Estado, gobierno y gubernamentalidad

Estado, gobierno y gubernamentalidad Neoliberalismo y Estado de excepción en Nuestramérica

Melisa Campana José Gabriel Giavedoni (Compiladores)

Estado, gobierno y gubernamentalidad.

Neoliberalismo y Estado de excepción en Nuestramérica Melisa Campana y José G. Giavedoni (Comps.)

1a ed. Rosario: Pegues, 2018.

Libro digital, PDF/A Archivo Digital: descarga y online PEGUES (Serie Congresos) ISBN 978-987-45664-4-7

Créditos editoriales Fotografía de tapa: Pablo Manfredi Maquetación y diseño: Georgina Ricci | www.ichi-d.com.ar Compiladores: Melisa Campana y José Gabriel Giavedoni Referato: Dra. Beatriz Dávilo y Dr. Luciano Andrenacci

Índice

Presentación 6 Prólogo María Eugenia Hermida 9

Parte I Neoliberalismo y Estado de Excepción Capítulo I Democracia, Neoliberalismo y Estado de Excepción Susana Isabel Murillo 23 Capítulo II Derecho(s) y excepción en la gubernamentalidad neoliberal Beatriz Dávilo 52 Capítulo III La espada del soberano y la mirada de Dios. Acerca del poder y los espacios en la sociedad hispanoamericana del antiguo régimen José G. Giavedoni 72

Parte II Trabajo, plusvalía y procesos de empresarialización social Capítulo IV Sujetos-emprendedores, economía social y solidaria y nuevas tendencias tecnológicas. El gobierno de lo simbólico Susana Presta 90 Capítulo V Notas sobre la metodología WOW de atención al cliente Pablo Manfredi 117

Parte III La reactualización del dilema derecho-ayuda en la política social hoy Capítulo VI La oportunidad (¿perdida?) de superar a Bismarck y Beveridge Melisa Campana y Mariana Servio 131 Capítulo VII Gobernar a través de la comunidad: el “Programa Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial” Florencia Brizuela 140

Capítulo VIII Repensando el trabajo. Refundar la ciudadanía social a partir de su metamorfosis Florencia Pisaroni 158

Parte IV El tamiz neoliberal en la administración de la violencia, la (in)seguridad y la justicia Capítulo IX La centralidad de la víctima como estrategia política: proyectos de ordenanzas y discusiones en el Concejo Municipal de Rosario Luciana N. Ginga y Guillermo J. Campana 176 Capítulo X Vidas que importan. Excepción, política y nuda vida Lucía Vinuesa 197

Presentación El Programa de Estudios sobre Gubernamentalidad y Estado (PEGUES) nació en el año 2008, como un grupo de estudiantes y docentes de distintas facultades de la Universidad Nacional de Rosario que comenzamos a reunirnos quincenalmente, con inquietudes y preocupaciones compartidas en torno a ciertos fenómenos políticos y sociales, con el fin de problematizar y discutir colectivamente algunos textos foucaultianos, dejados de lado por los programas curriculares, que abordasen cuestiones en torno a la gubernamentalidad y el Estado. Desde entonces, la propuesta de trabajo se ha sostenido sobre dos grandes ejes o postulados: en primer lugar, que se trate de un grupo que contenga, que anime la discusión, que enriquezca y, en segundo lugar, que no expulse, que no paralice con pretensiones de discursos de verdad.

A lo largo de diez años hemos desarrollado numerosas actividades, además del seminario regular de lectura: presentaciones individuales y colectivas en eventos académicos nacionales e internacionales, escritura individual y colectiva de artículos científicos y periodísticos, desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo (I+D). También hemos llevado a cabo cuatro workshops junto a compañerxs de distintas Universidades Nacionales (Salta, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Río Negro, Bahía Blanca, del Sur, General Sarmiento, Catamarca, Entre Ríos, del Litoral) y (UFF-Brasil, UDELAR-Uruguay, UAHChile, UGR-España). Los trabajos allí presentados fueron publicados en cuatro libros electrónicos que conforman la Serie Workshops, bajo sello editorial propio.

Este esfuerzo por plasmar el trabajo, tanto en formato papel como digital, tiene el propósito de producir material de consulta académica, de guía sobre ciertas temáticas específicas y de debate, no sólo para nosotrxs sino para todxs aquellxs con quienes tramamos aprendizajes colectivos. La indagación que llevamos adelante, en forma individual y colectiva, siempre parte de la preocupación por nuestro presente y, a partir de ese gesto genealógico, tomamos impulso para diagramar periodicidades, historicidades, redes entre diversxs autorxs,

para proponer un modo de abordaje de acuerdo con las problemáticas que consideramos vitales y urgentes trabajar.

El libro que presentamos es producto de las discusiones y el trabajo colectivo sostenidos a lo largo del 2016 en el marco del PEGUES. Discusiones que decantaron en una serie de escritos presentados como ponencias en nuestro Simposio dentro del Congreso sobre Democracia, realizado ese mismo año en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. En esta oportunidad, logramos plasmar seis mesas de trabajo y debate que discurrieron durante dos días intensos. El libro se organiza, en función de ello, en cuatro partes que llevan como título los ejes en los que se aglutinaron las mesas durante el Simposio. Así, la primera parte se titula Neoliberalismo y el Estado de Excepción; la segunda Trabajo, plusvalía y procesos de empresarialización social; la tercera La reactualización del dilema derecho-ayuda en la política social hoy; y la cuarta El tamiz neoliberal en la administración de la violencia, la (in)seguridad y la justicia. Vale decir, además, que como en otras oportunidades, contamos con los afectuosos y tenaces comentarios de nuestras queridas Norma Valentino y Margarita Rozas Pagaza durante las sesiones de trabajo.

Sin lugar a dudas asistimos a la renovación de la matriz gubernamental neoliberal en Nustramérica, que encuentra el modo de imponerse en distintos países a través de elecciones, golpes de estado o desestabilización social, económica y mediática de gobiernos populares. Algunas de las expresiones más claras de tales procesos han sido el exponencial incremento del delito económico organizado, la expoliación de derechos sociales, la creciente precarización de trabajadores y trabajadoras, y el aumento inusitado de la violencia ejercida por las fuerzas represivas del Estado como única respuesta para morigerar el conflicto social. No se trata de una mera actualización del programa económico, sino de la búsqueda por naturalizar los modos de vida que se adecúan a y sustentan los valores centrales del arte neoliberal de gobernar.

Es en ese escenario singular en el que se inscriben nuestras preocupaciones y nuestro ferviente afán por contribuir al debate sobre aquellos ejes que consideramos relevantes como arena de indagación, abriendo y convocando

a prestigiosxs investigadorxs y profesorxs de nuestra Universidad y de otras, manifestando las persistentes ganas de continuar aprendiendo. Este libro recopila el producto de muchĂ­simo trabajo que, esperamos, contribuya a la apertura de nuevos, anchos y prolĂ­ficos senderos de resistencia colectiva.

Prólogo

María Eugenia Hermida1 Sin dudas, de los múltiples frutos que ha dejado el Simposio del Programa de Estudios sobre Gubernamentalidad y Estado (PEGUES) realizado en el marco del Congreso sobre Democracia de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la UNR, de septiembre de 2016, este texto se erige como uno de los fundamentales.

Al menos para mí, ya que permite a quienes no tuvimos el gusto de estar presentes físicamente, encontrarnos con algunas de las discusiones prioritarias de esos días2. Este libro es fruto de un encuentro y, como tal, propone un encuentro a quienes tomen la buena decisión de leerlo.

Sobre los pro-logos imposibles y los dia-logos impostergables La palabra “prólogo” proviene del griego πρόλογος. En sus inicios el término designaba al que “hablaba antes,” aplicándose en la comedia griega al actor que salía a escena antes del inicio de la obra para recitar la introducción a su argumento. En la actualidad, el prólogo designa ese apartado introductorio de un libro, escrito no por lxs autorxs, sino por aquel lector privilegiado que tiene la tarea, pero también la experiencia estética, de recorrer el texto virgen, analizarlo, interrogarlo y construir un texto otro que sirva de ingreso al mismo.

Entonces “prólogo” significa: pro –antes– y logos –palabra–. Pero sabemos que no es posible lo anterior a la palabra.

Profundicemos las desazones. Hubo quienes no supieron de esta imposibilidad, y en su gesto nos han dejado a nosotrxs, lxs hombres y mujeres de a pie, embelesadxs, ciegxs, extasiadxs, detenidos frente a esas palabras introductorias tejidas con una maestría exquisita. Textos que nos han hecho viajar permitiéndonos degustar las maravillas de sabernos pasajeros y no pilotos. Así 1 Licenciada en Servicio Social (UNMDP), Especialista en Docencia Universitaria (UNMDP) Doctora en Trabajo Social (UNR). Profesora adjunta, Investigadora y Directora del Departamento de Trabajo Social de la UNMDP. 2 Agradezco el honor que me concedieran lxs colegas del PEGUES al invitarme a escribir esta intervención.

El manuscrito que me enviaran para prologar me acompañó durante este caluroso verano con las más encendidas discusiones, abriendo puertas, heridas, preguntas y esperanzas.

adviene la pregunta: ¿Cómo escribir un prólogo después del Sartre de Fanon3, después de Foucault evocando a Hypollite? ¿Cómo iniciar, tomar la palabra?4 Si nunca fue posible algo así como un prólogo (un antes de la palabra) para nosotrxs, los sujetos sujetados al discurso, mucho menos después de “Los condenados de la Tierra” y “El orden del discurso”.

A su vez, otra expugnación introductoria, otra problematización inicial: ¿Que función cumple un prólogo? ¿Introducir, contextualizar, brindar claves de lectura? ¿Es parte del texto que comenta? ¿No distorsiona aquello que describe? ¿No obtura las lecturas díscolas y por tanto más prometedoras? ¿A quién está dirigido el prólogo? ¿A los futuros lectores del libro? ¿A lxs autorxs que han convocado al prologuista?

Quien escribe el prólogo también transita una curiosa metamorfosis, lectora primigenia devenida en escritora de un texto que pasará a formar parte de aquello que comenta. Este gesto nos reconforta mucho a lxs trabajadorxs de las ideas.

Plantear el problema para luego alcanzar alguna clave para su solución. “Esto es imposible: pues bien, ¡hagamos lo imposible!”.

3 Quizás sea ése el caso más paradigmático de los efectos de lectura que puede generar un prólogo en relación con la obra de introduce. Tal como afirma De Oto: “El famoso Prólogo de Jean–Paul Sartre a Los Condenados de la tierra convirtió al libro en un objeto de culto (…) La intervención de Sartre tiene dos momentos (…) Por un lado, el Prólogo significó la subsunción de Fanon en la retórica y la política del propio Sartre y, por otro, la postura de Sartre, con algunas licencias interpretativas, dejó claro que había otras formas de pensar el colonialismo (…) las cuales no respondían a la trama del saber geopolíticamente situado en Europa (…) Mientras que Sartre señalaba explícitamente la originalidad del texto, se organizaban prácticas de lectura que ponían la escritura de Fanon en dependencia con la suya, en especial en sociedades donde la reflexión sobre el racismo y la racialización no formaban parte de la agenda política y cultural (De Oto, 2013: 39-40). Estas reflexiones advierten respecto de la responsabilidad política de la escritura, del decir antes, de abrir los canales por los cuales circularán los ríos de tinta que son los verdaderos protagonistas.

4 En la Lección inaugural que Foucault dictara en el Collège de France el 2 de diciembre de 1970 y que diera origen al texto “El orden del discurso”, alude al problema de tomar la palabra, atando a sus reflexiones su propia experiencia como heredero de los ecos del discurso de su maestro Jean Hyppolite. Inicia afirmando: “Me hubiera gustado darme cuenta de que en el momento de ponerme a hablar ya me precedía una voz sin nombre desde hacía mucho tiempo: me habría bastado entonces con encadenar, proseguir la frase, introducirme sin ser advertido en sus intersticios, como si ella me hubiera hecho señas quedándose, un momento, interrumpida. No habría habido por tanto inicio; y en lugar de ser aquel de quien procede el discurso, yo sería más bien una pequeña laguna en el azar de su desarrollo, el punto de su desaparición posible” (Foucault, 1992:9). Y concluye asumiendo: “Y comprendo mejor por qué experimentaba tanta dificultad al comenzar antes. Ahora sé lo que había de temible al tomar la palabra, puesto que la tomaba en este lugar en el que le he escuchado y donde él ya no está para escucharme” (Foucault, 1992:64).

Así, propongo prologar sin prologar, advirtiendo que a partir de aquí preferiremos hablar –más que de prólogos, epílogos o monólogos–, de diálogos.

Más o menos avenidos, más o menos vibrantes, más o menos dialógicos. El discurso, que talla nuestro deseo, el discurso y sus puntos de capitón que anudan olores a ecuaciones, el discurso que ora nos concibe, ora nos destripa, no es sin el Otro y sin lxs otrxs (Lacan, 1958). No vibra en el vacío. Y toda intervención que inaugura, y todo discurso clausurante, remite a una cadena de dichos previos y habilita nuevos caminos por los que rodarán decires que repiten o que reinventan.

Y aquí ya vamos registrando que este libro forma parte de una cadena. De una determinada tradición. La de los buenos libros. La de los libros que componen de manera equilibrada una pléyade de preguntas, indicios, conjeturas y argumentos, que nos permiten habitar esta hora de profundas desigualdades, complejidades y turbulencias, con mejores chances de no perder la partida.

En esta encrucijada, donde la promesa de prologar muestra su inconducencia, emerge (¡benditas contradicciones que mueven el mundo!) el resplandor del tesoro que espera, no ya al final del recorrido sino a su vera. Y así, cada compañerx de ruta que atraviese como yo lo he hecho estas páginas, irá haciendo más grande su mundo, armando con los ecos que las palabras que construyen este texto les provoquen, un mapa, un conjunto de pistas, para transitar estos tiempos de salvaje neoliberalismo.

Del diálogo que he tejido con este libro, y del saldo que me ha dejado, quisiera referir a algunos de los puntos fuertes de esa experiencia de lectura con la esperanza de que quizás enriquezcan el diálogo que cada lector/a entable con esta obra, o al menos, que en ningún caso se constituyan en obstáculos que lo malogren.

La posición que (re) construye el tema El libro aborda el tema del Estado y la gubernamentalidad, y si bien alude a diversos contextos geográficos e históricos, aglutina sus preocupaciones en torno a la pregunta por el neoliberalismo, clarificando (¡al fin!) esta categoría que hoy vuelve a estar en el centro de la escena pero que pocas veces es desentrañada en sus alcances. Así, neoliberalismo se vuelve no ya un epíteto denigrante, un significante vacío donde el progresismo político y académico pueda arrojar todo el catálogo de males sociales y económicos, sino más bien un concepto con potencia explicativa. Primer acierto. Y primer agradecimiento a lxs autorxs.

La estructura del texto nos ofrece cuatro partes y en ellas se desarrollan diversas aristas del tema.

El viaje se inaugura con el apartado sobre Neoliberalismo y Estado de Excepción, donde el texto de Susana Murillo reconstruye en una prosa impecable e implacable, “algunos rasgos que adquiere la democracia en ese proceso estratégico en el cual el arte neoliberal de gobernar se va tornando hegemónico en Nuestra América” (p.6). Este artículo, que a mi entender funciona como estructurante de la obra toda, reedita las mejores discusiones de la Teoría Política del siglo XX y nos ofrece una relectura de las nociones de derecho, así como de la cuestión de lo cultural, el consenso y la construcción de subjetividad, muy potentes para pensar el panorama político actual en nuestro continente. Junto a este artículo, el de Beatriz Dávilo sistematiza los puntos críticos de la estrategia neoliberal de gobierno, entendiendo con Foucault a la misma no ya como una tradición filosófica sino como una racionalidad emergida de “la misma práctica de gobierno a partir de la confluencia de elementos muy diversos, provenientes tanto de la filosofía y la economía política como de las prácticas de conducción de conductas que nutren las tecnologías de individuación surgidas de la matriz del pastorado cristiano, y de las resistencias a éstas” (p.31). Este artículo devela los entramados que anudan derecho, estado de excepción, deseo y gobierno de los cuerpos y sus conductas, a partir de un conjunto de hipótesis entre las que destaco la que sigue por su potencia para echar luz a nuestro presente: “Las transformaciones estructurales que exige el modelo neoliberal necesitan un derecho que se suspenda a sí mismo y cree situaciones en las que otro derecho sea imprescindible” (p.39). Tecnologías de creación de subjetividades afines al neoliberalismo, asentadas en la imagen del empresario de sí, se unen a las lógicas de un estado de excepción que crea este nuevo régimen jurídico. Círculo virtuoso del totalitarismo invertido conceptualizado por Wolin (2008) y utilizado como grilla de análisis de Dávilo. Aquí hay una idea que trasciende y reimprime los contornos del debate en boga relativo a si vivimos, en la Argentina gobernada por la Alianza Cambiemos, una dictadura o una democracia.

José Giavedoni cierra esta primera parte poniendo en acto las herramientas de la perspectiva de la gubernamentalidad para “identificar dos formas diferentes de poder y que se manifiestan de manera distinta, una por la ostentación, el alarde y la representación, la otra de forma mucho más sutil, silenciosa, escondida, pero a su vez más vigorosa, lo que Foucault llamará el poder

soberano y el poder disciplinario respectivamente” (p.43). El escenario de estas reflexiones nos remonta a los tiempos de la conquista y la colonización, tiempos que aún son hoy en nuestra América abigarrada (Zavaleta Mercado, 1986). Tiempos y espacios que vehiculizan dos lógicas de poder, la disciplina y la soberanía, ubicando la primera a partir del dispositivo del damero, que “venía a representar los valores y la cultura de conquista, representa la armonía y simetría que se contrapone al caos, lo salvaje identificado en lo indígena” (p.55); y encontrando las huellas de la segunda en la ostentación del lugar del soberano y su vicario en nuestra América. Sobre ese damero, la teatralización de la vida monárquica funciona como la doble cara de la moneda del poder colonial, una razón de gobierno que estratificando a partir de diversas claves (entre las que la urbanización y sus distribuciones, los rituales y la vestimenta son minuciosamente explorados por el autor) configura una matriz de poder que ha logrado perpetuarse, no sin persistentes resistencias5.

La segunda parte hace foco en la cuestión del Trabajo. La puerta se abre con el capítulo que, a mi entender, es el más controversial. Susana Presta analiza los procesos y discursos que cincelan la figura del sujeto-emprendedor como nomos del arte de gobierno neoliberal. El aporte sustancial y la polémica que este conlleva es el cruce que hace la autora entre las lógicas de la economía social y solidaria, las nuevas tendencias tecnológicas (haciendo hincapié en el auge de las Impresoras 3D) y las prácticas de gobierno de lo simbólico que configuran estas nuevas subjetividades. Estos tres elementos se anudan en una crítica de la reproducción de la vida en tiempos neoliberales, donde las lógicas de la sociedad laboral se desintegran. A través de un magistral trabajo de archivo y la capacidad de generar hipótesis interpretativas que vinculan elementos que desde una mirada desprevenida parecerían pertenecer a registros totalmente desvinculados, la autora contribuye a repensar los diversos niveles del gobierno de los cuerpos y las poblaciones a partir de las prácticas que hacen posible la reproducción de 5 Creo que este texto tendría una clave de lectura distinta y tan interesante como la que permite dentro de este texto, si lo extrajéramos y lo cruzáramos con los aportes de los estudios culturales, el poscolonialismo y el giro descolonial. Re-ubicarlo en ese contexto epistemológico permitiría potentes debates habilitando cruces entre el pensamiento foucaultiano y la crítica de la modernidad colonial. Este tipo de abordajes díscolos que desconciertan a quienes intentan preservar la pureza de las castas académicas me parecen los más urgentes y necesarios para el hoy de nuestra América, sobre la que se posa, de manera alarmante, la sombra de la derecha liberal colonial.

estos. El emprendedurismo aparece como discurso organizador de lo social, entidad reificada que retorna sobre la sociedad, introyectada en los cuerpos de las clases subalternas que toman para sí la responsabilidad individual de los problemas colectivos, teniendo como mandato el “don de sí”, relativizando los condicionantes estructurales. Así, de las múltiples figuras que problematiza el artículo, una es la del sujeto emprendedor como sujeto del gobierno de sí y no del conflicto, que tiene ocupación y no trabajo, cuerpo donde las prácticas de gobierno buscan trazar lo obligatorio como deseable, contracara de las estrategias de “reciclaje laboral” que impulsa el arte liberal de gobierno. En este marco, y entendiendo a los sujetos de la economía social como atravesados por las lógicas del emprendedurismo, es donde la autora presenta lo que para mí es la hipótesis más potente y controversial: “la economía social alberga en su seno las contradicciones del sistema capitalista sin lograr resolverlas” (p.83). Me interesa aquí plantear un interrogante, respecto de las potenciales diferencias y su calidad (¿sustanciales?, ¿superfluas?) entre la figura del “empresario/a de sí” que propone el neoliberalismo, y la otra figura del/de la “compañerx de la organización popular” que participa de una cooperativa u otra instancia de la economía social, que al igual que el otrx (el auto-emprendedor reconvertido con el dinero de la indemnización), comparte el estatuto de trabajador no asalariado, sujeto al que el sistema extirpa sus habilidades incluso afectivas para que produzca, pero que a la vez se inserta en una experiencia otra de participación política y organización social. Esta experiencia no es transitada por quienes se reconvierten en “sus propios jefes”. Y aquí hay uno de los muchos diálogos que esta obra permite abrir, dando cuenta de la vitalidad que contiene.

Atravesando el campo de los problemas en torno al trabajo, Pablo Manfredi utiliza la grilla foucaultiana para analizar el gobierno de la fuerza de trabajo, a partir de la problematización de una serie de prácticas en el marco de una empresa de comunicaciones, donde el poder disciplinario se expresa en toda su fuerza, a través de diversos dispositivos que buscan perfilar un tipo muy preciso de subjetividad en sus empleadxs. El artículo analiza una particular modalidad de atención al cliente denominada WOW!, focalizando en las estrategias que la misma despliega en términos de gobierno de lxs trabajadores que allí se desempeñan, entendiendo el gobierno en términos foucaultianos como ese conjunto de prácticas discursivas tendientes a condicionar las posibilidades de acción de los sujetos. De esta forma, lxs operadorxs que se desempeñan en

esa modalidad, cargan sobre sus cuerpos el deber de generar un sentimiento de satisfacción en los clientes de la compañía a partir de la puesta en acto de sus habilidades personales emocionales, so pena de ser desvinculados de la empresa si las mediciones de satisfacción decrecen. Así “la empresa transfiere la responsabilidad por la satisfacción del cliente al agente, debido a que éste tiene la oportunidad de emplear sus habilidades, su carisma y su elocuencia para transformar un cliente detractor en un cliente promotor” (p.90). Vemos cómo bajo la apariencia de una propuesta distendida que apela al corazón, late todo un sistema de disciplinamiento de la fuerza de trabajo en pos de acumulación del capital.

La tercera parte pone en el centro de la escena el dilema derecho-ayuda en la política social contemporánea. Abren esta problematización Melisa Campana y Mariana Servio con un artículo que debería ser de lectura obligatoria para quienes se forman en el campo de la intervención social y las políticas públicas.

El texto logra ordenar diversos elementos históricos, epistémicos y políticos vinculados al tema de la asistencia y la seguridad social. La hipótesis que explora el artículo no se hace esperar: “A diferencia de los sistemas de bienestar occidentales más desarrollados, en nuestro país nunca existió un subsistema público específico de asistencia social o de servicios sociales, sino que las políticas de carácter asistencial históricamente han tenido un carácter residual, estigmatizante e institucionalmente débil, volátil y fragmentado; características que han sido el principal obstáculo para problematizar la asistencia social como derecho” (p.94). En esta sentencia explicativa radica, a mi entender, parte de la potencia del texto, ya que vemos cómo se desmarca de los debates remanidos y neomoralizantes relativos a lo asistencial, para estudiar los condicionantes estructurales y políticos, derribando el mito de que lo asistencial se agota en procesos de individuación, y poniendo el foco en el estudio de los modelos de Estado y seguridad social, incorporando la problematización de las aristas materiales pero también simbólicas que obturan una seria discusión relativa a lo asistencial como derecho. Dos cuestiones de peso quiero rescatar del artículo.

Una es la propuesta de las autoras de pensar la Asistencia Social como un “subsistema autónomo y específico dentro del sistema de protecciones sociales público estatal [lo que implica] desencabalgar la Asistencia Social tanto de la cuestión del trabajo como de la cuestión de la pobreza” (p.95). Frente a un

modelo de política pública que (salvo durante el ciclo de gobierno kirchnerista donde se produjeron, creo, interesantes aunque insuficientes pasos en esta línea) siempre se estuvo lejos de proponer esta perspectiva, antes bien la asistencia fue pensada como un “empujón” a los pobres para salir de su pobreza, o a los desempleados para retornar al sistema laboral. Esta visión difiere sustancialmente y dejarse llevar por la prosa minuciosamente argumentada de las autoras nos permite romper un sin número de obstáculos epistemológicos y sentido común construido sobre qué es y que debería ser la asistencia, la protección social y la seguridad. Las autoras nos invitan a romper la distinción “ciudadanos aportantes” y “asistidos que no contribuyeron”, dicotomía que fomentan los actuales modelos de protección social. A la vez, visibilizan el hecho de que existe toda una gama de prestaciones sociales que responden a derechos consagrados, que no revisten carácter contributivo (como son la salud y la educación pública) pero que no por ello se les adjetiva así. ¿Por qué entonces lo asistencia se asume como “lo no contributivo” por antonomasia, y a la vez “residual”?

El libro sigue corriendo velos, haciendo que ciertas apreciaciones que gozan de gran estabilidad y consenso, incluso en el campo del pensamiento “progresista”, muestren su lado opaco, las aporías que contienen, y los alcances nocivos que implica dejarlas incuestionadas. Así, a la crítica de los lugares comunes en torno de lo asistencial, le sigue la crítica de las prácticas de autogestión y participación comunitaria. En este caso, de la mano de Florencia Brizuela encontramos un análisis del “Programa Esfuerzo compartido para el mejoramiento barrial” implementado desde el año 2013 en los complejos FONAVI de la ciudad de Rosario, que estudia, desde la perspectiva de la gubernamentalidad, “el modo en que el programa se erige como una tecnología de gobierno de la problemática socio-habitacional de los conjuntos de vivienda social rosarinos, a través de la activación y autogestión de los vecinos. La responsabilización de los vecinos y la autogestión de los problemas (…) conforman modalidades privilegiadas del arte de gobierno neoliberal a través de la comunidad” (p.103). El artículo recupera los hallazgos de un proceso de investigación que permite explicar con solvencia los derroteros y estrategias (que van de la exhortación a la mediación, de la construcción de instancias como consorcios a capacitaciones de residentes) a través de los cuales se transfiere a los “vecinos” la responsabilidad de resolución de “sus” problemáticas. Las mismas revisten el carácter de derechos vulnerados, y en su génesis llevan la marca de decisiones, acciones omisiones estatales,

pero son resignificadas como situaciones devenidas de la falta de habilidades individuales y colectivas de lxs residentes. La autora nos advierte así del peligro que implica que los derechos se representen como concesiones, generando el efecto de construcción de ciudadanxs de primera y segunda categoría.

Este tercer apartado cierra con los aportes de Florencia Pisaroni. Su artículo pone el foco en la cuestión del trabajo y la ciudadanía social a partir de su metamorfosis, y para ello se vale del recupero de las discusiones más relevantes de la sociología reflexiva francesa. Ofreciendo una síntesis muy bien estructurada de los puntos nodales de este campo temático, el texto anuda discusiones abordadas en los artículos previos de esta obra, sistematizando preguntas, relaciones y puntos de cruce entre el análisis de trabajo y el de la protección social, afirmando que “resulta imposible intentar repensar nuevas formas de protecciones sociales sin ser sensibles a las mutaciones y transformaciones producidas en el mundo del trabajo” (p.130).

No quedaría completa esta cartografía de las dimensiones del arte neoliberal de gobierno, sin un apartado que problematice las cuestiones relativas a la violencia, la justicia y la inseguridad. Así, tenemos a Luciana Ginga y Guillermo Campana inaugurando esta cuarta y última parte, a partir de la propuesta de “analizar cómo se ha pensado desde ciertos actores políticos relevantes de Rosario –los/as concejales– las proyectos de ordenanzas que tienen como eje la protección a las víctimas y/o a las familias de las víctimas de hechos delictivos y violentos” (p.134). Lxs autorxs se preguntan por los contornos que definen las contraposiciones entre víctima y victimario, entre violencia institucional y “prevención del delito”. Estos y otros interrogantes sobrevuelan el análisis de objetos muy concretos como son los diversos proyectos de ordenanza presentados en Rosario para regular la atención de víctimas (¿del delito?, ¿de la violencia?, ¿de cuál violencia?). El corpus de análisis es sometido a un conjunto de operaciones que nos permiten visualizar hasta qué punto las categorías butlerianas desarman las lógicas de nuestros violentos regímenes neoliberales, que hacen que haya vidas que importen y muertes que reclamen justicia, a la par de vidas-otras, invisibilizadas, de humanos no sujetos, carne abyecta, cuyas vidas no merecen ser cuidadas, y cuyas muertes no merecen ser lloradas.

Lucía Vinuesa replica también los ecos de Butler, mientras convoca a Agamben a esta conversa. La institución del duelo es repensada a partir de las categorías

como nuda vida, desrrealización del otro, precariedad, en pos de retomar la gran pregunta política, filosófica y sociológica que reposa en el fondo de todo buen libro de ciencias sociales, la pregunta por el nosotrxs. Esta pregunta dio origen a la Teoría Política y a la Teoría Social (en sus padres y en sus conemporánexs), y late en cada intervención en lo social, cualquiera sea su escala o su campo específico. Apostar a la idea de que podemos vivir juntxs, de que las estructuras de desigualdad, violencia y control pueden ser desarmadas (no sin luchas, ni profundas pérdidas), de que un nosotrxs diverso y no desigual es posible, es la apuesta a una política de la esperanza a la que, (debajo del gesto duro que prevalece en este libro, del análisis implacable y minucioso que despliega, y de la expugnación sin condiciones de la barbarie del gobierno neoliberal en todas sus formas que ofrece) vislumbro, adhiere esta obra.

Vemos entonces que el tema que abraza a los diversos capítulos de este texto, no se agota en su calidad de objeto de estudio, porque remite a nuestros dolores y sentires cotidianos, y a la posibilidad misma de que millones de latinoamericanxs a los que la desigualdad estructural y creciente arroja a la indigencia, puedan vivir sus vidas sin maldecir a diario el haber nacido.

La pregunta, el archivo, la grilla Hemos dicho algo sobre el contenido del libro, pero ya sabemos por Deleuze (2009) que forma y contenido son inescindibles. Y la forma dada a este contenido, la impronta de la pregunta, la textura de la prosa, los nudos teóricos evocados en el tratamiento de los temas, los refundan, los inscriben en un lugar otro. Sostengo que este libro nos abre una ventana para poder interactuar con una serie de sólidos planteos y sugerentes investigaciones relativas a un tema de relevancia en la agenda de las ciencias sociales como es la cuestión del Estado, el gobierno y la gubernamentalidad. Pero aquí me detengo porque me interesa remarcar que lxs autorxs no se acercan a este campo de estudios desde las herramientas conceptuales consagradas en la ciencia política contemporánea –lo que Borón (1999) llama el conductismo político anglosajón–, ni ensayando respuestas a preguntas remanidas o surgidas de realidades que difieren de la nuestra y obstaculizan el acercamiento al campo. La posición es otra. Es esa propedéutica la que me interesa reconstruir, atendiendo a algunas particularidades metodológicas.

Hijxs de diverxs progenitorxs epistemológicxs pero con una clara influencia del acervo foucaultiano, lxs autorxs despliegan la potencia del estudio del archivo.

Más aun, construyen la pregunta anterior a la pregunta, tal como supimos aprender de la introducción del tomo II de Historia de la sexualidad, donde un Foucault (2012:9-31) generoso nos dio la pista maestra para hacer una ciencia-otra: nos supo indicar sin indicar, que en la pregunta despojada del sentido común de nuestros propios enfoques, en el gesto irreverente de someterse a la materialidad del archivo, en la epoje invertida que implica dudar de nuestras categorías más caras, ahí, y sólo ahí, el intelectual específico tiene una posibilidad.

Ya aquí tenemos dos gestos que hacen de este libro un aporte sustancial: sus artículos se fundan en buenas preguntas, y en esa misma línea, construyen archivos que hablan hasta por sus poros. Estos archivos son corpus díscolos. Lxs autorxs antes de analizar metódicamente, realizan la tarea arqueológica de construir su mesa de trabajo sin prejuicios ni complacencias. Así, el archivo en un caso lo constituyen los power point generados por una empresa de comunicaciones para sus empleadxs, en otro las normativas que regulan una política pública municipal, también documentos de organismos internacionales, o escritos académicos del siglo XIX. Son piezas rescatadas de muy diversos registros. Testimonios relativos a los (no) duelos de los cuerpos de los pibes “engorradxs” masacrados por el gatillo fácil. Escritos relativos a los complejos habitacionales del FONAVI y los dispositivos que reescriben en esos barrios las responsabilidades públicas en las conductas de “los vecinos”. Encontramos también fuentes que dan cuenta ya de la arquitectura colonial de la Hispanoamérica de los siglos XVI y XVII, como de las tecnologías emergentes de las Impresoras 3D. En estas materialidades heterogéneas se esconden verdaderos tesoros que permiten decir algo sobre Nuestramérica, sobre las prácticas de gobierno que la configuraron, sobre las intrincadas lógicas que apropió, propició y propicia el neoliberalismo para hacer de nuestras democracias, ficciones persistentes que controlan cuerpos, disciplinan subjetividades, y en las que pervive el Estado de Excepción como mecanismo persistente de creación de nuda vida, horror y muerte.

Pero no se obtura el abc foucaultiano, la fórmula de que “no hay poder sin resistencia” y, junto al develamiento de las lógicas de acción de diversos dispositivos, aparecen los cuerpos eludiendo la disciplina, aparece la multitud, el proyecto colectivo. Tal como sostiene Murillo: “la construcción de hegemonía en el capitalismo en su fase neoliberal muestra una presencia constante del

estado de excepción con o sin democracia. Táctica que implica que debe enfrentarse constantemente a luchas de los pueblos por su emancipación. De modo que la historia sigue abierta” (p.30). Y así, la descripción de las prácticas de la gubernamentalidad moderna y liberal no es la descripción del “monstruo frío”, del Leviatán, del poder total. Es la explicitación de los dispositivos, pero también de sus obstrucciones, del control de los cuerpos pero también de la ascética que permite que siempre exista el pliegue, del poder disciplinar pero también del des-orden corcoveante de diversos sujetos y procesos, el zoé resistiendo la apropiación. Entonces también leemos en este libro sobre quiénes, cómo y dónde, han dicho y hecho otras cosas. Y han sostenido y preservado el derecho a la esperanza.

Entonces, ya ubicar las preguntas que explora este texto, y el archivo construido para responderlas (esos retazos de realidad que inocularon la pregunta incómoda, y a los que lxs autorxs volvieron metódicamente con la grilla que provee la perspectiva de la gubernamentalidad para revisitarlos) es de por sí una experiencia satisfactoria, una instancia de aprendizaje. Son preguntas que nos rescatan de las encerronas académicas que nos dejan mudos o enredados en discusiones bizantinas. De Souza Santos nos advertía del peligro de quedar encapsulados en la falsa dicotomía individuo/sociedad, estructura/agencia que funcionó como “grieta” para distribuir paradigmas de las ciencias sociales armando un mapa poco fecundo de determinismos y voluntarismos. Este texto escapa a esas y otras marcaciones.

Qué hacemos con este libro Este libro, como todo buen libro, se resiste a ser domesticado. Domesticar un libro implica darlo por leído antes de hacerlo. Superponer a sus letras de molde, voces previas. Pero no como cucharas o palas, que permiten cavar, escuchando los latidos de los discursos abuelos que le imprimen determinada fisonomía al texto presente y explican parte de sus inflexiones. Sino para completar cada frase con los dichos del dogma, del canon, del deber saber.

Este libro nos habilita una experiencia de de-sujeción toda vez que permite que revisitemos y desmontemos posiciones, categorías y apreciaciones sobre el arte liberal de gobierno de los cuerpos y las poblaciones que no hacen justicia a nuestros problemas actuales. Nos ofrece también una experiencia de resubjetivación en tanto nos habilita a desatar-nos de ciertas ideas heterónomas, a

duelar el vacío que dejan, y tomar para nuestra mesa de trabajo, algo de la caja de herramientas que este libro nos ofrece.

Por último, este libro está vivo, como cada lector/a que acaricie con sus ojos estas páginas, y las exprima buscando las muchas claves que contiene para descifrar los códigos de control de subjetividades y posibilidades. Nos hace saber que esto que nos pasa no es una incógnita, ni el fin de la historia, ni las siete plagas de Egipto. No es un continumm de condenas ni de enigmas. Es un proceso social, histórico, político y económico, inteligible, y, por tanto, transformable.

Y así, las viejas promesas de la ciencia moderna (heme aquí para describir, explicar, predecir) laten en la soberbia de estos dichos (¡podemos transformar el mundo!) pero ya no habitadas por el espíritu positivo del control de todas las revueltas, sino por el espectro marxiano que sigue soplándonos al oído que de lo que se trata, hoy, no es de predecir, no es de prologar, sino de leer textos, cuerpos y procesos, de vivir para transformar.

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En: BORON, Atilio (1999) La filosofía política clásica. De la antigüedad al renacimiento. Buenos Aires: CLACSO. Disponible en: http://biblioteca.clacso. edu.ar/clacso/se/20100609122129/2boron.pdf Fecha de consulta: 08/11/15 DE OTO, Alejandro (2013) “Usos de Fanon. Un recorrido por tres lecturas argentinas.” Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana, v. 30 nº 1, 2013, p. 35 a 60. 35 DELEUZE, Gilles (2009) Crítica y clínica. 3ra edición. Barcelona: Editorial Anagrama.

FOUCAULT, Michel (1992) El orden del discurso. Buenos Aires: Tusquets FOUCAULT, Michel (2012) Historia de la sexualidad 2: el uso de los placeres.

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LACAN, Jaques (1958) “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud.” En su: LACAN, Jaques (2003) Escritos I. Buenos Aires: Siglo XXI. ZAVALETA MERCADO, René (1986) Lo nacional-popular en Bolivia. Mexico: Siglo Veintiuno. Editores.

PARTE I Neoliberalismo y Estado de Excepciรณn

Capítulo I

Democracia, Neoliberalismo y Estado de Excepción Susana Murillo6

Introducción Desde el siglo XIX, las racionalidades de gobierno liberal intentaron remediar los conflictos derivados de la cuestión social a través de diversas formas de intervención, no sólo desde el Estado por medio de políticas públicas, sino también a través de organizaciones no gubernamentales de diverso nivel.

Ello gestó diversas inflexiones en el arte liberal de gobierno (Foucault, 2007) que hicieron que desde fines de siglo XIX comenzaran a reformularse tales cuestiones. Este proceso se intensificó en el siglo XX cuando la escuela austríaca desplegó una fuerte influencia a través de circuitos académicos y de negocios para incidir de modo indirecto en las relaciones políticas; proceso que la llevó a integrarse en los años ’40 a la escuela de Chicago (Foucault, 2007; de Pablo, 2011). Estas nuevas racionalidades gubernamentales intentan convertir al Estado en condición de posibilidad para el mercado y deshacer derechos universales para proponer en su lugar sólo la libertad individual (Foucault, 2007).

Estas racionalidades son constantemente cambiantes y sólo comprensibles, siguiendo a Gramsci, a partir de la necesidad de construcción de hegemonía, la cual se sostiene en la compleja articulación de “construcción de consenso” y “violencia” frente al conflicto social (Anderson, 1981; Gramsci, 2004).

El objetivo de este artículo es indagar en algunos rasgos que adquiere la democracia en ese proceso estratégico en el cual el arte neoliberal de gobernar se va tornando hegemónico en Nuestra América. Aunque entendemos, que es necesario comprender que tal estrategia a fin de construir hegemonía debe transformarse continuamente y ello se debe a que su aplicación no es mecánica, sus reconfiguraciones obedecen, precisamente, a las luchas emancipatorias de los pueblos, que aquí no serán descriptas sino sólo en algunos momentos 6 Investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto “Gino Germani”.

mencionadas, no obstante, ellas son el motor de esa cambiante estrategia. Lo cual implica, dicho de otro modo, que la cuestión social se reconstituye de manera continua, o, en otras palabras, que el conflicto social es el motor del proceso.

La libertad del sujeto individual libre como fundamento del orden social La comprensión de la complejidad de este proceso histórico requiere tomar en cuenta algunos de los núcleos centrales de la estrategia discursiva neoliberal.

Ella parte de la idea del individuo como la base o fundamento de lo social.

Carl Menger, quien inaugura la escuela austríaca, aun cuando ella no llevaba tal nombre, a fines de siglo XIX sentó las bases para la estrategia discursiva neoliberal; él elaboró la teoría subjetiva del valor, según la cual los bienes valen pues hay sujetos que los estiman (Menger, 1976). Fueron Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, entre otros quienes, en la escuela austríaca, retomaron la teoría subjetiva del valor, que en la versión mengeriana pone el acento en la estima personal de los sujetos sobre los “bienes”. Y que, en nuestra lectura llevará a políticas que intentan investir el deseo subjetivo (Murillo, 2011). Con ello desaparece el concepto del trabajo como valor y con él la distinción entre salario y capital. El ideario austríaco afirma, sustentado en la especulación filosófica, que todos los individuos somos sujetos propietarios (de fuerza de trabajo y/o medios de producción), sujetos libres, pero fundamentalmente desiguales pues inevitablemente lo que cada uno percibe como “renta” depende de la tarea de cada sujeto individual libre, de su herencia, valores, habilidades y suerte en la lucha competitiva por la vida.

No obstante, nos dice Hayek, paulatinamente, el concepto de libertad elaborado por liberales ingleses desde el siglo XVIII, se transformó durante el siglo XX en la obligación estatal de paliar los efectos de la miseria hija de la cuestión social, o dicho en palabras de Hayek, el ilusorio intento de paliar el apremio de las circunstancias, que, inevitablemente, nos limitan a todos en el campo de la elección; se trata de lo que Hayek y sus seguidores hasta el presente caracterizan como la ficcional idea de intentar destruir el inevitable “despotismo de la indigencia física” (Hayek, 2000:55).

En esa clave el Estado social, en su intento de paliar las desigualdades, a través del control de precios, salarios, importaciones, se configura en un estado dictatorial que avasalla las libertades individuales y sólo crea ficciones o ilusiones, que vienen a destruir todo lo creado por una cultura nos dice Hayek

(1990:61), particularmente por la raza europea blanca en los últimos 400 años, afirmaba von Mises en 1949 (von Mises, 1968).

El Formalismo del Estado de Derecho En ese sentido, un país es considerado libre cuando abandona las estrategias del Estado social y observa los principios conocidos bajo la expresión “Estado de Derecho”, término que significa, al decir de Hayek, que “el Estado está sometido en todas sus acciones a normas de carácter puramente formal”. ¿Qué significa que un Estado está sujeto a normas de carácter sólo formal? Se trata de que las leyes no pueden sino funcionar como una especie de código de ruta. Coinciden ello con la terminología neokantiana de Kelsen (1974) quien construye una retórica que diferencia lo formal puro a priori de los contenidos adquiridos a través de la experiencia; en esa clave, se entiende por Estado de Derecho aquél cuyas leyes administrativas y penales no contienen ninguna reglamentación que apunte a la resolución de situaciones concretas como la pobreza o el hambre; se trata de un Estado cuyas normas “formales” sólo deben garantizar el libre juego de la competencia, hija de la libertad individual; operan en ese sentido como las reglas de un juego que los jugadores deben jugar ateniéndose a las mismas de modo tal que garanticen el libre mercado y por ende la propiedad privada, fundamento de la libertad. En esa perspectiva todos los jugadores deberán conocer esas reglas de juego y cada uno debe poder prever, en clave de una total autorresponsabilización, con suficiente certidumbre “cómo usará la autoridad en cada circunstancia sus poderes coercitivos” (Hayek, 2000:105). De aquí se infiere, nos dice Hayek que debemos aceptar sólo la igualdad formal ante la ley, la cual es incompatible con toda actividad del Estado dirigida a la igualación material de los individuos, y con toda política dirigida a un ideal de justicia distributiva, la cual conduce a la destrucción de tal Estado de Derecho (Hayek, 2000:113). En estos fragmentos puede leerse una interpelación a articular el consenso voluntario sobredeterminado por la violencia coercitiva.

La polémica Kelsen-Schmitt respecto del formalismo del Estado de Derecho7 El concepto de Estado de Derecho planteado por Hayek y hoy poco analizado críticamente, se vincula a una sugerente polémica desplegada en el período 7 Los núcleos centrales de esta polémica fueron publicados en Murillo (2012).

de entreguerras, tras la crisis de 1929 y que, con el fondo de la Revolución Bolchevique se desarrollaba en Alemania. En ese contexto se da lo que podríamos llamar la polémica Kelsen – Schmitt acerca del lugar del Derecho con relación a la conducción de la fuerza.

Hans Kelsen, también austríaco, miembro de la “Escuela legal vienesa” tuvo un rol decisivo en la constitución de la Naciones Unidas. En el contexto de su tarea resultaba central dar un fundamento universal no sólo al Derecho nacional, sino a un proyecto de Derecho universal, sin sustentarlos en contenido fáctico alguno. En su Teoría Pura del Derecho, publicada en 1934, afirma que una Teoría Pura es una teoría del Derecho positivo, que descarta todo fundamento metafísico o político, pero que sin embargo es universal en el sentido de que es una teoría de toda posible ley. Desde un punto de vista estático el orden jurídico es considerado por el autor, como un conjunto cuyo su cimiento es una norma fundamental, la cual no es “puesta” sino “supuesta”. Lo supuesto es su validez y con ella la de todo el orden jurídico, pues un sistema jurídico es jerárquico. La norma fundamental, a juicio de Kelsen, es sólo formal, pues establece que “si” se da un antecedente (conducta violatoria) “deberá darse” el consecuente (sanción).

No afirma un hecho sino sólo una relación. Ella está desprovista de todo contenido (Kelsen, 1974:68), y en tanto se basa en una fórmula hipotética “si… entonces…”, este condicional es el supuesto que sostiene a la Constitución de un Estado con sus contenidos materiales y todas las leyes y actos jurídicos que de ella de derivan directa o indirectamente. Contemporáneamente a los planteos de Kelsen, el coloquio Walter Lipmann en París, será una reunión de intelectuales y hombres de empresa en la que se comenzará, desde el corazón del liberalismo, a analizar los propios errores que el liberalismo debe corregir para consolidar el gobierno de las poblaciones a nivel global. En esa reunión se configuró tal vez por primera vez, los comienzos de una nueva estrategia liberal de carácter global que en términos de von Mises se denominó “neoliberalismo”. Éste debía basarse en un estado fuerte que diese un marco sustentado en el Derecho a fin de proteger a la propiedad privada, la competencia y el mercado, para ello será menester el uso de la fuerza. Esta reunión y otras posteriores no significarían sino un reservorio de ideas y planes que aún no podían ponerse en práctica pues las condiciones histórico-concretas no permitían su desbloqueo.

En esa clave estratégica, de modo complementario a Kelsen, Ludwig von Mises sancionaba en su libro La Acción Humana, en 1949, tras la segunda guerra

mundial y en medio de la Guerra Fría, que la praxeología era una ciencia formal que debía establecer los principios formales y por ende universales de toda conducta humana: ellos consistían en la búsqueda de medios para los propios fines, en una actividad de preferir y renunciar. De este modo la escuela austríaca sancionaba, con reminiscencias kantianas, el formalismo del Derecho como complemento de los principios universales que, estimaban y estiman, rigen a toda acción humana; complementariamente los historiadores debían conocer los contenidos concretos de la acción humana, ello es, de los valores que guían a los diversos segmentos de población a fin de conocer las motivaciones variables de sus conductas guiadas siempre por la articulación de medios (variables históricamente en relación a los valores) pero conducentes siempre a fines autointeresados (von Mises, 1968:77-81). En este punto, a través del formalismo, se sentaban las bases teóricas para universalizar el egoísmo como núcleo de la condición humana y de la sociedad y de la función del Derecho como elemento disciplinador; a la vez que sostenedor de los frutos del egoísmo, al tiempo que se legitimaba el lugar de los científicos sociales especializados en el conocimiento de los valores de las poblaciones como asesores de empresarios y políticos.

Ahora bien, luego de seguir los razonamientos de neto cuño neokantiano, en Kelsen, del mismo modo que en von Mises, se encuentra la radical importancia del poder tras el aparente formalismo. Las normas y reglas del Derecho, desde un punto de “…vista dinámico, o sea (según) la manera en que es creado y aplicado” (Kelsen, 1974:43) (la cursiva es mía, S.M.) no refiere a fenómenos naturales sino prescripciones establecidas por un acto de voluntad en el espacio y en el tiempo. Nos alejamos en este punto del formalismo para reconocer que tal formalismo se insufla de contenidos diversos a nivel histórico. Como resultado de lo anterior, la ciencia del Derecho, por eso mismo “…no puede declarar que tal orden –o tal norma jurídica– es justo o injusto, pues tal juicio se funda (…) en un verdadero juicio de valor, con carácter subjetivo” (1974: 60) (la cursiva es mía, S.M.). Complementariamente von Mises nos dice que, si bien la estructura autointeresada de la conducta es universal, los valores y significados que mueven a cada uno dependen de condiciones históricas variables. La historia es así el complemento inseparable de la teoría formal de la acción humana (von Mises, 1968:77).

Para ambos, la justicia es un concepto metafísico, ella alude a la cosa en sí y, por ende, de ella nada puede afirmarse científicamente. Critica entonces Kelsen

a toda idea de Derecho basada en un orden natural universal, pues éste no puede ser demostrado, sino sólo supuesto a fin de justificar el orden establecido (1974:63). Así como von Mises critica todo orden económico basado en una supuesta naturaleza de las cosas y no en el puro juego formal de las conductas en el mercado.

En relación con ello, Kelsen plantea que incluso el imperativo categórico está desprovisto de sentido, en realidad desde un punto de vista científico un imperativo sólo puede consistir en un: “Tú debes lo que tú debes”, nada hay que fundamente la idea de deber. En su crítica, Kelsen sostiene que en la modernidad burguesa la idea de Dios ha sido reemplazada por la del “orden estatal”, el cual “…es admitido naturalmente de antemano (…) como forma bastarda del derecho natural” (1974:66). Con ello el derecho burgués habría retornado, según Kelsen, a una nueva forma de metafísica a través de un artificio retórico que transforma al Estado en un “…ente metajurídico, una especie de superhombre todopoderoso (…) que sería a la vez la condición del Derecho y un sujeto condicionado por el Derecho” (1974:183).

Ahora bien, esta contradicción (que el Estado sea a la vez condición del Derecho y condicionado por él) “…cumple, a juicio de Kelsen, una función ideológica cuya importancia no puede subestimarse. Para que el Estado pueda ser legitimado por el Derecho es preciso que aparezca como una persona distinta del Derecho” (Kelsen, 1974:188). La ilusión de separación entre Derecho y Estado, sin relación con el poder que se encuentra en el origen de éste, tiene la “función ideológica” de no presentar al Estado como una simple manifestación de la fuerza, sino como un Estado de Derecho (1974:188). Esta contradicción ideológica, no advertida, es la única forma de legitimar el Estado, nos dice Kelsen.

