La Fallida Actuación del Estado para Protege a Defensores y Periodistas–El Mecanismo

Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México Audiencia: Desinformación, Censura y Violencia contra Comunicadores

Caso: La Fallida Actuación del Estado Mexicano para Proteger y Prevenir a Defensores y Periodistas – El Mecanismo

Tribunal Permanente de los Pueblos – Capítulo México Audiencia de Desinformación, Censura y Violencia contra Comunicadores

LA FALLIDA ACTUACIÒN DEL ESTADO MEXICANO PARA PROTEGER Y PREVENIR A DEFENSORES Y PERIODISTAS –EL MECANISMO Ciudad de México.

18 de octubre de 2014

Contexto previo A LA CREACIÓN DE EL MECANISMO… La violencia contra la prensa en México tuvo una explosión inconcebible desde el año 2000, durante los últimos tres sexenios. Los asesinatos de periodistas duplicaron en la administración de Felipe Caldeón (2006-2012), el número ya elevado de periodistas asesinados durante a administración de Vicente Fox (2000-2006), y sólo en 2011 ocurrió un tercio de las agresiones contra periodistas de toda una década, de acuerdo con el monitoreo que realizan las organizaciones de defensa de libertad de expresión.

Según la PGR son 102 homicidios de periodistas en 14 años. La organización internacional Artículo 19 ha documentado 79 asesinatos de periodistas en México desde 2000. A ellos se suman 18 periodistas desaparecidos y una cantidad no posible de cuantificar de periodistas desplazados y obligados al exilio por amenazas en su contra.

Por eso, la Relatoría de la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, considera a México el quinto país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo y el primero en todo el continente americano (http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/2011/LEOk.pdf) Estas son 7 modalidades emergentes de la violencia contra la prensa en estos seis años: • • • • • • •

Ataques a medios de comunicación con explosivos y armas de alto poder Desapariciones de periodistas Periodistas desplazados u obligados al exilio por amenazas directas en su contra Autocensura e infiltración de las bandas delictivas en las redacciones Asesinatos y desapariciones de mujeres periodistas Ataques a usuarios de redes sociales que difunden información de la violencia Una forma cruel de agresiones que busca provocar miedo en otros periodistas

En más de la mitad de los casos registrados por todas las organizaciones de defensa de libertad de expresión, los perpetradores de las agresiones contra periodistas fueron identificados como agentes del Estado (militares, policías, políticos locales), mientras que en el 13 por ciento de los casos las agresiones provienen de la delincuencia organizada. ¿Cómo llegamos a esto? En Periodistas de a Pie hemos identificado cuatro factores básicos para entender el fenómeno de la violencia contra la prensa, uno de ellos es coyuntural y los otros tres

son problemas estructurales que poco se están atendiendo.

Factor coyuntural: Violencia generalizada, derivada de una estrategia bélica de seguridad y que dejó un saldo de al menos 100 mil personas asesinadas y 26 mil desaparecidas en seis años en el sexenio de Felipe Calderón.

Factores estructurales: 1) Corrupción e impunidad generalizada en el sistema de procuración e impartición de justicia.

México es un país con 98% de impunidad y un sistema judicial débil que impide que se conozcan las causas de los asesinatos de periodistas.

2) Relación de complicidad prensa-poder México, que fue construida durante décadas de hegemonía priísta. La apertura democrática de la prensa, que se dio a partir de los años 90, no llegó a todo el país. En la mayoría de los estados –e incluso de la prensa nacional– se mantienen arraigadas las prácticas de control de las autoridades sobre los medios a través del uso discrecional de la publicidad oficial y presión laboral sobre los reporteros. Esta relación, propiciada y promovida desde los órganos del Estado, ha derivado en otros fenómenos: •

Servilismo de directivos de los medios ante las autoridades

•

Ausencia de una organización gremial sólida e independiente

•

Un alejamiento de la sociedad que ahora no reclama los crímenes contra periodistas porque no ve a la prensa como aliada, sino como parte del problema.

3) Falta de profesionalización y limitada capacitación de periodistas, que deriva también en una precaria situación laboral. Un periodista promedio en el país gana entre 300 y 400 dólares al mes, o cobra por nota 60 centavos de dólar y para mantenerse económicamente debe tener tres trabajos o hacer hasta 10 notas al día. Y salen a trabajar sin ningún tipo de protección. Si bien son los dueños de los medios, plegados a los intereses de los gobernantes, los principales obstáculos para la capacitación y actualización de los reporteros y la mejora de las condiciones laborales, el Estado no ha realizado ningún tipo de acción para que los periodistas puedan trabajar en condiciones mínimas para garantizar el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.

A esta nueva situación de la prensa en México se suma el aumento de asesinatos y agresiones de defensores de derechos humanos. El resultado es que en el país se extendieron zonas de silencio forzado, en las cuales los grupos delictivos deciden qué se publica (y qué no) en los medios de comunicación locales.

Violencia contra medios El domingo 29 de agosto de 2010, Marco Antonio Leal García, alcalde de Hidalgo, municipio cercano a Ciudad Victoria, en Tamaulipas, fue emboscado y asesinado, cuando viajaba en automóvil con su hija de 10 años. Al día siguiente, todos los diarios de Ciudad Victoria publicaron esquelas del alcalde asesinado, pero ninguno publicó la noticia. Las redacciones habían recibido mensajes claros de grupos criminales. “No tuvimos opción”, recuerda el trabajador de un diario.

El viernes anterior, Televisa Victoria había amanecido con la señal apagada, luego de que un cochebomba estallara frente a las instalaciones del canal. El mismo domingo hubo una balacera que duró

más de más de nueve horas en la región del río Pánuco, al sur del estado, que solo fue registrada por los usuarios de la red social Twitter.

Tamaulipas es uno de los cinco estados del país que durante la administración de Felipe Calderón reportó las tres formas más graves de agresión a la prensa: periodistas asesinados, desaparecidos y ataques con armas de fuego o explosivos a medios de comunicación. Los otros estados que tienen este trinomio son Guerrero, Veracruz, Coahuila y Nuevo León.

En otros tres estados --Michoacán, Sonora y Tabasco-- hay documentación de periodistas asesinados y desaparecidos. En Chihuahua y Veracruz, periodistas asesinados y periodistas que optaron por el exilio. En Sinaloa, asesinatos de periodistas y ataques armados a medios de comunicación. Durango, Sinaloa, Oaxaca, Sonora y Jalisco también registraron asesinatos de periodistas.

Pese a las complicaciones para conciliar los registros de las distintas organizaciones que hacen monitoreo de agresiones con criterios y metodologías diferentes y las inconsistencias evidentes en los informes oficiales, que incluyen denuncias no confirmadas, los focos rojos para la prensa en el mapa del país son fácilmente ubicables: Por ejemplo, tres estados --Veracruz, Chihuahua y Guerrero-- sumaron 23 de los 48 asesinatos de periodistas que las organizaciones civiles que realizan monitores de agresiones a la prensa lograron documentar en la administración de Felipe Calderón. En tanto que Michoacán y Veracruz, Tamaulipas suman 10 de los 16 periodistas desaparecidos.

