ESPECIAL - EL ROMPECABEZAS DEL GOLPE

Domingo 27 de marzo de 2022

ESPECIAL

El rompecabezas del Golpe

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27.03.2022

REDACCIÓN CENTRAL

Distintos actores políticos de derecha, tanto internos como externos, fueron los artífices del golpe de Estado que terminó con 34 años de democracia en Bolivia e instauró un gobierno de facto que autorizó el uso de la violencia causando la muerte de más de 38 personas.

E

l golpe, como develó recientemente Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, recibió asesoramientos de terceros, a lo que se suman otros actores e incluso países afines a la derecha que coadyuvaron con el envío de armamentos para reprimir al pueblo boliviano.

Con anticipos de un discurso de supuesto fraude electoral y anuncios del líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, de no acatar los resultados, los bolivianos acudieron el 20 de octubre a las urnas para elegir presidente. Evo Morales Ayma ganó las elecciones con el 47,08% y Mesa logró el 36,51%, resultado que otorgaba una victoria de más de 10 puntos y con apenas unas décimas evitaba tener que ir a segunda vuelta.

Esto generó un clima de confusión azuzando a la gente acusando de fraudulento al proceso eleccionario apoyado por una OEA parcializada.

Empezaron las infundadas manifestaciones que derivaron en un paro indefinido con bloqueos y marchas.

El 25 de octubre, Morales fue declarado ganador de las elecciones con el 100% de las actas computadas, consiguió una diferencia de 10,55% frente a su inmediato contendiente.

El rechazo de Mesa a los resultados levantó mayores protestas en todo el país hasta que el 30 de octubre en Montero, a 60 kilómetros de Santa Cruz, Mario Salvatierra, de 60 años, y Marcelo Terrazas, de 48, murieron a consecuencia de heridas de bala.

Al día siguiente, la OEA inició la auditoría sobre el recuento de votos.

Entonces, Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, radicalizó a la oposición y junto a su padre cautivaron al Ejército y a la Policía para abandonar al Gobier-

El rompecabezas del Golpe

LOS HECHOS EMPEZARON ANTES DEL 10 DE NOVIEMBRE

Un golpe planificado que irrumpió la democracia boliviana Se obligó a que el presidente electo Evo Morales renuncie, luego de la advertencia por parte de los militares y los policías.

El principal argumento es que ella ha sido una gobernante de facto, que ha estado a cargo de una organización prácticamente criminal que ha llevado adelante la muerte de bolivianos”.

Iván Lima Ministro de Justicia

no constitucional y causar un motín policial y militar.

El 6 de noviembre se registró la tercera muerte, fue Limberth Guzmán, de 20 años, y Camacho quiso entregar al presidente Morales una carta de renuncia para que la firmara. Entonces, protegido por policías el cívico decidió quedarse en La

Paz hasta lograr la renuncia de Morales.

Dos días después, tres unidades policiales se amotinaron en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, y al siguiente día el motín había tomado Bolivia. El Gobierno descartó una operación militar contra los sublevados.

Para reducir el impacto de dejar al país sin las fuerzas del

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RUPTURA DEMOCRÁTICA El 10 de noviembre fue un día descollante para la democracia, por la mañana la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un informe preliminar con claro sesgo intencional. Morales convocó a nuevas elecciones en Bolivia y a un cambio total del órgano electoral después de que la Central Obrera Boliviana, la Policía y el Ejército pidieran la renuncia del presidente Evo Morales.

A las 18.00, Morales decidió dimitir a su cargo para pacificar al país, evitar más muertes y proteger a los bolivianos de un conflicto armado por la derecha neoliberal.

El 11 y 12 de noviembre de 2019, según la Conferencia

Episcopal de Bolivia (CEB), en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB), se reunieron representantes de la Unión Europea y de la Embajada de España, la cúpula de la Iglesia Católica y líderes políticos de frentes con representación legislativa como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, que derivó en la autoproclamación de Añez.

AÑEZ La exsenadora por Demócratas Jeanine Añez admitió que violó el Reglamento de Debates de la Cámara Alta y la Constitución Política del Estado para asumir la presidencia de facto en octubre de 2019, previa coordinación con los jefes opositores Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, representantes de la Iglesia Católica y de la Unión Europea.

