RTE.: CTA NACIONAL. LIMA 609/611, (1073) CABA CTA // JUNIO >> 2013
CONTRATAPA
Trabajo esclavo C
onfundida entre las noticias de interés general aparece cada tanto, espasmódicamente, informaciones vinculadas con el “descubrimiento” de trabajo esclavo tanto en factorías urbanas como en establecimientos rurales, generalmente de la mano de inspecciones realizadas por los “sabuesos” de la AFIP. A propósito, ¿y el Ministerio de Trabajo de la Nación?, bien, gracias. ¿No es acaso su función la de fiscalizar el cumplimiento de la ley? ¿Cómo llevar adelante esa tarea cuando buena parte del plantel de inspectores de la repartición laboral reviste en negro o está en condición de tercerizado? Mientras el ministro Carlos Tomada está ocupado en lavar su imagen salpicada por la revelación de sus estrechos lazos con José Pedraza, condenado como autor ideológico del crimen de Mariano Ferreyra, el trabajo esclavo de compatriotas y ciudadanos de países limítrofes –mayores y menores de edad– se multiplica como una plaga social en todo el país. La agricultura, la construcción, la minería, los rubros textiles y gastronómicos son el ámbito subterráneo e ilegal donde se sumerge la vida y la muerte de miles de personas. La Relatora Especial de la ONU para Formas Contemporáneas de Esclavitud, Gulnara Shahinian, ha dicho que “la servidumbre doméstica o la esclavitud es una situación en la que un individuo vulnerable es forzado, por coerción física y/o moral, a trabajar sin una remuneración financiera real, cuando es privado de su libertad, y se encuentra en una situación que es contraria a la dignidad humana”. Trabajar sin descanso, con un pago mísero y una vida peor. Así sobreviven en condiciones infrahumanas los integrantes del eslabón más débil del
capitalismo del Siglo XXI. A pocas cuadras del Obelisco en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires o en los yerbatales misioneros. El 30 de marzo de 2006 seis personas de nacionalidad boliviana, cuatro chicos, una mujer y un hombre, murieron en un incendio ocurrido en un taller textil que funcionaba en el barrio porteño de Caballito. Las denuncias sobre el trabajo esclavo en la “Reina del Plata” estallaron como fuego de artificios en los grandes medios de comunicación con la misma volatilidad que identifica a la cultura del videoclip. La revelación de casos de explotación y abuso perpetrados por los aspirantes a conformar el nuevo elenco de la “burguesía nacional”, constituye la punta del iceberg de un negocio fabulosamente millonario al que el Gobierno, por acción u omisión, no se anima a colocar en el centro del debate y, por consiguiente, está muy lejos de erradicar. Por el contrario. El empinado dirigente de la UIA, Ignacio de Mendiguren, admitió durante una reunión de textiles con funcionarios del Ministerio de Economía y la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, que la informalidad laboral en ese sector industr ial alcanza el 78%. Quien fuera uno de los abanderados y principal beneficiario del proceso de devaluación de la economía después de la crisis del 2001, se sentó frente a los funcionarios responsables de velar por el cumplimiento de las leyes y, sin ponerse colorado, confesó que su sector las viola con total impunidad. Los Capitanes de la Industria tienen coronita. Parece que evadir impuestos, tener trabajadores en negro, en algunos casos reducidos a la servidumbre y escla-
vitud, y victimas de trata y tráfico de personas, no contar con las condiciones de higiene y seguridad, etcétera, no es un delito porque ningún funcionar io público se asombró. Más aún, Rial les prometió a los empresarios presentar una normativa que modifique integralmente la actual Ley de Trabajo a Domicilio que data de 1945. Es decir que no sólo no los investiga por sus delitos, sino que les promete cambiar la ley que ellos abiertamente dicen infrigir. La precarización laboral es una soga que asfixia la dignidad del trabajador. Un veneno que corroe al conjunto de la sociedad: alrededor de la mitad de las personas que tienen empleo está en negro. A casi treinta años de democracia resulta perentorio restituir la totalidad de los derechos arrebatados por la dictadura a los trabajadores. La oleada neoliberal de los ‘90 demolió la legislación protectoria del Derecho del Trabajo y arropó el trabajo informal lastimando hasta la médula la autoestima de quien no tendrá jubilación, obra social, aguinaldo y vacaciones. Hace 200 años la Asamblea del Año XIII eliminó la esclavitud en la Argentina. Sin embargo, esta infame metodología de violar los derechos humanos persiste, de modo más sutil pero igualmente humillante. El trabajo en negro ahonda la catástrofe social. Su vigencia en el tiempo está directamente vinculada con la falta de libertad y democracia sindical. Esa legión de trabajadores precarizados son los desaparecidos civiles. No figuran en ninguna base de datos, muchos no tie-
nen documentos, cobertura médica, ni asistencia social. El fraude laboral es ejercido por las patronales al amparo de un sistema que les da cobertura. El Estado –Nacional, Provincial o Municipal– es uno de los principales precarizadores. El Gobierno en estos últimos años ha avanzado sustancialmente en el reconocimiento de derechos civiles a las minorías. Un paso importante y valorable para construir una sociedad más justa e integrada. Pero está en mora en la reposición de los derechos sociales de las mayorías: trabajo y salarios dignos; salud, educación y vivienda; 82% móvil para nuestros jubilados y devolución del PAMI a sus legítimos dueños; universalización y unificación de las Asignaciones Familiares; derogación del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores convencionados; Salario Mínimo, Vital y Móvil igual a la Canasta Familiar; Nueva Ley de Prevención y Reparación de Daños Laborales que elimine las ART y devuelva al Estado su rol de garante de la Seguridad Social; Libertad y democracia sindical; Derogación de la Ley Antiterrorista para clausurar la criminalización de la protesta. La trata de personas, vía su reducción a la servidumbre, es una realidad signada por una impunidad tan alevosa que, incluso, escandalizó a quien hoy es el Papa Francisco. El trabajo esclavo, que en nuestro país cuenta con el paraguas protectorio de importantes factores de poder, funciona como el combustible que inflama las ganancias extraordinarias del capitalismo en esta parte del fin del mundo.