En ocho estados --Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo-- ha habido atentados con armas de fuego y explosivos contra medios de comunicación. Sin embargo, las agresiones a la prensa siguen siendo un poliedro de muchas dimensiones, y la falta de confianza de los periodistas hacia las instituciones gubernamentales dificulta la documentación.

“Hoy más que nunca existe un subregistro en el número de agravios documentados en entidades donde los cárteles combaten. Un mapeo básico de las ciudades en las que periodistas cayeron muertos o desaparecieron durante los últimos años o bien en las que las empresas de comunicación fueron violentamente intimidadas, permite entender por qué Michoacán, Durango, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León y aun Tamaulipas parecen estar lejos de la turbulencia del estado más violento que, en el papel, es Chihuahua”, señala el informe de 2010 del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) http://www.cepet.org/wp-content/uploads/2011/02/informe_2010_br.pdf Titulado De la autocensura a la interlocución con los victimarios, es el único informe que aborda una nueva complejidad al difícil escenario de libertad de expresión en México: la infiltración de grupos criminales en las redacciones.

“En algunas ciudades han proliferado periódicos digitales que sirven como herramienta para intimidar al medio periodístico local y que revelan la autoría de notas que por lo delicado de su contenido son firmadas en sus diarios como Staff o Redacción. Esto, con el objeto de arredrar a reporteros y eliminar la competencia, sacándolos de las coberturas y facilitando que personajes cercanos al crimen organizado puedan manipular y cobrar por información publicada o por el silencio (...) A partir del segundo cuatrimestre de 2010 puede hablarse de una agudización notable

en lo que hace a la violencia proveniente del narcotráfico, cuyos integrantes ejercen hoy un control riguroso sobre la actividad de los periodistas en varias regiones”, dice el documento.

De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De 720 expedientes abiertos desde el año 2000, más de 500 corresponden a esta administración.

Autocensura Las señales del monstruo que se estaba gestando y que casi nadie quiso ver comenzaron en Ciudad Juárez, con el asesinato de Armando Rodríguez Carreón, “Choco”, reportero de la fuente policiaca en El Diario de Juárez, en noviembre de 2008. A pesar de que sus colegas y familiares señalaron el posible involucramiento de autoridades de la Procuraduría de Justicia, las investigaciones no avanzaron. Y al año siguiente, el número de periodistas asesinados en el país brincó de 4 a 13.

Casi dos años después del asesinato de Armando Rodríguez, el 17 de septiembre de 2010, el fotógrafo Luis Carlos Flores, de 21 años y que realizaba prácticas profesionales en el Diario de Juárez, fue asesinado. Sus agresores lo persiguieron desde el estacionamiento hasta el interior de la plaza comercial. Las autoridades atribuyeron el homicidio a una confusión, porque estaba en el vehículo del hijo de un defensor de derechos humanos.

Sin embargo, en su editorial del 19 de septiembre de 2010, los directivos del Diario se dirigieron a las bandas criminales, reconociéndolas como “autoridades de facto” en la ciudad http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2010/09/19&id=ce557112f34b187454d7b6d117a76cb5 “Queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos. [...] Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio”, dice la editorial, que dio la vuelta al mundo en unas horas.

El mismo camino tomó el periódico Vanguardia, en Coahuila. “Trabajar bajo las sombras de la amenaza a nuestro cuerpo editorial es una condición más de los días de hoy, que nos obliga en ocasiones a dejar fuera alguna información”, señaló en su editorial del 13 de noviembre de 2010 (http://www.vanguardia.com.mx/entresombras-589883-editorial.html) El Noroeste, de Sinaloa, y El Imparcial, de Sonora, también se vieron obligados a explicar su posición ante la violencia, tras los ataques armados contra sus oficinas.

Pero la interlocución de medios y victimarios no fue la única frontera que se cruzó en 2010.

El 19 de abril, las bandas criminales impusieron una suerte de toque de queda en Cuernavaca, Morelos; se mismo día circuló un correo electrónico anónimo con nombres de 27 periodistas “traidores”, que serían “levantados, ejecutados, enterrados, destazados”. Era la respuesta al asesinato del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, abatido en diciembre de 2009 por la Marina, que permitió que su cadáver fuera fotografiado con los pantalones bajo y el cuerpo ensangrentado cubierto de billetes. A pesar de la denuncia penal que presentaron reporteros y editores, las investigaciones no avanzaron y en julio, aparecieron mensajes en cuatro municipios -supuestamente firmados por el Cártel del Pacífico Sur-- que alertaba sobre “las intenciones” de

Édgar Valdez Villareal contra los reporteros del estado, lo que obligó a un amplio grupo de periodistas a bajar el perfil en las coberturas de alto riesgo.

Y a finales de julio, la zona de silencio que hay en muchas regiones escaló por primera vez a la cadena nacional. Tres periodistas fueron secuestrados por narcotraficantes tras cubrir una protesta de reos y familiares en el Centro de readaptación Social de Gómez Palacio. Estuvieron retenidos seis días y la condición de sus captores para liberarlos era que los dos medios de comunicación nacionales involucrados –Grupo Multimedios y Televisa-- transmitieran tres videos de un narcoblog en sus noticieros locales. El jueves 29, Televisa puso en negro su pantalla la hora en que se transmite el programa Punto de Partida, donde trabajaba uno de los periodistas secuestrados.

“El silencio dejó de ser una opción y uso de espacios periodísticos por parte de los cárteles de la droga, la capacidad para disponer de ellos con total impunidad en el momento en que lo determinen, se convirtió un fenómeno tan importante como la autocensura”, explica el informe de CEPET. Periodistas desaparecidos y periodistas desplazados En los primeros días de marzo de 2010, The Dallas Morning News alertó del secuestro de “al menos ocho periodistas mexicanos”, en Reynosa, Tamaulipas.

Pero fuera del caso de Miguel Ángel Domíngez, en el que la Procuraduría estatal de Justicia admitió que tiene una denuncia, y de otros tres que ha logrado documentar el Comité para la Protección de los Periodistas ( http://www.cpj.org/es/2010/09/silencio-muerte-prensa-mexicana-apendice2.php) no ha sido posible tener información sólida sobre otros periodistas desaparecidos. Ningún medio mexicano ha publicado sus nombres ni existe denuncia que testimonie su desaparición.

Lo mismo ocurrió con otro periodista de Veracruz, reportado como desaparecido por sus familiares el 26 de septiembre de 201, en el municipio de Jesús Carranza. Los primeros testimonios referían que había tenido amenazas previas, pero después la información se volvió confusa, pues los directivos del medio en el que supuestamente trabajaba negaron conocerlo. Después corrió la versión de que se había exiliado, aunque no hay ningún dato sólido para confirmar la información.