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Juicio ordinario por el caso Golpe de Estado II

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PERSONAS FALLECIERON en los hechos de 2019, de acuerdo con el informe presentado por el GIEI Bolivia.

La afirmación se desprende del acta de declaración de la denunciada de 18 páginas con respuestas a 30 preguntas formuladas por el Ministerio Público en el marco del caso Golpe de Estado, preguntas planteadas entre el 7 y 8 de junio de 2021 en el centro penitenciario de Miraflores, en la ciudad sede de gobierno.

A la consulta: “¿Diga usted si su persona fue presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, de ser así a partir de cuándo y hasta cuándo, y si conoce las funciones que le atribuyen en relación al cargo mencionado?”, Añez respondió los pormenores que se registraron en ocho páginas, donde se contemplaron contradicciones que muestran su culpabilidad.

Recientemente, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, expuso las razones jurídicas por las que la expresidenta de facto Jeanine Añez debe enfrentar un juicio de responsabilidades a raíz de la firma del Decreto Supremo 4078, que permitió que las fuerzas del orden disparen en contra de la población civil y se generen masacres.

“El principal argumento es que ella ha sido una gobernante de facto, que ha estado a cargo de una organización prácticamente criminal que ha llevado adelante la muerte de bolivianos”, dijo.

Explicó que, en el marco del principio de verdad material, es posible llevar adelante un juicio de responsabilidades por las masacres cometidas durante el gobierno de facto, lo que no significa que se reconozca la permanencia de Añez en el Palacio Quemado como constitucional.

En la recta final de este marzo otoñal, tres hechos vinculados a la exsenadora Jeanine Añez, que el próximo lunes enfrentará el inicio de un juicio ordinario, abren las heridas de los sucesos de 2019 en la conciencia colectiva boliviana.

En el primero de ellos, el gobierno de Luis Arce y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecieron un plan de trabajo para la implementación de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia) por las masacres de 2019.

El 15 de noviembre de ese año, a tres días de autoproclamarse presidenta, en el desarrollo de intervenciones militares para aplastar protestas ciudadanas, murieron 11 civiles en Sacaba y otros 120 resultaron heridos.

El 19 de noviembre, en Senkata, El Alto, otros 11 civiles fallecieron y 78 resultaron heridos. La CIDH calificó ambos acontecimientos como masacres.

El segundo hecho vinculado esta semana al régimen de Añez se registró cuando el Ministerio Público declaró a su exministra de Comunicación Roxana Lizárraga en rebeldía por no presentarse a declarar por la internación ilegal de armamento no letal desde Ecuador, cuyo presidente, Lenín Moreno, autorizó el envío.

Y para el lunes 28, el Tribunal 1° de Sentencia Anticorrupción de La Paz tiene previsto iniciar el juicio oral contra Añez, el exalto mando de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor de la Policía por el caso denominado Golpe de Estado II. El caso Golpe de Estado II se refiere a las acciones que la exsenadora tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado para asumir en 2019 la presidencia del Estado de forma inconstitucional.

El abogado Macelo Valdez, de la parte acusadora, dijo a la televisora privada ATB que pedirá 20 años de reclusión para Añez y recordó que en este caso los excomandantes Gonzalo Terceros, de la Fuerza Aérea, y Palmiro Jarjuri, de la Armada, fueron sentenciados en juicio abreviado a tres años de prisión en los penales de Patacamaya, La Paz, y Palmasola, Santa Cruz, respectivamente. (ABI) Momento en que militares le imponen la banda presidencial a Jeanine Añez.

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orden, el Presidente llamó a un diálogo abierto; hasta entonces se incendiaron las casas de dirigentes del MAS y autoridades de Gobierno.

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Los líderes políticos Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC); Jorge Tuto Quiroga, de Acción Democrática Nacionalista (ADN); Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional (UN); el entonces presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Luis Fernando Camacho, y ahora Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gonzalo Sánchez, son los actores directos del golpe de Estado de 2019.