Frente a la evidencia de la falta de fundamento racional y ante la necesidad de legitimar lo que sólo es hijo de la fuerza, la ilusión ideológica es sancionada por Kelsen como necesaria: ella es el modo de sostener al Estado. Así, de modo manifiesto, Kelsen muestra el insoslayable papel de la ideología (aunque entendida por él de modo muy primario, en línea con el materialismo y empirismo francés de Condillac, como “falsa conciencia”) en el sostenimiento de la centralidad del Estado como instrumento de la interpelación a los sujetos. Esta representación ideológica es –asevera Kelsen– necesaria para una teoría positiva “consecuente consigo misma”, precisamente para ocultar que no hay diferencia

entre Estado y Derecho, y que la amenaza de muerte que lo sostiene no supone ningún fundamento trascendente a él.

La pregunta que surge es: ¿dónde radica entonces la validez del Derecho?

La respuesta de Kelsen es que la validez del Derecho radica en una norma fundamental: la eficacia en la relación entre Derecho y fuerza. “De esta manera nos hemos limitado a formular en términos científicamente exactos la vieja verdad de que el Derecho no puede subsistir sin la fuerza, sin que sea, empero, idéntico a ella” (1974:143). El Estado no puede ser justificado en el Derecho, su única coartada radica en la eficaz regulación de las conductas de los sujetos. El formalismo se disuelve en fuerza usada para regular los cuerpos. El interrogante es entonces: ¿quién o cómo se mide tal eficaz regulación?

Así, lo que se presentaba con un carácter puramente formal debe traducirse en una “técnica social” destinada a “…coaccionar toda conducta contraria a la deseada” (Kelsen, 1974:72), conducta desarrollada por un “hombre dotado de razón y voluntad” que, no obstante, su “racionalidad”, es impelido a obedecer la ley fundamentalmente por “ideologías” (religiosas o morales), más que por la razón. El Derecho aparece entonces como una organización de la fuerza a fin de coaccionar las conductas de los individuos cuando la ideología no alcanza. Por otra parte, el uso de la fuerza del Derecho sólo cabe a individuos autorizados a utilizarla (Kelsen, 1974:74). La pregunta que aquí surge es: ¿cuál es el fundamento de tal autorización?

La respuesta la da el análisis del acto “revolucionario”. Si la “revolución” triunfa, engendra un nuevo orden basado en una nueva norma fundamental legítima; pero si fracasa, los mismos actos que esa norma hubiese legitimado serán calificados de “alta traición”. Así, la validez de la norma depende de su “efectividad” (Kelsen, 1974:142).

Luego de esta palmaria mostración del “comienzo” del Derecho –se usa aquí el concepto de “comienzo” por oposición a “origen” tal como lo hace Foucault en “Nietzsche, la genealogía, la historia” (1979:15-25)– Kelsen plantea la necesidad de constitución de un Derecho internacional que, si bien comprendía hasta ese momento las normas establecidas por vía de tratados, debería alcanzar, como norma fundamental, la idea de que un orden jurídico internacional debe ser considerado el “…fundamento de la validez de estos últimos” (1974:200). Ese orden jurídico internacional es superior a los diversos Estados y constituye con ellos una comunidad jurídica universal (1974:155). Su planteo es que ese orden

internacional se encuentra a mediados de la década del treinta en un estado muy primitivo, pero que debe evolucionar hacia la centralización creciente a fin de desembocar en una comunidad jurídica organizada que debe extenderse a todo el orbe y constituir “…un Estado mundial” (1974:204).

Ahora bien, la norma fundamental de ese orden jurídico internacional para ser un principio válido deberá tener “eficacia” en la coacción. El principio de efectividad es la norma fundamental del derecho internacional. “Esto significa que un orden coactivo dependiente del derecho internacional es un orden jurídico legítimo y por tanto válido y obligatorio” (Kelsen, 1974:144). Si el derecho internacional es considerado válido, no hay ya, a la base de los órdenes nacionales, normas que no se subsuman a él. Tal Estado, se lamenta Kelsen, aún no existe. Efectivamente en ese momento de la historia los Estados nacionales, particularmente los de países con mayor desarrollo industrial, sostenían sus derechos nacionales, y no tardarían mucho en enfrentarse en la conflagración internacional. No obstante, las ideas de Kelsen comenzarán a plasmarse en la creación de las Naciones Unidas, y tendrán un más profundo desarrollo a partir del Consenso de Washington. Entretanto, el orden simbólico seguía sosteniéndose en la ficción del igualitarismo natural de los derechos y el espectro ideológico8 emergía bajo la contradicción no advertida que consiste en que el Estado es a la vez condición y condicionado por el Derecho.

La crítica histórica de Carl Schmitt al concepto de “Estado de Derecho”.

El Estado de excepción Los trabajos de Kelsen se presentan en polémica con los del jurista y politólogo alemán Carl Schmitt, quien formuló críticas que cuestionaron el Estado de 8 Tomamos el concepto de espectro ideológico en el sentido althusseriano. En esa clave, la ideología se conforma como un conjunto de prácticas en las que el sujeto hace y dice todo aquello que imaginariamente le otorga una completud que lo salva de la muerte. La ideología es un espectro, una aparición fantasmagórica en la cual el sujeto imaginariamente es todo lo que el Otro espera de él. Y ¿qué es el Otro? palabra enigmática usada por Lacan. Una de las formas en la que lo caracteriza y que resulta sugerente para el análisis es: el Otro es todo aquello que el sujeto no es, un cuerpo completo, sin carencias. El Otro es un lugar y al mismo tiempo no existe. El Otro es aquél que me ve, es el lugar desde donde se instituye el orden y la diferencia singular. El Otro es el lugar de una completud imaginaria e imposible que se salva de la muerte. Así, porque me veo siendo vista por el Otro, la imagen de mi cuerpo y mis objetos se construyen como yo a partir de los imaginarios rasgos del Otro. Al final de todo, el Otro es el cuerpo, entendido como un saco cosido en torno a los agujeros, a los bordes, a las carencias del propio cuerpo que nos hacen sujetos deseantes, conscientes de la propia finitud. Ver Murillo (2008:19 y ss.).

Derecho, desde la situación histórico concreta de la Alemania dela época; la paciente lectura de Schmitt parece mostrar que éste desnudó tempranamente, en el mundo de entreguerras, lo que Kelsen y los liberales habían obturado: el lugar central de la muerte como fundamento del presunto formalismo universal del Estado de Derecho. Schmitt utiliza como instrumento a la historia para desmitificar al Estado de Derecho que el liberalismo intenta sostener en un ficcional formalismo; a la vez reconoce la piedra de toque del Derecho en la fuerza. Schmitt en 1933 fue miembro del Consejo de Estado de Prusia, estuvo al frente de la cátedra de Derecho Político de la Universidad de Berlín y fue director de la sección de catedráticos de la Liga Nacionalsocialista de Juristas Alemanes entre 1933 y 1936. A partir de 1936 comienza a ser objeto de ataques por parte del régimen. No obstante, su producción teórica persistió. En 1945 y 1946 es arrestado varias veces hasta ser definitivamente liberado. Sus trabajos, olvidados por mucho tiempo, serán releídos a partir de la década de 1970, veremos más adelante en qué superficie de emergencia.

El planteo de Schmitt surge del concepto de “decisión”. Éste se encuentra en su primera obra, Romanticismo político, escrita en 1919, donde caracteriza al romanticismo por su falta de objetividad, su centramiento en el yo que busca la fusión en un todo en el que las diferencias se anulan, lo cual redunda en una pasividad orgánica. El romántico es un ser carente de decisión propia. De esta manera, la actividad política es el límite al romanticismo, pues tanto la revolución como la contrarrevolución no pueden sostenerse en el yo aislado. En esta clave, el discurso de Schmitt corre el núcleo de la argumentación desde la centralidad del individuo hacia la comunidad. El romántico no puede estatuir ningún orden social, pues no puede decidirse acerca de lo justo y lo normal, que son el núcleo de un Estado ordenado racionalmente. En la superioridad fantástica del sujeto se esconde la renuncia a cualquier transformación efectiva del mundo real, se trata de una pasividad que irónicamente puede ser la acompañante servil de cualquier fuerza y decisión ajenas (Schmitt, 2005:237-242). En este punto, se advierte la superior perspicacia de Schmitt respecto de la escuela austríaca en el tratamiento del “yo”, al tiempo que en los dichos de tal escuela respecto del sujeto individual se adivina una estrategia discursiva que encierra más de lo que dice. La crítica al romanticismo es el comienzo de la crítica al liberalismo, así como la ácida revelación de los movimientos de la gran burguesía que es quien tiene –a

criterio de Schmitt– junto a los viejos aristócratas, el poder y la fuerza para utilizar de diversos modos las ilusiones románticas en la Alemania de la época. Schmitt critica al contractualismo, pero también ironiza acerca de las hipocresías del gran capital y acerca del comunismo a quienes unirían –a su juicio– una razón instrumental que sólo intentaría administrar el mundo, no politizarlo.

Schmitt desnuda la pretendida deliberación racional del liberalismo, y le opone la decisión como fundamento de la política. Luego acuñará el concepto de “decisionismo”, con el que ataca al liberalismo, al positivismo y a la teoría pura del Derecho de Kelsen, pues ésta no afrontaría cabalmente las relaciones de poder que subyacen tras el formalismo del Derecho. El fundamento de cualquier orden jurídico no es una norma fundamental, sino una decisión fundante que establece en esa estructura quiénes son los miembros de la comunidad (amigos), así como quiénes son su posible negación (enemigos).

Más aún, Kelsen, a juicio de Schmitt; disuelve el Estado en el Derecho y enmascara bajo la impersonalidad de las leyes el elemento personal de la soberanía.

En realidad hemos visto que Kelsen veía esa diferencia entre Estado y Derecho como una ilusión ideológica necesaria para ocultar el poder de la violencia–de cuya presencia efectivamente sí tenía conciencia– que subyace bajo la norma fundamental; así, entendemos que las presuntas diferencias entre ambas posiciones –liberal y el conservadurismo antiliberal– se diluyen; en todo caso la fuerte diferencia entre ambas, radica en que la primera –como vimos– intenta enmascarar al poder y sostiene el valor de la interpelación ideológica en el ejercicio del gobierno. Por su parte, Schmitt devela sin ambages la estructura del orden simbólico y transforma a esa mostración misma, en una nueva forma de interpelación ideológica. Inviste el dolor y la decepción del pueblo y desde allí interpela a valorar la decisión del líder portador de una promesa de redención.

Schmitt: El estado de excepción y la soberanía. El fundamento de la normalidad El decisionismo remite a tres núcleos: normalidad, excepción y soberanía.

La normalidad es la plena vigencia del Estado de Derecho. Ella supone, desde el punto de vista legal, el funcionamiento normal de las instituciones y, desde

el punto de vista empírico, la existencia de paz interna y externa (Schmitt, 1998:251).

Lo excepcional es un estado de contingencia no previsto por el orden jurídico vigente y que se caracteriza como un caso de necesidad extrema, de peligro para la existencia del Estado o cualquier situación análoga (Schmitt, 1998:1617). Por esta razón, no se lo debe confundir con el estado de sitio ni otra figura jurídica análoga. Se trata de situaciones o casos no tipificados por la legalidad establecida. (Schmitt, 1998:23). Entonces, el caso excepcional se presenta cuando no hay normas que permitan resolver un conflicto, y cuando ello ocurre en un contexto de lucha por el poder de tal magnitud que es capaz de agrupar a los oponentes en amigos y enemigos.

Así, en el lenguaje de Schmitt, la palabra excepcional o, con mayor precisión “caso excepcional”, alude a una situación anormal o extralegal, en la cual los enemigos no pueden llegar a una solución consensuada. En tales situaciones surge la pregunta acerca de quién posee las facultades no establecidas constitucionalmente para dirimir el pleito. En esos casos la Constitución a lo sumo puede indicar quién tiene permitido actuar, pero no quién debe tomar la decisión. Ello reenvía a la pregunta acerca del sujeto de la soberanía y al concepto mismo de soberanía (Schmitt, 1998:17). El autor responde a ese interrogante sorteando la retórica del liberalismo: soberano es quien decide sobre el estado de excepción y quien decide en el estado de excepción es el soberano (Schmitt, 1998:15; 1990:557). La solución es, desde el punto de vista lógico, un círculo vicioso. Por cierto, el soberano también decide si existe el caso de excepción extrema y también lo que debe hacerse para remediarlo (Schmitt, 1998:16 y 17); con ello el decisionismo sortea las inconsistencias lógicas que el liberalismo no podía resolver frente a la historia efectiva de la cuestión social, dado que tal resolución no se hace apelando a la lógica, pues si el caso excepcional se produce cuando la norma jurídica no alcanza, entonces nos encontramos frente a una suspensión del Estado de Derecho; henos allí vueltos al estado de naturaleza, en él no hay soberano, ni pueblo sino multitud, ¿cómo entonces la multitud se transformará o instituirá un soberano, sin que medie un pacto? Y si el pacto se establece estamos otra vez en Estado de Derecho, a menos que entre el pacto y el Estado de Derecho interpongamos un tercer término que medie del primero al segundo; pero este tercer término será parte del Estado de Derecho o del de naturaleza y así, siguiendo la reducción al infinito, se

evidencia que el problema no tiene solución lógica. De lo que se trata en realidad es que tanto el estado de naturaleza como el pacto son un mito, frente al cual Schmitt elude esas disquisiciones lógico-metafísicas: soberano es quien decide inapelablemente en caso de conflicto extremo y su decisión tiene por finalidad inmediata terminar con el desorden. Frente a ello tiene dos opciones: restaurar el orden que ha sido quebrantado o bien crear uno nuevo. Ello revela el momento fundante de lo político, aquél en el que se instaura la estructura jurídica a través de una decisión que no se sustenta en ningún derecho natural, ni ley de razón, ni pacto, sino solamente en la voluntad de poder desnuda. En consecuencia, la situación excepcional tiene un carácter fundacional porque instituye un orden y configura las circunstancias dentro de las cuales van a tener validez los preceptos jurídicos de reciente creación. Así entonces lo político, que emerge de una lógica amigo-enemigo, es fundante del Estado, el cual no es más que el estatus político de un pueblo organizado dentro de un territorio, su modo de ser en el mundo (dasein). El vínculo entre soberano y súbditos, por su parte, es una relación asimétrica de protección-obediencia. No hay en Schmitt la construcción de ninguna “ficción ideológica” que distancie a lo político de lo jurídico o del Estado del Derecho. El primero fundamenta al segundo.

La decisión soberana es, entonces, extrajurídica, puesto que se libera de trabas normativas, y es absoluta en cuanto no se sustenta en ningún fundamento trascendental; por el contrario, ella es el trascendental (en el sentido kantiano de “condición de posibilidad). De modo que ante “un caso excepcional, el Estado suspende el Derecho en virtud del derecho a la propia conservación” (Schmitt, 1998:24). Así, la autoridad demuestra que “para crear Derecho no necesita tener derecho” (Schmitt, 1998:25). La decisión soberana no se explica jurídicamente ni desde una norma, ni desde una legalidad concreta. Sólo la decisión funda tanto a la norma como al orden. “La decisión soberana es el principio absoluto y el principio no es otra cosa que la decisión soberana” (Schmitt, 1996:30 y 31).

De ese modo, soberano es quien crea la organización política y legal a partir de una situación ilegal. El Estado de Derecho tiene su origen en una decisión, la cual ha producido la norma; ésta también impone sus exigencias al legislador, por tanto, el legislador queda sometido a la legalidad que él mismo ha instituido (Schmitt, 1996:39). Así todo recomienza, pero ahora sin la pretensión de un sustento racional, natural o divino del orden legal. El poder constituyente debe someterse a sus propias normas. El objetivo del legislador que instaura el Estado

de Derecho es que su decisión siga valiendo de modo fijo e inquebrantable como norma, es por esta razón que se somete a la ley por él puesta y a su interpretación. Éste es el único sistema considerado Estado de Derecho, sus leyes deben ser obedecidas no porque sean racionales, sino porque aseguran la paz y la seguridad.

Hemos llegado al punto en el que se constituye la condición de posibilidad para la relectura, ya en la década de 1970, del discurso hasta entonces olvidado de Schmitt: la seguridad se coloca por encima de la justicia (Schmitt, 1996:38/39), ella es el trascendental que se oculta tras la mítica libertad individual enarbolada por von Mises y Hayek, al tiempo que desnuda la violencia obturada bajo el denominado “Estado de Derecho”. Para comprender esto deberemos primero volver a la escuela austríaca y luego ubicarnos en los procesos de la década de 1970.

Estado de Derecho y darwinismo social Libertad individual, desigualdad, propiedad privada y Estado de Derecho, son los pilares teóricos del arte neoliberal de gobernar sostenidos en una quinta idea: que afirma que la historia humana es sólo producto de la evolución humana espontánea basada en la selección natural de la especie (Hayek, 1990:33). Este concepto, si bien está presente en trabajos previos, se despliega sin reservas en La fatal arrogancia: los errores del socialismo, el último de los textos publicado por Hayek, en 1990, momento del fortalecimiento del Neoliberalismo en tiempos del Consenso de Washington y la caída de la URSS. En la evolución de la especie humana, habrían prosperado en mayor medida aquellos colectivos e individuos que lograron disponer de más eficaces esquemas de comportamiento. Pues el mercado funciona como un mecanismo de selección de colectivos e individuos más aptos frente a los más débiles; ese mecanismo es capaz de recoger y aprovechar el vasto conjunto de conocimientos diseminados que ninguna agencia planificadora central está en situación de aprehender (Hayek, 1990:45-46). En ese sentido es menester reparar, nos dice Hayek, que la evolución no es lineal, sino fruto de un ininterrumpido y gradual proceso de prueba y error, es decir, de una incesante experimentación competitiva de normativas diferentes (Hayek, 1990:53).

De aquí se desprende también que la evolución construyó al hombre como ser inteligente sólo porque dispuso de ciertas tradiciones a las que pudo ajustar su conducta, es decir adaptarse exitosamente (Hayek, 1990:54-57).

La conducta adaptativa exitosa es aquella capaz de orientarse e interpretar las señales del mercado en medio de la incertidumbre, a través del sistema de precios. Frente al cual no hay posible alternativa planificadora recurriendo a la razón o a “bondadosas inclinaciones” (1990:132-133). De modo, concluye Hayek, que “A nivel social, el lucro actúa como elemento orientador que asegura que el esfuerzo productivo tiene lugar según las modalidades que más convienen a todos (1990:90-91) (la cursiva es mía, S.M).

De aquí infiere Hayek que la expresión “justicia social” o la “justicia distributiva” no es más que un mero fraude semántico equiparable al que se comete al hablar de “democracia popular” o “Estado social”. (Hayek, 1990:188).

Esto es así pues, sostiene con Hayek, en una curiosa coincidencia argumentativa con Hans Kelsen, nadie puede atribuirse el conocimiento de un presunto canon de justicia anterior a la marcha efectiva del mercado que lo autorice a distribuir u organizar la distribución del ingreso, a fin de limitar el despotismo de la indigencia a la que inevitablemente muchos están condenados por evolución competitiva.

Precisamente, los errores de una “democracia social” habían venido a ser corregidos en los años 1970 en el Cono Sur a través de dictaduras, que como la que asoló Argentina entre 1976 y 1983, utilizaron el viejo estado de excepción, sustentado por Carl Schmitt, sólo que, no aplicado a un enemigo externo, tal como parece sostener el autor alemán, sino a un enemigo interno. Es en ese período cuando Hayek, cuyos vínculos, al menos teóricos, con los pensadores del nazismo no han sido suficientemente analizados, escribía un artículo, que hoy cobra actualidad. Se trata de “Entorpeciendo la economía”, redactado en Londres en 1977 y publicado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el año 1978; en él afirmaba que el Estado de Derecho puede cultivar el mercado desarrollando gradualmente esa estructura de leyes de derecho privado y penales, sobre la cual se basa el sistema de la propiedad privada (Hayek, 1978:75), y qué significa “gradualmente”: consiste en generar normas y leyes en base al criterio de ensayo y error, concepto que significa que para establecer las leyes que favorezcan al mercado, ellas deberán ser experimentadas en relación a los efectos que producen en la gobernabilidad de la población. Para ello, afirma

Hayek, deberá destruirse tanto el Estado social, como sus efectos la democracia popular y las organizaciones sindicales. Concepto que por un lado se vincula a la necesidad de las dictaduras, o bien a democracias de baja intensidad en las cuales sólo sobreviven los más fuertes o, en otras palabras: aquéllos capaces de orientarse exitosamente en la presunta incertidumbre del mercado.

La importancia de efectuar una revolución cultural en el arte de gobierno neoliberal Ahora bien, si desde comienzos de siglo XX, la estrategia neoliberal había tratado de implantar estas ideas en Estados y poblaciones, para ello sostenía que no era la coerción la táctica más adecuada, excepto en estados de excepción, en los que los hechos lo reclamaban. Tempranamente, los intelectuales y empresarios vinculados a la estrategia neoliberal vieron la necesidad de producir una revolución cultural que transformase los valores de las poblaciones en el sentido expuesto más arriba por Menger, Mises y Hayek. Precisamente von Mises, como hemos visto más arriba, en su trabajo La Acción Humana en 1949, sostuvo que los valores son contenidos concretos que, a diferencia de las leyes de carácter formal, propias del Estado de Derecho universal, son variables según el tiempo y el espacio, pero a la vez son el motor de las conductas (1968:7781); estos valores, aconsejaba Mises, deben ser conocidos por historiadores y científicos sociales. Tal conocimiento, sin duda se fue transformando paulatinamente en un elemento central en los consultores de Estado. Es menester no perder de vista que el libro de von Mises mencionado fue escrito dos años después de construida la Sociedad Mont Pèlerin, organización a la que pertenecía y que había continuado los debates iniciados en el Coloquio Walter Lipmann celebrado en París en 1938. Ambos: el Coloquio y la Mont Pèlerin, fueron espacios para que empresarios e intelectuales analizaran los errores del liberalismo y lanzaran una estrategia mundial para desplegar el neoliberalismo (Foucault, 2007).

La idea respecto de la importancia del conocimiento de los valores de diversos segmentos de la población fue retomada por Hayek, pero modificada bajo el criterio de que los sujetos humanos son irracionales y por ende imprevisibles (Hayek, 1952:37 y ss.). Una revolución cultural que favoreciese la construcción de valores en las poblaciones de modo acorde a la estrategia discursiva de los miembros de la escuela austríaca se presentó como la más adecuada a fin de

obturar ante los ojos de la población, el lugar que la fuerza tiene en el Estado de Derecho, tal como hemos visto que a pesar de sus diferencias se evidenciaba en la polémica entre Hans Kelsen y Carl Schmitt. Se trató y se trata de una revolución cultural, sustentada en la articulación de construcción de consenso y ejercicio de la violencia con el objetivo de que sujetos individuales y poblaciones se gobiernen a sí mismos en vistas de la aceptación de la competencia y la desigualdad como algo inevitable. Para ello tanques de pensamiento deben colocar a hombres clave en organismos estatales, universidades, medios de comunicación y movimientos sociales. Se trata de modificar los valores de amplios segmentos de la sociedad, no apelando a la coerción sino a la persuasión a través de lograr que los sujetos se centren en el mensajero, no en los mensajes; en otras palabras: estrellas del deporte, de los medios masivos, marcas de diversos productos, entretenimientos de apariencia apolítica, videojuegos, películas, manuales escolares, currículas universitarias, neuromarketing, neuroeconomía que entre otros mucha tácticas deben conducir de modo inadvertido a la naturalización de modos de vida que se sustentan en los valores centrales del arte neoliberal de gobernar, arriba esbozados.

No obstante, diversas luchas y resistencias habían obstaculizado estos proyectos, desde las condiciones que planteaba el mundo entre las postrimerías de la primera guerra mundial, la Revolución Bolchevique, la crisis de 1929, el auge de luchas obreras, la segunda guerra y sus efectos posteriores, hasta el plan Marshall de reconstrucción de Europa en plena guerra Fría dificultaban el despliegue de la estrategia.

Sólo en Alemania, en medio de la Guerra Fría, se dio un primer ensayo limitado de la estrategia neoliberal con la denominada Economía Social de Mercado, más conocido como “el milagro alemán”, que nada tuvo de milagro y mucho de articulación de lobbies de negocios estadounidenses y alemanes (Foucault, 2007); precisamente la idea de “milagro” obtura la posibilidad de pensar en los procesos histórico-concretos, a la vez que reivindica, por otros medios la superioridad racial de ciertos grupos.

Al mismo tiempo que se constituía la Sociedad Mont Pèlerin, a mediados de 1950 (aunque con antecedentes en la década de 1940), se profundizaban movimientos provenientes de la City londinense, en particular del Banco de Inglaterra, que sentarían las bases de la hegemonía del capital financiero; en la década de 1960, banqueros norteamericanos, en medio de una cris capitalista

cuyo núcleo radicaba en el descenso de la tasa de ganancia, adhieren al esquema nacido entre sus pares londinenses; así Londres y Nueva York se configuraban hasta el presente en las dos capitales que monitorean los movimientos del capital especulativo.

Estos procesos tuvieron en la creación de la Sociedad Mont Pèlerin a partir de 1947 y la creación de tanques de pensamiento, su sostén ideológico (Monedero, 2012:289-310; Shaxson 2014:152; de Büren, 2015:65-93). Este proceso se correlaciona y agudiza con la emergencia, en la década de 1970 de un nuevo paradigma sociotécnico (nuevas tecnologías: biotecnología, nuevos materiales y complejo electrónico) que facilitó la organización de la producción, las finanzas y las comunicaciones a nivel global bajo la creciente hegemonía del capital especulativo frente al productivo, al tiempo que renovaba las formas de tratamiento de la cuestión social (Murillo, 2008:54-62). Son estos algunos de los procesos materiales que se constituyeron en condición de posibilidad para el desbloqueo del arte neoliberal de gobierno en el mundo.

Tempranamente, tal desbloqueo afectó a Nuestra América. Aun cuando ya desde la década de 1930, los capitales especulativos provenientes del delito habían migrado de EEUU a Suiza y desde ahí a Cuba; es en 1957, cuando a través del Banco de Londres y América del Sur se instalan las prácticas extraterritoriales del capital especulativo en América Latina, al tiempo que Gran Bretaña, en plena crisis de su hegemonía mundial, creaba en sus ex-colonias recientemente independizadas, paraísos fiscales que impulsarían la hegemonía del capital financiero, haciendo circular de manera ajena a los controles estatales, tanto los dineros del pueblo soviético, como los dólares del petróleo y gradualmente las ganancias de las empresas multinacionales, así como, a partir de fines de los años 1970, las cuantiosas deudas externas generadas en los Estados de Nuestra América. Procesos que posibilitan la multiplicación de la ganancia financiera en ciclos cortos, a través de sortear impuestos y la obligación bancaria de sostener encajes como garantía de sus préstamos con el apoyo de la creciente injerencia de organismos multilaterales de crédito (Shaxson, 2014:147-181).

La Comisión trilateral, estado de excepción y gobernabilidad en nuestra América En este proceso jugó y juega un rol fundamental la constitución de The Trilateral Committion que apuntala la hegemonía del capital especulativo,

frente al productivo y posibilitó, entre otros acontecimientos el desbloqueo del neoliberalismo a nivel global. La Comisión Trilateral, creada en 1973 bajo la iniciativa de Nelson Rockefeller, presidente del Chase Manhattan Bank, ex miembro ejecutivo del Council of Foreign Relations9 y del Grupo Bilderberg10, vincula a personalidades destacadas del mundo de los negocios y de la economía de EE. UU., Japón y algunos países de Europa. Se trata de una organización privada decidida a poner límites a las luchas que desde los años ‘50 tendían a emancipar colonias y a discutir las condiciones de trabajo en diversos lugares del planeta. En la actualidad se ha ampliado el número y origen de sus miembros incluyendo en Europa integrantes de Austria, Bélgica, Luxemburgo, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania Grecia, Hungría, Irlanda, Italia Noruega, Polonia, Portugal, Serbia, Eslovenia, España, Suecia y el reino Unido. En este conjunto se destaca la inclusión de ex países de la URSS, así como de otros como Grecia, Irlanda, Portugal o España, en los que la crisis económica del 2007 golpeó fuertemente. Los cupos de miembros son diversos, así Alemania tiene 20 cupos en tanto que España 12. En América incluye a EE. UU. con 87 cupos, junto a Canadá con 20 y México con 13 miembros. A ellos se agregan 100 miembros de Japón, Corea, Australia, Nueva Zelandia y cinco países asiáticos (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia), India y miembros de la República China. Este grupo se denomina desde 2012: Asia Pacific Group (The Trilateral Committion:2017; 2016).

9 The Council on Fooreing Relations (CFR) es una organización privada que sostiene no pertenecer a ningún partido político; está dedicada a asesorar a miembros de gobierno, ejecutivos de empresas, educadores, periodistas, estudiantes, líderes de opinión, entre otros, que lo requieran y que vivan en EE. UU. o fuera de ese país. Su finalidad es colaborar con ellos en comprender mejor el mundo de las políticas. Fue fundada en 1921. Sostiene no tomar posiciones institucionales en materia de política (www.cfre.org/about) 10 El grupo Bidelberg es una conferencia que reúne anualmente a alrededor de 130 a 150 miembros de la élite europea y norteamericana. Los encuentros se realizan en complejos de lujo ubicados en Europa, EE. UU. y Asia occidental, donde la prensa no tiene ningún tipo de acceso, y sus oficinas están en Leiden (Holanda). El nombre de este club procede del hotel en el que tuvo lugar la primera reunión, en los Países Bajos. Se trata de expertos en industria, finanzas, medios y académicos que se encuentran desde 1954, por iniciativa de Prince Bernhard. Entre los concurrentes hay banqueros, políticos, directores de grandes empresas y miembros extranjeros de corporaciones, tales como IBM, Xerox, Royal Duch Shell, Nokia y Daimler. El grupo se habría reunido en Bariloche, Argentina, en marzo de 2015 con el fin de apoyarla candidatura presidencial de Mauricio Macri en Argentina Disponible en: https://levantateyanda.wordpress.com/2015/03/22/el-grupo-bilderberg-de-argentina-se-reune-en-secretopara-apoyar-a-macri

El documento fundacional de la Comisión Trilateral, en 1975, despliega por un lado la estrategia a seguir para gestar límites a los conflictos que obstaculizan la gobernabilidad, al tiempo que por otro lado da un fuerte impulso a la construcción de un gobierno global centrado en corporaciones privadas. El mismo fue redactado en 1975 por Crozier, Huntington y Watanuki, denominado The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission. Este clásico trabajo despliega con claridad la estrategia neoliberal global vigente hasta hoy y en él se puede leer, entre otras tácticas la difusión del concepto de “gobernabilidad”, y “Estado de Derecho”, en lugar de “democracia social” y “Estado social” tal como Hayek, lo había concebido.

Uno de los conceptos fundamentales que emergen de este documento es que “un exceso de democracia” genera falta de “gobernabilidad” (término acuñado por la Comisión Trilateral). (Monedero, 2012:289-312; Crozier, Huntington y Watanuki, 1975:2-9).

Para lograr la gobernabilidad y sofrenar los excesos del Estado Social y la democracia popular convergieron la violencia directa, sustentada en el estado de excepción, cuyo núcleo fue y es el terror, y la difusión de una cultura centrada en los conceptos acuñados por la escuela austríaca. Buena parte de la bibliografía actual coincide en que tal estrategia se inaugura con el experimento Chile en 1975, precisamente (Klein, 2007:109-136).

Según el programa de la Trilateral, los problemas mundiales no radican en las contradicciones propias del mundo del trabajo y el capital, sino en el entramado de una ciudadanía que se había tornado ingobernable como efecto del Estado de Bienestar, el cual generó la llamada “democracia social” que según vimos a juicio de Hayek violenta las libertades individuales e impide un adecuado uso de los recursos. El documento analiza la crisis de legitimidad que por los años 1960 y 1970 azotaba a occidente, merced a levantamientos estudiantiles, campesinos y obreros, así como a rebeliones coloniales, en términos de una crisis de “ingobernabilidad”. Este concepto vino a desplegar, a nivel del sentido común, una interpretación de los conflictos sociales que obtura políticamente pensar en el conflicto de clase entre trabajo asalariado y capital, al tiempo que es también un modo de ocultar los proyectos de los países hegemónicos respecto de las luchas contra el neocolonialismo en el tercer mundo.

A partir de las tesis sobre la ingobernabilidad, difundida a través de tanques de pensamiento, se hizo un diagnóstico y se propusieron unos modos de

intervención que tendieron a construir en el sentido común, los valores propios de la estrategia neoliberal que hemos esbozado más arriba. Si la posguerra había gestado un modo de intervención del Estado en la regulación de la economía con el fin de otorgar derechos sociales a la ciudadanía en democracia, la estrategia de la Trilateral fue subvertir esa relación y poner al Estado al servicio de los intereses de reproducción del capitalismo en crisis. Se trataba de remercantilizar el mundo de la vida en todos sus aspectos y para ello era necesario transformar los valores hegemónicos, tal como vimos más arriba.

Por otra parte, la estrategia tendía y tiende a incrementar la capacidad estatal dotándola de mayor presupuesto para actuar en la construcción de un marco de Derecho, sustentado en la coerción interna e internacional, que posibilite la hegemonía de los movimientos del mercado. Se trataba de redefinir el modo de construir hegemonía logrando la desaparición de la democracia social.

De este modo, desde mediados de los años setenta, se puso en marcha una profunda interpelación ideológica orientada a ocultar la crisis de legitimidad tras el concepto de crisis de gobernabilidad. El reclamo de transformaciones radicales era reemplazado por la idea de “buen gobierno”, según el cual los presupuestos de justicia y democracia social fueron cuestionados en base al principio de eficiencia tomada de la idea de beneficio empresarial. El Estado se constituía en una empresa, para el cual la democracia era un coste. El exceso de democracia generaba ingobernabilidad, concluía el Informe de la Trilateral.

Frente a ello, la Trilateral aconsejó: reforzar la gobernabilidad desestabilizada por un exceso de democracia; superar la democracia directa o representativa donde falte gobernabilidad; transformar las condiciones generales de vida de la sociedad a través del crecimiento económico, bajo control estricto de la inflación, evitando la redistribución de los recursos y el gasto público; generar liderazgos institucionales fuertes y evitar los liderazgos carismáticos personales salvo que sean controlables; convertir a los Parlamentos y a los partidos políticos en órganos de gestión y evitar el discurso político, dado que éste genera conflicto social. En esa dirección, los partidos debían convertirse en el lugar por excelencia del consenso que evitase la emergencia del conflicto; posibilitar la financiación privada de los partidos y limitar la de la militancia; controlar los medios de comunicación a fin de que no obstaculicen a las empresas; transformar a las universidades a posiciones adecuadas al funcionamiento del mercado. Reducir los recursos financieros puestos a

disposición de las Universidades públicas, que generan excedentes de egresados.

Incrementar los recursos a disposición de las universidades privadas y combatir en las empresas la presión a favor de la autogestión o de la participación de los trabajadores en su dirección, así como las nacionalizaciones. Los derechos tales como huelga, protección, salud, sindicación, negociación se mantendrán en la medida en que sean compatibles con el mercado libre. Establecer una coordinación de las potencias occidentales que permita una respuesta política e ideológica similar a la que permite la principal organización militar occidental, esto es, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (NATO) (Monedero, 2012:302-304).

De ese modo, al menos en Nuestra América, desde mediados de 1970, la denominada crisis de las democracias, llevó a la convicción de que el arte de gobernar puede basarse en dictaduras o en democracias limitadas; en ambas late como núcleo histórico-concreto, a nivel potencial o efectivo, el estado de excepción tal como fuese desarrollado por Carl Schmitt, aunque con diversos modos de aplicación y nunca legitimado teóricamente sino obturado bajo el vago concepto de “Estado de Derecho” en el sentido que hemos analizado arriba.

El “estado de excepción” en el que toda ley se suspende y en el que soberano es quien decide y el que decide es el soberano, es claro en las dictaduras que se desataron en el Cono Sud a partir de los años ’70 con el objeto de transformar las relaciones de poder y los valores en las poblaciones, no obstante, no ha cesado cada vez que las circunstancias lo requieren.

En ese sentido, es menester recordar que las propuestas de la Trilateral fueron complementadas a fines de los ’80 en el llamado Consenso de Washington, precisamente cuando caía la URSS y se producía un reordenamiento geopolítico afín al arte neoliberal de gobernar.

Del Estado de Excepción al neo-decisionismo En esa condición geopolítica, las dictaduras ya habían comenzado a obstaculizar al libre mercado, de modo que estaban emergiendo en diversos lugares, democracias limitadas donde la excepción soberana se manifiesta ya no con la violencia manifiesta. Este tipo de democracias limitadas, en los años ’90 rigieron los destinos de países como Argentina o Rusia. En ellas surgía un nuevo orden social y político en el que se resignificaba el viejo estado de excepción,

ahora articulado con la democracia formal. Emerge así lo que Bosoer y Leiras han denominado con el nombre de “neodecisionismo”, término que alude por un lado al decisionismo propio del estado de excepción expuesto por Carl Schmitt; pero que en las democracias limitadas remite a formas de gobierno donde formalmente hay tres poderes y elecciones libres, pero que en los hechos se sustentan en un ejecutivo fuerte que a través de decretos de Necesidad y Urgencia posibilita la rapidez en la toma decisiones en países donde es menester aplicar la estrategia planteada por la Trilateral y otros organismos internacionales. En estos casos, el legislativo se convierte en un mero órgano de gestión y los debates de apariencia política, no cuestionan nunca las bases establecidas por la estrategia neoliberal (Bosoer y Leiras:107-108).

Las tesis de la Trilateral de 1975 respecto de que el exceso de democracias genera ingobernabilidad, tomaron mayor fuerza a nivel mundial, tras el 11 de septiembre de 2001. El concepto de terrorismo permitió la emergencia, cuando y donde los hechos parecen indicarlo (Monedero, 2012: 295), de un verdadero estado de excepción, tal como éste fuera caracterizado por Carl Shmitt. De modo que en muchos países se suspenden derechos civiles, políticos, sociales y culturales: algo que se expresa en la creciente construcción del diferente como sospechoso.

En definitiva, el concepto de gobernabilidad sobrepuso la función del Estado ligada a la seguridad y a la predictibilidad por sobre la justicia y apuntó hacia menos Estados democráticos de carácter social, tal como Schmitt, von Mises y Hayek había sostenido.

No me internaré en el análisis de las luchas emprendidas en Nuestra América desde los años ’80 y ’90, contra medidas de carácter neoliberal, nos obstante es menester señalar algo conocido por todos: ellas culminaron en el retorno de Estados que intentaron reconstruir, de modos diversos, formas nuevas ligadas al concepto de “democracia” popular. Estos estados han sido caracterizados como “populistas” y enfrentan y han enfrentado situaciones complejas al menos desde la crisis internacional desatada en 2007.

Métodos no violentos y Gobierno Abierto ¿Fortalecimiento de la democracia?

La bibliografía, así como la palabra de diversas organizaciones sociales en Latinoamérica sostiene que tales gobiernos políticos enfrentan desde hace varios

años una estrategia, conocida en Nuestra América como de “golpe suave” que tiene sus comienzos tras la segunda guerra mundial, pero que fue desplegada académica y políticamente por Gene Sharp en 1973 (del Verbo, 2008)11.

En sus textos, Sharp caracteriza a estas acciones como un modo de desestabilización de las dictaduras, sin embargo, el concepto de “dictadura” o “totalitarismo” tiene una aplicación vaga y ambigua, al tiempo que a menudo obtura la percepción tanto de conflictos centro-periferia, así como de clase. La vaguedad y ambigüedad del término “dictadura”, en especial leído a la luz de lo desarrollado más arriba acerca de los conceptos de la escuela austríaca en relación con el Estado de Derecho y su oposición a la democracia social genera interrogantes acerca de los métodos no violentos para desalojar a gobernantes del poder en Nuestra América. No se trata sólo de la ambigüedad de los términos, sino de cómo ellos parecen haber jugado y estar funcionando en países como Paraguay, Honduras, Ecuador, Venezuela, Brasil, Bolivia y Argentina.

Sharp sostiene que el poder político no tiene un fundamento intrínseco, sino que el mismo le viene de “afuera”, por ende puede ser intervenido si se controlan sus fuentes que son la “raíces sociales del poder político”, las cuales consisten en: la autoridad voluntariamente aceptada; el tamaño, forma y posición social de los “recursos humanos que apoyan al poder político; los conocimientos y destrezas de tales recursos y su relación con el gobierno político; los “factores intangibles”, entendiendo por tales los aspectos psicológicos, hábitos, valores ligados a la obediencia y sumisión, así como la presencia o ausencia de una religión, la ideología, el sentido de misión; el grado en que el gobierno político controla los recursos materiales: financieros, naturales, transportes, medios de comunicación y el tipo y tamaño de sanciones que puede aplicar cuando la obediencia falla (Sharp, 1988:23-25). En síntesis, tales fuentes articulan violencia y construcción de consenso, vínculo en el que el conocimiento e incidencia sobre factores psicológicos es central, tal como desde Mises y en especial Hayek en su obra The Sensory Order había sostenido. Ahora bien, en esa clave, sostiene Sharp, la obediencia puede ser retirada y ello se sustenta en un cambio psicológico centrado en el autorrespeto frente a la sumisión y en la confianza de que los ciudadanos en grupos podrán forjar una fuerza lo suficientemente sólida como 11 El universo. “Un politólogo de EE. UU. planteó el término de ‘golpe de Estado blando’”.

Quito, jueves 12 de junio, 2014. http://www.eluniverso.com/ [Consultado el 1º de julio de 2017]

para quitar las fuentes sociales del poder político. De modo que la premisa básica de la acción No Violenta es que un suficiente número de “gente” retire durante un período de tiempo adecuado toda cooperación con el poder político a través de la protesta, la no cooperación y la intervención no violenta. Modos que tienen que tender a hacer que el gobernante político sea mal visto a nivel interno e internacional. En 1993, Gene Sharp, quien afirma que países como Argentina han salido de la dictadura a través de métodos no violentos, sostiene que para lograrlo es menester fortalecer a los grupos sociales que desean “liberarse de formas dictatoriales y para ello crear una fuerza interna poderosa, con relación a la cual se debe desarrollar un plan concienzudo y estratégico” (Sharp, 1993:8) (la cursiva me pertenece, S.M.). El autor no aclara a quién corresponde este “se” que construiría tal plan “concienzudo y estratégico”, no obstante, la historia permite que nos interroguemos acerca de cuál sería la organización popular de carácter espontáneo y no-violento que puede generar un plan de tales características. Tal plan, según la bibliografía consultada, en los hechos ha implicado al menos cinco etapas: la primera centrada en la promoción del descontento a través el desarrollo de matrices de opinión basada en déficit reales o potenciales de quienes ostentan el gobierno político del Estado; la segunda centrada en preconceptos ligados al comunismo o populismo entendidas como formas de totalitarismo; la tercera sustentada en un impulso a salir a la calle a reclamar rendición de cuentas al gobierno político; la cuarta vinculada a formas complejas que incluyen rumores, marchas y diversas maneras de guerra psicológica la y la quinta se despliega sobre la base de las acciones callejeras, tomas de instituciones y pronunciamiento militares, a partir de las cuales se obliga la renuncia del presidente. En casos de fracaso, se mantiene la presión de calle y se implementan formas de resistencia armada y el desarrollo de una guerra civil prolongada, así como la promoción del aislamiento internacional y el cerco económico (del Verbo, 2008). Hemos desarrollado un análisis de los cuatro primeros pasos de esta táctica tal como fueron desplegadas en Argentina, en particular en la ciudad de Buenos Aires durante los años 2004 y 2005 (Murillo, 2008)12, en esa investigación hemos 12 En el caso de la Ciudad de Buenos Aires en particular y de Argentina en general el “acontecimiento Cromañón” fue un largo proceso de algo más de un año que, a través de los métodos “no violentos” posibilitó la caída del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (Dr. Aníbal Ibarra) y su reemplazo por Mauricio Macri, proceso desde el cual el arte de gobierno neoliberal paulatinamente se catapultó hacia la presidencia del país en el año 2015 (Murillo, 2008).

mostrado la ambigüedad de esos modos de exigencia de rendición de cuentas o accountability social debido a la complejidad de factores que implican y la posibilidad de colonizar los afectos de los ciudadanos, o dicho en términos psicoanlíticos: de investir el deseo. El cuidadoso análisis de los procesos y documentos parece mostrar que aun cuando se hable de “no violencia”, en los hechos se observan formas diversas de la misma, al tiempo que su efecto final es precisamente una transformación en las relaciones de poder. Por otra parte, el profundo desarrollo de técnicas de marketing político-empresarial basadas en las denominadas “neurociencias” que hemos desarrollado en otros lugares (Murillo, 2015a:32-40; 2015b:133-156; 2015c:25-40) genera dudas respecto de la autonomía de los sujetos al momento de ser interpelados a participar en las tácticas/técnicas no-violentas, así como del llamado “Gobierno Abierto”.

Complementariamente a estos denominados “métodos no violentos” para desplazar a presuntos dictadores que, en la región, fueron figuras surgidas de elecciones no fraudulentas, ha emergido una propuesta que, si bien nació en Inglaterra en los años 1970, se ha retomado con fuerza en los últimos tiempos: se trata del concepto de “Open Goverment o “Gobierno Abierto”.

En este punto nos interrogamos acerca de la vinculación entre estas propuestas de destituir a presuntos jefes de Estado dictatoriales y, complementariamente, la interpelación llevada a delante por diversos gobiernos nacionales y subnacionales, así como por organismos privados, respecto de la importancia de desplegar el llamado “Gobierno Abierto” que, se sostiene, está basado en la “colaboración” y en la “participación” de la sociedad civil y de las empresas con el fin de transparentar las acciones gubernamentales, al tiempo que coadyuvar al gobierno de los problemas públicos que afectan a todos y cuya novedad y base fundamental es la implementación de las Tecnologías de Comunicación e Información que generan redes. La bibliografía consultada sostiene que tales modos nuevos de comunicación tienen sus ancestros en EE. UU. durante la segunda guerra mundial, pues fue entonces en EE. UU., cuando “en el área de Defensa llegaron al arpanet (término que deriva de DARPA, una sigla en inglés que denomina a la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa –Defense Advanced Research Projects Agency–, que no es otra cosa que el abuelo de internet), dieron el puntapié inicial a un modelo de vinculación entre humanos mediante máquinas, que luego, perfeccionado con el paso de los años, abriría la ruta de la red en todas sus alternativas” (Calerón y Lorenzo, 2010:88).

La base de sustentación del “Open Goverment” posibilitaría una mayor comunicación entre gobernantes y gobernados y con ello un fortalecimiento de la democracia, al tiempo que una mayor transparencia, dado que los problemas de gobernabilidad son desde hace décadas atribuidos a la “corrupción de los gobernantes”, significante flotante, cuyos sentidos influyen en la identificación o rechazo de grupos de ciudadanos con determinados líderes de opinión, independientemente de la plausibilidad de sus afirmaciones o del modo en que los mensajes se transmitan (a través de entretenimientos diversos, noticias periodísticas o divulgación de información presuntamente científica). El desarrollo de las Tecnologías de Comunicación e Información desplegado en el modelo de “Gobierno Abierto”, adoptado por diversos gobiernos sub-nacionales en Argentina, tal como puede leerse en sus páginas Web, posibilitaría una más fecunda relación democrática entre gobernantes y gobernados, proceso que implicaría la transparencia de los gobernantes y la colaboración de los gobernados en proyectos diversos. Así se afirma: “No es lo mismo una relación abierta entre los ciudadanos y sus mandatarios que una vinculación sostenida en moldes ortodoxos y tradicionales –pensados y elaborados en contextos pretéritos– mediante los cuales la burocracia estatal (en el más puro sentido weberiano) intenta cumplir funciones y tareas que responden a las demandas de sus comunitarios” (Calderón y Lorenzo, 2010:88).

Las propuestas generan interrogantes a la luz del uso de las redes y los bancos de datos por parte de empresas y gobiernos respecto del control de los ciudadanos, así como de los modos de influencia en sus valores y los presuntos ataques globales a las redes de internet.

Por ahora, al menos sólo preferimos quedarnos con los interrogantes. Al tiempo que es plausible sostener que estas tácticas cambiantes parecen mostrar que la construcción de hegemonía en el capitalismo en su fase neoliberal muestra una presencia constante del estado de excepción con o sin democracia. Táctica que implica que debe enfrentarse constantemente a luchas de los pueblos por su emancipación. De modo que la historia sigue abierta.

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Capítulo II

Derecho(s) y excepción en la gubernamentalidad neoliberal Beatriz Dávilo13

1- Michel Foucault, la gubernamentalidad neoliberal y los vínculos entre el Derecho y la Excepción A casi cuarenta años del curso Nacimiento de la biopolítica, dictado por Michel Foucault en el Collège de France en 1979, la perspectiva de análisis del liberalismo y el neoliberalismo allí planteada sigue desafiándonos a revisar las claves de inteligibilidad a través de las cuales abordamos las experiencias políticas que caracterizamos como liberales o neoliberales. Foucault nos propone pensar a ambos no tanto como tradiciones teórico-filosóficas, sino como racionalidades gubernamentales que se forjan en la dinámica de gobierno a partir de la confluencia de elementos muy diversos, provenientes tanto de la filosofía y la economía política como de las prácticas de conducción de conductas que nutren las tecnologías de subjetivación surgidas de la matriz de la pastoral cristiana y de las resistencias a éstas.

En ese curso, y en el anterior –Seguridad, territorio y población (1978)– aparece definido lo que para el autor es un problema clave de la política occidental: el de la gubernamentalidad, esto es, el de poner límites al campo de las acciones posibles de hombres y mujeres. La primera definición que da Foucault sobre ese concepto parece apuntar específicamente a la lógica de gobierno propia del liberalismo, puesto que emerge de la articulación entre un nuevo blanco de ejercicio del poder, que es la población, un saber específico que es el de la economía política y un conjunto de técnicas, reglas y procedimientos propios de la seguridad, que se rigen por el criterio de captar lo real en el mismo nivel de su emergencia y tomarlo como punto de apoyo de las tecnologías gubernamentales.

13 Docente e Investigadora de la Facultad de Ciencia Política y RRII (UNR), de la Facultad de Humanidades y Artes (UNR) y de la Facultad de Trabajo Social (UNER).

Sin embargo, unas líneas más adelante, el autor aclara que esta estrategia tiene raíces en una tendencia o línea de fuerza que no ha dejado de acentuarse en Occidente y que es la consolidación de esa forma de poder que llamamos gobierno sobre todas las demás (2006:136).

El gobierno, entendido como conducción de conductas, exhibe una genealogía que tiene en el vínculo entre la pastoral y la moderna razón de estado del siglo XVII un elemento fundamental. Foucault muestra, en la historia del cristianismo, cómo fueron afianzándose las prácticas de conducción, a través de la confesión y la penitencia, y las de auto-desciframiento de los hombres y mujeres que –puestos en la obligación de verbalización constante de sus propios pensamientos, sentimientos y acciones– van dando forma a una subjetividad capaz de aceptar e imponerse límites (Foucault, 2014).

