, no medió orden de aprehensión para su detención. “La sentencia de condena que se revoca se encuentra sostenida únicamente en la confesión del propio inculpado, la cual fue llevada a cabo mediante tortura, por lo cual no debería otorgársele validez”.

Ante la libertad de “El Silva”, 20 días después, Ángel Alfonso Martínez Pérez, hermano de Regina, interpuso ante la justicia federal, un amparo directo en contra del toca 673/13-­‐SC que revocó la sentencia de prisión. El amparo fue interpuesto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Distrito; la ponencia del expediente de Regina Martínez quedó en manos del magistrado Agustín Romero Montalvo, quien es cónyuge de María Dolores Silva Obando, que desde diciembre de 2013 fue nombrada Consejera del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Veracruz, a propuesta del gobernador Javier Duarte.

El tribunal federal revocó la sentencia de la séptima sala del Poder Judicial del Estado y ordenó realizar una revisión sobre la responsabilidad de “El Silva”. Tiempo después el magistrado Romero Montalvo fue removido de tribunal.

La investigación El 30 de octubre de 2012, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz presentó a Jorge Antonio Hernández Silva, "el Silva", como presunto responsable del asesinato de la reportera, por el delito de robo.

En la investigación ministerial 019/2012/PC, trabajó un grupo especial de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) y un fiscal especial para la indagatoria, inscrito a la Dirección General de Investigaciones Ministeriales.

Consuelo Lagunas Jiménez, entonces directora de Investigaciones Ministeriales de la procuraduría, explicó que tras conformar un grupo especial de investigadores se siguieron tres líneas de investigación: el círculo personal de la periodista, la problemática delincuencial de su zona de residencia y su entorno laboral y desempeño profesional.

Consuelo Lagunas Jiménez expresó que con las 155 diligencias, en las que se incluyen 56 dictámenes periciales, se puede válidamente sostener que se ha llegado al esclarecimiento del asesinato de la periodista: "Se tomó la declaración de 38 personas, 10 de ellas relacionadas con actividades periodísticas

y que tenía un vínculo personal o profesional con la víctima, y 28 más que conformaban su círculo de vecinos, trabajadores domésticos y testigos en la zona para desechar las líneas de investigación ya señaladas".

La Procuraduría del Estado de Veracruz detalló que tras el asesinato de Regina Martínez "diversos malvivientes de la zona se ausentaron de manera simultánea", regresando paulatinamente la mayoría excepto Jorge Antonio Hernández Silva y José Adrián Hernández Domínguez.

Tras determinar el "modus vivendi y modus operandi" de los presuntos culpables, se giraron las órdenes de búsqueda, localización y presentación, lográndose ubicar en el municipio de Colipa a Hernández Silva, quien "confesó su participación en los hechos investigados". El acusado refirió, de manera amplia y con todos los detalles, la forma en que el 27 de abril llegó cerca de la medianoche al domicilio de Regina Martínez en compañía Hernández Domínguez, quien era conocido de la periodista, explicó Lagunas Jiménez.

"Narró que llegaron a la casa de la víctima, quien los dejó entrar; explicó que tras un rato de conversación se suscitó una discusión entre la víctima y "el Jarocho", y este comenzó a golpearla, agresión a la cual él se sumó, con la intención de que les dijera el lugar donde guardaba dinero y objetos de valor, privándola finalmente de la vida".

La procuraduría aseguró que el botín fue ocultado en el domicilio de la hermana de crianza de José Antonio Hernández, para después venderlos. Según la vesión oficial, el mismo Hernández Martínez declaró que "el Jarocho" al siguiente día le exigió más dinero por los objetos, por lo que al tener una respuesta negativa "se llevó la mayoría, dejándole sólo un reloj café que ya fue asegurado".

En lo que se refiere al entorno laboral y profesional, en el expediente citaron a declarar a sus compañeros del periódico Política: Alberto Morales, Gustavo González Godina, Guadalupe López Espinoza, Walter Ramírez y Gisela del Carmen Uscanga, otros colaboradores más de Proceso en Veracruz como Miguel Ángel Carmona y otros periodistas y conocidos de la reportera, de las que no desprendieron ninguna sola línea de investigación en torno a sus trabajos periodísticos, ni siquiera hay una referencia de los temas de derechos humanos y corrupción que abordaba. No obstante que lo investigó una Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales y en Atención de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores, no hay diferencia de que lo hubiera investigado cualquiera otra agencia para concluir como lo hizo.

Las críticas de Proceso De acuerdo con las investigaciones de la Revista Proceso, la juez de primera instancia Beatriz Rivera Hernández, se convirtió en la juez a modo de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal. Con su sentencia, avaló las incongruencias y deficiencias en la investigación del homicidio, pero además, incumplió sus propios ordenamientos para esclarecerlo.

El martes 9 de abril de 2013, la jueza dictó la condena contra Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, sin más argumentos que los de la PGJ, sin desahogar las pruebas solicitadas por la revista y sin esperar los resultados de los peritajes sobre la tortura a la que el ahora condenado dice haber sido sometido por elementos de la PGJ. La juez sólo siguió la "verdad jurídica" construida por la PGJ a partir de la confesión del condenado y de acusaciones de María del Rosario Morales Zárate, su hermana de crianza y esposa de Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, a quien la dependencia señala como el autor principal del homicidio. Tanto a la PGJ

como a la juez le bastaron esos dichos. No hubo ninguna prueba pericial que demostrara esa verdad legal, ni huellas o muestras de ADN que inculparan a Silva.

Rivera Hernández dictó la condena sin ser informada por la PGJ de que no se encontró ni una sola huella de Silva en la casa donde la periodista de 49 años fue asesinada el 28 de abril de 2012, en la ciudad de Xalapa.

Un dictamen pericial de la PGJ elaborado el 29 de octubre de ese año, casi un mes después de consignarlo ante la juez, concluye contundente: "Los fragmentos dactilares latentes (dubitable) y los decadactilares del C. Jorge Antonio Hernández Silva, alias El Silva (indubitable), no corresponden en ubicación, situación, relación, forma y dirección".

El dictamen está registrado con el número 18783 y fue firmado por Patricia Bautista Ramírez, perito de la Dirección de los Servicios Periciales y usuarios AFIS, un sistema informático que permite la captura, consulta y comparación automática de huellas dactilares, como se explica en el mismo documento.

Esa prueba, que está integrada al expediente de la investigación ministerial 19/2012/PC, se la reservó la directora general de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas Jiménez, en cuyas manos dejó el caso el gobierno de Duarte. Por eso no aparece en la causa penal 358/2012 que resolvió la juez Rivera Hernández.

Para Lagunas carece de importancia que no se hayan encontrado huellas del sentenciado en el lugar donde se cometió un asesinato y un robo. Es más, de las ocho huellas que la PGJ dice haber recabado en la casa de la periodista, sólo una fue considerada útil por la dependencia. La huella se encontró en una botella de cerveza, de las varias que Regina Martínez invitó a sus victimarios, según el MP de Veracruz.

"Jamás se dijo que la huella encontrada en una de las botellas" haya sido de Hernández Silva, justificó Lagunas en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui en MVS Radio. Insistió en que el robo fue el motivo del asesinato, pues en el medio año que se tomó para "esclarecerlo", la PGJ no abordó ninguna otra línea de investigación.

De la casa de la periodista desaparecieron una computadora, dos teléfonos celulares y un televisor de pantalla plana. Pero se quedaron valiosos bienes como una computadora portátil nueva, una impresora y otros equipos electrónicos.

A solicitud de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), coadyuvante de la investigación, Rivera Hernández permitió que se aplicaran los exámenes del llamado Protocolo de Estambul para comprobar si El Silva fue torturado por la PGJ para inculparse.