En todos los casos, las investigaciones “reposan en un limbo jurídico”, según Artículo 19. No se cierran pero tampoco avanzan y los ministerios públicos traspasen la responsabilidad de aportar pruebas a familiares y colegas. A eso se agrega que, la mayoría de las legislaciones estatales no tipifican el delito de desaparición, por lo que las averiguaciones previas se integran por los delitos de secuestro o privación ilegal de la libertad, lo que no se ajusta a la complejidad de una desaparición.

Frente a esa situación, muchos periodistas han optado por el silencio o el exilio, como en el caso de siete reporteros de la sección policíaca del diario Notiver, en Veracruz, que huyeron en banda del estado después del asesinato de la periodista Yolanda Ordaz, el 26 de julio de 2011.

El desplazamiento forzado de periodistas es un fenómeno creciente que a partir de 2010 obligó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a implementar en 2012 acciones que no realizaba de gestión y apoyo sicológico al gremio. “En 2010 recibimos 5 casos, en 2011 fueron 10, y en lo que va de 2012 hemos recibido a 15 periodistas o familiares de periodistas de

Veracruz, más dos periodistas de Morelos y uno de Coahuila, explica Laura Salas, Relatora para la Libertad de Expresión de la CDHDF. http://www.eluniversal.com.mx/primera/40351.html Aunque no hay registros del desplazamiento forzado del gremio entre estados, organizaciones locales dan cuenta de que la capital se ha convertido en el refugio del exilio periodístico del país.

Artículo 19 tiene registrados 18 comunicadores de provincia que llegaron a la Ciudad de México en 2012 por razones de seguridad. Pero la cifra podría ser mayor, de acuerdo al Oficial de Protección y Seguridad de la organización defensora de periodistas, Ricardo González: “Siempre que vamos a los estados nos enteramos de casos de gente que salió en total anonimato, hay una cifra negra”.

La mayoría de colegas huyó de Veracruz. También de Morelos, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca.

Hay también al menos cinco periodistas mexicanos – todos del norte del país-- huyeron por amenazas y buscaron cobijo en Estados Unidos o Canadá. Dos de ellos, Horacio Nájera (corresponsal de Reforma en Ciudad Juárez) y Jorge Luis Aguirre (director de lapolaka.com) recibieron el asilo en 2010. Alejandro Hernández Pacheco (camarógrafo de Televisa-Laguna, en Coahuila), lo recibió en agosto de 2011, mientras que Emilio Gutiérrez Soto (corresponsal de El Diario, en Ascensión, Chihuahua) y Ricardo Chávez Aldana (conductor de un noticiero en Radio Cañón, en Ciudad Juárez, Chihuahua) esperan todavía una definición legal.

El testimono de Luis Horacio Nájera al CPJ, sin embargo, revela la dura prueba que ha significado el exilio para él y su familia (http://www.cpj.org/es/2010/09/silencio-muerte-prensa-mexicanaapartado-3-1.php) Agresiones contra mujeres periodistas y a usuarios de redes sociales los asesinatos a mujeres periodistas son un fenómeno totalmente nuevo de la violencia contra la prensa en México. Hay 7 casos documentados desde 2005: Lucía Lagunes, directora de CIMAC, explica que hay diferencias entre una agresión a un periodista hombre y una periodista mujer. Claramente en dos cosas: que al hombre lo amenazan directamente y la mujer casi siempre la amenazan con dañar a su familia, y la violencia sexual y la difamación a su integridad. Además, dice, es más fácil que las empresas apoyen a los hombres amenazados, económicamente o para mudarse a otra ciudad. “A las mujeres periodistas, sus medios las dejan solas más fácilmente", afirma.

Otra constante es que la mayoría de las agresiones contra las periodistas proviene de funcionarios y policías. Ángeles Mariscal, una experimentada reportera y corresponsal durante 16 años en Chiapas del periódico La Jornada, ha enfrentado todas esas cosas. Después de ser perseguida y amenazada por funcionarios del gobierno estatal durante varios meses de 2010, la empresa decidió no renovarle el contrato en 2011. El hostigamiento incluyó a su esposo, Isaín Mandujano, corresponsal para el semanario Proceso. “Recibimos correos, mensajes en Twitter, en los que no cuestionan mi trabajo, sino cosas personales. Son mensajes anónimos ofensivos, con expresiones despectivas hacia mí que nada tienen que ver con mi trabajo”, cuenta Mariscal.

La falta de información desagregada por género en los informes –oficiales y de las organizaciones

defensoras de libertad de expresión- orilló al Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) a elaborar un diagnóstico específico de ese tema El informe de violencia contra mujeres periodistas en México 2010-2011 documenta 94 casos de agresiones a mujeres periodistas; en 85 por ciento de ellos la violencia está ligada a su trabajo periodístico y en los otros casos no hay elementos suficientes para establecer un motivo claro. http://www.cimac.org.mx/cedoc/publicaciones_cimac/informe_diagnostico_final.pdf Otro fenómeno emergente: ataques a usuarios de redes sociales Poco después de las 7 de la mañana del sábado 24 de septiembre de 2011, la policía de Nuevo Laredo informó del hallazgo de un cuerpo decapitado de una mujer no identificado hasta ese momento. Junto al cuerpo había dos teclados de computadora, cables, un reproductor de discos y una cartulina con un mensaje que decía: “Ok Nuevo Laredo en Vivo y redes sociales Yo soy la nena de Laredo y aquí estoy por mis reportes y los suyos… para los que no quieren creer esto me paso por mis acciones por confiar en SEDENA y MARINA… Gracias por su atención Atte: La “Nena” de Laredo… ZZZZ” Horas más tarde, las autoridades, informaron que se trataba de la periodista Elizabeth Macías Castro, jefa de redacción del diario Primera Hora --un diario cuyo propietario es el alcalde electo de Nuevo Laredo, Benjamín Galván Gómez--, desaparecida desde la noche anterior.

Hasta entonces, nadie sabía que Macías Castro era también la moderadora y administradora de las redes sociales del sitio de noticias independiente www.nuevolaredoenvivo.es.tl, en cuyo concurrido chat utilizaba el sobrenombre de “la NenaDLaredo”.

El domingo 25, el sitio colocó un moño negro con la leyenda: “NenaDLaredo Q.E.P.D 1972-2011 Siempre te recordaremos”, así como el último mensaje que la periodista escribió, con el seudónimo que usaba, el jueves 22: “Caceria de ratzzz si ven a donde korren esos DENUNCIELOS xfa!!”

Desde el chat del sitio, los usuarios lamentaron el asesinato, que rápidamente se difundió en las redes sociales.

Los medios nacionales e internacionales relacionaron el crimen con otro, ocurrido dos semanas antes en la misma ciudad, en el cual dos jóvenes – que aún no han sido identificados-- fueron torturados y colgados en puente, junto a un mensaje dirigido a blogs que difunden información relacionada con la delincuencia organizada.

