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Buscan sancionar con cinco años de cárcel a quienes practiquen bullying

El congresista Ricardo Rubio Torres a través de una iniciativa de ley busca imponer penas de 6 meses a 5 años de prisión, dependiendo del caso concreto en la Ciudad de México a quienes practiquen el bullying u acoso escolar en los planteles educativo, “para ello se busca adicionar un artículo 148 Ter al código penal para el Distrito Federal, y adicionarlo como un nuevo delito”.
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Rubio expuso “la propuesta busca sancionar a quienes ejerzan con intención violencia física, verbal o psicológica a cualquier estudiante de forma reiterada y a lo largo del tiempo, con lo que se impondrían penas desde los 6 meses, hasta los 5 años de prisión, dependiendo del caso concreto del cual se trate”.
Resaltó, “si bien los niños no pueden ir a prisión, se trata de una medida disuasoria del delito, es una propuesta que busca concientizar a los más pequeñitos de nuestra Ciudad, que el acoso escolar se trata de una conducta delictiva”.
Manifestó, “las y los estudiantes de educación media superior sí podrían llevar procesos penales ante los tutelares de menores de la capital por la comisión de este nuevo delito, y a partir de la educación superior las y los acosadores podrían ir a los diferentes reclusorios de la metrópoli”.
Aseveró, “el acoso escolar no sólo se trata de una conducta que se comete entre estudiantes, sino que en ocasiones incluso llega a cometerse por docentes, quienes abusando de su relación bloquean académicamente a sus alumnos convirtiéndose en un hostigamiento, tal que algunas veces produce que el alumno llegue a pensar en el suicidio, o en los peores casos de facto acabe con su vida”. El también integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mencionó de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Barcelona, la falta de un tipo penal específico de bullying o acoso escolar, genera que las y los estudiantes afectados por estas conductas “tengan que acudir, en el mejor de los casos a otros tipos penales que se asemejen, y en los casos más tristes y más graves, las y los estudiantes lamentablemente se quiten la vida”.
Habitantes, concejales y legisladores de la alcaldía de Gustavo A. Madero, exigieron detener la violencia que azota a las mujeres en la demarcación, y declarar como estado de emergencia en la jurisdicción, “queremos más policías, nuevas políticas públicas a favor de mujeres y coordinación entre la alcaldía con el gobierno de Claudia Sheinbaum para frenar la embestida que hay en contra de nuestras niñas, jóvenes y mujeres que tienen miedo ya de salir de sus casas”.
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En conferencia de prensa el diputado Diego Garrido López refirió que desde 2021 “la GAM se ha posicionado como una de las demarcaciones donde se han cometido más feminicidios en el país, con nueve delitos de este tipo cometidos entre enero y agosto de ese año, ocupando en ese entonces el sexto lugar entre los 100 municipios con más feminicidios a nivel nacional, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Apuntó, “en los primeros cinco días de enero del 2023 se registró el primer feminicidio del año en calles de la GAM, ocurriendo en la zona del bajo puente de Río de los Remedios y Acueducto de Guadalupe, en donde localizaron a un hombre ensangrentado que se dirigía a tirar el cadáver de su pareja”.
Mencionó, “a su vez el Semáforo Delictivo indicó que tan sólo en el mes de enero de 2023 en GAM ocurrieron 30 delitos de violación, muy por encima de la media establecida (19) y por encima también de como cerró en 2022, en diciembre de 2022 ocurrieron 20 delitos de violación y 305 de violencia familiar”.
Destacó, “hemos recibido muchas quejas de los vecinos de Gustavo A. Madero y peticiones sobre asesoría a efecto de saber la forma para iniciar con la revocación de mandato al alcalde Francisco Chíguil Figueroa, de acuerdo a la Constitución local y a la Ley de Participación Ciudadana se requiere del 10 por ciento de las firmas del listado nominal. Gustavo A. Madero tiene un millón de electores, entonces se estarían requiriendo alrededor de 100 mil firmas para efecto iniciar el trámite conducente”.
La legisladora local Ana Villagrán Villasana reiteró su intención de que la iniciativa para sancionar con dos a seis años de prisión al robo de bicicletas particulares y concesionadas como las de Ecobici.
Recordó que el 18 de octubre pasado fue la primera ocasión que presentó esta iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México, “de acuerdo a datos de Ecobici de junio de 2022 a la fecha se han robado 827 bicicletas y no hay ni un consignado a este delito. Las antiguas Ecobicis costaban alrededor de 20 mil pesos y con el nuevo sistema de localización 75 mil pesos”.
Señaló, “por lo que es importante castigar a quien robe alguna de ellas. Quien roba vehículos concesionados también le está robando a la Ciudad y es injusto porque nos cuesta a todos, Ecobici nos cuesta al año 200 mil pesos en mantenimiento”.
Refirió, el director general de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad Guillermo Ávila, dio a conocer el aumento de robo de Ecobicis, al tiempo en que pidió evitar la compra de ellas por el mercado negro que se venden entre mil 500 a dos mil pesos. “Por ello se busca que en la capital haya una agravante en el tema de bicicletas y que exista justicia para que pedalear no se convierta en una actividad de alto peligro para los 340 mil ciclistas de la capital, debemos dejar de tener miedo de castigar a los culpables”.