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a afirmación se desprende del acta de declaración de Jeanine Añez, de 18 páginas con respuestas a 30 preguntas formuladas por el Ministerio Público, en el marco del caso Golpe de Estado I, que fueron planteadas entre el 7 y 8 de junio del año pasado en el centro penitenciario de Miraflores, de la ciudad sede de gobierno.

Entre las páginas 5 y 13, la exsenadora relata que cuando se encontraba en Trinidad, el 10 de noviembre de 2019, a las 18.00, fue contactada por Ricardo Paz (asesor de Carlos Mesa), quien le puso en altavoz para que sea parte de una reunión en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB), en la que participaron monseñor Eugenio Scarpellini y Eugenio Pesoa, en representación de la Iglesia Católica; el embajador de la Unión Europea (León de la Torre); el embajador de España, Emilio Pérez de Agreda; el exembajador de España, Carmelo Angulo; la agre-

Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con militares para que no salgan. (...) Mi padre intervino ante la Policía y cuando tuvieron la seguridad de que no iban a salir”.

Luis Fernando Camacho Excívico cruceño.

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SE REUNIERON EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA PARA ELEGIR

Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medi Camacho y Berzaín, actores del

Jorge Quiroga admitió que gestionó con autoridades de la Fuerza Aérea Bo vuelo del jefe del MAS a México. Samuel Doria Medina participó de reunion gada política de la embajada de España, Cristina Arreguero, y otros actores políticos, buscando la alternativa para una sucesión presidencial.

La reunión fue convocada por la alta jerarquía de la Iglesia Católica después de que el 8 de noviembre el Alto Mando de la Policía Boliviana instruyó un motín que se inició en Cochabamba. Así como la sugerencia de renuncia a Evo Morales a la presidencia del país por el Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas (FFAA) el 10 de noviembre de 2019.

MESA El postulante presidencial por CC, Carlos Mesa, en 2019, en un cabildo de San Francisco, convocó a una movilización nacional para desconocer los resultados basado en un preinforme de la Organización de Estados Americanos (OEA) que nunca habló de fraude, sino de irregularidades en algunas mesas que nunca fueron demostradas.

El 21 de octubre de 2019 dijo: “Queremos remitirnos a los cabildos que fueron clarísimos en decir que la sociedad boliviana no iba a reconocer un resultado manejado fraudulentamente como en este caso. Lo que los cabildos adelantaron se ha producido y lo que los cabildos establecieron es un desconocimiento de este fraude escandaloso (…) Confiamos en que la ciudadanía no va a aceptar esta votación, no va a aceptar este resultado que está totalmente tergiversado y amañado”.

El 26 de octubre de ese año, Mesa leyó un comunicado que desconoce el resultado de la elección “y las consecuencias políticas y jurídicas del mismo por ser este el resultado del fraude y el incumplimiento de la voluntad popular”.

El 29 de octubre de 2019, Mesa, rodeado de su militancia, dijo “¡Aquí estoy! O voy a la cárcel o voy a la presidencia”.

En la imagen los líderes políticos de oposición que fueron parte de la ruptura del orden constitucional y el golpe de Estado en noviembre d

CAMACHO El 28 de diciembre de 2019, el exlíder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, reveló que su padre se encargó de cerrar con miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana; fue entonces que decidió otorgar 24 horas al presidente Evo Morales para que renuncia a la presidencia del país.

La afirmación se realizó en una charla que fue filmada y difundida por las redes sociales. “Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con militares para que no salgan, fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con todos ellos y coordinar todo fue (Luis) Fernando López, actual ministro de Defensa y por eso está ministro para cumplir todos los compromisos”, manifestó.

Asimismo, dijo que previamente su padre intervino ante la Policía Boliviana y cuando tuvieron la seguridad de que no iban a salir a las calles, dieron el plazo de 48 horas porque “ya sabíamos que Santa Cruz podía trasladarse a La Paz”.

“Era ahí donde iba a pasar el problema, aquí (Santa Cruz) no iba a pasar nada, iba a mirar del balcón. Yo creo que ese fue el momento más duro que pasamos porque en el cabildo mi familia no sabía que yo iba a ir a La Paz, sólo sabía mi padre, obviamente con mi mujer quedaron preocupados porque lo primero que piensas es lo van a matar, ¿no?”, señaló en el video.

