CTA // JUNIO >> 2013
como la energía eléctrica, programas de asistencia para productores familiares o créditos para sostener los emprendimientos productivos. En principio se fijó un plazo de 5 años para la finalización del proceso de expropiación y adjudicación de las tierras, pero la gran mayoría de las familias aún hoy esperan la entrega de los títulos de propiedad. “El Estado estaba obligado a comprar esas tierras desde el 2004, la aplicación de la ley de Arraigo y Colonización se demoró demasiado, por eso llegamos a esta situación”, destacó Vilmar Vas de la Coordinadora Central de Tierras de Pozo Azul, en medio del último gran conf licto que se desató en la provincia tras el brutal desalojo de campesinos que
habían logrado días antes con funcionarios municipales, provinciales y referentes de la empresa, sorprendió a los campesinos. El gobierno provincial apostó a que este operativo pasara como un hecho más, justificado por una orden judicial firmada por el Juez Antonio Cuenca a partir de una causa penal interpuesta por los propietarios de Colonizadora. Es más, la versión oficial se aferró a que la policía de la provincia actuó resguardando el legítimo derecho a la propiedad privada y evitó mencionar el desproporcional operativo que incluyó a unos 300 policías, car ros hidrantes, y camionetas del titular registral de las tierras. No hubo tampoco mención a la represión con la que se pretendió desalojar un corte de
p Protegiendo la seguridad del capital: Un despligue desproporcionado de policías.
vivían y producían en Puente Alto y las Coloradas, tierras pertenecientes a la empresa Colonizadora Misionera pero que quedaron fuera de la superficie a expropiar.
Puente Alto y Las Coloradas La madrugada del lunes 8 de abril de este año, 26 familias de pequeños campesinos asentados en Puente Alto y Las Coloradas, paraje Mondorí se despertaron con un impresionante despliegue de efectivos policiales, que a fuerza de gritos y golpes irrumpieron en sus viviendas y sin mayores miramientos empezaron a sacar muebles, colchones, ropa, a romper bolsas con mercaderías. El patio de sus casas se pobló de uniformados quienes fueron cargando las pocas partencias en camionetas policiales y en vehículos provistos por el presidente de la empresa que pidió el desalojo. La brutalidad del operativo, en medio de una instancia de negociación que las familias
ruta que protagonizaron inmediatamente estas familias y las torturas de las que fueron víctimas 11 vecinos y productores que fueron detenidos por la policía sobre la ruta 17. “Tras el desalojo, nadie se hizo cargo. No vino ningún funcionario. Sin embargo en las mesas de dialogo habían participado el Director de tierras privadas Felipe Domínguez, del MAM, y el Intendente Dos Santos quien ayer dijo estaba en Posadas. El Ministro del derechos Humanos dijo que desconocía el tema”, relató desde la zona Martín Sereno único periodista que pudo acceder al lugar a pesar de la negativa de la Policía. No contaban con la presencia de Martín, quien rápidamente difundió fotos del operativo y las voces de los campesinos desesperados ante la pérdida de sus casas y sus fuentes de trabajo. Tampoco contaban con la firme decisión de las familias de resistir en la ruta ni la inmediata solidaridad de organizaciones sociales,
gremios, asociaciones de pequeños campesinos. Es de destacar que durante las primeras semanas un solo legislador provincial, Héctor Bárbaro del partido Agrario y Social, se acercó hasta las familias para gestionar desde la liberación de los detenidos hasta la atención de cuestiones básicas como la alimentación y salud. “Es para ver el desastre que hacen con los colonos, hasta ahora ni la gobernación ni la intendencia se hicieron presentes, no dieron la cara. Encontré las ventanas reventadas las puertas abiertas, mi casa es un agujero, soltaron los chanchos, las gallinas, los bueyes están todos sueltos por ahí. Estamos solos para pelear por lo que nosotros tenemos. Ahora nosotros nos quedamos sin nada para trabajar, no sabemos dónde llevaron nuestras cosas, yo estoy con mi esposa y mis hijos, dónde vamos a ir”, relató Marcelo uno de los campesinos desalojados y lamentó que los estén empujando a vivir como mendigos al costado de las rutas. El trabajo de Martín Sereno posibilitó romper el cerco mediático que intentó imponer el gobierno, como represalia el juez lo imputó a él y Ricardo Javier, otro periodista de la zona, del delito de instigación al corte