Debates 72

N. 72 • SEPTIEMBRE/DICIEMBRE/2015 • UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

ISSN 1657-429X

Informe de la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas

MIRADAS CRÍTICAS Marzo de 2016 es el horizonte más cercano que podría marcar la historia de Colombia para siempre si el Gobierno Nacional y las Farc firman el acuerdo de paz, luego de varios años de conversaciones en La Habana en torno de la tierra y el agro, la participación política, las drogas ilícitas, las víctimas del conflicto, entre otras problemáticas. Pero el acuerdo es un punto de partida, como también debe de serlo el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, integrada a instancias de los diálogos en Cuba para aportar luces sobre el origen y las causas del conflicto armado interno. DEBATES presenta el análisis que profesores investigadores del Instituto de Estudios Políticos hacen de los 14 informes elaborados por la Comisión.

Consideraciones sobre la calidad de la educación universitaria La institución universitaria pierde su horizonte y sus proyectos a futuro, porque lo que está en la base de sus preocupaciones es la próxima evaluación, la cual acapara de manera totalitaria los intereses y preocupaciones. Se vive por y para auto/evaluarse.

N. 72 • SEPTIEMBRE/DICIEMBRE/2015 • UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

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Presentación

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Eduardo Pizarro Leongómez

ISSN 1657-429X

Una lectura múltiple y pluralista de la historia Por Juan Carlos Vélez Rendón

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Víctor Manuel Moncayo

Hacia la verdad del conflicto: insurgencia guerrillera y orden social vigente Por Catalina Tabares Ochoa

15

Sergio de Zubiría

Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano Por James Gilberto Granada Vahos

20

Gustavo Duncan

Exclusión, insurrección y crimen Por William Fredy Pérez Toro

26

Jairo Estrada Álvarez

Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada Elementos para una interpretación histórica del conflicto social y armado Por Adrián Restrepo Parra

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Darío Fajardo

Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana Por John Fredy Bedoya Marulanda

37

Javier Giraldo Moreno, S.J.

Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos Por Juan Carlos Escobar Escobar

42

Jorge Giraldo Ramírez

Política y guerra sin compasión Por Manuel A. Alonso Espinal

46

Francisco Gutiérrez Sanín

¿Una historia simple?

Por Juan Camilo Portela García

51

Alfredo Molano Bravo

Fragmentos de la historia del conflicto armado en Colombia (1920-2010) Por Wilmar Martínez Márquez

57

Daniel Pécaut

Una lucha armada al servicio del statu quo social y político Por Julián Andrés Muñoz Tejada

61

Vicente Torrijos

Cartografía del conflicto: pautas interpretativas sobre la evolución del conflicto irregular colombiano Por Germán Darío Valencia Agudelo

68

Renán Vega Cantor

La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado Por Adriana González Gil

73

María Emma Wills

Los tres nudos de la guerra colombiana: Un campesinado sin representación política, una polarización social en el marco de una institucionalidad fracturada y unas articulaciones perversas entre regiones y centro Por Deicy Hurtado Galeano

78

Calidad —de la educación— universitaria, ¿según qué concepción de calidad? Algunas consideraciones Por Andrés Klaus Runge Peña

Mauricio Alviar Ramírez, Rector • Roberth Uribe Álvarez, Secretario General

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Respuesta al anhelo de estudiantes y profesores de disponer de una publicación que sea canal de expresión de las disposiciones y puntos de vista de los universitarios.

El contenido de los artículos que se publican en DEBATES es responsabilidad exclusiva de sus autores y el alcance de sus afirmaciones sólo a ellos compromete.

Directora: Alma Nury López Patiño • Edición y correción de textos: Luis Javier Londoño Balbín • Diseño: Carolina Ochoa Tenorio • Impresión y terminación: Imprenta Universidad de Antioquia Departamento de Información y Prensa –Secretaría General– Ciudad Universitaria, Bloque 16 oficina 336. Medellín. • Teléfono 2195026. • E-mail: almamater@udea.edu.co

Presentación

L

os profesores del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, pertenecientes a los grupos de investigación Estudios Políticos y Hegemonía, Guerras y Conflictos, coincidimos en la importancia que tiene para el país el análisis de los acuerdos parciales logrados en la mesa de diálogo de La Habana entre el gobierno central de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La probabilidad que dichas conversaciones avancen positivamente y concluyan con la firma de un acuerdo general en marzo de 2016 que pondría fin a un conflicto prolongado, justifican el estudio detenido de lo que se ha logrado en materia de desarrollo agrario integral, participación política y apertura democrática, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas del conflicto.

Coincidimos también en que la conformación de una Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) fue, sin duda, un paso importante dado por las partes sentadas en la mesa de La Habana y que sus resultados debían ser motivo de reflexión y de discusión. No podía ser de otro modo si asumimos la idea según la cual el análisis sobre el origen y las causas del conflicto, los factores y condiciones que han facilitado o contribuido a su prolongación y los efectos e impactos más notorios sobre la población, son asuntos centrales para una sociedad que requiere cuestionarse el pasado y replantearse su futuro como nación. Los textos producidos por los sociólogos, politólogos, filósofos, antropólogos e historiadores integrantes de la Comisión, no necesariamente presentan un “nuevo” relato acerca de estos temas, pero

sí contienen argumentos controversiales que merecen discutirse ampliamente para entender y explicar lo que nos ha sucedido en los últimos cincuenta años. La composición paritaria de los integrantes de la CHCV explica las diversas, heterogéneas y divergentes reflexiones finales que muestran pluralidad de argumentos, opciones teóricas y metodológicas y diferentes énfasis en la exposición de datos empíricos, asuntos todos que deben ser motivo de una reflexión más detenida por parte de la comunidad académica y, en general, de la sociedad.

Con estos aspectos en mente y con la convicción acerca de la pertinencia del debate académico que debe surgir del ámbito universitario, en los grupos de investigación del Instituto de Estudios Políticos abordamos aquellos informes durante varias sesiones de discusión. Uno de los resultados adicionales de estas discusiones, es el conjunto de reseñas que se presentan a continuación, encomendadas aleatoriamente a los investigadores, elaboradas con independencia intelectual y sentido crítico, y seguramente también controversiales. Optamos por la modalidad de reseñas individuales, pues el texto escrito es el instrumento ideal para el debate razonado y argumentado, que es el que debe primar en los espacios universitarios y en esos escenarios en que se discute y se decide sobre los asuntos públicos.

Juan Carlos Vélez Rendón Director Instituto de Estudios Políticos 3

Eduardo Pizarro Leongómez

Una lectura múltiple y pluralista de la historia*

Por Juan Carlos Vélez Rendón Grupo Hegemonía, Guerras y Conflictos Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

L

a mesa de negociaciones de La Habana, entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), le encomendó a Eduardo Pizarro Leongómez una de las relatorías de los asuntos tratados y de las deliberaciones de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. En su texto, Pizarro se propuso sintetizar los acuerdos, los desacuerdos y la pluralidad de visiones de los expertos de la Comisión, pero —advierte— sin el ánimo de ofrecer una historia oficial o una verdad única acerca de los aspectos tratados.

La relatoría desarrollada en 94 páginas se divide en los tres grandes apartes encomendados a los comisionados: orígenes y

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casusas del conflicto; factores y condiciones que han facilitado o contribuido a su prolongación del conflicto; y efectos e impactos más notorios en la población.

1. El conflicto armado: de origen remoto, con actores, motivos y lógicas diferentes Sobre los orígenes y las múltiples causas del conflicto armado interno, Pizarro alude, en primer lugar, al “origen temporal”.

Entre los autores que privilegian un tiempo largo se encuentran Darío Fajardo, Alfredo Molano, Sergio De Zubiría y Javier Giraldo Moreno, que se remontan a los conflictos agrarios de la década de 1920; Jairo Estrada, que retrocede a la Independencia; y María Emma Wills, que analiza

el problema desde la constitución temprana de los partidos en el siglo xix. Daniel Pécaut se sitúa en el punto intermedio que toma como partida los años treinta, mientras que Francisco Gutiérrez, Jorge Giraldo Ramírez, Gustavo Duncan y Vicente Torrijos reconocen factores históricos, pero se centran en los años posteriores al Frente Nacional (FN). Como causas remotas, Pizarro alude de pasada a los conflictos por la tierra en los años veinte y treinta, pero privilegia el análisis de los factores que propiciaron La Violencia: la polarización política extrema, la debilidad y politización del Estado —colapso parcial— y la cuestión agraria —concentración de tierras, parálisis de producción, desorden en apropiación de tierras baldías, persistencia de formas serviles de producción y debilidad de títulos de propiedad—.

Pizarro advierte que los comisionados también se diferencian según el énfasis puesto en la identificación de continuidades o de rupturas entre antiguas conflictividades y las del tiempo presente. Por un lado, algunos resaltan la persistencia del conflicto desde los años veinte, en tanto el problema de la tierra sería su sustrato —las luchas por la tierra, el choque entre vías de desarrollo agrario fundado en la gran o pequeña propiedad, el surgimiento de un campesinado autónomo no dispuesto a reconvertirse en trabajador rural o en migrante a la ciudad— (Molano; Fajardo; De Zubiría; Giraldo Moreno). Por otro lado, están aquellos que no desconocen algunas continuidades, pero hacen énfasis en las rupturas (Giraldo Ramírez; Gutiérrez; Pécaut) porque, si bien aceptan la relación “orgánica” (Gutiérrez) entre La Violencia y el conflicto armado subsiguiente, también muestran que en este último difieren los protagonistas, los motivos y las lógicas subyacentes.

Por ejemplo, a diferencia de las guerrillas liberales de los años cincuenta, los grupos guerrilleros de primera —FARC, ELN, EPL— y segunda generación —M-19, Quintín Lame, PRT—, surgidos en dos oleadas revolucionarias diferentes, tienen objetivos “absolutos” —derrocamiento de elites dominantes—, una estrategia organizacional diferente —foquista al comienzo, en la mayoría de los casos— y un discurso acorde con dicho objetivo (Pécaut). Pizarro resalta que, con excepción de las FARC, tuvieron un origen urbano, liderazgos de capas medias estudiantiles y profesionales. Ahora bien, no desconoce lo que Gutiérrez considera como: “asimilación de destrezas o el reclutamiento de personas experimentadas de los

ciclos de violencia anteriores, por parte de nuevos o renovados actores armados” (p. 28).

Una de los focos de ruptura lo representa el FN, que para Pizarro es uno de los temas más polémicos en la Comisión Histórica. La valoración de esta experiencia política se sitúa en dos polos, que pueden representarlos, por un lado, autores como Jorge Giraldo Ramírez, que atribuye un éxito relativo al modelo consocionalista, en tanto permitió el paso de la dictadura a la democracia y de la violencia a la paz, y por el otro, Renán Vega, que afirma que con este acuerdo se estableció un pacto bipartidista excluyente y antidemocrático que “recurre a la represión, al Estado de sitio y a la contrainsurgencia” para contener el malestar popular. Pizarro reconoce las limitaciones para la participación política de sectores diferentes al bipartidismo, pero también ilustra con ejemplos, apoyándose en datos de algunos comisionados, por qué el FN no puede considerarse un “sistema cerrado”, mucho más si se lo compara con regímenes de corte militarista en América Latina (Pécaut): se le reconoció legalidad al Partido Comunista y hubo espacio para que sus integrantes accedieran a cargos de representación por medio de los partidos tradicionales; se creó un margen para la oposición legal y pocos años después de que finalizara el pacto, grupos y movimientos de izquierda participaron en elecciones con candidatos propios —Uno, Firmes, PST—; hubo un incremento de la movilización y la protesta social; y fue notable el descenso de la tasa de homicidios en ese periodo.

Sobre los factores explicativos de la ola de violencia a partir de los años ochenta, Pizarro plantea que, pese a algunas políticas exitosas, “el caldo de cultivo de la conflictividad permaneció vivo” (p. 41). En este sentido, retoma argumentos de varios comisionados para mostrar, por ejemplo, que el FN cumplió dos objetivos: pactar la paz y favorecer la transición democrática, pero dejó pendiente un tercero: promover el desarrollo (Gutiérrez); que la contraparte del fin del sectarismo bipartidista fue la “despolitización y desapego” hacia los partidos y órganos de representación popular, expresados en un marcado abstencionismo; que el “fiasco mayor” fueron los intentos infructuosos de reforma agraria, que implicó nuevas oleadas de colonización no controladas (Molano); que se hizo más notoria la desigualdad de ingresos y la pobreza en el país (Duncan), así como la poca integración territorial y la débil implantación 5

Este contexto sirve de escenario para el incremento del malestar social —citando a Medófilo Medina, con punto culminante en el paro de 1977 que envió dos mensajes equivocados y encontrados: el de “la antesala de la revolución” a las guerrillas y el del “preludio de una insubordinación popular” a las Fuerzas Armadas—, para el resurgimiento y crecimiento cuantitativo de las guerrillas de primera generación y la aparición de las de segunda generación, así como para la irrupción del narcotráfico y los grupos paramilitares y de autodefensa.

institucional en áreas de frontera; que la poca inversión en las Fuerzas Armadas y en la Policía favoreció la debilidad del Estado y la privatización de la seguridad (Giraldo Ramírez). Al tiempo, señala que factores de orden internacional agravaron este panorama: el derrocamiento de Salvador Allende, la revolución sandinista en Nicaragua, la doctrina militar de EE. UU. para América Latina y la llegada de Ronald Reagan a la presidencia.

Este contexto sirve de escenario para el incremento del malestar social —citando a Medófilo Medina, con punto culminante en el paro de 1977 que envió dos mensajes equivocados y encontrados: el de “la antesala de la revolución” a las guerrillas y el del “preludio de una insubordinación popular” a las Fuerzas Armadas—, para el resurgimiento y crecimiento cuantitativo de las guerrillas de primera generación y la aparición de las de segunda generación, así como para la irrupción del narcotráfico y los grupos paramilitares y de autodefensa. Los datos de Jorge Giraldo Ramírez le permiten mostrar el incremento de los homicidios, el de muertes en combate en confrontaciones entre guerrillas, paramilitares y Estado, así como el de integrantes de la Unión Patriótica, del Partido Liberal y de Esperanza, Paz y Libertad.

Sobre la caracterización del conflicto, Pizarro resalta —de nuevo— las diferencias entre los distintos autores que apelan a nociones diversas como conflictos social y armado (De Zubiría; Molano; Fajardo; Giraldo Moreno; Estrada; Vega), guerra civil-guerra de contrainsurgencia (Gutiérrez), guerra (Giraldo 6

Ramírez), conflicto irregular (Wills). Advierte que en estas definiciones reside una de las diferencias más notables entre los comisionados: para unos, la tierra como el factor desencadenante del conflicto social armado, mientras que para otros no existe una relación tan clara entre las dos variables. De hecho, comisionados como Pécaut y Wills muestran divergencias entre el movimiento armado y el social, divergencias que son pasadas por alto por otros comisionados. Por lo demás, Pizarro sigue estrictamente la definición desarrollada por Jorge Giraldo Ramírez, según la cual el conflicto armado colombiano es prolongado, complejo, discontinuo, atroz, con notables diferencias regionales y con raíces políticas, pese a que en él también aparecen actores con una tendencia más claramente delincuencial; en todo caso, no se trata —siguiendo a Pécaut— de un conflicto bipolar, es decir, no se trata de una oposición política entre dos bandos enfrentados, posición que sí enarbolan algunos autores de la Comisión.

En la caracterización de los actores del conflicto, Pizarro precisa que estos varían de acuerdo a los periodos (1964-1980 y 1980-2014), pero en general se trata de la guerrilla, las fuerzas armadas y los paramilitares —que no corresponden a un movimiento monolítico y entre los cuales se mencionan los terceros oportunistas—, aunque también precisa que para algunos comisionados debe incluirse a Estados Unidos como un actor protagónico (Vega; Estrada). Pizarro también llama la atención sobre la divergencia entre los autores que enfatizan en las causas objetivas del

conflicto —determinadas por la estructura social— y aquellos que prefieren hacer énfasis en los factores subjetivos —voluntad de los actores—, aunque reconoce que ninguna en sí misma es satisfactoria, así como tampoco lo son, desde una perspectiva comparada, los que se apoyan en factores monocausales tales como el capitalismo, la pobreza, la injerencia militar de Estados Unidos o el terrorismo de Estado.

En cuanto a la cuestión agraria, señala que es reconocida por casi todos los comisionados como una variable incidente, pero que no por eso se puede homogeneizar al campesinado colombiano y a la estructura de la propiedad rural.

2. Los factores que han condicionado y posibilitado el conflicto El segundo capítulo se refiere a ocho factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto. En primer lugar, el narcotráfico y la economía de guerra. Pécaut y Molano reconocen el impacto derivado del tráfico de drogas ilícitas en el fortalecimiento de las guerrillas — especialmente de las FARC—, pero aclara que este fenómeno debe diferenciarse de la eclosión de las organizaciones mafiosas y del paramilitarismo. De Duncan retoma tres aspectos que, en sus palabras, determinaron el cauce del conflicto: 1) incidió en estrategias de guerra de guerrillas y paramilitares de diferente índole; 2) pese a los desarreglos que causan los recursos del narcotráfico, también irrigó con dinero las economías regionales; 3) las elites de la “periferia” se beneficiaron con recursos para lograr mayor autonomía frente al poder central y acumular poder para impactar la dinámica política nacional.

Pizarro también menciona que el acceso a recursos provenientes del secuestro, la extorsión y mercados negros paralelos, les permitió a los grupos armados ilegales una “estructura de oportunidad” para su crecimiento exponencial en los años ochenta y noventa. Citando a Gutiérrez, plantea que el control local del poder por parte de narcotraficantes, profundizó las “tendencias centrífugas del sistema partidista”, lo que incrementó la combinación de las armas y las urnas, usada tanto por fuerzas de izquierda como de derecha. Adicionalmente, Pizarro menciona que la ampliación de la frontera agrícola se dio con una baja institucionalización y mínima regulación, algo que explica que muchos campesinos entraran en esquemas de “gobernanza rebelde” o en partidos legales pero interesados en mantener su autonomía con

respecto a poderes centrales. En algunas de esas zonas, las FARC se convirtieron en autoridad regulatoria, lo que facilitaba el reclutamiento y la capacidad de representación.

En segundo lugar, formas de violencia contra civiles como el secuestro y la extorsión, que sirven especialmente de fuente financiera para grupos guerrilleros, pero que, a su vez, redefinen aspectos del conflicto mismo, en la medida en que inciden en algunas alianzas políticas contra la guerrilla y la izquierda legal en zonas de periferia, por ejemplo, contra la UP (Duncan).

En tercer lugar, los componentes interrelacionados que dan espacio a una precariedad institucional, reconocida por casi todos los comisionados: débil capacidad para obtener recursos para cumplir con responsabilidades y garantías constitucionales; integración efectiva del territorio mediante infraestructura adecuada; y tamaño y calidad de la fuerza pública (Giraldo Ramírez). Sobre este último aspecto, Pizarro plantea que no hay un acuerdo pero no va más allá en su exposición, salvo por la mención de la idea de Wills, que señala dificultad para establecer sanciones a los responsables de la afectación a los derechos humanos.

El cuarto aspecto que ha facilitado la supervivencia del conflicto es la provisión privada de seguridad y coerción, así como el fenómeno paramilitar. Por un lado, se expone el entorno normativo que propicia la existencia de la autodefensa armada, la creación de servicios especiales de seguridad privada, las cooperativas de vigilancia; por el otro, se enuncian los actores que apoyan el surgimiento del paramilitarismo: elites legales regionales que se sentían desprotegidas institucionalmente; elites ilegales —mafias—; sectores de la clase política y miembros de agencias de seguridad del Estado.

En el entorno de las reformas políticas orientadas a la descentralización política, específicamente en el marco de la elección popular de alcaldes, Pizarro menciona un quinto factor: la combinación de armas y urnas, resultado de alianzas locales entre diversos actores de izquierda y de derecha, incluidos los grupos armados ilegales. Además, aquella descentralización también favoreció el flujo de nuevos recursos financieros que, en algunos casos, resultaron financiando a grupos armados. Uno de los efectos de este problema fue lo que Jorge Giraldo Ramírez considera como afectación a la democracia, en la medida 7

en que en este entorno fueron asesinados muchos representantes y líderes políticos.

Para Pizarro, uno de los factores en que coinciden la mayor parte de los comisionados, en relación con la prolongación del conflicto, tiene que ver con el fracaso recurrente de una reforma agraria, aspecto que a su vez ha dinamizado la colonización de la frontera sin un adecuado complemento institucional.

Citando a Gutiérrez, Pizarro afirma que, aunque este tipo de colonización y la pobreza vienen emparejados, no es este factor el generador de la violencia sino tres aspectos: (a) la asignación política de los derechos de propiedad de la tierra no solamente por parte de “grandes propietarios” (concentración), sino también por “especialistas de la violencia”; (b) la expansión permanente de la frontera agraria, articulada con distintos tipos de economía, la cual genera un “quantum de violencia” debido al conflicto en torno a los derechos de propiedad a través de la ocupación; (c) la articulación entre el poder político y la gran propiedad agraria (p. 72).

El sistema político clientelista incide en la medida en que se afecta la representación política y la canalización de expectativas sociales de amplios sectores, los cuales quedan al margen de las vías institucionales y expuestos a la cooptación por parte de actores armados.

El último aspecto mencionado por Pizarro es lo que denomina el círculo vicioso de la violencia, es decir, en palabras de Jorge Giraldo Ramírez, las condiciones que genera la dinámica bélica para su propia reproducción, entre ellas, el agravamiento de la situación socio económica de amplios sectores, el ahondamiento de la precariedad institucional y el debilitamiento del respaldo ciudadano a la ética y a la ley.

3. Las víctimas de una “guerra injusta” El tercer capítulo del texto de Pizarro se ocupa de los impactos del conflicto sobre la población, enfatizando en algunos aspectos que, afirma, “inciden en la vida de los ciudadanos: el capital social, la participación política, la movilización social, la economía y la equidad” (p. 75). Al respecto, Pizarro retoma datos del Registro Nacional de Víctimas que indican que cerca del 8% de la población colombiana —6,8 millones de personas— puede ser considerada víctima 8

directa o indirecta, la mayor parte civiles, ubicados en espacios rurales y procedentes de sectores populares y humildes. Plantea que este aspecto ha dado pie para que algunos autores (Giraldo Ramírez) califiquen la guerra colombiana como injusta, mientras que otros (Giraldo Moreno) consideran que, por el incumplimiento del Estado con la satisfacción de derechos, la lucha guerrillera es legítima.

Sobre la tipología, el número de víctimas y agentes responsables, asume una recomendación de Gutiérrez: irse con cuidado a la hora de establecer cuantías y responsables, algo de lo que deberá ocuparse la “futura Comisión de la Verdad”. También, siguiendo a Wills, advierte que un número significativo de víctimas ha sido objeto de revictimización. Sobre los tipos de victimización enuncia los siguientes: desplazamiento de población —5´368.100 personas, es decir, el 88% del total de las víctimas, segundo lugar en el mundo—; despojo de tierras —no se aportan datos—; secuestro —37.000 casos—; extorsión — no se aportan datos—, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes —se registran 4.490 menores de edad desmovilizados, pero no se ofrecen cifras globales—; tortura —no se ofrecen datos—; homicidio en persona protegida, asesinatos selectivos y masacres —no se ofrecen datos, aunque sí hay una gráfica sobre masacres—; amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, minas antipersona —3.885 civiles y 6.304 integrantes de la fuerza pública—; munición sin explotar y artefactos explosivos no convencionales, ataques y pérdidas de bienes civiles —no se ofrecen datos—; atentados contra bienes públicos —se muestra un cuadro con datos de ataques a la infraestructura—.

Pizarro considera que los efectos de la violencia se producen más allá de las víctimas individuales y colectivas, por cuanto la sociedad en su conjunto sufre un impacto negativo “en la cultura, en los grados de confianza interpersonal e institucional, en el sistema político, en el crecimiento económico” (p. 91).

Apoyándose en el Grupo de Memoria Histórica y en la base de datos de la Unidad de Víctimas, plantea que las fuerzas armadas han sido responsables especialmente de asesinatos selectivos, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Las guerrillas han sido responsables, sobre todo, del uso de minas antipersona y artefactos explosivos no convencionales, ataques contra bienes civiles y públicos, desplazamiento forzado, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito y daños ambientales. Los grupos

paramilitares tienen responsabilidad en asesinatos selectivos, amenazas, masacres, desplazamiento forzado y despojo de tierras, tortura y delitos sexuales.

Pizarro advierte que el drama humanitario en el país se deriva, no solo de la confrontación entre la guerrilla y los organismos estatales, sino también de la intromisión de “actores oportunistas” en la dinámica de la confrontación: “élites económicas locales, dirigentes políticos y funcionarios públicos que, en alianza con grupos armados ilegales, se apropiaron de manera ilegal de tierras, bienes muebles e inmuebles, contando en muchas ocasiones con la venia de notarios corruptos” (p. 79).

Para concluir, Pizarro plantea que: Un proyecto exitoso para alcanzar un postconflicto virtuoso debe contemplar acciones en los siguientes temas: a. Cambios profundos en los prototipos que guían el desarrollo agrario en el país. b. Un modelo económico más incluyente, una distribución más equitativa de la riqueza y el diseño de nuevas y más eficientes políticas destinadas a la erradicación de la pobreza. c. Un fortalecimiento del Estado, sus aparatos judiciales y de Policía y una mayor y mejor presencia en todo el territorio nacional. d. Un compromiso mayor de todos los órganos del Estado y, en particular, de las Fuerzas Militares y de Policía, con el respeto integral a los derechos humanos.

e. Una renovada política pública frente a las drogas ilícitas. f. Una lucha sin tregua contra toda modalidad de privatización y sustitución del Estado en sus funciones de garante legal y constitucional en el mantenimiento y manejo del orden público. g. Un fortalecimiento de los mecanismos de participación democrática. h. Un compromiso colectivo serio tendiente a favorecer la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas del conflicto armado. i. Una clara y contundente decisión colectiva de renunciar definitivamente a la combinación de armas y urnas, tanto de la derecha como de la izquierda. j. Y, finalmente, un repudio colectivo a la violencia como recurso para alcanzar objetivos de cualquier índole (p. 97-98).

4. El pasado como espacio contencioso La relación de los asuntos tratados y de las deliberaciones de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, encomendada a Eduardo Pizarro Leongómez, pone en evidencia el alcance y la dimensión de los debates a los que se enfrenta la sociedad colombiana como consecuencia de los acuerdos parciales logrados en la mesa de negociaciones de La Habana,

El sistema político clientelista incide en la medi-

da en que se afecta la representación política y la canalización de expectativas sociales de amplios sectores, los cuales quedan al margen de las vías institucionales y expuestos a la cooptación por parte de actores armados.

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entre el Gobierno colombiano y las FARC. Al indagar por los orígenes y causas del conflicto, por los factores y condiciones que han facilitado o contribuido a su prolongación, y por los efectos e impactos más notorios en la población, han avivado el tema de la responsabilidad histórica de los actores, han revalidado la necesidad de revisar el pasado y han situado a la historiografía en un nuevo espacio contencioso.

En su exposición, Pizarro enuncia posturas diversas y contrapuestas de los comisionados, pero es evidente que se apoya, cita y menciona con mayor frecuencia a algunos autores, que enfatiza en algunos argumentos, que da mayor relevancia a explicaciones multicausales que a enfoques unicausales, que valora las comparaciones de Colombia con otros países de América Latina, que hace eco a las posiciones sustentadas en datos cuantitativos y que, para enriquecer el documento, introduce sus propios puntos de vista así como los de otros académicos no incluidos en la Comisión.

Pizarro busca sintetizar acuerdos y desacuerdos, y mostrar la pluralidad de visiones de los expertos de la Comisión, pero la labor no dejó satisfecho al menos a uno de los comisionados (El Espectador, 2015, marzo 3) quien considera que el sociólogo no respetó com-

* Véase Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015, pp. 5-98). La paginación corresponde al buscador de páginas del documento en PDF, alojado en el sitio web de la Mesa de Conversaciones.

Referencias bibliográficas El

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Espectador.

(2015,

marzo 3). Reclamo por la verdad histórica. Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/politica/ reclamo-verdad-historicaarticulo-547375 Pizarro Leongómez, Eduardo. (2015). Una lectura múltiple y pluralista de la historia. En: Comisión Histórica del Conflicto y

promisos establecidos, ni su texto respondió al pluralismo que invoca el título de su relatoría. Más allá de esta polémica, y de cuestionamientos acerca de la misión y logros de un informe considerado “inane” y poco útil para la reconciliación de la sociedad colombiana (Valencia, 2015), quedan diversas preguntas abiertas: sobre el papel académico o político cumplido por los comisionados que fueron designados por las partes sentadas en la mesa de La Habana; por la validez y vigencia de discursos explicativos de nuestro pasado conflictivo y violento asentados en posiciones ideológicas que con dificultad comprenden las realidades fácticas de la guerra; por la intención de académicos que buscan exculpar a determinados actores de esta guerra en la que los guerreros por causa de la que denominan “dinámica de la guerra” llegaron a igualarse en las atrocidades cometidas contra la población civil; por la poca claridad con que algunos autores abordan la relación entre sectores sociales heterogéneos (por ejemplo campesinos) y grupos guerrilleros o paramilitares; en fin, por el lugar del conocimiento historiográfico en una comisión histórica con pocos historiadores, en una sociedad que requiere ahondar en su pasado para construir un proyecto de sociedad diferente, en el que la guerra y la violencia pierdan su papel estructurante.

sus Víctimas. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 5-98). Mesa de Conversaciones.

Recuperado de https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/ default/files/Informe%20 Comisi_n%20Hist_rica%20 del%20Conflicto%20y%20 sus%20V_ctimas.%20La%20

H a b a n a % 2 C % 2 0 Fe b r e ro%20de%202015.pdf Valencia, León. (2015).

El fracaso de la comisión histórica del conflicto. Semana.

Recuperado de http://www. semana.com/opinion/articulo/leon-valencia-el-fracasode-la-comision-historicadel-conflicto/426078-3

Víctor Manuel Moncayo

Hacia la verdad del conflicto: insurgencia guerrillera y orden social vigente*

Por Catalina Tabares Ochoa** Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

E

l primer día de clases del curso Teorías Sociológicas, que se ofrece en el primer semestre del pregrado de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, suelo preguntar a los estudiantes por qué decidieron estudiar esa carrera. Hace no mucho tiempo, uno de ellos me respondió: “Yo era militar, no me gustó que hubiera una negociación con la guerrilla, eso me decepcionó tanto que decidí salirme del Ejército y aquí estoy estudiando Ciencia Política para ver si obtengo respuestas a mis preguntas sobre el conflicto”. “Bueno, estás aquí —le dije—. Aquí podemos hablar, aquí vas a tener distintas visiones, vas a acceder a discursos, a argumentos; vas a poder —quizá— comprender al otro, sus motivos, sus acciones. Ojalá, además, en un tiempo puedas nutrir tu opinión o cambiarla”.

Traigo este hecho a colación porque aquellas palabras del estudiante, la lectura de los informes de la Comisión y particularmente una frase del profesor Moncayo, me han llevado a preguntarme por lo que hemos hecho y debemos hacer como investigadores de las ciencias sociales y humanas frente a la guerra: “[La] comprensión [del conflicto] remite […] a una difícil labor de explicación de un conjunto de acontecimientos que, por su misma naturaleza, son objeto de las disciplinas sociales, y que no puede ser ajena a un determinado entendimiento político” (p. 102).

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Los informes de la comisión son un buen ejemplo no solo de las diversas miradas y explicaciones que los investigadores han construido sobre el conflicto, también son el reflejo del conflicto mismo, de sus orígenes y causas, factores de persistencia y efectos.

Y digo del conflicto mismo porque así como para sus actores ha sido difícil llegar a acuerdos, también lo es para los catorce expertos a los que fue encomendada la tarea de escribir un informe cuyo insumo sería “fundamental para la comprensión de las complejidades del conflicto, las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo y para el esclarecimiento de la verdad” (p. 2).

de la Mesa de Conversaciones guarda similitudes con esta mesa de debate académico. Claro que la confrontación de ideas, pensamientos y convicciones entre ustedes, entre nosotros, se escribe, se discute, se debate y se conversa sin ir a la guerra, sin matarnos. Esto era precisamente lo que entrañaba la respuesta que di al estudiante el primer día de clase.

El profesor Moncayo hace un gran esfuerzo por sintetizar las distintas explicaciones que sobre el conflicto escriben los expertos, presenta consensos y disensos; y si bien existen elementos comunes en los informes, la comprensión sobre la relación entre ellos no es la misma, no podría serlo. La historia del conflicto que cada uno de los comisionados nos En los informes, cada experto plantea su punto de cuenta está marcada no solo por sus herramientas vista, algunos ofrecen explicaciones estructurales y teóricas y metodológicas, sino también, de manecentran su análisis en problemas específicos: la cuesra significativa, por sus biografías, experiencias, gustos y preferencias.

Por eso, los informes no solo son intentos de explicar el conflicto aros informes de la comisión son un buen ejemmado en el país, como plo no solo de las diversas miradas y explicaciolo diría Jeffey Alexander nes que los investigadores han construido sobre (1990): “son formulaciones existenciales y el conflicto, también son el reflejo del conflicto no sólo [sic] científicas, mismo, de sus orígenes y causas, invariablemente tienen factores de persistencia y efectos. enormes implicaciones políticas” (p. 14).