Amnistía Internacional consideró el homicidio “una clara amenaza a los usuarios de las redes sociales en las regiones de mayor violencia de México” y llamó a las autoridades mexicanas a “redoblar sus esfuerzos para esclarecer el asesinato”, “llevar a los responsables ante la justicia” y “asegurar un clima en el que los medios de comunicación tradicionales y los usuarios de las redes sociales puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión sin temor”.

Por su parte, la Procuraduría de Justicia estatal emitió un comunicado escueto, que hasta ahora es la única información oficial del caso: “La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que el día 24 de

septiembre, a las 7:45 horas, se recibió aviso por parte de elementos de la Policía Ministerial de que en la Colonia Madero se encontraba un cuerpo sin vida, decapitado y con un mensaje atribuido a un grupo delictivo (...) Este mismo día se identificó a la persona fallecida como María Elizabeth Macías Castro, de 39 años de edad y quien se desempeñaba como jefa de redacción del periódico Primera Hora.

“El Gobierno del Estado expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos afectados por estos lamentables hechos. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas lleva a cabo las investigaciones correspondientes, con el objeto de esclarecer los hechos y hacer cumplir la ley”.

El asesinato de Elizabeth Macías Castro resume varias modalidades de agresiones a la libertad de expresión inauguradas en el sexenio de Felipe Calderón.

Por eso el Comité para la Protección de Periodistas considera que el asesinato de Elizabeth Macías en Nuevo Laredo Crimen “marca un hito” para redes sociales, pues “muestra que frente a grupos delictivos tan influyentes y todopoderosos, el velo de anonimato en Internet ya no ofrece protección”. (http://www.cpj.org/es/2011/09/crimen-de-reportera-marca-hito-para-redes-sociales.php#more) El 24 de octubre de 2010, el portal narcoviolencia.com apareció el siguiente mensaje: “Esto les va a pasar a todos los blog que informe lo que pasa en veracruz , (MUNDONARCO.com y Blog del Narco son los siguientes ) Pónganse ver.., , atte. Los de la letra Zzzzz” Silencio de defensores En el Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos México es el segundo país de América en denuncias de amenazas contra defensores entre 2004 y 2009. (http://www.derechoshumanos.org.mx/extras/download/informe_relatora_defendores_febrero20 11.pdf) El documento fue presentado en febrero de 2011, pero el corte de su estudio fue 2009, por lo que no alcanzó a incluir los asesinatos de Josefina Reyes, Betty Cariño, Marisela Escobedo y Susana Chávez, ocurridos entre enero de 2010 y enero de 2011, pero ya observaba una de las principales caracteristicas de las agresiones a defensores de derechos humanos de este sexenio: El aumento de agresiones y asesinatos de mujeres defensoras.

Otro informe de la ONU elaborado en 2009 por la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, el Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México (http://www.hchr.org.mx/documentos/libros/informepdf.pdf) identifica cuatro “focos rojos”, además del de las amenazas a defensoras, que en 2010 se intensificarían: - Vulnerabilidad de defensores de personas migrantes, frente a las acciones de extorsión y secuestro de parte del crimen organizado - Vulnerabilidad especial de defensores de los pueblos indígenas, en la defensa de los recursos naturales, y de defensores de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales - Aumento del riesgo para periodistas que cubren temas de derechos humanos - Aumento sistemático de agresiones a defensores, frente a un “altísimo” nivel de impunidad que

superó 98.5% de los casos.

“La impunidad constituye el factor que en mayor medida aumenta el riesgo de las y los defensores, pues los deja en una situación de indefensión y desprotección”, dice el reporte, que documenta 128 agresiones contra activistas de enero de 2006 a agosto de 2009, entre ellos 10 asesinatos y tres secuestros. También destaca que “la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública constituye un nuevo reto para el trabajo de defensa”.

Ante falta de investigación sobre los crímenes, tanto defensores como periodistas han optado por el silencio o el exilio. El trabajo de visibilización que han realizado las organizaciones de la sociedad civil de este problema forzó al gobierno federal a tomar medidas para la prevención y protección para periodistas y defensores, pero en ambos casos, las medidas adoptadas son pobres e insuficientes.

La primera rebelión de los periodistas empezó como una etiqueta en la red social Twitter (#losqueremosvivos) el 28 de julio de 2010, cuando todavía no había señales de los cuatro periodistas secuestrados en Gómez Palacio, Durango. Dos semanas después, el sábado 7 de agosto, unos 2 mil trabajadores de medios de comunicación marcharon por la ciudad de México para demandar garantías al ejercicio periodístico. La manifestación, que tuvo réplicas en distintas cuidades y países, ocurrió un día antes de la llegada a México de los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, y de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero.

De esa visita conjunta de los relatores surgió el Reporte Especial de México, que integra una serie de 31 recomendaciones relacionadas con siete temas: violencia, impunidad, autocensura, indebida concentración en la propiedad y control de medios de comunicación, el uso del derecho penal, acceso a la información pública y publicidad oficial.

El gobierno mexicano no autorizó que los relatores regresaran a México, por lo que el informe fue presentado el 24 de octubre de 2011, en una videoconferencia desde Washington. Botero hizo especial hincapié en el tema de la violencia y pidió al gobierno mexicano reconocer, “desde las más altas esferas del Estado”, la legitimidad y el valor de la labor periodística. “Se requiere un discurso que legitime el ejercicio periodístico y que inhiba a quienes estigmatizan a la prensa, no es posible que al que lo critique se le vea como aliado de los enemigos”, dijo la relatora.

El presidente Felipe Calderón se negó a reunirse con los relatores. En sus discursos, el mandatario sostuvo que las agresiones agresiones a la prensa ya no provienen de las autoridades, sino de los criminales, pero la afirmación no tiene ningún sustento estadístico.

De acuerdo con las organizaciones que realizan el monitoreo, la mitad de las agresiones a la prensa proviene de agentes del Estado, ya sean fuerzas policiales o autoridades de los tres niveles de gobierno o de fuerzas policiacas y militares. En todo caso, puede presumirse (porque no hay investigaciones judiciales concluyentes) que las agresiones más graves –asesinatos y desapariciones de periodistas y ataques con armas a medios de comunicación-- provienen de grupos criminales; “Del universo de agresiones registradas, el 49.03% fueron cometidas por alguna autoridad. En contraste, solamente un 26.45% se atribuyen a personas presuntamente vinculadas con grupos del crimen organizado”, dice el informe sobre libertad de expresión en México en 2010, elaborado por

Cencos y Artículo 19 Violencia en México y Derecho a la Información, http://dl.dropbox.com/u/21215461/ARTICLE19-Cencos%20Informe%202010.pdf Los propietarios y concesionarios de medios de comunicación nacionales tampoco están muy dispuesto a cambiar sus prácticas, sacrificar sus ganancias o asumir un compromiso real para la protección de sus trabajadores. Un mínimo intento de solidaridad fue la publicación simultánea en cinco medios de comunicación, el 20 de agosto de 2010, de un texto sobre las presiones de presuntos integrantes de un grupo delictivo contra directivos y reporteros de dos diarios en el estado de Zacatecas, Imagen y La Jornada, para forzar la publicación de información contra elementos del Ejército Mexicano destacados en la región. Pero hasta ahí llegó la iniciativa.