La gestión de la FEADLE fue a insistencia de Hernández Silva, quien desde su primera declaración ante la juez alegó que estuvo secuestrado durante varias semanas en una casa de seguridad. Dijo que elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) lo golpearon y amenazaron con que matarían a su mamá si no se declaraba culpable.

Cuando resolvió la formal prisión de El Silva, el 2 de noviembre de 2012, en su resolutivo cuarto la juez Rivera Hernández le ordenó a la PGJ investigar esa denuncia contra sus agentes. Ni el procurador Amadeo Flores Espinosa ni Consuelo Lagunas respondieron.

No fue la única omisión de la PGJ. Al momento de remitir a El Silva ante la juez, el 31 de octubre de 2012, la Procuraduría evitó consignar a Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, a pesar de que en la versión oficial aparece como el principal autor del crimen al asfixiar a la periodista y no obstante que el gobierno veracruzano lo considera prófugo.

De acuerdo con información obtenida por la FEADLE en las bases de datos criminales de Plataforma México, El Jarocho ha ingresado tres veces a la cárcel en Veracruz. Sin embargo, la PGJ no integró al expediente su ficha signalética; tampoco la agregó cuando solicitó a todas y cada una de las procuradurías del país su colaboración para detenerlo con "fines de presentación".

A las inconsistencias de la investigación encabezada por Consuelo Lagunas en la PGJ siguieron las omisiones de la juez. La principal: Rivera Hernández no participó en ninguna de las diligencias, en los supuestos careos de los testigos nunca aparece su firma y los documentos de esas actuaciones la dan por presente. En su representación estuvieron oficiales secretarios del juzgado. Esto por sí mismo evidencia el incumplimiento de formalidades dentro del procedimiento penal, de acuerdo con criterios emanados del Poder Judicial Federal.

De 35 años, sin ninguna instrucción escolar y portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), El Silva se convirtió en una presa fácil de la PGJ y del juzgado. En menos de seis meses le cambiaron cuatro veces de abogado, tres de oficio y uno particular, que sin ser solicitado por el acusado, sólo se presentó para decirle que era mejor que se le condenara de forma rápida para que no le pasara nada a su mamá. Se pone de manifiesto que El Silva no contó con una adecuada defensa durante el desarrollo del procedimiento que se le instruyó violando un derecho humano fundamental.

También a Regina Prefieren juzgarla como mujer y no hacer justicia Según la versión oficial El Jarocho mantenía una relación sentimental con Regina Martínez, en una doble vida de la periodista. Para justificar esa relación, los servicios periciales de la PGJ elaboraron un dictamen sobre "la disposición de víctima" de la periodista: mujer sola, adulta, sin fuerza para defenderse y con un cambio de ánimo al final de su vida que, de persona muy reservada y desconfiada, pasó a ser "más alegre y entusiasta" tal vez por haber iniciado una relación o un encuentro" con alguien.

Según el análisis de la víctima, su asesino y el entorno, la periodista pasó de ser —como lo era— una persona muy reservada, desconfiada y de carácter fuerte que hablaba con poca gente fuera del ámbito periodístico, a ser una persona “más alegre y entusiasta”.

En el dictamen, dirigido a la fiscalía encargada de la investigación el 27 de junio pasado, los servicios periciales de la PGJ concluyeron que ese “cambio habitual de ánimo” se debió a un agente externo, “como el inicio de una relación o el encuentro con una persona que significó algo importante para ella”.

Como “evidencias psicológicas” refirió objetos encontrados en su casa: varios jabones para eliminar la celulitis y las manchas de la piel, zapatillas casi nuevas, intención de comprar tela para mandar a hacer minifaldas y vestidos, así como una caja nueva de inyecciones para el deseo sexual.

Lo que habría preguntarse es quién emitió este perfil y qué método utilizó, al parecer se apoyó en constancias del expediente, pero no en un examen directo, pues ya había fallecido, habría que ver si entrevistó a personas cercanas a la víctima, como familiares y compañeros de trabajo, su círculo más íntimo.

Regina Martínez vivía con miedo por su trabajo. Cuatro meses antes de ser asesinada, en diciembre de 2011, la periodista había escrito, a petición de la Red de Periodistas de a Pie, un testimonio anónimo sobre el clima de hostigamiento en contra de los periodistas provocado por el gobierno de Veracruz. El Testimonio fue publicado el 8 de diciembre de 2011 en el blog que la red de Periodistas de a Pie mantiene en la página de Nuestra Aparente Rendición http://nuestraaparenterendicion.com/index.php/blogs-­‐nar/red-­‐ de-­‐periodistas-­‐de-­‐a-­‐pie/item/795-­‐los-­‐riesgos-­‐de-­‐informar-­‐en-­‐veracruz/testimonios-­‐de-­‐5-­‐periodistas* “La situación para el periodismo en Veracruz ahora es la peor de la que he vivido en los últimos diez años. Con los gobiernos de Patricio Chirinos y Miguel Ángel Yunes había mucha represión, persecuciones, amenazas de desalojo a periódicos, presiones a los reporteros. Algo parecido ocurrió en el gobierno de Fidel Herrera, quien controlaba a la prensa con regalos como camionetas de lujo, casas, dinero, el pago de colegiaturas de los hijos de los reporteros o columnistas. Pero ahora se vive con miedo y terror.

Ahora la situación es completamente represiva con el gobierno de Javier Duarte, es directa contra toda la prensa, contra directivos y reporteros. Como el gobierno no da dinero, está censurando a periódicos, páginas de internet, columnistas y periodistas. A los periodistas incómodos los están corriendo de sus medios.

En medio de la violencia, en este gobierno han sido asesinados 3 reporteros: Miguel López Velasco (subdirector de Notiver) Yolanda Ordaz (reportera de Notiver) Leonel López (del Diario Noticias en Acayucan). El clima es más complicado, la prensa veracruzana vive sus momentos más difíciles, de represión, desapariciones, asesinatos, amenazas de muerte, despidos y censura.

El clima de terror en el medio periodístico es en todo Veracruz, no sólo en Xalapa o el puerto. La autocensura se ha extendido a raíz de los asesinatos, hay pánico en los reporteros y fotógrafos que ya no salen a cubrir accidentes o las notas policiacas.

A los fotógrafos, la misma policía les ordena desaparecer imágenes. “Qué hacemos, tenemos familia, por eso lo aceptamos”, dicen los compañeros. Otros reporteros tienen amenazas de secuestro.

Ahora yo vivo el peor clima de terror, cierro con llave toda la casa, no duermo y salgo a la calle viendo a un lado y otro para ver si no hay peligro”

FUENTES PROBATORIAS: Video de Regina (Artículo 19) http://vimeo.com/65013631 Artículos sobre el caso publicados en la Revista Proceso http://www.proceso.com.mx/?page_id=306045 http://aristeguinoticias.com/0304/mexico/chayopremio-­‐la-­‐ critica-­‐en-­‐redes-­‐sociales-­‐al-­‐premio-­‐a-­‐duarte/ 5 Testimonios de Veracruz (publicado en blog de PdP en Nuestra Aparente Rendición). El de Regina Martínez es el número III: http://nuestraaparenterendicion.com/index.php/blogs-­‐nar/red-­‐de-­‐periodistas-­‐de-­‐a-­‐pie/item/795-­‐los-­‐ riesgos-­‐de-­‐informar-­‐en-­‐veracruz/testimonios-­‐de-­‐5-­‐periodistas*

LEGISLACIONES DE REFERENCIA: En el 2005, en la administración de Fidel Herrera, se aprueba un acuerdo para que la Agencia Especializada en delitos electorales atendiera las denuncias en las que se encuentren involucrados periodistas y comunicadores. Sin embargo no hay una ley que proteja específicamente a los periodistas.