L

tión agraria (Molano; Fajardo), la injerencia de Estados Unidos en el proceso contrainsurgente (Vega), la exclusión, la injusticia y la desigualdad atribuible a los deberes del Estado (Javier Giraldo); otros en cambio, en palabras del profesor Moncayo plantean “que nuestras violencias, si bien están conectadas orgánicamente y muestran continuidades, son diferentes en sus protagonistas, motivaciones y lógicas subyacentes” (p. 10) (Pecaut; Wills; Gutiérrez; Duncan; Torrijos; Jorge Giraldo). Que sea “el orden capitalista en sus fases de transición, instauración, consolidación y desarrollo” lo que explique la conflictividad en Colombia (p. 109), o que sean las acciones individuales —incluso los desórdenes mentales— lo que explique las prácticas insurgentes y contrinsurgentes, son puntos de vista que sin duda serán muy difíciles de conciliar. En este sentido es que la confrontación 12

Quizá una mirada a las trayectorias vitales de los comisionados, sus territorios de procedencia, formación disciplinar, generación y género, entre otros aspectos, nos permitiría explicar los énfasis u omisiones que cada uno de ellos hace en su análisis. No en vano algunas autoras como María Teresa Pinto (s. f.) en La invención de la guerra: las batallas por la construcción de un campo académico de la guerra y la paz, Elsa Blair (2012) en Un itinerario de investigación sobre la violencia, y Juana Ramírez (2010) en ¿Desde qué presupuestos se estudia la violencia en Colombia? Entre las convicciones y la realidad cotidiana de su elección, se preguntan también por la subjetividad de quienes hacen del conflicto, la guerra y la violencia su objeto de estudio.

Un análisis por más completo que sea, difícilmente logrará dar cuenta de todos los elementos que entran

a jugar en un conflicto como el nuestro, quizá por eso las constantes alusiones al carácter multidimensional, multifactorial y complejo que lo caracterizan.

Me inquieta, en primer lugar, la notoria relegación del sujeto y de la subjetividad; de repente aparecen para mostrar cómo el conflicto no obedece a causas objetivas y estructurales sino a acciones individualizadas, aisladas, despolitizadas, incluso “anómalas”.

Me pregunto si la subjetividad y el sujeto no se forman en lo social y en lo político, si no son el sustrato de la acción política.

y la violencia; una mirada rápida permite identificar, solo en Medellín, 529 referencias bibliográficas1 entre las que se destacan problemas relacionados con los actores armados, los procesos de negociación y reinserción, la memoria, las víctimas, las acciones de resistencia, el desplazamiento forzado, entre otros.

Incluso se encuentran algunos estados del arte sobre aquellas mismas temáticas de la violencia y el conflicto. ¿Qué nos han dicho estos estudios? ¿Qué explican? ¿Cómo orientan acciones que mitiguen el conflicto, que lo transformen?

Si bien el profesor Moncayo alude a las mujeres, Estoy convencida de que en muchos de los eslos desplazados por la guerra, los indígenas, los retudios locales que sobre el conflicto armado se han clusos de las cárceles, las minorías étnicas y sexuales realizado, no solo se encuentran explicaciones plauque han renovado las formas de protesta social, consibles sobre los orígenes, factores de persistencia y sidero que esta alusión es marginal en el marco geefectos, también están las claves para un eventual neral del informe.

Llamo la atención sobre los sujetos porque creo que sa constelación de sujetos que se movilizan por el reellos con sus acconocimiento de sus derechos y la ampliación de la esfeciones y discursos hace mucho ra pública, ha logrado que “los factores de persistencia tiempo nos están del conflicto” no sean más y más graves: comunidades mostrando alterde paz, jóvenes que se reúsan a la guerra, mujeres que nativas no solo al conflicto, sino en medio de condiciones azarosas imponen su voz para también a la culdecir no más, maestros que se niegan a cerrar las puertura política que tas de la escuela, bibliotecarios que insisten en prestar reproduce prácticas autoritarias libros en cualquier vereda y en y violentas. Esa medio de la confrontación... constelación de sujetos que se movilizan por el posconflicto; es inevitable para mí pensar en María reconocimiento de sus derechos y la ampliación de Teresa Uribe (1998a; 1998b; 2009) y sus hipótesis la esfera pública, ha logrado que “los factores de perexplicativas en torno a los órdenes complejos, las sosistencia del conflicto” no sean más y más graves: beranías en vilo, las ciudadanías mestizas o las resiscomunidades de paz, jóvenes que se reúsan a la guetencias de la sociedad civil; en Ingrid Bolívar (2006) rra, mujeres que en medio de condiciones azarosas y su estudio sobre los Discursos emocionales y eximponen su voz para decir no más, maestros que se periencias de la política: las FARC y las AUC en los niegan a cerrar las puertas de la escuela, bibliotecarios que insisten en prestar libros en cualquier vereda procesos de negociación del conflicto (1998-2005); y en medio de la confrontación; en fin, tantos colecen Clara García y Clara Aramburo (2011), quienes tivos, organizaciones y experiencias que vienen hace han profundizado en las especificidades territoriales años enseñándonos formas opuestas a la violencia en del conflicto; en Gloria Naranjo (2009) y sus pionemedio de la violencia. ros estudios sobre el desplazamiento forzado; y en tantas otras investigadoras que se han dedicado al En segundo lugar, en Colombia hay una numerosa estudio riguroso del conflicto en distintas regiones producción académica en torno al conflicto armado del país.

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13

En el oriente antioqueño, por citar una de las regiones más crudamente afectadas por la violencia en el departamento de Antioquia, hay más de cien estudios que aluden a ciudadanías emergentes, acciones colectivas, memoria, retorno y “buenas prácticas para superar el conflicto” (Arango, Gallo y González, 2007, s. p.). Tal vez debamos atrevernos a salir del confort y la seguridad de nuestros terrenos teóricos y metodológicos, para ver lo que en otras regiones se ha documentado a través de estudios empíricos que dejan ver la cotidianidad del conflicto y las formas para superarlo. Es algo así pero en otra dimensión lo que le pedimos a los guerreros cuando están en una mesa de negociación, ¿no?

Estos informes nos han hecho pensar, leer, discutir sobre las explicaciones que alrededor del conflicto han construido los investigadores sociales en Colombia; yo solo espero que, entre estas múltiples explicaciones, el estudiante del curso Teorías Sociológicas encuentre algo que lo persuada de que una negociación del conflicto es lo mejor que nos puede pasar, así tengamos temores por lo que pueda venir después de ella; y si —como dice el profesor Moncayo al finalizar su relatoría— hay un común denominador en los informes y es que en “ellos existe un clamor incontenible porque el proceso de diálogo sea cada vez más irreversible”, entonces creo que vamos por buen camino.

* Véase Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015, pp. 99-193).

La paginación corresponde al buscador de páginas del documento en PDF, alojado en el sitio web de la Mesa de Conversaciones. ** Algunas ideas de esta reseña se soportan en las indagaciones teóricas realizadas en el marco del proyecto La dimensión subjetiva en la ciencia política contemporánea: tras las huellas de una exclusión fundacional mediante narrativas femeninas, financiado por el Fondo de apoyo al primer proyecto del Comité para el Desarrollo de la Investigación (CODI) de la Universidad de Antioquia.

1. Indagación bibliográfica realizada por Ana María Tangarife, coordinadora de la Unidad de documentación del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

Urabá antioqueños 19902008. Bogotá, D. C.: Códice, Cinep-Odecofi, INER. Moncayo, Víctor Manuel.

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Mesa de Conversaciones.

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Ciudadanía y desplazamiento forzado en Colombia: una relación conflictiva interpretada desde la teoría del reconocimiento. Estudios Políticos, (25).

Pinto, María Teresa. (s. f.). La invención de la guerra: las batallas por la construcción de un campo académico de la guerra y la paz.

Manuscrito inédito.

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La práctica académica de trabajo social en la ejecución del proyecto de buenas prácticas para superar el conflicto: una experiencia que fortalece el aprendizaje profesional. [CD-ROM].

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Blair, Elsa. (2012). Un itinerario de investigación sobre la violencia. Contribución a una sociología de la ciencia. Medellín: Universidad de Antioquia.

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Ramírez Castro, Juana.

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Uribe de Hincapié, María Teresa. (1998b). Las soberanías en vilo en un contexto de guerra y paz.

Estudios Políticos, 13, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 11-37.

Uribe de Hincapié, María Teresa. (2009). Notas preliminares sobre resistencias de la sociedad civil en un contexto de guerras y transacciones. Estudios Políticos, 29, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 63-78.

E

n este escrito se hace una breve descripción de algunos apartados del texto del profesor Sergio De Zubiría para el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, y con base en algunas discusiones sostenidas con los profesores del Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad de Antioquia, se presentan algunas consideraciones cuya discusión puede contribuir a la comprensión del conflicto armado en Colombia.

Sergio de Zubiría

Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano*

Por James Gilberto Granada Vahos Grupo Estudios Políticos Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

De Zubiría expone unas “consideraciones iniciales” sobre el proceso de negociación, la Comisión Histórica derivada de allí, y la centralidad y visibilidad que han adquirido las víctimas, resaltando que: “La comunicación argumentada, la solidaridad con todos los afectados y el respeto a las diferencias, son condiciones éticas que debemos cuidar con esmero en todo este proceso de finalización del conflicto” (p.

194).

El profesor y sus colaboradores pasan a las fuentes y a los presupuestos teóricos, parten de un consenso existente1 sobre el conflicto que lo considera de múltiples facetas: “Existen elementos estructurales que remiten a la totalidad de la estructura social colombiana”, y se afirma en el texto que: “Las divergencias comienzan con los enfoques teóricos, los orígenes, la periodización, las determinaciones y la existencia o no de jerarquías entre las causas” (p. 196).

Los autores entienden el conflicto a partir de “la multiplicidad de causas”, tratando de enfatizar en lo político, ideológico y cultural. Entre esas causas se reconocen “algunas inmediatas y otras mediatas, primarias y derivadas, así como la acumulación de causas e impactos que prolongan la existencia del enfrentamiento” (p. 197).

En el escrito se plantean: “tres periodos de larga duración, reconociendo que las fechas exactas siempre son problemáticas, y que los cambios históricos son producto de la convergencia de diversos procesos, fechas no sincrónicas y múltiples dimensiones humanas en juego” (p. 198). El pri15

El profesor sostiene

que “la denominada República liberal (1930-46), y La Violencia, el Estado de sitio y la dictadura de Rojas (1946-1958)”, hay que comprenderlas como un solo periodo en el que “se deciden factores determinantes del modelo capitalista de desarrollo, el carácter de nuestras instituciones estatales, las relaciones interpartidistas, los límites del reformismo, los grupos de poder, algunos rasgos constitutivos de la cultura política y ciertos imaginarios de nuestras identidades culturales”

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mer periodo se enmarca dentro del apartado Cierre del universo político, límites del reformismo y violencia estatal (1929/1930-1957/1958) (p. 199), en el que se destacan cambios políticos dados tanto por el cambio de Gobierno como por el aumento de la conflictividad social. El profesor sostiene que “la denominada República liberal (1930-46), y La Violencia, el Estado de sitio y la dictadura de Rojas (1946-1958)”, hay que comprenderlas como un solo periodo en el que “se deciden factores determinantes del modelo capitalista de desarrollo, el carácter de nuestras instituciones estatales, las relaciones inter-partidistas, los límites del reformismo, los grupos de poder, algunos rasgos constitutivos de la cultura política y ciertos imaginarios de nuestras identidades culturales” (p. 201). En este primer periodo se abordan tres puntos, el primero es la Construcción del Estado y Violencia (p. 202); el segundo, los Límites del reformismo (p. 210); y el tercero es el Cierre del universo político (p.

214), que se manifiesta básicamente en la “utilización permanente del Estado de Sitio [sic], con sus consecuencias devastadoras para la vida democrática” (pp. 214-215).

El segundo periodo se presenta en el apartado Estado particularista, modernización contra modernidad y protesta social (1958/62-1987/91) (p. 221). Se desarrolla en tres puntos: Estado particularista y anti-democrático (p. 223), de donde se desprende la idea de modernización contra modernidad, en la lógica de que en el periodo mencionado “la modernización comienza a colonizar a la modernidad [sic]” (p. 227). El último punto del segundo periodo, Protestas sociales y justa indignación, es clave para entender el texto, ya que se hace énfasis en la intensificación de lo que denomina la “lucha social y política” en forma de “protesta social” y subversión. Se destaca que: “Lo anterior es expresión de la convergencia del aplazamiento o congelación de las reformas sociales, del desprecio hacia las políticas sociales, de la inequidad regional y de la crisis de legitimidad estatal” (p. 230). Para la caracterización de este periodo el profesor refuerza la categoría utilizada por él: “conflicto social y armado”.

El tercer periodo es nombrado como Desestructuración estatal, neoliberalismo y paz intermitente (1992-2012/14) (p. 234), está marcado por la Constitución Política de 1991, leída como el “anverso” del cierre a un posible proceso de paz con las FARC y el ELN, “pero la persistencia del conflicto social armado actualmente, es y debe ser una muestra de sus limitaciones y contradicciones. La estrategia histórica del ‘reformismo constitucional’, típico de nuestra cultura política, crea cierta demagogia de esperanza y cambio, pero luego la tozuda realidad las desvanece” (p. 237). En Desestructuración estatal y neoliberalismo, se asume que el comienzo del gobierno de César Gaviria fue “el punto de inflexión en la tarea de construcción del orden neoliberal en nuestro país” (p. 238). Por último, en Paz intermitente o “Edad de los extremos”, se habla del presidencialismo que explica esa oscilación entre la guerra y la paz (p. 241), el profesor continúa diciendo que “hemos tenido una especie de experiencias pendulares, pasando en días, a veces en minutos, de la máxima esperanza en la paz al recrudecimiento exponencial de la barbarie.

Hemos vivido actos en nombre de la paz en lógicas de guerra” (p. 242).

Luego de estas notas sobre el texto de De Zubiría y de discutir con los profesores del IEP los demás escritos, se presentan algunas consideraciones generales, con las que se pretende avanzar sobre el trabajo tan detallado y completo realizado por los comisionados con sus diferentes matices. Se retoma una idea inicial del texto en la que se afirma que las divergencias sobre el conflicto armado comienzan con los enfoques utilizados para estudiarlo, los orígenes del conflicto armado, su periodización, “las determinaciones y la existencia o no de jerarquías entre las causas” (p. 196).

1. El nombre del fenómeno y la temporalidad La periodización expuesta en el texto muestra cómo el conflicto armado colombiano ha ganado en complejidad con el transcurrir del tiempo, haciéndose difícil de entender y mucho más de resolver; esto se refleja, por ejemplo, en la cantidad de formas de nombrarlo, como las que utiliza cada uno de los autores de la comisión. La categoría central del escrito de De Zubiría es la de “conflicto social y armado”, tratando de reconocer algo más profundo que el uso de la violencia en una relación entre el Estado y actores que se le oponen. Se subraya una concepción del conflicto social y armado que se inicia aproximadamente en 1929, y del que fueron motores tanto la conflictividad social que se incrementó por esa época, como el cambio de partido en el Gobierno. Se trataría entonces de un conflicto social de larga duración con expresiones armadas, con lo que se abren otros puntos de discusión.

Este es un aspecto problemático e interesante para el debate: primero, frente a los demás textos de la comisión que nombran el fenómeno con otras categorías y otras delimitaciones; y segundo, porque aceptar tal dimensión del conflicto implica límites difusos, más amplios, lo que a la vez lo hace más difícil de resolver, pues plantear soluciones al conflicto armado sería entonces tratar de resolver conflictos sociales que se remontan, sobreponiéndose y mezclándose, por lo menos a 1929.

En el segundo periodo, momento en el que aparece la guerrilla de las FARC, el profesor habla del surgimiento o fortalecimiento de la subversión y de la protesta social, elemento clave para comprender el conflicto desde el texto y con los argumentos que en él se presentan. Se puede entender que el surgimiento de las FARC es la aparición de un actor en un conflicto social y armado que viene de años anteriores, lo que plantea preguntas para el proceso de negociación: ¿qué están negociando el Estado colombiano y las FARC?, ¿están negociando el conflicto social y armado desde 1929?, ¿están negociando el conflicto armado en el que ellos son protagonistas desde 1964?, o ¿cuáles de las problemáticas que aparecen desde 1929 se negocian?

Se puede entender

que el surgimiento de las FARC es la aparición de un actor en un conflicto social y armado que viene de años anteriores, lo que plantea preguntas para el proceso de negociación: ¿qué están negociando el Estado colombiano y las FARC?, ¿están negociando el conflicto social y armado desde 1929?, ¿están negociando el conflicto armado en el que ellos son protagonistas desde 1964?, o ¿cuáles de las problemáticas que aparecen desde 1929 se negocian?

Con todo esto, la discusión por la forma de nombrar y por la temporalidad son aspectos fundamentales, es algo que tiene toda la importancia del caso, pues de eso depende lo que se negocia.

2. Los territorios Tanto en el texto de De Zubiría, como en la mayoría de los demás 17

Tal vez hay que

complejizar las preguntas para ver si mejoran las respuestas, faltan más indagaciones por los “cómo”, falta más comprensión del fenómeno, no solo de las razones que tuvieron los actores, sino las preguntas por cómo fue posible ese conflicto armado en esta sociedad, en este país. Faltan más preguntas y más respuestas por los actores armados y por los civiles, falta buscar factores de racionalidad colectiva para mantener los ejércitos o para no vincularse a ellos.

textos de la Comisión, hay un “olvido” de los territorios, en todos se exponen causas, razones, justificaciones y explicaciones al conflicto armado, pero la mayoría tienen problemas, no porque no sean ciertas, sino porque generalizan lo que no se debería generalizar. Se expone como cierto para todo el país lo que ha sido cierto en algunos territorios y, por el contrario, se dejan de lado las variables que fueron determinantes en otros.

Esas razones, al generalizarse, olvidan los territorios y terminan por no explicar las razones del conflicto en la mayoría de las regiones y municipios del país. Falta preguntar por los contextos explicativos, cuáles han sido las situaciones concretas en municipios o partes de estos que ayudan a comprender el porqué y sobre todo el cómo del conflicto armado.

Se necesita establecer relaciones contextualizadas que expliquen más allá de justificar o condenar el conflicto armado.

A propósito de las causas del conflicto armado, tanto las que se llaman primarias como las derivadas —ambas expuestas por De Zubiría—, existen datos que las respaldan como ciertas, pero no hay suficientes argumentos que establezcan claramente cómo esas que se llaman causas han producido el conflicto armado. Sin duda, son justificaciones y hacen parte de conflictos sociales y políticos que a la vez se vinculan con el armado, pero no es del todo claro ese vínculo. ¿Cómo explicar que en otros países con situaciones similares no pase lo mismo?, o incluso, ¿cómo explicar la expresión diferenciada de esas razones en los territorios colombianos?

3. Otras variables para la comprensión Luego del trabajo realizado por los diferentes autores de la Comisión se debe avanzar en otras cuestiones, integrar nuevos temas. Cuando se habla de causas, se trata de dar respuesta a la pregunta de por qué se originó el conflicto armado. Las respuestas varían de acuerdo a las posturas políticas, ideológicas o morales. En los extremos se encuentran los que dicen que no hubo tales causas —objetivas—, que se trata más de justificaciones subjetivas; y aquellos que afirman que fue todo, que por tanto el conflicto es armado, político, social, cultural.

Tal vez hay que complejizar las preguntas para ver si mejoran las respuestas, faltan más indagaciones por los “cómo”, falta más comprensión del fenómeno, no solo de las razones que tuvieron los actores, sino las preguntas por cómo fue posible ese conflicto armado en esta sociedad, en este país. Faltan más preguntas y más respuestas por los actores armados y por los civiles, falta buscar factores de racionalidad colectiva para mantener los ejércitos o para no vincularse a ellos. Hay que preguntar por los recursos disponibles por y para los actores armados y el Estado; hay que buscar las capacidades para mantener el conflicto armado en unos territorios, para que disminuya en otros o desaparezca por momentos. ¿Cuáles han sido las oportunidades para los actores armados y las confrontaciones?, ¿cuáles son ahora las oportunidades y restricciones para la construcción de la paz?, ¿cuáles preguntas pueden ayudar a comprender

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a la guerrilla en su capacidad de mantenerse como actor del conflicto, pero a la vez en su incapacidad de lograr su cometido de llegar al poder? ¿Cómo comprender la permanencia de un Estado que ha sobrevivido a años de violencia contraestatal y que está lejos de ser derrotado por una guerrilla que se mantiene, en todo caso, como amenaza? ¿Cómo comprender el conflicto armado en los territorios, sus expresiones diferenciadas? Hay que problematizar las preguntas porque lo cierto es que existe una confrontación armada con matices territoriales, de actores y de momentos, que sin duda hay que tratar de seguir comprendiendo.

Notas * Véase Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015, pp. 194-247). La paginación corresponde al buscador de páginas del documento en PDF, alojado en el sitio web de la Mesa de Conversaciones.

1. El consenso del que habla

el profesor lo sustenta a partir de lo que llama la obra sistemática fundacional de Gonzalo Sánchez (1993), Diez paradojas y encrucijadas de la investigación histórica en Colombia.

Referencias bibliográficas De (2015).

Zubiría, Sergio.

Dimensiones po-

líticas y culturales en el conflicto colombiano. En: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 194-247).

Mesa de Conversaciones.

Recuperado de https:// www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/

informe-comisio%CC%81nhisto%CC%81ricadel-conflicto-y-susvi%CC%81ctimas-la-habana-febrero-de-2015 Sánchez, Gonzalo. (1993).

Diez paradojas y encrucijadas de la investigación histórica en Colombia. Historia Crítica, 8, pp. 75-80.

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Gustavo Duncan

Exclusión, insurrección y crimen*

Por William Fredy Pérez Toro Grupo Hegemonía, Guerras y Conflictos Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

S

evidencias, ni se darían a la tarea de afrontar debates teóricos extraordinarios. Por lo menos, no debates tan fuertes como para que pudieran convencerse ahora de que sus visiones del conflicto armado colombiano eran equivocadas.

Que tenga razón Valencia, sin embargo, no quiere decir que eso sea un problema o una falla del informe. Entre otras cosas porque en apenas unos meses, lo mejor que podían hacer los comisionados era eso. No iban a encontrar en ese tiempo causas desconocidas, nuevos motivos, otras finalidades o razones distintas de pervivencia del conflicto. Tampoco buscarían más

Y conocida la convención de las partes sentadas en la Mesa de Conversaciones de La Habana, la misma que llevó a esos intelectuales a formar parte de la Comisión, ni siquiera creo que el tiempo alcanzara para que los comisionados trataran de persuadirnos de que su escogencia no guardaba relación con el tipo de conclusiones o perspectivas que caracterizan sus pesquisas académicas. La ciencia tiene sus límites. Pero repito que, especialmente en este caso, eso no es un problema.

i los demás informes de los miembros de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas son como el de Gustavo Duncan, León Valencia (2015) puede tener razón: los comisionados han hecho una síntesis de las ideas o de los trabajos que ya conocíamos de cada uno de ellos.

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Gustavo Duncan tampoco está haciendo un novedoso relato histórico de exclusión, insurrección y crimen. Pese al desorden cronológico o pese a la dificultad que a veces tiene el lector para saber exactamente qué momentos soportan cuál “afirmación”, se ve que los hechos y mediciones que usa el autor se dirigen a ratificar una hipótesis más o menos conocida sobre el caso colombiano. El relato además tiene el suficiente cuidado de hacer coincidir las conclusiones del caso, con ideas más fuertes o más teóricas sobre cualquier conflicto armado interno.

1. La (ir)relevancia de la exclusión En el texto de Duncan es tan —pero tan— reiterativo el llamado de atención sobre la subordinación de la exclusión como factor explicativo del conflicto armado, que uno se obliga, por pura sospecha, a una segunda y tercera lecturas. Y entonces la conclusión puede ser sorprendente. Leído cuidadosamente, creo que el texto de Duncan permite por fin dudar de que esa afirmación que tanto él defiende, sea sostenible. No sé qué otra cosa interpretar sobre lo que afirma en el siguiente párrafo sobre “los excluidos”: Los excluidos fueron reclutados como tropa rasa de las distintas organizaciones, guerrillas y paramilitares, por motivos en su mayor parte distintos a la reivindicación de un sector de la sociedad o al convencimiento en los ideales de la organización, cualesquiera que ellos fueran. Las ansias de venganza personal, el salario en el grupo armado en relación a las oportunidades laborales disponibles en la legalidad, el reclutamiento forzado, la falta de otro tipo de oportunidades y, sobre todo, la necesidad de protegerse y adquirir estatus empujaron a muchos jóvenes a hacer parte de algún grupo en disputa (p. 257).1

Pero además, creo que una cosa es afirmar que “los excluidos fueron reclutados como tropa rasa […] por motivos en su mayor parte distintos a la reivindicación de un sector de la sociedad o al convencimiento en los ideales de la organización”. Y otra cosa es afirmar que “las ansias de venganza personal, el salario en el grupo armado en relación a las oportunidades laborales disponibles en la legalidad, el reclutamiento forzado, la falta de otro tipo de oportunidades y, sobre todo, la necesidad de protegerse y adquirir estatus empujaron a muchos jóvenes a hacer parte de algún grupo en disputa”.

Duncan junta así una razón irrelevante y una realmente importante. Precisamente en esa segunda afirmación se pueden encontrar muchos rasgos de la exclusión que el autor descarta y, en la primera, un dato inofensivo para descartar la relación entre exclusión y conflicto armado: es un hecho que muy pocos soldados combaten por las razones que lo hace la tropa. Precisamente es lo que muestran los resultados de las encuestas a desmovilizados realizada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y citada por el autor: los motivos ideológicos no pasan del 8%. La tropa —todos los soldados—, avanza hacia un objetivo predefinido por los mandos quienes, según el propio Duncan, daban por descontado “el convencimiento ideológico”; es decir, que existía en ellos “la reivindicación de un sector de la sociedad o el convencimiento en los ideales de la organización”.

Ese es el “otro 8% de la encuesta”, respondida seguramente por quienes sabían de “dogmatismos hasta la muerte”.2 De todas maneras, el argumento contenido en el párrafo que se comenta es curioso: a) de no ser por su condición de excluidos, probablemente los jóvenes no habrían sido guerrilleros o paramilitares —“Los excluidos fueron reclutados como tropa rasa

Los pobres, estaban lógicamente excluidos del bien de la

seguridad mucho antes de que guerrillas y paramilitares llegaran. Las amenazas creíbles y el derecho a ser protegido, eran —y en buena parte siguen siendo— más o menos proporcionales a las posesiones de quien ejerce con eficacia este derecho y de quien sufre aquellas amenazas.

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[…]”—; b) los excluidos reclutados fueron a la guerra porque ese mundo aliviaba incidentalmente su condición de exclusión —“el salario en el grupo armado en relación a las oportunidades laborales disponibles […], la falta de otro tipo de oportunidades […], la necesidad de protegerse y adquirir estatus […]”—; sin embargo, c) esos excluidos no hicieron la guerra plena y políticamente conscientes de una la lucha programática contra esa exclusión; por lo tanto, d) la exclusión no está en el origen de la guerra.

De otra parte, dice el autor, las comunidades colaboraron no “por un convencimiento en sus posibilidades de resolver sus problemas de exclusión sino por acceder a algún tipo de protección en un contexto altamente violento” (p. 258). Mi inquietud al respecto es la siguiente: ¿qué es, sino exclusión, la marginación de una comunidad con respecto a los bienes de la seguridad aún en un contexto que no sea “altamente violento”? Es exclusión política: imposibilidad de acceder a la definición de bienes defendibles, amenazas y riesgos; es exclusión económica: indisponibilidad de recursos para proveerse seguridad; exclusión social y cultural: carencia de estatus para merecer protección pública permanente.

Otra vez, sorprendentemente, el propio Duncan parece estar de acuerdo con este argumento: De hecho, a medida que guerrillas y paramilitares coparon las áreas periféricas del país, e incluso las zonas marginales de las ciudades, la exclusión de los servicios de seguridad se convirtió en la forma de exclusión más apremiante. El problema de resolver la situación material tuvo que ceder ante las necesidades de preservar la vida y la propiedad por escasa que esta fuera (p. 258).

Los pobres, estaban lógicamente excluidos del bien de la seguridad mucho antes de que guerrillas y paramilitares llegaran. Las amenazas creíbles y el derecho a ser protegido, eran —y en buena parte siguen siendo— más o menos proporcionales a las posesiones de quien ejerce con eficacia este derecho y de quien sufre aquellas amenazas. Los pobres, con frecuencia, solo cuentan con ellos mismos. Las primeras milicias, por ejemplo, no fueron una reacción a guerrillas o paramilitares sino precisamente a “las necesidades de preservar la vida y la propiedad por escasa que esta fuera”.3 Finalmente, Duncan se ve precisado a ser generoso con sus adversarios teóricos: la exclusión material 22

fue solo importante como motivación para la insurrección violenta en circunstancias muy concretas y entre muy pocos sectores sociales. Pero enseguida esa exclusión es su mejor aliada contra esos mismos adversarios: “Se trató de una condición a lo sumo necesaria pero no suficiente para que guerrillas, paramilitares y narcotraficantes pudieran reclutar a un sector de su tropa rasa” (p. 259). ¿A “lo sumo necesaria”? Aquí uno no sabe si en el origen “de la cosa” siempre hemos de encontrar condiciones necesarias y suficientes. O si en estos casos es posible ponderar la relevancia de “lo necesario” o de “lo suficiente” para hallar los factores más relevantes, que pueden razonablemente estar en su origen.4 Aunque finalmente el autor insiste en ahorrarnos discusiones y reitera el papel de la exclusión, ya no solo para recordarnos que estaba en el origen, sino que además acompañó la extensión del conflicto, y que no había quién resolviera la situación: Luego, cuando la violencia se difundió hacia numerosos espacios geográficos, la exclusión como motivación para el conflicto fue rebasada por otras variables. La necesidad de hacer parte de un grupo armado para defenderse a sí mismo y a su comunidad o para acceder a algún tipo de orden fueron motivos más poderosos para que el conflicto se extendiera a lo largo de la geografía colombiana. En ese momento si algún tipo de exclusión fue importante como causa del conflicto fue la exclusión de los servicios de seguridad y de justicia del estado [sic]. Muchos excluidos terminaron en la guerra como un medio para asegurar protección y reclamar venganza por agravios sufridos previamente. Tanto guerrillas como paramilitares sacaron provecho de la incapacidad en ese aspecto de las instituciones del estado [sic] (p. 259).

El texto se me figura pues, conforme a lo dicho, un contraproducente ejercicio de exclusión de la exclusión como causa del conflicto armado.

2. Atribuciones, silencios y elocuencias En el informe de Duncan, sintéticamente dicho, hay una atribución —discutible— de centralidad al secuestro en la modulación, perdurabilidad y perfil de la guerra: “el secuestro tendría los mayores efec-

Finalmente, hay un silencio extraordinario sobre el pa-

pel del sistema penal, lo cual es llamativo porque en el título del trabajo se alude a la criminalidad, un fenómeno que es francamente incomprensible si no se considera la forma de respuesta o algún dato sobre la reacción institucional. Que, entre otras cosas, también puede ser un factor con significativos impactos sobre la pervivencia del conflicto armado en Colombia.

tos en la definición y en la evolución del conflicto” (p. 261). Me pregunto si no fue la definición y evolución del conflicto la que tuvo efectos en la inclusión de ese nefasto y detestable comportamiento entre los repertorios de las guerrillas; sobre todo—otra vez— leyendo al propio autor: No era una práctica criminal nueva. Rubio (2003) y el Observatorio de Derechos Humanos y DIH (2009) documentan sus inicios mucho antes del conflicto actual, incluso se remontan a la violencia clásica. Así mismo [sic], es bastante probable que Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela hubieran incursionado en esta práctica. La diferencia estuvo en las ventajas operativas que tenían los ejércitos guerrilleros para llevar a cabo secuestros a lo largo de la geografía nacional.

Por disponer de redes de colaboradores las guerrillas tenían mayor información sobre potenciales víctimas que no ofrecieran menores riesgos en el proceso de retención. Disponían de extensos lugares de refugio donde mantener secuestrados minimizando el riesgo de las operaciones de rescate y de retaliaciones de la fuerza pública. Las estadísticas revelan que a mediados de los ochentas [sic] se convirtió en una práctica extendida a lo largo del territorio nacional […]. De 278 secuestros por año en 1984 se pasó a 1.717 en 1991[…] (p. 261).

En la práctica, como se ha mencionado, las probabilidades de desafiar militarmente al es-

tado [sic] eran nulas por lo que el secuestro se convirtió en sí en un recurso permanente al que podían apelar las guerrillas para mantenerse en el conflicto y para asegurar sus conquistas territoriales (p. 263).

Muchos pasajes del texto parecen ir menos tras la búsqueda de los fenómenos que estarían en el origen y en la pervivencia del conflicto armado —la codicia, las rentas criminales, entre otros—, que en la búsqueda de las razones por las cuales la guerrilla sería la causa eficiente de la violencia paramilitar, narcotraficante, bandolera y juvenil: la contrainsurgencia como “una reacción apenas natural para sobrevivir en medio de un escenario de extrema inseguridad” (p. 268); un segundo paramilitarismo motivado por una “genuina vocación contrainsurgente, pues solo derrotando a las guerrillas podían acumular el poder suficiente para gobernar las áreas periféricas del país y controlar las rentas de la droga” (p. 278); los narcotraficantes y sus poderosos ejércitos, “apenas como respuesta” a la competencia y amenazas de las guerrillas respecto del negocio”, etc.

Finalmente, hay un silencio extraordinario sobre el papel del sistema penal, lo cual es llamativo porque en el título del trabajo se alude a la criminalidad, un fenómeno que es francamente incomprensible si no se considera la forma de respuesta o algún dato sobre la reacción institucional. Que, entre otras cosas, también puede ser un factor con significativos impactos sobre la pervivencia del conflicto armado en Colombia.

23

3. Evidencias desconcertantes • Afirmación: “La gente cada vez utiliza más al estado [sic] como la institución reguladora de la vida social”. Evidencia: “La prueba de la penetración institucional del estado [sic] es que hasta la propia guerrilla lo utiliza para garantizar los derechos de propiedad de las tierras que expropia” (p. 286).