TUTO QUIROGA Tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia, Jorge Tuto Quiroga admitió, el 12 de noviembre de 2019, que gestionó con au-

toridades de la Fuerza Aérea liviana (FAB) el vuelo para qu jefe del MAS viaje a México.

“A todos ustedes qu pedirles disculpas, que co prendan que ayer tuve que cer algo que nunca pensé

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R A AÑEZ

Sánchez Berzaín admitió que asesoró al régimen de Añez

ina, golpe

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A la lista de los actores que prepararon el golpe de Estado en 2019 se suma ahora Carlos Sánchez Berzaín, el exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada y prófugo de la justicia boliviana por las masacres de 2003, quien admitió que asesoró al gobierno de facto de Jeanine Añez durante un evento organizado en Estados Unidos.

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oliviana (FAB) el ones en la UCB.

de 2019.

FICHAS EN EL GOBIERNO DE FACTO Otra prueba de la injerencia de Berzaín en el golpe fue que una vez que Añez asumió ilegítimamente la silla presidencial, dejó a dos fichas que estuvieron dentro del gobierno de facto.

La primera es Erick Foronda, un periodista que se desempeñó como encargado de prensa de la Embajada de Estados Unidos en La Paz desde

1995 hasta 2008, cuando el gobierno de Evo Morales expulsó al embajador rompiendo relaciones diplomáticas con EEUU. Durante su permanencia en Washington trabajó para diversas organizaciones. Fuentes en Estados Unidos aseguraron que una de esas organizaciones es la Agencia Central de Inteligencia, donde adquirió pericias de “negociador político”.

Retornó a Bolivia para asumir el cargo de secretario privado de Añez y “contribuir en la pacificación del país”, según dijo en su momento a Página Siete. Se lo vio con Sánchez Berzaín en el estado de Florida en abril de 2018 haciendo una especie de cobertura al juicio que se ventiló en Fort Lauderdale contra Sánchez de Lozada y su Ministro de Defensa, por las muertes de El Alto en octubre de 2003.

El otro personaje es Roxana Lizárraga, quien fungió como ministra de Comunicación. La conexión entre Berzaín y la exministra salió a la luz cuando Mauricio Ordóñez, exministro de Jeanine Añez, reveló ante los fiscales que fue Berzaín quien gestionó el préstamo de granadas y proyectiles, por parte del gobierno de Lenín Moreno, en Ecuador, para la represión de 2019.

Ordóñez declaró que fue Lizárraga quien se contactó por teléfono con Carlos Sánchez Berzaín, quien se comprometió a contactar a altas autoridades de Ecuador para que presten gases lacrimógenos al gobierno de Añez.

Erick Foronda junto al exministro de ‘Goni’, Carlos Sánchez Berzaín.

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iero ome haque

iba a tener que hacer, gestiones con la Fuerza Aérea Boliviana para que el tirano salga de Bolivia, a fin de que pacifiquemos el país”, comentó en un video que fue difundido en redes sociales.

“En América Latina acaban de fracasar dos procesos que se consideraban de transición: uno, el gobierno venezolano legítimo de (Juan) Guaidó y, el otro, el año en que se retiró la dictadura en Bolivia y se hizo un gobierno llamado de transición, pero resultó ser de continuismo encabezado por la señora (Jeanine) Añez que ahora es presa política. Con base en esas dos experiencias que yo he estudiado, he seguido e incluso he asesorado en el tema de mi país en algún momento”, afirmó al iniciar su exposición.

Sánchez Berzaín, al igual que el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), es acusado por ejecuciones extrajudiciales durante la insurrección popular en Bolivia entre septiembre y octubre de 2003, cuando 60 civiles murieron por bala y otros 500 resultaron heridas

a manos de fuerzas militares y policiales, durante esa administración ultraliberal, de acuerdo con la reseña publicada por la ABI. Incluso, Berzaín dio como fórmula dos recomendaciones que debería haber cumplido Añez para concretar su golpe: quebrar la estructura jurídica de Bolivia y no tener compasión con las autoridades que fueron electas democráticamente.