En este marco, el horizonte histórico en el que se ha anclado habitualmente el origen del Estado Moderno –siglos XVI y XVII– da cuenta de un escenario en el que la discusión en torno a los modos de poner límites al campo de las acciones humanas admite una multiplicidad de interlocutores. El problema de la gubernamentalidad, dirá Foucault, no es por entonces monopolio de las instituciones políticas, y de hecho en el debate sobre la soberanía ronda una pregunta: “¿cómo, en qué medida el ejercicio del poder del soberano puede y debe lastrarse con cierta cantidad de tareas que hasta el momento no se le reconocían y que son justamente tareas de conducción?” (2006:268).

El cisma protestante y los ulteriores conflictos políticos por él desencadenados, las revueltas sociales, las resistencias al proceso de consolidación del absolutismo monárquico, son los elementos que, diría Foucault, ‘coagulan’ en el “efecto Estado” (2006:278) como síntesis de atributos de soberanía y de gobierno. El Estado reivindica para sí una racionalidad que le es inherente: no gobierna creyentes, ni lo hace para la salvación de las almas, sino que gobierna individuos y territorios con el objetivo de acrecentar su propia potencia, apoyándose en los dispositivos diplomático-militares y de policía.

Para el problema de la gubernamentalidad, la policía es cardinal puesto que toma del pastorado la mecánica de intervención sobre el individuo y el grupo –sobre la oveja y el rebaño–, y habilita formas de sujeción y subjetivación que constituirán el suelo sobre el que se asentará la racionalidad gubernamental del liberalismo. En efecto, la grilla minuciosa que construye la policía del siglo XVII, estableciendo controles sobre el espacio –cómo y dónde se construyen las

ciudades, cómo se abren las calles, cómo se garantiza la provisión de agua– y sobre los individuos –dónde trabajan, por dónde circulan, qué hacen en su tiempo libre, cómo cuidan, o descuidan, su cuerpo– (Foucault, 2006:355-378), establece los puntos de apoyo del panoptismo como principio óptico, visual, del ejercicio del poder. La mirada que organiza y distribuye los cuerpos en el espacio para asegurar el control y la vigilancia da lugar a tecnologías en las que “El que está sometido a un campo de visibilidad, y lo sabe, reproduce por su cuenta las coacciones del poder; las hace jugar espontáneamente sobre sí mismo; inscribe en sí mismo la relación de poder en la cual juega simultáneamente los dos papeles; se convierte en el principio de su propio sometimiento” (Foucault, 2002:206).

Cuando llegamos a la segunda mitad del siglo XVIII, la mirada involucrada en el panoptismo no es sólo la del poder externo, sino la del juez interno, evaluador de la propia conducta, que las técnicas del pastorado han ido arraigando lentamente. Por eso, la razón gubernamental del liberalismo puede plantearse como meta gobernar lo menos posible (Foucault, 2007:44): la frugalidad de las intervenciones del poder político tiene como contrapartida un proceso de fabricación de sujetos auto-constreñidos que se viene desarrollando desde hace siglos –y continuará en el futuro, en tanto ese tipo subjetivo no está todavía generalizado y serán necesarias pedagogías económicas, sociales, y políticas para convertirlo en un dato sociológico14 .

El principio de la frugalidad gubernamental, como un refinamiento interno de la razón de Estado, localiza entonces en la dimensión de la auto-constricción esa modalidad singular de poder “ni belicoso, ni jurídico, que es el gobierno” (Foucault, 2000a:254). Y como el liberalismo plantea que siempre se corre el riesgo de gobernar demasiado, encuentra en el mercado el indicador de la medida gubernamental: cualquier exceso de gobierno repercute en agitaciones del mercado, en el cual los individuos, en tanto agentes económicos, expresan la resistencia a ese exceso.

En suma, para Foucault, en el liberalismo como racionalidad gubernamental coagulan el sujeto racional movido por el interés egoísta, el mercado como 14 La normalización de un modelo familiar monogámico heteronormativo, el estímulo al ahorro, la moda, los códigos de comportamiento social transmitidos a través de la escuela, el sufragio y los derechos constitucionales, entre otros elementos, pueden analizarse en términos de pedagogías que dan forma a los sujetos que requiere la gubernamentalidad liberal.

indicador de los límites necesarios al gobierno, y la libertad –fabricada a cada instante a través de la legislación, como la que establece la libertad de contratar, por mencionar solo un ejemplo– como tecnología que opera sobre la ampliación de las posibilidades del hacer individual. Sobre esta base, el neoliberalismo produce un reacoplamiento de esos elementos, haciendo de la competencia entre agentes económicos, más que un dato de la realidad, una estructura conceptual que vuelve inteligibles las interacciones humanas (Foucault, 2007:153): en un mundo en el que se multiplica la oferta de oportunidades de consumo material y simbólico, los individuos se ven forzados a competir continuamente por los recursos que les permiten acceder a una diversidad creciente de bienes, y a evaluar en términos de costo/beneficio los efectos de sus elecciones –ya se trate de una escuela para su hijo, un trabajo, un servicio médico, una red de vínculos sociales.

Pensar el liberalismo y el neoliberalismo como racionalidades gubernamentales obviamente implica, en algún punto, descuidar la pluralidad de alternativas de un horizonte teórico cuya diversidad de matices queda licuada por esas etiquetas en ocasiones reductoras de una riqueza conceptual enorme15. Pero nos permite visibilizar la complejidad y el carácter de artificio que exhiben las lógicas de gobierno propias de la Modernidad y resituar el funcionamiento del Estado en relación con ellas.

En general se ha presupuesto que el liberalismo y el neoliberalismo no hacen buenas migas con el Estado. Sin embargo, Foucault muestra que para ambos el problema central no es cuánto Estado, sino cuánto gobierno, es decir, cuál es la medida de intervención compatible con la dinámica auto reguladora de la sociedad –incluida en ella el mercado. La misma oposición Estado/sociedad civil da cuenta, según este autor, de una operación intelectual ajustada a la tecnología gubernamental liberal: la sociedad civil es un concepto coextensivo al despliegue de esa tecnología que, para reordenar un espacio de intervenciones tan frugales como sea posible, produce una categoría que involucra la doble dimensión del derecho y la economía. Dice Foucault: “el arte de gobernar debe ejercerse sobre un espacio de soberanía –y esto lo dice el derecho mismo del Estado–, pero el fastidio, el infortunio o el problema es 15 Serge Audier propone hablar de ‘neoliberalismos’ para poder dar cuenta con más precisión de la diversidad de planteos que pueblan el campo de la renovación liberal a partir de la crisis de 1929 (2012:63).

que el espacio de la soberanía revela estar habitado por sujetos económicos” (Foucault, 2007:334).

La sociedad civil define la red conceptual capaz de englobar, en un conjunto complejo, a individuos gobernables que son a la vez sujetos de derecho y actores económicos (Foucault, 2007:335). Y en esta red conceptual se intentará resolver cómo hacer que el Estado gobierne lo menos posible, esto es, mantenga la menor cantidad de ámbitos en los que ejerce el control y pone límites a las acciones de mujeres y hombres.

Lo que las estrategias gubernamentales del liberalismo y el neoliberalismo ponen en el centro de la discusión es, en el fondo, la relación entre Estado y gubernamentalidad: en el marco de este problema –que, para Foucault, como vimos, es fundamental en la historia de Occidente– el Estado sólo sería una manera, singular e histórica, de gobernar, en definitiva, “una peripecia de la gubernamentalidad” (2006:291).

Este planteo nos permite vincular la mirada foucaultiana con los enfoques clásicos del Estado: éste bien puede ser considerado, siguiendo a Max Weber, como el instituto de base territorial que reúne el monopolio de la violencia física legítima y el de la producción y aplicación de ley, y se gesta a lo largo de un proceso en el cual tiene lugar la expropiación de los medios de administración (Weber, 1992:43-44 y 1067-1076). La cuestión es en qué momento ese instituto se volvió una pieza clave en la racionalidad gubernamental de Occidente, desplazando y/o subordinando a otras instancias, e, incluso, en qué condiciones podría dejar de serlo.

Sin embargo, tras varias décadas de experimentos neoliberales más o menos exitosos, más o menos impugnados, y especialmente siendo testigos de proyectos que requieren dosis inevitables de coerción para llevar adelante medidas que desarticulan conquistas sociales largamente reivindicadas y arduamente conseguidas, cabe preguntarse si la perspectiva foucaultiana sigue siendo valiosa: ¿podemos hablar de una estrategia tendiente a la frugalidad de las intervenciones cuando se requiere el aparato represivo del Estado para controlar la resistencia a políticas públicas que tienden a desmantelar los sistemas de seguridad social?; ¿hay un giro sustancial en el modo en que la gubernamentalidad actual se apoya en las instituciones estatales? ¿cómo se articula la crisis del paradigma estatalista a lógica neoliberal?

En este punto se nos presentan dos problemas. En primer lugar, tenemos un problema conceptual que nos exige revisar si la categoría de gubernamentalidad neoliberal –con su marcado acento puesto en la capacidad de los hombres de autoimponerse límites y acumular en sí mismos formas diversas de capital, ya sea movidos por el interés, ya sea empujados por la competencia– tiene la suficiente plasticidad como para proveer claves de inteligibilidad para proyectos económico-políticos que solemos caracterizar como neoliberales pero que implican fuertes dosis de coerción. Para tomar dos ejemplos recientes, podemos fijar la atención en los escenarios de discusión de proyectos de reforma laboral en Brasil y Argentina: en 2017, en los dos países, ese debate fue resistido mediante masivas movilizaciones que fueron violentamente reprimidas 16. Estas situaciones, que en principio parecen tan lejanas a la propuesta de pensar la gubernamentalidad en función de la frugalidad de las intervenciones y la autoconstricción de los gobernados, ¿quedarían fuera del rango de casos analizables desde este esquema teórico-conceptual?

En segundo lugar, tenemos un problema histórico-concreto, que refiere a los alcances del recurso a la violencia física para implementar un programa neoliberal en casos situados. ¿El uso de la violencia es tan generalizado como para pensar que es lo único que lo sostiene?, ¿no persiste como punto de apoyo un tipo subjetivo modelado por la competencia, la dilución de los lazos sociales, las concepciones meritocráticas que rechazan los mecanismos de solidaridad instituidos por el Estado de bienestar?

En este sentido, creemos que el análisis de los actuales proyectos neoliberales gana en riqueza y complejidad si vinculamos la noción foucaultiana de ‘gubernamentalidad’ con el abordaje que propone Giorgio Agamben sobre la relación entre derecho y excepción. La red conceptual gobierno/derecho/ excepción puede iluminar el modo en que las transformaciones estructurales 16 Para Brasil, ver, por ejemplo, las notas de La Nación, del 28 de Abril de 2017 (http://www.lanacion.com. ar/2018851-brasil-tension-violencia-y-un-pais-paralizado-en-la-primera-huelga-general-contra-las-reformaslaborales-de-michel-temer) y La Izquierda Diario, del 24 de Mayo de 2017 www.laizquierdadiario. com/Temer-autoriza-intervencion-del-Ejercito-para-reprimir-en-Brasilia), para citar enfoques realizados desde perspectivas políticas opuestas. Para el caso argentino, ver Página/12 del 15 de Diciembre de 2017(https://www.pagina12.com.ar/82419-el-recorte-a-las-jubilaciones-llega-con-represion); La Nación del 19 de Diciembre de 2017 (http://www.lanacion.com.ar/2092702-reforma-previsional-que-dijeron-lospoliticos), y la cobertura de un medio español, El País, del 19 de Diciembre de 2017 (https://elpais.com/ internacional/2017/12/18/argentina/1513615892_028372.html).

requeridas por esos proyectos exigen una reformulación del orden jurídico que sólo la figura del Estado, como instituyente de la legalidad, puede cobijar.

En principio, parecería que una categoría utilizada para abordar tanto el nazismo como situaciones en las que “una medida provisoria y excepcional se vuelve técnica de gobierno” (Agamben, 2007:25) pierde tal vez, en la amplitud de casos que van de un extremo al otro, fertilidad heurística para captar singularidades en absoluto desdeñables. Si bien es cierto que Agamben advierte que su planteo acerca de la solidaridad íntima entre democracia y totalitarismo no liquida las diferencias históricas existentes entre ambos (1998:21), también lo es que la frontera difusa que los separa es precisamente lo que los conecta ¿En qué medida, entonces, podría considerarse, siguiendo a este autor, que “el estado de excepción tiende cada vez más a presentarse como el paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea”? (2007:25).

En esta línea, intentaremos reflexionar en torno a la particular reconfiguración del vínculo entre Estado y gobierno producida en los experimentos neoliberales que se recuestan en la excepción como “estructura originaria de la relación política” (Agamben, 2007:32) para definir nuevos marcos regulatorios destinados a esos individuos que han sido tradicionalmente interpelados, desde el campo liberal, en su doble condición de sujetos de derecho y actores económicos. En el escenario de profundas transformaciones que demanda esta fase del capitalismo dominada por la lógica financiera, podría decirse, siguiendo una vez más a Agamben, que se necesita la soberanía estatal para pararse fuera de la ley y decir “no hay afuera de la ley” (1998:27).

2- El neoliberalismo y la grilla conceptual del enfoque foucaultiano El enfoque foucaultiano sobre la gubernamentalidad neoliberal dejó abierto el camino para el abordaje de sucesivas experiencias en las que se fue produciendo un refinamiento de la razón neoliberal. En el seminario de 1979, Foucault no tiene a la vista ningún gobierno neoliberal elegido democráticamente: no olvidemos que las elecciones que le dan el triunfo a Margareth Thatcher en el Reino Unido son posteriores a la finalización del curso, y Ronald Reagan gobierna entre 1981 y 1989. Por lo tanto, su acercamiento al neoliberalismo –salvo en lo que refiere al llamado “Milagro Alemán” de la segunda posguerra– se centra fundamentalmente en el discurso

teórico –Escuela de Friburgo, Escuela Austríaca, Escuela de Chicago, teorías del capital humano.

Una objeción que suele plantearse en relación con los aportes foucaultianos es que en ellos no hay referencias al experimento ‘Chile’, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), considerado por todos los estudiosos del neoliberalismo como el laboratorio de ensayo de políticas económicas y sociales que luego se aplicarían en otros países. En este punto, podría plantearse que, si Foucault está pensando la gubernamentalidad liberal y neoliberal como una estrategia que apunta a ‘gobernar lo menos posible’, asentándose en la conducción de conductas como mecanismo que suscita la auto-constricción, un modelo basado en la represión queda fuera del foco de sus inquietudes.

Sin embargo, es cierto que el enfoque foucaultiano exhibe lo que podríamos llamar un cierto déficit de historicidad, en la medida en que, en su análisis, el autor salta de la gubernamentalidad liberal a la neoliberal sin tomar en consideración el peso de la experiencia welfarista.

Si, volviendo al planteo de Foucault, el liberalismo gobierna con la libertad –una libertad ‘liberal’, entendida como ausencia de impedimentos–, podríamos decir que el modelo welfarista gobierna con los derechos entendidos como reivindicaciones apoyadas en el principio de igualdad, que exigen formas de redistribución –económica, pero también política y simbólica– tuteladas por el Estado. Éste instituye, además, mecanismos de solidaridad social que operan sobre un principio de riqueza/pobreza relativa; por lo tanto, la redistribución se actualiza con relación a la curva del crecimiento económico, habilitándose así una continua rediscusión de la lógica del reparto, con el aval estatal.

Foucault refiere repetidamente al peso del Estado y del tipo de individuación que éste promueve (2000a:249) y sin duda esta es una observación que le cabe perfectamente a la versión welfarista de la lógica estatal, que induce un tipo de subjetivación articulada a las protecciones por ella provistas, más allá de la ponderación política que éstas nos merezcan.

Es aquí donde se posa, precisamente, el foco de la crítica neoliberal: se trataría de un modelo proclive al estímulo de una actitud corporativa que no cesaría de reclamar la protección paternalista del Estado. Alain Minc –un publicista neoliberal francés, asesor de Alain Juppé y Nikolas Sarkozy, entre otros– critica a los ‘grupos sociales más estructurados’, como el movimiento obrero, porque

“intentan obtener artificialmente del Estado lo que el crecimiento no puede darles (Minc, 1989:114).

Como dicen Christian Laval y Pierre Dardot, la estrategia neoliberal se va configurando en la lucha contra el Estado de Bienestar, que “desempeñó un papel de catalizador, ofreciendo un punto de reagrupamiento para fuerzas hasta entonces relativamente dispersas” (2012:192).

El análisis de ese reagrupamiento de fuerzas neoliberales a partir de la oposición al Estado de Bienestar ha ganado, sin duda, riqueza gracias a la relectura de la propuesta foucaultiana, generadora de una saga notable de estudios sobre el neoliberalismo contemporáneo. Serge Audier habla de una ‘grilla neofoucaultiana’ de abordaje de estas experiencias políticas, para referirse a un tipo de enfoque que recupera las cuestiones problematizadas en Nacimiento de la biopolítica reinscribiéndolas en el escenario más reciente de proliferación de programas neoliberales (2012:22-34). ¿Cuáles serían las líneas que organizan esa grilla? A modo de ejemplo, podemos comenzar con las que trazan Laval y Dardot en uno de los cuadros más completos sobre la estrategia gubernamental del neoliberalismo.

Los autores plantean que la matriz subjetiva sobre la que se apoya la gubernamentalidad neoliberal se estructura a partir de dos ejes: deseo y competencia. Los hombres y mujeres, en el capitalismo actual, son movidos por un deseo que se hace visible en la dimensión adquisitiva y que pone a los individuos en situación de competencia continua para adquirir aquello que desean. Para asegurarse las mejores chances en esa competencia, deben acumular en sí mismos formas diversas de capital –económico, simbólico, afectivo, estético, biológico. La figura del ‘empresario de sí mismo’ emerge, así, como la matriz subjetiva que el sistema necesita y estimula: “Se trata de gobernar a un ser cuya subjetividad debe estar implicada en la actividad que se requiere que lleva a cabo. Con tal fin, hay que reconocer la parte irreductible del deseo que lo constituye…Las nuevas técnicas de ‘la empresa de sí’ alcanzan sin duda el colmo de la alienación al pretender suprimir todo sentimiento de alienación: obedecer al propio deseo y al Otro que habla en voz baja dentro de uno, todo es lo mismo” (Laval y Dardot, 2012:332).

Como dicen Laval y Dardot el vocabulario de la empresa unifica los más diversos regímenes de existencia en los que puedan estar implicados hombres y mujeres (2012:336): maximizar resultados, alcanzar los objetivos, racionalizar

los recursos, tomar riesgos, se convierten en leitmotiv posibles para organizar el campo del trabajo, de los afectos, de la convivencia doméstica, de la propia interioridad. La complejidad de la vida se reduce a una apuesta en la que los más beneficiados serán los ‘riesgófilos’, los que aceptan desafíos y toman riesgo –una categoría de individuos que la selección social ubica en el tope del ránking de los adaptados a los requerimientos del sistema.

En el corazón de la hegemonía del régimen de existencia de la empresa de sí, la deuda funciona como una pieza clave en la sujeción a la lógica neoliberal.

Siguiendo a Maurizio Lazzarato, podemos decir que “la fabricación de deudas, es decir, la construcción y el desarrollo de la relación de poder entre acreedores y deudores, se ha pensado y programado como el núcleo estratégico de las políticas neoliberales” (2013:30).

En síntesis, riesgófilos y endeudados, los individuos en el neoliberalismo están compelidos a hacer de la racionalidad económica de la empresa capitalista el eje que organiza su existencia, empujándolos continuamente a una situación de incertidumbre y precariedad: “La promesa de lo que el ‘trabajo sobre sí mismo’ debía aportar al ‘trabajo’ en términos de emancipación (goce, realización, reconocimiento, experimentación de formas de vida, movilidad, etc.) se ha invertido, para transformarse en el imperativo de hacer propios los riesgos y los costos que ni las empresas ni el Estado quieren asumir. Al congelar los salarios (a través de la deflación salarial) y reducir drásticamente las erogaciones sociales, las políticas neoliberales contemporáneas producen un capital humano o un ‘empresario de sí mismo’ más o menos endeudado y más o menos pobre, pero siempre precarizado” (Lazzarato, 2013:108).

3- Gobierno, derecho y excepción en el neoliberalismo A partir de los análisis de Dardot y Laval y Lazzarato, cabe preguntarse si cualquier programa económico-político que aplique recetas filiadas en la Escuela de Chicago, en el monetarismo, en el Economía Social de Mercado, expresa la dinámica de una estrategia gubernamental neoliberal, en el sentido propuesto por Foucault, y por los autores que adoptan la grilla foucaultiana de abordaje del neoliberalismo.

La discusión teórica en el campo de la renovación del liberalismo hunde sus raíces en los años inmediatamente posteriores al crack de la bolsa de Nueva York de 1929 y la crisis que esto genera. Los think tanks del neoliberalismo proliferan

desde la segunda posguerra, de manera más larvada o más ostensible según los casos. Intentos de introducir en la planificación económica supuestos y medidas de corte neoliberal también ha habido muchos –si pensamos en Latinoamérica, podemos decir que tras el ciclo de los primeros populismos hubo varios ensayos que, en la segunda mitad del siglo XX, buscaron reconvertir las economías nacionales siguiendo premisas que hoy identificaríamos como neoliberales. Pero estos casos, ¿dan cuenta de una racionalidad gubernamental neoliberal tal como la presentan Dardot y Laval? No lo parece.

Sin duda, desde hace décadas se ha intentado avanzar en reformas que ponen en cuestión los sistemas de seguridad social públicos, pretenden desactivar las regulaciones del derecho laboral, despliegan políticas monetaristas, pero habría que analizar en profundidad, en cada caso, si esas lógicas reformistas de matriz neoliberal lograron desplegar una estrategia gubernamental sostenida en individuos que se conciben como ‘empresarios de sí mismos’ y organizan sus prácticas en función de la adquisición de bienes diversos –materiales y simbólicos– a partir de la racionalización del deseo y en un escenario que los obliga a competir continuamente17.

Esto hace necesario, por lo tanto, diferenciar el desarrollo de planteos teóricos caracterizados como ‘neoliberales’ y su posible instrumentación práctica, de la consolidación de la gubernamentalidad neoliberal, centrada en la articulación del deseo, el interés y la competencia en el marco de la dinámica del mercado.

No todo programa de medidas identificadas como neoliberales, aplicadas en un momento y en una sociedad determinados, implica la estructuración de una razón de gobierno neoliberal.

Ese esquema gubernamental resulta sin duda apropiado para reflexionar en torno a modelos económico-políticos que van de principios de la década de 1990 hasta la crisis financiera que sigue a la quiebra de Lehmans Brothers, en Estados Unidos en 2008, que es el proceso que tienen a la vista Dardot y Laval en su análisis de la razón neoliberal. Pero habría que ver si es válido para un período anterior, y más aún, si en la segunda década del siglo XXI no requiere algunos ajustes.

17 Aquí tomamos los elementos que para Christian Laval y Pierre Dardot definen la estrategia gubernamental neoliberal, desarrollada fundamentalmente en el último capítulo de su libro La nueva razón del mundo (2012:325-382).

En este sentido, cabría indagar si, en las gestiones de Reagan o de Thatcher, se forja una gubernamentalidad neoliberal de este tipo: en principio, si tomamos lo que dice Minc, en Estado Unidos hay una gran cantidad de individuos que desde hace décadas actúan como con la lógica del homo economicus y planifican a largo plazo, sin depositar expectativas en la protección estatal, sino invirtiendo en seguros de retiro que cotizan en bolsa, lo que les exige ciertas destrezas para evaluar la rentabilidad de los recursos que buscan capitalizar (Minc, 2001:31)18.

En el Reino Unido, en cambio, el ‘experimento Thatcher’ solo habría sentado las bases para que, una década más tarde, los “socialdemócratas de la Tercera Vía” asentaran su gobierno en una estrategia que encuentra “más posibilidades en el uso de la intervención del Estado para mejorar el funcionamiento del mercado antes que para reemplazarlo” (Crouch, 2012:60).

Por lo demás, vale recordar una vez más que para el liberalismo y el neoliberalismo el problema no radica en las dimensiones del Estado sino en la dinámica de su funcionamiento: de lo que se trata es de aplicar el modelo de la empresa a la gestión estatal, según la racionalidad capitalista, produciendo la menor cantidad posible de intervenciones regulatorias y contribuyendo a consolidar el mercado (Laval y Dardot, 2012:273-288). De hecho, los procesos de privatización de servicios públicos, o las políticas de subsidio a la demanda en los ámbitos de salud o educación, pueden ser analizados como mecanismos de creación de mercado –mercado energético, de servicios educativos o sanitarios, etc.

Si la gubernamentalidad neoliberal necesita apoyarse en el individuo que desea, consume y compite, este se multiplica exponencialmente en el período en el que se afianzan las políticas de desmantelamiento del Estado de Bienestar.

Colin Crouch ha señalado que la salida del modelo welfarista toma el camino de un ‘keynesianismo privatizado’: la masa de consumidores hasta entonces beneficiada por las políticas redistributivas es captada por el sistema financiero que fomenta el consumo a través del crédito (Crouch, 2012:194-197). Así se amplifica la economía de la deuda de la que nos habla Lazzarato, que toca su techo con la crisis de las hipotecas de 2008.

De hecho, Dardot y Laval reconocen el punto de inflexión que significa la crisis, aunque para advertirnos que esto no significa el fin del neoliberalismo, sino el 18 Es necesario aclarar que Minc no cita las fuentes de los datos que ofrece.

refuerzo brutal de políticas neoliberales (2012:12). Sin embargo, es necesario revisar si este refuerzo brutal no ha implicado la modificación de algunos de los rasgos de la estrategia gubernamental previa a la crisis de 2008.

Y aquí volvemos nuevamente sobre la cuestión de la violencia: sobran ejemplos que muestran que las políticas que apuntan a la concentración de la riqueza suelen requerir el soporte de prácticas represivas, especialmente en el marco de los proyectos de desarticulación de las protecciones sociales welfaristas. ¿En qué medida el enfoque foucaultiano del neoliberalismo en la clave de gubernamentalidad, tal como aparece Nacimiento de la biopolítica, puede dar cuenta del giro marcadamente coercitivo que exhiben los modelos neoliberales de los últimos años? Aun cuando Foucault reconoce que el liberalismo ‘fabrica libertades’ pero valiéndose de coacciones necesarias para el costo de esta fabricación (2007:85), se trata en general de coacciones regulatorias encarnadas en la norma, en el marco de una perspectiva teórica que afirma que la libertad es “la condición para el ejercicio del poder (…) dado que sin la posibilidad de la resistencia el poder sería equivalente a la determinación física” (Foucault, 2000a:254).

Por otra parte, el Estado, durante décadas, ha podido acomodarse sin dificultades a la frugalidad gubernamental liberal y neoliberal: el orden jurídico moderno ha permitido, a través de la ley, reducir el consumo dispendioso de poder propio de las monarquías absolutas o los regímenes totalitarios. En este punto, cabe también una relectura atenta de los planteos foucaultianos.

Si bien Foucault se propone analizar el poder dejando de lado el modelo de la ley y optando por una perspectiva que recupera la capilaridad (2000b:34-35) de las tecnologías de gobierno en las cuales, según él, descansa la soberanía, esto no implica ignorar el modo de funcionamiento de la ley. La ley es la estabilización precaria y transitoria de un conflicto en el cual hay actores confrontados (Foucault, 2000:56), de manera que abona claramente la tecnología gubernamental liberal y neoliberal; y lo hace en tanto economizador de poder, puesto que en la democracia representativa liberal los gobernados participan, a través de sus representantes, en la elaboración de una legislación que “define formas de intervenciones generales excluyentes de medidas particulares, individuales y excepcionales” (Foucault, 2007:363).

En esta clave podría leerse la afirmación de Carl Schmitt sobre la visión liberal del Estado: éste es, para el liberalismo, el “punto central unitario de una red de

autorizaciones y competencias que se extiende hasta los últimos grados.” Schmitt critica a esta tradición jurídica por definir una competencia suprema escindida tanto de una persona individual como de “un complejo sociológico-psicológico de poder”, y centrada en un orden soberano en el que el Estado “es el punto final de imputación” en tanto es considerado “idéntico a su Constitución, o sea, a la norma fundamental unitaria” (Schmitt, 2009:23). Para Schmitt esta concepción traduce, en la dimensión jurídica, la preocupación liberal por establecer límites formales a la intervención política.

Si para Schmitt, soberano es quien decide sobre la excepción (Schmitt, 2009:13), lo que hace el Estado de derecho es “aplazar lo más posible el problema de la soberanía” (Schmitt, 2009:17). Pero mientras que el estado de excepción es la “suspensión total del orden jurídico vigente” (Schmitt, 2009:17), en situaciones de normalidad Schmitt no plantea que desaparece “el elemento autónomo de la decisión” sino que cabe la posibilidad reducirlo al mínimo (Schmitt, 2009:18).

De manera que, como diría Agamben, derecho y excepción no se excluyen, sino que se mantienen en una relación de indeterminación recíproca (2007:83).

Por otra parte, según Schmitt, el derecho es siempre “derecho de una situación.

El soberano crea esa situación y la garantiza en su totalidad” (Schmitt, 2009:13).

La cuestión central, entonces, es qué situaciones necesitan crear, a través del control de la maquinaria estatal, los proyectos neoliberales para reformular el derecho, en esa zona de indeterminación que se dibuja entre éste y la excepción.

Los aportes de Schmitt nos permiten desnudar la mecánica del poder en el neoliberalismo: si, como sostiene Antoine Garapon, se está forjando una nueva razón jurídica en la cual el derecho no es garante de derechos sino arquitecto de un nuevo tipo de relaciones sociales (2013:42), se necesita afirmar la superioridad del Estado sobre la validez de la norma jurídica, como señalaba Schmitt (Schmitt, 2009:18), para justificar reformas que atentan contra derechos adquiridos y desandan tradiciones legales consolidadas –como ocurre con las reformas en los regímenes de contratación de trabajo que ponen en cuestión lógica del derecho laboral. En este marco el Estado es una base de apoyo imprescindible para crear un nuevo derecho de situación suspendiendo el vigente.

En las actuales políticas neoliberales se hace cada vez más evidente que la reconfiguración de la relación entre gubernamentalidad y Estado debe hacer frente a lo que Schmitt identificó como “el problema cardinal de la soberanía”,

que es la “unión del poder supremo fáctico y jurídico” (Schmitt, 2009:22).

Sin duda, el orden estatal está en el núcleo de estrategias tendientes a hacer coincidir la dinámica de los poderes fácticos con las regulaciones jurídicas, en un escenario dominado por la financiarización de la economía, que genera una enorme masa de producción inmaterial y descansa en una lógica simbólica de autonomización del signo con respecto al referente (Forster, 2017) –monedas virtuales, procesos financieros de valorización cada vez menos conectados con la llamada ‘economía real’, circuitos especulativos en los que las instancias participantes (colocaciones bursátiles, calificadoras de riesgo, aseguradoras de riesgo) se retroalimentan unas con otras.

Como sólo el derecho puede suspender el derecho, la excepción es la forma en que el derecho vigente se suspende para habilitar situaciones en las que un nuevo derecho sea requerido. Aquí vale recordar la afirmación de Milton Friedman acerca del rol de la crisis –real o ficticia, según él mismo plantea– como creadora de cambios que, si hasta un momento habían parecido imposibles, luego resulten políticamente inevitables (2010:33).

En este sentido, resulta esclarecedor el análisis de Agamben sobre la consolidación, a partir del período de entreguerras, del recurso a la emergencia económica en el proceso de ampliación de los poderes del ejecutivo hacia el ámbito legislativo (2007:41-42). Se forja así una cadena en la que los eslabones conceptuales van de la crisis del paradigma vigente en la economía, a la necesidad de transformaciones estructurales para llegar finalmente a la crítica a las limitaciones que impone el orden jurídico.

Las transformaciones estructurales que exige el modelo neoliberal demandan un derecho que se suspenda a sí mismo y un soberano que administre la excepción creando situaciones en las que otro derecho sea imprescindible. Sólo desde la esfera legítima de producción de derecho que es el Estado puede plantearse, por ejemplo, que las elecciones de medio término son un obstáculo para una ‘situación’ que exige una planificación a largo plazo siempre obturada por una ‘competencia electoral destructiva’19. Sólo desde ese lugar puede reclamarse la renuncia a derechos laborales adquiridos, en función de un contexto internacional en el que la lógica concurrencial demanda mutaciones en el mundo del trabajo 19 En este sentido se manifestó la vice presidenta de la República Argentina a comienzos de 2017. En: La Nación, 18 de Marzo de 2017. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1995333-gabriela-michetti-lomas-efectivo-seria-evitar-las-elecciones-de-medio-termino

tales como jornadas extendidas sin compensación, supresión de las horas extras pagas, o salarios adecuados a las exigencias de productividad.

Schmitt señala que “el caso excepcional transparenta de la manera más luminosa la esencia de la autoridad del Estado. Vemos que en tal caso la decisión se separa de la norma jurídica, y, si se nos permite la paradoja, la autoridad demuestra que para crear derecho no necesita tener derecho” (Schmitt, 2009:18). Esto se traduce, en el mundo contemporáneo, en la expansión del “paradigma de la seguridad como técnica de gobierno” (Agamben, 2007:45). Y tal vez nada ‘transparenta de manera más luminosa’ que la autoridad del Estado no necesita tener derecho para separarse de la norma y crear un nuevo derecho que el impulso dado por quienes actualmente manejan las instituciones estatales argentinas al paradigma represivo: en sintonía con una campaña en la que la seguridad fue uno de los ejes, las autoridades proponen, a fin de ‘cuidar a quienes nos cuidan’20, una reforma que garantiza siempre a las fuerzas policiales el beneficio de la duda, aun cuando maten por la espalda a un delincuente que huye21.

Los programas de reformas neoliberales, en particular los aplicados en América Latina desde hace algunos años, dan cuenta del espacio que abre la excepción para crear un nuevo derecho fuera del derecho vigente, aunque así se empuje hacia una nebulosa conceptual lo que siempre había sido una de las premisas del orden jurídico liberal: la titularidad de derechos inherente a todo individuo por su mera condición humana. Y deja en claro, como observaba Karl Marx en La cuestión judía que los derechos que reivindica el liberalismo son los del burgués, fundamentalmente el de la propiedad privada, que hacen ver “a cada hombre 20 Así se expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando fue recibido en la casa de gobierno un policía que mató por la espalda a un delincuente que atacó a un turista. Ver “Macri y Bullrich recibieron al policía Chocobar: ‘Cuidamos a quien nos cuida’, en Perfil, 1 de Febrero de 2018, disponible en http://www. perfil.com/politica/mauricio-macri-recibira-al-policia-procesado-por-exceso-de-legitima-defensa.phtml 21 Con relación al episodio relatado en la nota anterior, la ministra Bullrich se pronunció en relación a la instauración de una nueva doctrina que plantea defender siempre, en principio, el accionar de las fuerzas de seguridad. Ver “La doctrina Cambiemos”, en Página/12, 6 de Febrero de 2018. Disponible en https://www. pagina12.com.ar/94038-la-doctrina-cambiemos. En un hecho lamentable de represión a miembros de la comunidad mapuche, en la Patagonia, que dio por resultado la muerte de un joven mapuche, Rafael Nahuel, acribillado por la espalda, la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti dijo que las fuerzas de seguridad siempre deben tener el beneficio de la duda. Ver “Michetti: ‘El beneficio de la duda siempre lo debe tener la fuerza de seguridad’ “, en Perfil, 27 de Noviembre de 2017. Disponible en http://www.perfil.com/politica/ michetti-el-beneficio-de-la-duda-siempre-lo-debe-tener-la-fuerza-de-seguridad.phtml

en otro hombre no la realización sino más bien la limitación de su libertad” (2005:39). La excepción, entonces, puede acoplarse a la gubernamentalidad neoliberal en la medida en que sea posible crear situaciones en las que el orden normativo vigente aparezca ante los gobernados como un obstáculo para sus objetivos individuales.

4- El neoliberalismo y el ‘totalitarismo invertido’ de Sheldon Wolin Para cerrar, es importante señalar las vinculaciones entre la metamorfosis subjetiva y las innovaciones estructurales en las que se desenvuelve la gubernamentalidad neoliberal, que anuda la excepción y la conducción de conductas. En una entrevista de 1980, Foucault reconoce que si bien él eligió poner el acento en el modo en que han operado las tecnologías de subjetivación o las técnicas de sí, es indudable que las mujeres y los hombres están atravesados por un complejo haz de relaciones, entre las que se cuentan las de poder, las de producción y las semióticas (Foucault, 2016:57). Casi cuarenta años después, resulta necesario analizar la expansión de las tecnologías semióticas que se entretejen con los mecanismos de sujeción –en doble sentido de sujetar y subjetivar- en una estrategia gubernamental que debe administrar el recurso a la violencia amparándose en el Estado.

En este punto son valiosos los aportes de Sheldon Wolin respecto de lo que él define como ‘totalitarismo invertido’, en el marco de un lúcido análisis sobre la sociedad norteamericana post-Torres Gemelas. Para Wolin, el totalitarismo invertido es un sistema político impulsado por poderes aparentemente abstractos, y no concentrados en un dominio único personal –el líder– o institucional –el partido, por ejemplo– (2008:81). Se trata de poderes económicos entretejidos en la trama de relaciones sociales que expresan el momento de máxima madurez política de la lógica corporativa y un alto grado de desmovilización pública.

En el esquema de revolución continua de la economía que plantean las nuevas tecnologías, las instituciones y valores políticos se ven atravesados por la dinámica de obsolescencia propia del ámbito tecnológico, y el cambio se vuelve más veloz, abarcador y bienvenido que nunca (Wolin, 2008:13).

Pero el cambio al que se aspira involucra la dimensión privada, no es el producto de un proyecto colectivo construido históricamente, y lo que tiene lugar, entonces, es, como dice Wolin, el “triunfo de la contemporaneidad y su cómplice, el olvido o la amnesia colectiva” (Wolin, 2008:13).

El totalitarismo invertido obtiene su poder no solo de los recursos del Estado, sino que en su dinámica se articulan otras formas de poder, como las religiones evangélicas y la vinculación entre el gobierno tradicional y el sistema de gobierno privado de las modernas corporaciones empresariales. Estos poderes han contribuido a arraigar una cultura en la que los consumidores reciben “con beneplácito el cambio y los placeres privados, aceptando al mismo tiempo la pasividad política” (Wolin, 2008:19).

En buena medida gracias al ‘poder taumatúrgico de los medios’ que confirman ‘la versión oficial de los acontecimientos’, la democracia se ha vuelto sumisa y privatizada, el compromiso político es desalentado, y el líder ya no es una pieza clave en la arquitectura del sistema sino “un producto de él. Es el hijo complaciente y agraciado del privilegio, de las conexiones corporativas, un constructo de los genios de las relaciones públicas y de los propagandistas del partido” (Wolin, 2008:81).

En este escenario, la ciudadanía es invitada, no a participar, sino a tener opiniones, en la medida en que dar una opinión “no implica tomar ninguna responsabilidad” (Wolin, 2008:100). Wolin focaliza su atención en las encuestas de opinión que operan, según él, con preguntas diseñadas para provocar respuestas mensurables y, de alguna manera, condicionadas, pero algo similar podría plantearse con relación a las intervenciones en las redes sociales, en las que se opina con mucha liviandad y dudoso compromiso político.

El análisis de Wolin provee herramientas valiosas para abordar los rasgos de la gubernamentalidad neoliberal trazados en la intersección del mecanismo de la excepción con las modulaciones subjetivas de los individuos forjados en el esquema de la competencia y la capitalización del sí mismo. Hombres y mujeres atravesados por la presión de la obsolescencia, empujados al cambio como emprendimiento particular, conectados con el mundo a través de medios de comunicación que ponen en circulación una masa enorme de signos consumidos al ritmo vertiginoso de la inmediatez, y erosionando así la memoria: para ellos, la excepción es la forma jurídica de aceleración de las transformaciones que los nuevos estilos de vida que se instalan socialmente parecen volver imprescindibles. Y aquí se perciben rasgos novedosos con relación al escenario analizado por Dardot y Laval: el neoliberalismo del ajuste ya no necesariamente juega con nuestro deseo induciéndonos a consumir, sino que nos invita a ser austeros, a hacernos responsables de las crisis económicas que nuestra

imprevisión genera, a no engañarnos respecto de nuestra capacidad de compra.

Así aparecen estudios de consultoras afirmando que para la gente ahora “la austeridad es la normalidad” y que ir de compras dejó de ser un placer y genera stress22, diagnósticos que afirman que las bajas tarifas de la energía eléctrica, el gas y los combustibles como resultado de años de despilfarro han conducido a una crisis energética23; y funcionarios que justifican el ajuste diciendo: “Le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Eso era una ilusión. Eso no era normal”24.

En todo caso, el empleado medio deberá racionalizar su deseo y esforzarse, si quiere procurarse placeres que caen fuera de la frontera de ‘lo normal’, y asumir que el mecanismo ciego e impersonal del mercado y la competencia premia a quienes lo merecen. Los que no, habitarán los márgenes del sistema, o se convertirán en emprendedores, o ambas cosas a la vez.

El giro contemporáneo de la razón gubernamental del neoliberalismo se asienta, entonces, en el doble apoyo que le brindan las fibras subjetivas del empresario de sí y la mecánica de la excepción, ofreciendo a los poderes corporativos del totalitarismo invertido tanto la posibilidad de un nuevo régimen jurídico apropiado para las nuevas situaciones que han contribuido a crear, como los sujetos afines a ellas.

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Capítulo III

La espada del soberano y la mirada de Dios.

Acerca del poder y los espacios en la sociedad hispanoamericana del antiguo régimen José Gabriel Giavedoni25

“Si un edificio no tiene ninguna enseña o figura, su forma misma y el lugar que ocupa en el orden de la ciudad bastan para indicar su función: el palacio real, la prisión, la casa de moneda, la escuela pitagórica, el burdel. [...] La mirada recorre las calles como páginas escritas: la ciudad dice todo lo que debes pensar, te hace repetir su discurso, mientras crees que visitas Tamara, no haces sino registrar los nombres con los cuales se define a sí misma y a todas sus partes” Las ciudades invisibles, Italo Calvino

“Si se hallara un medio de hacerse dueño de todo lo que puede suceder a un cierto número de hombres, de disponer todo lo que les rodea, de modo que hiciese en ellos la impresión que se quiere producir, de asegurarse de sus acciones, de sus conexiones, y de todas las circunstancias de su vida, de manera que nadie pudiera ignorarse, ni contrariar el efecto deseado, no se puede dudar que un instrumento de esta especie sería un instrumento muy enérgico y muy útil que los gobiernos podrían aplicar a diferentes objetos de la mayor importancia.”

El Panóptico, Jeremías Bentham.

25 Docente Escuela de Ciencia Política (UNR). Investigador CONICET. Coordinador del PEGUES.

Introducción Este trabajo se propone abordar ciertas prácticas a partir de las cuales se producen nuevas subjetividades. No sería sensato desconocer la importancia de la representación del poder y su correlato el poder que ejerce esa representación, así también la importancia de una particular forma de distribución espacial como mecanismos que inducen a la conformidad, a la normalización. Indagar sobre la teatralización de la vida política y social como una forma de manifestación del poder soberano, observar en aquellos pequeños detalles de la vida diaria la constitución de un poder en clave de representación, un poder mostrado, exhibido, que se percibe en forma de ostentación. Este alarde de poder podía ser percibido desde la ceremonia que rodeaba el momento en que el rey se levantaba por la mañana26, pasando por la importancia que revestía la ubicación en un acto público o la importancia de ciertos edificios públicos (también su respectiva ubicación), hasta el espectáculo dado por la condena de una persona en la plaza principal; o sea, dos cuestiones diferentes, pero íntimamente articuladas entre sí.

En estos términos, nuestro interés se encuentra en identificar dos formas diferentes de poder y que se manifiestan de manera distinta, una por la ostentación, el alarde y la representación, la otra de forma mucho más sutil, silenciosa, escondida, pero a su vez más vigorosa, lo que Foucault llamará el poder soberano y el poder disciplinario respectivamente. No es que se piense que el poder soberano no se ejercía y que solo se representaba, sino que es “un poder que no solo no disimula que se ejerce directamente sobre los cuerpos, sino que se exalta y se refuerza con sus manifestaciones físicas” pero que, además, por ejemplo, en una condena, “el personaje principal es el pueblo, cuya presencia real e inmediata está requerida por su realización. Un suplicio que hubiese sido conocido, pero cuyo desarrollo se mantuviera en secreto, no habría tenido sentido” (1989a:62), es el espectáculo del poder, un espectáculo que requiere como todos de los actores y los espectadores. Se observa cómo este poder que se manifiesta y deja que se le vea, el poder soberano, trabaja o actúa encarnándose en la figura de alguien, y por lo tanto es importante entender o concebir este poder como personificación, es decir el ser poder, y lo imprescindible de esta 26 Ver La sociedad cortesana, de Norbert Elías (1996) donde se desarrolla una descripción de la manera en que el rey era levantado y de todos los dispositivos que se ponían en marcha a raíz de ello; más que por una razón de utilidad, se trataba de razones de jerarquías y poderes.

figura para el funcionamiento de la sociedad ya que “...en una sociedad como la del siglo XVII, el cuerpo del rey no era una metáfora, sino una realidad política: su presencia física era necesaria para el funcionamiento de la monarquía” (Foucault, 1992:103).

El poder disciplinario ya no es aquel que se hace ver, que se muestra, sino que permanece oculto, secreto y diseminado, dirigido no ya sobre una multitud indiferenciada por medio del espectáculo como se caracterizaba el poder soberano, sino ejercido sobre el individuo mismo por medio de la vigilancia, un control constante que alcanzaría hasta los lugares más recónditos de la sociedad.

Nuestro objetivo apunta a indagar acerca de la funcionalidad de la arquitectura como un dispositivo determinado tendiente a lograr la legitimidad de ese nuevo orden, al tiempo que produce esas nuevas subjetividades. A partir de dicho dispositivo, entendido en un sentido amplio, o sea no solo las edificaciones y sus formas, sino también la ubicación comprendida dentro de una estructura mayor, teniendo presente la forma particular de asentamiento urbano que se da en Hispanoamérica, aquello que se dio en llamar el damero27, es que se intentará poner en evidencia su utilidad social. Así, la idea es que este análisis debe ser enmarcado dentro de la temática del espacio como lugar en donde se realizan distribuciones, de la importancia del espacio para ciertos aspectos de la vida social, de la jerarquización de los espacios, de la ciudad como espacio, de los microespacios en contraposición a los macroespacios, ya que “podría escribirse toda una historia de los espacios –que sería al mismo tiempo una historia de los poderes– que comprendería desde las grandes estrategias de la geopolítica hasta las pequeñas tácticas del hábitat, de la arquitectura institucional...” (Foucault, 1989b:12).

En este sentido llama profundamente la atención la importancia que tienen las estructuras urbanas y arquitectónicas, la morfología urbana como dispositivos de regulación y funcionamiento social, se entiende que no es solo en el sentido de utilidad, en sus funcionalidades específicas, “no se trata de objetos definidos según su función, o según las clases en las que podríamos subdividirlos para facilitar el análisis, sino de los procesos en virtud de los cuales las personas entran en relación con ellos y de la sistemática de las conductas y de las 27 Forma particular del desarrollo de la ciudad hispanoamericana en el que su trazado se asemeja a un tablero de damas o ajedrez por la regularidad de las manzanas y calles que la conforman, con una plaza mayor formada por una manzana vacía alrededor de la cual se encontraban los edificios de las autoridades.

relaciones humanas que resultan de ello” (Baudrillard, 1997:2).. Nadie debe desconocer lo sustancial que ha sido la arquitectura “usada como instrumento poderoso por los gobernantes para reforzar su propia imagen en la mente de sus súbditos” (Elsen, 1975:13), como representación de los valores de la cultura respectiva y como forma de articular un tipo particular de prácticas de dominación sobre los individuos.

En suma, nos encontramos ante una forma particular de asentamiento urbano, el damero, aplicado de una manera predominante, que no solo se le atribuye una función representacional del poder y de la cultura de conquista, sino también, y en esto radica la hipótesis fundamental del trabajo, atribuirle una función disciplinadora y de producción de subjetividad.

No se procura hacer el análisis a partir del poder central, sin embargo, no voy a desconocerlo o dejarlo absolutamente de lado a dicho análisis dada la importancia que tiene en una sociedad del antiguo régimen, sin temor de caer en una paradójica situación que invierta el foco de análisis. Lo cierto, es que se tratará de hacer un análisis micro, al nivel de los mecanismos que se dan en el terreno; un estudio de este poder, un estudio de la historia no centrándome solo en la lectura de los textos y trabajos preexistentes sobre esta cuestión, sino hacer un rastreo de los archivos que reglamentaban las prácticas locales en la ciudad.

En esta línea, me veo en la necesidad de citar un párrafo para retomar la idea que rodea al tema: “La disciplina no puede identificarse ni con una institución ni con un aparato. Es un tipo de poder, una modalidad para ejercerlo, implicando todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimientos, de niveles de aplicación, de metas; es una “física” o una “anatomía” del poder, una tecnología.

Puede ser asumida ya sea por instituciones “especializadas” (las penitenciarías o las casas de corrección del siglo XIX), ya sea como instituciones que la utilizan como instrumento esencial para un fin determinado (las casas de educación, los hospitales), ya sea por instancias preexistentes que encuentran en ella el medio de reforzar o de reorganizar sus mecanismos internos de poder (será preciso demostrar un día como las relaciones intrafamiliares, esencialmente en la célula padres-hijos, se han “disciplinados”(...)) ya sea por aparatos que han hecho de la disciplina su principio de funcionamiento interno (disciplinarización del aparato administrativo a partir de la época napoleónica), ya sea, en fin, por aparatos estatales que tienen por función no exclusiva sino principal hacer reinar la disciplina a la escala de una sociedad (la policía)” (Foucault, 1989a:218-219).

Lograr la adhesión a determinadas pautas culturales, a determinados patrones de conducta, a ciertas normas de respetabilidad, ha sido una de las cuestiones fundamentales a la hora de preguntarse sobre la construcción de un orden social, es en esta línea donde debe observarse también la funcionalidad del trazado urbano.

Este escrito habla, trata y, por qué no, también participa de una obra, una obra teatral, pero no cualquier tipo de obra. Sí, en ella existen personajes, también el espacio sobre el cual los personajes interactúan y sobre el cual se asienta la escenografía. Pero aquí los personajes no representan a una persona, sino que presentan su persona en forma de representación y lo hacen en un espacio, espacio que constituiría el escenario, pero que no es un tablado o un piso a nivel, es más amplio; el espacio escénico es un lugar público donde confluyen todo tipo de personajes, cada uno ocupando un sitio particular, que se comportan de determinada manera (actúan) de acuerdo al papel que les ha tocado, y el vestuario que utiliza también está en relación con el lugar que ocupan en la escena; todo ello bien trabajado contribuye a lograr la percepción querida de su propia persona en los demás; “sin una forma externa ni la caracterización interna ni la concepción de la misma llegarán al público. La caracterización externa explica e ilustra, y por tanto transmite a los espectadores la concepción interior de su papel” (Stanislavski, 1994:25).