• Afirmación: Hay resentimiento en los insurgentes o en la insurgencia (p. 252). Evidencia: “el desgarrador testimonio de Guillermo ‘La Chiva’ Cortés durante su secuestro” (p. 253).

• Afirmación: La competencia democrática no ha sido “en exceso” excluyente (p. 248). Evidencia: Durante el Frente Nacional el Partido Comunista participaba electoralmente a través de alianzas con los partidos tradicionales. Y “el clientelismo político ha sido utilizado masivamente por sectores marginados para resolver sus problemas materiales” (p. 249).

4. Dos inquietudes teóricas Dice Duncan: Por su parte, en unas pocas ciudades y en algunos municipios otro tipo de motivación seducía a los jóvenes excluidos. No era la miseria que se experimentaba en el más remoto aislamiento. Era, por el contrario, la miseria que se sentía cuando se vivía cerca de la opulencia. Muchos jóvenes apostaron por la delincuencia simplemente para aliviar su frustración de ‘ser tan poca cosa’. No había un discurso sofisticado detrás, bastaba el lema de ‘si no hay oportunidades por las buenas nos las arreglamos por las malas’. Aparecieron así en muchas ciudades subculturas criminales entre jóvenes de barrios populares y comunidades marginales que apenas hacían el tránsito hacia la vida urbana. Las subculturas criminales (Cloward y Ohlin 1960) son […] (p. 255).

Si entiendo correctamente, “la miseria que se siente cuando se vive cerca de la opulencia” genera, en efecto, una especie de “exclusión relativa” (Young, 2003). Pero si se trata de que los jóvenes apostaron “por la delincuencia simplemente para aliviar su frustración de ‘ser tan poca cosa’”, no es exactamente una subcultura la que tiene lugar, sino el comportamiento típico de algunos individuos en sociedades en las cuales “las metas” son extraordi24

nariamente enfatizadas —el éxito, el dinero, “no ser tan poca cosa”— y los medios muy precariamente distribuidos —las oportunidades legales de ir hacia la meta—. Usualmente se trata de un comportamiento innovador —“si no hay oportunidades por las buenas nos las arreglamos por las malas”—, en el lenguaje de Merton (2002).

La “subcultura” —teóricamente— tiene incluso pocas posibilidades si no se experimenta un especial “aislamiento”. Por supuesto que recurrir a aquella teoría de las subculturas evita el involucramiento de ciertas variables materiales —como la desigualdad, por ejemplo— y, en cambio, traslada el problema a unos sujetos que definen equivocadamente y refuerzan erradamente su identidad entre “jóvenes de barrios populares y comunidades marginales que apenas hacían el tránsito hacia la vida urbana”. ¿Si las guerrillas se expandieron precisamente donde surgían nuevas bonanzas económicas y donde no existía un fuerte desarrollo institucional ¿no es raro que “la élites” locales, valiéndose del clientelismo o la corrupción, siempre a mano allí donde hay tanta riqueza y tan poca institucionalidad, no lograran sobornar a unos cuántos jóvenes, o incluso a un grupo de viejos en el fondo apenas codiciosos?

5. No sé Nunca he podido saber cómo relacionar —o correlacionar— los ingresos de los habitantes de un municipio, con las cifras de violencia producidas allí por cuatro incursiones de una tropa que vino de lejos a cometer un asalto, a tomar las armas de diez policías y a reclutar dos muchachas a finales de los años setenta y en los ochenta. Pese a que la violencia guerrillera en Colombia ha sido casi siempre guerrillera y en Colombia, no es habitual encontrar precauciones al respecto en la construcción de los datos sobre zonas de violencia y “exclusión”. El mecanismo del descontento podría funcionar tal vez si el resultado se obtuviera de una comparación entre los ingresos de la gente en esos municipios, y los paros cívicos, las asonadas o las huelgas protagonizadas por los habitantes de esos mismos lugares.

Tampoco he podido saber cómo comparar, en la década de los noventa, datos sociodemográficos de La Sierra, en Medellín, con la violencia ejercida por una decena de muchachos venidos de afuera y a órdenes de mandos militares que libraban una confrontación

de mayor alcance. O no logro saber, por último, como podría indagar por las razones que hacen que la gente vaya al Ejército, valiéndome de una comparación entre indicadores sociales de Medellín, Bogotá, Cali o Puerto Berrío, y el número de efectivos destacados en las brigadas de esas ciudades. No toda correlación, como se sabe, es posible o tiene sentido; y las que lo tienen, en todo caso, no indican una causalidad.

Es fácil admitir que la historia, la cultura, la arquitectura o el paisaje de Hong Kong son incomparables con esos mismos rasgos de cualquier ciudad o región colombianas. Pero es muy difícil aceptar que, en cambio, sí pueden ser comparables las actitudes

Notas * Véase Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015, pp. 248-289).

La paginación corresponde al buscador de páginas del documento en PDF, alojado en el sitio web de la Mesa de Conversaciones.

1. Las cursivas en las citas textuales son mías.

2. Me inquieta saber si puede construirse una historia de las motivaciones patrióticas, democráticas, altruistas y heroicas de la fuerza pública colombiana, a partir de las razones por las cuales los muchachos se enrolan en el servicio o en la profesión militar y policial.

3. No deja de ser curioso que los servicios de seguridad no se convirtieran en la forma de exclusión más apremiante, y que la situación material no

hubiera cedido ante las necesidades de preservar la vida y la propiedad, cada vez que las áreas periféricas del país o esas zonas marginales de las ciudades sufrieron el impacto de un abuso de autoridad, una desviación de poder, un constreñimiento al elector, un urbanizador pirata, una “caja vocacional”, un captador ilegal de dinero, un falsificador de medicamentos, una EPS de papel....

4. El juego entre lo necesario y lo suficiente, que cruza todo el texto, no deja de ser un rompedero de cabeza.

En el caso de la gestión del riesgo, por ejemplo, lo suficiente tal vez nunca pueda causar nada por sí mismo y, en todo caso, es alternativo, es el accidente o, para ser más radicales, no está en el origen: las casas mal construidas son necesarias

individuales y colectivas que la gente de esas dos realidades asume ante una situación de desigualdad.

Tampoco es fácil aceptar que un país de 75 mil km2, 3 millones de habitantes y una historia independiente de 85 años, como Panamá, puede ser un punto de referencia para descartar factores determinantes de ciertos hechos sociales en Colombia. Finalmente, es difícil persuadirse de que sea afortunada la escogencia del caso chileno para contrastar la desigualdad y “los desencuentros” de los colombianos.

No sé si pueden equipararse o tratarse como sinónimos —así sea accidentalmente— la desigualdad, la exclusión o la pobreza.

para la tragedia, y entonces sería suficiente el seísmo, la creciente del río, el huracán, el calor intenso o el simple paso del tiempo. Otra vez, la exclusión en Colombia ha sido —incluso de acuerdo con una lectura detenida de Duncan— el material de la casa mal construida, frágil, necesaria. Ya vendrían guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares, bandidos, pandilleros, corruptos, estafadores…. Era —¿sigue siendo?— cuestión de tiempo.

Referencias bibliográficas Duncan, Gustavo. (2015).

Exclusión, insurrección y crimen. En: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 248-290).

Mesa de Conversaciones.

Recuperado de https://www. mesadeconversaciones. com.co/comunicados/ informe-comisio%CC%81nhisto%CC%81ricadel-conflicto-y-susvi%CC%81ctimas-la-habana-febrero-de-2015 Merton, Robert K. (2002). Teoría y estructuras sociales. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica Valencia, León. (2015).

El fracaso de la comisión histórica del conflicto. Semana.

Recuperado de http://www. semana.com/opinion/articulo/leon-valencia-el-fracasode-la-comision-historicadel-conflicto/426078-3 Young, Jock. (2003). La sociedad “excluyente”. Exclusión social, delito y diferencia en la modernidad tardía. Barcelona: Marcial Pons.

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Jairo Estrada Álvarez

Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada Elementos para una interpretación histórica del conflicto social y armado*

Por Adrián Restrepo Parra Grupo Hegemonía, Guerras y Conflictos Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

N

o soy de ese género de izquierdistas que, por un lado, proclaman devotamente que todo es susceptible de crítica y, al mismo tiempo, cuando se les pide que propongan aunque solo sean tres puntos importantes que se puedan reprochar a las tesis de Marx, reaccionan con malhumorado silencio (Eagleton, 2015, p. 11).

La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas es uno de los resultados parciales de los acuerdos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones en La Habana, Cuba.

Los informes realizados por los comisionados son un variopinto panorama de las distintas “lecturas” políticas sobre la naturaleza, los factores dinamizadores y las víctimas del conflicto armado colombiano. El informe, en su conjunto, es un valioso aporte para que, por un lado, la población colombiana profundice de forma pública —visible y trasparente— en el debate y la reflexión sobre las circunstancias que, desde la segunda mitad del siglo xx hasta la actualidad, han conducido al país a una de las guerras más prolongadas y cruentas de América Latina; por el otro, el conocimiento de los informes también aspira a que la comprensión de nuestra violencia política permita conjurar todos aquellos factores que nos han llevado a vivir este drama nacional y así asegurar una confrontación política sin el uso de las armas, para avanzar en la consolidación de una paz duradera, necesaria para el fortalecimiento de la democracia.

En concordancia con ese propósito, el análisis y la crítica de cada uno de los informes de la Comisión deberían aportar a la consolidación de la 26

paz en el sentido de poder discutir de forma abierta y argumentada los distintos proyectos políticos inmiscuidos tanto en la trama de la guerra como en el devenir de una sociedad sin violencia política. Por eso, la presentación y análisis del texto del profesor Jairo Estrada Álvarez está compuesta por cuatro partes, de la siguiente manera: 1) los orígenes y las múltiples causas del conflicto; 2) los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a su persistencia; 3) los efectos e impactos más notorios del mismo en la población; y 4) comentarios a los planteamientos realizados por el autor.

Cabe anotar que los tres primeros puntos obedecen a las orientaciones recibidas por los comisionados por parte de la Mesa de Conversaciones para realizar los respectivos informes. De allí que, en este texto, esos puntos se presentan a modo de síntesis del extenso informe realizado por el profesor Estrada.

1. Los orígenes y las múltiples causas del conflicto En la relatoría realizada por Moncayo sobre los informes de los comisionados, son variadas las referencias al estudio de Estrada. Moncayo caracteriza el enfoque de Estrada como una explicación causal de tipo sistémico. En palabras de Estrada, es: […] una interpretación histórica del conflicto social y armado, a partir de un relato general, en el que se privilegian procesos y tendencias, antes que hechos o acontecimientos particulares, y que tiene como contexto político inmediato el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP. Tal relato se fundamenta en una tesis central: contrainsurgencia y subversión son inherentes al orden social capitalista imperante en nuestro país. Si la subversión asumió también la expresión de la rebelión armada, ello se explica esencialmente por las condiciones histórico-concretas de constitución y reproducción de ese orden social (p. 293).

cado expresiones de insurgencia o subversión que han transitado por las vías de la normalidad institucional, o han asumido modalidades ligadas al ejercicio de la violencia, por oposición a la violencia afirmada como legítima y monopolizada por el Estado del mismo orden (p. 177).

Según Estrada, su análisis logra sustentar que el ejercicio de la violencia ha sido inherente al desarrollo del capitalismo en Colombia. Este es uno de los rasgos específicos asumidos por las configuraciones histórico-concretas de la formación socioeconómica, al punto que “las formas históricas de la acumulación capitalista, en lo esencial caracterizadas por diversas modalidades del despojo” (p. 335), lo cual constituye un marco necesario para la comprensión del desenvolvimiento del antagonismo y del conflicto social.

El desarrollo del capitalismo en Colombia es reconstruido históricamente por Estrada así: a) conformación del régimen de acumulación del capitalismo productivo desde principios de los años veinte hasta mediados de los años sesenta; b) crisis y transición del régimen de acumulación del capitalismo productivo hacia un régimen neoliberal de financiarización, desde los sesenta hasta finales de los ochenta; y c) conformación y despliegue de un régimen neoliberal de financiarización desde principios de los años noventa hasta la actualidad.

De acuerdo con Estrada, a este proceso de conformación y consolidación del capitalismo es congénito el ejercicio de la violencia porque:

La tesis central de Estrada es expuesta por Moncayo bajo el subtítulo Tesis mayúscula sobre el orden capitalista y la conflictividad. Según este enunciado:

Sin desconocer el papel de las luchas sociales sobre la distribución y la redistribución en diferentes momentos, la forma prevaleciente de la acumulación capitalista a lo largo del conflicto ha sido la de la violencia y el despojo. Su principal resultado histórico es la generación de una de las sociedades más desiguales del mundo, caracterizada por una altísima concentración de la riqueza y de la propiedad, actualmente en manos de unos pocos poderes financieros corporativos. En ese aspecto es indiscutible la función de “acumulación-expropiación” desempeñada por la guerra (pp.

294-295).

El orden capitalista en sus fases de transición, instauración, consolidación y desarrollo genera necesariamente conflictividad que, en el caso colombiano, históricamente ha signifi-

Esto significa —siguiendo a Estrada— que el carácter esencialmente violento del surgimiento y del desarrollo del capitalismo implica la conformación y la reproducción del poder de clase, organizado en y 27

por el Estado, en la forma de un régimen que oscila entre la democracia y la continua represión; pero esas condiciones son necesarias aunque insuficientes para explicar el alzamiento armado (p. 335). Tendría que considerarse, para una explicación satisfactoria, los dispositivos de preservación que activa el sistema imperante para garantizar su reproducción a través del bloque de poder contrainsurgente y, a la vez, considerar que: “la insurgencia armada debe comprenderse como parte del conjunto de respuestas organizadas de las clases subalternas para enfrentar legítimamente el orden social existente” (p. 335).

2. Los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto Estrada, al referirse a los factores que han contribuido a la persistencia del conflicto, pone énfasis en la conformación del poder, la dominación de clase y

d) El contexto internacional bajo el cual ella surge y se reproduce (pp. 334-335).

Estrada considera que, en el marco del orden capitalista, la conformación del poder y la dominación de clase se condensan en el Estado, porque en el proceso del desarrollo del capitalismo se configura un bloque hegemónico de poder. Dicha dinámica tiene entre sus principales características: 1. La estructuración conflictiva y contradictoria de un bloque en el poder, cohesionador de las diferentes facciones de las clases dominantes, que han disputado en todo caso posiciones hegemónicas, y han encontrado en el Estado un espacio de mediación política y de articulación o unificación de intereses en la forma de proyecto político-económico […].

2. La unificación colectiva frente a todo lo que pueda considerarse como amenaza al poder de clase y del orden social existente por parte de toda forma de subversión […].

Sin desconocer el papel de las luchas sociales so-

bre la distribución y la redistribución en diferentes momentos, la forma prevaleciente de la acumulación capitalista a lo largo del conflicto ha sido la de la violencia y el despojo. Su principal resultado histórico es la generación de una de las sociedades más desiguales del mundo, caracterizada por una altísima concentración de la riqueza y de la propiedad, actualmente en manos de unos pocos poderes financieros corporativos.

su condensación en el Estado. Esto supone la consideración de varios factores interrelacionados como son: a) Las condiciones sistémicas y estructurales que producen y reproducen la dominación; b) Las disposiciones del poder de clase para ejercer su dominio y enfrentarla; c) La decisión de rebelarse y tomar las armas, que conlleva la definición y puesta en marcha de un proyecto subversivo antisistémico; 28

3. La “combinación de las formas de lucha” por parte de ese bloque de poder contrainsurgente […].

4. La definición amplia del enemigo subversivo […].

5. El desencadenamiento del ejercicio de la violencia y del accionar bélico como elementos estructuradores y de disciplinamiento y control social […] (pp. 312-314).

La conformación del bloque de poder contrainsurgente manifiesta el uso de la fuerza armada por parte de las clases dominantes para enfrentar la subversión, en el sentido amplio del término. Uno de los resultados de esa práctica ha sido, según Estrada, que: El conflicto político y social haya asumido también la expresión de la subversión armada, en respuesta a tales disposiciones. En el contexto de la guerra política no se ha tratado simplemente de una reacción; ésta también ha ad-

quirido un carácter ofensivo dado que se ha buscado la superación del orden existente y se ha manifestado la voluntad de luchar hasta la muerte por ese propósito (p. 331).

3. Los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población Al tratar la situación de las víctimas del conflicto armado, Estrada reconoce que la guerra ha generado miles de víctimas; no obstante, centra su reflexión en tres puntos: 1. […] la tendencia a la represión, la criminalización o estigmatización, incluso la destrucción física y la pretensión del exterminio [de las clases subalternas] […].

2. La imposición de variadas formas y dispositivos de regulación social que han naturalizado el ejercicio de la violencia, pretendiendo quebrar toda expresión de cooperación y solidaridad y ensanchado una especie de “fascismo social” que no excluye la liquidación del contradictor, devenido en enemigo.

3. La preservación de un orden social invariable que, pese a reproducirse electoramente, mantiene el cierre democrático y la exclusión política, al tiempo que acrecienta la concentración de la riqueza y se fundamenta en la desigualdad social (p. 349).

Estos rasgos del conflicto, según Estrada, tienen como mayor responsable al orden social vigente. La responsabilidad principal, en cuanto a su origen, persistencia e impactos del conflicto, proviene del orden social imperante: el capitalismo. Por eso, afirma que la violencia ha sido esencialmente una violencia del sistema, propia del antagonismo y del conflicto social que caracteriza a ese orden. En la medida en que el Estado condensa el poder de clase y la organización de las relaciones que predominan en la sociedad, corresponde al Estado la responsabilidad mayúscula por las formas histórico-concretas que ha asumido, las cuales se caracterizan por un continuo ejercicio de la violencia a través de diversas modalidades a lo largo de la guerra (pp. 349 y ss.).

En otras palabras, los responsables son los actores que hacen parte del bloque dominante de poder: el orden social imperante; el Estado que condensa el poder de clase; las Fuerzas Militares y de Policía; los

servicios de inteligencia, porque representan la fuerza represiva del Estado; los diferentes poderes —ejecutivo, legislativo y judicial—, porque hacen parte de la organización institucional estatal; el Estado, en tanto responsable de la conformación de estructuras complejas de contrainsurgencia para la preservación del poder de clase y enfrentar en forma abierta al “enemigo subversivo” o “comunista”, a través de organizaciones mercenarias paramilitares; los partidos y organizaciones políticas de las clases dominantes; los grupos económicos y los gremios empresariales, entre los cuales Estrada ubica también a los empresarios de la cocaína y a Estados Unidos; por último, Estrada señala la responsabilidad de la insurgencia armada, a la cual “le cabe responsabilidad por los impactos que con ocasión de su accionar rebelde a lo largo del conflicto hayan producido sobre la población civil, en el contexto de las circunstancias y situaciones generadas por el orden social vigente y de la responsabilidad sistémica” (p. 351).

4. Comentarios Sin perder de vista la existencia efectiva del capitalismo y sus formas de implementación en distintos lugares del mundo, puede formularse algunos cuestionamientos a los puntos presentados por el profesor Estrada. Para empezar, el carácter del enfoque utilizado es mono causal y omnicomprensivo. El capitalismo aparece como causa suficiente para explicar la naturaleza y la dinámica de toda la guerra, no es un elemento económico interviniente sino uno determinante del orden social y político.

En otras palabras, ante las tres cuestiones planteadas por la Mesa a los comisionados sobre la naturaleza del conflicto, los factores dinamizadores y las responsabilidades por las víctimas, Estrada sustenta una respuesta única: el capitalismo. Dicho peso en ese factor genera, además, el riesgo de llevar a la contradicción los intentos del autor por señalar que el enfoque sistémico permite analizar particularidades y complejidades porque, en esa lógica, toda explicación de situaciones particulares y complejas tiene de antemano una sola respuesta: el capitalismo. Visto así, más que una explicación particular y compleja, lo que se puede obtener es una explicación simplificada de la complejidad.

El aparato analítico utilizado por Estrada conduce a una visión bipolar del mundo, porque formula la constitución de dos partes enfrentadas: la contrain29

surgencia y la subversión, es decir, amigo y enemigo.

El autor indica que el responsable de la violencia no es la subversión sino el bloque de poder contrainsurgente que lidera una política agresiva de acumulación. La cuestión discutible es que la dialéctica planteada da al ejercicio de la violencia un carácter congénito al orden social imperante —el capitalismo—, con lo cual la respuesta armada de la subversión deviene en necesidad histórica.

Tal mirada hace inevitable el ejercicio de la violencia, por lo que la idea “la violencia como partera de la historia”, pierde así su carácter de eventualidad, como lo han intentado presentar algunos neomarxistas, y aparece como inevitable —congénita— a la dinámica política en el capitalismo; carácter discutible en los casos del tránsito del comunismo al capitalismo en sociedades como Polonia, Hungría, Rusia y Alemania del Este, entre otros, que tomaron en su momento —años ochenta— la decisión de abandonar el socialismo y emprender el camino capitalista porque consideraron, entre otros factores, que el segundo permitiría resolver problemas de crecimiento económico y democracia que padecía ese socialismo histórico implementado desde una visión ortodoxa del marxismo-leninismo. En dicho tránsito, la violencia de tipo capitalista no desempeñó un papel central, fue más eficaz para lograr la movilización social y la acogida de ese otro orden, el desprestigio acumulado por el socialismo histórico en esos países; muestra de ello fue la conformación del sindicato Solidaridad en Polonia y la acogida que dieron a Margaret Thatcher, primera ministra de Reino Unido, que encabezó la lucha internacional contra el comunismo y la promulgación del neoliberalismo.

En el caso de Colombia, puede observarse en ciertos territorios prácticas de acumulación acompañadas de la expropiación violenta de la tierra —como indica Estrada—, con el fin de ponerlas a producir bajo tutela de empresas privadas nacionales y foráneas; sin embargo, en el análisis debe considerarse también que en otros territorios la violencia ejercida y el patrón de acumulación de la tierra instaurado pareciera más bien el de una organización semifeudal, más que una organización propiamente capitalista, tendencia que particularmente puede rastrearse históricamente en lo que Moncayo considera las fases de transición e instauración del capitalismo y que Estrada ubica aproximadamente desde la años década de 1920 a 1960.

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Ante la conformación de dos bandos —contrainsurgencia y subversión— y la inevitabilidad del ejercicio de la violencia —congénita—, desaparecen los puntos medios. Por eso, Estrada insiste en que no se puede separar la historia de la subversión armada de la historia de la subversión social, porque ambas aparecen unificadas en su condición de subversivos: la subversión es una, como lo sería para la contrainsurgencia. Este planteamiento conduce a dejar de lado los diversos esfuerzos de líderes sociales y políticos que, reclamando un cambio social para el país, insisten en su independencia política, en posturas ajenas a la insurgencia armada que incluso les ha costado la animadversión de la guerrilla. La insurgencia armada no representa a toda la subversión ni todo proyecto de cambio profundo de la sociedad ha sido arrasado por la contrainsurgencia. La presencia de los temas promovidos por el movimiento de mujeres, LGTBI y ambientalistas en la agenda del Gobierno, el Estado y la sociedad son muestra del posicionamiento de asuntos de interés que han trascendido la mirada bipolar de la guerra.

La caracterización que realiza Estrada del bloque de poder contrainsurgente y de la subversión deja un aspecto implícito, según el cual, el pueblo es subversivo, o sea, anticapitalista. Sin embargo, si se acepta que el bloque de poder contrainsurgente ha constituido una hegemonía, debería también contemplarse que, como tal, cuenta entonces con el apoyo de una amplia base social —la cual no aparece entre los actores que Estrada cita como parte de ese bloque— que legitima esa conformación del orden. Esto quiere decir que el capitalismo se mantiene porque no está sustentado exclusivamente por la violencia sistémica. O, parafraseando a un pensador chileno, puede decirse que la revolución socialista hoy exige ser pensada desde el “éxito” actual del capitalismo, de su capacidad de saturar con su “espiritualidad” la existencia (Gallardo, 1991).

Ese carácter “seductor” del capitalismo, atribuido a la sensación de bienestar que experimentan quienes acceden a bienes y servicios, tiene sustentos reales; por algo Marx no reparó en reconocer los triunfos de este tipo de organización de la sociedad al punto de considerar que por ese medio se llegaría al máximo de la producción de riqueza y bienestar que luego, gracias a la revolución, permitiría a la humanidad liberarse del mundo de las necesidades, por supuesto, sin perder de vista las serias dificultades que el modelo acarrea, como la explotación del ser

humano y de la naturaleza. Y de allí —quizás— el actual rompedero de cabeza sobre el modelo de desarrollo: queremos lo mejor del capitalismo sin él, queremos bienestar sin contaminación ambiental y sin explotación del ser humano; situación en la que parece moverse China y otros países cuyo sistema político está bajo el signo comunista, que ha implementado en su seno relaciones mercantiles al punto de ser considerada como una sociedad de socialismo de mercado —aun sin democracia—, una expresión que en otro momento histórico sería considerada contradicción en los términos.

Finalmente, estos comentarios en su conjunto no esperan ser “exculpación del sistema imperante y del

Notas

Referencias bibliográficas

Véase Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015, pp. 290-351).

La paginación corresponde al buscador de páginas del documento en PDF, alojado en el sitio web de la Mesa de Conversaciones.

Estrada Álvarez, Jairo.

(2015). Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada. Elementos para una interpretación histórica del conflicto social y armado. En: Comisión Histórica del Conflicto y sus Vícti-

*

Estado que organiza las relaciones de dominación” (pp. 349), más bien, pretenden ponderar el papel que la economía de corte capitalista ha desempeñado en la guerra colombiana. Igualmente, como se sugirió al inicio de este texto, contribuye a la construcción de la paz y al fortalecimiento de la democracia debatir de manera abierta y argumentada las tesis políticas que han regido el desenvolvimiento de la confrontación política armada colombiana y que seguirán en discusión en tiempos de paz. En esta oportunidad, el capitalismo y el comunismo, considerados como las dos caras de la guerra fría, una guerra aún insepulta en Colombia a pesar de los esfuerzos de los predicadores del fin de la historia.

mas. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 290-351).

Mesa de Conversaciones.

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del-conflicto-y-susvi%CC%81ctimas-la-habanafebrero-de-2015 Eagleton, Terry. (2015).

Por qué Marx tenía razón.

Barcelona: Península.

Gallardo, Helio. (1991).

Crisis del socialismo histórico. Costa Rica. DEI.

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Darío Fajardo

Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana*

G Por John Fredy Bedoya Marulanda Grupo Estudios Políticos Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

rosso modo, la pretensión de Darío Fajardo con el estudio de los orígenes del conflicto es sustentar que su causa explícita son los problemas históricos de exclusión a la que ha sido sometida la población rural de nuestro país. Específicamente, esta exclusión ha sido materializada por la precariedad de las relaciones de producción que se sustentan en el área rural y el acceso a los medios de producción, todo como un fin consiente de las élites políticas, militares y económicas que buscaban mantener el statu quo de dominación sobre la tierra como factor primario de producción —desde la siembra de productos de calidad exportadora hasta la explotación de los recursos naturales, y desde la bonanza petrolera de los años cuarenta, el narcotráfico y la minería de los últimos veinte años— y fuente de dominación social; mientras que a las élites “nacionales” —la política gestada desde el centro— les encarga el peso del proceso de desarrollo del capitalismo en Colombia, la cual estaba ampliamente auspiciada por las élites económicas.

1. Causas del conflicto social y de su persistencia Para sustentar lo anterior, Fajardo presenta desde la década de 1920 las causas 32

y expresiones del conflicto social armado como una contraposición de dos propuestas de sociedad: la primera, basada en la propiedad de la tierra con un modelo de valorización que comienza con la expansión de la frontera por parte del campesinado, seguida de una posterior apropiación de sus recursos por parte de grupos de poder —que indistintamente pueden ser Estado, los grupos contrainsurgentes, paramilitares o narcotraficantes—, mediante el uso sistemático de la violencia, seguido de desplazamientos y una subsiguiente colonización de tierras por parte de la población rural desplazada; y la segunda, una economía nacional que necesitaba un desarrollo industrial y una clase media rural sólida.

A pesar de dicha contraposición, el autor se centra en describir el proceso mediante el cual se configuró y sobrepuso el primer modelo, dejando de lado otros interesantes fenómenos nacidos de la consolidación industrial del país, como la formación de una base sindical organizada, cuya participación política fue significativa para el fortalecimiento de muchos sectores importantes del Partido Liberal, incluido el Unirismo (Hernández, 2004). Asimismo, se omite que su exclusión de la competencia partidista y la toma de decisiones y la persecución sistemática también son símbolos-causas de la persistencia del conflicto social y armado del país, dadas sus diversas formas de lucha (Olaya, Pedraza y Teherán, 2012).

En este sentido y sin entrar en los detalles históricos específicos, la generalidad del proceso de exclusión de la población rural es cíclica, como procesos de “colonización-conflicto-migración-colonización”. Con esto, se parte de la lucha de las élites regionales por mantener las condiciones coloniales de dominio de las tierras y la fuerza de trabajo, haciendo uso de herramientas legales —Ley 135 de 1961 (p. 379); Leyes 4ª de 1973 y 6ª de 1975 (p. 380)— y de la violencia sistemática, justificando que: Estas consideraciones conducen a centrar este estudio en una comprensión de la tierra y más específicamente de los territorios como los espacios en los que se expresan y concretan relaciones sociales, en particular las que expresan el control sobre la tierra como parte de las relaciones de poder características de la sociedad colombiana (p. 358).

En palabras de Vilma Franco (2009): En la generación de condiciones sociales para el despliegue de la dimensión ilegal de la estrategia contrainsurgente ha sido relevante la instancia subnacional de gobierno. Los gobiernos locales están situados donde se objetiva la producción conjunta de la acción que garantiza la reproducción de la guerra […] (p. 240).

...la generalidad

del proceso de exclusión de la población rural es cíclica, como procesos de “colonización-conflicto-migración-colonización”. Con esto, se parte de la lucha de las élites regionales por mantener las condiciones coloniales de dominio de las tierras y la fuerza de trabajo, haciendo uso de herramientas legales —Ley 135 de 1961 (p. 379); Leyes 4ª de 1973 y 6ª de 1975 (p. 380)— y de la violencia sistemática

De esta manera, la importancia de la tierra en el primer modelo de sociedad expuesto por el autor, se da gracias a las presiones de los mercados internacionales que dieron inicio a divergentes ciclos de bonanza en la variopinta gama de productos exportables, la gran extensión de la tierra se hizo bandera del proceso de acumulación de capital en el país, tanto para privados como para sanear las arcas del erario.

El fenómeno social impulsado por lo anterior, fue el abocamiento de los grandes terratenientes sobre las comunidades campesinas, con lo que 33

Otro factor que

coadyuvó a mantener dichas relaciones de poder, fue la tensión política nacida de las diferentes fisuras que dejó cada cambio administrativo en la declaración de dichos derechos de propiedad sobre la tierra y la fuerza de trabajo. Estas disputas no resueltas por medio de los conductos representativos, dadas las restricciones en la participación política de la población rural, salieron a flote en intensas demandas —de forma violenta— contra el orden establecido por los idearios partidistas

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no solo se buscaba la apropiación de las tierras, sino —en unos casos— el control de la población allí instalada y —en otros—la expansión de la frontera mediante la colonización de tierras medias y bajas, a lo cual se respondía con una titulación a favor del terrateniente. En ambos casos, el campesino terminaba atado a la gran extensión de tierra: El interés de los hacendados se extendía más allá de las tierras, pues éstas carecían de valor si no se contaba con mano de obra y para este propósito establecieron distintos tipos de contratos de arrendamiento que fijaban a los trabajadores a las haciendas logrando su tránsito “de colonos a arrendatarios”, con la captura de las tierras y su reclamo como propiedades afianzadas (p. 360).

Algunos ejemplos de esto son la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 15 de abril de 1926, con la que el Estado pretendía recuperar las tierras baldías —no cultivadas— exigiendo “la presentación de títulos válidos para reclamar la propiedad de terrenos […] y establecía la prescripción adquisitiva para quien hubiese cultivado un predio privado por cinco años” (p. 362).

Por otra parte: […] las leyes 56 de 1905 y 71 de 1917, establecidas la primera para retornar tierras al Estado luego de 10 años de no haber sido aprovechadas y la segunda para realizar titulaciones menores, en particular inferiores a 20 hectáreas así como de los decretos 839 y 1110 de 1928, expedidos por el gobierno para favorecer la formación de medianos campesinos : el primero dirigido a facilitar la adjudicación de baldíos en superficies inferiores a 20 hectáreas y el segundo a establecer “colonias agrícolas” (p. 363).

Por último, la Ley 100 de 1944, que amparó los desalojos violentos contra arrendatarios y aparceros, en la transición a los gobiernos conservadores (p. 368).

Otro factor que coadyuvó a mantener dichas relaciones de poder, fue la tensión política nacida de las diferentes fisuras que dejó cada cambio administrativo en la declaración de dichos derechos de propiedad sobre la tierra y la fuerza de trabajo. Estas disputas no resueltas por medio de los conductos representativos, dadas las restricciones en la participación política de la población rural, salieron a flote en intensas demandas —de forma violenta— contra el orden establecido por los idearios partidistas: “La conservación de un mínimo de paz entre los dos partidos quedaba condicionada a dejar intacta la situación rural. De este modo la burguesía colombiana, que habría podido juzgar conveniente la modernización del régimen rural, quedaba en los hechos comprometida con la conservación por mucho tiempo de uno de los elementos claves del atraso del país, para evitar una ruptura entre los sectores más avanzados de ella, tentados a apoyarse en la clase obrera y los más conservadores, atados a los caciques rurales”.

Este acuerdo, recurrente en la historia del país, le posibilitó a sus dirigencias gobernar sin abrir la participación de nuevas fuerzas políticas pero sin tampoco solventar las deudas de la representa-

ción política en medio de la vigencia en los campos, de un sistema social sustentado en la exclusión, el atraso, la miseria de las mayorías (p. 366).