de ruta. “Esta nueva variante de la criminalización y judicialización es un grave precedente para nuestra democracia y un atentado a los derechos humanos no solo de los periodistas sino de aquellos sectores vulnerables que buscan hacer visible sus demandas a través del trabajo de estos comunicadores”, se destacó desde la CTA Misiones. Hubo un fuerte reconocimiento a la labor de estos comunicadores que permitieron que la información de este desalojo circulara por los demás medios locales y tomara trascendencia nacional. Desde el día del desalojo Marcelo junto a otras 25 familias permanecen al costado de la ruta provincial N° 17 sobreviviendo bajo carpas de nylon negros, soportando lluvias, intensos fríos y con la incertidumbre a cuestas. La resistencia de estas familias junto a la solidaridad de organizaciones sociales, gremios, asociaciones de campesinos y algunos partidos políticos, más la persistencia de medidas de fuerza como cortes de ruta y el paro nacional de la CTA que tuvo en Misiones como eje central la pelea por la tierra forzó al gobierno provincial a firmar, a pr incipios de mayo, un acta acuerdo que incluía la relocaliza-
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La resistencia forzó a visibilizar la problemática as reacciones y repudios al brutal desalojo obligaron al gobierno provincial a reconocer la gravedad de la problemática de tierras en Misiones. Sin embargo el anuncio de la toma de posesión de 38 mil hectáreas, incluidas en la Ley de Arraigo y Colonización, está lejos de resolver el problema que afecta a una gran parte de la población. Miles de familias, a lo largo de estos últimos años, fueron expulsadas de las chacras, empujadas a las ciudades en búsqueda de trabajo, y obligados a engrosar los cordones de pobreza de Posadas, Garupá, Eldorado, Oberá. La falta de acceso y tenencia segura de tierras no solo afecta a la población rural, cada vez más se ve en las ciudades. El acceso a las viviendas que construye en Misiones el IPRODHA –Instituto Provincial de desarrollo Habitacional– se vuelve cada vez más difí-
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ción de los campesinos y la devolución de sus per tenencias, incluido las cosechas que quedaron en las chacras de las que fueron desalojados. A más de un mes de ese acuerdo y casi 3 meses del desalojo 25 adultos y unos 100 niños siguen esperando recuperar sus casas y las chacras para producir y garantizarse condiciones mínimas de subsistencia.
Ecos de la lucha de Mondorí Además del compromiso de relocalización de las familias desalojadas en Mondorí, la visibilización de ese conflicto, posibilitó la agilización de otros reclamos emblemáticos en la provincia. El pasado 6 de junio la legislatura provincial aprobó la expropiación de 600 hectáreas de la multinacional Alto Paraná S.A. reclamadas por campesinos de la organización PIP –Productores
cil para la una población que no posee trabajo en blanco y si lo posee no llega al mínimo de ingresos que se exige al núcleo familiar para ser “beneficiario” de las viviendas “sociales”. Según el Censo Nacional, Misiones tiene una población que supera el millón de habitantes, es una de las provincias más densamente pobladas de la región. Cerca del 8 por ciento vive en casillas, ranchos o precarios inquilinatos. Miles de misioneros sobreviven en condiciones infrahumanas, sin posibilidades de acceder a un lugar digno donde vivir en las ciudades y expulsados de sus pequeñas unidades productivas en una disputa absolutamente desigual por el territorio con grandes multinacionales o con funcionarios provinciales que desde la función pública pueden acaparar tierras.
Independientes de Puerto Piray. Un hecho que parecía impensable hace unos meses, debido no solo a la resistencia de la empresa sino también a la postura de funcionarios provinciales y municipales a favor de “defender la propiedad privada de la multinacional”. “Es un hecho histórico hemos conquistado 600 hectáreas de tierra para nuestra organización, pero lo más importante es que demostramos que se puede expropiar tierras a Alto Paraná”, sostuvo Miriam Samudio referente de PIP. Alto Paraná es una de las principales empresas forestales que concentra tierras en Misiones, contamina el medio ambiente y dilapida las fuentes de trabajo, según vienen denunciando organizaciones sociales, de pequeños campesinos y los propios trabajadores de la multinacional nucleados en el Sindicato de Papeleros de Alto Paraná.