Hasta después de la muerte de Regina, el 3 de diciembre de 2012, se aprobó la Ley de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los periodistas, misma que no ha funcionado y en el caso de Regina solo ha hecho un pronunciamiento púbico en donde le pide a la Procuraduría del Estado que le dé una copia del expediente.

LOS ACTORES: El Procurador Felipe Amadeo Flores Espinoza, es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana (1965-­‐69). Fue Agente del Ministerio Público del Fuero Común y Subjefe de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz. Director General de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, Secretario General de Gobierno del Estado de Veracruz, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Ha sido dos veces diputado Local Propietario por su partido (en la LV y LIX Legislatura); Diputado Federal Propietario en la LVI Legislatura. Desde 1986 se le otorgó la patente que lo acredita como Notario Público número ocho en la Un-­‐Decima Demarcación Notarial con cabecera en Xalapa, Veracruz y Magistrado Presidente del Tribunal Fiscal del Estado de Veracruz, 1979-­‐1980.

Consuelo Lagunes, quien se encargaba de atender la coadyuvancia de la revista Proceso y de llevar el expediente de Regina, fue removida del cargo de directora de Investigaciones Ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El gobernador Javier Duarte de Ochoa siempre ha dicho a los medios de comunicación que el caso está resuelto y ha afirmado que se trató de una cuestión personal y no por su trabajo como periodista.

El magistrado ponente Edel Álvarez Peña no llegó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz por méritos de carrera judicial, sino más bien como parte, aparentemente, de una prebenda política, ya que ha sido casi de todo en la administración pública y es también dueño de una cadena de medios de comunicación en Veracruz, Tabasco y Chiapas.

La jueza Beatriz Rivera Hernández, hoy es magistrada local, propuesta por el gobernador del estado

RESPUESTAS INSTITUCIONALES: En el expediente judicial hay muchos elementos de prueba que nos hacen pensar que los jueces e investigadores se quedaron atorados en el siglo XX, cuando el peso de las testimoniales eran lo fundamental, eran los elementos inexcusables para esclarecer los delitos y establecer las responsabilidades

a los inculpados, porque ¿en dónde ha estado la ciencia y todas las otras pruebas materiales que no tienen que ver con el testimonio de la línea de investigación original y que están en el expediente?

En él se mencionan también un dictamen de informática de doce de junio de dos mil doce, que se practicó sobre memorias USB que se encontraron en el domicilio de la occisa, el dictamen y análisis de contenido de una computadora de catorce de mayo de dos mil doce, en el que se dice contiene diversas entrevistas y reportajes propios de su trabajo; el dictamen en materia de genética de veinte de mayo de dos mil doce, elaborado por la perito Estela Muñoz Lozano, en la que concluyó que la sangre encontrada en la taza del baño donde fue encontrada el cuerpo de la víctima, genéticamente corresponde a la de un individuo del sexo masculino.

También se señala en el expediente que la periodista falleció a causa de “anoxia por estrangulamiento” y que hubo lucha antes de ser sacrificada, nos preguntamos ¿dónde están las muestras de la piel que tenían sus uñas?, por ejemplo, en el perfil de ADN de las gotas de sangre encontradas en la escena del crimen, corresponden a los acusados; dónde están la sábanas de llamadas de sus teléfonos celulares, qué dice el dictamen de sus correos electrónicos y de la computadora, el análisis de los grupos de interés que afectó con sus trabajos de investigación, todo esto no se refleja en ninguna de las sentencias expresadas por los jueces, o al menos, alguna recomendación para cambiar la línea de investigación original y saber cuál fue la causa de por qué el Estado no se aceptó la coadyuvancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de la Procuraduría General de la República, por tratarse de una facultad concurrente, en el caso de periodistas, del Estado y la Federación, de acuerdo al artículo 73 constitucional.

Las investigaciones ministeriales y las sentencias judiciales que buscan esclarecer el homicidio de quien fuera la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez Pérez, representan el monumento a la impunidad y el autismo de nuestra justicia (la procurada por el Ejecutivo Estatal y la administrada por los jueces locales y federales) pues han pasado casi 2 años y medio desde entonces y las peticiones de algunos de los periodistas, compañeros y amigos de ella no existen para las autoridades mexicanas, son un grito en el desierto.

Las omisiones de valorar otras pruebas más allá de las testimoniales del “cómplice” (Jorge Antonio Martínez Silva, “El Silva”) del “desaparecido” asesino Adrián Hernández Domínguez (alias “El Jarocho”), de sus vecinos, trabajadores y hasta de los amigos y familiares de los asesinos, buscan encajonar el crimen de la periodista a un móvil pasional y de robo, pero omiten otras líneas de investigación sigue siendo una ofensa para los veracruzanos en general y en particular para los periodistas que buscamos una sociedad más justa, equitativa y humana.

Caso 2: GREGORIO JIMÉNEZ DE LA CRUZ HECHOS: El 05 de febrero del 2014 fue secuestrado, el Reportero de información policiaca en Villa Allende de los Periódicos Notisur, Liberal del Sur y La Red. A pesar de que se notificó a las autoridades del estado de Veracruz del hecho, no se tomaron las acciones en tiempo y se permitió que los plagiarios lo sacaran del municipio de Coatzacoalcos al municipio de Las Choapas.

Relatoría del Caso 5 de febrero del 2014 07:00 hrs.-­‐ Gregorio Jiménez es interceptado en su casa por un comando armado y plagiado.

07:20 Se generan las primeras llamadas de auxilio a la Policía estatal, pero llegan 25 minutos después. Se informa a la Comisión Estatal de Protección a Periodistas, (CEPP) , la cual solo reitera la alerta.

07:50 hrs.-­‐ Llega a la casa de Gregorio la Policía Naval, tomaron datos, pero no realizaron la búsqueda 08:23 hrs.-­‐ Se presentan elementos del ejército, solo retoman los datos.

09:30 horas Llegan elementos del Mando Único y de la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI) para conocer los hechos en la casa de Gregorio Jiménez.

10:00 hrs.-­‐ Primera protesta de periodistas para exigir el rescate de Gregorio.

12:00hrs.-­‐ La Procuraduría General de Justicia (PGJ) integra la averiguación previa Coat4/058/2014 y nombra al director de Investigaciones Ministeriales, Enoc Maldonado, como responsable del caso.

14:00 hrs.-­‐La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por el caso de la “desaparición” del periodista. Envía visitadores a la casa de Gregorio y analiza trabajo de Policías ministeriales. (No se presentó resultado de Investigación) 17:00 hrs.-­‐ Segunda protesta de Periodistas, esta vez frente a la base del Mando Único Policial, ubicado en el ex penal de Palma Sola, Coatzacoalcos 6 de febrero del 2014 09 00 hrs Realizan reconstrucción de los hechos en casa de Gregorio Jiménez y con su familia presente Integrantes del gabinete de seguridad de Veracruz se trasladan a Coatzacoalcos para “encabezar las acciones de búsqueda y localización del reportero Gregorio Jiménez”. El gobierno estatal asegura que mantiene mil elementos buscándolo en el sureste.

11:00 Hrs. Tercera protesta. Periodistas de Coatzacoalcos exigen la aparición con vida de Gregorio Jiménez.

Criticaron que las autoridades no hayan dado a conocer un solo avance de la investigación y contradijeron la versión oficial acerca del operativo de búsqueda 7 de febrero del 2014 Inicia la cyberprotesta #HastaqueAparezcaGoyo, que exige el rescate de Gregorio Jiménez. Participan periodistas de todo el país y de América Latina.