En este último punto, la criticó por haber otorgado salvoconductos a algunas autoridades bolivianas que tuvieron que fugar debido a las amenazas, incluso de muerte, tanto a ellos como a sus familiares.

“Lo primero es romper la estructura jurídica (…), lo segundo es que no puede haber transición con impunidad, se verá con el tema cuál es el nivel en el que hay que hacer el corte”, fueron las palabras del prófugo de la justicia.

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a Boue el

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La intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de su secretario general, Luis Almagro, el envío de pertrechos y material bélico desde Ecuador y Argentina, y finalmente la contratación de sicarios para impedir que el entonces candidato del MAS, Luis Arce Catacora, asuma la presidencia de Bolivia, evidencian la intervención de actores y presidentes extranjeros en el golpe de Estado.

E

l accionar de Almagro y los personeros de la OEA durante la crisis de noviembre de 2019, acusando de supuesto fraude en las elecciones generales de ese año, fue calificado como injerencia por parte de altas autoridades del gobierno constitucional, dirigido por Arce y David Choquehuanca.

El canciller boliviano, Rogelio Mayta, incluso calificó este hecho, en su momento, como una “desinstitucionalización de la OEA”, la participación de este organismo internacional en el proceso postelectoral de 2019, en el que dijeron que los comicios generales estaban viciados a favor del entonces presidente Evo Morales, durante la sesión extraordinaria virtual del órgano ejecutivo, del 25 de agosto de 2021.

Asimismo, el Presidente acusó a la OEA de “jugar un papel nefasto en el golpe de Estado de 2019”, cuando la entidad intervino en la crisis interna, bajo la promesa de realizar una auditoría imparcial a los comicios de ese año, pero finalmente emitió un informe deliberadamente inclinado hacia el discurso de la oposición, pese a que no realizaron la revisión de todas las actas electorales.

APOYO AL GOLPE El Presidente también señaló, en entrevista con medios extranjeros como France 24 (24 - 09-2021), a los expresidentes Mauricio Macri, de Argentina, y Lenin Moreno, de Ecuador, que autorizaron y enviaron pertrechos y material bélico para apoyar las labores represivas del gobierno de facto de Jeanine Añez, para aplacar la protesta ciudadana ante su asunción irregular al mando del país.

Dichas movilizaciones derivaron en masacres como las de Sacaba, Huayllani y Senkata, que resultaron en el fallecimiento de 38 bolivianos, saldo de las intervenciones militares a dichas protestas.

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EL PLAN PARA EL GOLPE FUE DISEÑADO MESES ANTES

Cuatro eventos confirman la injerencia extranjera en Bolivia Actores y presidentes de otros países intervinieron en la interrupción forzada del mandato de Evo Morales, ocurrida en noviembre de 2019.

En julio de 2021 y luego de investigaciones realizadas en colaboración con el gobierno del argentino Alberto Fernández, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, mostró parte de las municiones enviadas por Macri y Moreno tras el golpe contra Morales, las cuales fueron halladas en los depósitos de la Policía Boliviana.

Del Castillo precisó que el 13 de noviembre de 2019 ingresaron a territorio boliviano, procedente de Argentina, cerca de 27 mil cartuchos de perdigones de goma, 28 gases aerosol MK-4, 19 gases aerosol MK-94, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H y 19 granadas de gas CS. Diferenció esta carga de otra que también llegó en esa misma fecha, la cual fue autorizada con una nota previa en la Cancillería boliviana en ese entonces

Almagro tuvo muy dudosas y cuestionables actuaciones para intervenir en procesos internos, como fue el caso de Bolivia, porque facilitaron prácticamente un golpe en ese país”.

Marcelo Ebrard Canciller de México

y se destinó a brindar seguridad a la embajada argentina en La Paz tras el golpe de Estado.

Con ella venían 11 gendarmes argentinos.

Desde Ecuador, según documentos oficiales del Ministerio de Gobierno, las autoridades de ese país prestaron a la mandataria de facto, un total de 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM. El titular de Gobierno sindicó a los excomandantes de la Policía Boliviana y la Fuerza Aérea, Yuri Calderón y Jorge Terceros, respectivamente, así como al exembajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, como los responsables de estos envíos irregulares.