Visto de esta manera, se puede sustentar que las causas del conflicto fueron hechos netamente coyunturales atados a las dinámicas de los mercados internacionales, las cuales reconfiguraban por medio de la violencia los procesos y relaciones de producción entre grandes terratenientes, el campesinado y los pequeños propietarios. Sin embargo, no se puede dejar de lado otros factores que deben ser tenidos en cuenta para entender la transformación de la violencia nacida de la exclusión del campesinado al conflicto que hoy conocemos: a) el gestante impulso de las ideas comunistas que intentaban obtener participación política y que competían abiertamente con los partidos tradicionales —caso que toca abiertamente al sindicalismo, pero que está por fuera de este estudio—; b) los intereses de Estados Unidos en el país y las ayudas monetarias y militares ofrecidas para la lucha contrainsurgente —o anticomunista—; y c) el asesinato de Gaitán.

Con relación a estos últimos puntos, el autor muestra cómo las arremetidas de “orden contrainsurgente” por parte del Estado terminan por dar origen al conflicto armado1 hasta el día de hoy, en el que los paramilitares y el mismo Estado se convierten en los principales victimarios, pues su accionar mancomunado, lo que sumado a la ayuda proveniente de Estados Unidos, conllevó a que: Durante estos años ocurrieron expulsiones y masacres de cientos de familias campesinas y la usurpación de sus tierras, condiciones que favorecerían el desarrollo de la agricultura comercial, pero que también serían vistas con preocupación por sectores de la dirigencias nacionales para quienes los despojados eran vistos como eventuales portadores de amenazas insurreccionales, lo cual motivó la vinculación del país a estrategias de “desarrollo económico” (p. 374).

El autor termina aduciendo que mientras persistan estas condiciones de exclusión del campesinado, no se resuelvan los problemas de tenencia de la tierra y se cambien las relaciones de producción se dará continuidad al conflicto, pues esta parece ser una causa necesaria para que cualquier otro factor lo desencadene. El caso del narcotráfico parece ser muestra de ello: la incursión del país en la producción, procesamiento y comercialización de drogas, y el relativo éxito de quienes han encabezado esta industria criminal, reproducen —según el autor— las mismas condiciones del campesinado que se ha visto obligado a la ampliación de la frontera agrícola, ya que los narcotraficantes disponen de mano de obra y tierra baratas lejos del control del Estado, algo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Sin embargo, no se

puede dejar de lado otros factores que deben ser tenidos en cuenta para entender la transformación de la violencia nacida de la exclusión del campesinado al conflicto que hoy conocemos: a) el gestante impulso de las ideas comunistas que intentaban obtener participación política y que competían abiertamente con los partidos tradicionales —caso que toca abiertamente al sindicalismo, pero que está por fuera de este estudio—; b) los intereses de Estados Unidos en el país y las ayudas monetarias y militares ofrecidas para la lucha contrainsurgente —o anticomunista—; y c) el asesinato de Gaitán.

Para finalizar, si se quisiera enunciar lo que para este autor son las causas de la persistencia del conflicto armado, se deben enumerar así: como factor fundamental, la forma inequitativa de la tenencia de la tierra —las reformas agrarias siguen privilegiando el modelo económico basado en la gran extensión de tierras—. Como factores desencadenantes, primero, 35

las resistencias a los cambios en los patrones de producción2 y la alta corrupción en la administración de fondos para campesinos; segundo, la inserción abierta de la economía colombiana a los mercados mundiales y el fomento al capital especulativo; tercero, la misma lucha contrainsurgente liderada por el Estado en comunión con los grupos paramilitares, que dio paso al desmantelamiento de organizaciones campesinas; y cuarto, el afianzamiento del narcotráfico como forma de producción con capitales encaminados a la concentración de la tierra y al auspicio de grupos paramilitares.

Notas Véase Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015, pp. 352-406).

La paginación corresponde al buscador de páginas del documento en PDF, alojado en el sitio web de la Mesa de Conversaciones.

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1. En este sentido, la definición de conflicto armado usado por Fajardo es el de Marco Palacio (2012), en el que se registra “por lo menos 25 encuentros mortales entre diversas fuerzas, una de las cuales debe ser estatal” (p. 25) 2. Por ejemplo, la Ley 200 de 1936, que condujo a la evicción de millares de

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aparceros que salieron de las haciendas, en espacial las cafeteras, proceso que buscaba también convertirlos en asalariados; y la Ley 100 de 1944 con la que los contratos de aparcería y similares se declarados “de conveniencia pública”, eliminando cualquier posibilidad de reclamo contra los propietarios (pp. 372-373).

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Javier Giraldo Moreno, S.J.

Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos*

Por Juan Carlos Escobar Escobar Grupo Estudios Políticos Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

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l texto del sacerdote jesuita, Javier Giraldo Moreno, constituye una respuesta a las tres preguntas básicas que fueron formuladas a los miembros de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, a saber: a) ¿cuál es el origen y cuáles las causas del conflicto armado colombiano?; 2) ¿qué explica la persistencia del conflicto?; y 3) ¿cuáles son los impactos del conflicto en la sociedad colombiana?

El autor asume y defiende, a lo largo de su exposición, la hipótesis de la existencia de “causas objetivas”1 del conflicto, causas que han sido poco valoradas por otros autores de la Comisión (Giraldo Ramírez; Duncan). Incluso, puede decirse que Giraldo Moreno va más allá, al defender el derecho a la rebelión como una alternativa cuando el Estado no cumple sus deberes y como un “elemento de conciencia” que se articula a las llamadas “causas objetivas” del conflicto.

El objetivo de esta reseña consiste en intentar explicitar dos de estos tres asuntos —el origen y la persistencia del conflicto—, siguiendo el argumento y la hipótesis mencionados en el párrafo anterior. Al final, se recogen sintéticamente algunos elementos que discuten los planteamientos de Giraldo Moreno.

1. Origen y causas del conflicto Al igual que buena parte de la literatura sobre el conflicto armado colombiano, el padre Giraldo Moreno ubica sus comienzos entre las déca37

das de 1920 y 1960: “con una intensificación entre los años 40s y 50s [sic], hasta desembocar en 1964 en la creación de las FARC, el ELN y el EPL” (p. 416).

A pesar de esa coincidencia cronológica, se distancia de buena parte de las hipótesis sobre estos orígenes: Algunos atribuyen la intensa violencia que vive el país en las décadas de 1930 a 1960 a conflictos ideológico políticos, unos centrados en la atención en las hostilidades interpartidistas que enfrentaron a liberales y conservadores, otros señalando como fuente de incentivación del conflicto a nuevas ideologías políticas socialistas o comunistas. Nadie podría negar el revestimiento partidista e ideológico que tuvo esa violencia, sobre todo en las décadas de los 40 y 50, pero quien quiera comprenderla en sus raíces no puede quedarse en esos niveles superficiales (p. 420).

Buenos Aires y publicada en Oxford Journal of Legal Studies en 1988. Acá reproduzco dos apartes que considero importantes: […] La característica especial del Derecho a la Rebelión en cuanto derecho anti social es que se refiere a un incumplimiento de deberes por parte del Estado, de manera tan grave y sustancial, que puede legítimamente ser tratado por el súbdito, si así él lo entiende, como algo que disuelve los vínculos entre ellos (p. 411).

Más adelante retoma la conclusión del mismo autor:

Ningún ser racional se embarca con ligereza en la guerra, menos en una guerra civil, la más perturbadora de todas las formas de beligerancia. Nadie tiene el derecho de hacerlo si existen otros medios de conseguir, en un tiempo prudencial, los objetivos justificados que él y sus socios rebeldes han determinado alcanzar.

Incluso si tiene derecho a recurrir a la violencia, el ingún ser racional se embarca con ligereza en rebelde tiene que sopesar las probables consecuenla guerra, menos en una guerra civil, la más perturcias de su acción. Este probadora de todas las formas de beligerancia. Nadie ceso lo llevará a menudo tiene el derecho de hacerlo si existen otros medios y acertadamente a tomar la decisión de no ejercer de conseguir, en un tiempo prudencial, los objetisu derecho a la rebelión vos justificados que él y sus socios o a no hacerlo en tal corebeldes han determinado alcanzar. yuntura. Pero a veces no se quiere ni se debe. En fin, la única garantía de la dignidad humana sería que quisiéramos, si nos presionan demasiado, Con el fin de apartarse de estas lecturas, el auestar preparados para la rebelión, y que si lo tor propone un esquema interpretativo y un marco hiciéramos, tuviéramos el derecho de nuestro conceptual en el que discute, inicialmente, las relalado. Apoyarnos sería entonces el deber de ciones entre democracia y rebelión. En ese sentido, los demás miembros de nuestra comunidad recuerda que, como cualquier otro derecho, el de la (p. 412). rebelión hace parte de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Este “elemento de conciencia”, llamado así por francesa (1789) y de la Declaración de IndependenGiraldo Moreno, se articula con situaciones o “caucia de Estados Unidos (1776). En estas, como en la sas objetivas” del conflicto, que para el autor son Declaración Universal de los Derechos Humanos de cruciales en el origen del mismo, en un país como la ONU (1948), la rebelión se ve como último dereel nuestro. En ese sentido, suscribe la tesis de que el cho remedial, aplicable cuando los demás derechos detonante principal del conflicto armado es la falta universales son desconocidos o violados. Acudiendo de acceso a la tierra para un significativo número de a tratadistas en el tema, Giraldo Moreno cita algunas la población. Esto lo dice apoyado en un estudio del características de este derecho, citando a Anthony Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), publicado en 1978, que muestra que Maurice Honoré en conferencia dictada en 1987 en

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desde comienzos del siglo xx todas las tierras baldías estaban tituladas a favor de un reducido grupo de propietarios (p. 416).

eliminar al contrario. En este punto se apoya en la hipótesis del derrumbe parcial del Estado, citando a Paul Oquist:

La concentración de la tierra, cuyos índices son tomados igualmente del estudio del DANE (p. 420), sigue siendo muy elevada para las décadas de 1960 y 1970. Esa concentración de tierras en un país que por esas décadas era mayoritariamente rural, en su población y territorio, obligaba al campesino a vivir en una dependencia forzosa en las grandes haciendas, donde las condiciones laborales eran “de una práctica esclavitud e inhumanidad” (p. 417).

Se produjo un derrumbe parcial del Estado, asociado con la continuación de la política partidista hegemónica y exclusivista, en una época en la cual el Estado adquirió tanta importancia en la vida nacional que ningún sector dentro de los grupos dominantes de la sociedad estaba dispuesto a ser excluido del poder del Estado y de los beneficios que de él se obtenían (p. 431).

También recurre al sociólogo ucraniano-colomEl creciente reclamo de tierra por parte de cambiano Juan Friede que describe el régimen político pesinos e indígenas fue respondido por las élites ecocolombiano como aquel que —y cita— “se basa sonómicas y políticas con negativas prepotentes y viobre el derecho de un grupo de la sociedad a goberlentas, impidiendo así la satisfacción de necesidades nar a los restantes más o menos a su antojo, y que biológicas ligadas a la tierra como la alimentación, la recalca siempre el derecho que tiene el más hábil, el vivienda y el trabajo, para las cuales Giraldo Moreno recurre igualmente a cifras de entidades oficiales como la Organización de las Naciones Unidas sa concentración de tierras en un país que por para la Alimentación y esas décadas era mayoritariamente rural, en su pola Agricultura (FAO) y la encuesta de calidad de blación y territorio, obligaba al campesino a vivir vida del DANE. A esto se en una dependencia forzosa en las grandes haciensuman la vulneración de das, donde las condiciones laborales eran los derechos a la salud y a la educación. La no sa“de una práctica esclavitud e inhumanidad tisfacción de estas cinco necesidades elementales conduce a disolver los vínculos entre los ciudadanos y el Estado o, al más fuerte de apropiarse de la mayor cantidad de los menos, a reconocer que ya no existe una empresa valores sociales” (p. 431). común entre ambos, y en la medida en que dicha disolución es grave, prolongada y generalizada —dice Giraldo Moreno condensa en tres los rasgos más Giraldo Moreno—, se activa legítimamente el dereimportantes del Estado colombiano, de acuerdo con cho a la rebelión. los dos expertos citados: “a) Estado identificado con un pequeño grupo de hábiles y fuertes; b) que absorSin embargo, la comprensión cabal del conflicto, be o reprime a las demás fuerzas sociales (hegemode su origen y causas, no es posible —según el aunías políticas); c) cuyo dominio y control se motiva tor— si, además del reconocimiento de las causas en los beneficios que de él se obtienen” (p. 431). objetivas que acabamos de mencionar, no se indaga simultáneamente por las características del Estado En el centro del argumento de Giraldo Moreno soque se había configurado y cuyos rasgos principabre el Estado se encuentra la exclusión de un grupo les son una estructura de poder elitista, excluyente significativo de ciudadanos, durante décadas, de tres derechos fundamentales para la convivencia pacífica y hegemónica, mediada por partidos políticos que y democrática: los derechos a la participación, a la tenían esas misma características y que zanjaban información y a la protección. Una empresa común sus diferencias con guerras que buscaban someter o

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Estado-ciudadanos debe partir de la garantía de estos derechos. Su vulneración está en la base de la explicación del derrumbe parcial del Estado. Los altos niveles de corrupción, el monopolio de los medios de comunicación por parte de las elites políticas y económicas, al igual que la enorme impunidad, hablan del incumplimiento y la violación de los tres derechos mencionados. Al respecto, concluye Giraldo Moreno que en Colombia se han dado una serie de situaciones que han afectado a sectores importantes de la población y han llegado a desatar un conflicto armado de larga duración.

cas no tradicionales y críticas, el defensor de derechos humanos, el teólogo de la liberación y en general el poblador inconforme con el statu quo [sic] (p. 442).

Un elemento clave en la construcción del enemigo interno y en la estrategia contrainsurgente del Estado ha sido el paramilitarismo, que para el autor tiene orígenes anteriores a las lecturas más estándar del problema:

La versión oficial ubica sus orígenes en los 80 [sic] y los relaciona con la reacción de gremios adinerados que frente a la acción de las guerrillas habrían decidido construir ejércitos 2. Sobre la persistencia del conflicto privados para defenderse […]. Sin embargo, La persistencia del conflicto armado colombiano el verdadero origen del paramilitarismo, comguarda estrecha relación, según Giraldo Moreno, probado documentalmente, se encuentra en la Misión Yarborough o visita a Colombia en febrero de 1962, de oficiales de la Escuela juicio de Giraldo Moreno, el propósito de la de Guerra Especial de Misión era borrar las fronteras entre lo civil y lo Fort Bragg (Carolina del Norte) quienes dejaron militar, involucrar a la población civil en la guerra un documento secrey legitimar la persecución y eliminación de la poto, acompañado de un blación civil inconforme, mediante la menanexo ultra-secreto en el cual orientaban a concionada doctrina del “enemigo interno”. formar grupos mixtos de civiles y militares, entrenados clandestinamente con la persistencia y, en algunos casos, agudización y utilizables en caso de que la seguridad nade los factores que lo originan. Hay asuntos y formas cional se deteriorara (p. 443). del conflicto que se hacen más explícitas desde la A juicio de Giraldo Moreno, el propósito de la Midécada de 1960 y a las que dedica especial imporsión era borrar las fronteras entre lo civil y lo militar, tancia. involucrar a la población civil en la guerra y legitimar En su lectura, el Frente Nacional agudizó la exla persecución y eliminación de la población civil clusión y la hegemonía. Adicionalmente, y en un inconforme, mediante la mencionada doctrina del contexto de guerra fría, los movimientos de base son “enemigo interno”. El presidente de turno, Guillerenglobados en la caracterización de “comunismo”, mo León Valencia, estableció el piso legal para que que fue declarado fuera de la ley y criminalizada algunas de estas recomendaciones fueran incorporatoda colaboración con el mismo. Giraldo Moreno das, debido a que con esto se “cumplía compromiseñala que en los manuales de contrainsurgencia de sos internacionales” (p. 443). la época el perfil del “comunista” se describe explíLas décadas posteriores, especialmente a partir citamente así: de los ochenta, representan un incremento en la in[…] el sindicalista, el campesino que no simtensidad del conflicto armado que el autor resume patiza o se muestra renuente ante las tropas en los siguientes elementos: los indicadores sociales, particularmente los de acceso a la tierra, se hamilitares que penetran en su vereda o en su cen cada vez más dramáticos; millones de personas vivienda, el estudiante que participa en prodespojadas de sus tierras desde entonces hasta hoy; testas callejeras, el militante de fuerzas políti-

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violación masiva y sistemática de los derechos humanos más elementales —la vida, la integridad, la libertad—; gran crecimiento del fenómeno paramilitar, entre otros.

Finalmente, las promesas de la Constitución de 1991 de un Estado más democrático no se cumplieron. Es más, los patrones de injusticia, exclusión, represión, hegemonía y control elitista del Estado no solo permanecieron sino que pudieron acentuarse más en las décadas posteriores a la promulgación de la Constitución. Todo esto acompañado de la permanencia, incremento y sofisticación de los fenómenos de corrupción y clientelismo, de la privatización de los sistemas de salud y educación, y de la degradación que estos y otros servicios han padecido recientemente.

3. Comentario final Para finalizar, sintetizo dos elementos críticos a la posición de Javier Giraldo Moreno. El primero de ellos tiene que ver con la hipótesis de las “causas objetivas” del conflicto. Esta posición tuvo bastante aceptación hasta hace unas décadas. Por ejemplo, el informe de la Comisión de los “violentólogos” de 1987 reconoce la validez del concepto de las causas objetivas y también se encuentra en el siguiente informe oficial sobre las violencias, Pacificar la paz (Reyes Posada et al, 1992), que le da una mirada regional al fenómeno. Habla de la importancia de enfrentar “los factores estructurales de la violencia,

Notas * Véase Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015, pp. 407-450).

La paginación corresponde al buscador de páginas del documento en PDF, alojado en el sitio web de la Mesa de Conversaciones.

1. Por “causas objetivas” se entienden las realidades de orden socioeconómico que comportan un grave deterioro de las condiciones de existencia de amplios sectores de la población. En un sentido amplio, la pobreza,

la represión y la alienación configuran las causas de la violencia, fenómeno que se produce cuando la sociedad ve obstaculizado su desarrollo debido a las limitaciones que provienen de las estructuras sociales mismas, producto de relaciones basadas en la desigualdad (Bejarano et al, 1997, p. 42).

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tales como las desigualdades sociales y la falta de desarrollo”, y de tratar “las causas subyacentes a la violencia” (Reyes Posada et al, 1992, p. 30).

Sin embargo, a pesar de la relativa aceptación del enfoque sobre las llamadas “causas objetivas”, poco a poco fue desdibujándose para luego ser fuertemente cuestionado por varios analistas desde una perspectiva economicista. Surgió entonces la idea de que el factor más relevante para explicar la emergencia de grupos insurgentes y el conflicto actual era la decisión subjetiva individual de los rebeldes, basada en el razonamiento costo-beneficio, asociado con la teoría de elección racional. Por esa vía hemos llegado a posiciones en su mayoría dicotómicas y antagónicas sobre este tema —causas objetivas versus causas subjetivas—. El texto de la actual Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas es una buena muestra de ello.

El otro grupo de críticas contra la obra de Giraldo Moreno se ha centrado en cuestionar su defensa del derecho a la rebelión y, por esa vía, a la justificación de la guerra. Uno de sus críticos es justamente su colega jesuita, el padre Francisco de Roux, que insiste en que nada justifica la guerra y que no puede haber ningún derecho a ella si se quiere permanecer en los preceptos de la fe católica (De Roux, 2001).

Aquí la discusión está soportada en dos puntos de partida distintos y probablemente también antagónicos: preceptos filosóficos del Derecho, de un lado, y consideraciones morales y teológicas, del otro.

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Jorge Giraldo Ramírez

Política y guerra sin compasión*

Por Manuel A. Alonso Espinal Grupo Hegemonía, Guerras y Conflictos Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

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l texto elaborado por el profesor Giraldo Ramírez es polémico y muy inteligente. Sus tesis son provocadoras y pueden incomodar, pero para debatirlas seriamente tocaría traer otros datos, sacar otras cifras y cotejar otras fuentes, pues uno de los méritos del trabajo de este autor es que sustenta sus afirmaciones, tesis y especulaciones con información cuantitativa y recurre a la comparación de datos con otros países de Suramérica y Centroamérica, para debatir algunas ideas más o menos aceptadas por muchos de los analistas del conflicto armado colombiano.

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Posiblemente anticipándose a muchas de las reacciones que puede provocar su texto, establece unos axiomas básicos o puntos de partida para su exposición.

Esos axiomas señalan que: a) “la violencia política colombiana de las últimas cinco décadas debe caracterizarse como guerra” (p.

451), es decir, no es bandolerismo, terrorismo, narcoterrorismo, delincuencia común o violencia irracional y espontánea; b) esa guerra es larga —en el sentido estricto del término abarca 35 años—, compleja —por la pluralidad de actores—, discontinua —temporal y espacialmente— y, ante todo, política “por la enemistad expresada por los conten-

dientes y su posición bélica, y por los motivos, objetivos y discursos expresados”(p. 452); y c) esa guerra ha sido “atroz en el trato entre los combatientes, y muy cruel en cuanto a la conducta de los combatientes contra la población civil” (p. 452).

En estas premisas se cuela una sutileza, que después será central para el desarrollo de la tesis de Giraldo Ramírez, al reconocer la existencia de esa guerra solamente a partir de 1980. Antes, considera que teníamos un conflicto armado de muy baja intensidad, entre unas guerrillas marginales, raquíticas y voluntaristas, y un Estado fragmentado y relativamente débil. En este sentido, y de manera implícita y no declarada, Giraldo Ramírez diferencia dos grandes momentos del conflicto: el del desafío revolucionario y el conflicto armado de baja intensidad —años sesenta y setenta—, y el de escalonamiento del conflicto y la guerra a partir de los años ochenta. Está periodización es fundamental porque le permite al autor construir una hipótesis central sobre el origen del conflicto armado y dos hipótesis complementarias sobre el origen de la guerra.

La hipótesis central, que posiblemente responde a la pregunta por el origen y la causa de la guerra, señala que: Cualquier ejercicio de política comparada demuestra que no hubo en Colombia —ni en otro país— ninguna característica que pueda llamarse “estructural” u “objetiva” que determinara fatalmente la ocurrencia de la guerra. En general, en las guerras no hay causas distintas a las decisiones de las unidades políticas y en Colombia la guerra se inició por la voluntad de grupos revolucionarios que desafiaron mediante las armas al gobierno y a la sociedad (p. 492).

Es decir, la aparición de las guerrillas colombianas de primera generación “estuvo enmarcada en el conflicto global surgido después de la Segunda Guerra Mundial (1949) entre un occidente liberal y un oriente socialista, y alentada por el impacto del triunfo de la revolución cubana en 1959” (p. 457).

Giraldo Ramírez recopila cifras sobre la difusión guerrillera en América Latina entre 1956 y 2006, para demostrar que el fenómeno guerrillero fue común a todos los países —con excepción de Costa Rica y Puerto Rico—, y se debió, básicamente, al voluntarismo revolucionario: “países grandes y pequeños, con geografías plácidas o abruptas, pobres y menos

pobres, más equitativos y muy desiguales, dictatoriales y democráticos, con relaciones diplomáticas con el bloque socialista o sin ellas, todos tuvieron guerrillas” (p. 458), en los años sesenta y setenta.

En la tesis de Giraldo Ramírez están presentes dos asuntos muy importantes: Primero, este autor realiza un replanteamiento general en torno al significado del Frente Nacional y sus consecuencias en la vida política colombiana. Tomando como referencia comparativa a otros países de América Latina, este autor muestra que: “el Frente Nacional restableció los marcos constitucionales, recuperó la civilidad en la competencia política y permitió un margen apreciable para las libertades civiles” (p. 455). Además, afirma que: Incrementó de modo significativo el gasto social del gobierno, mejorando de manera lenta aunque sostenida los principales indicadores de calidad de vida y fortaleció las instituciones encargadas de esas funciones. Adoptó una postura activa en la promoción de la organización social de los pobladores urbanos en juntas de acción comunal y de los campesinos de asociaciones de usuarios de los programas agrarios [y realizó] la reforma laboral más importante y progresiva [que se ha realizado en Colombia] (p. 460).

En este sentido, Giraldo Ramírez muestra que la gran paradoja colombiana es que las guerrillas surgen en una “doble transición de la dictadura a la democracia y de la guerra a la paz” (p. 469).

Segundo, en el trasfondo del argumento de Giraldo Ramírez se encuentra la idea que señala lo innecesario de buscar y explicar los orígenes y las causas de la guerra. De manera genérica, la estructura del texto permite inferir que lo realmente importante es explicar la longevidad del desafío revolucionario y la posterior irrupción de la guerra.

Las dos hipótesis complementarias mencionadas atrás apuntan a estas cuestiones: ¿Por qué duraron las raquíticas guerrillas colombianas hasta los años ochenta? ¿Por qué no desaparecieron como pasó con muchas otras guerrillas surgidas en el fragor revolucionario provocado por la Revolución cubana? La hipótesis de Jorge Giraldo al respecto señala que “la extraordinaria longevidad de las guerrillas criollas” se puede explicar por “la mayor 43

En estas premisas se cuela una sutileza, que des-

pués será central para el desarrollo de la tesis de Giraldo Ramírez, al reconocer la existencia de esa guerra solamente a partir de 1980. Antes, considera que teníamos un conflicto armado de muy baja intensidad, entre unas guerrillas marginales, raquíticas y voluntaristas, y un Estado fragmentado y relativamente débil.

b) La insuficiente y precaria integración territorial del Estado a través del desarrollo de infraestructura vial. Muestra que Colombia presenta, a finales de la década de 1970, tasas muy bajas en el desarrollo de la red nacional de carreteras. Según el autor, esta red se desarrolla en función del comercio y transporte de carga, y no en función de una efectiva integración territorial del país y sus regiones.

más o menos inocuo, a una guerra larga, compleja, discontinua, atroz y cruel. La respuesta es simple: el elemento explicativo se encuentra en la consolidación del poder del narcotráfico. Al respecto, llama la atención sobre el papel de este actor en la conformación de “una nueva fisonomía del país en los ámbitos sociales, económicos y culturales” (p. 471), es decir, su papel en la fragmentación de la estructura de la sociedad, la creación de vías ilegales de movilidad social, el establecimiento de nuevas formas de dominación local, la creación de complejos procesos de corrupción de las autoridades civiles y la fuerza pública y, fundamentalmente, la apertura de una nueva “estructura de oportunidad” para que los grupos armados ilegales —guerrillas y paramilitares—, crecieran aceleradamente en términos de su expansión territorial y capacidad militar.

c) La ineficacia del Estado para obtener recursos necesarios para el desarrollo institucional del Estado.

El autor llama la atención sobre la resistencia de las élites económicas —tanto tradicionales como modernas— a pagar impuestos y su arraigada conducta a utilizar su influencia para impedir cualquier intento de establecer una fiscalidad equitativa y adecuada a las necesidades del país.

A partir de esta tesis, Giraldo Ramírez ocupa gran parte de su texto a describir las transformaciones de los actores en ese escenario de guerra, destacando —fundamentalmente— la transición que hacen desde lógicas centradas en fines políticos, hacia lógicas centradas en la supervivencia militar de cada organización. Esto para recalcar el carácter predatorio que puedan tener y para destacar el carácter cruel de su confrontación.

La última pregunta de Giraldo Ramírez tiene que ver con el porqué el país pasó de una situación de desafío revolucionario o conflicto armado interno,

Como señalé al comienzo, para discutir las tesis de Giraldo Ramírez es necesario poner sobre la mesa otros datos, otras cifras, otras mediciones y

debilidad relativa del Estado colombiano” (p. 462). Y esta debilidad del Estado remite a tres aspectos básicos, señalados por Giraldo Ramírez: a) La debilidad de las fuerzas militares. Tomando como eje de comparación el gasto militar, muestra que en Colombia el poder civil terminó “imponiendo una condición de fragilidad institucional sobre las fuerzas armadas” (p. 464).

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otras comparaciones. Y este no es el objetivo de este comentario. Algunos autores pueden firmar, por convencimiento académico o por conveniencia política, la hipótesis central del texto sobre la no existencia de causas objetivas. Igualmente, se puede acoger como aceptables su relectura sobre el papel del Frente Nacional en los orígenes del conflicto, algunas de sus tesis explicativas sobre la longevidad de nuestras guerrillas y el papel del narcotráfico en el escalonamiento y crecimiento de la guerra.

Sin embargo, hay dos asuntos que deben estudiarse con más detalle: en primer lugar, sus tesis sobre la debilidad o no de las fuerzas militares y, en segundo lugar —y este asunto es muy importante—, el papel de la tierra en la longevidad de la guerra. El primer asunto requeriría desagregar de manera más juiciosa la naturaleza de la intervención militar en el conflicto, desentrañar las rutas no institucionales de esa intervención y precisar los alcances y el accionar militar en los escenarios regionales y locales del conflicto. Posiblemente, aquí se dibujaría un panorama de contrastación que permitiría matizar los conteni-

* Véase Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015, pp. 451-497).

La paginación corresponde al buscador de páginas del documento en PDF, alojado en el sitio web de la Mesa de

Conversaciones.

Referencias bibliográficas Giraldo Ramírez, Jorge. (2015). Política y guerra sin compasión. En: Comisión Histórica del Conflic-

dos de la tesis en torno a la debilidad de las fuerzas militares en Colombia.

El segundo asunto requiere analizar de manera comparada los procesos de expropiación de la tierra en Colombia, los fracasos de la reforma agraria y el veto de las élites agrarias a una modificación, así fuera tímida, del régimen de tierras. Posiblemente, aquí aparecerían otros enunciados o hipótesis para explicar el fenómeno de la larga duración en el conflicto armado colombiano y para pensar, incluso, el papel del narcotráfico en la radicalización de esta problemática.

Finalmente, muchas de las afirmaciones del profesor Giraldo Ramírez pueden ponerse a prueba aventurando hipótesis sobre los desarrollos locales de la guerra. En este sentido, un factor que ayude a entender la longevidad del conflicto armado colombiano puede estar en el análisis de la naturaleza local y regional de ese conflicto, y en el estudio de las formas como esas conflictividades regionales de carácter histórico se insertaron y alimentaron al conflicto nacional.

to y sus Víctimas. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 451-497).

Mesa de Conversaciones.

Recuperado de https:// www.mesadeconversacio-

nes.com.co/comunicados/ informe-comisio%CC%81nhisto%CC%81ricadel-conflicto-y-susvi%CC%81ctimas-la-habana-febrero-de-2015

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A

ntes de iniciar cualquier consideración crítica sobre el texto que Francisco Gutiérrez Sanín construyó para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, hay que dejar constancia de que las ideas que pone sobre la mesa, los sustentos que aporta y la forma como desarrolla sus argumentos constituyen un trabajo admirable, que recoge en un modelo coherente y dinámico varios factores explicativos sobre los orígenes y la persistencia del conflicto armado colombiano. En este sentido, escribir una reseña crítica sobre su trabajo implica un reto nada desdeñable, del cual no es fácil salir bien librado.

1. Factores y dinámica de la guerra civil colombiana

Francisco Gutiérrez Sanín

¿Una historia simple?

*

Por Juan Camilo Portela García Grupo Estudios Políticos Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

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Gutiérrez afirma que hay dos grandes oleadas de guerra civil en Colombia. La primera inicia aproximadamente a finales de la década de 1940 y va hasta comienzos de la década de 1960, y es conocida como La Violencia; mientras que la segunda, a la que llama guerra [contra]insurgente, inicia después de la anterior y llega hasta nuestros días. A pesar de estar “orgánicamente conectadas” presentan diferencias en sus “protagonistas, principales motivos y lógicas subyacentes” (p. 498). El autor se concentra en la segunda, que incluye dos momentos: a) los orígenes, con la creación de las guerrillas; y b) la entrada de Colombia propiamente a un estado de guerra civil a finales de 1970, es decir, la persistencia del conflicto.

Para determinar qué factores explican los orígenes y la persistencia del conflicto, Gutiérrez se inclina por aquellos que resisten una perspectiva comparada, es decir, que van más allá de la especificidad del caso colombiano y han sido sometidos a comparaciones con otros casos para demostrar su relevancia explicativa. De esta forma, propone dos bloques de condiciones explicativas: de los orígenes y de la persistencia.

Sobre los orígenes, Gutiérrez enuncia cinco factores. En primer lugar, en la historia colombiana hay una larga tradición violenta que incide en la formación de destrezas y personal para la guerra. La Violencia del cincuenta dejó como legado una hipoteca institucional: “cristalizada en cuestiones como los literalmente miles de decretos expedidos bajo estado de emergencia” (p. 503); y unas condiciones sociales favorables a la acción armada independiente del Estado, como deudas de sangre, sentimientos de humillación, odio y venganza, bases sociales campesinas martirizadas, redes de sociabilidad articulados a proyectos de resistencia armada y formación de especialistas en la violencia. Gutiérrez da a este grupo de condiciones institucionales y sociales el nombre de herencias de La Violencia (p. 500).

Como segundo factor, la desigualdad agraria creada a través de la asignación política de los derechos de propiedad, que se refiere a que “los agentes claves [sic] encargados de la asignación y especificación de los derechos de propiedad […] han estado ligados de manera directa y sin mediaciones a la política partidista competitiva”; lo cual implica que los políticos han garantizado “acceso a la tierra protegido por la coerción y la impunidad” (p. 505). De esta situación surge una tendencia a la concentración de la tierra, amparada por la combinación de contactos políticos y abogados, y el recurso a la violencia; y una tendencia a la movilidad social ascendente por parte de especialistas en violencia que buscan verse beneficiados de la misma combinación. También genera una expansión violenta de la frontera agrícola y, dada la articulación de poder político y gran propiedad, produce cierres regionales y locales. En conjunto, Gutiérrez afirma que esta condición constituye la “bomba atómica de los diseños institucionales” en Colombia (p. 505).