PGJ Detiene a Teresa de Jesús Hernández propietaria del bar El Palmar, con quien el reportero Gregorio habría tenido un conflicto meses atrás por la publicación de una nota Reporteros de Coatzacoalcos mantienen su protesta por la desaparición de Gregorio. A su protesta se suman periodistas de Xalapa y el Puerto

Se reúnen con el gabinete de Seguridad; exigen mayor seguridad y que cese la intimidación contra ellos para que abandonen las marchas.

8 de febrero del 2014 El gobernador Javier Duarte se reúne con la familia de Gregorio y ofrece a la esposa del periodista una casa.

Ella rechaza la “oferta” y pide la aparición vivo de su esposo.

Periodistas de Acayucan se manifiestan y son agredidos por el Mando único de Policía.

Organizaciones civiles extienden una carta abierta a autoridades federales y locales para exigir que la PGR atraiga el secuestro y que no descarte su labor periodística como una de las líneas de investigación.

09 de febrero del 2014 #QueremosVivoAGoyo Al cumplirse 100 horas del secuestro de Gregorio, reporteros y reporteras del sur de Veracruz difunden un video para pedir a los plagiarios de Gregorio que lo liberen vivo. https://www.youtube.com/watch?v=UT0ILjNQIk4 Arturo Bermúdez Zurita, titular de la SSP estatal, asegura que las autoridades recibieron la primera llamada de auxilio "25 minutos después del hecho" y que la Policía Naval llegó apenas ocho minutos después de esa llamada.

Difunden rumor sobre posible aparición de Gregorio asesinado y encontrado en una fosa en Villa de Allende.

La Procuraduría estatal desmiente la versión 10 de febrero del 2014 Reporteros veracruzanos marchan en Xalapa, Veracruz, y por quinto día consecutivo en Coatzacoalcos.

Participan periodistas de al menos quince ciudades Arranca el primer día de la cyberprotesta #HastaQueAparezcaGoyo, convocada por periodistas de distintos estados del país.

En declaraciones a la prensa Carmela Hernández, esposa de Gregorio, asegura que a su esposo se lo llevaron “personas conocidas”.

Periodistas de Coatzacoalcos se manifiestan por sexto día consecutivo y anuncian que integrarán una comisión para investigar por su cuenta el paradero de Gregorio.

Detienen a José Luis Márquez Hernández quien es señalado como el presunto autor material del homicidio de Gregorio. De acuerdo con la averiguación, admite haber participado en los hechos y señala una venganza como el móvil.

11 de febrero del 2014 11:00 horas Periodistas y representantes de organizaciones de defensa y protección de periodistas se manifiestan frente a la representación del gobierno de Veracruz en el Distrito Federal, para exigir la

liberación de Gregorio. Después se trasladan a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Una comisión se entrevista con la titular para reiterarle la solicitud de que atraiga el caso de Gregorio.

11:00 hrs-­‐ Reporteros de Coatzacoalcos salen de nuevo a manifestarse. Llega a ellos la versión de que han encontrado tres cuerpos decapitados en Las Choapas; sospechan que quizá uno de ellos es Gregorio.

12.00 horas La misma versión la repite en el Congreso estatal el diputado del PANAL, Eduardo Sánchez Macías, dueño de la cadena de periódicos los Heraldos 12:30 hrs Trasladan a familiares de Gregorio a Xalapa, “para corroborar una información”.

12.50 Erik Lagos, secretario de Gobierno de Veracruz, y Gina Domínguez, vocera del gobierno de Veracruz, desmiente la versión de que encontraron con vida a Gregorio, pero asegura que hay un fuerte operativo en la zona sur.

14:30 horas Confirman muerte de periodista 16:00 horas El procurador Amadeo Flores confirma el asesinato de Gregorio, y la detención de los posibles responsables. Deslindan su labor periodística como posible móvil de su asesinato y lo atribuyen a una venganza personal. A Goyo, dicen las autoridades, lo mataron por un pago de 20 mil pesos 11 de febrero del 2014 El cuerpo es entregado a sus familiares, se realizan protestas en la capital del estado y dictan auto de formal prisión en contra de los presuntos asesinos de Gregorio Jiménez.

15,16 y 17 de febrero Un grupo de 16 periodistas, algunos miembros de cuatro organizaciones de defensa de la libertad de expresión, integraron una Misión de Observación con el fin de investigar el secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz.

Los periodistas estuvieron en Coatzacoalcos y Xalapa y se entrevistaron con más de 60 comunicadores: reporteros, editores y directivos de medios de información; con familiares y amigos de Gregorio, así como con autoridades estatales y federales.

También tuvieron al expediente que integró la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz y revisaron las notas publicadas por Gregorio en los seis meses anteriores a su asesinato.

La misión visitó el domicilio donde ocurrió el secuestro y el lugar donde fue localizado el cuerpo del periodista una semana después.

La misión de observación determinó que en las investigaciones oficiales del caso, en el expediente del crimen de Gregorio Jiménez existen pruebas contundentes de que fue secuestrado y asesinado por su ejercicio periodístico.

La autoridad ministerial evade reconocer que se trata de un ataque directo a la libertad de expresión por parte de un grupo del crimen organizado que opera en la zona sur de Veracruz.

La misión de Periodistas presentó un informe, en el que alertaba de la posible liberación de los detenidos debido a la poca solidez jurídica de las pruebas en su contra, y realizó algunas recomendaciones a las autoridades locales y federales, y a los dueños y directivos de medios de comunicación, las cuales no se han cumplido.

1. -­‐La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz no ha reconocido que el asesinato de Gregorio Jiménez se vincula fuertemente con su labor periodística.

2. La Procuraduría del Estado no ha agotado la línea de investigación sobre el trabajo informativo del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz.

3. La procuraduría de Veracruz no ha permitido el acceso a otros expedientes de investigación de asesinatos y desapariciones de periodistas en el estado.

4. La Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no atrajo para atraer la investigación, concluirla y consignarla ante un juez federal, para que éste procese y sancione a los responsables.

5. la FEADLE no publicó un reporte detallado de por qué no atrajo de forma inmediata el caso del periodista Gregorio Jiménez.

6. el gobierno de Veracruz no ha brindado todas las medidas de seguridad a la familia de Gregorio Jiménez, ya que no sólo son víctimas sino testigos de un delito.

7. La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas debe, no ha presentado un informe detallado de la forma en que ha ejercido los recursos presupuestales y concretamente en el caso de Gregorio Jiménez debe presentar un informe de cómo ha actuado.

8.-­‐ La Fiscalía Especial de Atención a Periodistas y Delitos Electorales del Estado de Veracruz debe dar un informe amplio y detallado de los avances en todas las investigaciones a su cargo.

El informe completo se puede consultar aquí: http://issuu.com/periodistasdeapie/docs/informe_goyo__1_ 5 de marzo del 2014 Los acusados presentaron un juicio de amparo por violación a sus derechos durante la detención.

2 de Septiembre del 2014 El 29 de agosto, el juez noveno de distrito de la ciudad de Coatzacoalcos, concedió un amparo a los presuntos autores del asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, ya que se aportaron pruebas de que fueron torturados y no se les respetaron sus derechos, al momento de emitir sus declaraciones.

El procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo afirma que el amparo otorgado a los presuntos asesinos del reportero de la zona sur, Gregorio Jiménez, no implica su liberación.

Afirmó que el amparo del juez federal, es de forma y no de fondo, y solo se otorgó en contra de una de las tres averiguaciones previas que consignó la PGJ.

FUENTES PROBATORIAS: Informe de Goyo http://coberturaespecialgregoriojimenez.wordpress.com/ TESTIMONIOS DE REPORTEROS EN COATZACOALCOS. 1.