El 24 de marzo de 2011 periodistas de más de 700 medios de comunicación firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia http://www.mexicodeacuerdo.org/acuerdo.pdf impulsado por las televisoras. El controvertido acuerdo de 10 puntos, que entre otras cosas establece no prejuzgar culpables, desechar información que provenga de grupos organizados, hacer coberturas conjuntas y no firmar notas ni hacer enlaces en vivo en zonas violentas, no llegó a cumplir día de vida.

El asesinato de José Luis Cerda Meléndez, un conocido animador de televisión en Monterrey, cuyo cuerpo mutilado fue encontrado en las primeras horas del 25 de marzo, acabó con todas las dudas sobre el comportamiento de los medios ante la violencia.

En octubre de 2011 Artículo 19 presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un reporte sobre los compromisos incumplidos por el Estado mexicano en el diseño de un mecanismo efectivo de protección a periodistas. (http://www.articulo19.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=183:mexicoarticle-19-informa-a-la-cidh-sobre-la-violencia-creciente-contra-periodistas-enmexico&catid=5:boletines)

HECHOS Ante la presión internacional para que México atendiera y abatiera los de ataques y amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos en diversas regiones del país, gracias a la labor de la sociedad civil organizada, se promulgó la Ley de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en junio de 2012.

Entonces, las organizaciones civiles lograron que se creara también el Reglamento de actuación por el que autoridades federales, estatales y municipales debían regirse para el cumplimiento de la ley de protección. Además, los organismos no gubernamentales consiguieron ante la cámara de diputados y senadores, que garantizaran una suma fuerte de presupuesto etiquetado exclusivamente para la implementación de Medidas de Prevención, Protección y las Urgentes: 150 millones de pesos para 2013.

Meses antes de que finalizara la administración pública federal del presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2012, precisamente el periodo considerado el más violento e inseguro en el país durante los sexenios panistas, se instalaron los órganos necesarios para la toma de decisiones sobre el Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el

Consejo Consultivo con representación de sociedad civil y la Junta de Gobierno. Además se dejaron destinados 41 millones de pesos para que en la transición no hubiese pretexto burocrático.

Sin embargo, a dos años de creado el mecanismo lejos de convertirse en referente eficaz y eficiente para las dos poblaciones a las que está destinado, se ha representado a sí mismo, como la respuesta débil de las autoridades gubernamentales ante la violencia contra periodistas.

Ni por contar con un máximo órgano colegiado para la toma de decisiones -la Junta de Gobierno conformada por ocho nueve asientos con voz y voto: Procuraduría General de la República Secretaría de Relaciones Exteriores Comisión Nacional de Derechos Humanos Secretaría de Gobernación Comisión Nacional de Seguridad y Cuatro representantes de Sociedad Civil Cuya labor es emitir mandatos y ordenamientos vinculantes sobre la protección de periodistas y un presupuesto robusto liberado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que asciende a 350 millones de pesos para medidas de protección, las estadísticas han disminuido.

Al contrario, hay indicadores que revelan el incremento de agresiones y amenazas que ponen en peligro la integridad física, financiera y moral de los periodistas, ya no sólo a manos del crimen organizado, sino también por acciones ordenadas y ejecutadas desde las autoridades locales, estatales y mandos federales contra reporteros, trabajadores de los medios y personas que ejercen la libertad de expresión y el acceso a la información.

A dos años de Mecanismo, opera con nueve funcionarios y diez comisionados Al cierre de la administración federal en 2012 y tras la transición gubernamental al sexenio de Enrique Peña Nieto, era previsible un reacomodo de personal de confianza en la Secretaría de Gobernación, instancia federal para ejecutar políticas públicas de primer nivel, de quien depende el mecanismo y donde quedó incrustada la respuesta del estado mexicano para proteger y garantizar la integridad física de los periodistas.

La transición culminó, se terminaron de acomodar los mandos y jerarquías, pero la nueva Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García titular en quien recae la responsabilidad política y operativa del Mecanismo, se reveló como una servidora pública con pocos antecedentes en la defensa y protección de los derechos humanos, que no consiguió estructurar un equipo sólido ni experimentado para tutelar a protección de periodistas en México. Por el contrario, tras despedir y poner en rotación a funcionarios, se denunciaron las prácticas internas bajo las que trabajaba el poco personal: horarios y cargas excesivas, tratos violatorios de derechos, discriminación y acoso, situaciones contrarias al espíritu con que se debían proveer confianza y protección para los periodistas, según consta en una queja aún abierta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por ex trabajadores y funcionarios del Mecanismo.

Desde que inició operaciones el Mecanismo de Protección a la fecha, se han incorporado 110 solicitudes de protección para periodistas, pero la atención a los peticionarios se ha incumplido en

la mayor de las ocasiones, dado que no se aplica el artículo 83, 90 y 91 del reglamento que instruyen una reacción inmediata de máximo 3 horas para determinar la modalidad del caso como extraordinario u ordinario. Si tras elaborar un análisis de riesgo urgente que determine la calidad del caso como ordinario, tampoco se ha respetado el ordenamiento de que en máximo 10 días naturales se elabore el estudio de riesgo para presentarse a la sesión corriente mensual de la Junta de Gobierno y, a su vez, en máximo 30 días naturales, se instalen las medidas aprobadas que fortalezcan la seguridad de periodistas.

Otro aspecto incumplido por los funcionarios a cargo del Mecanismo con la venia de la responsable, la Subsecretaria de Derechos Humanos Lía Limón García, es que contrario a lo que dicta la ley y ordenó la Junta de Gobierno, el personal que actualmente está contratado para labores del Mecanismo, no cumple con el perfil aprobado que se basa en expertiz en materia de derechos humanos y análisis de riesgo, por lo que la construcción del instrumento para evaluar y cuantificar el nivel de riesgo de los periodistas, no ha sido perfeccionado y su aplicación recae en inexpertos funcionarios y personal con pocas competencias sobre seguridad y riesgos.

Precisamente por incumplimiento del reglamento y acumulación de errores que han recolocado en vulnerabilidad a los periodistas que se acercan al mecanismo para obtener protección, en abril de 2014 los representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas, tras advertir en reiteradas ocasiones las fallas estructurales y operativas, nos retiramos de la Junta de Gobierno en tanto no se cumplieran tres mínimas condiciones para continúan funcionando el Mecanismo: política laboral apegada a derechos humanos, un coordinador operativo con perfil y experiencia en el ámbito de los derechos humanos y una respuesta de cómo abatir el rezago que ascendía a más de 85 solicitudes de incorporación y protección que estaban sin atención y fuera de término legal.