La escenografía, aquello construido por los hombres, ambienta las relaciones, los actos, las posturas, pero que solo posee una función objetiva, sino que, además, interviene activamente en la conformación del personaje, logrando pensar a la escenografía como un espacio construido por el hombre pero que, a su vez, lo construye a él.

Detrás del telón están los encargados de la puesta en escena de todo este espectáculo. Entiéndase esto en sentido alegórico, es decir, no entendamos a aquellos que he llamado encargados como sujetos, personas en las cuales están depositadas las herramientas para poner en funcionamiento esta maquinaria, es posible hacer un análisis de esas características y quizás me vea llevado a realizarlo en algún momento, pero sin temor a caer en una paradoja intentemos concebir aquello como algo que no se concentra en una persona o grupos de personas sino que está esparcido y hace que los personajes actúen y se muevan de determinada manera. Además, que el decir “se encuentran detrás del telón”

presupone hablar, por lo menos aquí, no el de encontrarse fuera de la escena, sino el de estar dentro de ella, pero escondidos, su participación es mucho más sutil, minuciosa, casi secreta pero persistente, así trabaja y así logra lo efectos deseados, sin los cuales quizás la obra no tendría sostén.

Esta obra se desarrolla en un espacio amplio, más amplio que la ciudad y es el que podríamos denominar sociedad americana del antiguo régimen. Una sociedad que posee ciertas características, la de estar fuertemente jerarquizada y verticalizada; ahora bien, el problema que se presenta es por un lado, el intentar clasificar una sociedad en donde se rastrean una diversidad de grupos sociales y múltiples pertenencias de los individuos a dichos grupos, y por otro lado la tendencia a utilizar conceptos que caracterizaban a una sociedad distinta de la americana y que de alguna manera resultaban insuficientes y erróneos para describir a este nuevo imaginario político. ¿Acaso es posible pensar a esta sociedad como una sociedad de castas o de razas, de clases o estamentos? Quizás sea más conveniente hablar en términos de jerarquías múltiples basadas en diversos criterios de rango social que se hallan interrelacionadas, pero que distan mucho de ser idénticos (De Heraclio Bonilla apud Serrera s/f:52).

El espacio condicionado-condicionante Indagar acerca del concepto de espacio y las características que adquiere éste al configurarse como lugar de relaciones e interacciones sociales, es una buena manera de comenzar, ya que si bien, cuando uno habla de espacio, y más aún como configuración de una realidad equipada, no suele identificárselo con el lugar natural y objetivo o como mera geografía física como solía entenderse anteriormente, cabe dedicar unas líneas para conceptualizarlo de la manera más precisa posible.

Al despojar al espacio de las características de ser una realidad natural, objetiva, inmóvil y permanente, lo dotamos de movimiento y también, quizás esto sea lo más importante, de ser un objeto moldeable por el hombre. Puede llegar a sonar superfluo esto último, creo que no lo es si tenemos presente que antes, al atribuirle al espacio las características de ser objetivo, inmóvil, permanente, etc., “cuando se consideran sus relaciones con la acción del hombre, se ven las realidades espaciales como un factor que condiciona la vida humana; pero nunca se atiende a la posibilidad inversa” (Hespanha, 1993:85). Aquí se entiende que

el hombre trabaja, moldea, le da forma al espacio; pero a su vez ese espacio construido y con ciertas características particulares ejerce sobre el hombre ciertos efectos; así es que se lo concibe como un espacio condicionado-condicionante.

El espacio en donde se realiza el hombre es trabajado, construido, formado por éste, en esto radica la característica de ser condicionado por el accionar del hombre; pero a su vez ese espacio es utilizado para determinados fines, como por ejemplo la aculturación, el disciplinamiento, la cristianización, etc., y en esto radica la característica de ser condicionante.

Así, el escenario no solo es levantado con propósitos de mera utilidad, piénsese en la forma en que se construyen los edificios y la concentración de estos en determinadas zonas, caso de la Plaza Mayor, como también la particular forma de diagramar la ciudad en Hispanoamérica, sino también para ambientar las relaciones entre los personajes, para reforzar dichas relaciones y para crearlas y consolidarlas.

El espacio como instrumento del ejercicio del poder Como ya se ha señalado, se tratará de indagar sobre la práctica arquitectónica, sobre dos maneras diferentes de entender el poder; una se centrará en los siglos XVI y XVII en donde “el arte de construir respondía sobre toda a la necesidad de manifestar el poder, la divinidad, la fuerza. El palacio y la iglesia constituían las grandes formas, a las que hay que añadir las plazas fuertes; se manifestaba el poderío, se manifestaba el soberano, se manifestaba Dios” (Foucault, 1989b:11), la presencia del Estado a través de sus instituciones debía ser, y aún lo sigue siendo, de tal magnitud, que cualquier habitante al observar los edificios concentrados alrededor de la plaza mayor, tenía la sensación de su presencia, la manifestación del leviatan ante sus ojos. Como señala acertadamente Eduardo Hourcade, aunque haciendo referencia al siglo XIX, “...existen disposiciones legales que exigen la disponibilidad de una porción de las tierras públicas en la colonia, destinadas a plaza, iglesia y edificios de uso público –escuela, comisaría, autoridades locales–, cuya delimitación es exigida a los colonizadores como requisito para la aprobación de su plan de urbanización” (Hourcade, 1999:165).

La otra se ubicaría en el siglo XVIII y no estaría identificada ni concentrada en la figura del monarca sino esparcida por el cuerpo de la sociedad, y no funcionaría por medio del espectáculo o el peso y filo de la espada del soberano sino a través de redes que llegarían a todos los puntos de la sociedad. En este sentido no sería

correcto realizar el análisis de manera verticalizada arriba-abajo; siguiendo a Foucault “no es hacer una especie de deducción de un poder que arrancaría del centro e intentar ver hasta donde se prolonga, hacia abajo, ni en qué medida se reproduce, hasta los elementos más moleculares de la sociedad. Mas bien se debe hacer un análisis ascendente del poder, arrancar de los mecanismos infinitesimales, que tienen su propia historia, su propio trayecto, su propia técnica y táctica, y ver después cómo estos mecanismos han sido y todavía están investidos, colonizados, utilizados, doblegados, transformados, desplazados, extendidos, etc., por mecanismos más generales y por formas de dominación global” (Foucault, 1992:144-145). De esta manera, mi interés se encamina a encontrar la razón del damero, no solo a través del poder monárquico, sino por medio de los poderes, relaciones minuciosas, minúsculas, mecanismos que funcionarían al margen del poder antes nombrado. De la misma manera, no podemos circunscribir la noción de poder a algo puramente negativo, a lo que dice “no”, o sea aquello que reprime, prohíbe, censura, sino también aquello que produce efectos positivos, crea y en cierta medida construye nuestra subjetividad; asimilando el concepto de poder al de control social cabe decir que “...más que fijarnos en lo que reprime el control social (...) hay que ir detectando lo que construye, lo que promueve, lo que produce (...) Nuevas subjetividades, nuevas identidades que suponen la disolución de aquellas viejas subjetividades, de aquellas viejas identidades” (Pegoraro, 1993:6), produce efectos positivos, produce realidad. Si la circunscribiríamos a lo que reprime, excluye, separa o rechaza, además de reducirla a una concepción limitada, no nos serviría de herramienta para utilizar en el trabajo ya que una de las cuestiones importantes en torno al tema del disciplinamiento en Hispanoamérica, es la cuestión aborigen y de la creación de un nuevo individuo.

Así, el análisis que se pretende hacer del damero se inscribiría dentro de esta última forma de concebir el poder, pero ya se presentan dificultades, dificultades que tienen que ver con la no concordancia temporal entre la particular forma de asentamiento urbano que se da en Hispanoamérica los siglos XVI y XVII y la concepción de poder antedicha, que se desarrollaría fuertemente a partir del siglo XVIII. Es interesante observar en este sentido el trabajo realizado por Gabriel Ramón en el cual sienta un cambio de actitud, percepción y utilización de la ciudad con la llegada de los Borbones a la Corona, ya que no solo tendieron a reforzar los instrumentos de vigilancia y control urbano, como pudo haber sido

la subdivisión de las ciudades en barrios, sino que también se la utilizó con una finalidad pedagógica, como mecanismo pedagógico, ya que a través de nuevas construcciones y de nuevos parámetros de trazado urbano, se intentaba transmitir un mensaje unívoco que contribuyera a civilizar a sus habitantes (Ramón, 1999).

Las primeras fundaciones de ciudades con trazados regulares o semirregulares datan de comienzos del siglo XVI y responderían en gran medida al interés de la corona por reforzar el dominio sobre su territorio y la importancia económica al ingreso de productos provenientes de la península. Sin embargo, lo que me despertó el interés sobre la ciudad y más específicamente sobre el damero, ha sido más bien, su importancia como forma de disciplinamiento, quizás no entendido éste en el sentido estrictamente foucaultiano, o sea como conformación de cuerpos útiles y dóciles ya que esto correspondería a otra realidad y a otro tipo de intereses, pero sí ver en el damero, una forma de vigilancia y control, siempre y cuando no entendamos esto en un sentido puramente negativo, dirigida sobre todo hacia el aborigen y quizás también como el mecanismo más idóneo para producir la aculturación de éste.

Pueden resultar conciliables de esta manera, el poder de la ostentación y el más sutil pero acaso el que con mayor fuerza penetra en nosotros. Por un lado, la “forma de tablero cuadriculado con sus espaciosas plazas centrales y arquitectura monumental” (Morse, 1990:17), por otro, el instrumento de distribución espacial, funcional y jerarquizada; comprendiendo, así, dentro de una misma realidad, el damero como representación de los valores de la cultura de conquista y del poder soberano y como “espacio de la vigilancia, en el que todas las costumbres ¨apolíticas¨ del indígena, pueden ser detectadas y erradicadas” (Durston, 1994:89) y en donde se configuraría un nuevo sujeto, “el individuo no es lo dado sobre lo que se ejerce y se aferra el poder. El individuo, con sus características, su identidad, en su hilvanado consigo mismo, es el producto de una relación de poder que se ejerce sobre los cuerpos, las multiplicidades, los movimientos, los deseos, las fuerzas” (Foucault, 1992:120). ¿Qué es lo que nos lleva a plantear en estos términos las relaciones de poder existentes en la sociedad del antiguo régimen? ¿por qué insistir tanto en los efectos de una efectiva distribución espacial, cuando se puede hacer un análisis a partir del poder monárquico? Es posible y de hecho es lo fuerte, en la sociedad que estamos analizando, el realizar un análisis teniendo siempre presente al monarca y su espada, o sea a la fuerza y poder del soberano con relación a

los súbditos. Pero como este apartado está destinado a hacer un rastreo sobre una determinada forma de distribución espacial, de una particular figura de asentamiento urbano, el damero, creemos que ello tiene un significado más amplio que avanza sobre la idea que atribuye a las ventajas prácticas o al desarrollo natural el trazado de la ciudad en damero o el desarrollo de ésta en forma cuadriculada.

De hecho, hay gran parte de la bibliografía sobre el tema, que considera la utilidad práctica, las ventajas prácticas o como resultado o influenciado por una tradición urbanística europea, el desarrollo y la preponderancia del damero en la traza de las ciudades hispanoamericanas. Al respecto, Richard Morse sintetiza en tres hipótesis aquella polémica sobre la urbanización hispanoamericana; la primera tenía que ver con que “el plano cuadricular para las ciudades, que resultaba impracticable para el crecimiento irregular de las ciudades españolas bajomedievales, fue concebido para racionalizar la apropiación del vasto territorio ultramarino. La disposición geométrica simbolizaba la voluntad imperial de dominación, y la necesidad burocrática de imponer el orden y la simetría”; la segunda hipótesis planteada sugiere “que los conquistadores españoles y los colonos que les siguieron eran absolutamente ignorantes en materia de urbanismo (...) Sus soluciones urbanísticas eran pragmáticas (...)

Cuando la situación geográfica y las circunstancias lo permitían, la cuadrícula era una solución natural y simple muy del agrado de los responsables de efectuar concesiones de tierras de límites inequívocos a colonos...”; y finalmente Morse sostiene como tercera hipótesis que “el urbanismo americano estaba en consonancia con ciertos tratados medievales españoles que, a su vez, eran herederos de la obra de Santo Tomás de Aquino De regimine principum”. Lo cierto es que, a través de la lectura de Morse, parece haber un acercamiento gradual al predominio del trazado cuadricular, sin la existencia de un plan sistemático de urbanización proveniente de España desde los comienzos de la conquista, aunque cabe la existencia de diferencias según cual sea la región de la que se ocupe (Morse, 1990:17-18).

Por su parte, Kubler considera que “la mayoría de las ciudades están construidas sobre el plano cuadrangular derivado de las ciudades nuevas medievales de Europa occidental, reforzado por las leyes de Indias de 1573, que prescribían las reglas vitrubianas para su trazado” (1986:28).

También resulta interesante tener presente la concepción que sostiene Francisco de Solano, quien señala a los múltiples campamentos militares que se encontraron durante cientos de años en la sociedad fronteriza ibérica, como antecedente importante en el trazado con forma de tablero de ajedrez (De Solano, 1986). Esta aseveración del autor nos lleva a plantear la existencia del modelo de organización militar en el trazado en damero de las ciudades hispanoamericanas, no sólo en su morfología sino también en las pautas de comportamiento y relaciones que crea.

Finalmente, la racionalidad del damero no debe buscarse en el énfasis de las ventajas prácticas de ese trazado cuadricular; en esa línea, Durston señala que “plantas irregulares aparecen en sitios que habrían acomodado un trazado en damero, y hay casos de fundaciones en damero que surgen en terrenos difíciles que habrían justificado otra solución morfológica” (1994:65).

La representación del poder en el espacio Como se ha dicho anteriormente, el presente trabajo está dirigido a una particular realidad, la sociedad hispanoamericana de los siglos XVI y XVII, y lo que se pretende hacer en este apartado no será rastrear los efectos, fines o el objeto (el sobre quién) del poder, sino inquirir sobre aquellos pequeños grandes detalles de la vida cotidiana, aquellas minuciosidades que pueden llegar a escaparse como datos relevantes en el estudio de las manifestaciones del poder, detalles menores o de poca importancia a primera vista y solo a primera vista, como suelen ser las vestimentas, las posiciones que ocupan los representantes del poder real en los actos y ceremonias públicas, el ascenso de un funcionario a su cargo, la ubicación de los edificios públicos, etc. (es decir lo que el poder representa a través de sus imágenes). Lo cierto es que, como nos dice Garabaglia, aquellos supuestos detalles de poca importancia constituyen “...elementos centrales que hacen a la estructura de poder y a la cohesión social de este mundo colonial” (s/f:2), los cuales están imbricados de tal manera que el funcionamiento de la estructura política y social se desarrolla en gran parte debido a ellos. Esto quizás porque se entiende el concepto poder, como lo hemos expresado, no sólo en un sentido puramente negativo o sea aquello que reprime, prohíbe, censura, sino también aquello que produce efectos positivos, crea y en cierta medida construye nuestra subjetividad.

Cuando hablo de representación del poder me refiero particularmente a la teatralización de la vida política y social como una forma de manifestación del poder soberano o del poder de distintos grupos o elites que conformaban la sociedad hispanoamericana.

Además este poder que se manifiesta y deja que se le vea, trabajo o actúa encarnándose en la figura de alguien, y por lo tanto es importante entender o concebir este término poder como personificación, o sea el ser poder, y lo imprescindible de esta figura, la figura del Rey, para el funcionamiento de la sociedad; si bien no se contaba con su presencia en Hispanoamérica, sí se contaba con los brazos ejecutores de él, los virreyes y demás personas, que por las ceremonias con las que eran recibidos no indicaban en absoluto ser meros ejecutores28. Al respecto José Torre Revello nos describe la llegada de un nuevo gobernador a la ciudad de Buenos Aires: “La llegada de un nuevo gobernador a la ciudad de Buenos Aires, daba motivo para expansionarse los vecinos, ya que ellos vivían generalmente recluidos y ajenos a toda distracción. En esa ocasión se realizaban corridas de toros y por las noches se iluminaban los edificios principales a base de velones con aceite de potro y se celebraban encamisadas en las que, con grotesca mojigangas y hachones de luz, recorrían en comparsa el mísero pueblo” (1954:61).

También Jonathan Israel da cuenta del mismo modo de proceder de los vecinos, cuando nos dice que “...los ayuntamientos de Puebla y México estaban preparando las procesiones, ricas exhibiciones, corridas de toros y fuegos artificiales con que en años recientes se acostumbraba a celebrar la llegada de un nuevo virrey” (1980:140).

No solo la llegada de un nuevo virrey daba lugar a esas magníficas celebraciones, sino que también para proclamar un nuevo monarca las festividades públicas que se realizaban eran de mucha importancia y con un alto contenido simbólico.

La legitimación del poder del rey descansaba solemnemente en un mandato divino, por lo que era de sumo interés para los virreyes y encargados del poder real en las indias ser percibidos como la cuasi encarnación del monarca en Hispanoamérica. Para celebrar la coronación del rey Carlos III “se levantó un 28 “Y verdaderamente, estando como están las provincias de las indias tan distantes de las de España, en ellas más que en otras algunas convino que nuestros poderosos reyes pusiesen estas imágenes suyas, que viva y eficazmente los representa” (Solorzano, s/f:198-199).

magnífico teatro en el ángulo norte de la Plaza Mayor para el cual se pintaron algunas decoraciones en las que figuraban paisajes capaces de llamar la atención al hombre menos curioso” (De la Fuente Machain, 1946:116-117). Pero la primera de las celebraciones que se hicieron en Buenos Aires para festejar en ascenso de un nuevo monarca tuvo que ver con la proclamación de Felipe III el 16 de enero de 1600. El gobernador del Río de la Plata en ese momento era Diego Rodríguez de Valdéz y de la Banda, éste “...acompañado de su teniente Víctor Casco de Mendoza, ante el escribano público Juan Gonzales de Tamayo, desde lo alto de un tablado, levantado en la Plaza Mayor, en presencia del vecindario de la ciudad, tomó pleito homenaje y juramento de guardar fidelidad y lealtad al nuevo monarca (...) Después de cumplirse el acto apuntado el propio gobernador enarbolando el estandarte real y terminada de realizar esa ceremonia la repitió el alférez real. Al finalizar las palabras éste último, el público presente dio vivas y aclamó a su nuevo rey” (De la Fuente Machain, 1946:13).

Demás está decir la magnitud que tenía la vestimenta, la notoriedad del lujo tanto como práctica de exhibición de poder como a su vez de distinción con el otro; Todorov deja en claro esto al considerar que una de las características distintivas y de diferenciación más fuerte de los españoles era la vestimenta, la ropa que vestían, y si no traían ropa eran considerados todos iguales. “Los indios se asemejan porque todos están desnudos, privados de características distintivas” (Todorov, 1998:45), aunque la referencia a la desnudez del indio no solo indicaba una carencia de vestimenta sino una ausencia de los atributos y características del hombre europeo. Los “hombres son galanes y bizarros. Todos generalmente traen buenos vestidos de seda y finos paños de Segovia y cuellos ricos con puntas costosas de Flandes. Todos calzan medias de sedas, son discretos, afables y bien criados. Observan mucho la ley de la cortesía”29. Está crónica descriptiva nos acerca al tema que queremos resaltar, no solo por la especificación de lo que llevaban puesto los hombres y la reseña que se hace de ello como lo bueno, lo fino, sino también por las características que da a las personas el usar determinada vestimenta.

Torre Revello nos da más ejemplos de lo antedicho: “El holandés Acarete du Biscay que visitó Buenos Aires en 1658, al referirse a las mujeres porteñas (…)

29 “Descripción del Virreinato del Perú. Crónica inédita de comienzos del siglo XVII”. Instituto de Investigaciones Históricas, Serie B, nro. 1. Facultad Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, UNL, 1958, pág. 39.

dice que eran extremadamente bellas, de cutis terso y bien formadas”. Otro ejemplo es el de Durret, viajero que visitó Buenos Aires diciendo “que la mujer porteña vestía a la moda de España, no así los hombres que gustaban hacerlo al estilo francés”. El relato de Alejandro Gillespie, soldado del ejército ingles que invadió Buenos Aires en 1806, nos habla de “una comida a la que fuera invitado, en la que después de reseñar detalladamente el suculento como excesivo menú que se le sirvió, observa que mientras los caballeros fumaban sentados cigarros, la dueña de casa acompañada por otras dos damas ejecutaron a la guitarra lindos aires ingleses y españoles” (Torre Revello, 1954:287-291).

Pero como se ha dicho antes, esto era un importante elemento de diferenciación social, por lo que presupone aquella otra parte con la que se quiere diferenciar, al respecto Feliz de Azara da una referencia de la mujer campesina totalmente opuesta a la anterior, “vestían muy mal, iban descalzas y eran sumamente sucias” (Torre Revello, 1954:289). La anécdota relatada por Concolocorvo es muy precisa en relación a esto que venimos hablando, cuando cuenta sobre una elegante mulata cordobesa que las damas locales le habían dado una buena tunda para hacerle recordar que debía vestirse “según su calidad”, y lo señalado por Daniel Roche que, en referencia a la sociedad del Antiguo Régimen, no se debía consumir según sus medios sino de acuerdo a su rango (Garabaglia, s/f:13).

Se ha logrado percibir de esta manera relaciones que se dan en base a una continua teatralización de la vida política y social; siguiendo a Balandier, se trata de encontrar en las distintas manifestaciones de la existencia social aquel régimen permanente que regula la vida de los hombres en sociedad: la teatrocracia. Hemos hecho así, un recorrido sobre los personajes de la obra, las formas y las maneras por las que se construyen y que a su vez son percibidos.

Toca en este momento hacer un rastreo sobre el escenario, el lugar y la importancia de éste en la construcción de los personajes.

Reflexiones finales A partir de un particular acercamiento a la racionalidad del damero, se observa que más allá de cualquier funcionalidad que se le quiera atribuir, existe una específica que requiere ser trabajada con mayor exhaustividad, no solo para poner en evidencia al damero como fuerte dispositivo disciplinario, sino también para observar cómo en una sociedad de antiguo régimen, se entremezclan dos formas de ejercicio del poder perteneciente a diferentes horizontes históricos.

Precisamente, a esto último hace referencia el título del presente trabajo, por un lado, la espada del soberano personificando y representando el poder, la presencia del virrey como primer brazo ejecutor de la voluntad del monarca español y la puesta en escena de dicha presencia30; así el virrey era percibido como la cuasi encarnación del monarca en Hispanoamérica. El poder en su ostentación para dejarse ver, en este mismo sentido la traza urbana y la distribución espacial en una ciudad aparecían como reflejo de la división en el seno del cuerpo social; tomando palabras de Calvino, su forma misma y el lugar que se ocupaba en el orden de la ciudad bastaban para indicar su función.

El damero venía a representar los valores y la cultura de conquista, representa la armonía y simetría que se contrapone al caos, lo salvaje identificado en lo indígena. Las calles con su uniformidad e importancia cardinal, de acuerdo con su cercanía a la plaza y al lugar de la Plaza Mayor desde donde nacía; la Plaza Mayor, el lugar público por excelencia, foco de toda actividad política, social, religiosa y económica; los edificios de las autoridades asentados alrededor de la plaza; el orden jerárquico representado en la importancia de las casas de acuerdo con su cercanía a la plaza. Los españoles debían vivir en pueblos ordenados para demostrar su civilidad, los indígenas debían hacerlo para adquirir esos valores, así la ciudad aparece como un instrumento para “...la incorporación y civilización de las gentes” (Morse, 1989:60). La espada del soberano aparecía con su mayor fuerza y presencia en las ejecuciones públicas realizadas en la Plaza Mayor; la presencia del soberano se manifestaba de la forma más cruda.

Pero, por otro lado, la mirada de Dios hace referencia al damero, no como representación y organización semántica del espacio, sino como instrumento de intervención directa sobre la población, como dispositivo de normalización.

Durston señala: “Parece legítimo equiparar la población indígena, como la concebía el programa aculturador hispano, con los objetos de las grandes instituciones reformadoras del siglo XIX, trátese de criminales, enfermos o niños” (Durston, 1994:100). Un mecanismo, no ya montado para que sea visto, sino para que vea, organizando diferentes particiones de la ciudad, controlando los movimientos de los cuerpos y toda actividad que se desarrolle dentro del esquema de partición espacial del damero. En la “Memoria” de 1582, que Toledo 30 “Los ayuntamientos de Puebla y México estaban preparando las procesiones, ricas exhibiciones, corridas de toros y fuegos artificiales con que años recientes se acostumbraba celebrar la llegada de un nuevo virrey” (Israel, s/f:140).

le dirige a Felipe II, se expresa esa pretensión de localización individual, cuando dice que a los indios “...se les abrieron las calles por cuadra...sacando las puertas a las calles, para que pudiesen ser vistos y visitados de la justicia y sacerdotes” (Durston, 1994:89). Esto habla básicamente de la localización de cada sujeto en un punto específico, claro y localizable, fácilmente identificable, prohibiendo la conexión de las casas indígenas por dentro, haciendo del lugar de hábitat un espacio celular. La finalidad la vemos expresada nuevamente por Toledo, donde los indios “...para aprender a ser cristianos, tienen primero necesidad de saber ser hombres y que se les introduzca el gobierno y modo de vivir político y razonable” (Durston, 1994:87).

Así, el damero, como representación y como instrumento, aparece en la configuración de la sociedad hispanoamericana y de su imaginario con una fuerza mucho mayor de la que se le solía otorgar, y a pesar de que el objeto de análisis ha sido identificado en su faceta aquí presentada, los estudios realizados al respecto continúan en un estado embrionario. Es así como existe una imperiosa necesidad de articular los registros urbanísticos y arquitectónicos con el material de archivo para poder realizar un profundo estudio del damero en Hispanoamérica y del papel que desempeña en la construcción de la sociabilidad americana.

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PARTE I Trabajo, plusvalĂ­a y procesos de empresarializaciĂłn social

Capítulo IV

Sujetos-emprendedores, economía social y solidaria y nuevas tendencias tecnológicas.

El gobierno de lo simbólico Susana R. Presta31

Introducción Todas las personas procuran dirigir su propio rumbo, y gran parte de las políticas de desarrollo tienen como objetivo brindar a los habitantes de las economías de ingreso bajo y mediano los recursos y la información que necesitan en su camino por la vida (Banco Mundial, 2015:2)32

Respecto de Argentina y América Latina en general, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sostiene que el debilitamiento de los países exportadores de materias primas por la caída de los precios internacionales de las mismas, indica que “en Argentina, las presiones sobre el tipo de cambio se han atenuado recientemente, pero las distorsiones y desequilibrios económicos existentes hacen necesario introducir ajustes de políticas para restablecer el crecimiento y la estabilidad” (FMI, 2015:viii)33.

La relación de subordinación, históricamente constituida, respecto de los financiamientos externos, conlleva a que tanto el BM como el BID tengan injerencia en el planteamiento de políticas de desarrollo en nuestro país. Sumado a esto el FMI prepara nuevos “planes de ajuste” de corte ortodoxo mixturado con ideas sobre la educación y el capital humano. Pero el punto es que los tres organismos internacionales amasan una nueva “receta” de políticas socio31 IIGG-UBA/CONICET. 32 BM “Informe sobre Desarrollo Mundial. Mente, sociedad y conducta”. Washington, 2015.

33 FMI “Perspectivas económicas. Las Américas, el norte se recupera, el sur aún espera”. Abril de 2015.

económicas con el propósito no sólo de perpetuar una relación de acoplamiento de la Argentina a las directrices del mercado mundial, sino también, que todas las políticas apuntan al objetivo de la gestionar el conflicto social resultado del creciente desempleo y precarización del trabajo en el marco de los procesos de transformación del sistema capitalista. Gestión que apela a distintas formas de “emprendedurismo” e iniciativas comunitarias orientadas a la llamada “economía social y solidaria” como forma de mantener a los sujetos en tanto productores y consumidores en el mercado, prescindiendo de una relación salarial y contractual (Presta, 2014).

En un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respecto de su accionar junto al FMI, se plantea que el reto que tiene América Latina por delante en la actual crisis mundial tiene dos aspectos pertinentes e interrelacionados: la protección de la estabilidad macroeconómica y la protección de los indicadores sociales claves. Objetivos que requieren de un enfoque complementario de dos frentes entre el FMI y los bancos multilaterales de desarrollo, en lo que concierne al apoyo financiero y condicionalidades compatibles con incentivos. Si bien la fijación de objetivos para lograr un marco macroeconómico coherente debería ser principalmente el papel del FMI, los bancos multilaterales de desarrollo deberían actuar en el diseño de políticas de composición óptima del gasto, o políticas de aumento del gasto cuando ello sea viable, que maximicen los efectos a largo plazo sobre el desarrollo y la paliación de la pobreza (BID, 2009)34.

Resulta pertinente señalar, en este sentido, que en su análisis sobre el neoliberalismo, Puello-Socarrás (2010) postula un cambio en el principio antropológico del homo œconomicus al homo redemptori (hombre emprendedor) vinculado al proyecto neoliberal de lograr una unidad social, moral, cultural y existencial sólida. La idea de emprendimiento se torna una fuerza ontológica constitutiva del proceso de mercado y la economía social y solidaria como una forma de matizar la precarización social, la cual se produce al privilegiar el “yo” como emprendedor con el propósito de desvanecer la relación conflictiva entre trabajo (y trabajadores) y capital (y capitalistas) como opción mediadora del capitalismo real (Puello-Socarrás, 2010).

34 https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3980/Ideas%20para%20el%20

Desarrollo%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%2c%20Volumen%2019%3a%20 Am%C3%A9rica%20Latina%20en%20la%20crisis%20actual.pdf?sequence=2

En relación con dicho cambio, podemos referirnos a Hayek (1986) y su defensa de un “verdadero individualismo antirracionalista”. Se trata de una teoría de la sociedad, un intento por conocer las fuerzas que determinan la vida social de los individuos y, luego, un conjunto de máximas políticas derivadas de esta perspectiva de la sociedad. De modo tal que el hombre no es considerado como “un ser inteligente y racional sino como un ser irracional y falible, cuyos errores individuales son corregidos sólo en el curso de un proceso social, y que aspira a sacar la máxima utilidad de un material muy imperfecto” (Hayek, 1986:8). En este sentido, frente al supuesto del “hombre económico”, racional y calculador de los neoclásicos angloamericanos, se produce un relativo abandono “hacia nociones más funcionales, ajustadas y versátiles como el “emprendimiento”, la figura del empresario y la racionalidad creativa” (Puello Socarrás, 2010).

Idea que es retomada también por organismos internacionales de crédito: “Los individuos no son autómatas calculadores. Por el contrario, son actores maleables y emocionales, cuyas decisiones se ven afectadas por elementos contextuales, normas sociales y redes sociales locales, y modelos mentales compartidos. Todos estos factores contribuyen a determinar lo que los individuos perciben como deseable, posible o incluso ‘pensable’ para sus vidas” (Banco Mundial, 2015:3).

Para Hayek (1986), el “individualista coherente” deberá ser entusiasta de la colaboración voluntaria. Precisamente porque, a través de estas acciones, el hombre se convierte en partícipe de un proceso más complejo y extenso –el proceso del mercado– y contribuye a fines que no eran parte de su propósito.

Razón por la cual la comunidad próxima adquiere enorme importancia en el neoliberalismo.

El sujeto-trabajador deviene en sujeto empresario de su propio trabajo y de su propia vida. En sus manos se encuentra la posibilidad de aumentar o disminuir sus medios de vida puesto que sus capacidades de trabajo, valores, sentimientos, capacidades cognitivas, como así también, su capacidad de construir relaciones sociales, son concebidas en términos de “capital”. La construcción de un sujetoemprendedor queda así vinculada a formas de auto-responzabilización, autoexplotación y autocontrol en tanto dimensiones indisociables del “éxito” o “fracaso” en la propia vida.

En este marco, se forja el camino hacia lo que Hayek ([1978] 2010) denominó una “racionalidad adaptativa”. Adaptación, cambio cultural, evolución, progreso y crecimiento se conjugan para justificar no sólo la desigualdad, sino también,

la subordinación de heterogéneas formas de trabajo al sistema de precios y mecanismos de competencia del mercado, a partir no sólo de la construcción de sujetos-emprendedores sino también de comunidades-emprendedoras.

En virtud de lo anterior, el Banco Mundial (2015) sostiene la necesidad de incorporar el factor humano como componente esencial de los procesos de toma de decisiones puesto que permite reducir costos. Las intervenciones y diseño de políticas de desarrollo posibilitan a los pobres reconocer su potencial y, a su vez, apuntan a generar contratos con mecanismos de compromiso, poco frecuentes en el mercado, que pueden reforzar en los individuos la decisión de adoptar “conductas saludables”. Con antecedentes en el Informe para el desarrollo mundial del Banco Mundial (2002), la influencia del “neoinstitucionalismo”35 es clara, especialmente, en dos aspectos centrales: primero, en su concepción de la firma (organización) y el mercado como dos formas alternativas de coordinación económica, opuestas entre sí. Dado que la coordinación del mercado, a través del sistema de precios, acarrea costos; la coordinación administrativa de la firma permite reducirlos (Coriat y Weinstein, 2011). Segundo, el reconocimiento de los “costos de transacción”, es decir, los costos de búsqueda de información, de negociación y decisión que resultan de una interpretación subjetiva de la información y se vinculan con la idea de governance36. Influencia que, asimismo, podemos hallar en la llamada Economía Civil y su teoría sobre las

35 Sus fundamentos los encontramos en Ronald Coase (economista y abogado británico, profesor emérito de la Universidad de Chicago, Premio Nobel de Economía en 1991 y miembro de la Sociedad Mont Pelerín) 36 El concepto de gobernanza (governance) se caracteriza por un mayor grado de cooperación

y vinculación entre el Estado y las organizaciones no estatales, en el marco de las redes decisionales desarrolladas entre los diferentes niveles gubernamentales y actores sociales privados (Carmona, 2006:156). Según Carmona (2006), estas formas innovadoras de gobierno (governance) y toma de decisiones en el territorio establecen un sistema complejo de relaciones e interacciones entre Estado, sociedad y mercado. De allí que, según Iturburu (2007), la modernización de la gestión pública debe asegurarse a partir del perfeccionamiento de los mecanismos de control y evaluación de las instituciones públicas incorporando una reforma gerencial.

Asimismo, respecto de la governance, Blanco y Gomá (2003) plantean que su finalidad es la regulación y gestión del conflicto social, a partir de la incidencia sobre los valores y las percepciones, y la producción de marcos y universos de referencia. Según dichos autores, la governance avanzará en la medida que avance también su dimensión normativa y ética. Los nuevos actores deben demostrarse dispuestos y capacitados a adoptar nuevos roles que el nuevo escenario exige (Blanco y Gomá, 2003:9).

organizaciones del “tercer sector” (que abarca a las organizaciones sociales y emprendimientos comunitarios de la economía social y solidaria).

En relación con lo antes mencionado, la presente ponencia se centrará en la siguiente hipótesis: el interés y el énfasis puesto por el sector público y el sector privado, tanto en las formas de organización de la economía social y solidaria – ancladas en las ideas de “emprendimiento” y de “sujetos-emprendedores”– como en las relaciones sociales que las mismas posibilitan, se vinculan con nuevas tendencias de transformación socio-técnica que implican la descentralización de la producción, distribución, intercambio y consumo en el capitalismo actual.

Nuestro trabajo tiene como propósito brindar una serie de reflexiones teóricas en torno a la orientación del neoliberalismo en el marco del capitalismo actual, especialmente, su interés en la economía social y solidaria, que se conjugan con nuevas tendencias tecnológicas que, paulatinamente, comienzan a plasmarse en prácticas concretas tanto a nivel mundial como local. Razón por la cual nos dedicaremos al análisis crítico de algunos autores seleccionados y documentos de organismos internacionales como nacionales.

Neoliberalismo y la importancia de las relaciones sociales. La economía social y solidaria como pilar a la llamada “Economía civil” En los últimos tiempos se ha verificado una tendencia a la inclusión de elementos valorativos cada vez más explícitos en el ámbito de la ciencia económica.

Esto puede verse especialmente en nuevas áreas de estudio como la Nueva Economía Institucional o lo que se ha denominado Economía Civil, también en la referencia a conceptos tales como el “capital social”, la “confianza”, las “normas informales” o las “redes”.

Estas tendencias, de algún modo, forman parte del surgimiento de una Nueva Economía Política cuyas características principales dependen mayormente del enfoque adoptado.

En nuestra opinión los puntos centrales de esta renovación pasarían por una preocupación por el contenido ético de la economía y por una recuperación de una aproximación más abierta a los aportes interdisciplinarios (Resico, 2004:2)

Dentro de dicha Nueva Economía Política, podemos ubicar el libro titulado Economía civil. Eficiencia, equidad, felicidad pública37 de Bruni y Zamagni38 (2007), que pretende construir una teoría de las organizaciones del tercer sector.

En el marco de la Economía civil, una sociedad que rechaza la reciprocidad en la cultura es incapaz de proyectar un futuro sustentable y, por tanto, pierde la esperanza: “la esperanza es el principal ingrediente de una vida feliz” (Bruni y Zamagni, 2007:11).

Según los autores, la Economía Civil remonta su visión de la relación sociedadmercado en el pensamiento clásico y el Medioevo cristiano: “el cristianismo, al introducir la inédita idea de un Absoluto que se revela comunidad, pluralidaden-sí, Uno y Trino, inventa la posibilidad misma de lo civil” (Bruni y Zamagni, 2007:27)39. Asimismo, cuenta con antecedentes en el monaquismo, mediante el 37 Agradezco al Dr. José Giavedoni por sugerirme la lectura de este libro.

38 Stefano Zamagni es el asesor económico del Papa Francisco I. Cabe destacar la importante influencia de la Economía Social de Mercado (ordoliberalismo alemán) en la Doctrina Social de la Iglesia. La ESM pretende instaurar un orden mundial más justo y abarca conceptos y principios teóricos, instituciones, políticas económicas específicas y extraeconómicas tales como la política, el ecosistema, la sociedad, la ética y la cultura; incluso sostiene una crítica al “consumismo” puesto que éste produce un desplazamiento de los valores extraeconómicos (Resico, 2010). En este sentido, la ESM enfatiza en la solidaridad individual de las personas y la solidaridad social de los distintos grupos humanos, que van desde la familia hasta el Estado. Sólo el mercado puede establecer una coincidencia entre los objetivos económicos a nivel individual y social (Resico, 2010). De modo tal que una de las funciones económicas de la competencia es la “soberanía del consumidor”: “la competencia exige que los productos ofrecidos se adapten de la mejor manera posible a las necesidades de la demanda, lo que implica una orientación según los deseos de los clientes” (Resico, 2010:60). Así, el pilar fundamental de la ESM es que la economía de mercado orienta espontáneamente la producción hacia los deseos de los consumidores, lo que se conoce como soberanía del consumidor. En este marco, la organización de los mercados es el mejor sistema de asignación de recursos, puesto que fomenta la iniciativa individual, la productividad y la eficiencia.

39 En Balibar podemos encontrar un antecedente de esto último en Hegel y su tentativa de

transformar lo individual en universal e inscribir la universalidad en el ámbito de lo individual: “yo que es un nosotros, y un nosotros que es un yo” (Hegel citado en Balibar, 2014:25). La razón pura remite a la idea que se piensa a sí misma en su pureza original (realidad aún no autodesplegada) pero tiene que negarse a sí misma lo cual le confiere dinamismo. Al negarse a sí misma, se objetiva a sí misma en la naturaleza. Lo Absoluto o Verdadero es la relación entre lo universal y lo particular. Postulado que implica que el Universal conlleva su realización como particular: la realidad es la realización del universal, todo ya está en potencia. El punto de partida es el sujeto universal que en cada momento histórico es un momento del Espíritu, un momento de su realización. El problema se plantea a partir de una comunidad inmanente “…cuyo principio de unidad, al sobrepasar la simple adición de individualidades o subjetividades que la componen, no procede de la preexistencia del Uno, o de la incorporación de una ley transcendente, sino únicamente de la reciprocidad, del reconocimiento mutuo de sus miembros, y por lo tanto de sus

cual las posesiones de los monasterios crearon condiciones de legitimización ética de la propiedad privada, esencial para la aparición de la economía de mercado y la unidad entre charitas y economía, entre don y contrato; la Economía civil “ve la génesis de la economía de mercado como un desarrollo de la cultura de la reciprocidad” (Bruni y Zamagni, 2007:30).

La reciprocidad implica la consolidación del nexo social mediante la confianza, sin la cual no existiría ni el mercado ni la sociedad. En este sentido, es pensada como libertad positiva que le otorga a cualquier individuo la posibilidad de realizar un plan de vida propio y ser felices, vinculándose con la autorrealización40. De modo que la reciprocidad aparece como principio fundante tanto del don como del contrato: podemos intercambiar en los mercados porque previamente formamos parte de una misma comunidad. El intercambio es equitativo, ético y civil. Don recíproco que en la economía moderna se transforma en intercambio (Bruni y Zamagni, 2007:40).

En este sentido, según los autores, las relaciones con los demás se constituyen en medios para obtener ventajas personales. El amor propio y el amor por los demás son dos dimensiones presentes en las personas y toda acción humana se explica sobre esta base. Esto es, en definitiva, esa fuerza difusora anclada en la “simpatía”41 en tanto virtud natural de la naturaleza humana.

El don plantea, así, el surgimiento de una racionalidad basada en “el cálculo de los vínculos existentes entre inversión y ganancia, o sea, entre cantidades de riqueza, concentradas en bienes no siempre fáciles de comparar entre sí” (Bruni y Zamagni, 2007:42).

Existe una apropiación y resignificación de los trabajos antropológicos sobre el “don” (especialmente, de Mauss y Lévi-Strauss) con el fin de sostener que el don ha perdurado en toda sociedad e investirlo de un carácter universal. Sin conflictos también” (Balibar, 2014:17). Si los sujetos son el Espíritu tomando conciencia de su conciencia, entonces, la subjetividad particular se desenvuelve junto al Espíritu (potencialidad absoluta que existe desde el comienzo). El ser humano es el finito que no es finito, es el Espíritu y el reconocimiento es un ponerse en el otro para volver a sí mismo. Llevada al límite, se trata de la idea de que “no hay subjetividad más que en común o en el horizonte de la comunidad” (Balibar, 2014:44).

40 Cabe señalar que los autores critican al “pobre ocioso” puesto que la reintegración económica pierde efecto.

41 Sobre un análisis detallado de la idea de “simpatía” en relación con la actual idea de “emprendedor” puede consultarse Presta (2015).

embargo, dicha apropiación no es novedosa ya que la encontramos también en von Mises: “La cooperación consciente y deliberada fue fruto engendrado por dilatado proceso. La etnología y la historia nos proporcionan interesante información acerca de la aparición del cambio interpersonal y de sus originarias manifestaciones. Hay quienes suponen surgida de la antiquísima costumbre de mutuamente darse y devolverse regalos, conviniendo, incluso, por adelantado, la entrega de posterior obsequio. Otros consideran el trueque mudo como la más primitiva forma del comercio. El ofrecer un presente, bien en la confianza de obtener otro del obsequiado, bien para conseguir favorable acogida por parte de persona cuya animosidad pudiera resultar perjudicial al sujeto, lleva ya implícita la idea del cambio interpersonal” (1986:302).

Es cierto que la economía del don aún hoy actúa en nuestras sociedades de forma subyacente. Esta economía se fundamenta en distintas formas de reciprocidad que manifiestan una determinada racionalidad vinculada a valores específicos, a partir de los cuales lo económico y lo social se convierten en aspectos inseparables. Ahora bien, “donar” supone transferir voluntariamente una cosa que nos pertenece a alguien que creemos no puede negarse a aceptarla (Godelier, 1996). De modo que se establece una relación de solidaridad, mas también de superioridad, es decir, de deuda. Esta última, obliga a re-donar, pero re-donar no quiere decir devolver, sino donar nuevamente, por lo cual la deuda nunca queda definitivamente saldada. Si bien, según Mauss (1979) la economía del don implica una triple obligación de dar, recibir y devolver, acordamos con Godelier en que dichas acciones expresan la producción y reproducción de determinadas relaciones sociales. Uno de los aspectos que caracterizan al don es que se trata de una forma de intercambio, pero con un elemento adicional que es el tiempo entre recibir y devolver. Asimismo, se trata de un intercambio pues cuando alguien dona, presupone que recibirá algo a cambio ya sea ésta una devolución material o simbólica.

El acto de donar se caracteriza no por una ausencia de obligaciones sino por una ausencia de cálculo orientado a la maximización de beneficios. Aunque esto último no quiere decir que no exista ningún interés económico (Mauss, 1979).

Sumado a esto, la existencia de obligación y deuda genera también distintas relaciones de poder que se constituyen como soporte del vínculo social que los une.

Desde el punto de vista del “redescubrimiento” del don en el neoliberalismo, cabe suponer que su sentido y su finalidad ya no pueden ser los mismos porque han sido transformados con el propósito de abrir el camino a la construcción de formas de gobierno de la fuerza de trabajo, especialmente, en el dispositivo de la economía social y solidaria donde valores y sentimientos son parte constitutiva de las formas de producción, intercambio y consumo.

Se construye, así, la idea de que cada trabajador pueda ser al mismo tiempo un “empresario” o “emprendedor”, paradójicamente, manteniendo elementos propios de una economía del don a través de la entrega de tiempo de trabajo y el don de sí. Precisamente, la lógica del mercado es una lógica de competencia y desigualdad. En ese sentido, las organizaciones de la economía social llevan en su seno, inevitablemente, la contradicción solidaridad-egoísmo, igualdaddesigualdad (Presta, 2014:80). El don de sí refiere no sólo a la “donación de tiempo de trabajo” sino que implica la entrega de sí mismo, es decir, sus afectos, valores y mundos de vida puestos en manos de un fin y una tarea que los trasciende: la construcción de una “Otra Economía” en términos de un horizonte ideal.

En referencia a lo anterior, Zamagni (1997), sostiene que la “nueva economía política” demostró que las “fallas” del mercado radican en la incapacidad de generar resultados cooperativos. Dado que el mercado no puede funcionar sin confianza, las organizaciones cooperativas, sin fines de lucro y de la economía solidaria son productoras de expectativas de confianza, lo cual confiere especial importancia a dicha “Otra Economía”. En este sentido, los nexos de reciprocidad tienden a modificar las preferencias de los sujetos. La importancia capital de la reciprocidad y el don gratuito se vinculan con que el aumento de la desigualdad y el desempleo, indican una “escasez social” –la pobreza no tiene ninguna relación con la carencia de recursos– que se resuelve con un cambio institucional. En este marco, la influencia del “neo institucionalismo” radica en que las instituciones “no son personas, son costumbres y reglas que proveen un conjunto de incentivos y desincentivos para individuos” (North, 1990:1). De modo que los mercados eficientes requieren un gobierno que opere dentro de un marco de actitudes hacia la honestidad, la integridad, la rectitud y la justicia que permitan reducir los costos de transacción por unidad de intercambio (North, 1990).

El término “emprendedor” refiere “a la persona o personas que, en un sistema competitivo, toman el lugar del mecanismo de precios en la dirección de los recursos” (Coase, 1937:405 citado en Favaro Villegas, 2013:55). La importancia del emprendedor y del emprendimiento se fundamenta en la reducción de costos de transacción a partir de la descentralización y socialización de los riesgos de producción, para lo cual resulta central la interpelación ética de los sujetos. De allí también, el énfasis puesto sobre la organización (flexible) como mecanismo de coordinación de lo económico-social.

La sociabilidad (la tendencia de las personas a asociarse con otros y a preocuparse por ellos) añade una capa de complejidad y realismo al análisis de las conductas y las decisiones humanas. Debido a que en muchas políticas económicas se utiliza el supuesto de que los individuos toman decisiones como agentes egoístas y autónomos, dichas políticas a menudo se centran en los incentivos materiales externos, como los precios. Sin embargo, la sociabilidad humana implica que la conducta también está influida por las expectativas sociales, el reconocimiento social, los patrones de cooperación, el cuidado de los miembros del grupo y las normas sociales. En efecto, el diseño de las instituciones y el modo en que estas organizan los grupos y emplean los incentivos materiales pueden suprimir o despertar la motivación para emprender tareas cooperativas (Banco Mundial, 2015:9).

Según el informe citado, la pobreza no es solo un déficit de recursos materiales, sino también un contexto en el que se toman decisiones. Razón por la cual el “cambio institucional” debe operar sobre las estructuras y las relaciones sociales que, a su vez, son la base del “sentido común” (Banco Mundial, 2015:12) y transformar los sentidos del trabajo humano en términos de un trabajo cooperativo, comunitario y decente. La pregunta inmediata sería ¿Por qué el interés por cambiar los significados del trabajo en este sentido en un capitalismo altamente competitivo y concentrado? Trataremos de responder a esta pregunta en el último apartado de la ponencia.

Ahora bien, la teoría de la reciprocidad que nos ocupa plantea la posibilidad de “resolver el dualismo entre una moralidad de marca kantiana, que exige ver al otro como fin en sí mismo (y nada más), y una teoría de la racionalidad instrumental –la de la rational choice– que, opuestamente, ve en el otro un medio para el propio fin” (Bruni y Zamagni, 2007:152). Tenemos “al otro como fin en sí mismo” y “al otro como medio para el propio fin” como dualidad que

contiene en sí misma la unidad. Para los autores, no existe contradicción sino la posibilidad de complementariedad de los opuestos a partir del concepto de bienes relacionales fundados en la reciprocidad que sintetizan dicha dualidad. El “estar bien” depende del consumo de una clase especial de bienes que son los bienes relacionales42. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil tienen la especificidad de “crear relaciones sociales a través de la actividad de producción de bienes y servicios” (Bruni y Zamagni, 2007:142).

Si se considera, al igual que los autores, en tanto que, dada la propensión natural en el hombre de forjar relaciones sociales, los bienes relacionales son la realización de esa universal constitución del ser humano, susceptible de ser potenciada. A partir de lo cual la relación con el otro es constitutiva del acto de consumo. De este modo, el ser humano se ha vuelto por completo una mercancía, no sólo su fuerza de trabajo, sino también de sus cualidades intelectuales, afectos, valores y costumbres. Seres humanos concebidos como capital, materia prima y mercancía que trabajan sobre sí mismos y se relacionan como consumidores unos de los otros. Los sujetos no sólo serían productores/consumidores de mercancías en el marco de específicas relaciones sociales de producción, sino que, al mismo tiempo, serían productores/consumidores de subjetividad (cualidades, afectos, valores). Esto último es una de las consecuencias del “consumo de sí mismo y de los otros” que reemplaza al viejo sujeto de la modernidad, señalado por Murillo (2012). Dicha concepción lleva al fetichismo de la mercancía de Karl Marx hacia nuevos horizontes. En este sentido, el vínculo social es pensado con relación a la potencialidad individual de auto-constituirse como un bien útil a sí mismo y a los otros. Sentimientos y valores se objetivan como bienes portadores de relaciones sociales rentables.