Los terrenos donde se encontró el cadáver son terrenos abandonados. El lugar no está alejado del centro de la ciudad de las Choapas, está a dos, un kilómetro, en una zona a donde se llega por un camino de tercería.

Muy cerca de ahí está la casa de seguridad. Los vecinos sí se dieron cuenta de que ahí entraba gente seguido, pero no denunciaban por miedo.

Las Choapas y Agua Dulce están llenas de casa de seguridad porque la zona es un corredor, pegado a Tabasco, a Chiapas, donde los criminales pueden salir rápidamente de Veracruz. (…) El asunto de la inseguridad comienza con el gobierno de Fidel Herrera. Los zetas comienzan a secuestrar a todo mundo: doctores, empresarios. Muchos doctores han sido secuestrados, ahora van por los ingenieros, se meten hasta las instalaciones de las petroleras para secuestrarlos. Hay 5 o 6 secuestros en el municipio, 10 en toda la región.

2. (…) Después de lo Goyo los corren de los lugares, les dicen "lárguense de aquí, luego por eso se meten en problemas". En la redacción, los jefes les piden a los editores: "bajo perfil, no se metan con la SSP". Hay una orden directa de no pegarle al Mando Único o a la vocera. Desde manifestaciones hasta bloqueos, cuando un reportero llega a cubrir una nota, el Mando Único es un peligro para cualquier periodista. Los cuestionan y los fotografían, los agreden.

La última ocasión que estuvo Goyo con ellos mencionó que estaba detrás de una información del crimen organizado. Creen que él presentía algo porque les pidió que sí le pasaba algo intercedieran por él. En NOTISUR Gregorio comentó que tenía documentados dos secuestros de niñas.

3.

El 18 de enero del 2014 alrededor de las diez de la mañana, recibí una alerta a mi Nextel reportándome que en Villa Allende había un baleado. Regularmente cuando eran cuestiones en Villa Allende siempre le hablaba a Gregorio para reportárselo y él acudía.

Ese día me contestó y me dijo: "Voy al lugar". Posteriormente me habló y me contó "es un levantón del líder del CTM al que le dicen Cometierra. Al día siguiente publicó la nota y yo la retomé para señalar que aún no lo encontraban. Ese fue el último secuestro que cubrió Gregorio.

4.

He sido testigo de las agresiones por las que han pasado varios de mis compañeros de la fuente policiaca; algo que en lo personal me perturba es ir a cubrir una nota, ya sea un choque, por lo regular en cualquier punto de la ciudad y tener que retirarme del sitio porque bandas delictivas como el Cártel del Golfo o Los Z sean los protagonistas de la nota y anden como si nada en la ciudad, en este ‘Veracruz seguro’, y de repente

te digan: “Amigo, no queremos salir en los periódicos”, se abran la chaqueta y te muestren una arma corta para atemorizarnos y tener que retirarnos.

Aparte de atemorizados expuestos, sin ninguna protección, ya que muchos de mis compañeros del gremio [no] contamos con un seguro médico y menos con algún tipo de respaldo por nuestras casas editoriales.

Mi salario es quincenal y son 700 pesos para puros pasajes. Lo que sí es algo preocupante es no tener ningún tipo de protección.

5.

En una ocasión me tocó ver cómo a un compañero lo retuvieron elementos del Mando Único dentro de las instalaciones la dependencia, pidiéndole que borrara las fotografías que había tomado. Ahí mismo lo intimidaron y amedrentaron para que borrara las fotos, después de esto lo retuvieron por más de 30 min.

En otra ocasión me tocó ir a cubrir un accidente automovilístico; al llegar al lugar, personal de la policía naval, me informó que no podía cubrir ese accidente ni mucho menos tomar fotos, ya que en este choque estaban involucradas personas de las organizaciones delictivas, por lo que me pedía que me retirara del sitio y que no regresara.

Yo me negué a cumplir su orden, saqué mi cámara fotográfica y tomé algunas fotos. Al62 verme, un elemento se acercó y cuando me jaló dijo: "O borras las fotos o te subo a la patrulla, así que gírale para otro lado y no regreses".

Por lo que veo esto es una agresión hacia nosotros los reporteros. Además en nuestra casa editorial nos pagan un salario muy bajo, no contamos con seguro social, no se responsabilizan por lo que nos pase en nuestra jornada laboral y mucho menos abogan por nosotros cuando nos agreden.

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES /ACTORES El gobernador Javier Duarte de Ochoa El 2 de abril el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, recibió un reconocimiento de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AME) por su papel en “garantizar el ejercicio de la libertad de expresión”. Sin embargo, durante su administración Duarte, Veracruz se ha convertido en uno de los diez lugares más peligrosos para la prensa, según Reporteros Sin Fronteras. El premio provocó la indignación entre el gremio periodístico del país. Un grupo de periodistas inició una página en Facebook y el hashtag #ChayoPremio en Twitter para repudiar el premio y varios medios integrantes de la AME y se deslindaron de dicho reconocimiento El Procurador Felipe Amadeo Flores Espinoza y el fiscal especial en el caso Enoc Maldonado Caraza.

También dirigieron las investigaciones del asesinato de Regina Martínez y siempre han defendido sus expedientes, a pesar de las revocaciones de las salas.

El nuevo Procurador de Justicia Luis Ángel Bravo Contreras es originario de Xalapa, Veracruz. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de Maestría y Doctorado por las universidades Cristóbal Colón y de Xalapa de Veracruz y de Almería en España. Fue presidente del Colegio de Abogados de la región de Córdoba, fue, además Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Acayucan en el año 2000.

La secretaria Técnica de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas en Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez, Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, Maestra en Psicología Jurídica y Criminología. Instituto Universitario de Puebla, Doctora en Derecho por Instituto Universitario de Puebla. No ha entregado un informe formal de su actuación.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República, realizó una investigación paralela a la procuraduría de Justicia del estado de Veracruz, pero no atrajo el caso, a pesar de que los detenidos están procesados por otros delitos federales , como el secuestro.

RESPUESTAS INSTITUCIONALES Siete meses después del asesinato… La información sobre el proceso se ha limitado y se dio órdenes a todos los funcionarios “a evitar filtraciones” que afecten la imagen del gobierno del estado, no solo en casos de asesinatos de periodistas sino en todos los casos donde hay fallas en la integración de las investigaciones.

A pesar de que se hicieron declaraciones de ampliar las líneas de investigación en el caso de Goyo, no se reconoce su ejercicio periodístico como móvil.

La Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no ha hecho uso de sus fundamentos jurídicos para atraer la investigación, concluirla y consignarla ante un juez federal, para que éste procese y sancione a los responsables.

Aunque desde el 5 de febrero la FEADLE inició una acta circunstanciada y después una averiguación previa, dieciséis días después no existían avances. Apenas se habían hecho interrogatorios a periodistas y directivos de los medios de comunicación para los que trabajaba Gregorio. No se hizo verificación del lugar donde Gregorio fue encontrado, ni la elaboración de sus propios peritajes, mucho menos el interrogatorio a las familias y a los detenidos. Nada en concreto, ningún avance, ninguna investigación, apenas asomos a pistas y más bien señalamientos hacia la Procuraduría de Veracruz de las posibles deficiencias que pudiera tener el expediente. El 15 de febrero, la Procuraduría de Justicia de Veracruz les dio vista tanto a la Fiscalía como a la SEIDO, por lo que ahora deberán investigar y profundizar en el caso, definir si la causa del secuestro y crimen del periodista se reduce a la nota del bar El Palmar o si está ligado con la casa de seguridad propiedad de Mari Sam o incluso con toda la célula criminal que sigue operando en el sur de Veracruz, en donde hasta la fecha los secuestros, extorsiones y asesinatos no se han detenido.