Como tercera condición, si bien la idea de cierres políticos en Colombia requiere una reconsideración —durante el Frente Nacional, el régimen político y las instituciones colombianas estuvieron entre las más abiertas de América Latina—, sí se presentaron unas formas de representación que implicaron exclusiones institucionales del campesinado por debajo del nivel del régimen político (p. 500), dando lugar a un “sesgo anticampesino” (p. 507). La combinación entre exclusión política e inequidad material constituye una “desigualdad horizontal”, que es un factor explicativo muy importante del origen de las guerras civiles (p. 508).

La Violencia del

cincuenta dejó como legado una hipoteca institucional: “cristalizada en cuestiones como los literalmente miles de decretos expedidos bajo estado de emergencia” (p. 503); y unas condiciones sociales favorables a la acción armada independiente del Estado, como deudas de sangre, sentimientos de humillación, odio y venganza, bases sociales campesinas martirizadas, redes de sociabilidad articulados a proyectos de resistencia armada y formación de especialistas en la violencia.

Un cuarto elemento es la provisión privada de coerción-seguridad, que se dio mediante la reapertura del acceso a la provisión privada de seguridad durante el Frente Nacional (p. 509). En los gobiernos de Valencia y Lleras se expidieron decretos que institucionalizaron la figura de las autodefensas y establecieron que el ejército se encargaría de recibir las demandas de seguridad privada de la población, como marco institucional de la guerra contrainsurgente. Finalmente, el sistema político colom47

Como segundo

factor, los patrones de violencia de la guerrilla contra los civiles, particularmente el incremento del secuestro, fueron la clave que activó una violenta respuesta por parte de élites regionales, previamente proclives a tal tipo de respuesta. Es decir, el secuestro vinculó “los motivos generales de la contrainsurgencia con los del patrimonio y seguridad personal de los involucrados” desembocando así en una respuesta violenta que se cristalizó en el paramilitarismo (p. 516). La respuesta contrainsurgente no solo se dirigió a la guerrilla sino a una amplia gama de actores sociales y políticos.

biano experimentó unas dinámicas centrífugas y bloqueadoras a causa de la fortaleza de las élites locales (p. 510). Esto significó la imposibilidad de llevar a cabo las grandes reformas sociales del programa del Frente Nacional, hecho que incidió en su pérdida de credibilidad y apoyo.

La combinación de estos factores dio lugar a una secuencia histórica que generó la entrada de Colombia a una guerra civil propiamente dicha. Esta secuencia comenzó con los procesos de reforma agraria de 1961 y 1968, que dieron lugar a un realineamiento de fuerzas en el sistema político y en las élites económicas en torno a una opción distinta a la reforma: la colonización. La colonización implicó el poblamiento de regiones donde no había “ni mercado ni estado [sic]” (p. 511).

Sobre la persistencia, Gutiérrez propone como primer factor explicativo el narcotráfico. En los ochenta, Colombia “se volvió un jugador de primera línea en el mercado mundial de la coca” (p. 513); lo cual incidió en la profundización de la tendencias centrífugas del sistema político, puesto que las coaliciones regionales no requerían del centro para tener acceso a financiación y coerción. Además, el narcotráfico contribuyó al desarrollo militarista de las FARC por tres vías: a) el aumento de recursos para “armas, rancho, logística y procesos de expansión” (p. 515); b) definición como autoridad regulatoria de economías sobre la que no operaba el Estado, en el ámbito local y regional; y c) incremento en la capacidad de reclutamiento.

Como segundo factor, los patrones de violencia de la guerrilla contra los civiles, particularmente el incremento del secuestro, fueron la clave que activó una violenta respuesta por parte de élites regionales, previamente proclives a tal tipo de respuesta. Es decir, el secuestro vinculó “los motivos generales de la contrainsurgencia con los del patrimonio y seguridad personal de los involucrados” desembocando así en una respuesta violenta que se cristalizó en el paramilitarismo (p. 516). La respuesta contrainsurgente no solo se dirigió a la guerrilla sino a una amplia gama de actores sociales y políticos.

Una tercera condición fue la masiva provisión privada de la coerciónseguridad. Este fenómeno estuvo anclado en demandas locales y regionales por parte de las élites vulnerables referidas anteriormente, y fue habilitado nacionalmente. Además, se presentó una convergencia en el fenómeno paramilitar: la articulación de la provisión privada de seguridad a orientaciones estratégicas de agencias nacionales. Gutiérrez afirma que el paramilitarismo se apoyó en tres actores cuya forma de agencia está anclada a lo local: a) elites rurales legales insubordinadas; b) elites ilegales también insubordinadas; y c) sectores del sistema político que simpatizaban ideológicamente con el paramilitarismo (p. 518). Pero hubo un actor, esta vez nacional, que proveyó “tanto la columna vertebral como la ideología a toda la experiencia” (p. 519): las agencias de seguridad del Estado.

Finalmente, hubo una articulación densa entre actores legales e ilegales dentro del sistema político, particularmente a nivel municipal, dado el desarrollo de las fuerzas centrífugas. Esta articulación significó la activación de la llamada “bomba atómica” de la institucionalidad, es decir,

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un fuerte cierre local y regional, en el cual las élites locales y regionales lograron dominio territorial e impunidad (p. 519).

Gutiérrez expone también cómo interactúan estos factores. Hubo un fuerte desarrollo del modelo militarista de las FARC, posible por su vinculación al narcotráfico y el empleo del secuestro. Sin embargo, este desarrollo se dio paralelo a una pérdida dramática de legitimad. Por otra parte, el avance del paramilitarismo favoreció el modelo militarista de las FARC por sobre otras formas de guerrilla, más interesadas en el trabajo político. A su vez, el escalamiento del conflicto —al que las FARC pudieron resistir gracias a su fuerte crecimiento militar— implicó la destrucción de su tejido político. Como consecuencia del fuerte conflicto, las FARC se vieron expuestas constantemente a abandonos, capturas y bajas, por lo cual: “las FARC no hubieran tenido la menor capacidad de sobrevivir si no hubieran tenido simultáneamente una altísima capacidad de reclutamiento” (p. 526).1 La exclusión social —producto de la concentración de la tierra y la dinámica misma de la guerra— operó como caldo de cultivo del reclutamiento. Finalmente, la distribución de los derechos de propiedad, en conjunto con el avance del conflicto, generó: a) inversión ilegal en tierras, cuyos compradores se proveyeron de fuentes de seguridad privada que destruyeron las organizaciones sociales agrarias; b) la definición de la propiedad agraria como recurso militar clave; y c) la definición de la propiedad como punto para disputas y reconfiguraciones del poder local (pp. 527-529).

Por último, Francisco Gutiérrez dedica unas páginas a los efectos del conflicto. Aquí resalto: a) la destrucción del “potencial cívico, las destrezas, capacidades y energías de participación” (p. 536); b) “la masificación de la entrada de agentes y dinámicas ilegales al sistema político” (p. 536); c) la “interacción de largo aliento entre armas y votos” (p. 537), generando una distorsión en los mecanismos de representación; d) el menoscabo de la soberanía y su relación con la generación o refuerzo de las exclusiones sociales; y e) las negativas consecuencias económicas relacionadas con los “costos de transacción prohibitivos” (p. 538) a los que deben recurrir los agentes que buscan tener presencia estable en determinadas regiones, la profundización del dualismo territorial y económico que afecta al modelo de desarrollo, y la concentración de tierra a sangre y fuego (p. 538).

2. Identidades y violencia colectiva Gutiérrez deja claro cuáles son los límites de su explicación al afirmar que no tomará en cuenta aquellos factores que no resistan una perspectiva comparada. Para eso recurre a condiciones y factores que han sido relevantes en estudios de política comparada y de violencia colectiva; además, no se contenta con proponer estos factores sino que expone cómo interactúan dinámicamente. En este sentido, considero que un rasgo ausente en el texto es el papel de las identidades en la dinámica de la violencia colectiva.

Hubo un fuerte

desarrollo del modelo militarista de las FARC, posible por su vinculación al narcotráfico y el empleo del secuestro. Sin embargo, este desarrollo se dio paralelo a una pérdida dramática de legitimad.

Por otra parte, el avance del paramilitarismo favoreció el modelo militarista de las FARC por sobre otras formas de guerrilla, más interesadas en el trabajo político. A su vez, el escalamiento del conflicto —al que las FARC pudieron resistir gracias a su fuerte crecimiento militar— implicó la destrucción de su tejido político.

Charles Tilly (2007) afirma la importancia que tiene la identidad en la conformación de los actores políticos que participan de la violencia 49

colectiva: “Los actores están hechos de redes que despliegan historias, culturas y vínculos colectivos parcialmente compartidos con otros actores” (p. 31). Así, se conforman identidades políticas que trazan líneas divisorias entre un “nosotros” y un “ellos” y que ocupan un espacio central en la trayectoria que toma la violencia, dado que no solo ofrecen relatos sobre tales líneas divisorias sino que se expresan en relaciones sociales entre ambos lados de las líneas y al interior de las líneas. Una exploración a este aspecto identitario de la violencia colectiva enriquecería la comprensión de las herencias de la violencia y, seguramente, de las articulaciones entre emprendedores políticos y especialistas en la violencia.

En el conflicto armado colombiano, la conformación de identidades está ligada a un proceso de negación del otro. Jaime Mesa y Adriana Ruiz (2013) exponen cómo la guerra ha llevado a un proceso de degradación en la construcción del enemigo, que transforma al enemigo político en enemigo absoluto, carente de humanidad y con quien la interacción es de vida o muerte; proceso que “impide establecer al mismo tiempo un conjunto de reglas que limiten la violencia, puesto que aquí desaparece del escenario bélico la figura del enemigo público” (p. 48).

Una mayor atención a la dimensión simbólica del conflicto, enriquecería la perspectiva dinámica que Gutiérrez aborda; permitiendo el pasaje de los factores explicativos y la secuencia específica que toma la violencia. El proceso de formación de identidades y el marco simbólico en que estas se han construido —el del enemigo absoluto— explica las formas concretas, específicas y cotidianas del conflicto armado; permite ir más allá de la idea de que la degradación de la violencia se debe mecánicamente a su persistencia, ilustrando el sentido que tienen las prácticas violentas para sus actores. Este elemento es importante porque la formación de identidades —y todo lo que ellas implican— constituye un mecanismo relevante en la activación y desactivación de la resolución violenta de los conflictos; es decir, contribuye a la explicación del conflicto y a los esfuerzos por construir la paz.

* Véase Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015, pp. 498-540).

La paginación corresponde al buscador de páginas del documento en PDF, alojado en el sitio web de la Mesa de Conversaciones.

Notas 1. Cursiva en el original.

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Referencias bibliográficas Gutiérrez Sanín, Francisco. (2015). ¿Una historia simple? En: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 498-540).

Mesa de Conversaciones.

Recuperado de https://

www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/ informe-comisio%CC%81nhisto%CC%81ricadel-conflicto-y-susvi%CC%81ctimas-la-habana-febrero-de-2015 Mesa, Jaime Andrés y Ruiz Gutiérrez, Adriana María. (2013). Consideraciones

sobre el enemigo público en Colombia: 1998-2009.

Boletín de Antropología, 28 (45), Universidad de Antioquia, pp. 40-61.

Tilly, Charles. (2007).

Violencia colectiva. Barcelona: Hacer.

Alfredo Molano Bravo

Fragmentos de la historia del conflicto armado en Colombia (1920-2010)* Por Wilmar Martínez Márquez Grupo Hegemonía, Guerras y Conflictos Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

1

Argumentos del autor

Para Molano, dar cuenta del origen del conflicto armado en Colombia implica explicar las causas de La Violencia. Esta surgió asociada a dos elementos que se interrelacionan: control sobre la tierra y sobre el Estado. Comprender el actual conflicto armado pasa pues, desde la perspectiva del autor, por delinear su conexión con los conflictos agrarios que se originaron en el país en los años veinte y con las disputas bipartidistas por el control del Estado de la primera parte del siglo xx.

Esta perspectiva de análisis se esfuerza, en principio, por vincular el conflicto armado con factores subjetivos, así como estructurales; factores que, combinados

con la injerencia cada vez mayor por parte de Estados Unidos en el país, permitieron el origen y mantenimiento de la confrontación bélica: “[…] armas, presupuesto nacional, ideología y tierra, es decir, todas las formas de lucha, se convirtieron en la mezcla explosiva que llamamos Violencia” (p. 541). Y como el actual conflicto “comienza con La Violencia”, ahí tenemos sus causas. Por eso, concluye Molano: “El largo camino de sangre que comenzó a recorrer el país desde los años 20 [sic] no podrá desembocar en una paz estable mientras todas las fuerzas involucradas no renuncien definitivamente a la combinación de todas las formas de lucha a favor de la lucha civil e independiente del tutelaje militar de los EE. UU.” (p. 543).

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1.1 Primeros pasos En esta parte, que comprende el periodo que va de 1920 a 1940, el autor muestra el surgimiento de los conflictos agrarios asociados a la colonización campesina, producto del auge en los cultivos de café debido a los altos precios internacionales de este.

Para Molano, estos conflictos fueron aprovechados por los jefes de los partidos Liberal y Conservador con el propósito de consolidar sus electorados y obtener el poder.

El Partido Liberal —fundamentalmente Gaitán— apoyó las reivindicaciones de los colonos, aparceros y arrendatarios durante la República Liberal. La ley 200 de 1936, que declaró la función social de la propiedad, fue un ejemplo claro de este interés. Esta

rratenientes, sectores del Ejército y Estados Unidos —la cercanía de los liberales con tesis comunistas hicieron que el país del Norte se decantara hacia los conservadores—. La primera parte de este periodo termina con la muerte de Gaitán, con lo que para el autor se “cortó de tajo la historia de las luchas agrarias pacíficas” (p. 564) en el país.

El propósito de la arremetida conservadora quedó clarificado con este hecho: “Se quería llevar al liberalismo a las armas para, como sucedió a partir de 1948, derrotarlos con las armas oficiales” (555). En efecto, así fue. Se generaron en varias zonas del país grupos de guerrillas liberales que se defendieron de la persecución del Estado y sus grupos paramilitares.

No quedaba otra opción.

Según Molano, la respuesta de la autodefensa guerrillera adquirió tal l propósito de la arremetida conservadora quemagnitud que los pardó clarificado con este hecho: “Se quería llevar al tidos políticos tradicioliberalismo a las armas para, como sucedió a partir nales empezaron a ver en ella un riesgo para el de 1948, derrotarlos con las armas oficiales” (555). sistema, por lo cual acorEn efecto, así fue. Se generaron en varias zonas del daron que se diera una país grupos de guerrillas liberales que se defendiejunta militar para que sirviera de árbitro entre ron de la persecución del Estado y sus grusus diferencias y así pacipos paramilitares. No quedaba otra opción. ficar al país: “la cifra de guerrilleros armados hacia 1953 podría ser entre 40.000 y 55.

000, mientras los efectivos de la fuerza provocó movilizaciones y tomas de tierras baldías u pública no pasaban de 25.000” (p. 567). Producto ociosas por parte de colonos. La respuesta del Parde este acuerdo, Rojas Pinilla accedió al poder. El tido Conservador —encabezada fundamentalmente general otorgó amnistías y se comprometió con repor Laureano Gómez— y la pérdida del poder preformas para que los guerrilleros dejaran las armas; sidencial en 1930, consistió en la exhortación a la sin embargo, reaccionó de manera brutal contra violencia para recuperar el patrimonio que le fue aquellos enclaves donde hacían presencia las guerriarrebatado a sus seguidores, así como para retomar llas que no accedieron a su propuesta; igualmente, el control del Estado que perdieron en las urnas. prohibió el comunismo internacional en Colombia, adoptando medidas que el gobierno estadounidense 1.2 La sangre implementó en su país. Lejos de acabar la persecución, esta se mantuvo por parte de Rojas.

En esta parte, que comprende el periodo que va de 1940 a 1960, el autor da cuenta de la arremetida que las fuerzas conservadoras del país emprendieron 1.3 El viraje contra las reformas agrarias y sindicales de la RepúEsta parte del texto comprende el periodo 1960blica Liberal; igualmente, de la violencia generali1980. Aquí, Molano da cuenta de la tesis que, según zada en los campos en contra de sectores liberales él, alentó la creación del Frente Nacional y su fracay comunistas. Además de políticos, hacían parte de so para dar solución definitiva a la guerra: “Para los este sector conservador la Iglesia, industriales, teliberales y muchos conservadores […], la violencia

E

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tenía que ver con el botín burocrático” (p. 570); sin embargo, esta creencia no resultó cierta, pues “el problema de la tierra estaba íntimamente ligado a la lucha armada” (p. 571); con lo que la solución del Frente Nacional dejó en suspenso la atención a las causas sociales de la lucha. Por eso, este vacío fue llenado por el MRL y la Anapo, movimientos que, en última instancia, trasladaron su fuerza social a grupos armados —el MRL al ELN y la Anapo al M-19—.

y la Alianza para el Progreso fueron dos caras de la misma moneda o, si se quiere, la combinación de todas las formas de lucha de EE. UU. para mantener el statu quo y aislar al mismo tiempo a Cuba” (p. 572).

Sobre el segundo eje de esta política, Molano muestra que los norteamericanos se vieron obligados a presionar a los dirigentes nacionales para llevar a cabo reformas sociales que le pudieran cortar el apoyo social al comunismo. La Alianza para el Progreso fue la política norteamericana que se tradujo, dentro del país, en la creación de la Comisión Especial de Rehabilitación de Lleras Camargo y de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, por parte de Lleras Restrepo. Estos programas buscaban atender a la necesidad de dar respuesta a una reforma en la te-

Para Molano, a diferencia de la forma de confrontación anterior, esta nueva etapa de la guerra se identificó por el carácter social de las luchas. Durante La Violencia, los partidos instrumentalizaban los actores armados regionales. La guerra era motivada desde arriba y sus objetivos se vinculaban fundamentalmente con los fines de los partidos tradicionales —mantener el poder del ara Molano, a diferencia de la forma de confronEstado—. En esta nueva tación anterior, esta nueva etapa de la guerra se etapa de la confrontaidentificó por el carácter social de las luchas. Duranción, cambia el origen de la motivación de la te La Violencia, los partidos instrumentalizaban los violencia, así como sus actores armados regionales. La guerra era motivada objetivos: “se podría desde arriba y sus objetivos se vinculaban fundamendecir que la guerrilla comenzó a ser una autotalmente con los fines de los partidos tradiridad surgida del movicionales —mantener el poder del Estado—. miento campesino, que vivía económicamente y políticamente de él nencia de la tierra en el país. Sin embargo, no lograa cambio de dirigir sus demandas” (p. 586). Es por ron su cometido. Así, según Molano: “El balance de la tanto un sector social, excluido y perseguido quien reforma agraria fue muy pobre. La concentración de motiva la lucha, así como sus objetivos: el programa tierras se intensificó; las medianas propiedades no se agrario de las FARC tenía como primer punto la lufortalecieron; los aparceros y arrendatarios disminucha por una reforma agraria auténtica, que transforyeron […]” (p. 573); avanzó la colonización a zonas mara la estructura social del campo. de frontera. Con lo que “la debilidad de la reforma Para Molano, el contexto internacional se reflejó agraria corrió pareja con el fortalecimiento de las orde dos maneras en el desarrollo de esta nueva etaganizaciones campesinas y los movimientos armados” pa del conflicto interno en el país. De un lado, la (p. 574). Así se acentuó aún más —para el autor— la Revolución cubana ayudó a legitimar este tipo de relación entre la tierra y la lucha armada. En efecto: luchas, en cuanto mostró que el éxito en las mismas “no es fácil distinguir entre el movimiento de coloera posible. De otro, el correlato de este éxito fue nización campesina y el de resistencia armada, una la mayor injerencia de Estado Unidos en los asunrelación íntima desde los años de La Violencia, fortatos internos de nuestro país —y en general de Amélecida a partir de los acuerdos de Chicoral” (p. 586). rica Latina— por el temor de que aquí se repitiera Sobre el primer eje de la política estadounidenlo mismo. Dicho intervencionismo tuvo dos ejes: el se, Molano señala que los norteamericanos diseñadiseño de una doctrina de seguridad militar para el ron estrategias militares como el Plan Laso que tuvo continente y programas de desarrollo para los países como efecto —legitimado por posturas como las de de la región: “La Doctrina de la Seguridad Nacional

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Álvaro Gómez en el Congreso, que demandaba al Estado su presencia efectiva en todo el territorio colombiano— operaciones como las de Marquetalia y Riochiquito. Entre 1963 y 1964 el ejército desplegó en la zona del sur del Tolima una operación armada que, según Manuel Marulanda, contó con alrededor de dieciséis mil hombres, además de aviones y helicópteros, cuyo objetivo era terminar los asentamientos de campesinos que allí se encontraban. Producto de esto, en 1964 el movimiento de autodefensa campesina convocó la primera conferencia guerrillera. Así se creó el Bloque Sur y se adoptó el Programa Agrario. Un año después nacieron las FARC, con lo que el movimiento guerrillero dejó de ser una fuerza regional para convertirse en un ejército cuyo objetivo era la toma del poder.

colonias y conflicto armado” (p. 586). En efecto, debido a la relación íntima entre colonización y resistencia armada, era previsible el aumento de apoyo y crecimiento de esta última, más aun con los recursos que le proveyó el narcotráfico.

Este panorama de crecimiento de las guerrillas y la introducción del narcotráfico, tuvo dos consecuencias: de un lado: “La fuerza pública se mostró incapaz de controlar el movimiento guerrillero y apeló a fomentar el paramilitarismo en colaboración con los intereses afectados por la insurrección” (p. 542); de otro lado, la injerencia norteamericana se incrementó debido a las consecuencias del narcotráfico en su suelo. Álvaro Uribe fue el crisol en el que convergieron ambas consecuencias: puso en práctica el Plan Patriota, que permitió al Estado llevar a la condición que ostentan hoy sus contrapartes guerrilleros, y legitimó la apropiación de la tierra de las zonas de colonización por parte l problema por la tierra y la lucha armada le de los grandes intereses, permite al autor prefigurar una interpretación de que se derivó del prola guerra en la cual, más que de responsabilidades yecto paramilitar.

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compartidas entre los actores, tendríamos que hablar de la existencia de un gran culpable de la misma: El Estado o el establecimiento —élites políticas, militares, económicas—.

1.4 Las consecuencias La cuarta parte del texto comprende desde los años ochenta hasta hoy. En ella Molano da cuenta del desplazamiento que tuvo el capital desde la industria y la exportación del café, a sectores de la economía de enclave: el freno en la industrialización, así como los precios internacionales del café obligaron al capital a buscar “refugio en la ganadería extensiva, en las plantaciones de banano y palma”, así como la coca (p. 542). Economía cuya fuente de explotación dependía de zonas de colonización, con lo que su extensión tuvo como correlato la persecución de los colonos y campesinos que estaban allí, por parte de los empresarios de estos sectores y el Estado. Lo que se tradujo, lógicamente, en la consolidación y crecimiento de las guerrillas: “el despliegue de fuerzas guerrilleras en relación con los conflictos sociales se puede ver más claro en regiones donde se cruzan 54

2. Comentarios en contra y a favor En contra:

• El problema por la tierra y la lucha armada le permite al autor prefigurar una interpretación de la guerra en la cual, más que de responsabilidades compartidas entre los actores, tendríamos que hablar de la existencia de un gran culpable de la misma: el Estado o el establecimiento —élites políticas, militares, económicas—. Sorprende la manera en que el autor exculpa la responsabilidad de los actores armados de izquierda en esta guerra.

En un documento que tiene como cometido entender las causas de la guerra, así como las razones de su prolongación, formas y responsables de la victimización, tal postura resulta contraevidente fácticamente, políticamente errada y éticamente lesiva. Contraevidente, pues la responsabilidad de las FARC en la continuación de la guerra, así como en su alto grado de victimización, es manifiesto; errada políticamente, pues presenta esta guerra como una guerra justa —en este caso la justicia está de lado de las guerrillas—. De esta manera sus enemigos son simplemente la encarnación

de la injusticia, el mal o los intereses más mezquinos.

La consecuencia de una postura de este tipo es que termina por degradar al enemigo, desconociendo su reciprocidad. La clave de toda paz es el reconocimiento de la simetría moral y política de los combatientes: solo con el enemigo político se hace la guerra, pero también se pacta la paz. Por último, es éticamente lesivo, pues oculta cientos de miles de víctimas que han producido los grupos armados de izquierda. Es absolutamente desafortunado que esto pase.

latos, y reconoció que era rey, dijo: “Nací para dar testimonio de la verdad y para eso vine al mundo”. El procurador romano le preguntó: “¿qué es la verdad?”

(Juan 18:38). Friedrich Nietzsche (2008) afirmó que estas últimas palabras son lo más valioso del Nuevo Testamento; Hans Kelsen (1991), por su parte, vio en ellas el espíritu de un hombre demócrata. Sin duda, la modestia de las mismas, contrastada con la altivez de las que emitió Cristo, cautivó profundamente a dos de los autores más importantes del pensamiento occidental. Ellos compartían la postura de Pilatos: la verdad es siempre algo discutible.

• Me preocupa el interés del texto por mostrar el vínculo, sin matices, del movimiento guerrillero para con los campesinos, pues desconoce que la Lo que a estos autores les resultó sorprendente es gran mayoría de ellos han desarrollado su lucha por para nosotros —hoy— una obviedad. Todos lo safuera del influjo de los actores armados y termina bemos: la verdad es relativa. Sin embargo, parece por llevar la carga de la responsabilidad de la acque en el fondo nos resistimos a pensar que así sea. ción de las guerrillas justamente a quienes más han padecido en el país la tragedia de a consecuencia de una postura de este tipo es que esta guerra: el campetermina por degradar al enemigo, desconociendo su sinado.

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reciprocidad. La clave de toda paz es el reconocimien-

En efecto, si según to de la simetría moral y política de los combatientes: Molano existe una resolo con el enemigo político se hace la lación “íntima” desde los años de La Violenguerra, pero también se pacta la paz. cia entre la colonización campesina y la resistencia armada; si, a su vez, la guerra en el país obedece, como ha queJustamente por ello, ante la posibilidad de que se dado claro, a la combinación de las formas de lucha, firme la paz en el país, todas las voces, más allá de ¿puede uno pensar —entonces— que el movimiento sus discrepancias, coinciden en que debe haber verde colonización campesina actuaba también en esta dad: el país debe conocer la verdad sobre la guerra lógica?, ¿las FARC son su grupo o brazo armado? Por y sus responsables, para poder dar el paso a la reello, ¿el responsable de lo que estas han hecho es, conciliación. Esta postura descansa en dos premisas: más que las FARC mismas, el movimiento campesia) la verdad existe y es posible encontrarla; b) por lo no? Ya entendería entonces porqué Molano exculdemás, es bueno hacerlo. Asociamos la verdad con pa a las FARC de la responsabilidad de la violencia: lo bueno. Esta permite la paz, nos hará libres. los responsables directos parecieran ser estos grupos campesinos. ¿No era este acaso el discurso que esPor desgracia, una postura semejante frente a la grimía el paramilitarismo para acabar con pueblos verdad y la guerra puede convertirse —si es que no enteros? lo ha hecho ya— en un obstáculo poderoso para la La consecuencia del argumento de Molano es nefasta, pues la carga de la culpa se desplaza a quienes justamente debería hacer justicia el ejercicio de memoria, al que se debe su documento.

A favor: • Cuando Jesús de Nazaret fue llevado hasta Pi-

culminación del actual proceso de paz. Si el tamiz para la paz es la verdad, no puede anticiparse sino un fracaso en la búsqueda de nuestra reconciliación.

Michael Ignatieff (2001) planteó espléndidamente esta dificultad cuando distinguió dos tipos de verdades que existen en la guerra. En la guerra es posible hablar de una verdad factual y una verdad moral, la 55

verdad de las narraciones que cuentan lo que ocurrió y la de las narraciones que explican por qué y a causa de quién. Generalmente, la verdad a la que apelan las personas como base para la paz es a la verdad moral.

Esta última, según Ignatieff (2001), tiene que ver con el relato que cada uno de las grupos partícipes y víctimas de la confrontación construyen sobre su papel en la guerra. La verdad moral está vinculada profundamente con la identidad de cada actor. Por eso es comprensible que en la guerra civil, cada actor represente a sí mismo y a los suyos, como los que defienden la causa justa, lo correcto. Las verdades de este tipo, en especial las que construyen los enemigos, son excluyentes. Es imposible que se dé un acuerdo que permita descubrir cuál de ellas es la correcta. Por eso, concluye Ignatieff, es equivocado exigir que una paz negociada deba sustentarse en establecer este tipo de verdad.

Así, los ejemplos históricos han mostrado que la construcción de la paz, más que en esta verdad, reposan en su olvido o en la mera reconstrucción de lo sucedido —verdad factual—. Uno de los costos de la reconciliación ha sido la renuncia a una verdad que pretenda dar cuenta de quién realmente tiene la culpa de lo que sucedió. Con lo que la premisa de que la verdad conduce al bien, en este caso la reconciliación o la paz, es bastante cuestionable.

Referencias bibliográficas * Véase Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015, pp. 541-598).

La paginación corresponde al buscador de páginas del documento en PDF, alojado en el sitio web de la Mesa de Conversaciones.

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Molano Bravo, Alfredo.

(2015). Fragmentos de la historia del conflicto armado en Colombia (1920-2010).

En: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

Contribución al entendimiento del conflicto armado

Desde esta perspectiva, la parcialidad chocante e hiriente de un texto como el de Molano, en relación con la responsabilidad de la guerra, se hace comprensible. Quizá su postura no aspira a nada más que a esto: dar cuenta de un relato de verdad moral, uno más de los que hay en la guerra y sobre ella. Esto último puede aplicarse a la totalidad de documentos que hacen parte del informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Los catorce trabajos allí reunidos pueden agruparse en dos posturas morales sobre la guerra: los que esgrimen que la responsabilidad de la misma reposa en los hombros de los actores insurgentes o los que acusan de esto al Estado y al orden existente. Esta fue la conclusión a la que llegó la Comisión: no hay verdad sobre esta guerra o hay por lo menos dos, ambas excluyentes.

Esto no fue un fracaso por parte de la Comisión. Lo que revela justamente esta conclusión es la imposibilidad de una verdad moral sobre la guerra. Quienes han quedado defraudados por las posturas morales expuestas en el informe o por el resultado de la comisión, más que exigir a los comisionados una revisión de la labor desarrollada, deberían comenzar por cuestionar sus expectativas en relación con la posibilidad de que exista la verdad. La arrogancia que subyace en sus críticas nos recuerda la altivez moral que exhiben y profesan los mártires, los cruzados o los salvadores.

en Colombia (pp. 541-598).

Mesa de Conversaciones.

Recuperado de https://www. mesadeconversaciones. com.co/comunicados/ informe-comisio%CC%81nhisto%CC%81rica-del-conflicto-y-sus-vi%CC%81ctimasla-habana-febrero-de-2015 Nietzsche, Friedrich.

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Kelsen, Hans. (1991). ¿Qué es justicia? Barcelona: Ariel.

Ignatieff, Michael.

(2001). El honor del guerrero. Guerra étnica y conciencia moderna. Madrid: Punto de Lectura.

Daniel Pécaut

Una lucha armada al servicio del statu quo social y político* Por Julián Andrés Muñoz Tejada Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Grupo Hegemonía, Guerras y Conflictos Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

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a presente reflexión, en primer lugar, dará cuenta de las principales tesis del texto elaborado por Daniel Pécaut, con ocasión del informe que presentó como parte de la Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, a cargo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas a la cual fue convocado. En la segunda parte, se hará una valoración —crítica— a dicho documento, enfatizando en el enfoque al que recurre el estudio y las conclusiones a las que llega.

1. ¿De qué se trata el informe?

Para hablar de las causas o el origen de la confrontación armada, Daniel Pécaut propone analizar tanto los contextos —aquella dimensión estructural de la política— como el rol de los actores sociales. Para esto recurre a una mirada que privilegia las explicaciones de larga duración, según la cual, no es posible entender la guerra de hoy sin revisar los arreglos institucionales y el papel de las élites políticas en dichos pactos.

De ahí que para el autor se pueda hablar de continuidades y discontinuidades para explicar la guerra en Colombia —“conflicto armado” en las palabras de Pécaut—.

Los momentos de discontinuidad corresponden a episodios cuyo dramatismo y vértigo implicaron retos enormes a la institucionalidad estatal, como lo fueron el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, episodio presentado como el inicio del periodo conocido como La Violencia; mientras que las continuidades parecieran estar referidas a las lógicas por las cuales se han formado y mantenido relaciones de dominación, como ocurre con las estructuras de tenencia y uso de la tierra, o las reglas que, especial57

...es notorio que en lugar de la constitución de una

comunidad nacional se privilegiaran las adscripciones partidistas, lo cual incidió poderosamente en el origen y desenvolvimiento del periodo de La Violencia, que inicia en 1948 tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán y culmina en 1958 con el pacto entre las élites de los partidos Liberal y Conservador, que daría inicio al periodo conocido como Frente Nacional.

mente durante la vigencia de la Constitución Política de 1886, restringieron la participación en el sistema democrático.

Ahora, si bien es posible afirmar la existencia de continuidades —sobre todo en la variable estructural—, el autor invita a mirar especialmente las discontinuidades o los cambios que ha tenido la confrontación. Se trata básicamente de variaciones referidas tanto a las razones de orden estructural que habrían incidido en la guerra, como al papel de los actores en ella.