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Implicados en magnicidio de Haití iban a matar a Arce Una investigación de la revista estadounidense The Intercept reveló que Germán Alejandro Ribera García, excapitán colombiano detenido en Haití, y Arcángel Pretel Ortiz, vinculados con la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moïse, fueron contratados por el exministro de Defensa Fernando López para matar al presidente Luis Arce Catacora, días antes de que este asumiera el mando.

Además de Pretel fueron contactados Antonio Intriago, Ronald Salamandra y Enrique Galindo Arias, que ingresaron al país desde Miami (Estados Unidos) y Colombia vía Viru Viru (Santa Cruz), entre el 16 y el 19 de octubre de 2020.

En este marco, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, recordó, cuando hizo la denuncia de estos hechos, que Bolivia estuvo al borde de un nuevo golpe de Estado tras la victoria electoral de Arce, con la intención de que el gobierno de Jeanine Añez continúe en el poder, nuevamente por la vía de la violencia y el derramamiento de sangre de bolivianos.

“Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos filtrados en donde se discute el despliegue masivo de mercenarios durante las elecciones revelan que Bolivia pudo ha-

ber visto un nuevo derramamiento de sangre en 2020”, según el medio norteamericano The Intercept.

Del Castillo sustentó su denuncia en audios, además mostró modelos de contratos y correos electrónicos interceptados que atribuyen al exministro de Defensa de Jeanine Añez como el principal articulador del plan de desestabilización.

Indicó que en esas grabaciones se oye a López, J.E.P., detenido en 2018, que estuvo en el penal de Palmasola, ahora en Chonchocoro, y a Luis Suárez, denominado ‘ciber rambo’, quien realizó trabajos para la administración Añez.

“Estas personas se encontraban en territorio nacional, se gestaba un plan desestabilizador para impedir que Luis Arce asuma el poder, estaban dos días antes de la asunción de mandato y se retiraron dos días después”, indicó Del Castillo.

E l ra n go de pa go pa ra los pa ra m i l it a res osc i laba por los 1 25.000 dóla res, m á s bon i f ic ac iones.

Miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía también estaban involucrados en el plan de asesinato para bloquear, a la fuerza, la toma de posesión de Arce, luego de una nueva victoria en las urnas por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Los pertrechos arribaron al país el 15 de diciembre; por lo tanto, estaban en el país cuando ocurrieron las masacres de Sacaba y Senkata, el 16 y 19 de noviembre, respectivamente.

SICARIOS CONTRA ARCE El 18 de octubre, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció que en 2020 el exministro de Defensa del gobierno de facto Fernando López contrató mercenarios y paramilitares para matar al presidente electo, Luis Arce.

López contactó a empresas terciarizadoras de sicarios para ejecutar acciones violentas en el país, además de contratar a 300 personas para generar desestabilización y evitar que un gobierno legítimamente democrático asuma la conducción de Bolivia.

El Ministro de Gobierno develó que el plan para realizar el golpe de Estado en 2019 fue organizado desde el 24 de julio de ese año, cuando el subsecretario adjunto del Departamento de Estado de EEUU habló de un fraude electoral en Bolivia.

Ciudadanos alteños fueron masacrados por militares en Senkata el 19 de noviembre, cuando pertrechos y material bélico enviados desde Ecuador y Argentina ya estaban en suelo boliviano.

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PRÓFUGO DE LA JUSTICIA

Sánchez Berzaín, el ‘Zorro’ que no pierde sus mañas golpistas REDACCIÓN CENTRAL

Carlos Sánchez Berzaín fue ministro de Gobierno (febrero 2003) y después de Defensa (octubre 2003) durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); fue protagonista de la matanza entre militares y policías en el denominado Febrero negro y la Guerra del gas en octubre de 2003.

N

unca dejó de atacar a la democracia; después de su huida de Bolivia fundó una seudo oficina de lucha por la democracia y desde ahí alistó un nuevo golpe de Estado.

Desde octubre de 2003, cuando salió del país con más de 50 muertos en su espalda, junto a sus dos peones, Roxana Lizárraga y Erick Foronda, asesoró y fue parte desde Estados Unidos de las masacres de Sacaba, Pedregal y Senkata.