La FEADLE aseguró que en un mes, que ya se cumplió, tendría avances en las pesquisas, en este momento los desconocemos, por lo que estamos a la espera de conocer cuáles son y, que no sea otro caso más que se acumule en el escritorio

Caso 3: Veracruz Con siete millones seiscientos mil habitantes, Veracruz es el tercer estado más poblado de México y una de las nueve entidades federativas en donde nunca ha perdido el Partido Revolucionario Institucional (PRI), es decir, no ha conocido la alternancia política.

Tiene 720 kilómetros de costas y colinda con siete entidades. Su posición geográfica lo convierte en un territorio codiciado para el envío de productos procesados a Estados Unidos y Europa. Pero a partir de 2010, el estado se convirtió en zona de guerra entre Los Zetas y grupos paramilitares enviados por el Cártel de Sinaloa (que se dieron a conocer como Los Mata-­‐Zetas) en una alianza con el Cártel del Golfo, según informes de las autoridades federales.

Los Zetas han diversificado las modalidades del crimen organizado más allá del narcotráfico, y han incorporado la trata, el tráfico de personas, los secuestros, las extorsiones, los asesinatos por contrato, el robo y contrabando de gasolina y la apropiación de ranchos productivos (para obtener productos de ganado o siembra o para utilizarlos como casas de seguridad o entrenamiento). También se les vincula con la explotación o robo de recursos minerales (el sur del estado es uno de los más ricos en arena sílica, sales, azufre, fierro y barita), robo de metales, herramientas y equipo vinculadas a la industria petroquímica de alta demanda. En la última década, Veracruz se convirtió en la zona más peligrosa para los migrantes centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos.

En 2011 la guerra llegó a las calles de la capital. Y un año después, la violencia en el estado registró 48,392 delitos, destacando el secuestro, robo con violencia y la violación sexual. Una investigación del diario Milenio, publicada en octubre de 2012 y basada en registros de servicios forenses de todo el país, reveló que de 24,000 cuerpos enterrados sin nombre durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-­‐20012), al menos 5,000 se ubican en Veracruz.

En ese contexto, Veracruz saltó a los primeros lugares de las listas negras de libertad de expresión.

Entre 2011 y 2012 el estado registró todas las formas graves de ataques a la prensa: periodistas asesinados y desaparecidos, mujeres periodistas agredidas, ataques a medios de comunicación y comunicadores forzados al exilio. Reporteros Sin Fronteras (RSF) lo clasificó en diciembre de 2011 como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

En realidad, la violencia contra los periodistas en Veracruz comenzó a registrarse en 2007, durante el cuarto año de la administración del priista Fidel Herrera Beltrán y cuando comenzaron las primeras ejecuciones en el puerto de Veracruz. En el gobierno de Herrera fueron asesinados seis periodistas y uno más fue desaparecido, de acuerdo con el registro de RSF. Ninguno de estos homicidios ha sido esclarecido satisfactoriamente.

Periodistas asesinados en el sexenio de Fidel Herrera (2004-­‐2010)

Fecha

Nombre

Medio

10/10/2005

Hugo Barragán

Radio Max

08/04/2005

Raúl Gibb Guerrero

La Opinión de Poza Rica

21/11/2006

Roberto Marco García

Revista Testimonio

30/11/2006

Adolfo Sánchez Guzmán

Televisa Veracruz y Enlace

14/12/2008

Raúl Martínez López

Periódico Noreste

24/02/2009

Luis Daniel Méndez Hernández

Radio La Poderosa

20/04/2010

Evaristo Ortega Zarate/ (Desaparecido)

Semanario Espacio

El 1 de diciembre de 2010 asumió la gubernatura Javier Duarte de Ochoa, quien fuera Secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Fidel Herrera. Su llegada modificó el escenario criminal y ahora fue el Cártel de Sinaloa el que le declaró la guerra a Los Zetas para apoderarse de la zona.

En lo que va del gobierno de Javier Duarte (diciembre 2010-­‐febrero de 2014) han sido asesinados diez periodistas y tres permanecen desaparecidos. Además, un diario fue incendiado y al menos veinticinco periodistas se han visto obligados a dejar el estado por amenazas.

Periodistas asesinados entre diciembre de 2010 y Febrero de 2014

Fecha

Nombre

Medio

05/02/2014

Gregorio Jiménez de la Cruz

Notisur, Liberal del Sur

14/06/2012

Víctor Báez Chino

Reporteros Policiacos

03/05/2012

Gabriel Huge Córdova

Notiver

03/05/2012

Guillermo Luna Varela

VeracruzNews

03/05/2012

Esteban Rodríguez Rodríguez.

*Notiver

28/04/2012

Regina Martínez

Proceso

26/07/2011

Yolanda Ordaz de la Cruz

Notiver

20/06/2011

Miguel Ángel López Velasco

Notiver

20/06/2011

Misael López Solana

Notiver/fotógrafo

08/03/2011

Noel López Olguín

Noticias de Acayucán

*No ejercía el periodismo en el momento del asesinato, pero fue fotógrafo de Notiver hasta julio de 2011.

Periodistas desaparecidos en Veracruz

 Jesús Mejía Lechuga del Noticiario A Primera Hora del Grupo MS-­‐Noticias de Martínez de la Torre.

(10 de julio de 2003) .  Evaristo Ortega Zárate, del Semanario Espacio. (19 de abril de 2010) .  Cecilio Rodríguez Domínguez, reportero de la revista Proyectos de Chinameca ( 11 de mayo del 2011)  Miguel Morales Estrada, fotógrafo del periódico de Poza Rica (25 de julio del 2011)  Gabriel Manuel Fonseca Hernández, del Diario El Mañanero de Acayucan ( 17 de septiembre de 2011).  Sergio Landa Rosado, del Diario de Cardel (23 de enero del 2013).

En el mapa de las agresiones a los informadores destaca el puerto de Veracruz, con seis periodistas y una trabajadora administrativa de un diario asesinados, seguido de Xalapa, con dos periodistas asesinados, entre ellos la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez. De ahí también son la mayoría de los periodistas desplazados.

La gran zona de silencio abarca una porción del norte del estado, en la región del río Pánuco que colinda con Tamaulipas. Ahí, Twitter se ha convertido es el único medio que registra información de las constantes balaceras. Miguel Morales, el último reportero desaparecido, trabajaba en el Diario de Poza Rica, un municipio que se localiza entre la capital y esta región. Los otros reporteros desaparecidos desarrollaban su trabajo periodístico en la zona al sur, entre los municipios de Acayucan y Chinameca. En esa región, cercana al puerto petrolero de Coatzacoalcos, también se ubica Ciudad Isla, una comunidad que considerada foco rojo desde 2009 por las desapariciones y asesinatos de mujeres.

Córdoba, donde el diario El Buen Tono fue incendiado, es una ciudad de la cordillera montañosa colindante con la sierra de Zongolica y Río Blanco, y es una parada importante en la ruta de los transmigrantes centroamericanos que se dirigen a la frontera con Estado Unidos. Los reporteros de la región confirman que, desde hace por lo menos un año, los directivos reciben llamadas de grupos criminales con indicaciones sobre lo que deben o no publicar.

Para el gobierno de Duarte, todos los asesinatos y desapariciones de periodistas están resueltos. Y los dos procuradores que han tenido bajo su responsabilidad las investigaciones, Reynaldo Escobar y Amadeo Flores Espinosa, recurrido a la fórmula de criminalizar a los periodistas y vincularlos con sus propios asesinatos, tomando como base únicamente las declaraciones ministeriales de supuestos integrantes de células criminales.