42 Lo que en el lenguaje normal se llama círculo de clientes, público, monopolios, etc., son,

considerado desde el punto de vista económico, acciones útiles o, como se ve por el ejemplo de las firmas, conjuntos de bienes objetivos, rendimientos laborales y otras acciones —y respectivamente omisiones— beneficiosas. Incluso las relaciones de amistad y de amor, las comunidades religiosas y otras cosas parecidas se hallan evidentemente insertas en el marco de acciones u omisiones útiles de otras personas. Si, al mismo tiempo, estas acciones y omisiones útiles son del género de aquellas sobre las que podemos disponer, como, por ejemplo, los círculos de clientes, las firmas, los derechos monopolistas, etc., entonces no existe razón alguna que nos impida reconocerles la cualidad de bienes, sin tener que recurrir a los oscuros conceptos de “relaciones” ni contraponerlas, como una categoría especial, a los bienes restantes” (Menger, 1976:33).

En este marco, los bienes relacionales poseen un plus de utilidad puesta en el compartir: de allí la importancia las organizaciones del tercer sector. Se trata de sujetos sin fines de lucro capaces de generar valor. A partir de lo anterior, podemos formular una hipótesis derivada de aquella que hemos planteado en la Introducción, a saber: las organizaciones de la economía social y solidaria son concebidas en términos de “comunidad de empresa” que permiten formas de extracción de “plusvalía social” (reconfiguración y ampliación de las formas de extracción de plusvalía), que posibilitan formas de explotación de las relaciones sociales –nexos de reciprocidad y solidaridad– en tanto portadoras de nexos intersubjetivos que permiten potenciar cualidades humanas requeridas para el diseño y producción de mercancías personalizadas, diferenciadas y creativas, capaces de abrir nuevos mercados en función de una creciente descentralización de los procesos de producción capitalistas. Hipótesis que nos conduce hacia el análisis del alcance de las transformaciones sociotécnicas que avanzan en la actualidad.

En una línea similar a la Economía Civil, Rifkin (2014) plantea que el empleo humano liberado por la automatización del trabajo será trasladado a la economía social (o bien, procomún colaborativo). Dicho “traslado” no sólo refiere a una descentralización de la producción, sino también, a lo que llama la “autoproducción”. Esto último refiere a que, con las nuevas tecnologías (impresoras 3D, Internet de las Cosas), según Rifkin (2014), cualquiera puede ser un sujetopropietario mientras sea un sujeto-consumidor, es decir, que sea capaz de producir y consumir a la vez. El procomún como forma de gestión de la actividad económica parece concordar mucho más con nuestros instintos biológicos (se refiere a la empatía) que la cruda imagen de un mercado anónimo en el que la mano invisible recompensa mecánicamente la conducta egoísta en un juego de suma cero (Rifkin, 2014:204).

Nuevas tendencias tecnológicas y el sujeto-emprendedor ...las fuerzas productivas no se ponen en práctica más que en el marco de las relaciones sociales determinadas que impone una determinada forma de división del trabajo que otorga valor a tal tarea y vincula cada tarea a una categoría social (hombres/ mujeres, jóvenes/adultos, amos/esclavos, etc.). Estas asignaciones

y estos vínculos contienen igualmente una parte ideal compuesta de representaciones que legitiman los valores que se conceden a las distintas actividades (Godelier, 1987:165)

Es posible considerar que algunos aspectos de la actual crisis (iniciada en 2007) pueden vincularse con anteriores crisis, también de carácter mundial. La “crisis del petróleo” (1973 y su reiteración en 1979) generó, a mediados de los años ’80, una desaceleración del crecimiento y un aumento del desempleo. Precisamente, la década del ’80 estuvo signada por la consolidación de las políticas neoliberales (en EE. UU con Ronald Reagan y en Inglaterra con Margaret Thatcher). Los efectos de las crisis de la década del ’70 se descargaron sobre la clase trabajadora y en los países del llamado “Tercer mundo” con gobiernos dictatoriales y, más adelante, en Latinoamérica con el Consenso de Washington en la década del ’90. La administración de Reagan (1981-1989) apoyó la desregulación, la rebaja a los impuestos, los recortes presupuestarios y el ataque contra los sindicatos que derivo en drásticas bajas del salario real. El mercado, ideológicamente representado como motor de la innovación y la competencia, se convirtió en el vehículo para la consolidación del poder monopolista. En este contexto, las fluctuaciones en los mercados financieros han tenido también un rol central como en 1929.

La crisis de los ‘60 generó estanflación (estancamiento con inflación) mientras las políticas fiscales y monetarias trataron de recortar los beneficios del llamado Estado de Bienestar. La inflación, la recesión y la desocupación reinaron y el consumo disminuyó. Ambas crisis (60’ y 70’) expresaron, asimismo, la debilidad de la moneda clave, la baja rentabilidad empresarial y la disminución de las tasas de crecimiento del PBI. Este conjunto de variables propició el desmantelamiento del “Estado de Bienestar” y el desbloqueo de las políticas neoliberales.

En este contexto, la posibilidad de asegurar el proceso de acumulación de capital se sustentó en la transnacionalización del capital y de la producción. Comenzó, entonces, una reestructuración del capital (transferencias y fusiones), la cual fue acompañada de una etapa de recesión y aumento del desempleo en el marco de una creciente inflación y especulación financiera. En definitiva, las crisis muestran, al mismo tiempo, cambios en la composición orgánica del capital y

el avance del sistema financiero por sobre los estados nacionales y un constante avance hacia la transnacionalización de la economía.

Ya en los ’60 la OCDE sostiene que los mercados financieros se volvieron más complejos e interconectados. En la Ronda de Tokio del GATT (1973-1979) Estados Unidos propuso la liberalización de servicios, incluidos los financieros.

Dicha liberalización generó una competencia entre mercados y se trasformó en un mecanismo de presión para el resto de las economías. En la reformulación del acuerdo inicial de Bretton Woods, Estados Unidos se negó a aumentar el poder de financiamiento del FMI, puesto que la redistribución de los recursos debía hacerse a través del mercado, es decir, a partir de los bancos privados transnacionalizados, especialmente, de dicho país. Contrarias a los controles estatales de los movimientos de capital, las empresas multinacionales se aliaron con los bancos con el fin de afianzar los postulados neoliberales. Con la Escuela de Chicago en la vanguardia y Milton Friedman como vocero, la teoría monetarista sostuvo que la inflación debía tratarse con una política de control de la oferta monetaria. La liberalización financiera –propia del afianzamiento del neoliberalismo– se incorporó en la agenda de los organismos internacionales con fuertes repercusiones en el ingreso de capital extranjero en los países “periféricos”. Hecho que se consolida en 1989 con las recomendaciones del “Consenso de Washington” y la fórmula liberalización-desregulaciónprivatización. Mientras tanto los organismos internacionales se acoplaron a las “recetas” del Consenso de Washington.

El recorrido hasta ahora realizado delinea algunos de los antecedentes de la crisis que desatarían en el 2007 en Estados Unidos y que continúa hasta nuestros días a nivel mundial. Precisamente, según Sevares (2014), la expansión de las hipotecas subprime fue parte de un programa político impulsado por Reagan y Thatcher que radicada en constituir una “sociedad de propietarios” y ésta ilusión de un sujeto-propietario contribuyó en fomentar el negocio de los bancos y la “burbuja” que condujo a la crisis: “la hipótesis de los mercados eficientes sostiene que los precios de mercado llegan a ser, sobre la base de la información disponible, las mejores estimaciones de sus valores reales. Este supuesto jugó un papel fundamental en la crisis mundial de 2007-2010” (Brenta y Rapoport, 2010:11).

Las nociones de “mercados eficientes” e “información disponible” encuentran sus cimientos en el neoliberalismo. Apertura de nuevos mercados,

deslocalización de las empresas, desempleo y exceso de mano de obra, desencadenaron una nueva crisis de sobreproducción y con el propósito de contrarrestarla Estados Unidos y otras economías avanzadas promulgaron la oferta de crédito que generó niveles de especulación insostenibles con los productos financieros “tóxicos”. Mientras la burbuja inmobiliaria explotaba, el sistema bancario se desplomaba, el mercado inmobiliario y la industria de la construcción junto a sus cadenas productivas caían. Así como también se desplomó la demanda agregada que tuvo efectos en diversos sectores, como la industria automotriz.

Según Brenta y Rapoport (2010), la economía norteamericana sumó obligaciones externas que, a fines de 2009, la transformaban en el mayor deudor a nivel mundial. Sin embargo, como emisor de divisa utilizada en las transacciones internacionales, los Estados Unidos pueden sostener déficits externos sin endeudamiento en otra moneda que no sea la propia, lo cual les otorga una ventaja sobre el resto de las economías.

En virtud de todo lo anterior, si consideramos que las crisis son formas de dinamismo de los procesos de acumulación de capital, cabe preguntarnos cuál es la transformación que se está gestando en el seno del capitalismo actual, especialmente, aquellas vinculadas a las relaciones sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas.

Transformaciones que son contempladas en un informe del FMI (2011)43, en el cual se sostiene que las economías avanzadas deben hacer frente a los costos humanos de las tendencias estructurales (cambio tecnológico basado en las aptitudes y mayor prevalencia de cadenas de oferta mundiales), de la misma manera en que actuaron para reducir los costos humanos en la Gran Recesión (2008-09). En este sentido, la propuesta se basa en el “reciclaje laboral”, la mejora de la educación y el aumento de la productividad de sectores no manufactureros, con el fin de lograr una mayor “cohesión social”. Sobre este último punto, el Banco Mundial en su World Development Report (2013), sostiene que los micro emprendimientos tienen una importante incidencia en la creación de puestos de trabajo que contribuyen a generar mayor “cohesión social” y resolver conflictos. En resumen, la preocupación de los organismos 43 FMI “Perspectivas de la Economía Mundial: desaceleración del crecimiento, agudización de los riesgos”.

Septiembre de 2011. Disponible en: http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2011/02/pdf/texts.pdf

internacionales gira en torno al creciente desempleo, el “reciclaje laboral”, la “cohesión social”, en definitiva: una avalancha de intereses centrados en cómo gestionar el conflicto social y sus riesgos.

Si tenemos en cuenta lo antes mencionado, la crisis del 2007 allanó el camino de la hegemonía global del capitalismo financiero, transnacionalizado, cuyo pilar es el imperativo de la descentralización de la información-conocimiento, la producción y los activos. Por consiguiente, dicha crisis se constituye en tanto una forma dinámica de cambiar las relaciones sociales de producción y reencauzar las fuerzas productivas sobre la base de las tendencias estructurales ya mencionadas por el FMI. Las crisis del 60’ y 70’ habilitaron la implementación del neoliberalismo como ortodoxia mundial, asimismo, consolidaron el sistema de producción depurada44 influenciado por el llamado “toyotismo” y cambió los modelos de organización del trabajo y de la producción a nivel global; la transnacionalización de la producción cuenta aquí con su fundamento. Ahora bien, la crisis de 2007 permite plantear algunas similitudes: baja rentabilidad empresarial, especulación financiera y desempleo. Razón por la cual, entre el temor, la incertidumbre y la esperanza, se alzan las tendencias de nuevos sistemas de fabricación que se ajustan al “reciclaje laboral” sugerido por el FMI: las “tecnologías emergentes” y las formas de organización descentralizadas y flexibles, a saber, los micro emprendimientos y, de allí, el énfasis de corrientes como la Economía Civil.

En consideración de esto último, los años posteriores a la crisis del 2007 visibilizaron el uso de dichas “tecnologías emergentes”, en especial, las 44 La crisis de eficiencia del “fordismo”, desde el punto de vista de la economía del capital,

expuso el problema de que, para parcelar el trabajo, hay que consumir un tiempo importante de circulación de las piezas. En relación con esto último, surgen formas de organización del trabajo más eficaces que deben ser puestas en práctica. Estas nuevas formas se condensan en el llamado “sistema de producción depurada” aplicado, en un primer momento, en la empresa automotriz Toyota (Slaughter, 1998). Luego, este sistema se expandió hacia otros países como una respuesta a la necesidad de competir de las empresas, así como también, como un “bien” para los trabajadores (Slaughter, 1998). El sistema de producción depurada plantea una coresponsabilidad de los trabajadores en el éxito logrado por la empresa. Los trabajadores deben ser capaces de dar respuestas eficaces frente a los imprevistos o dificultades inherentes al proceso de producción. Se vincula, asimismo, con la producción “justo a tiempo” que apunta a no realizar una operación hasta que su producto sea demandado por la operación siguiente. Los trabajadores deben hacer esfuerzos extras para mantener la producción por sobre cualquier obstáculo (Slaughter, 1998).

impresoras 3D. Esta tecnología existe desde la década del ’80 pero, recién en los últimos años, se ha extendido en el sector industrial. En el marco de los métodos tradicionales, un ingeniero tarda cuatro meses para crear un prototipo con un costo de U$S 500 mil; la impresora 3D tarda cuatro días a un costo de 3.000 dólares.

Las impresoras 3D imprimen finas capas de plástico, arena, metales (titanio y acero) y recientes experimentaciones con células vivas, los apila hasta culminar una pieza tridimensional que, previamente, fue creada por un programa de diseño. Su utilización abarca distintos sectores (construcción, medicina, textil, uso doméstico).

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva (2015), en un documento titulado Impresión 3D en Argentina: acciones, proyectos, actores; adelanta que la innovación es un componente esencial de la sociedad del conocimiento, en la cual la tecnología y la ciencia sirven a la generación del valor. Ciencia, tecnología, internet de las cosas, impresoras 3D y el conjunto de tecnologías emergentes con impacto tanto económico como social que apuntan a la creación de nuevos productos y servicios, aumentan la competitividad y construyen nuevos perfiles profesionales. Un “nuevo paradigma tecnológico” según el citado documento. Argentina cuenta con capacitaciones de recursos humanos en estas “nuevas” tecnologías en relación con distintos sindicatos (SMATA, UOM, UOCRA, CGERA, CAFYDMA Y CeFoSe-Cámara Metalúrgica de Santa Fe) que operan desde el año 2014. En Argentina, ya se han diseñado partes estéticas para el Volkswagen Suran Luxury Concept y piezas de la Ford F100 con impresoras 3D. En un principio restringido al sector industrial, las impresoras 3D han avanzado hacia micro emprendimientos enmarcados en la economía social y solidaria45.

Dicho avance se enmarca en una tendencia mundial, aún muy incipiente, denominada sistema de fabricación distribuida.

El BID/INTAL (Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe) y el Foro Económico Mundial46, señalan que el sistema de fabricación distribuida –con base en la fabricación digital– acorta los tiempos de producción y 45 Algunos ejemplos en Argentina son Atalaya Sur, Construcción Tecnológica Popular y el Proyecto ICARO. 46 BID/INTAL documento “Hazlo tú mismo”. Disponible en: http://www19.iadb.org/intal/

interactivo/site/?p=66 Foro Económico Mundial documento “Tecnología Emergente: Fabricación

diseño, a la vez que reduce al máximo costos de transacción. Se trata de la producción en pequeñas cantidades a partir de lo cual se resalta la importancia de los emprendimientos y pequeñas empresas. Los pasos de este sistema de fabricación, según el BID/INTAL, son los siguientes: en primer lugar, las empresas realizan el diseño del modelo virtual del objeto y, en segundo lugar, los usuarios/productores compran el diseño, descargan el archivo digital en la impresora 3d y fabrican el objeto (accesorios, ropa, muebles, alimentos/ materias primas: plástico, vidrio, metales, tejido humano). La manufactura aditiva permite la producción “por encargo” sin ajustes mecánicos en el proceso de producción y sin inventarios, la personalización masiva de la producción (innovación y reinvención de viejos productos), la producción instantánea y rápida distribución a nivel global y la circulación global de diseños en nuevos mercados. De modo que el intercambio será de bienes físicos y de diseños digitalizados (servicios) –éste sería el mercado más rentable y reduciría los márgenes de controles de los gobiernos sobre los flujos comerciales.

Cabe mencionar que el BID/INTAL sugiere que América Latina y el Caribe, como región proveedora de materias primas, cuenta con el potencial de suministrar materiales utilizados como insumos básicos para la fabricación digital, lo cual plantearía una solución a los problemas del desarrollo, la pobreza y la inclusión social.

La “veta ecológica” de las formas de producción fueron acompañadas por críticas a la responsabilidad social empresaria a partir del concepto de valor compartido (Porter y Kramer, 2012). Estos autores sostienen que las empresas han sido acusadas de ser una causa importante en los problemas sociales, ambientales y económicos, lo que conducido a una falta de legitimidad y confianza por parte de los consumidores. El valor compartido se asocia al desarrollo del comercio justo y los emprendimientos sociales guiados por las empresas con énfasis en la reducción de costos. Se trata de ofrecer productos apropiados a los consumidores desventajados y de menores ingresos como nueva fuente de utilidades para las empresas, puesto que se producen costos internos generados por las carencias sociales y comunitarias. En este sentido, es necesario identificar necesidades, beneficios y males de la sociedad Digital”. Disponible en https://agenda.weforum.org/espanol/2015/03/04/tecnologia-emergente2015-fabricacion-distribuida/

asociados con los productos de las empresas para permitir la diferenciación y el reposicionamiento en los mercados tradiciones y la creación de nuevos a partir de la creación de valor económico mediante la creación de valor social (Porter y Kramer, 2012).

El sistema de producción distribuida plantea una nueva forma de terciarización, puesto que no sólo implica a los procesos de producción sino también a las formas de distribución, intercambio y consumo de las mercancías (las empresas proveerían sólo de los archivos de diseño de sus productos en el mercado). Este sistema de organización flexible no sólo descentraliza la producción sino los costos de producción y toma de decisiones. El sujeto-emprendedor es la figura del trabajador-descentralizado: deslocalizado, auto responsable, flexible y orientado por la solidaridad, la simpatía y la reciprocidad. Un sujeto-trabajador que, paulatinamente despojado de los derechos históricos de la clase trabajadora, se dona a sí mismo en la persecución de una “sociedad más justa y sustentable”, paradójicamente, anclado en los imperativos de la competencia, la propiedad y el consumo. La tecnología emergente crea la ilusión en los sujetos de ser propietarios de los “medios de producción”; ficción que intenta desvanecer todo conflicto en términos de lucha de clases, omitiendo que serían las grandes corporaciones las beneficiarias de los “nuevos mercados digitales”.

Con relación a las tendencias mencionadas, el ministro del Ministerio de Modernización, Tecnología e Innovación ha destacado en distintas entrevistas, la relevancia del desarrollo, la sostenibilidad y la felicidad como base de los microemprendimientos. El emprendedor es aquél capaz de tomar el control de su vida y generar las herramientas necesarias para construir con autonomía su propio destino: “La economía social se trata de eso [de vivir], de ser una usina de posibilidades. Un motor de cambio que se mueve en espiral exponencial.

Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales y los demás actores que trabajan generando los entornos necesarios para favorecer a lo microemprendedores, no trabajan sólo para mejorar la economía, lo hacen fundamentalmente, para mejorar la vida de las personas.

Para empujarlos al sendero de su propia felicidad. De su plenitud”47.

47 “La economía de la felicidad”. Disponible en: http://otredades.org/relatos-economia-

social/241-la-economia-de-la-felicidad

Según palabras del ministro, el emprendedurismo en Argentina tiene un gran desafío para las próximas décadas: transformarse en el motor que le permita al país consolidar un modelo de estabilidad económica sostenible en el tiempo. Durante los últimos 30 años el mundo atravesó una transformación vertiginosa, tal vez como en ningún otro período de tiempo en la historia. Esa transformación, que se apalancó en la tecnología, ha permitido generar una red de relaciones comerciales inimaginables hace algunas décadas. La transabilidad de las asociaciones comerciales borró los límites físicos convencionales. Ya no sólo existe una globalización en las cadenas productivas, sino también en la de los servicios. Ese contexto, en el que la velocidad de cambio y la desaparición de las barreras físicas tradicionales son factores protagonistas, genera una gran oportunidad para muchos países, en especial para los que están en vías de desarrollo: la oportunidad de transformarse y de hacerlo rápidamente48.

“Si haces de la innovación una estrategia de Estado, se empieza desde la escuela primaria, enseñando a los chicos programación. En la escuela secundaria, se les enseña a hacer robótica e impresión 3D. En la universidad, se trae a los mejores expertos de agro negocios y se arma el centro de conocimiento de agro negocios número uno del mundo. Ese tipo de cosas se hacen si se trata de una nación verdaderamente emprendedora y considero que estamos lejos de eso todavía. Va desde un chico que hace artesanías en el Chaco, que puede armar su subsistencia a partir de eso, hasta un chico de Harvard que arma satélites descartables”49.

La adecuación sociotécnica propone, en este sentido, una guía para la desconstrucción y posterior reconstrucción (o reproyección) de artefactos tecnológicos, adecuados al crecimiento y profundización de movimientos asociativistas y autogestionarios. La propuesta de normativa de adecuación sociotécnica rechaza la idea de que el cambio social pueda, por sí sola, llevar a la generación de una tecnología con él compatible (determinismo social). Al mismo tiempo, rechaza la idea de que promover la generación de una tecnología que busque una adecuación ex-ante pueda causar el cambio social (determinismo 48 Andy Freire: “Los emprendedores podemos ser el motor de un cambio en Argentina”.

Disponible en: http://www.lagranepoca.com/mundo-hispano/latinoamerica/15266-andy-freirelos-emprendedores-podemos-ser-el-motor-de-un-cambio-en-argentina.html 49 Andy Freire: “Ni la izquierda ni la derecha, nadie está en contra de emprender”. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1842678-andy-freire-ni-la-izquierda-ni-la-derecha-nadie-esta-encontra-de-emprender

tecnológico). La propuesta de adecuación sociotécnica supone una visión del proceso de cambio social que incorpora una preocupación por construir la base cognitiva que los actores perciban como necesaria para realizar ese proceso de transformación (Thomas y Fressoli, 2010:234).

Adecuación que bien puede leerse como una mutación sociotécnica que comparte la preocupación por construir una base cognitiva que transforme los esquemas de percepción50 con el BM (2015). La importancia del ámbito local y de las comunidades para las actividades alternativas de innovación, nos invitan a pensar las mutaciones simbólicas del trabajo humano. Cuestión que abordaremos en el siguiente apartado.

El gobierno de lo simbólico y las transformaciones en los sentidos del trabajo. Algunas reflexiones preliminares Resulta fundamental avanzar, al menos de manera preliminar, sobre las siguientes preguntas: ¿Por qué estas llamadas “tecnologías disruptivas o 50 En su libro El orden sensorial. Los fundamentos de la Psicología Teórica [1952], Friedrich

A. Hayek sostiene que la relación entre los acontecimientos mentales (cualidades sensoriales) y los físicos, constituye una relación de correspondencia. Las cualidades sensoriales también sirven como explicación de los atributos peculiares de otros acontecimientos mentales semejantes como las emociones (cualidades afectivas). Asimismo, refieren a todos los diferentes atributos o dimensiones respecto a los cuales diferenciamos nuestras respuestas a estímulos distintos. El orden sensorial no tiene una relación unívoca con lo “real” en sí. El orden sensorial se constituye en la mente. Lo más importante es saber cómo el mundo se presenta al sujeto individual (cómo el individuo procesa ese mundo). La tesis central del libro está contenida en la siguiente cita: “No tenemos primero las sensaciones que después se conservan por la memoria, sino que es más bien como resultado de la memoria fisiológica como los impulsos fisiológicos se convierten en sensaciones. Las conexiones entre elementos fisiológicos son por tanto los fenómenos primarios que crean los fenómenos mentales” (Hayek, 1952:119). Según el autor, cuando las expectativas de la clasificación existente resultan frustrantes o se vean desmentidas por nuevas experiencias, se producen las reclasificaciones. En este sentido, “la experiencia sensorial presupone, por tanto, un orden de objetos experimentados que precede a esa experiencia y que no puede ser refutado por ésta, aunque la misma se deba a otras experiencias previas” (Hayek, 1952:288). Estas experiencias previas refieren a eslabonamientos pre-sensoriales adquiridos por la especie o el individuo. Dado que las emociones fueron provistas al individuo y a la especie por los procesos evolutivos, son innatas y automáticas (se trata de un orden de objetos experimentados –y las consecuentes emociones que provoca– que precede a toda experiencia). Allí están, supuestamente inamovibles e inmutables, manifiestan aquellas respuestas que el ser humano ha dado frente a los estímulos de objetos externos, a lo largo de su evolución, para mantener su supervivencia.

No obstante, los sentimientos son la clave, como fase superior de las emociones innatas, para controlar y erradicar aquellas que, en el ámbito sociocultural actual, resultan “obsoletas”.

emergentes” avanzan en el contexto actual vinculadas a movimientos sociales y organizaciones de la economía social y solidaria? ¿Por qué transformar los sentidos del trabajo hacia formas comunitarias y cooperativas?

En relación con el primer interrogante, ya hemos considerado algunas cuestiones como el “valor compartido” y la descentralización de las relaciones sociales de producción. Asimismo, podemos argumentar que las tendencias señaladas podrían marcar una transformación profunda en los procesos de acumulación del capital y los modelos de organización de la producción en los próximos años.

La coexistencia del sistema de producción depurada y el sistema de fabricación distribuida podrían estar indicando procesos de concentración/descentralización.

Concentración de los grandes capitales industriales y financieros en productos de alta gama y descentralización a partir de una nueva forma de terciarización de la manufactura de bienes consumibles de amplio espectro. Las tecnologías emergentes permiten la socialización de los riesgos y costos en manos de las organizaciones de la economía social y solidaria que, a su vez, aportan un “plus de valor” anclado en la confianza respecto del carácter sustentable y solidario de los procesos de producción (ideas de prosumidor o consumo responsable).

De allí también el interés de los organismos internacionales en relación con la economía social y solidaria queda explícito en la siguiente cita de un documento del Banco Mundial: Se trata de generar emprendimientos productivos de pequeña escala orientados al autoconsumo o a la comercialización en circuitos locales o eventualmente más amplios. Estos emprendimientos permitirían alcanzar tres objetivos: regenerar lazos sociales por la vía de la asociación para producir y vender; recuperar la “cultura del trabajo” por la vía de los incentivos para sostener y expandir los emprendimientos; y proveer a los beneficiarios de un medio de vida. Los microemprendimientos son de naturaleza solidaria porque requieren la cooperación de los beneficiarios para crearse y sostenerse, proporcionan a todos los involucrados un ingreso generado por su propio esfuerzo, y les permiten apreciar los frutos del trabajo colectivo, lo cual redunda en la valoración positiva tanto del trabajo como de la asociatividad (Bonvecchi y Smulovitz, 2006:16).

La construcción de un corpus de saberes y definiciones en relación a la economía social y solidaria en manos de corporaciones, organismos nacionales e internacionales e instituciones académicas permitió la constitución y consolidación de un sujeto específico: el sujeto-emprendedor. Precisamente,

la gubernamentalidad designa las diferentes formas de racionalidad, de instrumentalización de las conductas y las esferas de prácticas destinadas de diversos modos a controlar los individuos y las colectividades, e incluye formas de autogobierno como técnicas para orientar a otros. De este modo, la gubernamentalidad apunta a la capacidad de autocontrol de los sujetos y sus vínculos con las formas de dominio político y la explotación económica (Foucault, 2007).

En este sentido el sujeto-emprendedor es el sujeto de la complementariedad y el gobierno de sí, mas no del conflicto. La colonización de la esperanza se la colonización de lo posible. En un mundo signado por transformaciones constantes en el mercado de trabajo, reestructuraciones en los procesos de producción capitalistas, concentración de capitales, desempleo y precarización del ser, paradójicamente, la respuesta a la búsqueda de nuevos mercados y la máxima deslocalización de la producción se halla en una sola fórmula: descentralización e incertidumbre en tanto mecanismos de regulación y autoregulación de los conflictos sociales amparados bajo la idea de una supuesta autonomía en tanto dimensión central de una nueva “cultura del trabajo”.

Según Marx (1999), los procesos de acumulación de capital se encuentran con los efectos de la ley de tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Los procesos de expansión acelerados pronto encuentran su tope. Pero los capitalistas pueden hacer algunas cosas para contrarrestar esta ley: aumentar del grado de explotación de la fuerza de trabajo, reducir de los salarios por debajo de su valor, abaratar de los elementos que forman el capital constante y generar una superpoblación relativa. Aun así, estas crisis son siempre dinámicas. Razón por la cual podemos pensar que, precisamente, la puesta en práctica de una gubernamentalidad específica constituye uno de los tantos factores que se transforman en este dinamismo de las crisis capitalistas. Se propicia no sólo la construcción de “nuevos” sujetos, sino también, se reanudan heterogéneas formas de subsunción del trabajo en el capital acordes, las cuales pueden producirse de manera indirecta, tanto a través del sistema de precios del mercado como de formas de organización “flexibles” que asumen los costos y riesgos de producción.

Sin embargo, permanece un interrogante: ¿Por qué la importancia de los afectos, los valores, los esquemas de percepción y los mapas cognitivos como dimensión constitutiva de la transmutación del ser-social? Una respuesta posible radica en

lo siguiente: ante las transformaciones mencionadas, la dimensión simbólica del trabajo humano, juntamente con los deseos, valoraciones y afectos que suscita, son ya “obsoletos” a partir de la última crisis. La forma empleo, la estabilidad, los derechos sociales de la clase trabajadora, los conflictos de clase, las identidades colectivas, entre otros; en tanto componentes simbólicos de la percepción del trabajo humano, han sido transformados en las últimas décadas, con especial énfasis en la actualidad. Esto no significa la eliminación de toda resistencia y conflicto, pero sí un constante y persistente objetivo de restarles visibilidad y fuerza.

El empleo ha devenido en ocupación (Bruni y Zamagni, 2007), la estabilidad en la incertidumbre de asumir riesgos y los derechos sociales en autoresponzabilización ante la “escasez social” productora de pobreza. Si la sociedad en general ha de adquirir la forma “empresa”, entonces el “nuevo trabajador necesita de habilidades socioemocionales y rasgos de personalidad, estabilidad emocional, extraversión, meticulosidad, autocontrol, coraje” (BM, 2015).

No es la venta de fuerza de trabajo lo importante en las nuevas tendencias tecnológicas sino el don de las capacidades de trabajo, el don de sí. En este sentido, podemos pensar que el “emprendedurismo” constituye una realidad de transacción: “en el juego de las relaciones de poder, en la interfaz de los gobernados y los gobernantes, nacen figuras transaccionales que no son menos reales por no haber existido desde siempre, y esto sucede con la sociedad civil, con la locura, etc.” (Foucault, 2008). El emprendedurismo y el emprendedor como figuras que asumen los “costos de transacción” del sistema de precios y coordinan los recursos en el marco de organizaciones flexibles, a la vez, que concentran transformaciones en las relaciones entre procesos de subjetivación y formas de gobierno. Dichas figuras transaccionales son las figuras del acuerdo endeble, de la relación del sujeto con las prácticas de poder.

Las tendencias tecnológicas plantean una radical descentralización de la producción y digitalización del trabajo humano, paradójicamente, en un contexto de concentración de grandes capitales, la creación de nuevos mercados y el consumo de “bienes personalizados” que implican los bienes relacionales que sostiene la Economía Civil como parte constitutiva de las formas de autoproducción.

La importancia de las relaciones sociales radica, por ende, en que son la base del “sentido común”, de las formas de socialización de la cultura. Y si el

sujeto se ha transformado en “productor de subjetividad”, pues entonces, las relaciones sociales se han convertido en una renovada fuente de plusvalía social y las “tecnologías emergentes” se constituyen como formas de explotación “indirecta” de la fuerza de trabajo –no hay venta de fuerza de trabajo ni relación salarial; el don de sí encuentra su mediación en el mercado–. La producción a partir de dichas tecnologías plantea no tanto el consumo de mercancías sino de las cualidades subjetivas y colectivas plasmadas en ellas. En este sentido, “el consumidor es ciudadano, es portador de derechos no sólo en relación con el producto sino también con el proceso productivo que ha dado origen a dicho producto” (Bruni y Zamagni, 2007:146). Cada elección se guía por valores (reciprocidad, solidaridad, confianza, simpatía) en el mercado y constituyen un espacio económico formado por sujetos cuya acción económica se halla anclada en su adscripción a un conjunto de valores concretos.

El trabajo posee una dimensión simbólica que refiere a signos y símbolos vinculados a conocimientos, valoraciones, emociones, sentimientos, ilusiones y utopías (Reygadas, 2002: 106). Resulta central para una antropología del trabajo, dar cuenta de “la eficacia simbólica de los procesos materiales sin reproducir la unilateralidad y el determinismo que acompañan a la mayoría de las metáforas de impacto” (Reygadas, 2002:107). Según Reygadas (2002) debemos tener en cuenta tanto los efectos culturales de la actividad laboral, es decir, los significados que emergen con el trabajo y el modo en que impregnan otros mundos de la vida y, al mismo tiempo, los efectos de la experiencia social sobre la actividad laboral. En este sentido, “la cultura del trabajo no se genera de forma exclusiva en la actividad laboral, sino que tiene su origen en el conjunto de la producción simbólica de la sociedad” (Reygadas, 2002,112). De modo que las instancias de socialización que van desde la familia, la religión, la escuela y los medios de comunicación, configuran estos sentidos en un contexto determinado.

Si tenemos en consideración las transformaciones en la composición orgánica del capital y las prácticas gubernamentales, podemos pensar que la racionalidad de gobierno neoliberal apunta al gobierno de lo simbólico como parte de los procesos de autoformación y autocolonización (importancia del autocontrol). El gobierno de lo simbólico constituye el gobierno de los esquemas de percepción, sentimientos y valores. Razón por la cual se resignifican el don y la reciprocidad –ahora como principios fundantes del cálculo maximizador– en tanto fundamentos de relaciones-sociales-en-el-

mercado, o sea, como relaciones sociales rentables. Dicho gobierno de lo simbólico procura transformar los sentidos del trabajo, dándole un enfoque muy diferente al que plantea Reygadas: si bien los significados transitan desde la actividad laboral hacia la cultura y desde la cultura hacia la actividad laboral, se prescinde de la constitución histórica de los sujetos a partir del modelo abstracto e ideal del “sujeto-emprendedor”. Completamente desvinculado de cualquier determinación material y sólo sujeto a determinaciones formales, su deber es “descubrir y desarrollar” su potencial y llevarlo al acto. El gobierno de lo simbólico prescribe significados, sentidos y utopías valiéndose de las dimensiones culturales presentes en una sociedad, se apropia de las resistencias que ofrece e intenta transformar las contradicciones en relaciones de complementariedad. Conquista la cultura, la puebla de significados y la gobierna. Si consideramos que los símbolos son parte de un proceso social, éstos permiten ajustar las tensiones internas a los grupos sociales y reducir los conflictos en las relaciones de los sujetos con su medio ambiente circundante, por ende, en cierta medida transforma lo obligatorio en deseable y organizan la experiencia y los comportamientos. Motivo por el cual podemos inferir que los símbolos pueden conllevar un proceso de naturalización de formas de pensar y actuar. Según Turner (1999), los símbolos adquieren su valor sobre la fusión de lo moral y lo material, producen una vinculación entre el polo emotivo y el polo normativo. Libertad, autocontrol, autonomía, ocupación, incertidumbre, autorresponsabilidad, solidaridad se condensan en el símbolo del “emprendedor” en tanto que representa y evoca una realidad superadora del “trabajo asalariado” y un ideal de “control sobre el propio destino”51.

En trabajos anteriores, hemos analizado cómo la transformación de las formas de gobierno de la fuerza de trabajo que apunta al gobierno de la potencialidad de las relaciones sociales. Lo “social” es constituido como ámbito de construcción de nuevos lazos locales en un medio regulado por la desigualdad y la competencia (Presta, 2016).

51 Cabe señalar que los cambios en los sentidos comienzan con el llamado “postfordismo” y la instauración del sistema de producción depurada (en nuestro país, especialmente, después de la dictadura militar de 1976). Se produce un pasaje de lo cuantitativo y material hacia lo cualitativo e inmaterial, donde la competitividad se basa en la movilidad, la fluidez y las capacidades cognitivas de los trabajadores. La diferencia actual radica en que dichos aspectos del trabajo humano se trasladan a la sociedad en general, más allá del espacio de la fábrica o empresa.

De modo que la ética de gobierno de sí implica un movimiento dialéctico entre ser otro que sí mismo y ser sí mismo. Dicha coexistencia contradictoria se concentra en el ser-por-venir. De allí que hablamos del gobierno de lo posible que fija un horizonte, mediante el sentimiento de esperanza. La centralidad de la economía social y solidaria en el sistema socioeconómico capitalista, pensamos que implica el gobierno de los sujetos y poblaciones a partir de formas de poder construidas sobre la potencia ficcional de la esperanza. El gobierno de lo simbólico guarda relación con el gobierno de lo posible pues el trabajo humano implica utopías e ilusiones, un poder-ser y un deber-ser-ideal.

Por consiguiente, la economía social alberga en su seno las contradicciones del sistema capitalista sin lograr resolverlas. Se halla atravesada por distintas racionalidades de gobierno que contribuyen a perpetuar, reproducir dichas contradicciones y ejercer formas de gobierno a través de las mismas. La utopía como salvación y la salvación como esperanza, se apropia y resemantiza las resistencias y conflictos.

Los creyentes de la doctrina del shock están convencidos de que solamente una gran ruptura –como una inundación, una guerra o un ataque terrorista– puede generar el tipo de tapiz en blanco, limpio y amplio que ansían. En esos períodos maleables, cuando no tenemos un norte psicológico y estamos físicamente exiliados de nuestros hogares, los artistas de lo real sumergen sus manos en la materia dócil y dan principio a su labor de remodelación del mundo (Klein, 2007:41).

La realidad no apocalíptica no es muy hospitalaria con las ambiciones del neoliberalismo (Klein, 2007), lo cual nos remite al papel de la crisis de 2007.

No sólo el miedo sino también la esperanza anida en la doctrina del shock y es en este sentido que resulta necesario pensar la relación de la economía social y solidaria y las mutaciones socio-técnicas.

Capítulo V

Notas sobre la metodología WOW de atención al cliente Pablo Manfredi52

Introducción En estas breves páginas analizaremos algunas características del gobierno de la fuerza de trabajo a través de una modalidad de atención al cliente denominada WOW! Ésta fue implementada por la empresa Personal S.A. de telefonía celular en sus distintos canales de contacto (web, telefónico y personalizado) a partir del año 2015. Analizaremos su implementación en el contexto de un call center llamado BlueConnect ubicado en la ciudad de Rosario. El mismo presta servicios de atención al cliente y ventas para un único cliente: Personal S.A. y posee una planta de empleados que asciende a los 1200 trabajadores. Puntualmente, tomaremos el caso de los Representantes de Atención al Cliente (RAC) que se desempeñan con la antedicha modalidad WOW!, ya que entendemos que ésta constituye un modo singular de ejercicio del poder, y en este sentido, incita, induce, desvía, facilita o dificulta determinadas formas de hacer.

A los fines de aclarar la perspectiva teórica empleada en este escrito, debemos resaltar que el poder, tal como lo entendemos a partir de Foucault (o el gobierno, pues en el punto que nos atañe son tomados como sinónimos53), actúa sobre las acciones de los otros: una acción sobre otra acción, sobre acciones existentes o en aquellas que pueden generarse en el presente o en el futuro [ CITATION Mic01 \l 11274 ]. Es decir, estructura el campo de acción de quienes son su blanco específico y pone en orden sus efectos posibles. Siguiendo al autor francés, entendemos la palabra “gobierno” en un sentido amplio: aquel que hace foco en la visión productiva del poder y se vincula con la construcción de sujetos 52 Miembro PEGUES. 53 Gobernar “…no sólo cubre las formas legítimamente constituidas de sujeción política o económica, sino también modalidades de acción más o menos consideradas y calculadas, orientadas a actuar sobre las posibilidades de acción de los otros. (…) Básicamente el poder es más una cuestión de gobierno que de confrontación entre dos adversarios o la unión de uno a otro” (Foucault, 2001:253).

en dispositivos a partir de las acciones, elecciones y aspiraciones (Foucault, 1996). De esta manera, es posible emplear esta clave analítica (que Foucault utilizó para investigar el gobierno de los niños, de las almas, de las comunidades, de la enfermedad, etc.) para investigar el caso de la fuerza de trabajo que nos ocupa en este proyecto.

Tal elección metodológica implica partir de la práctica tal como se presenta, pero al mismo tiempo, tal como se refleja y se racionaliza para ver, de este modo, cómo se establece una triple relación entre un entramado de relaciones de poder, una serie de sujetos constituidos en ellas y una producción de conocimientos requeridos por la misma gubernamentalidad. Con el fin de llevar a cabo este análisis, tomaremos como material de estudio los documentos producidos por ambas empresas para difundir y evaluar la implementación de la mencionada metodología de trabajo.

La atención WOW! El modelo de atención WOW se presenta como una experiencia de trabajo focalizada en la satisfacción del cliente, la cual surge en oposición a un viejo modo de atención caracterizado como maquinal. En este último, el operador debía mostrar un trato sobrio hacia el cliente, no podía usar formas lexicales regionales ni indicar dónde se encontraba, tampoco podía expresar opiniones o sentimientos; en resumen, debía ser neutro y monótono. La metodología WOW es un tipo de atención distendida, donde el agente54 puede dialogar tranquilamente con el cliente, saludarlo por su cumpleaños, preocuparse si le han robado o desearle feliz viaje si está por salir del país; lo importante en este sentido, es generar empatía.

Debe aclararse que el escaso material disponible acerca de esta metodología y su implementación constituye un obstáculo importante a la hora de analizarla, aunque, por otra parte, este “silencio” resulta sumamente significativo. En un ambiente de trabajo donde existe una saturación de procedimientos que deben ser respetados y de instancias de control que los aseguran, la existencia de una modalidad de atención libre de parámetros es, al menos, llamativa. Este margen de libertad de acción para el agente resulta sugestivo.

54 Por Agentes, o Representantes de Atención al Cliente (RAC), entendemos a todos los operarios que se encuentran en línea, es decir, en comunicación directa con el cliente.

Dentro del software Click55 se encuentra una pestaña, dentro del menú “Espacios”, denominada “Espacio WOW”. Allí se halla una solapa titulada “¿Qué es WOW!?”; al ingresar se descubre el único material explicativo que consiste en un video. Al comenzar su reproducción se describe esta nueva forma de trabajo como “…una metodología de atención, una decisión como compañía de poner en el centro al cliente, optimizando su experiencia para que nos elija, nos vuelva a elegir y nos recomiende”. Aquello que queda resaltado y pasa, por ello, a un primer plano, es la figura del cliente y, particularmente, la experiencia que él ha tenido con Personal. Ahora bien, cuando se habla de experiencia no se refiere sólo al contacto telefónico con el agente, sino a la relación en términos generales que tiene con la empresa. En otras palabras, es el grado de satisfacción que tiene con la calidad del servicio prestado, con los precios de los planes y sus beneficios, la financiación de los equipos, la atención que recibe cuando se comunica, etc. La noción de “satisfacción del cliente” tiene una importancia capital a los fines de comprender la implementación de esta metodología de trabajo y la estrategia empresarial que la lleva a cabo. Este concepto no remite simplemente a la capacidad del agente para cubrir la necesidad que motivó la llamada del cliente. Se trata de algo mucho más amplio, es la significación subjetiva que el consumidor forma a través de las múltiples instancias de su vida cotidiana en las cuales se encuentra con la empresa telefónica en cuestión.

Si bien el operador no es el único canal con el que el cliente interactúa, se trata de un encuentro clave pues consiste en un contacto directo entre la empresa y el usuario. Desde la perspectiva de la compañía se percibe que el teleoperador posee una oportunidad única para mejorar su imagen.

El video, además nos explica de qué manera lograr el agrado del cliente y su recomendación. La sugerencia para alcanzar este objetivo resulta sumamente 55 Una de las principales características de la labor que se desarrolla en el call center es que no se plasma sobre un objeto material, sino que todas las tareas se desarrollan mediante el uso de softwares provistos por la empresa. Estos últimos son grandes programas que permiten administrar planes y consumos de más de dieciocho millones de cuentas telefónicas. Particularmente, el sistema al que nos referimos funciona como una plataforma de consulta que cuenta con la información necesaria para llevar a cabo las tareas de atención y gestión de una línea de Personal: las condiciones comerciales (precios y características de los planes de telefonía celular, equipos y financiamiento, las promociones, etc.), las condiciones administrativas (costos de las gestiones sobre las líneas telefónicas como cambio de número, cambio de titularidad, migración de plan, etc.), las novedades (comerciales, de red, de software, etc.) y los procesos de atención al cliente (mapas de los procedimientos que deben ingresarse en el sistema de registro), entre otras.

curiosa, pues aparece en primer plano un corazón que tiene en su centro la palabra “conectándonos”. Esta apelación al corazón evoca cuestiones emocionales, sentimentales y valorativas, y en respuesta a cómo lograr dicha conexión el video sostiene textualmente: “Mostrando el lado humano de la compañía a través de las personas que trabajan en ella”. De este modo, se intenta introducir al cliente en un diálogo donde, si bien nunca se escapa al control del operador, éste se muestra empático, atento, considerado y preocupado por aquél. En otras palabras, se apela a los rasgos humanos positivos de los trabajadores (carisma, empatía, espontaneidad, cordialidad, etc.), para otorgarle a la empresa un rostro del mismo tenor. Por otra parte, se indica que dicha conexión debe lograrse “Simplificándole la vida al cliente y resolviendo su inquietud o problema” y “Brindando ese diferencial en la atención que genera algo extraordinario”. El primer punto implica que, a los fines de facilitar la vida del cliente, el agente debe tomar a cargo una mayor cantidad de tareas, logrando de este modo, zanjar contradicciones propias de la empresa en la prestación del servicio. Es decir, cuando el motivo de una llamada no tiene resolución inmediata, el agente es quien debe tomar nota del caso y realizar un seguimiento hasta su finalización. Recordemos que, a los fines de lograr el mencionado diferencial, el agente debe romper las estructuras de la atención haciendo una excepción en el contacto. Es decir, debe entablar con el cliente un trato cercano, amistoso, espontáneo y afable. Todas estas son características que lo separan del antiguo y maquínico modelo de atención, el cual, sin embargo, es conservado como eliminado56. Finalmente, a los fines de resolver el inconveniente del cliente, se deben “saltar” las reglas de los procesos de atención. El agente debe hacer todo lo que esté a su alcance para solucionar los problemas de los clientes, operando, la mayoría de las veces, a modo de excepción y según su criterio. Al actuar por encima de las reglas para satisfacer la demanda del cliente se percibe una clara contradicción: por un lado, existen reglas férreas que la empresa controla a través de sistemas de escucha y auditorías internas, al saltar las normas el empleado queda expuesto a ser sancionado; por otro lado, si el agente no salta dichas reglas con el fin de solucionar el problema del cliente se 56 Hegel emplea esta expresión para referirse a determinados elementos que, si bien son relevados por otros superadores, es necesario conservarlos como eliminados a los fines del funcionamiento general de la dialéctica. En este caso, es necesario conservar aquel modo maquinal de la atención al cliente como eliminado para lograr repetir indefinidamente la ruptura con él.

encontrará también en falta. Esta nueva metodología de trabajo desdibuja las reglamentaciones y somete a todo empleado a incurrir en la falta, de este modo la sanción se convierte en un instrumento que la empresa utiliza a voluntad como una técnica de disciplinamiento.

La aludida conexión a través del corazón también se logra “siendo transparentes, aceptando los errores y disculpándonos con los clientes” [ CITATION Per16 \l 11274 ]. En este sentido, se parte del presupuesto de que equivocarse es humano y, debido a que el rostro que busca obtener la empresa también lo es, los errores no se ocultan, sino que son reconocidos, se asesora sobre ellos y se pide disculpas por las molestias ocasionadas. Es el agente quien debe asesorar al cliente sobre la naturaleza del inconveniente, demostrar el máximo esfuerzo realizado, tanto el propio como el de la compañía, para resolverlo y pedir disculpas. Según lo indica el mismo video, la transparencia al momento de asesorar sobre las fallas de la empresa, así como la sinceridad y humanidad de las disculpas produce cuantiosos beneficios para la empresa, entre ellos “menores costos en fraude, juicio, etc.” [ CITATION Per16 \l 11274 ].

Finalmente, la conversación entablada entre el agente y el cliente debe ser agradable, amena, resolutiva e incluso puede abordar cuestiones que son ajenas al motivo del llamado57 tales como el clima, los viajes, los perros, etc., y de este modo romper el estereotipo formado por el viejo modo de atención. Esta ruptura es lo que sugiere la última instrucción del video para conectar los corazones: “[establecer] relaciones con los clientes que los deleiten y sorprendan”[ CITATION Per16 \l 11274 ]. Para un operador telefónico nada hay de trivial en hablar sobre el clima o sobre los pasatiempos. La conversación informal, algo que en los tiempos del taylorismo clásico era concebido como tiempo muerto e improductivo, resulta ahora no sólo tolerado, sino directamente promovido por supervisores y entrenadores. Hablar del clima, de la familia, de viajes y de pasatiempos es algo que resulta agradable al cliente, por lo tanto, se alienta mediante técnicas sencillas un trato humano y espontáneo [ CITATION Dem06 \l 11274 ]. De este modo, la flexibilidad que proporciona la humanización del trabajo permite que las distintas esferas de la vida privada del trabajador,

57 Siempre teniendo en cuenta que los tiempos no deben excederse del tiempo promedio por llamada (TMO) desarrollado anteriormente.

tradicionalmente consideradas ajenas al ámbito laboral, sean tomadas por la empresa y puestas a producir.

Una vez transcurridas las mencionadas recomendaciones, el video continúa y realiza una distinción. Por un lado, reconoce que si bien existen motivos racionales por los cuales un cliente contrata a la compañía telefónica (precio, calidad del servicio, características de los planes, financiamiento de equipos, etc.), por el otro, realza que las decisiones importantes se toman con el corazón.

De esta manera, el objetivo propuesto es que a la hora de elegir una compañía telefónica el cliente elija con el corazón a Personal. El agente es quien tiene la oportunidad58 en el contacto para generar el vínculo emocional, es él el responsable de hacer que el cliente sienta esa carga emotiva en la llamada. Como todo dentro de un un call center, la emoción, los sentimientos, o mejor dicho el grado de satisfacción del cliente también es mensurable.

La métrica NPS En otros textos, que no incluimos aquí por motivos de espacio, analizamos las variables empleadas para medir las llamadas y el rendimiento de los RAC. Todas ellas son formas a través de las cuales la empresa calcula la productividad de cada trabajador. A diferencia de éstas, el Net Promotor Score (NPS) no es una medición que lleve a cabo directamente la empresa sobre el agente59; sino que 58 La palabra oportunidad es la que emplea la empresa en un slogan “cada contacto es una oportunidad, aprovéchalo” impreso en un banner dentro del call center. La palabra que adecuaría mejor es la de responsabilidad, debido a que el agente es llamado a responder en los casos en que el contacto no resulta como se espera.

59 El apartado donde se explican las métricas que lleva a cabo la empresa sobre las llamadas no está incluido en este texto, por tal motivo traslado a modo explicativo una breve descripción de las mismas: - FCR: First Call Resolution, refiere al porcentaje de clientes que, habiéndose contactado con un RAC, no volvieron a comunicarse en las siguientes 96 hs.

- TMO: Tiempo Medio de Operación, es el resultado de dividir el tiempo conversado con el cliente (incluyendo el tiempo de espera o de hold) sumado al tiempo de ACW, por la cantidad de llamadas atendidas.

- Calidad: resultado de las evaluaciones cualitativas realizadas por el área de Calidad de Telecom Personal y BlueConnect. Cada agente es evaluado por los análisis a los cuales es sometido mensualmente. Se premia el porcentaje de aprobación.