Conozca quién es Carlos Sánchez Berzaín, el astuto ‘Zorro’ asesor de Jeanine Añez.

Fue Berzaín, de acuerdo con el exministro de facto Mauricio Ordóñez, quien gestionó el préstamo de granadas y proyectiles, por parte del gobierno de Lenín Moreno, en Ecuador, para la represión ocurrida en Bolivia durante el golpe de Estado de 2019.

“Lizárraga junto al resto de ministros nos encontrábamos en una reunión de gabinete, existía una desesperación de Arturo Murillo y Fernando López por adquirir gases lacrimógenos. Lizárraga pidió unos minutos en esa reunión de gabinete, salió de la sala de reuniones y volvió a los minutos manifestando: ‘Asunto arreglado, ya hablé con Carlos Sánchez Berzaín y él hará las gestiones ante Ecuador para que nos envíe los agentes químicos que necesitamos’”, relató Ordóñez a la Fiscalía.

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La participación del exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada en los hechos de 2003 terminó con la muerte de decenas de bolivianos.

Carlos Sánchez Berzaín junto a Gonzalo Sánchez de Lozada, ambos actuales prófugos de la justicia boliviana.

Recientemente, Berzaín admitió que asesoró a Añez durante 2019. “En base a esas dos experiencias que yo he estudiado, he seguido e incluso he asesorado en el tema de mi país en algún momento, tengo algo escrito que quisiera resumir para aportar”, dijo en un encuentro de políticos de derecha.

HECHOS OCURRIDOS EN 2003 En 2003, Carlos Mesa fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El domingo 9 de febrero, Gonzalo Sánchez de Lozada, en mensaje a la nación, dijo que Bolivia estaba gastando más que sus ingresos y que para evitar la quiebra presentó una ley de impuestos que establecía el congelamiento de salarios y un incremento de un 12,5% de impuestos, afectando a los contribuyentes de acuerdo con su nivel salarial.

La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó la decisión y anunció movilizaciones; asimismo, el 11 de febrero la entonces Policía Nacional se sumó con un motín liderado por el mayor David Vargas; los efectivos policiales se replegaron a nivel nacional.

El entonces ministro de Gobierno Carlos Sánchez Berzaín no logró que los policías levanten su medida de presión y coordinó con el Ministerio de Defensa para que los militares salgan a las calles para garantizar la seguridad.

El 13 de marzo continuó la violencia en las ciudades de La Paz y El Alto. La intervención de los militares para controlar el orden dejó un saldo de otros 11 muertos y más de medio centenar de heridos, algunos de extrema gravedad.

En ese contexto, Sánchez de Lozada destituyó a Sánchez de Berzaín como ministro de Gobierno; sin embargo, semanas más tarde lo designó como Ministro de Defensa.

PLAN REPÚBLICA Para ese entonces ya estaba en marcha el Plan República por orden del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Roberto Claros, que consistía en una estrategia represora porque Sánchez de Lozada asumía que en Bolivia se vivía ya una contienda bélica subversiva para la cual se había preparado desde marzo, tras re-

troceder en su intento de cobrar impuestos al salario.

El 20 de septiembre se produjo el rescate de turistas desde el valle de Sorata. En aquel operativo intervinieron policías y militares liderados por el ministro de Defensa, Sánchez Berzaín. Ese día murió la primera víctima, Primitivo Curaca, de 60 años. Posteriormente perdió la vida la niña Marlene Rojas con un impacto de bala cuando se acercó a la ventana para ver cómo los militares ingresaban a Warisata. Otros tres civiles más cayeron ese sábado 20 de septiembre.

Sánchez Berzaín coordinó la represión a las organizaciones sociales movilizadas, cobrando la vida de más de 60 personas. Tras seis semanas de conflicto, se registró 58 muertos y más de 400 heridos, y el abandono de sus aliados políticos, Sánchez de Lozada renunció y salió del país rumbo a Estados Unidos. Había huido antes de La Paz a Santa Cruz.

Actualmente se encuentra en Estados Unidos, prófugo de la justicia boliviana junto a Gonzalo Sánchez de Lozada.