El caso de Víctor Báez Chino ilustra la ineficacia de las autoridades. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE), Báez Chino fue asesinado por dos integrantes de una célula de Los Zetas, que fueron reconocidos por testigos. Pero ninguno de los dos presuntos homicidas fue detenido, y cinco días después del crimen contra Báez, hallaron sus cadáveres.

La Procuraduría ha descartado que el trabajo periodístico haya estado vinculado con el asesinato de comunicadores. Sin embargo, ha habido casos como el de Gabriel Huge, que en febrero de 2008 había denunciado ante el fiscalía federal que fue privado de su libertad, amenazado y atormentado física y psicológicamente por elementos militarizados de la Policía Federal, según quedó asentado en su declaración ministerial dentro de la averiguación previa 105/08: “Fue cuando el oficial de la PF lo interpeló para decirle, que ahora sólo era dolor, y que la próxima vez ya no sentiría nada… como escarmiento para el resto de los reporteros, los cuales sólo han cubierto periodísticamente y publicado en su respectivos medios de

comunicación las acciones del operativo federal ‘México seguro’”.

De acuerdo con organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, las acciones contra la prensa en Veracruz mantienen un patrón, que es la relación entre las autoridades (estatales y municipales) con el crimen organizado, que no permite identificar quién es el perpetrador de las agresiones. A eso se suman otros actores, como las fuerzas federales de seguridad, que arribaron con el operativo Veracruz Seguro en 2011 y las acciones u omisiones al interior de las empresas periodísticas.

Situación laboral de los periodistas en Veracruz  Desde el 2011 hay un éxodo de Periodistas, debido a amenazas de grupos criminales y del gobierno del estado, a través de los convenios que tienen con los medios de comunicación para los que laboran

 Muchos reporteros han sido despedidos, “por recortes en la plantilla laboral”, luego de participar en marchas y protestas  La mayor parte de los reporteros no cuentan con Seguridad Social, el pago por nota es la modalidad de “contratación a prueba” y tampoco les dan capacitación en materia de seguridad

FUENTES PROBATORIAS Informe Veracruz / El estilo Duarte de Gobernar en Veracruz Knight Center https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-­‐13441-­‐el-­‐estilo-­‐duarte-­‐de-­‐apoyar-­‐los-­‐periodistas-­‐gremio-­‐en-­‐ mexico-­‐cuestiona-­‐premio-­‐gobernado Informe Veracruz el miedo que silencia Cencos http://www.magis.iteso.mx/redaccion/veracruz-­‐el-­‐miedo-­‐ que-­‐silencia

LEGISLACION

El 3 de diciembre de 2012, se aprobó la Ley de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los periodistas. Sus principales atribuciones son: I. Otorgar, a petición de los periodistas que lo soliciten, las medidas de atención o protección necesarias para prevenir la consumación de una amenaza o para enfrentar riesgos inminentes o agresiones contra su esfera jurídica, que sean consecuencia del ejercicio de su profesión; solicitar a las autoridades competentes su cumplimiento; y denunciar a los servidores públicos responsables de incumplir, en los términos que disponga la ley; II. Establecer los elementos objetivos necesarios para la debida evaluación del otorgamiento de las medidas de atención y protección, y la adopción de los criterios, lineamientos o protocolos aplicables a la salvaguarda de la esfera jurídica de los periodistas; III. Programar, coordinar y dar seguimiento al otorgamiento de las medidas de atención y protección a los periodistas, en coadyuvancia con las instituciones especializadas, autoridades administrativas e instancias jurisdiccionales competentes; IV. Establecer acciones de coordinación y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que se hayan destacado por su labor en materia de atención y protección a los periodistas, en el contexto de la defensa de la libertad de expresión; El 18 de diciembre del 2012 se creó la Comisión Estatal para la Protección a Periodistas (CEAPP), de la que no ha habido resultados, se ha dedicado a apoyar a algunos familiares de los asesinados y a dar cursos de capacitación y a realizar concursos de periodismo.

Pero las agresiones han continuado, el 14 de septiembre de 2013 fotógrafos y reporteros fueron golpeados con toletes eléctricos por parte de elementos de Seguridad Pública del Estado, les quitaron cámaras fotográficas ya que contenían el registro del desalojo violento en contra de maestros que se encontraban en una manifestación en la Plaza central de la capital de Veracruz, hechos que fueron

demandados ante la fiscalía Especial para la Atención de Delito Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión con sede en la ciudad de México, se abrió un acta circunstanciada en el expediente número: 123/FEADL/2013, los compañeros que denunciaron fueron Rubén Espinosa, Roger López y Ricardo Matus. A la fecha no hay una determinación ministerial.

De estos hechos se interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la violación a los derechos humanos a la libertad de trabajo, de expresión y de información, la que quedó registrada bajo el número DAM0896/2013, con fecha 18 de septiembre, de la que solo se emitió una recomendación para capacitar a policías, pero ninguna recomendación a las autoridades que ordenaron el operativo.

En 2011 hubo una reforma al artículo 373 bis del Código Penal del Estado de Veracruz, cuando la LXII Legislatura local decidió tipificar el delito de “perturbaciones del orden público”, mejor conocida como la ley de censura a los tuiteros, luego que el 25 de agosto de 2011, fueron detenidas dos personas en el puerto acusadas de terrorismo equiparado y sabotaje por difundir en redes sociales mensajes sobre supuestos ataques de la delincuencia organizada a escuelas, lo que generó caos y zozobra.

La reforma fue motivo de una controversia constitucional por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que concluyó el 20 de junio de 2013, en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido el artículo, al considerarlo violatorio de los derechos humanos de libertad de expresión y derecho a la información y “porque no cumplía con las garantías de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal, restringe de manera desproporcional ese derecho humano y porque ocasiona un mal mayor que el daño que se pretende evitar, contraviniendo los artículos 6º y 7º de la Constitución”.

Actualmente, la columnista de Notiver, María Josefina Gamboa Torales, se encuentra recluida en el penal de Tuxpan, acusada de homicidio imprudencial luego que atropello al ciudadano José Luis Burelo.

Contrario a las investigaciones de asesinatos y desapariciones de los periodistas, en el caso de Maryjose, la ley se está aplicando rápido y con toda fuerza. Jorge Morales integrantes de la Comisión Estatal de Atención y Protección Periodistas (CEAPP), elaboró un informe sobre el caso Maryjose que concluye: “La situación penal de Gamboa Torales podría encuadrarse en el Procedimiento de Atención que la Corte Interamericana de Derechos Humanos documenta en contra de las autoridades de gobierno para inhibir la libertad de expresión” “Puede ser un caso de persecución penal, que a veces la autoridad lleva a cabo para inhibir, reprimir, castigar la libertad de expresión.”

FUNCIONES/OBLIGACIONES INCUMPLIDAS a)

Ámbito estatal

Gobierno Veracruz

de Constitución Política del Estado de Veracruz Cap. II De los Derechos Humanos. Los habitantes del Estado gozarán de todas las garantías y libertades consagradas en la Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen; sin distinción alguna de origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, condición o actividad social.

Las autoridades del Estado, en su respectiva esfera de atribuciones, tienen el deber de generar las condiciones necesarias para que las personas gocen de los derechos que establece esta Constitución; así como proteger los que se reserve el pueblo de Veracruz mediante el juicio de protección de derechos humanos. La violación de los mismos implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño, en términos de la ley.

Los habitantes del Estado gozarán del derecho a la información.

Procuraduría Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, según los siguientes General de artículos: Justicia Artículo 8. Las atribuciones en materia de legalidad y de pronta, expedita y debida procuración de justicia.