- Retención: índice que mide los clientes que solicitaron la baja del servicio y fueron retenidos en primera línea. Se mide en relación porcentual.

- Satisfacción: índice que mide los clientes que respondieron favorablemente la encuesta enviada vía sms luego de un contacto. Esta variable aplica solo al segmento Black.

es una evaluación realizada por el cliente. Esta métrica se construye a partir de una encuesta de satisfacción enviada a través de un SMS al finalizar la llamada.

En este mensaje se consulta al cliente “cuán probable es que recomiendes Personal por tu último contacto al *Black o *11160? Usa puntajes entre 10 para Muy probable y 0 para Muy improbable”. Luego de responder con un número, el cliente también puede dejar un comentario sobre la atención recibida; quienes contestan 9 o 10 son denominados promotores, los que contestan 7 u 8 son neutros y el resto que contestan 6, 5, 4, 3, 2, 1 o 0 son detractores. Estas respuestas son vinculadas al agente que recibió dicha llamada, de este modo, es posible calcular el NPS restando el porcentaje de clientes detractores al porcentaje de promotores. El objetivo consiste en lograr la mayor cantidad de promotores posibles, pues, por un lado, el RAC alcanza un índice mayor de NPS y accede a un cobro adicional, y por el otro, la empresa obtiene para sí un consumidor conforme con el servicio y la atención que, al recomendar Personal a sus amigos y familiares, cumple con una función esencial garantizando el crecimiento con menores costos de venta y marketing [ CITATION Per16 \l 11274 ]. Las encuestas de satisfacción del cliente constituyen importantes bancos de datos, pues a través de ellas la empresa puede entrever el perfil del representante de atención deseado por el consumidor. Las respuestas del NPS tienen dos grandes usos: por un lado, se utilizan para realizar un seguimiento directo de la calidad de atención de cada trabajador; por otro lado, se analizan grandes volúmenes de respuestas y en función de las características personales allí valoradas (amabilidad, cordialidad, rapidez, etc.) la compañía diseña el perfil del puesto de trabajo.

Dentro del mencionado Espacio WOW, cada agente puede, y debe, consultar a diario los resultados de las encuestas realizadas el día anterior (el NPS es calculado en función del lapso temporal que uno ingrese en la consulta, en este sentido, así como están disponibles las encuestas del día anterior, también lo están las de fechas previas). Semanalmente son llevadas a cabo reuniones grupales, donde participan los miembros de un equipo y su team leader61, en las cuales se analizan formas y modos de atención en función de los datos arrojados - Autogestión: indicador que mide el incentivo al cliente de realizar la gestión a través de medios automáticos [ CITATION Blu1 \l 11274 ].

60 Canales telefónicos de atención al cliente de Personal.

61 El team leader es el superior jerárquicamente inmediato al Representante de Atención al Cliente.

por las encuestas. El objetivo es tomar de los agentes con mejor NPS prácticas para que el resto las imite en sus llamados. En palabras de la misma empresa, las prácticas, o hábitos de trabajo, son “acciones diferenciales que generan un impacto positivo (es decir, que promueven un mejor clima para la atención al cliente, rapidez o eficiencia en la gestión), y cuya implementación no requiere modificaciones de procesos, sistemas o procedimientos” [ CITATION Per16 \l 11274 ]. La implementación de las prácticas no requiere de modificaciones en los sistemas o en los procedimientos, por lo que resultan beneficiosas para la empresa sin representar un costo elevado. Un ejemplo sugerido por una agente es “desear los lunes una buena semana al cliente, me ayuda a cerrar positivamente un contacto” [ CITATION Per16 \l 11274 ]. Debemos aclarar que la empresa transfiere la responsabilidad por la satisfacción del cliente al agente, debido a que éste tiene la oportunidad de emplear sus habilidades, su carisma y su elocuencia para transformar un cliente detractor en un cliente promotor. El empleo de tales habilidades es considerado como un profesionalismo en la atención62.

Los agentes que logran empatía con el cliente y, como dijimos anteriormente, entablan un diálogo distendido que aborda diversos temas no incluidos en el motivo original de la llamada, suelen resolver (en comparación con quienes no lo hacen de este modo) más rápidamente obteniendo mejores resultados en el NPS. Sus habilidades blandas63 en el manejo de la llamada y su desenvoltura en el habla forman parte de aquello que la empresa busca apuntalar. Detrás del lema que corona esta metodología, “ser uno mismo en la llamada” [ CITATION Per16 \l 11274 ], no se esconde una mera apariencia humana del RAC, sino la exploración, la producción y la explotación de la subjetividad del trabajador por parte de la empresa.

Consideraciones finales Si bien la empresa sostiene que la atención WOW es una modalidad distendida donde el agente puede “ser él mismo” y atender más relajado, las llamadas 62 Este llamado “profesionalismo” resulta en cierto modo paradójico puesto que las experticias valoradas constituyen habilidades blandas, también llamadas habilidades sociales dado que son adquiridas fuera de cualquier ámbito profesional.

63 Las habilidades blandas aluden a capacidades y competencias sociales que posee una persona para realizar actividades de liderazgo y coordinación. Aquéllas forman parte de lo que el individuo porta culturalmente consigo, en otras palabras, son incorporadas fuera del ámbito de trabajo. Por este motivo son un requisito de empleabilidad y no una meta dentro de las capacitaciones de la empresa.

fluyen sin pausa y el trabajador se encuentra muchas veces desbordado teniendo que adaptar su carisma, humor y empatía en diferentes situaciones planteadas en las llamadas. Este requerimiento de adaptación y profesionalismo no viene dado sólo desde la empresa hacia el empleado. Uno de los grandes logros de la metodología WOW es acentuar la autoexigencia del trabajador a través de diversos incentivos. En este sentido, por ejemplo, el agente debe poner en juego sus habilidades sociales (humor, elocuencia, empatía, etc.) no sólo para brindar una buena atención y favorecer a la compañía sino, también, como un modo de desarrollo personal. La repetición constante de las tareas, la sucesiva adaptación afectiva a nuevas situaciones con los clientes y la autoexigencia, cada vez más requerida, producen stress y cansancio, los cuales no son reconocidos por la empresa y la mayoría de sus consecuencias somáticas y psico-somáticas, por ejemplo: tendinitis, gastroenteritis, disminución acústica, migrañas, etc., no se consideran enfermedades profesionales [ CITATION Dej01 \l 11274 ].

En términos de Nikolas Rose, la humanización del trabajo es una estrategia en la que el empleado es visto como un determinante central en el éxito comercial de la compañía. Por lo tanto, resulta necesario hacer que se interese por las metas de la empresa a nivel de su subjetividad, alineando los deseos y necesidades de cada individuo con la aspiración exitosa de los objetivos de ésta. A través de la búsqueda para alcanzar sus propias necesidades y deseos en el trabajo, cada empleado, en consecuencia, trabajará para el avance de la empresa: mientras más el individuo se realiza, mayores los beneficios para la compañía [ CITATION Ros99 \l 11274 ]. Sin embargo, consideramos que el autor británico no aborda cabalmente los efectos de este proceso, pues en Latinoamérica y particularmente en Argentina, quienes no logran adaptarse a esta forma flexible de trabajo y, por ello, no alcanzan los objetivos planteados por la empresa, son desvinculados64 de la misma. En este contexto, donde no existe para el empleado la posibilidad de cambiar un trabajo por otro, el despido implica, por lo general, la ruina y el hambre. En este sentido, el dispositivo de gobierno de la fuerza de trabajo incorpora el despido como una forma más de adecuar la conducta del trabajador a sus objetivos. La contracara de la “sonrisa telefónica” producida en la atención WOW! es el hambre, la tristeza y, por último, la muerte.

64 Léxico empleado por el call center para referirse al despido de una manera licuada donde la responsabilidad del mismo se comparte con el trabajador.

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BLUECONNECT KITEC S.A. (s.f.). Modelo Remunerativo para Representantes de Atención al Cliente.

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DEJOURS, C. Trabajo y desgaste mental. Lanús, Lumen, 2001.

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Otros Documentos PERSONAL S.A. Plataforma de consulta “Click” [en línea: junio de 2016].

Documento de circulación interna de la empresa. Mimeo.

PARTE II La reactualización del dilema derecho-ayuda en la política social hoy

Capítulo VI

La oportunidad (¿perdida?) de superar a Bismarck y Beveridge Melisa Campana65 y Mariana Servio66

Introducción En el campo del Trabajo Social argentino, los últimos años vieron revitalizarse la discusión en torno de la dimensión asistencial de la intervención y la necesidad de problematizar la asistencia como práctica válida y como campo de intervención, de cara a situar su discusión en clave de derechos sociales.

Esta línea de análisis coloca sobre el tapete el dilema típico de la asistencia social: ¿se trata de atender la mayor parte de las necesidades de los sectores pobres o de menores ingresos; o se trata de atender una parte de las necesidades de toda la población? A diferencia de los sistemas de bienestar occidentales más desarrollados, en nuestro país nunca existió un subsistema público específico de asistencia social o de servicios sociales, sino que las políticas de carácter asistencial históricamente han tenido un carácter residual, estigmatizante e institucionalmente débil, volátil y fragmentado; características que han sido el principal obstáculo para problematizar la asistencia social como derecho.

En ese contexto, más que las peculiaridades técnicas de los programas asistenciales, sus criterios de acceso y permanencia y sus condicionalidades, quizás la novedad de la década pasada radique en los cambios que supuso la inclusión de ese abanico de programas dentro de modelos históricamente dominados por la lógica bismarkiana.

Creemos que la combinación de programas o prestaciones de carácter contributivo y no contributivo y la alteración del esquema tradicional que asocia seguridad social a la idea de seguro –o sistema previsional–, ha sido poco 65 Docente Escuela de Trabajo Social (UNR) y Facultad de Trabajo Social (UNER). Investigadora CONICET. Coordinadora del PEGUES. 66 Docente Escuela de Trabajo Social (UNR) y Facultad de Trabajo Social (UNER). Becaria Doctoral CONICET. Miembro del PEGUES.

estudiado o al menos poco explotado en su potencialidad. A ese debate procurará contribuir este capítulo.

Asistencia Social, trabajo y pobreza: una relación controvertida Lo que pretendemos poner en debate, aprovechando la oportunidad dialógica que ofrece el Simposio, es la posibilidad de discutir la Asistencia Social con estatuto de derecho, en tanto subsistema autónomo y específico dentro del sistema de protecciones sociales público estatal.

A nuestro entender, un paso necesario en el camino hacia ello es desencabalgar la Asistencia Social tanto de la cuestión del trabajo como de la cuestión de la pobreza. Haciendo una advertencia fundamental: de ningún modo debemos abandonar la disputa por el sentido, contenido e implicancias de los términos trabajo y pobreza; antes bien, es una batalla académica, política, cultural e ideológica irrenunciable, sobre todo en los tiempos que corren. Lo que estamos diciendo es que poner en discusión en un mismo “paquete” la serie asistenciatrabajo-pobreza obstaculiza la problematización que la Asistencia Social amerita, al diluir su especificidad y complejidad y reducirla a un conjunto de planes y programas generalmente orientado hacia poblaciones o personas identificadas como pobres.

Sin duda han sido muchísimos las, investigaciones, ensayos, artículos, dedicados a estudiar los sistemas de protección social –latu sensu– en nuestra región y en nuestro país, mayormente desde comienzos del siglo XXI. No obstante, hemos escogido como interlocutor válido para el argumento que nos interesa desarrollar, los textos de Cecchini y Martínez, La protección social inclusiva en América Latina (CEPAL, 2011) y de Golbert, Roca y Lanari, ¿Piso o sistema integrado de protección social? (MTySS, 2012).

Los hemos escogido porque entendemos que ambos intentan avanzar en los dos desanclajes antes mencionados para repensar el papel y estatuto de la política pública de asistencia social. Y porque creemos que sintetizan con claridad algunos de los principales obstáculos teóricos, empíricos e ideológicos con que nos topamos a la hora de hacer propuestas concretas de reformas institucionales tendientes a la construcción de un subsistema específico de asistencia social.

Cecchini y Martínez (2011) parten de señalar que hoy es preciso combinar tres grandes componentes de la protección social: la dimensión no contributiva; la

dimensión contributiva (o seguridad social); y la regulación de los mercados laborales (normativas y estándares orientados a fomentar y proteger el trabajo decente).

Según estxs autorxs, sólo así podríamos hablar de un enfoque integral de la protección social que pueda: a) garantizar el cumplimiento de condiciones de vida que permitan sostener un mínimo nivel de bienestar y compensar la caída de ingresos en estándares esenciales; b) facilitar el acceso a servicios sociales, con inclusión de la provisión de cuidado; c) promover mejores políticas laborales ante los riesgos de la precariedad del mercado de trabajo.

Lxs autores diferencian tres grandes componentes de la protección social: contributivo, no contributivo y la regulación de los mercados laborales. Veamos esta clasificación e intentemos identificar algunas de las dificultades que conlleva.

El componente contributivo de la protección social, en nuestra región, es aquel también denominado seguridad social e históricamente ha comprometido la participación de distintos actores –uniones sindicales o gremios de cada rama, trabajadores, empleadores, Estado–. El principal instrumento ha sido el previsional, pero se incluyen todos los programas orientados al aseguramiento presente y futuro de los trabajadores y sus dependientes, por lo que abarca no sólo jubilación sino momentos de cesantía, enfermedad o invalidez. Se incluyen también en este componente los seguros de salud, el conjunto de beneficios y resguardos asociados a la maternidad y otros tales como las asignaciones familiares.

La particularidad de ese tipo de protección es que supone un aporte previo de lxs trabajadorxs y, en épocas de expansión del trabajo asalariado formal, ese hecho contributivo, constituyó el eje de legitimidad de la protección de la clase trabajadora. Lxs derechos adquiridos eran merecidos.

Como sostienen lxs autorxs, con las reformas implementadas durante las décadas de 1980 y 1990 comenzaron a tornarse importantes las instituciones privadas de seguridad social, no obstante lo cual las instituciones públicas continuaron manteniendo un papel importante tanto en la definición y control de políticas y niveles de aseguramiento garantizados, como en la gestión de tales políticas. En el ámbito del sector privado se encuentran los seguros privados, los administradores de fondos de pensiones y las mutuales de seguridad, que cubren

sobre todo a los trabajadores formales, debido a la naturaleza contributiva de los requisitos de entrada al sistema.

Por otro lado, el componente no contributivo está compuesto por programas o transferencias que no se relacionan con la existencia de contribuciones previas. Proveen ingresos mínimos para cubrir necesidades esenciales de poblaciones pobres o vulnerables. Asimismo, facilitan el acceso a políticas y servicios sociales y de promoción social para la formación de capital humano.

Incluyen transferencias en dinero o especie, subsidios al consumo, programas de empleo de emergencia y mecanismos de promoción de los servicios sociales existentes67.

Apuntan lxs autores que, si bien este componente, también llamado asistencial, suele ser focalizado en poblaciones pobres o vulnerables, también puede ser universal, como es el caso de los subsidios generalizados al consumo de alimentos o energía y algunas pensiones sociales, así como la propuesta de una renta básica de ciudadanía.

El último componente es la regulación de los mercados laborales y se ocupa, a través de normas y estándares, de la protección de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, cumpliendo un rol fundamental en la reducción y atenuación de riesgos asociados al desempleo o a la falta de trabajo digno. Aquí se encuentran las normativas tendientes a la formalización de las relaciones contractuales, la garantía a los derechos de sindicalización y seguridad en el trabajo, las regulaciones y prohibiciones asociadas al trabajo de niños y adolescentes, las normativas de empleo y salario mínimo, así como las orientadas a evitar la discriminación en el trabajo, especialmente en contra de las mujeres. Sostienen lxs autores que, en una región como la nuestra, donde abunda el empleo informal y por cuenta propia, este componente constituye un nudo crítico que es preciso atender, definiendo mediante qué procesos e institucionalidad puede llevarse a cabo.

67 Con respecto a su financiamiento, puede provenir, según los casos y países, del aporte fiscal directo con cargo al presupuesto nacional; préstamos de instituciones financieras internacionales; y donaciones privadas y de la cooperación internacional, con distintas participaciones presupuestarias.

Dentro de los instrumentos denominados “no contributivos” de la protección social, a los fines del argumento que queremos defender, es preciso resaltar el papel que han jugado los Programas de Transferencia con Corresponsabilidad o Condicionadas (en adelante, PTC) en los últimos años en nuestra región, teniendo en cuenta que han incorporado, desde mediados de la década de 1990, a una vasta población que quedaba por fuera de los esquemas de la seguridad social clásica.

Los PTC se caracterizan por combinar transferencias monetarias, focalización en hogares pobres o extremadamente pobres, y el condicionamiento de esas transferencias al cumplimiento de determinados requisitos –relacionados generalmente con asistencia escolar y cumplimiento de controles de salud– que redundarían en un aumento del capital humano. Es decir, combinan un objetivo de corto plazo (satisfacción de necesidades básicas a través de la trasferencia de ingresos) con otro de más largo aliento (aumento del capital humano). Al analizar el impacto redistributivo de las transferencias monetarias públicas y privadas, lxs autorxs afirman que contribuyen a disminuir la concentración del ingreso primario, sobre todo en los países con sistemas de protección social más consolidados y que tienen una mayor cobertura, como es el caso argentino.

Finalmente, el análisis sobre el componente no contributivo de la protección social lleva a lxs autorxs a dedicarle un apartado a la Asignación Universal por Hijo (en adelante, AUH). Implementada desde el año 2009, la AUH combina elementos de los PTC que ya se venían desarrollando en la región, particularmente el criterio de las condicionalidades –en este caso la concurrencia a establecimientos educativos y controles sanitarios– con una novedad, el hecho de erigirse como componente no contributivo, homólogo a las asignaciones familiares que reciben lxs hijxs de lxs trabajadorxs formales. De este modo, “la naturaleza solidaria –se trata de una prestación no contributiva financiada con aportes contributivos a la seguridad social– y universal de este beneficio –en cuanto a su equivalencia para todos los menores que lo reciben, tanto por la vía contributiva, como por la no contributiva–, refleja una mirada progresiva para brindar garantías sociales a la población que carecía de acceso a la protección social” (Cecchini y Martínez, 2011:92).

Un sistema integral de protección social, en el argumento de lxs autorxs, es inescindible de los principios sostenidos por el enfoque de derechos, por lo cual debe asegurar: - Ingresos monetarios que posibiliten sostener niveles de calidad de vida considerados básicos para el desarrollo de las personas; - Acceso a servicios sociales y de promoción, incluyendo provisión de cuidados a niñxs, discapacitadxs, enfermxs y adultxs mayores; - Fomento al trabajo decente, promoviendo mejores políticas laborales para contribuir a la superación del riesgo asociado al mundo laboral.

En un sentido similar, Golbert, Roca y Lanari (2012) hablan de un sistema integrado de protección social, que trascienda la satisfacción de necesidades básicas de la población y que, por el contrario, intente brindar un creciente bienestar al conjunto de la ciudadanía. En su opinión, dicho sistema debería hacer extensivos los derechos sociales al conjunto de la población, sea cual fuere la situación sociolaboral de las personas, con bienes y servicios de calidad.

La pretensión defendida por Cecchini y Martínez (2011) es orientar la protección social hacia la universalidad, incluyendo tanto a quienes se encuentran insertos en el mercado formal de trabajo como a quienes estén fuera de él. No obstante, según ellxs, eso no impide que, para avanzar en la universalidad en el acceso, se apliquen mecanismos de focalización (o discriminación positiva) para priorizar a quienes se encuentran en una situación de mayor pobreza y vulnerabilidad. Y la misma consideración esbozan Golbert, Roca y Lanari (2012) al decir que, en el marco de un sistema de protección social integrado, sustentado sobre derechos sociales universales, las políticas sociales focalizadas pueden ser necesarias para vincular situaciones de desigualdad de determinados colectivos sociales y, así, igualar posiciones.

Ahora bien, Cecchini y Martínez (2011) afirman que la integración de un discurso y enfoque de derechos a las políticas de protección social en la región, no se han traducido en una expresión formal de garantías sociales para sus diversos componentes. En este sentido, expresan su preocupación por avanzar no sólo en el reconocimiento de derechos sociales en su nivel formal –legal y constitucional–, sino también en su traducción en políticas concretas que hagan

efectivo el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los Estados.

En el caso puntual de los PTC, plantean la posibilidad de que se constituyan en una puerta de acceso al sistema y ayuden a establecer una continuidad entre las prestaciones de los distintos niveles de la política social: “ello no debe entenderse como un estado permanente de dependencia de las prestaciones estatales sino, por el contrario, como una materialización de la ciudadanía social expresada en la vigilancia de los derechos sociales y el establecimiento de garantías por parte del Estado” (Cecchini y Martínez, 2011:206).

A esto mismo apunta la advertencia de Golbert, Roca y Lanari (2012), acerca de que, durante los primeros quince años de la década de dos mil, se realizaron esfuerzos por incorporar a los sectores más vulnerables y excluidos de la población al sistema de pensiones no contributivas, dirigidas principalmente a poblaciones en situación de extrema pobreza o sin otro sostén económico.

Queremos llamar la atención sobre el hecho de que, dentro de la seguridad social, siguen funcionando los niveles contributivo y no contributivo, es decir, se atan las prestaciones al hecho de haber aportado o no, en lugar de que prevalezca el fundamento de cubrir necesidades de la población en relación con los avatares de la vida activa.

A su vez, sobre la distinción entre trabajadores que aportaron y los que no, hay unas protecciones al trabajo –como sería el caso de pensiones por discapacidad– y otras a la pobreza y vulnerabilidad. Estas últimas se reducen a los PTC o similares, más o menos universalizantes, mejor o peor financiados, pero siempre atados a atributos poblacionales, a demostración fehaciente de insuficiencia de ingresos y sostenes familiares.

Por último, y con relación a la dificultad que ubican lxs autorxs en la mentada distancia entre formulación y concreción, sugerimos que esto se vincula directamente con el estatuto poblacional al que se ligan las prestaciones llamadas asistenciales, siempre degradado, siempre infame.

Reflexiones finales En definitiva, lo que queremos subrayar es que urge discutir esa dimensión no contributiva, lo que implica necesariamente poner en debate la AS, no de cualquier modo sino en clave de derecho.

Entonces, todo ese capítulo no contributivo de la seguridad social (que también suele denominarse “asistencial”), ¿por qué no podría constituir un subsistema específico dentro del sistema de protecciones sociales público estatal?

Es la pregunta que se formulan Golbert, Roca y Lanari (2011:21): “¿La protección podrá seguir siendo producto del vínculo trabajo-beneficios sociales, debe disociarse y ser independiente, o hay alternativas intermedias?”. Sólo que a nuestro entender la respuesta de las autoras –al igual que las formulaciones de Cecchini y Martínez– queda a mitad de camino, ya que no logran o no terminan de romper con la ligazón a los atributos poblacionales y tampoco interferir la relación Asistencia-Trabajo y Asistencia-Pobreza.

Como dijimos al comienzo, discutir la Asistencia Social como subsistema autónomo y específico, implica desencabalgarla respecto de: - la cuestión del trabajo, esto es, deslindarla del esquema del seguro y retirarla del campo de la Seguridad Social, que termina por distinguir “ciudadanos aportantes” y “asistidos que no contribuyeron”. Aunque interdependientes, Seguridad Social y Asistencia Social son subsistemas de diferente naturaleza. Por otra parte, los otros subsistemas públicos de cobertura universal, como salud y educación pública, no van acompañados del calificativo “no contributivo”.

- la cuestión de la pobreza, esto es, deslindarla del estigma –en sentido fuerte, goffmaniano– asociado a la pobreza, que se replica por propiedad transitiva a la Asistencia Social, en tanto se concibe como conjunto aleatorio de prestaciones para pobres. Cabría preguntarse si el típico calificativo de “residual” que históricamente ha recibido la política de asistencia, se debe a sus endebles condiciones institucionales y presupuestarias o más bien al hecho de que se dirige a población considerada residuo social, sobrante, espectro, parásito.

En ese sentido decimos superar a Bismarck y también a Beveridge. Recién entonces podríamos hablar de universalidad efectiva, ya que no se establecen criterios poblacionales de acceso y cobertura, sino que sus prestaciones se definen en base a los problemas que una sociedad identifica como atendibles (aquello que Robert Castel describía como característica primera de lo social asistencial, como una intervención de la sociedad sobre sí misma).

Operativamente hablando, entendemos por política de asistencia social a aquellas prestaciones, servicios y normativas destinadas a atender, prevenir o reparar problemas sociales que implican un riesgo individual o grupal de desafiliación social –si elegimos el lenguaje de Castel– o de precariedad –en jerga buthleriana–.

Muy resumidamente, el subsistema de Asistencia Social incluiría intervenciones de diversa naturaleza: de carácter técnico (servicios de información, valoración, diagnóstico, mediación, asesoramiento, apoyo, acompañamiento, protección jurídica y social); de carácter económico (prestaciones dinerarias, periódicas o puntuales, tendientes a apoyar procesos de integración social o paliar situaciones de necesidad material); de carácter material (alojamiento temporal o continuado, centros de día, atención domiciliaria, manutención alimentaria).

Como sostiene Sposati (1997), situar la AS dentro del sistema protección social público estatal implica definir el patrón societario de civilidad, como patrón básico de integración. Observar la cuestión de la asistencia social bajo el foco de la protección social supone definir cuál es el patrón básico de calidad con que será provista una necesidad, cuáles serán las necesidades a ser atendidas, con cuál patrón de relaciones civilizatorias una sociedad operará en busca de la igualdad.

Preguntarse por la AS concebida como componente del sistema público estatal de protección social implica, en definitiva, interrogarse por las pautas de igualdad/ desigualdad presentes en una sociedad.

Por ello, apostamos a que estos espacios de intercambio, diálogo, confrontación de ideas, nos animen a imaginar nuevas herramientas, nuevos argumentos, que no sólo critiquen lo que hay –por válido que eso sea– sino que nos recoloquen en la discusión y construcción activa del campo de la Asistencia Social en clave de derecho.

Bibliografía CECCHINI, S. Y MARTÍNEZ, R. La protección social inclusiva en América Latina. CEPAL, Santiago de Chile, 2011.

GOLBERT, L., ROCA, E. y LANARI, M. ¿Piso o sistema integrado de protección social? Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, Buenos Aires, 2012.

SPOSATI, A. “Conjuntura da assistência social brasileira”. En: Cadernos Abong, nro. 19. São Paulo, 1997.

Capítulo VII

Gobernar a través de la comunidad: el “Programa Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial” Florencia Brizuela68

Introducción Desde los años 70, las críticas al Estado de bienestar han habilitado un conjunto de transformaciones en las intervenciones estatales sobre lo social.

Estas transformaciones, han implicado la emergencia de la sociedad civil y la comunidad como nuevos campos de referencia y actuación del gobierno (Foucault, 2008; Rose, 2007). Ambas, comienzan a aparecer como correlatos para el despliegue del arte de gobierno neoliberal.

En este marco, el artículo se propone rastrear dichas transformaciones en el “Programa Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial”, implementado desde el año 2013 en la ciudad de Rosario. Particularmente, interesa indagar el modo en que el programa se erige como una tecnología de gobierno de la problemática socio-habitacional de los conjuntos de vivienda social rosarinos, a través de la activación y autogestión de los vecinos. La responsabilización de los vecinos y la autogestión de los problemas, como se verá a lo largo del artículo, conforman modalidades privilegiadas del arte de gobierno neoliberal a través de la comunidad.

Para el análisis, se recurre a la perspectiva de gobierno y “gubernamentalidad” que inicia Michel Foucault (2001; 2006; 2008) a fines de la década de 1970 y que retoman fundamentalmente investigadores del mundo anglosajón durante los años ‘90 (Rose y Miller, 1992; Barry, Osborne y Rose, 1996; Burchell, Gordon y Miller, 1991). Esta grilla teórica, por gobierno, entiende modos de acción más o menos calculados, destinados a actuar sobre las posibilidades de acción de determinados sujetos, mientras que, por racionalidades políticas, entiende los campos discursivos en los cuales el ejercicio del poder es conceptualizado 68 Becaria Doctoral CONICET. Miembro del PEGUES.

tanto con relación a los fines que este debe perseguir como a las formas que debe adoptar su ejercicio. Por tecnologías de gobierno, los estudios sobre gubernamentalidad conciben todos aquellos mecanismos prácticos, reales y locales por medio de los cuales las autoridades pretenden guiar, normalizar, instrumentalizar las ambiciones, aspiraciones, acciones de los otros a efectos de obtener los fines que ellas consideren deseables (De Marinis, 1999).

Con estas dimensiones de análisis, se apunta a superar una lectura que estudie los aspectos institucionales del programa para pasar a un análisis de las estrategias y las tácticas que éste comporta y de los efectos de poder que de él se derivan. Para ello, en primer lugar, el trabajo traza una sucinta genealogía de las racionalidades políticas que atraviesan las prácticas gubernamentales actuales retomando los planteos de Michel Foucault sobre el arte de gobierno neoliberal (2008).

En segundo lugar, el escrito recorre las transformaciones operadas en las intervenciones del Estado sobre lo social y la emergencia de la comunidad como un nuevo plano de referencia, un nuevo territorio para la gestión de la existencia individual y colectiva. Reglón seguido, vinculadas a estas transformaciones, la investigación describe el empoderamiento comunitario y la constitución del Estado-socio, como tecnologías de intervención estatal que acompañan la era de hegemonía neoliberal.

En tercer lugar, con el recorrido y las categorías esbozadas, el trabajo estudia la modalidad de gobierno que despliega el “Programa Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial” a través de los consorcios. Para ello, primero, se presenta la situación infraestructural, física y social de los complejos FONAVI en Rosario, luego se reconstruye la problematización que el programa realiza sobre la situación de estos espacios y, por último, se analizan las racionalidades políticas que atraviesan la formación de consorcios como tecnología privilegiada para gestionar la problemática socio-habitacional de los complejos.

El arte neoliberal de gobierno En Nacimiento de la biopolítica (2008), Michel Foucault se pregunta cuál es la especificidad del nuevo arte de gobierno neoliberal, es decir, cuál es la particular manera en que el neoliberalismo, conceptualiza y racionaliza, sus diferentes objetos de gobierno, sus reglas generales, sus objetivos de conjunto, para gobernar de la mejor manera posible. Tras el estudio del ordoliberalismo alemán y del neoliberalismo norteamericano, Foucault encuentra que lo que caracteriza

esta corriente de pensamiento es el objetivo general de formalizar los poderes del Estado y la organización social sobre la base de una economía de mercado ¿Qué implica gobernar bajo los principios formales de una economía de mercado?

Intervenir lo menos posible, lo más discretamente, en los procesos económicos y, por el contrario, hacerlo activamente sobre la sociedad, no con la finalidad de corregir los efectos destructivos del mercado, de corregir la desigualdad, sino con el objeto de hacer el mercado posible y de que los mecanismos competitivos que lo caracterizan puedan, a cada instante, cumplir su rol de reguladores económicos y sociales. “Se trata de hacer del mercado, de la competencia y por consiguiente de la empresa, lo que podríamos llamar el poder informante de la sociedad” (Foucault, 2008:186).

Multiplicar la forma empresa en el cuerpo social, para que el mercado sea posible, constituye entonces, para Foucault, el objetivo primordial de la política gubernamental neoliberal. A este objetivo, subyace una concepción filosófica de sociedad que la entiende como sometida a la dinámica competitiva y compuesta por sujetos concebidos como homo economicus, más precisamente como empresarios de sí mismos. El homo economicus entendido como empresario de sí, aparece en el neoliberalismo norteamericano, como un individuo que es su propio capital, su propio productor, su propia fuente de ingresos, y fundamentalmente como un hombre racional que guía su conducta orientado por un interés que se concibe irreductible, intransmisible, una forma de voluntad absolutamente subjetiva que involuntariamente tributa al bien colectivo.

Desde el punto de vista de una teoría del gobierno, para el neoliberalismo, el homo economicus es aquel al que no hay que tocar, ya que la persecución de su interés egoísta espontáneamente tiene un valor benéfico colectivo (lógica similar a la mano invisible de Adam Smith). Por ello mismo, el homo economicus, aparece como un límite al ejercicio del poder político, y como una figura contraria al sujeto del derecho, sujeto que en un sistema positivo acepta ceder sus derechos naturales69, renunciar a ellos voluntariamente en función de una trascendencia que los va a garantizar. Frente a esta situación, el 69 Durante la modernidad, la filosofía política que sustentó a nivel discursivo el orden social

capitalista estuvo basada en la idea de un pacto social. Este pacto– en las diversas versiones de Hobbes, Locke y Rousseau– se sustentó en la premisa de que el Hombre tenía ciertos derechos naturales, que eran iguales para todos (Murillo, 2006) y que cedía voluntariamente frente a una trascendencia que los va a garantizar.

inconveniente a resolver para el neoliberalismo es ¿cómo gobernar un espacio de soberanía compuesto por sujetos económicos, sujetos cuyo interés es opaco e intransmisible, pero a su benéfico para el colectivo? La respuesta, según el autor, va a ser un reordenamiento de la razón gubernamental, apareciendo un nuevo dominio, un nuevo plano de referencia, un nuevo objeto de gobierno que contiene los dos aspectos heterogéneos del sujeto a gobernar, el económico y el jurídico. Ese nuevo dominio, es la sociedad civil.

La sociedad civil, emerge entonces, como una realidad de transacción, como el correlato de un gobierno que obedece las reglas del derecho y respeta la especificidad de la economía, como el elemento que torna posible el arte neoliberal de gobierno, un gobierno económico, en un doble sentido, porque se organiza en torno a los principios de la economía política y porque economiza sus propios costos. Dicha economización, encuentra un punto de apoyo central en la sociedad civil, cuya autogestión es proclamada cada vez con mayor intensidad.

La comunidad, medio y objeto de gobierno Como se anticipó en el apartado anterior, la racionalidad que informa el arte de gobierno neoliberal, para Foucault, implica un Estado que dirige cada vez más sus acciones a la sociedad civil. Estas acciones constituyen una mutación respecto a las actuaciones del Estado sobre lo social. Rose (2007), analiza estas mutaciones en términos de comunidad.

La reconfiguración del territorio de gobierno en términos de comunidad– el gobierno de y a través de la comunidad 70– implica para Rose (2007) un conjunto de características nuevas respecto de las racionalidades que estructuraban el gobierno desde el punto de vista social. La primera de ellas es una característica espacial, un tipo de des-totalización. Si lo social era imaginado como un espacio unificado, territorializado a través de una nación, y el gobierno desde el punto de vista de lo social era pensado bajo una matriz de solidaridad donde todos los individuos eran contenidos bajo la forma ético-política de la noción de ciudadanía social, actualmente lo que aparece es una diversidad de comunidades 70 Con gobierno de y a través de la comunidad, se alude a que ésta última aparece como objeto de intervención, problematización, reflexión, tanto como medio, excusa, resorte, a partir del cual desarrollar un conjunto de acciones.

(morales, virtuales, etc.) que dominan nuestra lealtad y que son construidas de modo localizado, heterogéneo, superpuesto y múltiple.

La segunda característica que menciona Rose es el cambio de su carácter ético.

Si lo social estaba atravesado y era constituido por vectores éticos donde la responsabilidad individual siempre estaba atada a determinaciones externas (la clase, la historia de vida, los cambios en el mercado laboral, etc.), los vectores éticos bajo el signo de la comunidad interpelan al sujeto como un actor individualizado, atomizado y moral, con lazos de obligación y responsabilidad respecto de su conducta, organizados en base a ataduras únicas, localizadas y especificas con su familia y comunidad particulares.

La tercera característica, se relaciona con las líneas de identificación. Si las prácticas que ensamblaron lo social conllevaron proyectos de identificación donde la persona era entendida como parte de una única sociedad nacional integrada, la comunidad propone elementos de identificación que parecen más directos, matrices de afinidad que parecen más naturales, espontáneas, y, sobre todo, que están basadas en el propio interés.

Así, enuncia Rose, “Las lógicas colectivas de la comunidad, son traídas aquí para articularse con el ethos individualizado de la política neoliberal: elección, responsabilidad personal, control sobre el propio destino, autopromoción y autogobierno. En una segunda imagen, la comunidad es promovida como un antídoto para las depredaciones combinadas de las fuerzas del mercado, del gobierno central remoto, de las autoridades locales insensibles, mediante nuevos programas de regeneración de localidades delimitadas paradigmáticamente: las áreas desventajadas de las grandes ciudades [Etzioni, 1993; Atkinson, 1994].

Aquí nuevos modos de participación vecinal, de compromiso y de empowerment local y de residentes, debiendo tomar sobre sus propias vidas, habrán de, según se piensa, reactivar la auto-motivación, la auto-responsabilidad y la confianza de sí bajo la forma de una ciudadanía activa al interior de la comunidad que se autogobierna” (2007:123).

La comunidad, como se desprende de la cita, no sólo es gobernada, sino que también se gobierna a través de ella, apareciendo ésta como un medio. En este sentido, es posible encontrar programas gubernamentales que funcionan bajo el supuesto de la existencia de comunidades, especialmente aquellos de orden urbano, que tratan de regenerar barrios marginales. En estos programas la comunidad debe ser reconstruida, apuntalando la autoconfianza y el orgullo

de sus residentes, motivando sus lazos, afiliaciones, para que produzcan consecuencias deseables para todos y cada uno.

El gobierno de y a través de la comunidad supone, tras lo expuesto, la exhortación a la activación de los sujetos, a su responsabilización y a su autoorganización en función de sus intereses. Los sujetos a ser gobernados, sostiene Rose (2007), pasan a ser concebidos como individuos que deben volverse activos en su propio gobierno, cuya responsabilidad no es más entendida como una relación de obligaciones entre el ciudadano y la sociedad, promulgada y regulada a través del Estado, sino, como una relación de lealtad y responsabilidad para con los seres cercanos, sean estos integrantes de la familia, el vecindario, la comunidad.

En consecuencia, en tiempos en que se decreta la retirada del Estado de Bienestar y se debilitan sus funciones de seguridad social, la gestión de lo social se centra en “...la idea de que el Estado debe constituirse como un espacio que direcciona demandas y procesos de identidad, permitiendo que la comunidad se transforme en el locus en cual sentar las bases de un contrato pensado, ya no en forma de universalidad ciudadana, sino como adscripciones particulares que realizan los individuos, resultado de sus capacidades y elecciones personales” (Ginberg, 2012:156-157).

De este modo, la ciudadanía se transforma en una especie de contrato y compromiso, que los individuos deben realizar para consigo mismos y con sus comunidades. El Estado, en este marco, no se ausenta, sino que reconfigura su presencia, alienta a los individuos y a las comunidades a organizarse para autogestionarse.

La metamorfosis de la intervención estatal. El Estado socio y el empoderamiento comunitario El aliento a las comunidades a auto-organizarse, está intrínsecamente conectado a la emergencia del llamado Estado socio (Grinberg et al 2012). Como sugiere Grinberg et al (2012), si el Estado moderno fue pensado como aquel que podría estar encima de lo particular, otorgar sentido y seguridad a la vida común y aunar diferencias, en la actualidad esas funciones son desplegadas por un sinnúmero de organizaciones con las cuales se comparte la responsabilidad de las acciones.

El Estado, en este contexto, pasa a conformarse como un promotor y garante de soluciones tendientes a paliar problemas respecto de los cuales, paradójicamente,

no parece hacerse, ni considerarse, responsable. Opera como un facilitador de caminos, como un promotor, un propulsor de actividades que deben desarrollarse en la comunidad, “Su acción es hacer que los otros hagan. No se trata tanto de imponer programas y proyectos sino de provocar que la comunidad encuentre los suyos” (Grinberget al, 2012:164). Si no hay recetas, ni caminos a seguir el Estado sólo puede acompañar, reconfigurando su función en términos de socio.

En este marco, el empoderamiento de la comunidad adquiere progresiva importancia como herramienta de acción del Estado. La acción del Estado socio, en los discursos del empoderamiento, es fomentar, apoyar y también financiar a las personas para que resuelvan sus problemas, “…se reconozcan en sus posibilidades, debilidades y fortalezas y que junto con su comunidad y sus organizaciones transiten el largo camino y el desafío de devenir ellos mismos, de reconocerse entre iguales como sujetos de deseo, posibilidades y límites” (Grinberg et al, 2012:165). La contracara de esta forma de actuar es la “responsabilización” de la comunidad y la consecuente necesidad de empoderar y fortalecer a las organizaciones locales.

El empoderamiento, como estrategia de intervención estatal, es impulsado por los discursos del Banco Mundial desde los años `80. Concebido, como un componente importante para reducir la pobreza y la excesiva desigualdad es definido como un proceso que incrementa los activos y la capacidad de los pobres, así como los de otros grupos excluidos, para participar, negociar, cambiar y sostener instituciones responsables ante ellos que influyan en su bienestar (BM, 2002). El acento puesto en los sujetos, no ya como ciudadanos, sino en tanto participantes o negociantes –complementos fundamentales Estado socio–, cambia la naturaleza de la relación ciudadano-Estado, “El ciudadano ya no es pensado abstractamente como un sujeto individual con derechos universales, sino focalizado en relación con su agrupamiento relacional con otros” (Murillo, 2008:135).

Entre los principios básicos que promociona el empoderamiento, Susana Murillo (2006) menciona; el principio de dar un lugar a la sociedad civil, entendida como “el escenario en el que se reúnen las personas con el fin de velar por sus intereses comunes, no para lucrar o ejercer el poder político” (BM, 2002a:12), compuesta por ciudadanos razonables, que actúan en tanto sujetos morales y no en tanto seres políticos; la sugerencia de adaptarse a las características de cada realidad local, promoviendo el aprendizaje, a partir tanto de los aciertos como de

los errores, respetando las diferencias y buscando el consenso de modo realista; y el impulso a una mayor “actividad” de los sujetos a través de la promoción del diálogo, el reconocimiento de los conflictos y la búsqueda de consensos. Se configura, de ese modo, la imagen de un ciudadano pobre o vulnerable, pero activo.

Lo que se visualiza, entonces, es la metamorfosis de las racionalidades políticas que atraviesan las intervenciones estatales. El Estado ya no actúa como garante de la ciudadanía social, proveyendo las funciones de seguridad social y servicios públicos, sino por el contrario se constituye como un socio de la comunidad quien de ahora en más debe autogobernarse y procurarse dichas funciones. “El ejercicio de la ciudadanía ya no sucede en la esfera pública, sino en esa esfera ni privada ni pública que supone la comunidad. La política se vuelve a la sociedad en sí, bajo la forma de moralidad individual, responsabilidad organizacional y ética comunitaria [Grinberg, 2008]” (Grinberg et al, 2012:167).

Esquematizando lo expuesto, puede afirmarse lo siguiente; las racionalidades políticas que permean las intervenciones del nuevo Estado socio, en el marco del arte de gobierno neoliberal, son, por un lado, la apuesta a la comunidad– como territorio de lealtad; como colectivo ético compuesto por individuos morales, con obligaciones y responsabilidades respecto de su conducta; como espacio cuyos lazos parecen más naturales, espontáneos y basados en el propio interés– y, el empoderamiento, como técnica adecuada para constituirla como objeto y medio de gobierno. Estas racionalidades, atraviesan el arco de políticas implementadas en los barrios rosarinos, no escapando a ellas el “Programa Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial”.

En las líneas que siguen, se analiza el programa rastreando las antedichas lógicas, previa contextualización de la problemática socio-habitacional de los complejos habitacionales FONAVI en la ciudad.

Los complejos habitacionales FONAVI: estado actual Según el informe realizado por Bekinschtein et al (2013), actualmente, los complejos habitacionales financiados con el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) se encuentran atravesados por una serie de problemas físicos, sociales, ambientales y jurídicos comunes. Entre ellos, el informe menciona los siguientes:

1) la ruptura de la trama urbana en el que se localizan los complejos, generando la conformación de espacios sin posibilidad de integrarse a la ciudad que los envuelve.

2) la apropiación privada del espacio público, traducida en la expansión de los departamentos de plantas bajas, la construcción de locales comerciales comunicados con las viviendas, y la construcción de cocheras, entre otros.

3) los problemas en las áreas comunes de los conjuntos, que abarcan desde las fisuras que atraviesan los revoques y las vigas de los edificios puente, las pasarelas, los tramos de las escaleras, pasando por las filtraciones de agua por los techos hasta la existencia de huecos en los espacios donde debieran funcionar los ascensores.

4) el deterioro al interior de las viviendas; el colapso de las instalaciones sanitarias y de gas; las pérdidas en los caños cloacales; y las filtraciones de las cubiertas.

5) los conflictos de convivencia de sus habitantes. Entre los problemas sociales se señalan; la falta de una identidad de pertenencia, de organización y participación de los usuarios en el mantenimiento y uso de las viviendas y espacios comunes; la existencia de relaciones conflictivas entre vecinos y las organizaciones del Estado; la heterogeneidad de procedencia de los habitantes de los conjuntos; y la exclusión y marginación en que se encuentran muchos de estos barrios.

A este listado, en el caso específico de la ciudad de Rosario, se suma la falta de seguridad jurídica que padecen las familias adjudicatarias al no contar con las escrituras de sus viviendas71, derivando de esta situación constantes reclamos por parte de las mismas (La Capital, 2012; 2011).

Frente a estas problemáticas, desde el año 2007 el Partido Socialista, a la cabeza del ejecutivo del gobierno de la provincia de Santa Fe72, comienza a implementar un conjunto de políticas habitacionales destinadas a garantizar la seguridad jurídica de los inmuebles y mejorar las condiciones de hábitat, convivencia 71 A inicios de 2008, de las 61.000 viviendas ejecutadas y administradas por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Santa Fe, solo el 10% contaba con su escritura (Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, 2008).

72 En el año 2007, el Partido Socialista (PS) gana por primera vez las elecciones provinciales de Santa Fe, asumiendo el poder ejecutivo, durante el período 2007-2011, Hermes Binner. Binner es sucedido durante la gestión 2011-2015 por Antonio Bonfatti, perteneciente también al PS.

urbana y participación de los vecinos y vecinas de los Complejos habitacionales FONAVI en Rosario. Entre estas políticas se encuentra la creación del “Programa de Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial”.

Fomentar la solidaridad, apuntalar la participación, el “Programa Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial” El “Programa Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial”, se crea el día 23 de abril de 2013, a partir de la resolución 0025/2013 que dicta la Secretaría del Estado del Hábitat de la provincia de Santa Fe. El objetivo general que expresa el programa es habilitar herramientas de coordinación necesarias para fomentar la participación y el compromiso de los vecinos de Complejos Habitacionales de Vivienda Social Colectiva en el cuidado de los espacios públicos y comunes, y mejorar las condiciones de convivencia social y urbana. El programa, busca promover la coordinación entre el Estado Provincial y Municipal y los distintos entes del Estado Provincial para identificar y ejecutar obras menores y de saneamiento en espacios públicos o comunes (recuperación de plazas, playones, aceras, veredas, señalización, eliminación de barreras urbanas, limpieza, reparaciones y pinturas de fachadas, entre otras acciones) sobre la base del esfuerzo compartido con los vecinos residentes. Éstos, actuando a través de Consorcios deben mejorar el compromiso con su entorno. A su vez, los complejos habitacionales que cuenten con Consorcio de Copropietarios son priorizados para la formulación de convenios específicos, erigiéndose esta herramienta jurídica como una herramienta primordial de la intervención.

El diagnóstico que motiva la intervención puede rastrearse en los considerandos de la resolución 0025/2013. Entre las motivaciones se menciona; a) La complejidad que revisten los complejos debido a su tramado entremezclado de espacios de dominio público y privado; b) La falta de pertenencia y compromiso respecto del cuidado, preservación y mantenimiento general de los espacios de uso común y/o público por parte de los vecinos y habitantes reclamando la intervención del Estado en los conflictos sociales y particulares de habitabilidad; c) La existencia de proyectos anteriores (programa de titularización de viviendas instrumentadas en base a la ley 12.953) orientados a mejorar las pautas de convivencia y organización entre vecinos y vecinas de los complejos,

encontrándose en los mismos un canal adecuado para lograr una mayor pertenencia, responsabilidad y compromiso en el cuidado de sus viviendas particulares y de los espacios públicos y comunes de los barrios. Especialmente, las capacitaciones en materia de formación de Consorcios de Propietarios, atendiendo a una mayor y mejor organización legal y administrativa de los núcleos habitacionales y a posibilitar un mecanismo de participación y canalización de soluciones a problemas de orden social y urbano de los mismos; d) La necesidad de asistir desde las distintas áreas y Entes estatales provinciales al uso y mantenimiento de los espacios públicos y comunes de estos complejos y a la mejora en la provisión de energía y servicios que hacen a la salubridad e higiene por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos.

La lectura de los Considerando permite observar que el programa sitúa la problemática de los complejos en términos de compromiso y conflicto social. Es la falta de cuidado y mantenimiento general de los espacios de uso común y/o público por parte de los vecinos y habitantes, y los problemas de convivencia que estos tienen y reconvierten en demandas de intervención estatal, los que motivan la intervención. De allí, el objetivo general del programa: fomentar la solidaridad entre vecinos promoviendo su esfuerzo colectivo y su participación organizada, para lograr una mayor pertenencia, responsabilidad y compromiso en el cuidado de sus viviendas particulares y de los espacios públicos y comunes de los barrios, y para mejorar su organización legal y administrativa, posibilitando un mecanismo de canalización de soluciones a sus problemas de orden social y urbano. El instrumento escogido para ello es la formación de Consorcios.

“Los consorcios, el desafío de la autogestión”73 La capacitación para la formación de consorcios es considerada por la gestión como la principal herramienta del programa, y el consorcio como el “…ámbito indispensable para el cuidado de los espacios comunes y la organización al interior de los barrios” (https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/ descargar/212019). A su vez, esta figura jurídica se instituye como condición para acceder a obras estatales de señalización, arreglo de veredas, eliminación de barreras urbanas, limpieza, reparaciones, pinturas de las fachadas, entre otras. Dada la importancia otorgada a esta herramienta, la pregunta que emerge 73 https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/descargar/212019

es ¿cuáles son las funciones que cumple la creación de consorcios dentro del objetivo más global de gestionar la problemática socio-habitacional?

Si el diagnóstico, sitúa la problemática socio-habitacional en términos de compromiso y conflicto social, el consorcio, en primer lugar, funciona como una tecnología a partir de la cual construir vínculos entre los vecinos, tejer el lazo social, constituir la comunidad. De allí, el énfasis que el programa otorga a valores como la participación, la solidaridad, la convivencia y el sentido de pertenencia, valores que han de ser promocionados, fomentados mediante mejoras en el entorno y mediante la conformación de consorcios.

Es la comunidad, la entidad que hay que regenerar, a pesar de su efectiva desintegración, y son los vecinos, sujetos interpelados en términos morales, los que deben involucrarse, esforzarse y comprometerse con ella.

En segundo lugar, el Consorcio funciona territorializando, y más aún, localizando la gestión de los conflictos sociales al depositar la responsabilidad por su resolución en la comunidad que habita cada complejo. Si el estado actual infraestructural, físico y social de los complejos habitacionales tiene entre sus productores directos acciones del Estado, como el incumplimiento en la entrega de escrituras, la mala calidad de los materiales de construcción de los conjuntos, la privatización de los servicios públicos y su consecuente degradación, la resolución de estos problemas recae principalmente en los residentes de los complejos.