El primer aspecto al que se refiere tiene que ver con las problemáticas vinculadas a la cuestión agraria, pues según sus palabras: “constituyen el trasfondo de las tensiones sociales más intensas desde los años 1920 [sic] —incluso desde antes— hasta hoy” (p, 601). En efecto, factores asociados a la concentración de la tierra, la expulsión de territorios, la coincidencia entre flujos migratorios y conflictos violentos, mayor pobreza y desigualdad en el campo que en las ciudades, y en general, tensiones asociadas a la tenencia o la titularidad de los derechos de propiedad sobre la tierra se mantienen como una constante. No obstante, también es importante reseñar los cambios que en este sentido se pueden apreciar.

Para comenzar, las motivaciones que llevaron a que los movimientos agrarios se organizaran en los años veinte difieren de las que décadas más tarde, en los años sesenta, precipitaron el surgimiento de organizaciones guerrilleras como las FARC. De la misma manera, durante el Frente Nacional las relaciones entre los campesinos y la tierra varían, y el modelo de producción capitalista implicó nuevos retos a una 58

agricultura campesina que tuvo que enfrentar lógicas de mercado antes desconocidas, como la liberalización y la competencia en los mercados internacionales. Asimismo, el cultivo de hoja de coca en los años ochenta, introduce cambios al implicar mayores utilidades que las ofrecidas por los cultivos lícitos.

Otro aspecto que señala el autor tiene que ver con las formas de dominación social y política. Se suele destacar en este sentido la tradición “civilista” de Colombia respecto de otros países de la región, materializada en el hecho de que salvo la dictadura de Rojas Pinilla y la Junta Militar que le sucedió en el poder, existe en general una subordinación del poder militar respecto del poder civil. Asimismo, es notorio que en lugar de la constitución de una comunidad nacional se privilegiaran las adscripciones partidistas, lo cual incidió poderosamente en el origen y desenvolvimiento del periodo de La Violencia, que inicia en 1948 tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán y culmina en 1958 con el pacto entre las élites de los partidos Liberal y Conservador, que daría inicio al periodo conocido como Frente Nacional.

El Frente Nacional se prolonga desde 1958 hasta 1974 y se destaca, entre otras razones, porque: a) posibilitó la pacificación del país tras la guerra civil del periodo de La Violencia; b) fue en él que se impulsó la modernización del Estado colombiano, posible gracias a los altos precios del café en los mercados internacionales; c) se implementó el modelo liberal de desarrollo; d) se dio inicio a la guerra antisubversiva inspirada por la Doctrina de la Seguridad Nacional, un discurso militarista que resignificó las relaciones amigo-enemigo y asoció a este último con

el subversivo comunista (Sandoval, 1985, p. 91); y e) posibilitó un sistema de democracia restringida que más adelante sería visto como una de las causas objetivas de la violencia política en Colombia, al limitar la participación en la contienda democrática a partidos distintos a los tradicionales, Liberal y Conservador.

En contra de este último aserto, se suele afirmar que no obstante el pacto bipartidista, existieron partidos de oposición como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) o la Alianza Nacional Popular (Anapo) o el Partido Comunista.

Con todo, al Frente Nacional también se le puede ver como un ejemplo de régimen autoritario que normalizó el uso del Estado de sitio, un mecanismo de excepción instituido en la Constitución Política de 1886 y que permitía concentrar poderes exorbitantes en cabeza del Presidente de la República.

Tuvieron, en este sentido, especial importancia las normas excepcionales que se expidieron para enfrentar la amenaza comunista, destacándose muy especialmente el Estatuto de seguridad promulgado en 1978 durante el mandato del expresidente Julio César Turbay. Se trató de una norma que criminalizó abiertamente diversas formas de protesta y las entendió como prácticas subversivas. Un aspecto que no se puede obviar es que durante el Frente Nacional y los años que le siguieron hubo un fortalecimiento de la lucha armada, que eclipsó otras maneras de expresión de lo político vinculadas a las movilizaciones sociales.

Fue tras la irrupción del narcotráfico que en la guerra colombiana se produjo un fortalecimiento de los aparatos militares de algunos de los actores armados y la emergencia de otros —como los carteles del narcotráfico— que, no obstante su ausencia de móviles altruistas para participar en la confrontación, tuvieron la capacidad efectiva de hacer algo que ninguna otra organización subversiva había podido: amenazar y cooptar seriamente a las instituciones estatales.

En el contexto de la guerra desatada por y contra grupos narcotraficantes surge otro de los actores protagonistas de la guerra en Colombia: el paramilitarismo. Los grupos paramilitares, atacaron principalmente a defensores de derechos humanos, organizaciones políticas de izquierda —prácticamente exterminaron a una de ellas: la Unión Patriótica—, provocando que las FARC subordinaran lo político a lo militar, según lo expresado por Pécaut (p. 632).

Reflexión crítica En el cierre de su informe, Pécaut insiste en la importancia de evidenciar que en la guerra colombiana hay continuidades y discontinuidades, que las primeras corresponden principalmente al contexto institucional, traducido en una debilidad estatal, a lo cual se sumó la irrupción del narcotráfico, que acentuó aún más la fragilidad institucional. Esta situación ha sido funcional a los intereses de las élites políticas del país, pues les permite conservar un dominio hegemónico que podría ser cuestionado en un eventual escenario de “posconflicto”. A modo de conclusión, puede plantearse: • Sin que lo explicite, la perspectiva analítica del autor retoma el debate iniciado en los años noventa en Colombia. Por un lado, se identifican las perspectivas analíticas sobre la guerra en las que se privilegian las explicaciones estructurales sobre las individuales (Sánchez, 2009); por otro lado, aquellas donde la centralidad del conflicto está asociado a la ausencia de referentes claros de orden y autoridad, y a motivaciones de algunos individuos por obtener beneficios particulares (Deas y Gaitán, 1995). El desarrollo y conclusiones a las que llega el estudio de Pécaut parece coincidir con el primer tipo de explicaciones. Las constantes alusiones a las continuidades en el plano institucional así lo sugieren.

• El autor señala que una de las principales consecuencias de esta confrontación armada está relacionada con la profundización de las desigualdades sociales y políticas (p. 650). En esto le asiste razón, pero hace falta destacar una dimensión mucho menos visible, pero no por ello menos importante: la cultural. Se trata de una dimensión que hasta ahora no ha sido suficientemente explorada, aquella referida al conjunto de creencias, a los valores que una sociedad comparte sobre una materia determinada o, parafraseando a Douglas North (2012), una contraposición entre instituciones formales —las diseñadas o rediseñadas por el Estado—, y aquellas otras informales herederas de prácticas y creencias que nos han acompañado a lo largo de la confrontación.

Una de las cuestiones más urgentes en un escenario de posguerra se refiere a las medidas que se tomarán para asegurar la estabilidad de los acuerdos a los que se llegue en la Mesa de Negociaciones, o dicho en otras palabras, cómo se construirá la paz positiva. En este sentido, cabe mencionar que si bien hay retos enormes en términos de diseño institucional formal (Rettberg, 2013), no menos importante es 59

la manera como la sociedad, en su conjunto, responderá. En este sentido, son ilustrativas las palabras de la profesora María Teresa Uribe (2014): “La paz solo se puede lograr a partir de grandes renuncias y grandes transformaciones […]. Esta sociedad no ha llegado al punto en donde realmente quiera acabar con la guerra. Y no estoy hablando de los armados, estoy hablando de los desarmados” (Uribe, 2014).

• Así las cosas, no solo deben diseñarse instituciones que posibiliten una mayor democratización y que permitan construir una “paz territorial” que lleve al Estado a regiones aisladas, como se ha anunciado en repetidas ocasiones, también debe tenerse claro cómo se espera incidir en la manera en que la socie-

* Véase Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015, pp. 599-651).

La paginación corresponde al buscador de páginas del documento en PDF, alojado en el sitio web de la Mesa de Conversaciones.

Referencias bibliográficas Deas, Malcolm y Gaitán, Fernando. (1995). Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia. Bogotá, D. C.: Fonade.

North, Douglas. (2012).

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(2009). Colombia. Violencia y democracia. Medellín: La Carreta.

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Una lucha armada al servicio del statu quo social y político. En: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 599-651).

Mesa de Conversaciones.

Recuperado de https://

dad mira la guerra, al otro…, a los conflictos.

• Se espera que en la tramitación de este conflicto armado sea la política la que se imponga, pues, en sentido estricto, no es un conflicto jurídico de naturaleza esencialmente jurídica, aunque haya componentes de este orden.

• Por último, se debería tener claro que lo político —es decir, lo conflictual en las relaciones humanas—, como el mismo Pécaut señaló en otra ocasión, no desaparecerá tras la eventual firma de los acuerdos de paz. Es incluso previsible que en dicho escenario se fortalezca la movilización social, con la garantía de que, a diferencia de lo ocurrido en los tiempos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, no se les vinculará con organizaciones subversivas.

www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/ informe-comisio%CC%81nhisto%CC%81ricadel-conflicto-y-susvi%CC%81ctimas-la-habana-febrero-de-2015 Rettberg, Angelika.

(2013). La construcción de paz bajo la lupa: una revisión de la actividad y de la literatura académica internacional. Estudios Políticos, 42, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 13-36.

Uribe, María Teresa.

(2014). De nuevo…una invitación a la Ciencia Po-

lítica. En Youtube [video en línea]. Recuperado de https://www.youtube.com/ watch?v=hpoBdV5LwQw. Colombia. Presidencia de la República. Decreto legislativo 1923. (21, septiembre, 1978). Por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados.

Diario Oficial, Bogotá, D. C., N.° 35101. Recuperado de ftp://ftp.camara.gov.co/ camara/basedoc%201507-11/decreto/1978/decreto_1923_1978.html

L Vicente Torrijos

Cartografía del conflicto: pautas interpretativas sobre la evolución del conflicto irregular colombiano*

Por Germán Darío Valencia Agudelo Grupo Hegemonía, Guerras y Conflictos Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

lama la atención el concepto de cartografía con que inicia el título de su ensayo, el cual remite a la idea de un trabajo que podría contener mapas geográficos y territoriales sobre el conflicto colombiano, como normalmente se construyen los atlas cartográficos; sin embargo, no lo hace. En su lugar, el texto presenta nueve figuras o mapas conceptuales con los que intenta dar cuenta de su síntesis explicativa al fenómeno analizado. Su intención, como la del resto de comisionados, es triple: a) identificar las causas y orígenes del conflicto —génesis y contexto—; b) presentar los factores que explican su persistencia —parámetros evolutivos—; y c) mostrar los impactos y efectos que ese conflicto ha causado entre la población. De allí que su trabajo siga exactamente este mismo orden, sintetizado en su modelo analítico de la figura 1, Cartografía del conflicto entre el Estado y las OAI (p. 656).

Además del orden expositivo, el autor advierte que su ensayo será un “estudio analítico e interpretativo sobre la naturaleza del conflicto irregular en Colombia”, cuya metodología consiste en estudiar relaciones de fenómenos y variables, y no una recopilación de “datos, cifras, listados o citas bibliográficas sobre el caso”, lo que le permitirá presentar una “visión comprehensiva y genuina sobre la evolución del conflicto” (p. 652). Y para construir esta visión comprehensiva y genuina, Torrijos adopta como estrategia de análisis y de exposición —aunque no lo reconoce explícitamente— de ver al 61

conflicto armado colombiano como un juego político, compuesto por un escenario —el juego—, unos actores —agentes— y unos resultados —matriz de pagos—.

Esta forma lógica de analizar la política, y particularmente el conflicto armado, se aleja mucho de lo que puede llamarse una visión comprensiva y genuina del fenómeno en cuestión, debido básicamente a dos razones: la primera, es la larga tradición que existe desde la ciencia política y otras ciencias sociales por analizar desde la teoría de juegos este tipo de fenómeno; práctica —que como se señalará más adelante— ha sido retomada por muchos autores colombianos desde hace ya casi dos décadas y que no es reconocida en el ensayo de Torrijos.

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Esta forma lógica de analizar la política, y particularmente el conflicto armado, se aleja mucho de lo que puede llamarse una visión comprensiva y genuina del fenómeno en cuestión, debido básicamente a dos razones: la primera, es la larga tradición que existe desde la ciencia política y otras ciencias sociales por analizar desde la teoría de juegos este tipo de fenómeno; práctica —que como se señalará más adelante— ha sido retomada por muchos autores colombianos desde hace ya casi dos décadas y que no es reconocida en el ensayo de Torrijos. Y la segunda, las críticas que se le vienen haciendo a este tipo de enfoque analítico, que a pesar de identificar las características esenciales de un fenómeno, tiene limitaciones explicativas debido a su carácter simplista y reduccionista.

La intención en este comentario crítico es llamar la atención sobre las limitaciones que tiene el ensayo del comisionado Vicente Torrijos —en el doble sentido antes enunciado—, lo que lo hace poco comprensivo y genuino. Para el desarrollo de esta idea, el comentario se divide en dos apartados: en el primero se presenta una síntesis del ensayo de Torrijos, donde trata de evidenciar el uso de la lógica analítica de la teoría de juegos para explicar el origen y la evolución del conflicto armado colombiano; y en el segundo, se desarrolla la crítica.

1. La propuesta analítica de Torrijos La lógica analítica que sigue la teoría de juegos es muy simple: primero se presenta el juego —finalidad— y a los jugadores, y luego los resultados de las interacciones estratégicas de los jugadores (Jiménez, 2008).

El ensayo de Torrijos sigue exactamente esta secuencia. Lo primero que hace es presentar al conflicto armado colombiano como un juego que se da “de manera asimétrica entre actores” (p. 653), cuyo propósito es “obtener el control sobre un mismo conjunto de recursos escasos relacionados con el poder político” (p. 656). Se ve al conflicto armado colombiano como un juego donde “las partes usan creativa y dosificadamente, siempre de acuerdo con las circunstancias y el entorno, el mayor número de posibilidades de alcanzar la victoria” (p. 653).

Luego Torrijos identifica a los jugadores y los caracteriza en cuanto a sus discrepancias y similitudes. Es un juego de solo dos actores: “el Estado y las dos guerrillas […]: las Fuerzas Armadas Revolucionarias [Farc], y el Ejército de Liberación Nacional [ELN])” (p. 652). Torrijos es cauto al señalar e identifica otros actores sociales involucrados en el juego —sociedad civil, población civil, ciudadanos, comunidad internacional, población, élites, dirigentes políticos, empresarios, feligreses, periodistas, gremios y grupos de interés, entre otros—, pero advierte que estos no participan en calidad de jugadores. Discriminación que opera, incluso, para los grupos paramilitares que aparecieron con el “pretexto de contrarrestar unilateralmente el expansionismo guerrillero” (p. 660) y que a pesar de su importancia en el conflicto armado colombiano no los incorpora en el juego.

Estado y guerrillas se diferencian en los propósitos específicos y su naturaleza, pero se igualan en cuanto al comportamiento racional y estratégico que tienen y a la situación de empate militar. Para Torrijos, las fuerzas subversivas: “[…] a pesar de no contar con aviación de combate o artillería pesada, pueden, por ejemplo, infligir golpes tácticos que tienen repercusiones estratégicas” (p. 653). Son “unas guerrillas que [sic] suficientemente poderosas tanto en el uso de la fuerza como en el manejo de sus ingresos, lúcidas en la narrativa y en la renovación del discurso ideológico, y dotadas de una inteligencia estratégica remarcable” (p. 654).

Por un lado, el Estado busca “perfeccionar un sistema de gobernabilidad democrática” (p. 659) y alcanzar el monopolio de la fuerza. Para el autor, existen diferencias en la conducta entre los agentes que componen el Estado. Por ejemplo: Las Fuerzas Armadas en general, y las Militares en particular [han entendido] perfectamente la diferencia entre “contención del comunismo” y “contención del terrorismo”, de tal suerte que protegiendo al ciudadano y fortaleciendo los valores de la democracia liberal, ellas fueron autorregulándose en un interesante ejercicio de homeostasis operacional, transformación y anticipación estratégica (p. 661).

Y también existen dentro del Estado funcionarios públicos y congresistas que actúan de otra forma, incluso, asumiendo posturas y actitudes contradictorias que le han facilitado “las tareas de la subversión”, debido a la búsqueda de estrategias de juego iniciativas antisubversivas —tradicionales y experimentales—.

Por otro lado, las guerrillas que intentan “fortalecer sus posiciones y la lucrativa explotación ilegal de recursos escasos, [y] socavar la democracia y conducirla hacia un esquema institucional propio del autoritarismo marxista” (p. 654). Dice Torrijos de las guerrillas que su actitud es pendenciera, su conducta agresiva, la violencia es indiscriminada y generalizada, y sus prácticas predatorias y destructivas (p. 658-660). Su “principal característica es que han privilegiado la rapacidad y el terrorismo como método de lucha revolucionaria e interacción política” (p.

655). La guerrilla usa “acciones terroristas” destinadas a “ejercer influencia local, regional o transfronteriza a cualquier costo, o sea, afectando a la población civil en su conjunto” (p. 653). Su estrategia de juego es ir “desde lo local hacia las regiones para realimentar de nuevo los escenarios microlocales pasando antes por los complacientes regímenes revolucionarios del vecindario, y así sucesivamente [modelo de conflicto centrífugo-centrípeta]” (p. 654).

Estado y guerrillas

se diferencian en los propósitos específicos y su naturaleza, pero se igualan en cuanto al comportamiento racional y estratégico que tienen y a la situación de empate militar. Para Torrijos, las fuerzas subversivas: “[…] a pesar de no contar con aviación de combate o artillería pesada, pueden, por ejemplo, infligir golpes tácticos que tienen repercusiones estratégicas”

Finalmente, se describe la dinámica evolutiva del juego, que va desde el origen hasta los resultados. Torrijos divide su exposición en tres etapas: en la primera analiza el origen del juego —inicio del conflicto armado interno—; en la segunda, la dinámica del juego —evolución del conflicto—; y en la tercera, la matriz de pagos —los resultados—. Sobre cada uno de estos tres momentos se puede sintetizar la postura del comisionado de la siguiente manera: 63

En el segundo mo-

mento se describe la evolución y persistencia del conflicto.

Allí, Torrijos propone —no desarrolla— nueve modelos y dimensiones que permitirían explicar la evolución y persistencia del conflicto.

Se interesa particularmente en ubicar los factores que han permitido la continuidad del juego.

Son modelos que, en el estricto sentido del término, funcionan más bien como hipótesis de trabajo que como constructos mentales...

El primer momento se inicia en la década de 1960, con la aparición de las dos guerrillas —FARC y ELN—.1 Es ese momento se inicia el juego macabro entre Estado y guerrillas que pugnan “simultáneamente por obtener el control sobre un mismo conjunto de recursos escasos relacionados con el poder político” (p. 656). El juego, es decir, el conflicto armado interno, se inicia por la guerrilla. Según Torrijos, este es “el verdadero origen del problema”: la guerrilla toma la “decisión racional” de apelar “al uso de la fuerza para amparar en ideas políticas las prácticas atemorizantes” (p. 658). Y aunque reconoce que en un principio —década de 1960— la guerrilla fue un actor “bondadosa, comprometida con el sufrimiento de los sectores marginales de la población […] en los últimos tiempos habría ido convirtiéndose en una simple banda terrorista asociada a las drogas” (p. 658).

En el segundo momento se describe la evolución y persistencia del conflicto. Allí, Torrijos propone —no desarrolla— nueve modelos y dimensiones que permitirían explicar la evolución y persistencia del conflicto. Se interesa particularmente en ubicar los factores que han permitido la continuidad del juego. Son modelos que, en el estricto sentido del término, funcionan más bien como hipótesis de trabajo que como constructos mentales, utilizados para explicar un fenómeno; es decir, Torrijos identifica un aspecto del juego y lo desagrega para explicar a un agente, a una situación, a un resultado, etc. Todo hace parte del mismo macro modelo explicativo de intentar dar respuesta a la pregunta de por qué ha sido un juego —conflicto— de tan larga duración.

En el tercer momento están los resultados, denominado Impacto y efectos: las víctimas, el “epifenómeno del conflicto” (p. 679). Solo hasta este punto el autor incorpora un tercer agente en el juego, distinto al Estado y a las guerrillas, un agente al que intenta inventariarlo —tipología de víctimas— y definirlo —la noción básica de víctima y noción comprehensiva de víctima—, además de mostrar cómo los actores del juego —Estado y guerrillas— han causado daños —costos y pérdidas—. Aquí aprovecha Torrijos para señalar a “los insurgentes” como “altamente responsables” (p. 687): “los grupos insurgentes son los principales responsables de la tragedia humanitaria que ha vivido el país” (p. 690).

En definitiva, Torrijos presenta un macro modelo explicativo del origen, evolución y consecuencias del conflicto armado interno. Juego que aún se encuentra en curso —sigue operándose—, cuyo gran perdedor son las víctimas y el responsable las agrupaciones guerrilleras.

2. La visión crítica Como se advirtió al inicio, el modelo analítico propuesto por Torrijos tiene una larga historia dentro de las ciencias sociales. El origen de la teoría de juegos —como se le conoce a este enfoque— se remonta a la década de 1940, con la aparición del trabajo Theory of games and economic behavior de Von Neumann y Morgenstern (1944). Dos décadas después comenzaron a aparecer trabajos dentro de las ciencias sociales que utilizando la teoría de juegos analizaban los conflictos armados.

Uno de los autores más representativos de este tipo de análisis es Tullock

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(1967), que introduce en el estudio de los conflictos bélicos aspectos como la no cooperación, la ausencia de instituciones y el gasto militar del Estado. Lógica que continuó enriqueciéndose desde aquel momento hasta el presente con trabajos como los de Baumol (1990), Collier y Hoeffler (1999), Garfinkel y Skaperdas (2000), Grossman (1991; 1995; 1998), Hirshleifer (1988a; 1988b; 1995), McGuire y Olson (1996), Skaperdas (1992), Skaperdas y Syropoulos (1995; 1996).

Esta larga tradición de estudios de conflictos armados desde la teoría de juegos fue introducida en Colombia hace ya casi dos décadas. Gorbaneff y Jácome (2000) e Isaza y Campos (2005), por ejemplo, hacen esfuerzos aplicados para analizar el fenómeno de la insurgencia armada en Colombia desde dicha visión. Los trabajos ven a la insurgencia como un agente racional —empresario—, que realiza actividades económicas al margen de la ley y que intenta ser controlado por el Gobierno a través de un gasto militar —salario de los soldados—. Son análisis que enfatizan precisamente en la conducta racional y económica de la insurgencia — como quiere hacer ver el ensayo Torrijos—, donde los jugadores hacen sus cálculos de costos y beneficios, y toman las decisiones que más se ajusten a sus objetivos específicos.

Incluso, hay trabajos que desde principios de este siglo —ubicados en la misma postura inicial de Torrijos (p. 652): “no busca recopilar datos, cifras […]”— realizan análisis similares. Salazar y Castillo (2001), por ejemplo, hacen un enorme esfuerzo por construir una explicación del origen, desarrollo y expansión del conflicto armado, vista desde las conductas estratégicas de sus protagonistas. Nos dicen: este fenómeno es “el resultado banal de la acción racional de los agentes armados y no armados que han aprendido a sobrevivir en condiciones de extrema incertidumbre, escasa solidaridad y falta de reglas transparentes para conducir las relaciones entre los individuos y entre éstos y los distintos grupos sociales” (p. 11).

Los profesores Salazar y Castillo, del Centro de Estudios de la Realidad Colombiana (Cerec) de la Universidad del Valle, logran mostrar, desde hace cerca de tres lustros, que el conflicto armado colombiano es un juego estratégico donde múltiples actores racionales toman decisiones de forma codependiente —lo que haga un actor afecta las expectativas de los demás agentes—. Asumen que los agentes son racionales en la medida que muestran “una conducta consistente, que sigue unas metas definidas y trata de elegir unos cursos de acción apropiados para alcanzar esas metas” (2001, p. 61). “En este juego dinámico participan las Fuerzas Armadas regulares (el Estado), las organizaciones guerrilleras, los paramilitares y la población civil. Todos estos agentes racionales recurren a diversas formas de organización y conocimiento, basados en distintos modelos de recolección, procesamiento y transferencia de la información” (Valencia, 2006, p. 149).

Esta larga tradi-

ción de estudios de conflictos armados desde la teoría de juegos fue introducida en Colombia hace ya casi dos décadas.

Gorbaneff y Jácome (2000) e Isaza y Campos (2005), por ejemplo, hacen esfuerzos aplicados para analizar el fenómeno de la insurgencia armada en Colombia desde dicha visión.

Los trabajos ven a la insurgencia como un agente racional —empresario—, que realiza actividades económicas al margen de la ley y que intenta ser controlado por el Gobierno a través de un gasto militar —salario de los soldados—.

El de Salazar y Castillo (2001) es un completo análisis de conflicto armado, visto como un enfrentamiento entre grupos armados que usan —en diversas intensidades y formas— una estrategia de amenaza y protección para incrementar su poder sobre la población civil. Paramilitares, guerrilla y Fuerzas Armadas extraen tributación económica de la pobla65

ción civil a cambio de protección con respecto a su propia amenaza y a la de otros agentes involucrados en el conflicto (p. 105).

En síntesis, desde

hace más de dos décadas la academia colombiana viene realizando análisis como el que nos propone el comisionado Torrijos. Trabajos que, usando o no el instrumental matemático, realizan análisis sofisticados sobre el conflicto colombiano, que logran introducir mayor realismo al modelo: como incrementar el número de actores, la codependencia y percepciones mutuas, las capacidades militares y políticas, y los resultados probables de su interacción

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En síntesis, desde hace más de dos décadas la academia colombiana viene realizando análisis como el que nos propone el comisionado Torrijos. Trabajos que, usando o no el instrumental matemático, realizan análisis sofisticados sobre el conflicto colombiano, que logran introducir mayor realismo al modelo: como incrementar el número de actores, la codependencia y percepciones mutuas, las capacidades militares y políticas, y los resultados probables de su interacción (Valencia, 2006, p.

150). Que, incluso, llega a otros resultados muy distintos a los de Torrijos: [Un] sistema económico y social excluyente, y sin ninguna capacidad de auto regulación, de la falta de monopolio de las armas por parte del Estado en vastas zonas del país (en lo urbano y en lo rural, en el centro y en las márgenes), y de la ausencia de reglas claras y transparentes para dirimir los conflictos entre los ciudadanos y de los mecanismos para asegurar su cumplimiento y observación (Salazar y Castillo, 2001, p. 28).

Pero la conclusión más importante a la que llegan estas explicaciones es reconocer lo limitado que resulta este tipo de análisis para la realidad colombiana. Un fenómeno que, como lo reconoce el mismo Torrijos (p.

652), se caracteriza por ser cambiante —dinámica evolutiva del conflicto— y complejo —multidimensional y multifactorial—. De allí que, a pesar del esfuerzo por inyectar mayor realismo a los modelos matemáticos o a los análisis cualitativos, se encuentran con el hecho de producir siempre visiones simplificadas de la realidad, que reducen el conflicto a unas cuantas variables y que uniforman la conducta de los agentes del juego —los llamados agentes representativos—.

Modelos del mundo que a pesar de estudiar las características esenciales de los fenómenos, no logran por completo dar cuenta del fenómeno: son construcciones simplificadas y reduccionistas. A este tipo de estudios le pasa algo similar que a los ingenieros al construir modelos de avión o de un edificio, se dan cuenta que estos “carecen de muchas de las características del producto a escala natural: son más pequeños, aproximados en muchos detalles y no contienen muchos de los mecanismos que contiene el objeto real” (Jiménez, 2008, p. 12).

* Véase Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015, pp. 652-696).

La paginación corresponde al buscador de páginas del documento en PDF, alojado en el sitio web de la Mesa de Conversaciones.

Notas 1. Aunque Torrijos reconoce una “larga cadena de violencia estructural que caracterizase a la cultura política colombiana incluso desde antes de la proclamación del Estado soberano” (p. 657), su punto de partida es la década de 1960.

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Renán Vega Cantor

La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado*

Por Adriana González Gil Grupo Estudios Políticos Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

E

l historiador Renán Vega Cantor ofrece una exhaustiva y minuciosa indagación documental que le permite situar la injerencia de Estados Unidos en el conflicto armado en Colombia, en una perspectiva de larga duración. Define cinco fases para el análisis: la primera, entre 1821 y 1930, de los primeros años de vida republicana hasta el fin de la hegemonía conservadora; la segunda, el periodo de la República Liberal (1930-1946); la tercera, de 1947 a 1962, entre la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) hasta la misión estadounidense de William P. Yarborough; la cuarta fase, entre 1962 y 1999, sitúa los inicios de la contrainsurgencia moderna hasta el Plan Colombia; y final68

mente, ubica una quinta fase a partir del desarrollo del Plan Colombia hasta 2014.

Su punto de partida es la relación entre Estados Unidos y Colombia, la cual se enmarca en una subordinación de las élites colombianas a los designios de Estados Unidos, cuyos rasgos distintivos examina en cada periodo señalado. El impacto de esta injerencia le permite afirmar que en la explicación de las causas del conflicto, su agudización y prolongación en el tiempo, y el impacto sobre la población civil el papel de Estados Unidos no puede entenderse solamente como “influencia externa”, sino que debe ser situado como un “actor directo del conflicto” (p. 698).

En ese horizonte interpretativo, esta relación —asimétrica y desigual— es calificada como

subordinación estratégica, en cuanto el vínculo de dependencia es justificado por los intereses de una élite que ha sobrevalorado la conveniencia de ser un aliado incondicional del poder protector de Estados Unidos, que se concibe dotado de una “superioridad política, económica, cultural y moral” (p. 698). Señala Vega que “una subordinación estratégica y una autonomía restringida son claves a la hora de entender la perduración de un conflicto” (p. 699). En tal sentido, citando a Marco Palacios, señala:

La segunda fase, durante la República Liberal — señala Vega— se acentúa la subordinación respecto a Estados Unidos en razón de una legislación favorable a los intereses del capital extranjero, particularmente a las empresas petroleras estadounidenses con presencia en la zona del Catatumbo. A la injerencia económica le sigue la intervención militar, que bajo el gobierno de Eduardo Santos inicia la capacitación de las delegaciones militares colombianas en las bases de ese país y se adoptan recomendaciones de los asesores extranjeros, como la referida al servicio militar obligatorio desde 1940. El desplazamiento del papel de los británicos y alemanes en asuntos militares, la creciente injerencia estadounidense y el anticomunismo que se cierne sobre los sectores

Es imposible no advertir la centralidad absoluta de Estados Unidos en la definición de las líneas políticas que adoptó la élite del poder en Colombia, del anti-comunismo de la Guerra Fría [sic] a la “guerra a las drogas” y a la “guerra global al terrorismo”, Washn la tercera fase, y bajo los impactos de la gueington le provee los argumentos y la rra fría, Vega señala que se da en Colombia una agenda (p. 699). “subordinación por invitación”. El anticomunismo

E

Los antecedentes de deviene en una “doctrina de Estado”, al amparo de este nivel de subordinala alianza que concita Estados Unidos en América ción de las élites colomLatina para garantizar la “seguridad hemisférica”, bianas, los sitúa en la primera fase, subrayando que ante el temor de la pretendida avandesde mediados del siglo zada comunista por parte de la URSS. xix esta relación se definió por los conflictos respecto al istmo de Panamá, cuyo principal mecanismo de populares —particularmente por el conservatismo— intervención estaba delineado en los Tratados Mallason elementos analizados por Vega para desarrollar rino-Bidlack de 1846: “mediante el cual se confieren su argumento central. amplios privilegios a Estados Unidos para utilizar el En la tercera fase, y bajo los impactos de la guerra Istmo [sic] de Panamá, así como potestad para refría, Vega señala que se da en Colombia una “suborprimir los conflictos sociales en esa región” (p. 700); dinación por invitación”. El anticomunismo deviene y Urrutia-Thompson en 1921, que provee recursos en una “doctrina de Estado”, al amparo de la alianza para avanzar en el proceso de modernización ecoque concita Estados Unidos en América Latina para nómica, política y militar de Colombia, y potencia la garantizar la “seguridad hemisférica”, ante el temor creciente influencia económica de las empresas esde la pretendida avanzada comunista por parte de la tadounidenses. Durante esta primera fase —señala URSS. Decisiones como la firma del TIAR en 1947, el Vega— se da la emergencia de una “contrainsurgennacimiento de la Organización de los Estados Amecia nativa”, en cuanto desde la década de 1920 se da ricanos (OEA) en 1948, el Pacto de Asistencia Miliinicio a la construcción del “enemigo interno” por la tar de 1952 bajo el gobierno de Laureano Gómez, vía de un anticomunismo, que señala a un conjunto la participación del Batallón Colombia en la guerra de sectores sociales como adversarios de los “valores de Corea, los requerimientos por parte de Estados sagrados”. Para este autor, el anticomunismo precede Unidos de hacer parte de una “cruzada anticomuen Colombia a los movimientos comunistas, así como nista” para garantizar la asistencia económica son, la contrainsurgencia emerge antes que irrumpan los entre otros, los factores analizados por el autor para movimientos guerrilleros (p. 702).

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ilustrar la vinculación de Colombia a los intereses geoestratégicos, políticos, militares y económicos del imperialismo estadounidense.

Luego del triunfo de la Revolución cubana, la política de Washington gira hacia una estrategia integral contrainsurgente que enfatiza las acciones cívicomilitares de carácter preventivo —Acta de Bogotá en 1960— y asegura el compromiso de los Gobiernos aliados a Estados Unidos para “atacar las fuentes de la agitación política y el subdesarrollo” (p. 713). En Colombia, es también un periodo en el que Estados Unidos proporciona una asistencia militar encubierta y se acogen recomendaciones de ese país para transformar el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) y crear el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Durante esta fase, de acuerdo con la línea argumentativa de Vega, se consolida una alianza que

E

En uno de los documentos secretos examinados por Vega —y aportados para la investigación— se señala que el Estado debe organizar grupos para “ejecutar acciones paramilitares” que “los Estados Unidos deben apoyar” (p. 726). El programa de intervención contrainsurgente de allí derivado orientará la Operación Marquetalia en 1964 y estará presente en la aprobación del Estatuto de Seguridad en 1978. La estrategia contrainsurgente se verá favorecida en la década de 1980 por la lucha antinarcóticos. De acuerdo con el profesor Vega: “Colombia participa en la lucha contra la economía transnacional de narcóticos en los términos planteados por Washington, con lo cual accede a créditos y se convierte en el principal receptor de asistencia militar en la región, lo que cimenta su posición dependiente y subordinada” (p. 732); y por la adopción de medidas neoliberales en la década de 1990.