Artículo 12. Las atribuciones relativas a estudiar, aplicar propuestas en materia de política criminal y promover reformas que tengan por objeto optimizar la procuración de justicia en el Estado, son: I. Recabar, sistematizar y analizar la información generada en materia de incidencia de los delitos; II. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, reformas Jurídicas y todas aquellas medidas viables para hacer más eficientes la seguridad pública y la procuración de justicia; III. Investigar y determinar las causas que dan origen a los delitos, precisando los lugares en que se cometen, desarrollar las estadísticas criminales e investigar el impacto social del delito y su costo.

Agencia Investigadora de Veracruz.

Artículo 45. La Agencia Veracruzana de Investigaciones es un órgano de la PGJ, que tendrá adscrito al personal de la policía ministerial y estará bajo el mando directo del Procurador General de Justicia. Su organización y funcionamiento se regirán por las disposiciones de la presente Ley, de reglamento y demás aplicables. Contará, como mínimo, con las áreas de inteligencia: Investigación Policial; Análisis y Estadística; Grupos de Reacción; Unidad de Combate al Secuestro.

Congreso Veracruz

de Comisión Legislativa de Atención y Protección a Periodistas: Diputada Gabriela Arango Gibb (presidenta); Diputado Eduardo Sánchez Macías (secretario); Diputado Juan Eduardo

Robles Castellanos (vocal).

Obligaciones: -­‐Vigilar las funciones y el ejercicio presupuestal de la CEAPP. -­‐Evaluar el desempeño de la CEAPP y mantener relación con los periodistas para conocer las inconformidades del gremio. Da trámite y seguimiento.

Comisión Ley 586: Estatal de Artículo 2.-­‐ La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas es un Atención y organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, Protección a autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de atender y proteger la Periodistas integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la

libertad de expresión.

Artículo 12.-­‐ Atribuciones del Secretario Ejecutivo, entre otras: Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento acerca de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

Artículo 14.-­‐ La Comisión puede conocer sobre cualquier amenaza a los derechos humanos de los periodistas con motivo del ejercicio de su profesión.

CAPÍTULO IV: De la Promoción del Ejercicio de la Libertad de Expresión.

Artículo 20.-­‐ La Comisión promoverá entre la sociedad veracruzana el ejercicio de la libertad de expresión así como del derecho al acceso a la información.

CAPÍTULO VII: De las Responsabilidades. [Actualización] del 14/02/13 en DO con Reglamento Interior: Artículo 14.-­‐ La Comisión puede conocer sobre cualquier amenaza a los derechos humanos de los periodistas con motivo del ejercicio de su profesión.

Del Departamento de Prevención y Promoción: Artículo 65: Será el encargado de realizar las tareas de promoción del ejercicio de la libertad de expresión, así como de brindar capacitación acerca de temas relevantes relacionados con el periodismo.

Artículo 67: Tendrá las siguientes facultades para la promoción del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información: I. El desarrollo de proyectos, programas, talleres y cursos.

II. La realización de informes generales y especiales.

b) Ámbito federal

Congreso de la 6 de junio 2013 Unión Reforma del artículo 73 de la Constitución Política que otorga facultades a las autoridades federales [Procuraduría General de la República] para atraer e investigar los delitos del

fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

30 de abril 2012 Promulgación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Tiene por objeto garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de defensores de los derechos humanos y periodistas mediante la creación de un mecanismo con la autoridad para aplicar medidas para proteger a las personas en situación de riesgo peligro, así como prevenir que tales riesgos surjan en el futuro.

Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)

Por el Acuerdo A/145/10, desaparece Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas y se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) como la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones, perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión.

Goza de adscripción directa a la oficina del Procurador General de la República, por lo que está dotada de autonomía para la dirección, coordinación y supervisión de las investigaciones, además de atribuciones para:

• Promover una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información.

• Proteger la seguridad de los comunicadores y otorgar medidas cautelares o de protección, así como gestionarlas ante las autoridades locales competentes.

Como víctimas del delito, define a las personas “dedicadas a través de un medio de comunicación a tareas de información o de creación de opinión”, lo que se vincula a la interpretación Pro persona. El Acuerdo dota a la FEADLE de mayor control, por lo que queda limitada la posibilidad de declinar competencia a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

SEGOB – Subsecretaría de Derechos Humanos.

Instalación en noviembre de 2012 del Mecanismo federal de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, compuesta por tres unidades: I.-­‐ Atención y Reacción Inmediata.

2.-­‐ Análisis y Evaluación de Riesgo.

3.-­‐ Prevención y Seguimiento.

Aunque está creada dentro de la estructura, no opera la Unidad de Prevención,

Seguimiento y Análisis aprobada para conformar mapas de riesgos, agresión y zonas delicuenciales que impactan negativamente a la libertad de expresión e inhiben el libre ejercicio del periodismo como la defensa de los derechos humanos.

Comisión Quinta Visitaduría General -­‐ Programa de Atención a Periodistas y Defensores Civiles de Nacional de Derechos Humanos.

Derechos Humanos – CNDH al conocer de los agravios a los profesionales de la información, recibe sus quejas e Programa de inicia el procedimiento correspondiente para salvaguardar a los periodistas de los actos Agravio a de la autoridad que pueden violentar sus derechos.

Periodistas En el artículo 6°, fracción VIII, de la Ley de la CNDH, se señala, como atribución de este organismo nacional, proponer a las diversas autoridades del país que, en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que redunden en una mejor protección de los derechos humanos.

Contando con representación en el sur de Veracruz: Oficina Foránea en Coatzacoalcos: Av. Zaragoza No. 102, Col. Centro. Teléfono y fax: 01-­‐921-­‐213-­‐1358, 01 921 213 13 60 Lada 800 sin costo: 01-­‐800-­‐561-­‐8509

ACUSACIONES ANTE EL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

El estado de Veracruz concentra el mayor número de agresiones a la prensa y la libertad de expresión, representa el mayor ejemplo de un estado represor. Asesinatos, agresiones, asaltos, intimidación, vigilancia de redes sociales y bloqueo de medios de comunicación que difunden información que incomoda al gobierno, es el común denominador en la entidad

La falta de acceso a la información, la concentración de los medios de comunicación por parte de grupos políticos y familiares del gobernador y la violencia contra los comunicadores afectan los derechos individuales y colectivos de los mexicanos que se presentan en este Tribunal Permanente de los Pueblos.

La información a la que tiene acceso población del estado de Veracruz es censurada desde el gobierno y solo se permite la publicación de las Versiones oficiales del estado, lo cual afecta el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos. Esta falta de información limita a la población a elegir mejor a sus representantes y promueve la estancia del partido oficial, por eso en Veracruz no ha habido alternancia en el gobierno estatal, como ha pasado en otras entidades

Es por ello que, en esta Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México sobre “Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores” presentamos las siguientes

ACUSACIONES  Al gobierno de Veracruz por bloquear el derecho a la información y a la libertad de expresión.  Al gobierno del gobernador Javier Duarte de Ochoa, promover la inequidad y la antidemocracia que prevalecen en el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión  Al poder legislativo, por evitar que se reestructure la Comisión de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, de manera que esta instancia tenga capacidad para ser un Mecanismo de Protección.  Al poder judicial del estado de Veracruz, por mantener la impunidad de los crímenes contra los comunicadores.  Al presidente Enrique Peña Nieto a la Procuraduría General de la República por omisión para ejercer facultades legales de atracción de casos de periodistas  A la Comisión Nacional de derechos humanos, por omisión  A los medios de comunicación por mantener un esquema de condiciones laborales que ponen en peligro la vida de los reporteros