En otras palabras, la problemática barrial y de los conjuntos es problematizada como producto de la falta de habilidades individuales y colectivas para hacer frente al mantenimiento de estos espacios, más que inscripto en las coordenadas históricas, sociales, económicas y políticas que la produjeron. Esta particular problematización, coadyuva a economizar estrategias de gobierno al depositar la resolución de los problemas socio-habitacionales en la autogestión vecinal.

Como sostienen Demoy et al (2011), el consorcio funciona como una “comunidad de soberanía limitada” 74 - “como un pequeño país”, reflexiona una consorcista santafesina75– ya que posee su propio Reglamento de Copropiedad y 74 Comillas en el original.

75 “El curso de capacitación consta de 40 horas cátedra y tiene diferentes módulos: contable (sobre la inscripción de empleados, pedido de presupuestos), jurídico (ley de propiedad horizontal, responsabilidades, derechos y obligaciones de los consorcios), democrático (cómo formar una asamblea, qué es el quórum, como sesionar) y un último relacionado a la mediación de conflictos. Una vez que se realiza ello, la

Administración, en el cual se encuentran detallados los derechos y obligaciones de los propietarios, y debido a que, mediante asamblea, los propietarios están facultados para redactar un Reglamento Interno de competencia local referido fundamentalmente a pautas de convivencia. Este modo de funcionamiento, como una “comunidad de soberanía limitada”, es provechoso en términos del arte de gobierno neoliberal, ya que la autogestión que los vecinos hagan de su propio hábitat permite al gobierno ahorrar costos y conducirse de modo frugal, es decir, actuar bajo los principios de la economía de mercado.

En tercer lugar, las capacitaciones para la formación de Consorcios76 funcionan estratégicamente como técnicas de empoderamiento. Las capacitaciones modelan conductas, apuntan a instalar activos en los sujetos, a construirlos como individuos responsables, participativos, comprometidos, capacitados para peticionar arreglos, poder administrar fondos comunes, gestionar reclamos, etc.77.

De este modo, los vecinos son exhortados a regularse a sí mismos, a escoger un comportamiento participativo, responsable, solidario y activo para con su barrio.

La exhortación como técnica de empoderamiento y, por lo tanto, como modo de gobernar la subjetividad, se aleja de impartir órdenes o mandatos, despejando los componentes coercitivos y disciplinares característicos de las intervenciones del Estado social. Por el contrario, este modo de intervención actúa sobre las Dirección provincial de Vivienda y Urbanismo participa en la elección de un presidente de consorcio, que es uno por edificio o torre. Luego todos los elegidos conforman una mesa barrial, que además está integrada por otras personas del lugar, como la directora de la escuela del barrio, el comisario, una persona de la mencionada repartición, entre otros actores, en donde se va siguiendo la actividad del consorcio.

Estas mesas sirven para coordinar acciones conjuntas sobre los espacios comunes: instalar una parada de colectivos, reparar mobiliario de una plaza y pintar paredes, son algunos de los ejemplos. En todo ello participan los vecinos, la dependencia policial, los comercios y los centros de salud” (http://www.lacapital. com.ar/los-vecinos-conformaron-80-nuevos-consorcios-nueve-barrios-fonavi-rosario-n444200).

76 Palabras pronunciadas por Griselda Ramírez, con motivo del reconocimiento realizado a los integrantes de la mesa barrial del complejo Latinoamérica (http://m.veintitres.com.ar/article /details/22297/mejoras-en-) 77 Al respecto, resulta ilustrativo el siguiente fragmento extraído del diario Rosario Noticias: “La formación de consorcios tiene como principal objetivo generar en los propietarios un compromiso para que puedan organizarse, reunirse y cuidar su entorno. ‘La idea es volver a tejer los vínculos sociales entre vecinos.

El armado de consorcios en los FONAVIS, es una tarea ardua pero que beneficia a los vecinos porque genera participación ciudadana, trabajo y compromiso para mantenerlos y mejorarlos. A partir de ahora, tendrán que estar organizados, peticionar arreglos, gestionar reclamos de índole edilicia y poder administrar un fondo común para reparaciones, con la asistencia del Estado´, detalló Miguel Lara, coordinador de participación ciudadana del distrito oeste” (http://www.rosarionoticias.gob.ar/page/noticias/id/4243/title/ Mejoras-en-los-FONAVI-de-la-ciudad%3A-un-plan-para-poner-en-valor-y-generar-compromiso#.V365NLhDMw)

elecciones, los deseos, los valores y las conductas de los vecinos, a través de la persuasión, apelando a su entusiasmo y compromiso. Al respecto, resultan ilustrativas las palabras de los gobernantes de la ciudad y la provincia; “Lo más importante es generar entusiasmo para que se formen los consorcios y que los mismos sean la fuerza del barrio para seguir mejorando todos los días” (http:// gobierno.santafe.gov.ar/prensa/ImprNoticia_pdf.php?idnoticia=193762);”Hay que formar los consorcios, festejar las fechas patrias, las navidades, todos juntos para reconocernos entre nosotros” (http://gobierno.santafe.gov.ar/prensa/ ImprNoticia_pdf.php?idnoticia=193762).

De no bastar el entusiasmo, ni el compromiso comunitario, frente a la emergencia de situaciones conflictivas, el programa dispone de un último relevo: el entrenamiento en técnicas de mediación78. La mediación, también funciona como tecnología de empoderamiento, de autogestión y de control del conflicto social. Ésta, es presentada como una forma de evitar gastos derivados de la contratación de abogados y otros requerimientos extrajudiciales, además de como un aporte sustancial para la convivencia ciudadana, en tanto promotora, entre los vecinos, de la capacidad de dialogar y construir acuerdos conjuntos para que sean ellos mismos, y no un agente externo quienes, en calidad de ciudadanos, decidan conjuntamente la manera de resolver el problema que están atravesando (http://www.rosarionoticias.gob.ar/page/noticias/id/ 19869/title/ M%C3%A1s-vecinos-eligen-la-Mediaci%C3%B3n-Municipal-para-resolverproblemas-de-convivencia-urbana#.V4Rgr7h97IU), “…ustedes tienen que contar con herramientas para afrontar los conflictos, salir adelante y no tengan la menor duda de que van a ser un ejemplo de la reconstrucción de la sociedad santafesina” (https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/212019/).

El reverso de esta forma de entender la mediación y de promover su aprendizaje para la gestión de los conflictos, no es otro que el ethos individualizado de la política neoliberal: elección, responsabilidad personal, control sobre el propio destino, autopromoción y autogobierno, lo que en términos foucaultianos aparece como el empresario de sí.

78 En este sentido, durante el “Primer Seminario Santafesino de Consorcistas de Barrios Fonavi”,

se realizaron talleres sobre resolución de conflictos y alternativas para mejorar la convivencia entre los vecinos, además de dictarse una charla del equipo argentino de fútbol para ciegos “Los Murciélagos”, sobre liderazgo y superación de las adversidades (https://www.santafe.gov.ar/ noticias/noticia/212019/).

Reflexiones finales A lo largo del artículo, se describieron las transformaciones producidas durante las tres últimas décadas en las racionalidades que guiaron las acciones estatales sobre el campo de lo social. Junto a ellas, se describió la emergencia de la comunidad como nuevo ámbito y resorte de gobierno neoliberal.

El recorrido por las investigaciones de Rose (2007), Grinberg et al (2012) y Murillo (2006), permitió cartografiar los objetos, mecanismos, objetivos y tácticas del nuevo arte de gobierno de y a través de la comunidad. Entre dichas coordenadas se encontró; el reemplazo de la forma ético-política de ciudadanía social, por una diversidad de comunidades de lealtad localizadas territorialmente; la individuación y responsabilización del sujeto como actor atomizado y moral; el aliento a las comunidades a auto-organizarse y activarse; la emergencia del llamado Estado socio; y la utilización del empoderamiento comunitario como herramienta de gestión. En este marco, el rol asignado al Estado ya no sería el de garantizar la ciudadanía social, proveyendo las funciones de seguridad social y servicios públicos, sino, por el contrario, el de constituirse como socio de la comunidad la cual, de ahora en más, debe autogestionarse y procurarse dichas funciones.

En base a estas coordenadas, el trabajo se propuso rastrear la especificidad que asumió el “Programa Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial”.

Tanto el diagnóstico que éste realizó sobre la situación socio-habitacional de los conjuntos, como la intervención que propuso, fueron problematizados en clave comunitaria. Los problemas de convivencia urbanos de los vecinos y su falta de compromiso en el cuidado y mantenimiento de los espacios públicos y comunes fueron identificados como los causantes de la degradación actual de los conjuntos. La promoción de la solidaridad, la participación social y la construcción de vínculos entre los residentes, fueron escogidos como los antídotos fundamentales para la resolución de los conflictos socio-habitacionales.

La formación de consorcios, en este contexto, actuó como tecnología de gobierno de la problemática socio-habitacional cumpliendo una serie de funciones estratégicas; reconstrucción de la comunidad; gestión del conflicto social; economización de estrategias de gobierno a través de la autogestión; y constitución de las subjetividades mediante técnicas de empoderamiento.

Estas funciones, constituyen los principios que promueve el arte de gobierno

neoliberal: elección, responsabilidad personal, control, autogestión, autopromoción y autogobierno de los individuos y de las comunidades. Las aspiraciones de vivir mejor fueron instrumentalizadas de modo de forjar una simetría entre los anhelos de los vecinos y los valores políticos de orden social y gobierno económico.

En base al análisis realizado, resta apuntar lo siguiente; algo que otrora fue un derecho (obras en espacios públicos o comunes, prestación de servicios públicos, mantenimiento de plazas, aceras, veredas, etc.) aparece en el programa como una concesión sujeta a una condición, la autogestión y la resolución de los propios problemas. En el marco de una progresiva des-universalización en la prestación de servicios y en la efectivización de derechos cabe preguntarse, entonces, si esta manera de concebir e implementar las intervenciones del Estado más que disminuir las desigualdades sociales y urbanas las consolida constituyendo ciudadanos de segunda categoría.

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Capítulo VIII

Repensando el trabajo. Refundar la ciudadanía social a partir de su metamorfosis Florencia Pisaroni

Introducción La “cuestión social”, dice Rosanvallon (2004), fue una expresión lanzada a fines del siglo XIX que remitía a los disfuncionamientos de la sociedad industrial naciente. El desarrollo del Estado Providencia, como él lo llamó, casi había llegado a vencer la antigua inseguridad social y a eliminar el temor al mañana, protegiendo a las personas de los principales riesgos de la existencia (enfermedad, desempleo, jubilación, invalidez, etc.). Pero a la salida de los “Treinta Gloriosos” (1950-1970), el crecimiento de la desocupación y la aparición de nuevas formas de pobreza parecieron llevarnos tiempo atrás. Pero no se trata de un simple retorno a los problemas del pasado: “los fenómenos actuales de exclusión no remiten a las categorías antiguas de la explotación” (Rosanvallon, 2004:7). Por lo tanto, constata Rosanvallon, ha hecho aparición una nueva cuestión social.

El advenimiento de esta nueva cuestión social se traduce en una inadaptación de los viejos métodos de gestión de lo social. Un gran conjunto de transformaciones sobre el mundo del trabajo ha modificado tanto su “morfología” (Antunes, 2013) como el sistema de protecciones que a él se había anclado, dando como resultado la ruptura del “pacto keynesiano”. Por ello, junto con la crisis de los Estados de Bienestar, la “sociedad salarial”, como Castel (2009) llamó a ese conjunto de protecciones articuladas en torno al trabajo, también ha entrado en crisis.

El desafío actual es poder repensar las protecciones a partir de este conjunto de transformaciones, las cuales han tenido impactos tan profundos, y en algunos puntos irreversibles, que tornan inadecuados los sistemas de protecciones hasta entonces desplegados.

El principal interrogante gira en torno a los sujetos de las protecciones: en quiénes, dónde y de qué formas debe ponerse el foco. Para ello es preciso tener un concepto amplio de trabajo, el cual nos permita tener una visión más abarcadora de su nueva

realidad, lo cual resulta imprescindible para poder pensar en nuevas protecciones acordes a nuestros tiempos. Puesto que el mundo del trabajo se ha modificado, teniendo un fuerte impacto en la reconfiguración de los sujetos trabajadores, las nuevas protecciones tienen que poder dar cuenta de estas transformaciones para poder dar respuesta a las nuevas situaciones generadas por la actual reestructuración del capitalismo.

Reestructuración del capitalismo y transformaciones en el mundo del trabajo Desde hace algunas décadas asistimos a grandes transformaciones en el mundo del trabajo. Son producto de las reformas económicas y reestructuraciones productivas que se propiciaron como respuesta a la crisis de los regímenes de acumulación de fines de la década de los ‘70.

En América Latina, las reestructuraciones vinieron de la mano de las reformas impulsadas por el Consenso de Washington a fines de los ‘80. Tuvieron como principales ejes, a grandes rasgos, procesos de apertura comercial, desregulación y liberalización de las economías, privatización de las empresas estatales, reducción del gasto público, políticas macroeconómicas de ajuste estructural para reducir la inflación, junto a medidas tributarias para aumentar la recaudación fiscal. Así se consolidaba la transición a un modelo aperturista, el cual cristalizaría en una creciente financiarización de la economía.

Dicha reestructuración productiva se manifestó en las dimensiones tecnológicas, organizacionales, en las relaciones laborales, en el perfil de la mano de obra demandada y en las culturas laborales y gerenciales, estimulando la subcontratación, la tercerización y los nuevos encadenamientos productivos entre clientes y proveedores.

Este cambio de modelo económico y de acumulación tuvo notables consecuencias en las estructuras productivas y en los mercados de trabajo de la región. Procesos que significaron para millones de ciudadanos la degradación de sus condiciones de vida, la pérdida del empleo y una distribución de la riqueza cada vez más desigual.

El anterior sistema productivo taylorista-fordista, y su respectivo proceso de trabajo, se basaba en la producción en masa, homogeneizada y fuertemente verticalista, con operaciones racionalizadas al máximo, intentando reducir el tiempo y aumentar el ritmo de trabajo, dando como resultado un trabajo parcelado y fragmentado.

La acción mecánica y repetitiva se realizaba a través de la línea de montaje, con procedimientos minuciosamente prefijados por una organización “científica” del

trabajo que buscaba reducir al mínimo el tiempo ocioso. El proceso productivo se caracterizó, por lo tanto, por la combinación de la producción en serie fordista con el cronómetro taylorista, sostenido dicho esquema por una ampliación del consumo en masa (Antunes, 2013).

No fue sino hasta fines de los ‘60 y principios de los ‘70 que dicho patrón de producción y organización del trabajo comenzó a mostrar signos de agotamiento.

Como respuesta del capital a su crisis estructural, se reconfiguró el patrón productivo basado en el binomio taylorismo-fordismo, pero sin transformarse los elementos esenciales del modo de producción, buscando recuperar las bases de acumulación anteriores mediante nuevas formas más flexibles. La alternativa de dominación cristalizó así en una nueva forma de capitalismo, el neoliberal (Antunes, 2013).

Fue entonces cuando se dio paso a la emergencia de un nuevo sistema de acumulación, el cual tendría como nota distintiva la flexibilidad. Lo indispensable sería garantizar la acumulación de modo cada vez más flexible, siendo la experiencia toyotista el más expresivo de esos nuevos requerimientos.

La producción pasaría a ser más individualizada, más vinculada a la demanda, siendo por lo tanto más variada y heterogénea. Para mantener los niveles de competitividad, las empresas reducirán el número de empleados, los cuales producirán mucho más, intensificándose nuevamente los ritmos y procesos de trabajo (lean production), a lo que se sumaría la eliminación, transferencia y tercerización de algunas unidades productivas. El trabajo deberá ser ahora polivalente, multifuncional, adaptable a cualquier necesidad que surja en la empresa, más participativo y principalmente orientado al trabajo en equipo, con estructura horizontal, buscando un mayor involucramiento del trabajador y “realización en el trabajo” (Antunes, 2013).

Como consecuencia de todos estos procesos, los mercados de trabajo sufrieron transformaciones, produciéndose un deterioro generalizado de la situación laboral de los trabajadores latinoamericanos. Si bien la informalidad no era una novedad en América Latina, la misma se profundizó; el desempleo abierto alcanzó niveles sin precedentes; se deterioró la calidad de los empleos debido a las transformaciones en las estructuras de los mercados de trabajo, que, junto a los cambios en materia de legislación laboral, implicaron una precarización creciente del empleo. Los indicadores más claros han sido el aumento sostenido de la desocupación, la subocupación, la informalidad y el advenimiento de un proceso de precarización laboral. Aunque en algunos países estos indicadores no eran nuevos, tendieron a profundizarse las críticas situaciones laborales preexistentes (Muñiz Terra, 2009).

De este modo, el trabajo se diluyó en formas más precarias, más inseguras, más invisibles, más dispersas. Los trabajadores continuaron desempeñando diversas actividades en busca de su sustento material. Así, lo realmente original de la situación no fue la desaparición del trabajo (como algunos comenzaron a conjeturar), sino el surgimiento de nuevos trabajos caracterizados por su precariedad, temporalidad e inseguridad, que aparecieron como alternativas de inserción laboral cuando las vías tradicionales (trabajo estable, regulado, formal) se vieron deterioradas (Muñiz Terra, 2009), constituyéndose toda una nueva “morfología” del trabajo, como la llamo Antunes (2013).

Los efectos más evidentes de dicha reestructuración fueron la profunda transformación de los mecanismos de regulación de los mercados de trabajo, de los patrones productivos y la desestructuración y reconfiguración de los actores sociales y económicos implicados en la negociación capital-trabajo. El debilitamiento de los sindicatos y de su capacidad negociadora fue quizás una de las manifestaciones más notorias en el ámbito de las relaciones sociales de la crisis del modelo keynesiano-fordista y el desmantelamiento de la legislación social, la precarización laboral, el desempleo y la flexibilización laboral, constituyen algunas de las principales consecuencias acarreadas por la desestructuración del mundo asalariado y por un profundo cambio en la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo en desmedro de este último (Taddei, 2000).

Transformación de los sujetos de las protecciones Podría señalarse, por lo tanto, que la conmoción que afectó a la sociedad desde principios de los ‘70 se puso de manifiesto a través de la transformación de la problemática del empleo, en sus distintas facetas: desempleo, precarización, flexibilidad y terciarización (Castel, 2009).

El desempleo es sin duda la manifestación más visible de esta transformación profunda, con un aumento de las tasas de desempleo sin precedentes desde el resurgimiento de las economías después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, la precarización se transforma en el signo distintivo del trabajo en esta nueva coyuntura. Las “formas particulares de empleo” desplazaron los anteriores contratos por tiempo indeterminado, desarrollándose una multiplicidad de situaciones heterogéneas: contratos por tiempo determinado, trabajo provisional, jornada parcial, “empleos ayudados” sostenidos por el poder público en el marco de la lucha contra el desempleo, entre otros. La diversidad y discontinuidad

de las formas de empleo comienzan a reemplazar el paradigma del empleo homogéneo y estable. Fenómeno incluso hasta más significativo que el propio desempleo, según lo entiende Castel (2009), puesto que son los procesos que nutren la vulnerabilidad social y, en última instancia, generan desempleo y desafiliación.

Por otro lado, se impulsaron procesos de flexibilidad laboral, los cuales se orientaron a la necesidad de que el operador esté de inmediato disponible para responder a las fluctuaciones de la demanda. Flexibilidad que puede cobrar variadas y múltiples configuraciones: salarial, de horarios, funcional u organizativa (Antunes, 2013). La empresa puede recurrir tanto a la subcontratación (flexibilidad externa o tercerización), confiándole a empresas satélites las fluctuaciones del mercado, como a formar personal con flexibilidad y polivalencia para hacer frente a toda una gama de situaciones nuevas (flexibilidad interna), adaptando a su personal a los cambios tecnológicos y eliminando a quienes no sean capaces de estar a la altura de los nuevos requerimientos. Así, se transforma la empresa no sólo en una máquina de vulnerabilizar, sino también (y crecientemente) de excluir.

Por último, se puede resaltar el incremento de la terciarización de las actividades, desplazándose las actividades hacia el sector de los servicios, en las que predomina el contacto directo entre el productor y el cliente, además del carácter cada vez más informacional y relacional de las actividades.

Todo lo cual nos indica, en palabras de Castel, que el problema actual no es sólo el que plantea la constitución de una “periferia precaria” sino también el de la “desestabilización de los estables”. Ha habido un nuevo crecimiento de la vulnerabilidad de masas. Así como el pauperismo había estado inscripto en el núcleo de la dinámica de la primera industrialización, la precariedad del trabajo es un proceso central, regido por las nuevas exigencias tecnológico-económicas de la evolución del capitalismo contemporáneo. Son las consecuencias necesarias de los nuevos modos de organización del empleo, debido a las reestructuraciones industriales y la lucha por la competitividad (Castel, 2009).

Primaría, entonces, la desestabilización de los estables y la instalación de la precariedad, donde una parte de los trabajadores integrados y de los asalariados corre el riesgo de caer. El desempleo se torna recurrente, la población relativamente empleable para tareas de corta duración y fácilmente despedibles comienza a ser la regla, se vuelve una constante la alternancia entre actividad

e inactividad, de oportunidades provisionales sin certidumbre del mañana.

Serán empleos discontinuos que no podrían servir de base para la proyección de un futuro manejable y que impone estrategias de supervivencia basadas en el presente (“vivir al día”).

Podríamos complejizar este análisis mencionando, como Rosanvallon advierte, que se produce a su vez una “revolución sociológica”, donde los sujetos del Estado de Bienestar cambian: lo que debe manejar ahora son cada vez más individuos particulares y menos poblaciones. Antes debían ser tratados los problemas de poblaciones relativamente homogéneas, ahora se debe sobre todo encargarse de individuos que se encuentran en situaciones que le son particulares. El universo social se encuentra más atomizado e individualizado, con contornos más fluctuantes e inestables. Se vuelve preciso, por lo tanto, un nuevo enfoque de lo social que ponga el acento en las trayectorias individuales, en las historias de vida de los individuos. Se produciría, así, un pasaje de las “poblaciones” a las “situaciones” (Rosanvallon, 2004).

El análisis realizado por Castel de esta situación lo lleva a interpretar la cuestión social, tal como se presenta hoy en día, como consecuencia del derrumbe de la sociedad salarial, del estatuto del sector asalariado, siendo la problemática de la exclusión un efecto de ese derrumbe. La característica más perturbadora de la situación actual sería sin duda la reaparición de los “trabajadores sin trabajo” (Arendt citado por Castel, 2009), los cuales ocuparían en la sociedad, literalmente, un lugar de “supernumerarios” (Castel, 2009), visibilizándose un déficit de “lugares ocupables” en la estructura social, si entendemos por “lugar” una posición con utilidad social y reconocimiento público, como sostiene Castel (2009). Son los que él denomina “inútiles para el mundo”, que viven en él pero no le pertenecen realmente. Ocupan una posición de supernumerarios, flotan en una especie de tierra de nadie social, no integrados y difícilmente integrables (entendiendo a la integración como lo hace Durkheim, como la pertenencia a una sociedad formada por un todo de elementos interdependientes).

El signo del trabajo actual pasará a ser entonces la precarización estructural del mismo. Asistimos a una erosión de los trabajos estables, contratados y reglamentados, sustituidos por una explosión de nuevas, y no tan nuevas, formas de trabajo, muchas veces caracterizados como “trabajos atípicos”: tercearizado; trabajo part-time; diversas formas de emprendedurismo y cooperativismo (cuando los mismos se convierten en formas ocultas de trabajo asalariado,

ampliando la precarización y la destrucción de los derechos sociales); trabajo voluntario; tercer sector; el incremento de los empleos y servicios de proximidad, cuidados contratados para niños, ancianos e inválidos, asistencia doméstica y todas las formas de trabajo sumergido en el sector de pequeños servicios a personas; entre otros. Esto demuestra, sin dudas, las distintas estrategias de supervivencia que comienzan a ser desplegadas, lo que da cuenta de una nueva configuración de la “clase-que-vive-del-trabajo” (Antunes, 2013), a pesar de que muchas de ellas impliquen condiciones tan inseguras, mal pagas y degradados.

Todo este ingente conjunto de transformaciones, las cuales provocan una complejización de la cuestión social, han comenzado a evidenciar la inadaptación de los viejos métodos de gestión de lo social propios del período de estabilidad de los Estados de Bienestar.

Reconfiguración de las protecciones sociales Junto al auge del fordismo-taylorismo se logró erigir un sistema de “compromisos” y “regulaciones” que permitieron tejer una amplia red de protecciones, generando por un tiempo la ilusión de una armonía estable y duradera entre el capital y el trabajo, mediada por el Estado. Fue la época del llamado “pacto social”, de inspiración keynesiana, que estructuro los diferentes Estados de Bienestar.

El sistema de protecciones sociales clásicas, dominado por los seguros ligados al trabajo y financiados mediante cotizaciones recaudadas sobre el trabajo, comenzó a presentar varias dificultades. A partir de esta constatación, se comienza a desarrollar lo que podría representar un nuevo régimen de la protección social dirigido a los “dejados-de-lado” por las protecciones clásicas. Disposiciones que no obedecieron a un plan de conjunto, pero que parecen esbozar protecciones muy diferentes a la propiedad social caracterizada por la hegemonía de las protecciones incondicionales fundadas en el trabajo (Castel, 2013).

Esta transformación de las modalidades de intervención del Estado puede entenderse, para Castel (2009), como el pasaje desde políticas llevadas a cabo en nombre de la “integración” hacia políticas conducidas en nombre de la “inserción”.

Las políticas de integración eran aquellas animadas por la búsqueda de grandes equilibrios y de la homogeneización de la sociedad, procediendo para ello mediante orientaciones e instrucciones generales en un marco nacional. Las políticas de inserción, en cambio, obedecerían a una discriminación positiva: se focalizan en poblaciones particulares y zonas singulares del espacio, desplegando estrategias

específicas. Pero, principalmente, la intervención ocurre a partir de la constatación de un déficit de integración: tienen menos y son menos, se encuentran en una situación deficitaria, por lo que es necesario actuar para cerrar la distancia con la integración no lograda (Castel, 2009).

La cuestión de la inserción surgió al aparecer un nuevo perfil de “poblaciones en problemas” que trastornó toda la anterior construcción79. No se les aplicaba directamente el mandato de trabajar ni las diferentes respuestas manejadas por la ayuda social. Zona incierta donde no hay empleo seguro aún para quién quisiera tenerlo y donde sus trayectorias erráticas de vida no dependen sólo de factores individuales.

Para estas nuevas poblaciones las políticas de inserción debían inventar nuevas tecnologías de intervención: no tenían la ambición de las políticas integrativas universalistas, pero eran distintas también de las acciones particularistas de objetivo reparador, correctivo, asistencial, de la ayuda social clásica.

Aparecieron en una coyuntura específica, cuando comenzaba a abrirse una zona de turbulencia en la sociedad salarial, a fines de los ‘70. Interrogaban a todas las instancias de socialización, pero ninguna podía responderles. Planteaban una cuestión transversal, de la que puede decirse que era la cuestión de su integración, declinada en sus múltiples facetas. Exhibían los problemas de lugar, de tener un lugar en la sociedad, es decir, a la vez, y correlativamente, una base y una utilidad sociales (Castel, 2009).

Rosanvallon (2004), por su parte, también observa que ocurre esta transformación de las protecciones sociales, donde se da un pasaje desde un conjunto de prestaciones universalmente aplicadas hacia un nuevo conjunto de protecciones más selectivas. Las mismas vendrían a encarnar lo que él llama “Estado Providencia Selectivo”, que implicaría la segmentación de las 79 Anteriormente, en el dominio de la protección social existía una relación de complementariedad entre el Seguro Social y la Ayuda Social, para poder abarcar así al conjunto de protecciones; dualismo que debía desaparecer con el tiempo. La Seguridad Social sería aquel sistema de protecciones clásicas: realizaría una socialización generalizada de los riesgos al “cubrir” a los asalariados, sus familias y a todos los que se inscriban en el orden del trabajo; eran medidas de alcance general. La Ayuda Social, heredera de la antigua función de la asistencia, dispensa recursos subsidiarios a aquellos cuya existencia no estuviese asegurada sobre la base del trabajo o la propiedad; eran medidas focalizadas. Esta distinción atraviesa toda la historia de la protección social: por un lado, cobertura por el trabajo para todos los que podían (y, por lo tanto, debían) trabajar, y, por el otro, acceso al socorro para quienes no podían o se los liberaba de esa exigencia por razones consideradas legítimas (Castel, 2009).

protecciones sociales, las cuales estarían ahora condicionadas según los ingresos o los recursos de los beneficiarios potenciales. La “selectividad” constituiría una solución a la crisis financiera que atravesaban los Estados de Bienestar, atropellando uno de los dogmas fundadores del mismo: la universalidad de las prestaciones, tanto de las personas que engloba como de los riesgos que cubría.

Dicho modo de vida laboral, tal como se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, en la época fordista-keynesiana, marcado por la estabilidad en el trabajo, la normalidad productiva, por la ciudadanía salarial y por el esfuerzo político de lograr el pleno empleo, sufrieron notables transformaciones.

Aquel conjunto de situaciones y acontecimientos que tendieron a la ruptura y a la fragmentación de la relación salarial fordista propia de la era del pacto keynesiano impactó sobre el mundo del trabajo, provocando un fuerte proceso de fragmentación, de individualización y de desafiliación o pérdida de sus referencias y soportes institucionales (Alonso, 1999), como anteriormente ya fue analizado. Entraba así en crisis aquella configuración que dio respuesta a la crisis de los años ‘30, la cual tuvo como eje, para la construcción de las protecciones, la identidad entre trabajo y ciudadanía80. El trabajo se había constituido, entonces, en el elemento central de esa ciudadanía social y, por tanto, era el primer regulador de los derechos de los sujetos dentro de la sociedad del bienestar (Alonso, 1999).

Es así como la ciudadanía ha ido deconstruyéndose y fragmentándose, reduciéndose a una fórmula cada vez más compleja, en la que se quiebran los presupuestos de tipo universal para entrar en combinaciones particulares de protecciones, cada vez más personalizadas, diferenciadas y localizadas. Así, la ciudadanía social está siendo desarticulada (Alonso, 1999).

Fenómenos como la pérdida de cohesión social, la exclusión, la individualización de las trayectorias laborales y el debilitamiento de la negociación colectiva, la ampliación sistemática o el aprovechamiento programado de los segmentos 80 El modo de regulación fordista-keynesiano, para Alonso (1999), se componía de una faceta privada, articulada tanto en la producción como en el consumo en masa y estandarizado, y de una faceta pública, ligada fundamentalmente a la regulación normativa de los procesos de uso de la fuerza de trabajo. Se intentaba, por un lado, desconflictualizar la producción industrial mediante políticas de negociación colectiva y de redistribución parcial, y, por el otro, asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo mediante la provisión de bienes y servicios públicos en vistas a la conformación de un sustrato material que constituya un modo de vida compatible con los circuitos de la acumulación económica, las políticas fiscales progresivas y las políticas públicas de igualación.

laborales más desprotegidos, conducen a una creciente multiplicación de sujetos frágiles y de franjas débiles en la institucionalización social del mercado de trabajo, así como a la tendencia de éste a tener un comportamiento no tanto integrativo como disipativo y disgregador (Alonso, 1999). Todo lo cual indicaría una creciente fragmentación de los sujetos sociales.

Las condiciones ya no son las mismas que durante la época del pacto keynesiano.

Si bien es posible rescatar el espíritu o la esencia de dichas protecciones, un simple retorno no puede ayudarnos a avanzar. Los sujetos de las protecciones ya no son los mismos de antes, por lo que resulta necesario refundar las mismas. Si algo es preciso rescatar de aquella época, es la concepción de las protecciones como asunto de derecho, como fundantes de una ciudadanía social. Ahora bien, pensarlas homogéneamente, ya no será posible debido tanto a la “revolución demográfica” que ha acontecido, como la llama Rosanvallon (2004), así como a las profundas transformaciones ocurridas en el mundo del trabajo, producto de la restructuración productiva y de las nuevas formas que adopta el capitalismo en nuestros días.

Cuando comenzaron a hacer juego los engranajes de la sociedad salarial (de la escuela al trabajo y del trabajo a la jubilación) y la inserción apareció como problema, se propusieron todo un nuevo conjunto de tecnologías para resolverlo.

Pero, las políticas llamadas de “inserción”, “¿están a la altura de las fracturas que se han ahondado?” (Castel, 2009: 390).

Para Castel, la consolidación progresiva de las políticas de inserción indicaría la instalación en lo provisional como régimen de existencia. Terminaría por producirse un pasaje de la inserción como etapa a la inserción como estado: se transforman estas situaciones en un estado transitorio-duradero, estatuto intermedio entre la exclusión y la inserción definitiva. Acaban por instalarse procesos de inserción perpetua, donde no se abandonan por completo a los sujetos, a quienes se “acompañan” en su situación presente, tejiendo en torno suyo una red de actividades, iniciativas, proyectos (Castel, 2009).

Las políticas de inserción parecen no haber logrado conducir a una parte importante de su clientela a través de la transición hacia la integración, transformándolos de sujetos a insertar en sujetos integrados. Constatación que no las condenan, pues por el momento contribuyeron a evitar lo peor. Su mérito reside en no resignarse al abandono de un número creciente de sujetos, quienes su único crimen es ser “inempleables”.

Repensar el trabajo para refundar las protecciones Pero, según Castel, tal como están implementadas hoy en día estas políticas no podrían representar una alternativa global a las protecciones anteriormente elaboradas contra los principales riesgos sociales, a menos que se convalide una regresión de la problemática y se reduzca la protección social a una “ayuda”, generalmente mediocre y reservada a los más desfavorecidos. La protección social no puede constituirse solamente en el otorgamiento de ayudas en favor de los más desamparados, debería ser la condición de base para que todos puedan seguir perteneciendo a una “sociedad de semejantes” (Castel, 2013:102).

Pensando en estas cuestiones, Castel se interroga (y nos interpela): “¿El derecho a la asistencia puede fundar una ciudadanía social?” (Castel, 2013:96), siendo su respuesta a ello muy contundente: “No si es concedido debido a una inferioridad, la cual resultaría así legalizada” (Ibidem). Al contrario, es preciso considerarlos no como personas asistidas sino como miembros iguales privados provisoriamente de las prerrogativas de la ciudadanía social, fijándose como objetivo prioritario procurarles los medios, que no son sólo materiales, de recuperar esa ciudadanía (Castel, 2013:98).

Son estas constataciones las que justamente nos instan no sólo a repensar las protecciones sociales sino a hacerlo, necesariamente, en relación con el trabajo.

Pero, justamente por ello, también resulta imperioso preguntarse de que estamos hablando cuando hablamos de “trabajo”. El trabajo no es un hecho universal que tenga el mismo significado en cualquier sociedad, en cualquier tiempo, ni en cualquier cultura. El concepto de trabajo es una construcción social, temporal y espacialmente definida, referida a un modo de vida de los sujetos, así como a un sistema de relaciones simbólicas que se desarrollan en su entorno y de acuerdo a ciertas relaciones de poder, por las cuales diferentes discursos disputan su significación y su sentido. No sólo qué se incluye y qué no dentro de la categoría de trabajo, sino que dimensiones se tienen en cuenta y cuales se priorizan, determinaran un tipo particular de discurso sobre el trabajo y su significación.

Como afirma de la Gaza Toledo, “no cabe por lo tanto una definición abstracta de lo que es trabajo (frente a lo que no lo es), sino que sus significaciones son construcciones sociales que implican determinadas relaciones de poder y dominación, relaciones de fuerza que pueden hacer variar los significados de los conceptos. El pensamiento único reduce el trabajo al asalariado, dándole un

carácter universal y no histórico” (de la Garza Toledo, 2001:14; cursiva en el original).

La concepción reducida del trabajo, propia de la modernidad industrial, ha implicado no sólo la invisibilización de un conjunto de actividades como trabajo, sino un relegamiento y subordinación en sus análisis a partir de aquellas actividades consideradas, desde esta perspectiva hegemónica, como la actividad prototípica de trabajo, caracterizando al resto como informales, no clásicas, etc.

Con lo cual, ni se las ha explorado suficientemente, ni han concitado el interés de las instituciones tradicionales para configurar arreglos institucionales, quedando siempre en una relación subordinada y de desprotección.

Es preciso contar con una concepción ampliada del trabajo la cuál sea sensible a la nueva polisemia del mismo, a su nueva morfología, cuya principal característica, como lo señala Antunes (2013), es su “diseño multifacético”.

El trabajo asalariado, estable, regulado, se transformó discursiva y simbólicamente en la clásica relación entre trabajo y capital. La discusión acerca del trabajo atípico tiene detrás la comparación con un tipo ideal de trabajo que, en los países desarrollados, en algún período de su historia, llegó a ser mayoritario: el industrial, estable, subordinado a un solo patrón y empresa, con relaciones claras de quién es trabajador subordinado y ante quién es patrón (relación laboral bilateral), de tiempo completo y con contrato por tiempo indeterminado, con seguridad social (de la Garza Toledo, 2009:125).

En contraposición, el atípico sería el no subordinado a un solo patrón o integrado a una sola empresa, sin contrato por tiempo indeterminado, sin tiempo completo, desprotegido, riesgoso, pero no necesariamente precario, así como aquellos en los que el cliente está implicado directamente en la producción. Ejemplos de ellos serían los de tiempo parcial, por llamada, por obra, estacional, con agencias de contratación, el teletrabajo, el de aprendizaje o a prueba, el free lance, el domiciliario, pero también los tradicionales de salud, transporte, venta callejera y los traslapes entre tiempos y espacios productivos y reproductivos (trabajo y vida cotidiana, trabajo y tiempo libre, el continuum entre trabajo y no trabajo) (de la Garza Toledo, 2009:125).

Como se puede observar, a partir de todas las transformaciones ocurridas producto de la reestructuración del capitalismo y sus consecuencias en el mundo del trabajo, la identidad entre trabajo y ciudadanía se encuentra radicalmente amenazada, ya sea con respecto a la seguridad en el puesto de trabajo, a los

derechos laborales o al respaldo del Estado a la negociación colectiva. Podría decirse que se origina una fragmentación social que trae como consecuencia una multiplicidad laboral, ligada a la vulnerabilidad, al riesgo y a la individualización de los actuales procesos de trabajo.

A la antigua y esencial lógica del sistema capitalista que convierte a la competencia y la búsqueda de productividad y ganancia en un proceso destructivo que genera una inmensa precarización del trabajo, acrecentando y creando nuevas formas de explotación, se suma una tendencia expulsiva cada vez mayor, tornándose su lógica aún más antisocial, aumentando enormemente el número de desempleados: cada vez hay menos lugares ocupables, como nos diría Castel. Muchos de ellos ya no pasaran a engrosar las filas del “ejército industrial de reserva”, sino que el destino que les traza el nuevo sistema de acumulación será, lisa y llanamente, la exclusión, la inintegrabilidad en los procesos productivos clásicos.

A pesar de este nuevo escenario que se configura, los sujetos continúan desempeñando diversas actividades en busca de su sustento material, creando por consiguiente nuevas formas de trabajo. Por lo tanto, resulta imposible intentar repensar nuevas formas de protecciones sociales sin ser sensibles a las mutaciones y transformaciones producidas en el mundo del trabajo.

Si bien en el corazón de la reproducción actual del capitalismo se encuentra una tendencia creciente hacia la flexibilización y precarización del trabajo, la cual entraña un gran revés en las relaciones de fuerza de los colectivos que pudieron dar lugar a la creación de la “propiedad social”, el verdadero desafío se encuentra en encontrar arreglos institucionales para aquellos trabajos que escapan al asalariado y, más aún, para quienes pasan a formar las filas de los supernumerarios.

Se intentaría evitar, de este modo, la tentación de “asalariar” la exclusión (Rosanvallon, 2004), donde los esquemas configurados dieran como resultado la introducción de un sistema de exclusión indemnizada. Semejante movimiento implicaría dirigir las protecciones hacia una institucionalización perversa de la separación entre lo económico y lo social. Si se disociara de manera radical lo económico de lo social, se permitiría que la cuestión del trabajo quede relegada a segundo plano, produciéndose una inversión paradójica: el avance del derecho social terminaría por avalar la exclusión, creando un macro-contrato social

que legitimaría el funcionamiento totalmente asocial del mercado en el nivel microeconómico (Rosanvallon, 2004).

Hoy en día es preciso refundar las protecciones sociales, principalmente repensar aquellas que estuvieron ligadas al trabajo, que fueron las que se erigieron en el corazón de los sistemas de protecciones sociales durante el auge de los Estados de Bienestar. Es por ello que resulta indispensable repensar el trabajo, construir un concepto amplio del mismo, en donde se incluyan dimensiones y relaciones anteriormente dejadas de lado, para que pueda dar cuenta de la actualidad y complejidad de su metamorfosis.

Algunas notas finales A partir de la crisis experimentada por el capital y sus respuestas a la misma, de las cuales son expresiones el neoliberalismo y la reestructuración productiva de la era de la acumulación flexible, se produjeron profundas transformaciones en el mundo de trabajo, tanto en su “morfología” (Antunes, 2013) como en los arreglos institucionales articulados en torno a él, los cuales habían conformado lo que Castel (2009) llamó la “sociedad salarial”.

En la época de las reestructuraciones, el discurso hegemónico proclamaba nuevas formas de organizar el trabajo tendientes a aumentar su productividad y a establecer nuevas relaciones más democráticas y enriquecedoras del trabajo.

Se anunciaba, así, la superación del conflicto entre capital y trabajo. Hoy resulta más que evidente lo que realmente significaron esas transformaciones en el mundo del trabajo, las cuales lejos estuvieron de significar beneficios para la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras.

Hoy en día la necesidad de desafiar la subordinación estructural jerárquica del trabajo al capital continúa siendo una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Dicho enfrentamiento se torna impensable sin la reafirmación de la centralidad del trabajo. Por ello resulta preciso retomar la temática, ampliándola e insertando otras dimensiones, para poder pensar el mundo del trabajo hoy en las formas contemporáneas que adopta la clase-que-vive-deltrabajo (Antunes, 2013) y, por lo tanto, en las formas contemporáneas que adopta la centralidad del trabajo y sus múltiples sentidos.

Pensar que el único trabajo posible y deseable es el asalariado no sólo implica reducir el espectro de lo posible, sino sucumbir a la hegemonía del capitalismo.

Claro está, para que otros tipos de trabajo puedan tornarse realmente viables,

deben contar con la posibilidad de permitir la reproducción de la vida de un modo que no se limite a los mínimos necesarios para la reproducción material.

El problema de pensar en otras alternativas es que muchas veces implican precariedad e inestabilidad. Es preciso que las protecciones se extiendan hacia otros tipos de trabajos distintos al asalariado, y que las mismas estén a la altura de las de la pasada sociedad salarial. Resulta imperioso, por lo tanto, repensar la antigua propiedad social.

Es una problemática sumamente compleja, por lo que resulta indispensable romper con los esquemas actuales, los cuales no logran darles una respuesta adecuada a las transformaciones acontecidas. Sin intentar saldar una discusión ni pretender haber llegado a una respuesta definitiva del problema, únicamente se intenta poner el foco en otras miradas, las cuales se considera que no están suficientemente visibilizadas, para poder así explorar otros tipos de posibilidades.

Nos encontramos, desde hace unos años, como en los tiempos anteriores a los compromisos de la sociedad salarial, con una mutación del capitalismo que abre los interrogantes sobre cómo dar seguridad a las nuevas realidades configuradas. “Se trataría de una mutación completa de nuestra relación con el trabajo y, en consecuencia, de nuestra relación con el mundo: habría que inventar una manera totalmente distinta de habitar este mundo, o resignarse al apocalipsis” (Castel, 2009:390).

La propuesta es intentar ampliar el espectro de lo posible, como nos proponen Boaventura de Sousa Santos y César Rodríguez: “La insistencia en la viabilidad de las alternativas no implica, con todo, una aceptación de lo que existe. La afirmación fundamental del pensamiento crítico consiste en la aserción de que la realidad no se reduce a lo que existe. La realidad es un campo de posibilidades donde tienen cabida opciones que fueron marginadas o que ni siquiera se intentaron (…) En este sentido, la función de las prácticas y del pensamiento emancipadores consiste en ampliar el espectro de lo posible por medio de la experimentación y de la reflexión sobre proposiciones que representen formas de sociedad más justas. (Santos y Rodríguez, 2011:17; cursivas nuestras).

Todo ello en vistas de seguir apostando por la centralidad del trabajo y así intentar reconstruir nuevos lazos y articulaciones ente trabajo y ciudadanía social.

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PARTE IV El tamiz neoliberal en la administraciรณn de la violencia, la (in)seguridad y la justicia

Capítulo IX

La centralidad de la víctima como estrategia política: proyectos de ordenanzas y discusiones en el Concejo Municipal de Rosario Luciana N. Ginga81 Guillermo J. Campana 82

Introducción “El dolor de la víctima crea una suerte de consenso espontáneo, lo que le pasó no divide posiciones” (Rodríguez Alzueta, 2014:56)

Perseguimos con este escrito el objetivo de analizar cómo se ha pensado desde ciertos actores políticos relevantes de Rosario, –los/as concejales– las proyectos de ordenanzas que tienen como eje la protección a las víctimas y/o a las familias de las víctimas de hechos delictivos y violentos. La indagación que se persigue gira en torno a detectar el modo en que se han construido estas propuestas, la problematización de la que partieron, qué variables tuvieron en cuenta para diagnosticar un estado de situación determinado y a quiénes consideraron víctimas y a quiénes no.

La problemática de la violencia y del delito urbano se ha constituido en nuestro presente y en nuestra ciudad, en un tema acuciante. Aun así, esta preocupación no es constante ni para todos/as los/as habitantes de la ciudad por igual, ni se manifiesta al mismo ritmo que los asesinatos ocurridos. Entonces, nos preguntamos: qué hace que algunos hechos se configuren y adquieran más relevancia que otros; por qué algunos asesinatos inquietan, duelen y preocupan más que otros; cómo llega a constituirse esta problemática en problemática política.

81 Maestranda en Criminología (UNL). Becaria Doctoral CONICET/UNR. Miembro del PEGUES. 82 Abogado por la Facultad de Derecho (UNR). Miembro de la Asamblea por los Derechos de la niñez y la juventud. Abogado querellante en causas de Violencia Institucional de la ciudad de Rosario.

Se abordará para esto, tres proyectos de ordenanzas presentados en el Concejo Municipal de la ciudad de Rosario acerca del tratamiento de protección hacia aquellas personas que hayan sido víctimas de delitos y de violencia. Uno de los proyectos de ordenanzas corresponde al Bloque Radicales Progresistas presentado en el año 2014, el otro proyecto de ordenanza es el presentado por Ciudad Futura en el año 2016 y el tercer proyecto de ordenanza ha sido trabajado por el Bloque Compromiso con Rosario, también en el año 2016.

En este sentido, partimos de los siguientes interrogantes: ¿pueden considerarse que todas las víctimas son iguales?, ¿es posible equiparar a todas las víctimas bajo un modo genérico de denominar delito y violencia?; si no hay distinción ¿qué sucede, en este caso, con la o el victimaria/o?; ¿son todos/as los victimarios/ as iguales?; ¿en el marco de qué racionalidad política ubican la problemática?; ¿cuáles son las principales aristas en la construcción de la problemática? En función de esto, ¿cómo se proponen las intervenciones?

Si bien, por un lado, se considera auspicioso que estas preocupaciones lleguen al organismo deliberativo de la ciudad, por otro se advierte que resulta necesario plantear ciertas alertas en el tratamiento, en el modo de enunciar y en la manera de construir el problema ya que dependiendo del modo en que se haga esto, influirá luego, directamente en el modo de intervención.

Los tres proyectos de Ordenanzas El proyecto de ordenanza presentado por el Bloque Radicales Progresistas parte del problema del creciente número de víctimas de hechos violentos como consecuencia de situaciones de inseguridad. La ordenanza tiene por objeto establecer “El Servicio Municipal de Asistencia Integral a las Víctimas y Familiares de Víctimas Violencia”; en el ámbito de la Municipalidad de Rosario, trabajando a partir de su reconocimiento como sujeto de derecho, atendiendo sus necesidades de protección y asesoramiento, promoviendo el uso efectivo por parte de la víctima y/o su entorno familiar, de todos los recursos legales que el estado pone a su disposición, garantizando la protección y la asistencia de la víctima y de su familia. Al mismo tiempo, se consideran beneficiarios/ as de la presente Ordenanza aquellas personas que como consecuencia de un

hecho delictivo hayan sufrido en su entorno cercano una víctima fatal, o como consecuencia del mismo, haya quedado incapacitada.

El proyecto de Bloque Compromiso con Rosario, parte de comprender la situación de Rosario, que se ha agravado con los años, donde se suceden diariamente numerosos episodios de violencia interpersonal, muchos de los cuales tienen como resultado fatal la muerte de una persona. Que dicha situación se verifica, principalmente, en delitos vinculados con el narcotráfico y delitos contra la propiedad. En este sentido, considera necesario fijar el ámbito de actuación de este programa respecto a la asistencia de las víctimas de delitos contra las personas.

Por eso plantea como objetivo del programa que propone: dar una asistencia integral por parte del Estado Municipal, para que las víctimas de un delito contra las personas (Código Penal Argentino, Libro II Título I, arts. 79 a 108) y sus familiares puedan superar procesos dolorosos de victimización logrando una superación de su complejo problema psíquico –social y una pronta readaptación ciudadana.

El Centro de Asistencia a la Víctima del Delito atenderá a todos aquellos que hayan resultado víctimas de delitos penales estipulados en el Libro II Título Primero, arts. 79 al 108 del Código Penal Argentino. También tendrán derecho a recibir la atención y prestaciones del programa los familiares directos de la víctima de un delito, entendiéndose por ello a los ascendientes directos (padre y madre), los descendientes directos (hijos e hijas), el cónyuge, el conviviente, concubino y/o quien reciba ostensible trato familiar que puedan acreditar debidamente la relación por los medios que el Código Civil y Comercial estipula.

Mientras que los dos proyectos que brevemente mencionamos hasta aquí no tienen en cuenta a las víctimas de Violencia Institucional, el proyecto presentado por la fuerza Ciudad Futura es el único de los 3 proyectos que menciona la Violencia Institucional como problema, dicen en sus considerando: los hechos de victimización –mayoritariamente– aquejan a sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad, agravando esa situación originaria en múltiples ámbitos de la vida cotidiana: pérdida de sus trabajos, desplazamientos, desmejoramiento en la salud, etc.

A su vez, marcan que la complejidad del entramado delictivo, se le suma también un importante crecimiento de la Violencia Institucional, entendida esta como aquellas situaciones concretas que involucran necesariamente tres componentes: prácticas específicas (asesinato, aislamiento, tortura), funcionarios públicos (que

llevan adelante o prestan aquiescencia) y contextos de restricción de autonomía y libertad (situaciones de detención, de internación, de instrucción).

Proponen en el texto del proyecto, la creación de la Unidad de Empoderamiento de Víctimas (UEV) dependiente de la Secretaría General de la Municipalidad de Rosario. Esta Unidad tendría como finalidad empoderar a las víctimas a través de la confección de una Estrategia de Reparación Integral y Empoderamiento, garantizando los derechos de reconocimiento de su condición de víctima, de asistencia inmediata y de desarrollo socioeconómico.