En la quinta fase, a través del desarrollo del n este apartado el autor señala el aumento de las Plan Colombia se define víctimas civiles del conflicto armado, desde la miliuna “subordinación incondicional” del país a tarización que se impone bajo el modelo de “seguEstados Unidos. Con el ridad democrática” —control del Ejército de terriPlan Colombia aumenta torios en poder de las guerrillas, desplazamiento la asistencia militar a partir de un diagnóstico que de población y consupone la debilidad del trol paramilitar—.

Estado y su ausencia en buena parte del territorio nacional. Se incrementa instaura el “terrorismo de Estado en Colombia”. El considerablemente la “ayuda militar”, convirtiendo impacto del Bogotazo, la ola de violencia desatada y a Colombia en uno de los primeros cinco países del escalada bajo el gobierno de Laureano Gómez, la exmundo en recibir asistencia de Estados Unidos. “La propiación de tierras, el asesinato de los estudiantes lucha antinarcóticos se reconfigura como lucha anen 1954, la prohibición del comunismo en 1955 y el titerrorista” (p.

735).

La estrategia contrainsurgente, ataque a Villarrica sintetizan esta tendencia y muesen lo que va del siglo xxi, deriva en una lucha antran a Colombia como un laboratorio de la lucha titerrorista tras los atentados del 11 de septiembre. contrainsurgente en el continente (p. 723).

Para el profesor Vega, en la segunda etapa del Plan La cuarta fase concreta la estrategia contrainsurColombia se concreta “la internacionalización del gente moderna, a partir de las recomendaciones heconflicto”, en razón de su definición como “amenachas por la misión del general William Yarborough en za terrorista” (p. 737), y se materializa lo que el autor 1962, que convierte a Colombia en uno de los “epidenomina la “privatización de la guerra”; entre otros centros de atención del Grupo Especial de Contrafactores, por la presencia de mercenarios y empresas insurgencia” (p. 725). El incremento de la asistencia privadas de seguridad en el conflicto colombiano. En este apartado el autor señala el aumento de las víctécnica y material, y el entrenamiento a las fuerzas timas civiles del conflicto armado, desde la militariarmadas colombianas son el resultado de un diagnószación que se impone bajo el modelo de “seguridad tico que señala las falencias del Ejército colombiano. democrática” —control del Ejército de territorios en

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poder de las guerrillas, desplazamiento de población y control paramilitar—. En este proceso, el profesor Vega subraya la injerencia de Estados Unidos en la adopción de un modelo contrainsurgente en Colombia y en relación con la configuración del que denomina “terrorismo de Estado” (p. 736-737).

El historiador Renán Vega cierra el capítulo con unas conclusiones que subrayan la responsabilidad de Estados Unidos en la “perpetuación del conflicto armado en Colombia” (p. 751), el papel de la llamada “contrainsurgencia nativa”, la “privatización de la guerra” por la vía del Plan Colombia y la connivencia de las “clases dominantes criollas” con Estados Unidos para “perpetuar” el “terrorismo de Estado en Colombia” desde finales de la década de 1940 (p.

751-752). Asimismo, presenta dos tipos de recomendaciones al final de su informe: la primera, en relación con la necesidad de desclasificar los documentos que sobre Colombia reposan en los archivos estadounidenses, para garantizar el acceso a la información y la búsqueda de “la verdad sobre la responsabilidad de Estados Unidos en el conflicto colombiano” (p. 752); la segunda, de carácter general, cuyo aspecto central es la necesidad de “replantear las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos”, con la pretensión, por un lado, de recuperar la soberanía nacional y, por el otro, de lograr transformaciones sustanciales de las fuerzas armadas colombianas que las sitúe en el ejercicio de su función principal, esto es, proteger las fronteras nacionales (p. 752-753).

A modo de comentario El exhaustivo examen de información documental por parte del historiador Renán Vega es, sin duda, una importante contribución al análisis de la injerencia de Estados Unidos en el conflicto colombiano. La detallada descripción de los rasgos que tipifican cada una de las fases que explora se levanta precisamente a partir de una interpretación de ese acervo documental, que le permite —entre otras cosas— aportar información clasificada por los organismos de seguridad estadounidenses y desconocida hasta ahora por los investigadores. Pero más allá de esta contribución, el análisis realizado deviene, en gran parte del texto, en una narrativa al estilo de la “investigación policial” que, aunque de gran riqueza empírica, no considera una explícita articulación de la injerencia estadounidense con otros factores, dimensiones y actores igualmente relevantes.

Considerar los orígenes y causalidades del conflicto armado, los factores que han contribuido a su prolongación en el tiempo y los impactos sobre la población civil en relación con una sola dimensión del problema —la injerencia de Estados Unidos—, conduce a sobrevalorar esta dimensión en detrimento de la importancia de otras; y sobre todo, conduce a ocultar las interacciones entre factores estructurales y fenómenos coyunturales, entre las condiciones internas y el impacto de factores internacionales —no exclusivamente referidos a la intervención estadounidense—. Por ese camino se corre el riesgo de desestimar ese entramado de relaciones que complejiza el análisis del conflicto colombiano y, de paso, las posibilidades de su solución negociada.

En la perspectiva histórica que pretende el autor es preciso, justamente, identificar los problemas que están anclados a lo largo del tiempo y que permiten una explicación a la prolongación del conflicto armado en Colombia. Del mismo modo, es preciso situar en ese largo periodo las interacciones entre los actores, su proceso de transformación, que en buena medida devela continuidades y rupturas, objeto de indagación. Pareciera que el uso de un recurso metodológico —como “aislar” esta dimensión para valorarla suficientemente— termina omitiendo dimensiones y procesos que contribuyen al logro del propósito explicativo requerido a la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y, en consecuencia, deja de lado los alcances de una explicación de orden procesual.

En virtud de diferentes combinaciones y secuencias de los procesos examinados en la larga duración es posible, por ejemplo, señalar los rasgos característicos de una élite colombiana que no puede concebirse como un actor homogéneo a lo largo de su historia, así como los gobiernos estadounidenses no se han aproximado a Colombia a través de una sola forma de relación. Del mismo modo, la relevancia que adquiere para el análisis del conflicto colombiano la interacción de las escalas regional, nacional e internacional, particularmente en función del papel diferencial asumido por distintos actores internacionales en un proceso creciente de internacionalización del conflicto armado, termina así reducido al examen de la injerencia estadounidense que, si bien es protagónica, no puede constituirse en el único factor explicativo. Una sobrevaloración de esta dimensión como determinante soslaya la existencia de 71

otros factores y limita los alcances de una mirada que integre factores estructurales, dinámicas coyunturales, transformaciones internas e interacciones con un contexto internacional dinámico.

De otro lado, en relación con la emergencia de las víctimas del conflicto armado, se echa de menos en el análisis del profesor Vega una consideración específica sobre estas. Si bien el autor argumenta en favor de la hipótesis del “terrorismo de Estado”, como práctica recurrente desde principios del siglo xx, no introduce en su análisis la responsabilidad que les compete a los distintos actores armados implicados en el conflicto.

Señalemos, finalmente, que la histórica tendencia intervencionista de Estados Unidos, predominantemente militar, afianzada en la coyuntura más recien-

Referencias bibliográficas * Véase Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015, pp. 697-761).

La paginación corresponde al buscador de páginas del documento en PDF, alojado en el sitio web de la Mesa de Conversaciones.

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Vega Cantor, Renán.

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te por la guerra antinarcóticos y la guerra global contra el terror, a través de un mecanismo como el Plan Colombia, ha incidido —indiscutiblemente— en el escalamiento del conflicto armado colombiano y, en consecuencia, constituye un factor relevante para su análisis. Sin embargo, en una perspectiva relacional y procesual, resulta conveniente situarlo en relación con otros factores e interacciones que contribuyan a desvelar su complejidad. Se trata, para muchos, de caracterizar su actuación como de “asistencia internacional para la guerra”, en contraste con la “cooperación internacional para la paz” que se le atribuye a la Unión Europea (Romero, 2001). Continuidades y cambios en las interacciones entre una gama diversa de actores parecen estar en la base de una caracterización del tipo de confrontación armada en Colombia.

mas. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 697-761).

Mesa de Conversaciones.

Recuperado de https://www. mesadeconversaciones. com.co/comunicados/ informe-comisio%CC%81nhisto%CC%81rica-del-con-

flicto-y-sus-vi%CC%81ctimasla-habana-febrero-de-2015 Romero, Marco Alberto.

(2001). La nueva internacionalización del conflicto y los procesos de paz. En: Estrada Álvarez, Jairo (ed.). Plan Colombia. Ensayos críticos. Bogotá, D. C.: Unibiblos.

María Emma Wills

Los tres nudos de la guerra colombiana: un campesinado sin representación política, una polarización social en el marco de una institucionalidad fracturada y unas articulaciones perversas entre regiones y centro*

Por Deicy Hurtado Galeano Grupo Estudios Políticos Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

L

a hipótesis interpretativa central que propone María Emma Wills es que la guerra contemporánea colombiana —que va del Frente Nacional hasta 2014— ha sido:

Impulsada por actores distintos [a los de las guerras precedentes] que agencian viejos y nuevos reclamos, e innovan y a la vez reactivan repertorios de violencia reminiscentes de la confrontación armada anterior. Como en otras épocas, las tramas son confusas: las motivaciones privadas se entrecruzan con las políticas, las humillaciones personales o la codicia con los reclamos de justicia, en una guerra que sigue siendo […] de carácter nacional y de naturaleza política (p. 763).

La estrategia argumentativa de la autora para explicar los orígenes y múltiples causas del conflicto, la obliga a un análisis de larga duración y por eso reconstruye la dinámica política del país entre mediados del siglo xix y el comienzo del Frente Nacional, dividido en dos periodos: el primero que va hasta la Guerra de los Mil Días y el segundo que comprende las vertiginosas transformaciones sociales de la década de 1920 y va hasta la caída del general Rojas Pinilla.

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Los procesos examinados en el primer segmento temporal de la guerra tienen que ver con la construcción del Estado-nación, el papel de los partidos políticos —Liberal y Conservador— y de las élites económicas, tanto en la construcción de imaginarios excluyentes de nación como en el control del poder económico y político en las regiones y localidades.

De este periodo resaltan explicaciones referidas a: los partidos como “redes multiclasistas” y clientelares capaces de intercambiar tanto votos como armas; las identidades partidistas como referentes previos y más relevantes que la identidad nacional y el Estado; la configuración de “órdenes regionales particulares”, propios de un mercado interno débilmente integrado; los problemas de recaudación fiscal del Estado y la inexistencia de un ejército centralizado; los poderes regionales resistentes al control del poder central; los territorios “vacíos” que albergaron población excluida o autoexcluida, convertida en colonos y pequeños campesinos.

De manera que los nudos que este periodo dejó sin desatar son: la enemistad absoluta entre militantes de los dos partidos como base de la identidad política —el adversario político como enemigo que se excluye del juego político y se elimina mediante la guerra—; un ejército incapaz de profesionalizarse y deslindarse de los partidos; el predominio de la matriz conservadora por la influencia de la Iglesia católica en los procesos sociales y culturales; unas expectativas de titulación de predios para campesinos, truncada por las tramas locales del poder político y económico. Nudos no desatados que explicarían por qué el “juego político estaba dispuesto de tal manera

que podía fácilmente derivar en guerra” (p. 769), en una guerra como la de los Mil Días con la que inició el siglo xx colombiano.

El segundo segmento de esta reconstrucción de larga duración inicia con la emergencia de actores inesperados en la esfera pública de la década de 1920 —organizaciones obreras, partidos de izquierda, ligas campesinas—, así como de nuevas formas de expresión política —periódicos, mítines, tomas de espacios públicos e invasiones—. Involucra también las dinámicas reformistas impulsadas desde la propia Presidencia de la República —Alfonso López Pumarejo—, que intentaban poner al país a tono con la modernidad —reforma agraria, educación superior, patrimonio de las mujeres, matrimonio civil y divorcio, extensión del sufragio masculino, derechos sindicales, nacionalización de la policía—. No obstante, esta gran movilización social y los intentos progresistas institucionales del país fue contenida, perseguida o reprimida gracias a que la matriz cultural conservatizante estaba arraigada en buena parte de la población y a que tenía unos actores con gran capacidad para afianzarla: el Partido Conservador, los jerarcas de la Iglesia católica y sus púlpitos, una Policía que lideró la persecución política de la época y unas élites regionales y locales resistentes a perder sus privilegios y prebendas.

Este periodo escenificó una “confrontación ideológica, cada vez más virulenta” (p. 772), con unas instituciones que al estar imbuidas en dicha confrontación, no tuvieron capacidad para domeñar el antagonismo y conducirlo por sendas democráticas, pues además de reactivar la enemistad entre liberales y

De manera que los nudos que este periodo dejó sin des-

atar son: la enemistad absoluta entre militantes de los dos partidos como base de la identidad política —el adversario político como enemigo que se excluye del juego político y se elimina mediante la guerra—; un ejército incapaz de profesionalizarse y deslindarse de los partidos; el predominio de la matriz conservadora por la influencia de la Iglesia católica en los procesos sociales y culturales; unas expectativas de titulación de predios para campesinos, truncada por las tramas locales del poder político y económico.

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conservadores, la naciente izquierda se convirtió en un nuevo foco a eliminar del juego político. En este periodo marcado por la: […] persecución política, se anudaban distintos conflictos. Por debajo de los grandes marcos nacionales que ordenaban la confrontación de enemistades absolutas entre liberales y conservadores, se movía un país en efervescencia donde se mezclaban los pequeños agravios cotidianos con la ambición de poder entre facciones así fueran del mismo partido; las discriminaciones raciales y étnicas; las transformaciones en los roles y representaciones femeninos; las sublevaciones contra las jerarquías y desprecios sociales, y el despojo “vertical” y “horizontal” de la tierra (p. 772).

El asesinato de Gaitán, el cierre del Congreso, la formación de las guerrillas liberales del Llano, entre otros, configuraron los episodios desencadenantes del nuevo ciclo de guerra: La Violencia. Los nudos abigarrados de este ciclo fueron: los odios heredados, una insubordinación social difusa sin una fuerza nacional capaz de articularla y la codicia por la tierra, los cargos y sus prebendas en el ámbito local y regional. Un periodo que se cierra con los militares en el Gobierno, un general en quien la élite política bipartidista depositaría la “pacificación” del país, pero que se desvaneció rápidamente con acciones represivas y autoritarias como: la arremetida contra los estudiantes, la ilegalización del Partido Comunista, el cierre de periódicos liberales.

Una vez reconstruidos los hilos anudados desde el siglo xix que explican el surgimiento de la guerra colombiana, Wills se adentra en la “guerra contemporánea” a la que divide en tres periodos: a) desde inicios del Frente Nacional hasta 1976 que “fue más que una dictadura disfrazada pero menos que una democracia garantista” (p. 774); b) entre 1977 y 1982 denominado como la transición a la guerra total (p. 778); y c) entre 1982 y 2014 nombrado como de expansión de la guerra y de evidentes fracturas estatales (p. 792).

En relación con el Frente Nacional, la autora hace un esfuerzo por mostrar de manera equilibrada que este acuerdo de alternancia, aunque no era una dictadura que cancelara el régimen democrático, sí implicó un cierre del sistema político en el que: a) se generaron importantes exclusiones de partidos de izquierda —sin necesidad de ilegalizarlos ni de im-

pedir su presencia camuflada en listas al Congreso o de que sus ideas pudieran ser enarboladas por el MRL—; b) se desplegaron estrategias restrictivas de los derechos y garantías constitucionales condensadas en la figura del Estado de excepción y la justicia penal militar para juzgar civiles, que si bien pretendían contener la acción de las nacientes guerrillas, terminaron por afectar —sin cancelar tampoco— la gran efervescencia social que estaba surgiendo en los años sesenta de la mano de las mujeres, los estudiantes, los sindicalistas, los indígenas y los campesinos.

En últimas, los aprendizajes heredados de la época llevaron a restringir seriamente la existencia de una esfera pública plural: protestas y demandas de participación y redistribución tratadas como asuntos de orden público; conformación de listas de sospechosos, allanamientos, torturas, consejos de guerra, detención ilegal de civiles sospechosos; militarización de la sociedad, autorizando a los civiles para armarse en defensa propia y a los militares para conformar grupos civiles armados en defensa de la seguridad.

Este periodo puso en evidencia la división interna de la élite política respecto del problema de la tierra y de la élite militar respecto del tratamiento que se le debía dar al conflicto social y a las emergentes guerrillas. Pero más allá de esta evidente división, lo que se resalta es la manera como en Colombia no solo han sido acalladas la corrientes progresistas y alternativas de izquierda, sino también las tendencias reformistas de la clase dirigente. En el debate sobre la tierra, se impusieron quienes defendían la propiedad privada —conservadores y hacendados liberales de las regiones—, sobre aquellos que la veían como fuente de equidad social —MRL y dirigencia nacional del partido liberal—, quienes enfatizaron la productividad del campo y la agroindustria sobre la pequeña propiedad de campesinos y colonos. En la cuestión del orden público, si bien la clase política estaba más alineada alrededor de las medidas restrictivas de los derechos, las fracturas se evidenciaron en el seno de las propias fuerzas armadas, pues esa ala reformista-desarrollista que veía la seguridad como un problema de inclusión en el desarrollo, terminó acallada por ese sector de oficiales más conservadores que propugnaban por medidas represivas y restrictivas de los derechos que, además, se abrogaban la seguridad nacional como una responsabilidad de su exclusiva competencia.

El segundo periodo de la guerra contemporánea, caracterizado como de transición a la guerra total 75

El último periodo de la “guerra contemporánea” (1982-

2014) inició con intenciones reactivas al autoritarismo impuesto por el Estatuto de Seguridad, y desde el Ejecutivo se retomaron argumentos sobre la injusticia y la desigualdad como acicates del conflicto armado; postura que tuvo respaldo en el Congreso, al aprobar las conversaciones con grupos armados —FARC, M-19 y EPL— y la posterior amnistía para sus integrantes.

(1977-1982), se caracterizó por la exacerbación y radicalización de la movilización sindical, así como por la apelación, por parte del ejecutivo y de las Fuerzas Armadas, al Estado de sitio y al Estatuto de Seguridad con los consabidos excesos de la fuerza pública —consejos de guerra verbales, allanamientos, detenciones arbitrarias, torturas—. Según la autora, en este periodo, en contraste con el anterior, en el Congreso se oyeron voces garantistas que pusieron en cuestión el Estado de policía, provenientes del Frente Unido Popular, de la UNO, del Partido Liberal y hasta al Conservador —sin desconocer que hubo posiciones aprobatorias del Estatuto y de la restricción de derechos—; además de constituirse los cimientos del movimiento de defensa de los derechos humanos.

No obstante, ni la movilización social ni el Congreso lograron contener la espiral autoritaria ni realizar un diseño institucional acorde con el Estado social de derecho, con asuntos tan básicos como la separación de poderes y el debido proceso; consolidándose entonces aquella idea de que la seguridad y el orden público era un campo de exclusiva competencia de los militares, quienes no tenían ningún contrapeso ni eran llamados a rendir cuentas.

El último periodo de la “guerra contemporánea” (1982-2014) inició con intenciones reactivas al autoritarismo impuesto por el Estatuto de Seguridad, y desde el Ejecutivo se retomaron argumentos sobre la injusticia y la desigualdad como acicates del conflicto armado; postura que tuvo respaldo en el Congreso, al aprobar las conversaciones con grupos armados — FARC, M-19 y EPL— y la posterior amnistía para sus integrantes. Esta vez, la fractura del Estado se haría evidente entre el proceso negociador y de inclusión de las guerrillas, adelantado por el Gobierno nacio76

nal y las fuerzas sociales y políticas regionales que se oponían a ese proceso y abogaban por legislaciones de excepción y restricción de los derechos; lo que, por supuesto, tuvo resonancia en el Ejército y condujo a la consolidación de un ala clandestina de esta institución que exacerbó el discurso de la enemistad y estableció relaciones perversas con fuerzas contraguerrilleras clandestinas —como el MAS—.

A la fractura del Estado en esa relación entre lo nacional y lo regional, se le sumó una nueva actividad: la producción de drogas ilícitas, a la que se articularon fuerzas antiguerrilleras y de la que no se libró ni la propia guerrilla. Se trató de un contexto de alta polarización en el que serían sacrificados tanto los opositores a las mafias y sus alianzas con la institucionalidad, como quienes rechazaron la articulación de la lucha guerrillera con el narcotráfico, impidiendo así que las corrientes democratizadoras tuvieran alguna capacidad de incidir en la vida política del país.

Ese poder mafioso tuvo una gran incidencia en las dinámicas del poder locales y regionales, pues una de las estrategias de blanqueamiento del dinero, fue la compra de tierra. Además, cifras presentadas por la autora muestran la relación directa entre municipios violentos y extremadamente violentos con la presencia del narcotráfico, que se explica, también, por la estrategia contraguerrillera desplegada por los narcotraficantes como expresión de venganza frente al secuestro del que estaban siendo víctimas, y a la que se articularon terratenientes, empresarios, jueces, políticos regionales, policías y militares, portadores de intereses diversos pero con un eje común: el “odio visceral contra las guerrillas” (p. 797), los comunistas y sus presuntos aliados. Fue todo esto lo

que dio lugar a la legalización de las autodefensas y grupos paramilitares, quienes en sus alianzas perversas en diferentes regiones del país se disputaron la tierra y el control territorial como vía para gobernarla. Para la autora, se pasó a una “guerra por la constitución del orden social” (p. 797) en los ámbitos local, regional y hasta nacional. Guerra que no solo llevó a la expulsión de las guerrillas de un territorio sino también a la transformación de “las geografías sociales y el poblamiento de los territorios” (p. 798).

Para la autora, si bien la recomposición del orden social en localidades y regiones fue exitoso, este modelo autoritario y despótico no logró instalarse exitosamente en la nación o en las instituciones del Estado, y fue así gracias a la oposición expresada por diversos sectores: políticos, militares y de policía, de la justicia, de periodistas, de organizaciones civiles.

Por eso la autora encuentra en los rediseños institucionales del Estado los diques de contención a dicho modelo: la prohibición de organizar grupos de civiles armados, los fallos judiciales contra políticos y oficiales comprometidos con el paramilitarismo, el compromiso del Ministerio de Defensa en la inculcación de una cultura de los derechos humanos y del DIH, las corrientes políticas con voz y voto en instancias como el Congreso de la República.

punto de vista, lo más relevante de su ensayo es ese enfático llamado de atención a poner la mirada en las regiones y localidades, así como en los marcos interpretativos. Es examinando esos territorios como tal vez se puedan desanudar aquellos hilos enmarañados que han dejado en la configuración del orden político colombiano los órdenes locales despóticos y arbitrarios de paramilitares y guerrillas —con sus respectivas redes de apoyo—, toda vez que: “por debajo de una normatividad democrática y elecciones regulares, se afianzan redes perversas que vinculan a distintos sectores y autoridades regionales a proyectos y dominios despóticos” (p. 801).

Para Wills, se trata de poderes que se mueven en la legalidad, usan los patrones clientelistas, participan en elecciones democráticas y hasta se constituyen en autoridades legítimas. Redes perversas de poder que se han anudado muy bien con la pervivencia de unos marcos interpretativos polarizantes y de la enemistad absoluta —de las élites y de los grupos contestatarios, de la izquierda y de la derecha—, que a lo largo de la historia política colombiana han impedido la consolidación de corrientes progresistas o reformistas en la institucionalidad —fuerzas militares y de policía, Congreso, organismos de control—, en la sociedad civil y en la propia izquierda.

Con lo expuesto hasta aquí, la contribución principal que hace la profesora Wills es que el conflicto colombiano se explica por la sempiterna e inequitativa redistribución de la tierra, por la sistemática aniquilación de formas de representación política de inmensos sectores sociales subalternos, así como por las fracturas internas de la institucionalidad estatal que han impedido la modernización del Estado en el sentido de garante de derechos, responsable de la construcción del sentido de lo público y de una esfera pública plural y democrática. Pero, desde mi

Marcos interpretativos que, utilizados por esas redes despóticas de poder locales, han configurado la urdimbre para “atizar la guerra” y dejar a su paso más de 220 mil víctimas con pérdidas y daños inconmensurables en las víctimas directas y en la sociedad; pues esos poderes autoritarios han impedido que se construya una institucionalidad democrática y unos marcos interpretativos y culturales democráticos, que impidan que la eliminación física del adversario sea una opción válida para tratar los conflictos y las diferencias.

* Véase Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015, pp. 762-806).

La paginación corresponde al buscador de páginas del documento en PDF, alojado en el sitio web de la Mesa de Conversaciones.

y unas articulaciones perversas entre regiones y centro.

En: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 762-806).

Mesa de Conversaciones.

Referencias bibliográficas Wills, María Emma.

(2015). Los tres nudos de la guerra colombiana: un campesinado sin representación política, una polarización social en el marco de una institucionalidad fracturada

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Calidad —de la educación— universitaria, ¿según qué concepción de calidad? Algunas consideraciones “Los controladores (expertos) tienen que ser capaces de hacer aquello que ellos mismos quieren direccionar [...] Tienen que ser “maestros”, educadores […] Lo que generalmente no son, son administradores, estadistas, etc., etc. […] ¿Quién controla la calidad de la gestión de la calidad? […] se necesita una gestión de la calidad de la gestión de la calidad de la gestión de la calidad…”

Rainer Dollase, 2007.

“En una sociedad en la que el mercado es idealizado como la instancia reguladora más elevada y en la que, en concordancia con ello, solo valga como más relevante lo que se deje expresar en las dimensiones del cambio, queda como medida para la calidad —y en últimas de manera general para ‘lo bueno’—, solo el criterio de la venta que produce ganancia. Cada vez se vuelve más difícil mantener separados calidad y valor económico, finalmente se vuelven sinónimos.”

Erich Ribolits, 2009, p. 13.

Por Andrés Klaus Runge Peña*

A

nte las preguntas por la calidad universitaria y, en específico, por la calidad de la educación universitaria, habría que hacer algunas consideraciones iniciales sobre la cuestión de la calidad y, particularmente, de la calidad educativa. Así, una respuesta o intento de respuesta a estos cuestionamientos obliga, ante todo, entrar en consideraciones sobre lo que se denomina y entiende por calidad y por “enfoque de calidad” en el contexto educativo y universitario colombiano.

1. Los conceptos de cualidad y calidad Vale recordar que, desde el punto de vista filosófico, por cualidad —“poion” en griego o “qualitas” en latín—, se entiende, ya desde Aristóteles en su “Organón”, una de las categorías —predicamentos o lo que se dice— del ser o de lo existente. La cualidad se refiere al hecho de tener una determinada característica o forma de ser. Ella alude, por un lado, a la propiedad o conjunto de propiedades que le son inherentes o propias a algo —a un objeto, sistema o proceso— y que permiten, por tanto y por otro lado, juzgar su valor como de mala, “medio regular”, “casi regular”, “medio buena”, “casi buena”, buena, buena o excelente calidad. Así, a partir del vocablo latino “qualitas” o cualidad evolucionan en castellano las expresiones “cualidad” y “calidad”.

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Un aspecto que llama la atención es que, en su uso contemporáneo, la calidad, en expresiones como educación de calidad, escuela de calidad, docente de calidad o universidad de calidad, se tiene como algo “incuestionablemente positivo o bueno” en las actuales “sociedades del rendimiento” (Han). De allí que nadie reniegue de la calidad o esté en contra de ella. No hay nadie —gobierno, organización, institución, grupo o individuo— que no quiera ser de calidad o que no esté en favor de la calidad. Cuestionar la calidad o estar en contra de ella se presenta como un sinsentido: no hay espacio y cabida para la no-calidad.

No obstante, un aspecto que a menudo se pasa por alto es que, aun cuando en el uso cotidiano y académico la calidad designe y comprenda la propiedad o característica de un objeto, en el sentido de cualidad, lo cierto es que ésta, en tanto valoración, —educación de calidad, escuelas de calidad, maestros de calidad o universidades de calidad—, no es la propiedad o característica del objeto en cuestión, sino el resultado de una valoración, es decir, de un juicio sobre la propiedad —cualidad— de dicho objeto (Heid, 2000, p. 41). En ese sentido, la calidad no es un objeto extra-mental que exista por sí mismo, como cuando uno alude a una silla o a un perro, sino que existe en tanto valoración de algo. De manera que, así como uno no ve la inteligencia por ahí corriendo, tampoco ve la calidad, pues como juicio resulta de la comparación y se encuentra ligada a determinados contextos: se produce desde un lugar y con unos intereses.

Así mismo y en consecuencia, la calidad, en tanto valoración de algo, no es objetiva —aunque se presente con números y estadísticas—, implica un determinado punto de vista, es interesada y está sujeta, por tanto, a relaciones de poder. Lo que lleva a preguntar: ¿Quién establece que algo es de calidad? ¿Desde dónde y bajo qué parámetros se establece que algo es de calidad? ¿De dónde surge la idea de que las cosas sean o tienen que ser de calidad? ¿Para qué propósitos y con qué intereses se recurre a la calidad? ¿Por qué la calidad hoy se convierte en un asunto de mejoramiento continuo y de autoexplotación ilimitada? ¿Quiénes y qué decisiones se toman sobre la base de que algo se valora como de calidad? ¿Cómo se regula, gobierna, direcciona, incluye, excluye sobre la base de la calidad?

Lo cierto es que una comprensión de la calidad resulta difícil de dar, pues ella varía de acuerdo a muchos factores y aspectos contextuales.

Así, “debido al hecho que la calidad no es un objeto de investigación ‘observable de modo objetivo’ y definible de un modo general, sólo es susceptible de una medición si con antelación se han precisado los criterios observables que, en tanto indicadores, deberían validar su existencia más o menos dada. Al precisar esos criterios se llega inmediatamente a una situación de intereses que son, por regla, dados mediante el ‘interés orientador del conocimiento’ del contratista de la evaluación” (Ribolits, 2009, p. 9). Por tanto y de igual manera, la calidad en el ámbito educativo no es algo que esté objetivamente definido, sino que resulta ser, más bien, el producto de intereses y negociaciones (poder) de los sujetos, instituciones o instancias involucrados.

No es gratuito que en el contexto empresarial y técnico la calidad de los productos haya sido un asunto bastante trabajado, pero también la 79

No es gratuito que

en el contexto empresarial y técnico la calidad de los productos haya sido un asunto bastante trabajado, pero también la calidad de los procesos. La planeación, direccionamiento, control y evaluación de todas las actividades de la empresa de cara a la producción y puesta en circulación de productos se entiende como “gestión de la calidad”

calidad de los procesos. La planeación, direccionamiento, control y evaluación de todas las actividades de la empresa de cara a la producción y puesta en circulación de productos se entiende como “gestión de la calidad” (Bakic, 2009, p. 32). La gestión de la calidad tiene como meta el “mejoramiento continuo” en el marco de unas condiciones y exigencias cambiantes; se trata siempre de un proceso cíclico (Horvath, 2009, p. 41) que no tiene un fin “natural”. Para ello, se trata del desarrollo de procesos que se enmarquen o que lleven hacia donde se ha propuesto o a donde es necesario llegar. Acá se habla del “desarrollo de la calidad”.

Pero también tiene que ver con el aseguramiento de los cambios y de las mejoras que se logran como consecuencia de dicho desarrollo. Es cuando se habla de “aseguramiento de la calidad”. La gestión de la calidad abarca ambos asuntos. Por tanto, la gestión de la calidad y los sistemas de gestión de la calidad son, en ese sentido, una parte del desarrollo organizacional.

Es acá, precisamente, donde hacen su aparición los programas y modelos para la gestión de la calidad como el TQM (total quality management) o gestión de la calidad total1 —que implica aseguramiento y conciencia de la calidad de todos los miembros y en todos los procesos—, el modelo EFQM (European foundation for quality management) o Modelo de la fundación europea para la gestión de la calidad —especificado para un trabajo de análisis interno y de auto asesoría y orientado hacia la “satisfacción del cliente”— el modelo de certificación ISO 90002 —y siguientes— o los modos estratégicos de control cibernético (controlling) como el balance scorecard (Kaplan y Norton) —cuyo propósito radica en aplicar las estrategias de una organización a formas claras, medibles y comprobables de direccionamiento (visión + estrategia)— que estaban pensados para el aumento y aseguramiento de la eficacia y la eficiencia —entendida como el logro cada vez mejor de las metas con los medios disponibles (o sea, el de hacer cada vez más con menos)— de los procesos y productos industriales y empresariales. La calidad aparece en estos marcos como el cumplimiento de las especificaciones, como la concordancia entre un “es” y un “deber ser”. El resultado de todo ello, como dijimos, es un “producto de calidad”.

La gestión de la calidad educativa escolar y universitaria es un capítulo reciente dentro de la historia y teoría de la escuela y la universitología que viene enmarcada dentro de una fuerte tendencia a nivel internacional que se conoce como nueva gestión pública (new public management) o gestión del cambio. Se trata de un nuevo modo de direccionamiento y conducción que se orienta por los modelos de la economía y el mercado y que, como “mano invisible”, viene agarrando cada vez con mayor fuerza las dinámicas de las instituciones educativas. Un asunto que, por su posición hegemónica, ha venido reduciendo sistemáticamente el problema de una reflexión y teorización sobre las instituciones educativas y su desarrollo y organización a la cuestión exclusiva de la gestión de la calidad. De allí que la educación se tenga por un asunto —que debe y tiene que ser— controlable, medible, evaluable, lo cual resulta particularmente complicado cuando se trata de seres humanos y, para este caso, de su formación.