Las cosas no solo no han cambiado, sino que han aumentado las agresiones: A partir de diciembre de 2012, después de la implementación del Mecanismo de Protección…

A partir del 1º de diciembre de 2012 en el sitio web Periodistas en Riesgo: (https://periodistasenriesgo.crowdmap.com) ha registrado más de 190 reportes de incidentes en los que periodistas y blogueros de México fueron agredidos. Este sitio web es una herramienta que permite a los usuarios realizar sus propias denuncias a través de un formulario en línea, donde detallan el tipo de agresión, la localización geográfica, la fecha y, de ser posible, el agresor o responsable. Cuando un usuario realiza un reporte de agresión, la información pasa por un proceso de verificación de datos y sólo después de ello es publicada por el editor del sitio web.

El sitio Periodistas en Riesgo es –en otras palabras– una base de datos pública, diseñada para ser elaborada por los propios periodistas que, además de llevar una memoria de las agresiones, permite a sus usuarios hacer análisis de riesgo inmediatos de acuerdo a un área geográfica específica, dado que la información se puede visualizar en un mapa de la República Mexicana sin necesidad de procesarla.

Esta herramienta digital comenzó a funcionar justo en el momento en el que inició la administración de Enrique Peña Nieto (se implementó el Mecanismo de Protección…) y –hasta ahora– de los incidentes denunciados, las agresiones a periodistas más comunes son las amenazas,

los golpes, el robo o destrucción de equipo, los ataques verbales y la detención arbitraria. En número le siguen los ataques a instalaciones de medios, la tortura, los homicidios, los secuestros y las campañas de desprestigio. También se dan, aunque con menor frecuencia, acoso legal, desaparición, espionaje, agresiones digitales y cobertura forzada.

PORCENTAJE DE AGRESIONES (CADA REPORTE REGISTRADO MEDIANTE EL MAPA DIGITAL PUEDE INCLUIR UNO O MÁS TIPOS DE AGRESIÓN1)

A dos años de la implementación del Mecanismo de Protección… las agresiones en general a periodistas no han disminuido.

En un periodo de 20 meses, 11 periodistas han sido asesinados en México. Los homicidios de se concentraron geográficamente en los estados del centro-sur y noreste del país. Dos en Tamaulipas, dos en Oaxaca, y uno en cada uno de los siguientes estados: Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Coahuila, Puebla, Chihuahua.

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Con el objetivo de hacer un análisis más amplio de la violencia en contra de periodistas y blogueros en México, las categorías de tipo de agresión están divididas en cuatro grandes grupo: agresiones físicas, psicológicas, legales y digitales. Cada una de ellas se divide en otras subcategorías como asesinato, amenaza, detención arbitraria o espionaje.

REPORTES DE HOMICIDIOS (DICIEMBRE 2012-SEPTIEMBRE 2014) Las agresiones más recurrentes En 21 de las 32 entidades de la República se han denunciado incidentes que involucran golpes en contra de periodistas mientras realizan su labor o como represalia a sus publicaciones.

La región donde más golpean a los periodistas por realizar su trabajo es en el centro-sur del país.

La lista la encabeza el Distrito Federal con más de 30 incidentes denunciados que incluyen golpes a fotógrafos y reporteros. Le siguen Veracruz (nueve); Guerrero (siete); Oaxaca (seis); Puebla (cuatro); Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Baja California y Coahuila (tres); Tamaulipas (dos); Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México, Michoacán, Quintana Roo, Chiapas, Nuevo León, Sonora (uno).

Este tipo de agresión suele ir acompañada de otras agresiones físicas, generalmente robo o destrucción de equipo, o legales, como la detención arbitraria.

AGRESIÓN A GOLPES (DICIEMBRE 2012-SEPTIEMBRE 2014) Las amenazas a periodistas también son comunes en el centro-sur del país y en los estados del norte su presencia es significativa. Los estados en donde más amenazan a periodistas es Veracruz y Oaxaca (doce); seguidos por el Distrito Federal (siete); Sinaloa (seis); Baja California, Morelos (cinco); Coahuila, Tamaulipas (cuatro); Chiapas, Chihuahua (tres); Jalisco, Puebla, Estado de México, Guerrero, Durango (dos); Guanajuato, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Aguascalientes (uno).

Las amenazas a periodistas se presentan como una primera agresión que generalmente precede a otra más grave. Sin embargo, en México nos enfrentamos a una cultura de la no denuncia y de la trivialización de la violencia psicológica, lo que deriva en la falta de prevención de las agresiones graves.

Otro factor importante que imposibilita la denuncia de las amenazas es la censura interna que las empresas de comunicación ejercen en contra de sus empleados. Los periodistas no denuncian las agresiones en general para proteger su empleo porque sus jefes o contratos laborales les prohíben tácita o de manera sesgada que en caso de agresión no hagan denuncias públicas o ante autoridades.

Estos dos factores, el cultural y el laboral, añadidos a la inactividad de las autoridades responsables de la prevención de la violencia, la protección en caso de amenaza y la resolución de los crímenes en contra de los periodistas, ha derivado en el escenario actual de censura en México.

AMENAZAS (DICIEMBRE 2012-SEPTIEMBRE 2014) Estas son los dos tipos de agresión más comunes, pero también las formas que utilizan las autoridades para evitar la labor de los periodistas. Es por ello que no es casual que los informes de ONG’s de ataques en contra de la prensa señalen a las autoridades como principales agresores.

Los agresores más recurrentes En el caso de los incidentes denunciados desde el 1º de diciembre de 2012, dentro del tipo de agresión más frecuente: golpes, los actores de la agresión fueron en su mayoría policías que actuaron con o sin órdenes en contra de la prensa.

El primer incidente de este tipo sucedió el 1º de diciembre en el Distrito Federal, durante las manifestaciones en contra de la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto. El cuerpo de granaderos agredió a reporteros y fotógrafos, así como a los manifestantes, para evitar que se documentaran los hechos. Situación que la Policía del Distrito Federal reprodujo durante todo el año de 2013 en diversas manifestaciones, siendo la marcha de aniversario de la masacre de estudiantes el 2 de octubre el evento en donde más de 40 comunicadores resultaron heridos.

FOTÓGRAFO AGREDIDO POR POLICÍAS DE LA SSP-DF DURANTE MANIFESTACIÓN DEL 2 DE OCTUBRE DE 2013 Otras agresiones semejantes han sucedió recientemente en Puebla, donde el gobierno de Rafael Moreno Valle promovió la publicación de la llamada “Ley Bala” y legalizó el uso de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado en contra de cualquier manifestación multitudinaria. A partir de ello, diversas organizaciones han señalado esta ley de violatoria de los derechos humanos y periodistas han resultado heridos durante enfrentamientos entre manifestantes y policías.

FOTÓGRAFO HERIDO DURANTE ENFRENTAMIENTO ENTRE MANIFESTANTES Y GRANADEROS EN

CHALCHIHUAPAN, PUEBLA, EL 9 DE JULIO DE 2014 Las amenazas directas o veladas y los actos intimidatorios –que incluyen robo o destrucción de equipo– son las formas más comunes de agresión de los funcionarios públicos en contra de los periodistas. Estas agresiones suceden para evitar que los periodistas realicen su labor informativa y las realizan los cuerpos policíacos la mayoría de las veces.

El incidente más reciente de un periodista al que robaron su equipo de trabajo, golpearon y amenazaron por realizar su labor sucedió en un estado donde no es común que se denuncien las agresiones: Guanajuato. Un grupo de personas pagadas por funcionarios públicos, encabezados por el jefe de la policía local de Silao, golpearon a una periodista en su propia oficina y la amenazaron diciendo que debía cuidar que la información de sus notas no fuera crítica.

Este análisis breve de las tendencias en las agresiones en contra de periodistas durante los últimos 20 meses (diciembre 2012-septiembre 2014), ejemplifica como la violencia en contra de periodistas en México no sólo no ha disminuido sino que ahora sucede en entidades donde en años anteriores al Mecanismo de Protección… no era evidente, como Baja California, Guanajuato y Puebla.

FUENTES PROBATORIAS Audiencia Pública sobre la situación de periodistas y defensores http://www.youtube.com/watch?v=kpbAaprA-bs Periodistas de Jalisco denuncian censura http://www.youtube.com/watch?v=3wOMQwQobhY Periodistas en exilio http://www.eluniversaltv.com.mx/detalle.php?d=32391 http://cpj.org/es/2010/09/silencio-o-muerte-prensa-mexicana-video.php http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-10265-video-periodista-de-veracruz-describe-comologro-huir-de-mexico-para-salvar-su-vida Silencio Forzado http://vimeo.com/38841450 Mapa de agresiones https://periodistasenriesgo.crowdmap.com/ Artículos de la crisis en el mecanismo y conferencia de prensa de organizaciones http://www.animalpolitico.com/2014/03/mecanismo-de-proteccion-periodistas-y-defensoresdeficiencias-y-poca-atencion-deautoridades/ http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&la yout=blog&id=5&Itemid=189&lang=es&limitstart=15 http://www.frontlinedefenders.org/es/node/ 25621 http://www.cimacnoticias.com.mx/node/66020 Artículo (Qué hacemos con el mecanismo? Publicado en Palestra http://ns.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=964886

RESPUESTA INSTITUCIONAL Las fallas de estructura institucional en SEGOB derivan deficiencias al momento de proveer de protección A dos años de haber entrado en vigor la política pública de orden general para proteger periodistas, la estructura mínima diseñada para mitigar las estadísticas y elevar las capacidades de seguridad en que se ejerce el periodismo, tampoco se ha respetado conforme a lo que dicta la Ley y el Reglamento: el Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se diseñó con tres unidades para su funcionamiento, con miras a que la apuesta fuera no mantener perenne tal instancia, sino a ir disminuyendo los casos críticos de violencia contra periodistas derivados del ejercicio de la libertad de expresión.

A septiembre de 2014, sólo opera: - Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida con cinco funcionarios sin experiencia en el tema.

- Unidad de Evaluación de Riesgo con dos funcionarios también sin experiencia La Unidad de Seguimiento, Análisis y Prevención no se ha conformado (por lo que no se han generado mapas de riesgos, sistematización de agresiones, patrones de actuación, seguimiento a la consignación de delitos por parte de la entidad responsable la FEADLE, ni diseñado estrategias de prevención o capacitación para los servidores públicos y gobiernos que en reiteradas ocasiones vulneran o ponen en riesgo el ejercicio periodístico) Se creó y una comisión emergente autorizada en abril de 2014 de diez funcionarios federales que fueron velozmente capacitados por la organización internacional Freedom House financiada por la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID), para convertirse en analistas de riesgo en menos de 15 días.

En el marco de un memorándum de entendimiento entre la ONG estadounidense y la Secretaría de Gobernación, expertos colombianos entre expolicías y consultores estratégicos, inició una etapa de fortalecimiento al Mecanismo para mejorar instrumentos de evaluación, procesos administrativos y asuntos gerenciales para procesar casos, recayendo, buena parte de la responsabilidad, en los expertos externos más que en el personal contratado para tales funciones.

A lo que se suma un debilitamiento en la interacción entre la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo con organizaciones de la sociedad civil que venían trabajando desde tres y cuatro años atrás en la creación de la instancia.

Así como tampoco ha habido un seguimiento al impacto de la implantación de medidas de seguridad para obtener datos que representen si la instalación de protección a mejorado las condiciones en que ejerce el periodismo, si se concretó la reparación de daño o si la fuente de agresión, sobre todo la gubernamental, erradicó la práctica de hostigamiento, amenaza o ataque contra los periodistas.

Motivos políticos para ineficaz operación del Mecanismo: -Poca experiencia en la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón García tras el periodo de transición en la defensa y promoción de los mismos.

-Hacia el interior de la SEGOB no realiza gestiones adecuadas para obtener pleno reconocimiento

de la Oficialía Mayor y el Secretario y respuestas operativas de consolidación al Mecanismo.

-Pocas gestiones hacia el exterior con gobernadores y otras entidades involucradas en la protección.

Motivos operativos de ineficaz: • La estructura administrativa y operativa del Mecanismo no goza de autonomía y oficialmente dentro de SEGOB no existe, sino como un programa agregado a la Unidad de Derechos Humanos.

• El Mecanismo por Ley fue concebido para que operara mínimo con 26 plazas administrativas cuyo personal debía responder a los Perfiles aprobados por la Junta de Gobierno (experiencia en Derechos Humanos, capacidades y competencias sobre el manejo de estrés y estrategias de protección). Actualmente solo hay 10 personas contratadas.

• Constante rotación de personal por excesivas cargas de trabajo, abusos de autoridad, discriminación y misoginia denunciada por ex trabajadores ante la CNDH. Desde noviembre de 2012 a agosto de 2014, según los reportes entregados a los integrantes de la Junta de Gobierno en representación del Consejo Consultivo, se han incorporado 110 solicitudes de protección para periodistas, pero la atención a los peticionarios se ha incumplido en la totalidad de los casos al no aplicarse el artículo 83, 90 y 91 del Reglamento de la Ley de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que instruyen una reacción inmediata de máximo 3 horas para determinar velozmente el riesgo, la modalidad del caso como extraordinario u ordinario.

También se ha incumplido tras determinar si son Extraordinario u Ordinarios los casos, en el máximo de 10 días naturales que ordena la Ley para elaborar el Estudio de Riesgo, presentar a la Junta de Gobierno el caso y, a su vez tras aprobar el expediente, en máximo 30 días naturales instalar medidas aprobadas que fortalezcan la seguridad e integridad física de los periodistas.

El Mecanismo no existe A nivel estructura orgánica dentro de la Secretaría de Gobernación, la figura del Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos si bien es reconocida por la SHCP y la Oficialía Mayor, está insertada en la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos sin una independencia de plazas, espacio físico ni presupuesto operativo, por lo que alrededor de diez funcionarios de confianza bajo las órdenes de la Subsecretaria de Derechos Humanos Lía Limón García, fungen dos labores al mismo tiempo: una de la Unidad y otra del Mecanismo por el mismo salario. Lo que convierte al Mecanismo, en una figura que formalmente no existe y por lo tanto, carece de alta gestión política para el acatamiento interinstitucional dentro y fuera de la SEGOB.