Así, una vez que el discurso de la calidad, sobre todo tal y como se ha trabajado dentro del saber empresarial, se hace extensivo y hegemóni-

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co dentro del sistema educativo y dentro de las instituciones de educación superior en particular, a estos se les comienza a atribuir las mismas características que a la empresa: eficiencia, rendimiento, productividad incrementada a bajo costo, producción de cada vez más con cada vez menos, orientación y satisfacción de los clientes, competitividad, eficacia, innovación, creatividad, rentabilidad, éxito y excelencia, emprendimiento, etc. Además, se supone que todo lo anterior se convierte en un asunto exclusivo de tales instituciones educativas y en una responsabilidad de sus directivos y docentes; es decir, en un asunto de gestión de la calidad educativa. Dicho con otras palabras, la institución educativa (escolar o universitaria), en la lógica de ese discurso gerencialista neoliberal, debe ofrecer una “mercancía” o “producto” de calidad, también en una abierta competencia con cualesquiera otras instituciones educativas (privadas, públicas, con recursos o sin recursos, citadinas o apartadas). ¿Qué entender entonces por calidad educativa en el contexto universitario? Miremos:

2. Concepciones de calidad educativa Siguiendo a Harvey y Green (2000), se pueden plantear diferentes concepciones de la calidad educativa: uno puede decir que una institución de educación superior es de calidad porque es A) una excepción en el sentido de que es exclusiva (Aa), porque sobresale de las demás (Ab) o porque, simplemente, cumple con los requisitos o estándares mínimos (Ac). La primera subcategoría es la clásica y tiene que ver con eso excepcional que, a su vez, da una suerte de exclusividad. La calidad se equipara a “goodwill” o reputación. En términos críticos, con ella se apoya una concepción elitista de la educación que se basa en el presupuesto de la propia exclusividad (reputación) como criterio. Dicho criterio de calidad radica en que, precisamente, es inalcanzable para otros. En la segunda subcategoría tenemos la comprensión de la calidad como excelencia o cumplimiento de los más altos estándares. Esto último es lo que se equipara acá a calidad. Se habla de excelencia tanto en el sentido de consecución de los más altos estándares como en el de no cometimiento de errores. A diferencia de la calidad en su comprensión tradicional, como una suerte de “goodwill” intangible, con esta concepción sí se nombra los componentes de la calidad; no obstante, con ello se asegura, al mismo tiempo, el carácter inalcanzable de la misma. La calidad sólo se alcanza a partir de unas condiciones improbables e inverosímiles: dar “lo mejor” como condición para llegar a “lo sobresaliente”. La concepción de la excelencia tiene que ver, en gran parte, con la reputación de la institución escolar y ambas se condicionan entre sí. La estructuración de la institución corrobora la reputación y ésta, por su parte, permite la consecución de recursos. Con todo esto dispuesto, la calidad en los resultados, se supone, viene por añadidura. Dicho en otras palabras, la calidad de los resultados tiene que ver con la calidad de las entradas. De lo mejor, se supone, siempre sale lo mejor. Este es el modelo dominante en la educación —sobre todo universitaria— en Estados Unidos.

...la institución

educativa (escolar o universitaria), en la lógica de ese discurso gerencialista neoliberal, debe ofrecer una “mercancía” o “producto” de calidad, también en una abierta competencia con cualesquiera otras instituciones educativas (privadas, públicas, con recursos o sin recursos, citadinas o apartadas). ¿Qué entender entonces por calidad educativa en el contexto universitario?

Tenemos una tercera comprensión de la calidad como excepción que se refiere a la concordancia con los estándares: calidad se equipara a concordancia con unos estándares mínimos. En esa lógica un producto 81

de calidad es aquél que cumple con una serie de controles de calidad.

Nos la vemos con criterios que son alcanzables y, en ese sentido, el control se ejerce más con el propósito de evitar los errores o defectos y lograr la calidad a partir del cumplimiento de los estándares mínimos; estándares, no obstante, generalmente supeditados y establecidos por quienes ejercen el control desde un lugar externo.

Así, mediante la

comparación de la calidad los gestores de la calidad, pero sobre todo, la organización educativa, la institución universitaria como tal, deja de basarse en intuiciones, tradiciones o decisiones pragmáticas, en apuestas políticas, sociales, ilustradoemancipadoras, para sustentarse ahora en lo datos. Datos que permiten no solo la toma de decisiones de los administradores, sino también de las instancias gubernamentales.

Si bien con esta última comprensión de la calidad se evita la formulación de estándares últimos y universales (ideales, utópicos, improbables, inalcanzables) en el sector educativo, se introduce el asunto de la comparación y la competencia. “Con la introducción de estándares relativos como base para juzgar a las instituciones o a sus ofertas formativas se plantea, no obstante, el problema de la comparación” (Harvey y Green, 2000, p. 21). Los alumnos, los docentes, las clases, el rendimiento escolar, etc., empiezan a ser comparados bajo criterios “objetivos”, independientemente del lugar o del territorio o de las particularidades contextuales. Se introducen los “rankings” (Estudio PISA).

Así, mediante la comparación de la calidad, los gestores de la calidad, pero, sobre todo, la organización educativa, la institución universitaria como tal, deja de basarse en intuiciones, tradiciones o decisiones pragmáticas, en apuestas políticas, sociales, ilustrado-emancipadoras, para sustentarse ahora en lo datos. Datos que permiten no solo la toma de decisiones de los administradores, sino también de las instancias gubernamentales. La gestión de la calidad deviene en estrategia para la misma gestión de la política. Los datos —por ejemplo, en las pruebas o en estadísticas— sirven para la toma de decisiones fundamentadas. Se supone que con esto las instituciones universitarias se vuelven más racionales en sus dinámicas y ganan en seguridad en la planeación y en la toma de decisiones (decisiones basadas en la evidencia).

En el contexto universitario, bajo el criterio de conformidad con los estándares mínimos, se establece una brecha entre instituciones universitarias que cumplen con tales estándares e instituciones universitarias que no lo hacen, lo cual tiene al menos dos consecuencias: por un lado, que unas pueden gozar de ciertos privilegios y otras no (por ejemplo de apoyo económico por parte del Estado) y, por el otro, que, al introducirse el criterio de comparación, se pone a las instituciones en una lucha entre sí, directa y “despiadada”, por la consecución de un puesto, de un ranking, de unos recursos, de unas prerrogativas, de unos incentivos, etc. (competencia de mercado).

A lo que hay que agregar, además, lo siguiente: si bien los estándares son alcanzables como cumplimiento de unos indicadores mínimos, éstos se caracterizan fundamentalmente por no ser fijos o estables. De manera que al cambiarse (elevarse) constantemente tales estándares mediante un sistema cada vez más continuo de evaluación y de “rankings” se desata, por lógica, una dinámica de permanente competencia para alcanzar así el nuevo nivel de los nuevos estándares mínimos y así permanentemente (compárese con el sistema de clasificación de los grupos de investigación por Colciencias).

La calidad universitaria se evidencia acá claramente como una estrategia gubernamental que permite la otorgación o no de recursos en momentos de crisis fiscal y de racionalización de los recursos, pero tam-

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bién como una forma de direccionamiento y control de las instituciones universitarias. Se las gobierna mediante la calidad; es decir, mediante su movilización permanente en pro de la calidad (cualificación y mejoramiento constante). El estado y los gobiernos se des-responsabilizan, desde el punto de vista de la equidad con respecto a todas las instituciones educativas y de la educación como derecho, y, bajo el primado de los “rankings” y estándares, apoyan a las que “ganan” o cumplen con los estándares y con ello a) quedan bien ante la opinión pública —les dan a los que ganan, a los que cumplen y para cualquier individuo esto es lo justo—, b) racionalizan —administran— los recursos y c) se “llenan de motivos” para ejercer nuevos controles cada vez más minuciosos y para poner a las instituciones en la “búsqueda permanente” de la calidad de manera que se recalibren constantemente.

Una de las cuestiones cruciales en esta dinámica por la gestión de la calidad y por el mejoramiento continuo es que la calidad como “algo alcanzado” —como mínimo logrado— deviene, paradójicamente, en algo que tiende a autoinvalidarse debido a la misma lógica irracional acumulativa y autoexplotadora en que está en juego: si el estándar mínimo como criterio de calidad era 1, ahora es 2 y mañana será 3 y así sucesivamente. Es más, los productos mismos así sean supuestamente de calidad se convierten también, ellos mismos, en criterios de no calidad, porque de lo que se trata es de un mejoramiento continuo de la misma, pues no hay óptimo, sino optimización, no hay producto, sino producción, no hay calidad sino cualificación permanente e ilimitada. Además, en esa lógica compulsiva, se supone que si se elevan los estándares se eleva la calidad y los estándares alcanzados se convierten así en la condición misma para que sean cambiados.

El propósito último es la autoexplotación ilimitada —en un proceso que no tiene un fin “natural”—, de manera que los competidores —que generalmente se contraponen a un rival externo— terminan por verse a sí mismos como los principales contrincantes: “El sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o incluso explote. Es dueño y soberano de sí mismo. De esta manera, no está sometido a nadie, mejor dicho, solo a sí mismo […] Así, el sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación […] El explotador es al mismo tiempo el explotado” (Han, 2012, p. 31-32). Para ello se necesita que los sujetos se automonitoreen (metacognición, feedback), autorregulen y autoevalúen de modo que optimicen sus propios procesos. De allí que el mapa de procesos resulte tan sospechosamente necesario para los administradores, pero no como algo que le ha de permitir al “proceso investigación”, al “proceso docencia”, al “proceso ciclo de vida académica” (¿?) un distanciamiento crítico con respecto a lo que se hace, sino, por el contrario, como el derrotero, por excelencia, que le ha de permitir al “proceso” optimizar su propia autoexplotación sin límite de cara a un control y vigilancia externos y, sobre todo, internos. Por tanto, ya no se comienza con algo, sino que no se termina con nada. Las figuras para ello son las del long life learner, el “workaholic” o el sujeto emprendedor.

La calidad univer-

sitaria se evidencia acá claramente como una estrategia gubernamental que permite la otorgación o no de recursos en momentos de crisis fiscal y de racionalización de los recursos, pero también como una forma de direccionamiento y control de las instituciones universitarias. Se las gobierna mediante la calidad; es decir, mediante su movilización permanente en pro de la calidad (cualificación y mejoramiento constante).

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El cambio de una

confrontación con un exterior como criterio de valoración de calidad a la confrontación de las instituciones educativas consigo mismas hace que se instaure la autoevaluación permanente, la cual deviene en una parte “natural” de las dinámicas de las instituciones educativas —el gobierno deviene en autogobierno—. La institución universitaria pierde su horizonte y sus proyectos a futuro, porque lo que está en la base de sus preocupaciones es la próxima evaluación, la cual acapara de manera totalitaria los intereses y preocupaciones. Se vive por y para auto/ evaluarse.

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El cambio de una confrontación con un exterior como criterio de valoración de calidad a la confrontación de las instituciones educativas consigo mismas hace que se instaure la autoevaluación permanente, la cual deviene en una parte “natural” de las dinámicas de las instituciones educativas —el gobierno deviene en autogobierno—. La institución universitaria pierde su horizonte y sus proyectos a futuro, porque lo que está en la base de sus preocupaciones es la próxima evaluación, la cual acapara de manera totalitaria los intereses y preocupaciones. Se vive por y para auto/evaluarse.

Siguiendo a Jan Masschelein y Maarten Simons en su libro “Más allá de la excelencia. Una pequeña morfología de la universidad-mundo” (Jenseits der exzellenz. Eine kleine morphologie der welt-universität), publicado en abril de 2010, vemos entonces que la actual indiferencia frente a los bastiones del progreso, ilustración y verdad pone a la universidad pública bajo amenaza. Vivimos en una época de universidades-empresa que ahora se definen de una manera totalmente diferente en relación con el mundo. En primer lugar, la universidad-empresa ya no busca más guiar y guiarse hacia un futuro “mejor” mediante y gracias a su comprensión privilegiada —distanciada, pública— de los procesos que están en la base de nuestra existencia (aunque todavía haya reliquias de ello). Se pierde el para qué y el hacia dónde. Lo claro ahora es que el tiempo colapsa, pues en tanto preocupación empresarial aquél solo se refiere al — solo está como— presente. Y en ese marco se tratan las preocupaciones de la universidad que tienen que ver, precisamente, con maximizar —y obviamente buscar— los recursos existentes y responder a lo inmediato.

Se trata de una preocupación aquí y ahora por la innovación sin ningún tipo de posicionamiento socio-político y de una preocupación aquí y ahora por la siguiente evaluación para poder aspirar nuevamente a los recursos limitados.

Ahora bien, si por otro lado los estándares mínimos tienen que ver más con una suerte de reconocimiento de las especificidades o con los mínimos requeridos, entonces la comparación misma se vuelve un asunto problemático, pues no hay criterios aplicables a todos. Habría, más bien, calidades diferentes que en la lógica de la competencia y la medición no podrían estandarizarse: ¿Es de calidad una institución educativa universitaria que, en un contexto regional apartado y marcado por la violencia, ha logrado que los jóvenes opten por la educación y no por el narcotráfico, a pesar de que su nivel en cálculo 1 o en matemáticas del primer semestre no es, comparativamente hablando, muy bueno?

En síntesis, con esta concepción de calidad se relativiza la concepción de la calidad como algo exclusivo y se deja como algo promedio y constantemente variable. A su vez, la “calidad como concordancia con los estándares relativos no dice nada sobre los criterios que llevaron respectivamente a esos estándares. En esa medida, existe la posibilidad de que un determinado producto o una determinada oferta de servicio no sea vista como calidad” (Harvey y Green, 2000, p. 21), sino, más bien, como algo que ha cumplido con los mínimos requeridos; la calidad se vuelve un asunto de promedio; pero que, en su variación, permite que quienes regulan la educación universitaria también la gobiernen estableciendo una lógica de permanente competencia y autocontrol.

Pero también puede ser de calidad porque cumple con lo que promete —con las especificaciones del diseño—; es decir, es B) consistente, pues no comete errores y hace las cosas de manera correcta. En este caso la evaluación se vuelve prevención y control internos y la calidad un asunto de gestión, planeación, control, cultura y aseguramiento (de la calidad).

Si existe consistencia en el proceso que va de la misión, los objetivos a los indicadores —de logros— y mecanismos de control —tipo ISO— se supone que es una institución de calidad. El hecho de atender a que no se cometan errores pone, en este caso, a las instituciones universitarias en la lógica de una cultura y gestión de la calidad internas. Hay así una relativización de los valores absolutos y se rompe con el criterio de comparación.

Lo anterior quiere decir, para el caso del sector educativo universitario, que no aplica ninguna base para la comparación entre una institución universitaria A y una B, ya que, en términos de una cultura de la calidad que previene el error, cada institución universitaria es de calidad en tanto hace las cosas “bien”, de una manera adecuada y se autoevalúa permanentemente. Llama la atención que el énfasis en el proceso o en la consistencia sea lo que menos se considere dentro del sector educativo —esto a pesar de estar en boga asuntos como la diversidad, pertinencia, particularidad, importancia regional, perspectivas situadas, etc.—.

De todas maneras, la pregunta acá es si efectivamente una institución universitaria es libre de cumplir con lo que promete o si, más bien, está forzada a cumplir con lo que le hacen y obligan prometer. Dicho con otras palabras: si en vez de autoevaluar lo que quiere, termina por querer lo que le obligan a autoevaluar.

Otro punto de tensión acá es que la reconocida autonomía universitaria —en los niveles meso (gobierno, directrices, relación con la sociedad y el territorio) y micro (práctica, acciones) de la institución— queda subordinada a la dictadura de los estándares o lineamientos educativos y los procesos —muchos de ellos contingentes, emergentes, no medibles, contextualizados, específicos, no racionalizables de modo instrumental— quedan reducidos a indicadores cuantificables (al tal mapa de procesos). Por tanto, una cultura y gestión de la calidad se evidencia en que todos los miembros de una institución son responsables de la calidad. El control de la calidad se hace extensivo a cada uno de los miembros e instancias de la institución con lo que, a su vez, se les responsabiliza —por los procesos y por los resultados—. La calidad de una organización viene dada así por la suma —adoctrinamiento mediante el coaching— de las calidades específicas de las unidades que conforman dicha organización (planeación de la calidad, control de la calidad, aseguramiento de la calidad, mejoramiento de la calidad). Nadie puede protestar o estar en contra de la calidad.

...si por otro lado

los estándares mínimos tienen que ver más con una suerte de reconocimiento de las especificidades o con los mínimos requeridos, entonces la comparación misma se vuelve un asunto problemático, pues no hay criterios aplicables a todos.

Habría, más bien, calidades diferentes que en la lógica de la competencia y la medición no podrían estandarizarse

Acá el control de las salidas (outputs) —el control de la calidad— resulta ser lo opuesto a la cultura y gestión de la calidad, en la medida en que no se trata tan sólo de controlar los resultados, pues éstos son, más bien, la consecuencia lógica de todo el proceso. Y si los resultados no son los esperados es porque habría que actuar preventivamente allí donde tuvo lugar el error. Ahora bien, si mi responsabilidad como docente universitario es enseñar “bien” y así lo hago, pues la del estudiante es que 85

...aunque llama-

tivamente se hable de procesos, de consistencia, de pertinencia local siempre se termina con comparaciones y con un control mediante estándares e indicadores —como en el caso de las universidades colombianas—. El planteamiento sobre la calidad ligada al proceso (a la gestión por procesos) se viene a pique, porque a partir de los indicadores —cuantificables— en realidad no se evalúa el proceso, sino que se evalúan los resultados sobre la base de productos y comparaciones.

aprenda “bien”, a lo que cabe preguntar: ¿Asumen esa responsabilidad los estudiantes? ¿Es responsable de esto último el docente, la institución, el Estado o el mismo estudiante? ¿Si ciertas pruebas ponen en evidencia los malos resultados de los estudiantes, esto es responsabilidad suya, de los docentes, de la institución o del Estado? Si mi responsabilidad es hacer investigación “de punta”, ¿se me dan las garantías y condiciones para hacer dicha investigación? ¿Es responsable solo el investigador o también el grupo de investigación, la facultad, la universidad, el Estado?

Además, aunque llamativamente se hable de procesos, de consistencia, de pertinencia local siempre se termina con comparaciones y con un control mediante estándares e indicadores —como en el caso de las universidades colombianas—. El planteamiento sobre la calidad ligada al proceso (a la gestión por procesos) se viene a pique, porque a partir de los indicadores —cuantificables— en realidad no se evalúa el proceso, sino que se evalúan los resultados sobre la base de productos y comparaciones.

Con las pretensiones de asegurar que los recursos utilizados produzcan el máximo de rendimiento, es decir, se hagan o se vuelvan eficientes, y de garantizar que los resultados se ajusten a lo previsto y propuesto — resultados esperados, impacto— en el programa de tareas y actividades, es decir, que sean eficaces, se llevan a cabo evaluaciones y auditorías de los procesos en los que ya éstos dejan de ser considerados como tales, pues operan bajo los presupuestos, primero, que es posible prever con anticipación el resultado; segundo, que es posible definir operacionalmente este resultado en la forma de un producto mensurable; y, tercero, que es posible estandarizar la medición del producto en la forma de indicadores que se presentan como fijos e invariables. El concepto de proceso se funcionaliza así bajo la lógica de una racionalidad con arreglo a fines —para utilizar la expresión de Habermas— y lo mismo sucede con la calidad del proceso que queda supeditada a la pura cuantificación y a la rendición de productos medibles.

Valga decir, además, que las instituciones educativas universitarias no funcionan como una fábrica (empresa) —tal y como se quiere en la lógica de la gubernamentalidad neoliberal—. Por tanto, sus procesos, aunque se quiera, no son racionalizables de un modo funcional —empezando por las mismas prácticas docentes que no son “tecnologizables” (Luhmann)—. De igual modo, en las instituciones educativas universitarias no aplica la idea de un cumplimiento de modo perfecto de todas las especificaciones y resulta problemático el asunto de cómo no cometer errores de un modo absoluto. Se puede llevar a cabo todos los pasos —procesos— que se consideran importantes para la realización de una “buena clase”, de un “buen trabajo de laboratorio”; sin embargo, ello no asegura que el otro aprende. Particularmente, los estudiantes no son productos estandarizables —se trata de fomentar y reforzar la capacidad analítica y crítica, lo que significa el vérselas (o tratar, cuestionar, criticar, redefinir, etc.)— y la docencia es una actividad contingente.

A ello se le suma el que la educación en su modalidad institucional se confronta con el problema del tiempo. Si la calidad se entiende como no cometer errores —superar la contingencia— y hacer las cosas correc-

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tas, entonces ninguna clase, ningún curso, ningún seminario, ninguna actividad investigativa, ningún problema, ningún tema podría dejarse del lado hasta estar seguros de que se ha trabajado y aprendido lo suficientemente bien por todos y cada uno de los estudiantes involucrados.

Pero ninguna institución educativa sería pensable en la que un docente se quedara trabajando un tema específico, por ejemplo, durante dos o más años con tres alumnos que no han podido entender dicho tema. Al docente le toda seguir de largo — y simplemente “pone a perder”—: no hay tiempo y hay que ofrecer todos los contenidos, así estos no se hayan aprendido ¡Lo exige la institución y lo exige el Estado!

En esta lógica también se puede ser de calidad si C) se cumple con los fines que se prometen, sobre todo, en términos de eficiencia y eficacia.

La calidad educativa universitaria se funcionaliza y lo importante es el fin en sí mismo, generalmente referido, hoy en día, a los buenos resultados en las pruebas escolares TIMMS (International mathematics and science study), PIRLS (Progress in international reading literacy study), PISA (Programme for international student assessment) o exámenes como los que actualmente se busca implementar en la Universidad de Antioquia. Se trata de que cierto alumno sea muy bueno en matemáticas, a pesar de que golpee permanentemente a los compañeros de clase, que construya calculadamente edificios como el Space (con las consecuencias que ya sabemos) o que sea muy bueno en medicina y, no obstante, trate a los pacientes como “carne muerta”. Es decir, se es bueno de un modo inmanente, pero inútil desde el punto de vista externo (social, cultural, territorial, político). Con esta idea de calidad la universidad deviene en el espacio para la formación de “idiotas especializados” (Adorno); es decir, expertos en la pata delantera izquierda de una pulga X o en la “e” de la diferencia en Derrida que no tienen más mundo que el de su especialidad.

La calidad, juzgada de acuerdo a cómo un producto cumple o no con sus fines, puede ser vista, en otra lógica, desde dos puntos de vista posibles: desde el punto de vista del proveedor (Ca) y desde el punto de vista del cliente (Cb) (como construcción del mismo proveedor o como satisfacción del cliente). En la segunda lógica, las especificaciones del producto se derivan entonces de las necesidades y exigencias del consumidor3. El consumidor se supone que es una suerte de instancia última o autoridad suprema. Se trata de una concepción de calidad que se da según la conformidad del cliente. La calidad se define como la perfecta realización de todas las exigencias del cliente con respecto al producto, tal y como lo plantea la total quality management. Esto se corresponde también con la definición de calidad que hace la ISO 9000:2005.

Pero no solo la falta de características que pida el cliente actúa de una manera negativa sobre la calidad del producto, sino también las características adicionales no previstas o deseadas por el cliente. El problema de este planteamiento consiste en la supuesta identificación total con el cliente —con sus exigencias—, en donde no se puede dar ni más ni menos. Sin embargo, acá hay un sofisma: la idea de que el consumidor, específicamente, el cliente determina tales exigencias no es más que una ficción, por no decir, un simple engaño, si esto se analiza críticamente como parte de las estrategias de mercado de la sociedad neoliberal y de

A ello se le suma el

que la educación en su modalidad institucional se confronta con el problema del tiempo. Si la calidad se entiende como no cometer errores —superar la contingencia— y hacer las cosas correctas, entonces ninguna clase, ningún curso, ningún seminario, ninguna actividad investigativa, ningún problema, ningún tema podría dejarse del lado hasta estar seguros de que se ha trabajado y aprendido lo suficientemente bien por todos y cada uno de los estudiantes involucrados.

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consumo. Así pues, el cliente no es más que un “ideal tipo” producido por el productor mismo —según el primer punto de vista— que “se define en el proceso dialéctico de investigación del mercado y publicidad” (Harvey y Green, 2000, p. 25).

El consumidor se

supone que es una suerte de instancia última o autoridad suprema. Se trata de una concepción de calidad que se da según la conformidad del cliente.

La calidad se define como la perfecta realización de todas las exigencias del cliente con respecto al producto, tal y como lo plantea la Total Quality Management.

Particularmente en el sector educativo esto se torna mucho más problemático: primero, porque los conceptos de cliente y de consumidor no resultan adecuados para referirse a las personas en formación. Cuando hablamos de estudiantes, ¿hablamos de clientes, de consumidores, del producto y el resultado de la educación, de ambas cosas: cliente-producto, producto para la empresa, para la sociedad o de qué? Segundo, porque, en sentido estricto, los estudiantes como “clientes” no están en condiciones para nombrar y determinar de un modo exacto aquello que previamente exigen como calidad y como producto de calidad (bien sea porque no lo saben y para eso están ahí educándose o porque son ellos mismos —el resultado de— la calidad por antonomasia). En ese sentido y como criterio de calidad el enfoque centrado en el cliente se vuelve contradictorio en el contexto universitario: hablar de la exigencia de una educación de calidad deviene tan confusa como se lo expuso en apartados anteriores. El cliente, es decir, el estudiante, pide algo de calidad, es decir, se pide a sí mismo previamente como algo de calidad, pero precisamente por eso está allí, para llegar a ser de calidad; por tanto, no puede juzgar, al menos no en ese mismo momento, pues es eso precisamente lo que será en un futuro. Por tanto, no puede anticiparse a sí mismo como si su biografía y trayecto formativo se pudiera programar o como si no hubiera constricciones sociales, culturales, económicas que limitan la capacidad de elección. La respuesta a la calidad se la tiene que dar el estudiante mismo a partir de su proceso vivido y a partir del concepto mismo de calidad en el que se haya formado —la “satisfacción del cliente” es acá tan confusa como preguntarse si uno sí ha alcanzado la felicidad—.

Por lo que, en esa dirección, la calidad también se puede entender como D) un valor equivalente, adecuado o justo (en una relación de costo-beneficio). Se obtiene justamente aquello por lo que usted puede pagar —acá se pueden ver asuntos relacionados con las “Escuelas Charter”: a mayor rendimiento medible de los alumnos, o sea resultados, mayor apoyo financiero (se introduce la competencia de mercado y los salarios por productividad)— o los rankings universitarios. El influjo de esta concepción sobre el sector educativo universitario es bastante cuestionable.

Las listas sobre mejores instituciones educativas universitarias en realidad no dicen mucho acerca de las mismas y además se basan en estándares que, como ya vimos, están supeditados a intereses —externos—, en este caso, a los estudiantes mismos.

Finalmente, tenemos la concepción de calidad como E) transformación, por una lado, como formación en un sentido pedagógico —como la ganancia formativa que la experiencia educativa en todas sus dimensiones supone y procura al estudiante; como ampliación del horizonte de comprensión del mundo; como confrontación reflexiva y distanciamiento frente a la inmediatez de la vida—.

Y, por el otro, como cambio y mejora permanente —en donde la institución universitaria deviene en un sistema de redundancia evaluativa y

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de autoexplotación sin fin—. Es decir, que el fin último de la evaluación educativa universitaria termina siendo la evaluación sin fin, con lo que el horizonte pedagógico, educativo y formativo de la institución se pierde en pro de un trabajo absolutamente enfocado en la siguiente y siguiente y siguiente evaluación. Todos se suben en el “tren del mejoramiento constante” como forma de expresión de la calidad y aparece la cultura de la medición en donde ya no se mide lo que se valora, sino que se termina por valorar exclusivamente lo que se mide. Se deja, hasta cierto punto, de educar o de formar, para solo medir hasta el agotamiento y hasta que aparece el síndrome de burnout. La universidad deviene así en un espacio de redundancia evaluativa.

3. A manera de cierre y de apertura al debate Los planteamientos sobre la calidad vistos hasta acá son una muestra de la complejidad de perspectivas sobre el asunto en cuestión y de los intereses de los actores en acción. Mientras unas perspectivas muestran un cara determinista otras enfatizan en la acción de los agentes comprometidos hasta el extremo de su autoexplotación. Lo cierto es que el concepto de calidad educativa y el problema de la gestión de la calidad dejan muchos vacíos dentro del contexto educativo universitario, con lo que incluso surge la pregunta acerca de si es necesario e indispensable mantenerlos.

Si la calidad existe como valoración de algo —de la formación, socialización, cualificación, integración, socialización, etc.—, entonces, llegados hasta acá, se abre el debate acerca de qué criterios se han de tener en cuenta para juzgar —medir—, en nuestro contexto, si una institución universitaria, una educación o un docente es de calidad o no. Porque si alguien plantea que la institución educativa X es de calidad, debido a que sus estudiantes sacaron el puntaje máximo en las pruebas, por ejemplo, de matemáticas (cualificación), también se podría sostener que no es de calidad porque esos mismos estudiantes no saben nada de croché, no saben tocar el piano o la mayoría de ellos no sabe hacer una ensalada (enculturación) o, incluso, no tienen una conciencia política (formación política). ¿Cuáles son los parámetros —económicos, instrumentales, de rendimiento, sociales, pedagógicos— para hablar de un enfoque de calidad en la educación superior? ¿Qué tan democrático, participativo, diverso, inclusivo y, sobre todo, pedagógico es el espacio para el debate, discusión y construcción de tales parámetros? ¿Qué tan democrático, contextualizado, participativo y pedagógico es el enfoque de calidad del que aquí se trata?

Finalmente, tene-

mos la concepción de calidad como E) transformación, por una lado, como formación en un sentido pedagógico —como la ganancia formativa que la experiencia educativa en todas sus dimensiones supone y procura al estudiante; como ampliación del horizonte de comprensión del mundo; como confrontación reflexiva y distanciamiento frente a la inmediatez de la vida—.

La respuesta a las anteriores cuestiones tendría que estar relacionada con una respuesta sobre el tipo de universidad que requiere el país, sobre todo como universidad pública. De manera que si el enfoque de calidad está centrado en la medición del rendimiento en matemáticas, ciencias y lenguaje, entonces requeriríamos de dinámicas y procesos que enfocaran todo en dichas pruebas; pero si nuestra apuesta es por una educación de calidad y una universidad de calidad que se reconoce en su autonomía, que desarrolla sus dinámicas a partir de una lectura del contexto y del lugar —del territorio, de la comuna, del barrio, del sector— y que aspiran a la formación —no simplemente cualificación y alo89

cación— de sus estudiantes, entonces la universidad con sus dinámicas y procesos, con sus docentes y empleados tendría que velar por que todos tendríamos que ser profesionales —“calidosos”— en un sentido cultural, social, pedagógico y didáctico más complejo que tendríamos que entrar a discutir constantemente en el mismo espacio universitario. Precisamente el núcleo de la forma pedagógico-formativa de la universidad pública tiene que ver con su capacidad de “des-identificarse” —de sus prácticas, de sus pensamientos sedimentados, etc.—; es decir, de devenir en algo otro como ejercicio de crítica al presente o como “ontología crítica de nosotros mismos” (Foucault).

* Licenciado en Educación: Inglés-Español de la Universidad de Antioquia, Doctor en Ciencia de la Educación de la Universidad Libre de Berlín, Estudiante del Programa Postdoctoral de Investigación en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (CLACSO), Profesor de Pedagogía y Antropología Pedagógica y Tradiciones y Paradigmas de la Pedagogía de la Universidad de Antioquia, Docente y Asesor en la Maestría y el Doctorado en Educación de la U. de A., profesor invitado del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud CINDE - Universidad de Manizales y Coordinador del Grupo de Investigación sobre Formación y Antropología Pedagógica e Histórica —ΦormaΦ—. E-Mail: andres.runge@udea.edu.co Notas 1. TQM (total quality management) es un modelo de calidad desarrollado en los años cuarenta del siglo pasado en Estados Unidos que ha influido sobre muchas de las propuestas actuales de calidad. Dentro de sus principales principios está el de orientar la calidad según y para los clientes. En ese sentido, la calidad no es propiamente una meta, sino un proceso que nunca llega

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a un final y que se instaura como acrecentamiento y autoexplotación ilimitados.

2. La ISO u Organización internacional para la estandarización (International organization for standardization) es la organización más vieja y conocida a nivel mundial en cuestiones de certificación de la calidad (existe desde 1947). La sigla ISO fue escogida como forma de designar, siguiendo la expresión griega “isos”, lo igual.

Para una certificación de la calidad se necesita de una documentación basada en un manual que constatan y evalúan unos auditores en el lugar. El proceso de cierre de la certificación lleva al otorgamiento de un certificado de calidad.

3. Bajo esta lógica se implementaron en Estados Unidos los cheques escolares como una manera de promover la competitividad de las instituciones escolares: a los padres de familia se les daban unos cheques para que los hicieran efectivos en las escuelas de su elección. El propósito era que los padres de familia tuvieran mayores posibilidades de elección en cuanto a la educación de sus hijos y que, en esa lógica, las instituciones escolares se vieran en la necesidad de ofrecer “mejores servicios” y acapa-

rar así la atención de dichos “clientes-consumidores”. La calidad escolar acá es pensada como un asunto que es regulado y juzgado por las fuerzas del mercado. Lo mismo pasa hoy con las becas a estudiantes universitarios que ofrece el Estado. Estas se ofrecen para que, supuestamente bajos sus propios criterios de elección “racionales”, los becarios estudien en la universidad de su preferencia. Así, bajo esos criterios profundamente ilustrados y racionales se opta por no estudiar en una universidad de “tira piedras”, pero si en una donde están los hombres y mujeres más atractivos y bonitos de la ciudad.

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almamater@udea.edu.co

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