EVALUACIÓN DE RESPUESTA DE AUTORIDADES Autoridades en Junta de Gobierno A la situación anterior se suma el bajo desempeño e involucramiento de las autoridades que conforman la Junta de Gobierno con voz y voto, ya que pese a que el Reglamento del Mecanismo ordena que a las sesiones de votación asista un “director general o equivalente con facultades para la toma de decisiones”, acuden representantes de oficina sin perfil jerárquico y por tanto el nivel de las discusiones se torna retrógrada:

-La CNDH el representante asignado, el Quinto Visitador Fernando Batista -La Secretaría de Relaciones Exteriores el embajador Gómez Robledo -La Procuraduría General de la República representada por el Subprocurador de Derechos Humanos y la FEADLE -La Subsecretaria de Derechos Humanos en su calidad de presidenta de la Junta de Gobierno De las 21 sesiones ordinarias a las que les ha correspondido acudir, no han asistido ni siquiera a diez sesiones continuas durante 22 meses de operación del Mecanismo.

En particular la actuación de la Fiscalía de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR – FEADLE, no coadyuva en la construcción de evaluaciones de riesgo al no generar reportes sobre las investigaciones que realiza en torno a los casos de periodistas que solicitan protección y simultáneamente interponen denuncias en el Ministerio Público.

El papel indiferente de los gobiernos locales La Ley de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Reglamento del que se deriva el Mecanismo de Protección, ordenan la celebración de convenios de cooperación con los gobiernos estatales a fin de garantizar el cumplimiento de medidas y su respectivo involucramiento. De las 32 entidades federativas, 31 firmaron el convenio en los meses de la transición gubernamental, excepto por el gobierno del Distrito Federal. Sin embargo tales convenios no se han traducido a reacción inmediata porque las entidades federativas no han nombrado un enlace fijo con capacidad de operación para casos de urgencia y corresponsabilidad de las autoridades estatales cuando de desplazamiento forzado o traslado seguro se trata.

Al acudir a las sesiones de la Junta de Gobierno los representantes de los gobiernos estatales, lejos de atender los ordenamientos del máximo órgano para la toma de decisiones, replican, reniegan, cuestionan y desestiman los conceptos pro persona y obligatoriedad para cumplir los planes de seguridad que en ocasiones los implican.

En el caso de estados que ya cuentan con consejo o mecanismo estatal de protección para periodistas, la articulación tampoco ha sido eficiente y una evidencia es la reiterada revisión de casos de amenaza, agresión y hostigamiento contra periodistas que provienen de Veracruz, Distrito Federal, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

Finalmente después de un año y medio por inconsistentes trámites burocráticos y desatención en la gestión administrativa de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el Fideicomiso para operar los recursos del Mecanismo entró en funciones hasta 2014 con un acumulado de 350 millones de pesos, un anexo técnico estrecho asignado a una empresa con antecedentes irregulares RCU…

DERECHOS VIOLADOS Cuando se agrede a un periodista no sólo se violan sus derechos individuales, también se violan, como sociedad, nuestros derechos colectivos. Y es que la libertad de expresión constituye uno de los ejes sobre los que se fundamenta la democracia. Gracias a la libertad de expresión y de información, podemos construir nuestra exigencia para el pleno ejercicio de otros derechos, ejercer de modo más eficaz nuestra ciudadanía y fortalecer el tejido social.

En los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos 19 y 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se señala que toda persona tiene derecho a la libertad opinión y expresión, derecho que comprende el no ser molestado a causa de sus opiniones, así como la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

En la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma que la libertad de expresión es, en todas sus formas y manifestaciones, un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas y no una concesión de los Estados.

Además, en la Declaración se establece que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa. En este sentido, la violencia y los ataques dirigidos a los periodistas y comunicadores constituyen violaciones a los derechos humanos.

Principio 9 “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

En el 2010 de acuerdo al Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la ONU recomienda a México: a) Reconocer la importancia de la labor periodística y condenar enérgicamente las agresiones cometidas en contra de la prensa; b) Fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República así como a los órganos locales de procuración y administración de justicia; c) Adoptar las medidas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión; d) Dotar a la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales de mayor autonomía y mayores recursos; e) Adoptar protocolos especiales de investigación para crímenes y delitos cometidos contra periodistas en virtud de los cuales la hipótesis según la cual el crimen o delito habría sido cometido con motivo de su actividad profesional sea necesariamente privilegiada y agotada; f) Fortalecer a los organismos públicos de derechos humanos y crear programas especializados sobre libertad de expresión y protección a periodistas en las comisiones estatales de derechos humanos;

g) Establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas. Dicho mecanismo debería ser implementado a través de un comité oficial e interinstitucional de alto nivel; ser liderado por una autoridad federal; contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; gozar de recursos propios y suficientes; y garantizar la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación.

El Relator Especial toma nota de la suscripción, el 3 de noviembre de 2010, del Convenio de Colaboración para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas entre las Secretarías de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública Federal, Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; h) Capacitar a las fuerzas de seguridad en materia de libertad de expresión.

También, el 9 de abril de 2013,La Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Consejo de Derechos Humanos, hizo un exhorto a los Estados a promover un entorno seguro y propicio para que los individuos y los grupos puedan ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación, velando además porque sus leyes y procedimientos nacionales relacionados con estos derechos se ajusten a sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Se violan los derechos escritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos: Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

Se viola la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el artículo 24: Las agresiones se configurarán cuando por acción u omisión o en aquiescencia se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica de: I. Persona Defensora de Derechos Humanos o Periodista; II. Cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de las Personas

Defensoras de Derechos Humanos o Periodista; III. Personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, organización, o movimiento social; IV. Los bienes de la persona, el grupo, organización, o movimiento social, y V. Las demás personas que se determine en la evaluación de riesgo.

Se viola el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos donde se manifiesta que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; donde se incluye el derecho a no ser molestada (o) a causa de opiniones, de investigar y recibir información u opinión, así como difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.

ACUSACIONES • •

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Acusamos al Estado Mexicano de violar los derechos de libre expresión y opinión de los periodistas y la sociedad mexicana.

Acusamos a la Secretaría de Gobernación de simular una política garantista y de protección de los periodistas ante la comunidad internacional, valiéndose de un convenio con Freedom House (USAID).

Acusamos a la Procuraduría General de la República y a la FEADLE de no investigar a profundidad las agresiones en contra de periodistas y así perpetuar la impunidad y la violencia.

Acusamos a la CNDH de no emitir medidas cautelares adecuadas en tiempo y forma.

A los gobiernos locales de no emprender acciones preventivas de protección, obstaculizar investigaciones y criminalizar a los periodistas.