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación y compensación en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o la violación de sus Derechos Humanos. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de Derechos Humanos.

Si bien, como vemos hay una clara ponderación a constituir como parte del problema a las víctimas de Violencia Institucional, el tratamiento que proponen luego para su abordaje no diferencia entre víctimas de hechos de violencia entre civiles de aquellos hechos de violencia perpetrados por las agencias represivas del Estado.

Se considera que, el peligro de equiparar a las víctimas y al tratamiento de protección en este caso, constituiría un modo de diluir y de obturar la problemática y, en consecuencia, la intervención sobre la misma, por el carácter extremadamente complejo que posee el entramado de complicidades y encubrimientos que posibilita la violencia institucional.

En el proceso de discusión de los tres proyectos de ordenanzas en comisión, a la que tuvimos posibilidad de asistir, hemos manifestado nuestra postura, vía el Frente Social y Popular, de incluir la necesidad de diferenciar en el tratamiento de abordaje para la Protección a las víctimas: a aquellas víctimas de violencia civil de todo tipo de las víctimas de Violencia Institucional.

No se ha podido incorporar esta postura para la confección de una Ordenanza que tuviera en cuenta e incluyera un tratamiento diferencial para acompañar, proteger y reparar a Víctimas de Violencia Institucional. Por esto es que se ha decidido, presentar un nuevo proyecto de ordenanza que contemple estas acciones. Nos detendremos en esto, más adelante.

A modo de contextualización No obstante, los proyectos analizados venían gestándose desde hacía tiempo, resulta insoslayable el contexto en el cuál fue sancionada la Ordenanza definitiva, puesto que refleja el enfoque desde el cuál se aborda la problemática y, a nuestro entender, sugiere los motivos de la reticencia a incorporar la violencia institucional como específica y distinta a la violencia entre particulares.

La foto retrata la preocupación y el dolor en el marco de una marcha multitudinaria -algunos medios de comunicación locales llegaron a estimar la participación de 20.000 personas en la movilización– congregada para pedir “seguridad”, a fines del mes de agosto de 2016, motivada por una serie de asesinatos que se sucedieron en Rosario –en zonas del macrocentro y centro, donde habitualmente no suceden estos asesinatos– allá por los meses de julio y agosto de 2016. La particularidad es que estos asesinatos y estas víctimas, inquietaron porque se sucedieron, en zonas donde no suelen suceder asiduamente y porque las víctimas fueron quienes no suelen ser83.

83 En el año 2013, según publica el diario La Capital, se destacaba que ese año Rosario tendría la mayor tasa de homicidios de su historia, “las víctimas son en abrumadora mayoría varones, menores de 35 años (el 70 por ciento del total) y procedentes de sectores populares” y que “El mapa de los homicidios muestra el dibujo de una ciudad partida. En la zona central (comisarías 1ª a 7ª) se registraron 11 homicidios, menos

Lo cierto es que esta movilización derivó en el tratamiento expeditivo por parte del Concejo Municipal de una batería de proyectos que se enmarcaron en la declaración de la Emergencia en Seguridad Pública (Ordenanza Nº 9.609), entre los cuales se ubica la ordenanza que unificó las propuestas en torno al abordaje de víctimas.

Fue así que, entre los meses de mayo y junio de 2017, se inauguró en la ciudad de Rosario, el Centro Único de Atención a Víctimas de la Violencia, resultado de la ordenanza N° 9.615 que fue aprobada por el órgano deliberativo con fecha 1° de septiembre de 2016 y que fuera producto de una síntesis entre los tres proyectos que hemos mencionado más arriba. En su artículo 1° se destaca la Creación de la Dirección de Asistencia y Empoderamiento de las víctimas (DAEV) en el marco de la Municipalidad de Rosario. Aquel Centro fue creado por decreto y dependerá de la Secretaría de Gobierno del municipio.

Asimismo, se destaca en diversas crónicas periodísticas que, en dicho organismo convergerán, la Dirección de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Seguridad, el Centro de Asistencia Judicial que depende del Ministerio de Justicia de Santa Fe y los dispositivos municipales que surgieron a partir de la ordenanza, que a la vez derivan a los distintos dispositivos específicos, como de salud o psicológicos y de atención social. La apelación es, sin dudas, a aunar esfuerzos porque el problema de la inseguridad y la victima contribuyen a crear sólidos consensos, entre diversas secretarías del mismo estado municipal, así como también entre diversos estamentos de instancias estatales provinciales.

A su vez, a nivel nacional, se aprobó en el Congreso de la Nación, en junio de 2017, la ley de Protección a víctimas de delitos que establece, entre otras cosas, la creación de Centro de protección a las víctimas de delitos por unanimidad. Es la ley N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos84.

Cada provincia debe decidir si adherirá o no a la nueva ley nacional. La ley fue impulsada por el diputado del Frente Renovador, Sergio Massa85, que tras pasar por el Senado y sufrir modificaciones, volvió a la Cámara baja donde obtuvo sanción. del 5 por ciento de los casos. Eso ofrece un parámetro de la distribución desigual de la violencia. Sólo como contraste: en seis seccionales de la zona sudeste, donde están los barrios La Tablada, Saladillo y Las Flores, por ejemplo, hubo 48 asesinatos en el año” (Diario La Capital, 4 de noviembre de 2013).

84 Para leer el texto completo de la Ley, incorporada al Boletín oficial el día 13 de julio de 2017. Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/ley-de-derechos-y-garantias-de.pdf [En línea: 20/07/2017] 85 Resulta esclarecedor observar la Página web donde se detallan aspectos cruciales del proyecto de ley impulsado por este espacio político y puede verse la concepción del problema al que alude. Disponible en:

La nueva ley crea Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas de delitos, lugares que deberán permanecer abiertos las 24 horas y tendrán que contar con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados. También establece que las víctimas tienen derecho a presenciar las declaraciones de los testigos y a tener asistencia durante el proceso judicial y también durante el período de ejecución de la pena.

Además, se estipula que las víctimas deberán poder acceder a asesoramiento legal gratuito hasta que termine el proceso penal y se agote la pena dictada contra el victimario. Las víctimas deberán ser notificadas sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se otorguen a los delincuentes condenados y a los acusados. Una de las modificaciones realizadas por el Senado consistió en agregar al proyecto la creación de un cargo de defensor oficial por provincia.

Si de consensos se trata, la votación en la Cámara de Diputados por unanimidad refleja las tendencias que mencionábamos siguiendo a varios/as autores, acerca del modo en que cuando se argumenta protección a las víctimas de delitos, la convergencia entre distintas fuerzas políticas supera las diferencias que puedan encontrar en otros aspectos, a pesar de múltiples polarizaciones que se planteen en diversos temas. <http://sergio-massa.org/proteccionalasvictimas/> [En línea: 20/07/2017].

Críticas Para igualar hay que diferenciar En primera instancia, debemos remarcar que no existía en los proyectos de ordenanza que se han analizado una clara diferenciación entre víctimas. En este sentido, consideramos que no es posible equiparar a todas las víctimas de violencia y/o delito.

Decimos esto, NO porque entendamos que unas víctimas son más importantes que otras, sino justamente porque consideramos la igualdad en la ciudadanía de todas las víctimas. Por ello, sostenemos que debe haber un tratamiento diferenciado según se trate de víctimas de hechos delictivos “comunes” o de víctimas de Violencia Institucional. Equiparar a las víctimas en este sentido, nos conduciría a equiparar a los victimarios.

En este sentido, debemos establecer diferenciaciones fundamentales entre aquellas/os ciudadanas/os que son víctimas de violencia o de hechos delictivos llevados adelante por otras/os civiles y aquellas/os ciudadanas/os que son víctimas de violencia y/o hechos delictivos cuyos victimarios son agentes de las fuerzas de seguridad, es decir, que representan al mismo Estado. En este último caso, la violencia es ejercida por los propios agentes estatales que deberían prevenir, cuidar e impedir que estos hechos sucedan y responden a una maquinaria que actúa de manera sistemática, cotidiana, con prácticas enquistadas en las estructuras institucionales, en el marco de un determinado ejercicio de poder sobre la ciudadanía, que produce, reproduce y amplifica la denominada violencia urbana, al tiempo que participa significativamente de ella.

Es el mismo Estado –vía sus agentes de las fuerzas de seguridad– el que atenta contra los Derechos Humanos fundamentales que debería proteger y garantizar.

De modo que, no es la misma situación si la violencia sucede entre dos civiles que si se propina desde un/a funcionario/a –policías, gendarmería, prefectura, miembros/as del Poder Judicial, entre otros– del Estado en sus diferentes niveles.

La víctima de Violencia Institucional exige, por la propia naturaleza de la violación a los Derechos Humanos que sufrió, un tratamiento diferenciado en relación con las víctimas de violencia o hechos delictivos que han sido causados por civiles. Del mismo modo, precisan un tratamiento específico las víctimas del accionar de entramados criminales ligados a delitos complejos, como el

narcotráfico o la trata, perpetrados por redes para cuya existencia, es innegable la connivencia, participación u omisión de funcionarios estatales. ¿De qué victimas hablamos cuando hablamos de dolor? ¿Cuándo alguien es considerada/o víctima? Alguien es considerada víctima cuando primero es considerada persona, sujeto de derechos, vale decir, siguiendo a Judith Butler, que califica como sujeto. No todos/as somos consideradas personas.

Retomamos el concepto precariedad trabajado por Butler (2009a) para poder comprender algunos fenómenos que se relacionan con este tema. Según la autora la precariedad se centra en aquellas condiciones que amenazan la vida y la hacen escaparse del control propio. La precariedad se refiere a aquellos condicionantes en los que se ven concebidos los seres humanos. La precariedad mantiene una vinculación directa con cierta forma de la fragilidad socio histórica, en la medida en que la supervivencia de cualquier ser vivo no está de ningún modo totalmente garantizada.

Lorey distingue, retomando el trabajo de Butler, tres dimensiones de lo precario: la condición precaria, la precariedad propiamente dicha y la precarización como gubernamentalidad (2016:27). Por razones de espacio, esta última no será trabajada aquí, pero resulta clave, extendernos en las primeras dos.

La condición precaria implica necesariamente poner el foco en las condiciones de existencia que deben vincularse con los condicionantes sociales. “Esa interdependencia social puede expresarse bien como cuidado (de los demás), bien como violencia. (…) Aunque necesitan protección, los cuerpos en vida nunca pueden ser plenamente protegidos, porque están permanentemente expuestos a las condiciones sociales y políticas, bajo las cuales la vida no deja de ser precaria. Las condiciones que hacen posible la vida son al mismo tiempo las condiciones que la preservan aun precaria” (2016:33-34).

Es por esto que las instituciones sociales y políticas se abocan a trabajar, o así deberían, para minimizar las condiciones de precariedad. Sin embargo, la idea de precariedad determina aquello que políticamente induce una condición en la que cierta parte de las poblaciones sufren de la carencia de redes de soporte social y económico, quedando marginalmente expuestas al daño, la violencia y la muerte.

De modo que, la precariedad es entendida como un efecto de ciertas regulaciones políticas y jurídicas que deberían proteger de la condición precaria (2016:35).

Dichas poblaciones se encuentran en un alto grado de riesgo de enfermedades, pobreza, hambre, marginación y exposición a la violencia sin protección alguna. La precariedad también caracteriza una condición política inducida de vulnerabilidad máxima, es una exposición que sufren las poblaciones que están arbitrariamente sujetas a la violencia de estado, así como a otras formas de agresión no provocadas por los estados, pero contra las cuales estos no ofrecen una protección adecuada. Es así como “el dominio significa la tentativa de protección de algunos frente a la condición existencial precaria, y al mismo tiempo basa ese privilegio del amparo en un reparto diferencial de la precariedad entre todos aquellos que son considerados diferentes y menos merecedores de protección” (2016:35).

Por qué no ha sido posible incluir o tener en cuenta esta diferenciación de la que hablábamos más arriba, considerando que, según el Informe elaborado por el Ministerio Público de la Defensa Penal -Registro Provincial de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, Abuso Policial, malas Prácticas y demás afecciones a los Derechos Humanos-, durante el 2015 se relevó un total de 274 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos pertenecientes a la Circunscripción 2, Rosario, representando el 55% de los casos registrados en la provincia (503 casos), y probablemente la “cifra negra” sea ampliamente mayor atendiendo a que el 41% de las víctimas prefieren no realizar la denuncia del hecho, principalmente por temor a las represalias. Asimismo, se registraron 15 ejecuciones extrajudiciales.

En cuanto a las víctimas, el 98% son varones y el 68% son menores de 28 años, destacándose como blanco de violencia los jóvenes varones de 19 años.

La mayor proporción de las víctimas (90%) se concentran en los niveles más bajos de la educación formal, siendo que un porcentaje mayoritario de los casos de violencia institucional se ubica en las zonas periféricas del casco urbano, especialmente en la zona sur y noroeste, caracterizadas por la precariedad, la pobreza y la exclusión social. El informe concluye que, conforme a los datos etarios, educativos y de localización geográfica, la violencia institucional está caracterizada por el alto grado de selectividad de las prácticas que la constituyen86.

86 Para ampliar detalles consultar el Informe sobre casos Torturas y demás afectaciones a los Derechos Humanos Circunscripción 2 Rosario. Año 2015. Registro provincial de casos de tortura, tratos crueles, Inhumanos y/o degradantes, abuso policial, malas prácticas, y demás afectaciones a los Derechos Humanos.

Desde enero a diciembre de 2015 el registro constató 274 víctimas de violaciones a los derechos humanos que se tradujeron en casos de distinta gravedad, que pueden ir desde la conocida práctica de “averiguación de antecedentes” hasta el llamado “gatillo fácil”. Al respecto, el relevamiento de los medios comunitarios el Boletín Enredando y la Cooperativa La Brújula, concluyó que en el año 2015 al menos 15 personas fueron asesinadas en Rosario por las fuerzas de seguridad del Estado, y otras dos murieron con la policía como partícipe.

Ahora bien, podría pensarse que, cuantitativamente, estos asesinatos no remiten a un fenómeno estadísticamente significativo, sobre todo si lo tenemos en cuenta en términos relacionales a la cantidad de habitantes para calcular la tasa, pero ¿sólo debemos ocuparnos de los aspectos cuantitativos de esta problemática?; ¿en realidad importa, en términos de gravedad del asunto, si los jóvenes asesinados por agentes estatales se cuentan en 1, en 15 o en 200?

Ciertamente, los esfuerzos estadísticos por medir este tipo de delitos son extremadamente importantes y necesarios, mucho más si tenemos en cuenta la cifra negra que, a menudo, esconden por la dificultad que presenta denunciar estos casos y el temor a represalias. Aun así y teniendo en cuenta la sistematicidad y regularidad que presentan estos hechos que violentan los Derechos Humanos, consideramos que el eje debe colocarse al mismo tiempo, tanto en los aspectos cuantitativos como en sus aspectos cualitativos, en las características y en las dimensiones de gravedad que adquiere para un sector específico de la población; al tiempo que debe remarcarse, fundamentalmente, de dónde proviene la violencia ejercida.

Para muestra vale un botón El 27 de mayo de 2015, Maximiliano Zamudio, de 16 años, fue asesinado en barrio Tablada, Rosario, por un agente de la Prefectura, Ariel Fernando Condori, de 32 años, que está libre y continúa trabajando: María [la madre de Maximiliano] dice que vio cuando Condori remató a Maxi en el suelo. Y que pudo reconstruir con los vecinos algunas partes del breve diálogo que tuvieron segundos antes de Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/06/miscelaneas43554.pdf [En línea: 20/07/2017].

que el prefecto gatillara. “Maxi salía de la casa de mi hermana, lo llama este muchacho y le pregunta dónde venden droga y Maxi le dijo que no sabía y se volvió para la casa de mi hermana. El tipo lo vuelve a llamar y cuando Maxi se da vuelta le pega dos tiros en el pecho”, cuenta María. “Yo escucho el ruido y voy, cuando me estoy acercando él se baja del auto, le pega a Maxi una patada en la cabeza y le da un tiro en la cabeza”, agrega.

– Me lo mataste – recuerda María que le dijo al prefecto.

– Perdoname gorda, no te lo quise matar, lo quise asustar– dijo Condori.

“No sé con qué autoridad me dijo gorda porque él no me conoce”, dice María, afirmando que nunca había visto a Condori pero que a partir de ese momento su cara le quedó grabada (Stoianovich, 7 de agosto de 2016).

Frente a esto, hacemos nuestras las preguntas que Judith Butler realiza en uno de sus escritos, refiriendo a otra problemática, pero que bien podemos reeditar para la que estamos considerando aquí: “¿Cómo puede vivir alguien con la idea de que su amor no es considerado amor, y que su pérdida no es considerada una pérdida?, ¿cómo puede vivir uno una vida no reconocible? Si lo que eres y la forma en que es tu amor se considera de entrada como “nada” o como algo que no tiene existencia. ¿Cómo puedes explicar la pérdida de esa nada y como puede llegar a despertar públicamente preocupación?” (2009a:335).

El sujeto no puede ser considerado como precondición soberana y de pensamiento. Dice Butler: “Si los términos del poder definen “quien” puede ser un sujeto, quien está calificado como sujeto reconocido, en política o ante la ley, entonces el sujeto no es una precondición de la política, sino un efecto diferencial del poder” (2009a:324). ¿Cómo llamamos a aquellos que no aparecen como sujetos ni pueden aparecer como tales en el discurso hegemónico? Al trabajar con proyectos de ordenanzas que propugnan la protección a “la” víctima, tenemos que ser capaces de tener en cuenta esta diferente localización de la “reconocibilidad”. El joven, Maximiliano Zamudio, asesinado por un agente de la prefectura, no es reconocido como una víctima, porque antes no fue reconocido como sujeto. Los efectos diferenciales de constitución de subjetividad que despliega el poder lo configuran a Zamudio

como un sujeto que no califica como ser susceptible de poseer derechos, que no puede ser parte de los destinatarios de una ordenanza porque vive al otro lado de los modos de inteligibilidad establecidos (2009a:325).

Refuncionalizar argumentos hegemónicos como estrategia política A menudo se califica nuestros análisis como carentes de salidas y de propuestas, donde no es posible establecer algunos marcos de resistencias. En este sentido, y atendiendo a esas críticas, consideramos que, un posible camino sea “refuncionalizar”87 los argumentos en los que se basan hoy los gestores de la política criminal para subvertir sus objetivos. Refuncionalizar las nociones de víctima, de prevención, de riesgo, de delito, de seguridad–inseguridad, de peligrosidad, de amigo (nosotros)–enemigo (ellos), entre otras, que motorizan las decisiones en la gestión selectiva de la exclusión vía la política criminal.

Vale decir, hendir los conceptos, disputar en sus mismos territorios lingüísticos y comunicativos, sus significados y sus funciones. Evidenciar, entonces, el carácter performativo del discurso, de determinadas nociones y conceptos que se construyen y se utilizan como punta de lanza, acaecería como un gran paso para discutir sus consecuencias. En este camino no resultaría vano, estimular la competencia para hacer a nuestras argumentaciones y a sus consecuencias más eficientes que las de nuestros “adversarios” que hegemónicamente establecen las reglas con las cuales se juega hoy en el terreno de las decisiones en política criminal o en políticas de “seguridad”.

Es en este sentido que Judith Butler nos habla de la importancia de la traducción cultural como una manera de traer una nueva forma de entendimiento, de producir alianzas en las diferencias, haciendo referencia a una práctica de traducción como condición para la formación del sujeto, incluso una manera de dispersar la propia noción de sujeto (2009a:331).

87 Tomamos la noción de la “refuncionalización” de Bertold Brecht que, si bien lo establecía para pensar otros términos y otras problemáticas, puede sernos útil a nuestros fines. Cuenta Buck-Morss en su libro “Orígenes de la dialéctica negativa” que, en oposición al marxismo del partido comunista de la década de 1920, el círculo de Berlín consideraba que el arte era demasiado importante para ser tratado como un mero fenómeno económicamente determinado. “Mientras el partido comunista condenaba el arte moderno como una manifestación de la decadencia burguesa, Brecht creía que las nuevas técnicas estéticas podían ser refuncionalizadas, transformadas dialécticamente de herramientas burguesas en herramientas proletarias que podrían provocar una conciencia crítica de la naturaleza de la sociedad burguesa” (2011:54).

Una de las acciones fundamentales e impostergables tiene que ver con tomar estos modos de mencionar los conceptos y los problemas como arenas de disputas, llenarlos de contenido y subvertirlos. Cuando se habla de víctimas de violencia y de delito debe darse la batalla para que también se ilumine, en ese concepto, la violencia que se ejerce desde el Estado ¿de Derecho?

Cuando se hable de prevención y sólo se entienda por ello el despliegue de las múltiples instancias de prevención –situacional ambiental, comunitaria y social, que no hacen más que establecer fórmulas de control social y para cuidar sólo a una parte de la población– opondremos a esta forma de comprender acciones que vayan en dirección de prevenir las prácticas de hostigamiento y abuso que los agentes de la policía ejercen, mayormente, sobre los jóvenes varones pobres que viven en barrios marginales. Prevenir con diferentes estrategias el accionar violento de las fuerzas policiales.

Cuando hegemónicamente se vincule la noción de seguridad a la ausencia o disminución de hechos delictivos menores, y se comprenda sólo en términos de seguridad civil, o sea, del individuo y de sus bienes, opondremos en todos los espacios que podamos la idea de entender la seguridad como un asunto colectivo, ya que no se trata de un estatus sino de una relación y, por lo tanto, la seguridad se encuentra vinculada a la sociedad, la seguridad es social o no es.

Por ello, para construir seguridad se debe construir sociedad, protecciones sociales, sistemas de seguridad social, Estado de Derecho que no violente lo que debe proteger. Del otro lado, entendiendo a la seguridad en términos individuales, sólo se garantizarán las condiciones para que la seguridad sea un negocio rentable y un dispositivo eficaz de gobierno, siendo estas condiciones la generación de inseguridades permanentes.

Cuando se ejerce sistemáticamente la violación a los derechos humanos sobre el cuerpo de sujetos que no califican como tales ni como personas, el acto violatorio no es individual y tampoco lo es la víctima, son colectivos.

El cuerpo de la víctima es tratado como carne abyecta donde se plasma la supremacía del poder represivo –de las prácticas que se perfeccionaron en la última dictadura cívico militar y que continúan en democracia– pero al mismo tiempo es sutilmente un símbolo de la vida que aún conservan las prácticas intimidatorias del poder represivo para el conjunto social durante gobiernos constitucionales.

Intervenciones políticas Proyecto de ordenanza Una de las acciones que nos hemos dado para intervenir ha sido la redacción y presentación en fecha 29 de agosto de 2016, de un proyecto de ordenanza en el Concejo Municipal de Rosario para crear el Servicio Público Municipal de Acompañamiento, Protección y Reparación de Víctimas de Violencia Institucional, dependiente de la Secretaría General de la Municipalidad de Rosario, desde el Frente Social y Popular.

Allí trabajamos con la noción de víctima entendida como toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido o se encuentren en riesgo inminente de sufrir, daño o menoscabo en sus derechos y su dignidad producto de la violación de Derechos Humanos o de la comisión de un delito contra la vida o la integridad psico-física. Asimismo, se consideran víctimas indirectas a los/as familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la/s víctima/s directa/s, y a las personas que hayan sufrido daños o menoscabo de sus derechos al intervenir para asistir a la/s víctima/s en peligro o para prevenir la victimización.

Tomamos la noción de violencia institucional como aquellas prácticas estructurales de violación de derechos llevadas a cabo por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios, operadores judiciales y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, internación). Haciendo referencia a situaciones concretas que involucran necesariamente tres componentes: prácticas específicas (asesinato, aislamiento, tortura, hostigamiento), funcionarios públicos (que llevan adelante o prestan aquiescencia) y contextos de restricción de autonomía y libertad (situaciones de detención, de internación, de instrucción). Destacamos, a su vez, que las prácticas consideradas como violencia son aquellas que dan cuenta de acciones tanto individuales como colectivas, organizadas como espontáneas, ritualizadas o rutinizadas, legales o ilegales, intencionales o no intencionales.

El Servicio contará con coordinador/a, que será designado/a por el Departamento Ejecutivo, con el acuerdo del Concejo Municipal y deberá acreditar título de grado en el campo del Derecho o las Ciencias Sociales, preferentemente Licenciado/a en Ciencia Política o abogado/a.

El Equipo de Guardia Permanente estará compuesto, al menos, por dos Abogado/ as, dos Médicos/as, dos Psicólogos/as; dos trabajadores/as sociales y un/a Administrativo/a. Este equipo estará organizado en un sistema de guardia pasiva permanente las 24 horas durante los 365 días del año y tiene por funciones implementar las primeras medidas ante el contacto con la víctima, tales como: gestión de los servicios de traslado, velorio y sepelio; asistencia y derivación médica y psicológica; asesoramiento legal y administrativo; medidas urgentes de protección; solicitud de información a los Ministerios pertinentes sobre actuaciones del personal a su cargo.

Los equipos Interdisciplinarios estarán distribuidos de modo de contar con un equipo por cada uno de los distritos de la ciudad. Cada uno de estos equipos deberá estar compuesto por un/a abogado/a, un/a psicólogo/a, un/a trabajador/a social, un/a acompañante personalizado y un/a Administrativo/a. Estos equipos serán los/as encargados/as de diseñar la Estrategia de Acompañamiento, Protección y Reparación y serán responsables de su implementación, seguimiento y evaluación.

Proyecto de extensión universitaria: “Abordaje integral de la Violencia Institucional y su especificidad” En el marco del llamado a convocatoria que realiza la Universidad Nacional de Rosario para presentar proyectos de extensión, en los meses de julio de cada año, hemos sido seleccionados con el proyecto titulado “Abordaje Integral de la Violencia Institucional y su especificidad” para ejecutar en los años 2016-2018.

El proyecto involucra a tres Facultades de la Universidad Nacional de Rosario (Ciencia Política y Relaciones Internacionales.; Derecho y Psicología) y a tres organizaciones sociales radicadas en diferentes barrios de la ciudad, aunque todos gravemente afectados por la problemática.

El proyecto se propone contribuir al abordaje de la cuestión de la violencia institucional en la ciudad de Rosario, desde una estrategia de trabajo conjunto en territorio entre la Universidad y las organizaciones sociales, a través de tres objetivos específicos e interrelacionados que apuntan a construir información cualitativa y cuantitativa de acceso público mediante la construcción de un software; fortalecer las posibilidades de intervención de las organizaciones sociales y; por último, contribuir a su problematización social.

Para ello, se prevé diseñar e implementar un software que permita recabar situaciones de violencia institucional, lo cual quede plasmado en dos informes anuales de acceso público. Un sistema informático que será administrado por los voluntarios del proyecto y las organizaciones sociales involucradas. Este abordaje cuantitativo será enriquecido con la realización de entrevistas semiestructuradas y focus groups.

Por otra parte, se instrumentará un protocolo de actuación de las organizaciones sociales frente a hechos de violencia institucional que potencie las posibilidades de acceso de las víctimas (reales o potenciales) a las instancias gubernamentales y no gubernamentales capaces de proveerles prevención y protección integral.

Finalmente, para concretar el objetivo tercero, el proyecto incluye el desarrollo de dos festivales en vistas a dar mayor visibilidad a la problemática y fomentar la sensibilización social al respecto. A su vez, hemos desplegado varias actividades de difusión en las materias de las carreras de grado que se desarrollan en las Facultades que integran el proyecto. También hemos desarrollado una campaña fotográfica que se ha desplegado en diversos acontecimientos sociales, culturales, académicos y políticos. También, hemos difundido la gravedad de la problemática en Radios nacionales y locales y en medios gráficos de tirada local.

Si bien no existe, desde este objetivo, un “producto” concreto a dejar instalado, se considera que trabajar en pos de generar una pregunta o una inquietud en quienes desconocían la gravedad de los sucesos, de “poner sobre la mesa” el tema, de hablar sobre la problemática, es el Norte al cual debe apuntarse, ya que si esto sucede y es posible en nuestro día a día, en cierto modo, es porque hay un sólido cerco de legitimidad social que avala, que aplaude, que mira y no ve y que cree estar protegida por las vallas de la clase social.

Históricamente las escaladas de violencia rebalsan los blancos de siempre, exceden fronteras y envuelven fatídicamente destinos inimaginables de barrios distintos. ¿Existe, acaso, algo peor que gritar y no ser escuchados/as? Decimos que sí, que puede haber algo peor, y lo peor es que esos gritos se escuchen y que sus ecos no logren articular preocupación pública ni puedan ser reconfigurados masivamente como problema político.

Reflexiones finales Tal como varios/as autores/as plantean, el gobierno neoliberal del delito hace eje en la víctima (Garland, 2005; Valverde y Levi, 2006; Pegoraro, 2008; Rodríguez

Alzueta, 2014). La razón por la que se hace eje en la víctima y se propone problematizar desde allí, es porque permite obtener altos grados de legitimidad.

El papel unificador, en términos de posiciones políticas y de opinión pública, que presenta centrar la cuestión en la víctima se expresa con toda evidencia. El riesgo que se corre en este sentido y según advierten los y las autores/as mencionados/ as, es la manipulación y la sobrerrepresentación de la víctima.

Con respecto a los casos de Violencia Institucional, debe hacerse un doble proceso de reconocimiento: a la víctima, en primer lugar, porque contribuye a establecer su origen de clase, su pertenencia sociocultural, educativa, podríamos mapear en la ciudad dónde viven las víctimas de Violencia Institucional e incluso dónde son abordadas y victimizadas y esto incluso puede convertirse en una herramienta potente de prevención vía la localización geográfica. Pero fundamentalmente, consideramos que deberíamos poner el foco en el victimario, utilizar las herramientas estadísticas teniendo en cuenta las regularidades y la sistematicidad de sus prácticas, los gráficos que traduzcan los índices y georreferenciar la existencia de los diversos casos para establecer un “Mapa del delito de Violencia Institucional”.

En todo sistema de dominación la cuestión principal es quién tiene el poder de definir los conceptos, la forma en que se construyen los problemas y de trazar los límites, lo que nos presenta la exigencia de reconfigurar los conceptos de víctima y victimario.

Por su parte, en los ámbitos académicos existe una fuerte tendencia: es necesario demostrar, en cada acto y en cada intervención, que se trabaja desde un ámbito relativamente neutral. Pues, creemos lo contrario. Para poner en cuestión la forma de racionalidad vigente en el campo social, para incidir en sus traducciones normativas, como por ejemplo lo que hemos trabajado en este escrito, los proyectos de ordenanzas municipales, necesitamos, por un lado, apelar a preguntas, que en un sentido aparentemente ingenuo o inocente puedan cuestionar: ¿Por qué la policía mata?, ¿si la policía mata nos protege? ¿A quiénes “protege” ?, ¿de qué y de quiénes “protege” ?, ¿las prácticas violatorias a los derechos humanos terminaron con la dictadura cívico militar en Argentina?, ¿cómo consiguen las armas aquellos civiles que las usan?, cuestionar para desactivar lógicas del sentido común, que por sencillas nos apabullan.

Y, por otro lado, oponer un gesto comprometido, salirse de la aparente neutralidad que pregona la ciencia, cuestionar el modo de construir conocimiento

que se considera sólido sólo si es desde la neutralidad. No somos neutrales, nos duele el dolor de las víctimas de violencia institucional, la que es ejercida desde el Estado de Derecho hacia, principalmente, los jóvenes varones pobres, produciendo una formidable maquinaria de matanza desde el mismo Estado.

Necesitamos oponer una conducta, en varias trincheras, que apunte a una metodología de reversibilidad táctica.

Resulta imperante convocar a pensar e intervenir en otros horizontes de sentidos, diferente al que plantea la derecha, que logró correr de eje a la desigualdad para poner en el foco a la “pobreza absoluta” como problema y a la “(in)seguridad individual” por sobre la seguridad social. La problematización neoliberal del delito enfoca y magnifica el delito urbano menor y desestima e invisibiliza a los delitos económicos organizados estableciendo como victimarios más peligrosos a los jóvenes varones pobres. Interviene, por un lado, individualizando y responsabilizando, para configurar un tipo de subjetividad relacionada al “homo prudens”; y por otro, crea una comunidad de iguales que excluye a todos/ as aquellos/as signados como sospechosos/as y peligrosos/as. En un doble proceso, “la” víctima es identificada y utilizada para surcar ciertos caminos de intervención. “Michel Foucault describió cómo el surgimiento de las instituciones disciplinarias desplazó el “eje de la individualización” desde los personajes grandiosos a los desviados de poca monta. Actualmente este eje está cambiando una vez más, esta vez desde el delincuente en el banquillo de los acusados a la víctima en el estrado de los testigos” (Garland, 2012:294).

En este sentido, creemos importante señalar que el hecho de que la Ordenanza haya sido aprobada en el marco de una batería de proyectos enrolados en la denominada Emergencia Pública en Seguridad, no significa haber podido “colar” un proyecto progresista, sino un indicador de cómo la categoría “víctima” puede ser utilizada para legitimar el avance punitivista del estado (en este caso municipal), toda vez que resulta muy caro para los sectores populares avalar una medida conservadora, retrógrada y agresiva, a cambio de una oficina que atienda, repare y/o empodere a las víctimas de delitos.

El rechazo o reticencia a incorporar la Violencia Institucional como especificidad, abona nuestra posición, en virtud de que el único capaz de violar Derechos Humanos es el Estado, a través de las prácticas de sus funcionarios, siendo fundamental, entonces, construir dentro del mismo Estado agencias que protejan, reivindiquen y garanticen los Derechos Humanos.

Sostenemos que el avance del punitivismo, del Estado penal/policial, debe ser resistido por las fuerzas políticas identificadas con el campo popular sin concesiones, porque de lo contrario, se cae en una posición rayana en la hipocresía, que luego llora a las víctimas de la misma violencia estatal que se alimenta al dotar a los gobiernos de herramientas legales y simbólicas para aumentar el poder punitivo, en el marco de un proyecto neoliberal que ha configurado el “problema de la (in) seguridad” en uno de sus principales dispositivos de gobierno y control social. Por todo ello, creemos que para ser coherentes debemos enfrentar -resistir- cualquier avance del punitivismo estatal, si realmente pretendemos combatir al neoliberalismo. En otras palabras, avalar cualquier emergencia en seguridad es contribuir a la reproducción del neoliberalismo.

Por todo lo dicho, las alianzas han de ser, alianzas de/entre clases. Estas alianzas deben tramarse, fundamentalmente, con aquellas víctimas de la violencia ejercida por el Estado, violencia que ejercen las policías, las demás agencias del sistema penal y el aparato judicial sobre los sujetos que hemos mencionado, violando con astucia y sistemáticamente los Derechos Humanos en Democracia, sin que esto constituya un problema político de envergadura para el despliegue del poder.

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Capítulo X

Vidas que importan. Excepción, política y nuda vida Lucía Vinuesa88

Nuda vida y poder soberano En Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida (2013), Agamben comienza con la distinción de términos que disponían los griegos para referir a lo que nosotros entendemos por vida. A saber, zoé, expresaba el simple hecho de vivir que comparten todos los seres vivos, y bíos, indica la forma o manera propia de un individuo o grupo. El término zoé de ninguna manera hacía alusión a un hecho banal o despreciable para el mundo griego, pero también es necesario remarcar que hablar de zoé politiké habría carecido de sentido. Político no era el atributo del viviente, antes bien, una característica específica que determina al género zoon, inmediatamente después “la política humana es diferenciada de la del resto de los vivientes porque se funda, por medio de un suplemento de politicidad ligado al lenguaje, sobre una comunidad de bien y de mal, de justo y de injusto, y no simplemente de placentero y doloroso” (2013:11).

Aquella distinción resultaba explicativa del carácter político del hombre y de la forma de vida propia de la polis, en los umbrales de la vida moderna comienza un proceso por el cual la vida natural se incluye en los mecanismos y los cálculos del poder estatal y la política, a lo cual Foucault (2011) refiere como bio-política y Arendt (2014) apunta bajo la noción de homo laborans –y con él su vida biológica– que ocupa el centro de la escena política. En términos de Agamben (2013), el ingreso de la zoé (o nuda vida) en la esfera de la polis, constituye el acontecimiento decisivo de la modernidad, que implica una transformación radical de las categorías político-filosóficas del pensamiento clásico. En este marco, el autor propone interrogar temáticamente la relación entre la nuda vida y la política que, desde su perspectiva, rige “de forma encubierta” las ideologías de la modernidad. En efecto, será la vida sagrada del homo sacer el elemento 88 Becaria Doctoral CONICET. Miembro del PEGUES.

político originario. Cuestiona el punto de confluencia entre el modelo jurídico– institucional y el modelo biopolítico del poder, punto que expresa que ambos análisis no pueden separarse y que las implicancias de la nuda vida en la esfera política constituyen el núcleo originario del poder soberano, “la producción de un cuerpo biopolítico es la aportación original del poder soberano” (2013:16).

Al mismo tiempo, resulta apropiado recordar que de este análisis se desprende la estructura de la excepción que caracteriza a esta nuda vida, que, en la política occidental, tiene “el singular privilegio de ser aquello sobre cuya exclusión se funda la ciudad de los hombres” (2013:17). De todas maneras, lo decisivo de la política moderna es que en paralelo al proceso por el cual la excepción se convierte en regla, el espacio de la nuda vida que se situaba originariamente al margen del orden jurídico va coincidiendo con el espacio político, de forma que exclusión e inclusión, externo e interno, bíos y zoé, derecho y hecho, entran en una zona de irreductible indiferenciación. “El estado de excepción, en el que nuda vida era, a la vez, excluida del orden jurídico y apresada en él, constituía en verdad, en su separación misma, el fundamento oculto sobre el que reposaba todo el sistema político. Cuando sus fronteras se desvanecen y se hacen indeterminadas, la nuda vida que allí habitaba queda liberada en la ciudad y pasa a ser a la vez el sujeto y el objeto del ordenamiento político y de sus conflictos, el lugar único tanto de la organización del poder estatal como de la emancipación de él” (2013:19).

Es justamente esta estructura de la excepción que excluye incluyendo a la nuda vida, y el carácter sacrificable de ésta, la que recuperamos para repensar los sujetos políticos objeto de nuestro análisis: jóvenes, pobres, urbanos. Es decir, más allá y más acá del modo en que la vida biológica ingresa en el centro de los cálculos del Estado moderno, nos alarma la forma extrema de dicha estructura del poder soberano y su expresión en el homo sacer que podemos reconocer en un tipo de subjetividad en nuestro aquí y ahora situado. A continuación, dedicamos algunas palabras para definir qué se entiende, desde la concepción que recuperamos, por nuda vida y homo sacer.

La nuda vida es la vida a quien cualquiera puede dar muerte pero que es a la vez insacrificable del homo sacer. Una oscura figura del derecho romano en que la vida humana se incluye en el orden jurídico únicamente bajo la forma de su exclusión (de la posibilidad absoluta de que cualquiera le mate). Por otra parte, hombre sagrado es aquél a quien el pueblo ha juzgado por un delito; no es lícito

sacrificarle, pero quien le mate, no será condenado por homicidio. En efecto, en la primera ley tribunicia se advierte que “si alguien mata a aquel que es sagrado por plebiscito, no será considerado homicida”. De aquí viene que se suela llamar sagrado a un hombre malo e impuro. La estructura de la sacratio es un resultado de la conjugación de dos características: la impunidad de matar y la exclusión del sacrificio (2013:106), en el caso del homo sacer se pone sencillamente fuera de la jurisdicción humana sin que por ello pase a la divina.

“Lo que define la condición del homo sacer no es tanto la pretendida ambivalencia originaria de la sacralidad que le es inherente, como, más bien, el carácter particular de la doble exclusión en que se encuentra apresado y de la violencia a que se halla expuesto. Esta violencia –el que cualquiera pueda quitarle la vida impunemente– no es clasificable ni como sacrificio ni como homicidio, ni como ejecución de una condena ni como sacrilegio. Sustrayéndose a las formas sancionadas por el derecho humano y por el divino, tal violencia abre una esfera del actuar humano que no es la del sacrum facere ni la de la acción profana” (2013:108).

Asimismo, soberana es la esfera en que se puede matar sin cometer homicidio y sin celebrar un sacrificio; y sagrada es la vida que ha quedado prendida en esta esfera. En este sentido, la sacralidad se presenta como la forma originaria de la implicación de la nuda vida en el orden jurídico-político y el sintagma homo sacer define la relación “política originaria”, en otras palabras, la vida en cuanto, en la exclusión inclusiva, actúa como referente de la decisión soberana.

“La vida humana se politiza solamente mediante el abandono a un poder incondicionado de muerte. Más originario que el vínculo de la norma positiva o del pacto social es el vínculo soberano que, en verdad, no es, empero, otra cosa que una desligadura; y lo que esta desligadura implica y produce –la nuda vida, que habita la tierra de nadie entre la casa y la ciudad– es, desde el punto de vista de la soberanía, el elemento político originario” (2013:118).

Por otro lado, pero al mismo tiempo, el bando es propiamente la fuerza, a la vez atractiva y repulsiva, que liga los dos polos de la excepción soberana: la nuda vida y el poder, el homo sacer y el soberano. “Y sólo por esta razón puede significar tanto la enseña de la soberanía como la expulsión de la comunidad” (2013:143).

Algo de esta excepción y de la estructura de bando, pervive y se actualiza constantemente en las relaciones políticas y los espacios públicos en que

vivimos. Este nomos soberano que condiciona cualquier otra norma, que en la modernidad se sitúa en el centro de la política estatal pero que en cierto sentido, en nuestro tiempo, torna a todos los ciudadanos como virtualmente homines sacri, solo posible porque la relación de bando ha constituido desde el origen la estructura propia del poder soberano. De todas maneras, partiendo de este supuesto, podemos también pensar que el carácter de homines sacri extensivo no resulta completamente atinado para pensar nuestra realidad. Tal vez el concepto de mula vida89 que acuñan en Quién lleva la gorra (2014), los del Colectivo Juguetes Perdidos, resulte más ilustrativo de un tipo de subjetividad propia del neoliberalismo actual. No podemos desconocer el hecho de que las vidas sagradas que son despojadas de nuestra comunidad social y política pueden ser específicamente detalladas, lo cual ilumina sobre esas muertes que duelen menos que otras y que incluso tienen la “virtud” de hacer más liviana las vidas de otrxs, otrxs del sentido común.

Duelo(s) A partir de la propuesta de Butler (2009) –quien parte de los atentados del 2011 en Estados Unidos y la crítica a la política de lucha contra el terrorismo que el entonces presidente de dicho país inició–, de reparar en una dimensión de la vida política relacionada con nuestra exposición a la violencia así como nuestra complicidad con ella, con nuestra vulnerabilidad a la pérdida y el trabajo del duelo que la acompaña a continuación, creemos posible–y necesario– encontrar en estas condiciones las bases para una comunidad.

En efecto, Butler apuesta por Re-imaginar la posibilidad de una comunidad sobre la base de la vulnerabilidad y de la pérdida. El dolor que causa la pérdida de alguien –o algo– en nuestras vidas como mujeres y hombres, nos reúne a todos en un tenue “nosotros”, ya que todos tenemos alguna noción de lo que significa 89 Para pensar la mula vida, podemos recuperar el análisis que los autores del libro citado realizan del robo y del contraste entre la sociedad actual y la salarial. Dejan aventurar que en otra época (la de auge de la sociedad salarial) el robo no implicaba la desestabilización anímica de la víctima y un malestar tan intenso como ocurre hoy en día. Probablemente se deba a que un robo era solo eso, la sustracción de un objeto y no la puesta en evidencia de toda una vida –personal, social, urbana– estructurada alrededor del muleo. Hoy un robo te inocula una pregunta y puede desestabilizarte el mundo, desmoronarte una rutina y una forma de vida, hacerte replantear las horas de existencia invertidas en eso que te sacaron. No se trata entonces de la sustracción de un objeto, sino de la amputación de una identidad posible, de una dignidad adquirida en cuotas (2014:74).

la pérdida. Y si hemos perdido, entonces algo tuvimos, amamos y deseamos, con lo cual comprendemos que, en parte, cada uno de nosotros se constituye políticamente en virtud de la vulnerabilidad social de nuestros cuerpos, en tanto lugar de deseo y de vulnerabilidad física, como lugar público de afirmación y de exposición–. “La pérdida y la vulnerabilidad parecen ser la consecuencia de nuestros cuerpos socialmente constituidos, sujetos a otros, amenazados por la pérdida, expuestos a otros y susceptibles de violencia a causa de esta exposición” (Butler, 2009:46).

En estos términos, el duelo, lejos de ser algo privado, que nos devuelve a una situación solitaria, permite elaborar en forma compleja el sentido de una comunidad política, ya que, según la autora, pone en primer plano los lazos que cualquier teoría sobre nuestra dependencia fundamental y nuestra responsabilidad ética necesita pensar. El “nosotros” está atravesado por una correlatividad a la que no podemos oponernos con facilidad.

El duelo, asimismo, nos enseña la sujeción al que nos somete nuestra relación con los otros de formas que no siempre podemos contar o explicar y nos deja en un estado de vulnerabilidad ante el otro que es parte de la vida corporal, vulnerabilidad ante esos súbitos accesos venidos de otra parte que no podemos prevenir. Vulnerabilidad que se exacerba bajo ciertas condiciones sociales y políticas, especialmente cuando la violencia es una forma de vida y los medios de autodefensa son limitados, vulnerabilidad diferencial que nos lleva a pensar que hay vidas más expuestas que otras a la violencia y que hay humanos que no son considerados humanos. En consecuencia, se pregunta Butler, ¿qué es real? ¿Qué vidas son reales? ¿Cómo podría reconstruirse la realidad? ¿Aquellos que son irreales ya han sufrido la violencia de la desrealización? ¿Dicha irrealidad es la condición de la violencia?

En esta línea, si la violencia se ejerce contra sujetos irreales, desde el punto de vista de la violencia, no hay ningún daño o negación posibles desde el momento en que se trata de vidas ya negadas. Son vidas para las que no cabe ningún duelo porque ya estaban pérdidas para siempre o porque más bien nunca “fueron”, y deben ser eliminadas desde el momento en que parecen vivir obstinadamente en ese estado moribundo. “La desrealización del ‘Otro’ quiere decir que no está ni vivo ni muerto, sino en una interminable condición de espectro” (2009:60).

El problema no se reduce a la existencia de un “discurso” deshumanizador que produce estos efectos, sino más bien a la existencia de límites para el discurso

que establecen las fronteras de la inteligibilidad humana. No sólo se trata de una muerte pobremente marcada, sino de muertes que no dejan ninguna huella (2009:61).

Tal vez, la riqueza de las reflexiones de Butler resida en habilitar formas de comunidad imaginaria que afirman la correlatividad no como un hecho histórico o descriptivo de nuestra formación, sino también como una dimensión normativa de nuestra vida social y política que nos obliga a examinar nuestra interdependencia. Sin dudas, esta tematización corre el riesgo de saltear la dimensión de conflicto que atraviesa cualquier comunidad, la fractura propia del orden social capitalista. Pero al encontrarnos frente a procesos de subjetivación políticos que hacen de algunas vidas que cuentan como vidas, y otras que no valen la pena, el desafío que tenemos por delante es como mínimo cuestionarlo y habilitar otros posibles.

Desbordes o inclusión excluyente Una de las formas de violencia urbana que hoy nos interpelan con fuerza y persistencia es aquella que acaba con la vida de tantos jóvenes en barrios pobres de las periferias urbanas. Quienes comparten modos de vestir –detalle nada menor para el imaginario social–, espacios de socialización, condiciones comunes de desprotección social, etc. Precariedad compartida por mujeres y hombres jóvenes, a pesar de la diferencia de precariedad por la cuestión de género. El Colectivo Juguetes Perdidos, en Quién lleva la gorra (2014), encara un interrogante que, sin pretensiones de cerrar o codificar, encara la complejidad de los escenarios urbanos y suburbanos de la actualidad, poniendo el foco en los “nuevos barrios” –nuevos por lo inédito de la mirada que se vuelve sobre ellos-, por lo complejo de sus relaciones y por la existencia de un aumento en las variables que explican el mundo y más elementos los que pueden provocar la violencia difusa del entorno y la violencia concreta.

A partir de este primer escenario, los autores reafirman la imposibilidad de definir (determinar) en última instancia a los (pos)barrios, pero también aventuran una forma de leer la violencia (ya sea a causa de gatillo fácil, del verdugueo cotidiano de las fuerzas de seguridad, el linchamiento comunitario, el choque entre bandas, una pelea, etc.) en términos de desborde que desmoldan y alteran la ya de por sí frágil tranquilidad. A modo de ejemplo, los linchamientos profundizan y aceleran dinámicas que ya formaban parte de

lo subterráneo de la época, esto es, ánimos atemorizados del suelo precario en el que se arman las gestiones diarias (viaje, laburos, vivienda, relaciones); la fragilidad del muleo (incansable continuum entre trabajo –más o menos precario según el caso–, consumo, vida boba y vacío a las espaldas) como forma de vida que se sostiene ante la posibilidad de consumir; el engorrarse como modo de gobierno de los desbordes (2014:72).

En otros términos, sucede que cualquier “micro-quilombo” barrial pone en evidencia la precariedad no solo de las instituciones que intentan regular nuestras vidas, sino también la del lazo y las redes cotidianas. Lo que es constante es el miedo y la gorra como clave de la relación, el engorrarse muta, se acopla ya sea a los poderes estatal-policial o gendarme, el transa, el del mercado, el de los valores familiar-cristiano, “el ponerse la gorra es cifrar –y ordenar– la información compleja y múltiple que circula en los barrios actuales en términos de seguridad/inseguridad” (2014:18). La pregunta sobre la gorra nos lleva a otra que más que razones busca habilitar modos de habitar las situaciones sin “engorrarse”, formas de cuidado, donde el otro deje de ser una amenaza o un daminificado. Es este tipo de clave de lecturas las que resultan valiosa en medio de tanto análisis sociológico (Rancière, 2013) alrededor.

Volveremos luego sobre este punto, pero aquí no queremos dejar de acentuar la importancia de incorporar estas vidas que, despojadas del carácter humano, vidas que no valen la pena, sagradas, cuyas muertes carecen de duelo político, en una clave de lectura que les devuelva el cuidado, el dolor y la denuncia, el grito, de su partida, de su arrebato.

El miedo, el temor hacia los otros con quienes se convive en el barrio, es casi un trasfondo constante, que el otro se perciba como peligro y con temor es casi una manera de decir que la precariedad es la que manda y configura “la piel sensible barrial”. El otro, ya sea el vecino o el que se cruza por enfrente, puede ser choro, aliado o sospechoso, y esta precariedad se totaliza cuando la fórmula hegemónica es la autogestión de la propia vida en esas condiciones. Sin dudas, una vez más vemos cómo las tecnologías del yo y del cuidado de sí, han logrado su cometido en su máxima extensión. Con un olvido lastimoso, porque, si tal como enuncian los autores, y en correlación con la noción de precariedad que esgrime Butler (2009), la vida del que comparte con cada uno de nosotros una forma de moverse se vuelve indiferente, necesariamente nuestra vida entra

también dentro de lo descartable. Todos somos homines sacri, como enuncia Agamben (2013).

Muertxs sin sepultura El puntapié inicial de estas reflexiones escasamente sistematizadas se relaciona con el sentimiento de injusticia que acompaña algunas muertes, y, especialmente, a la reacción político-social que desencadenan. Nuevamente reivindicamos el carácter político de la violencia que se ejerce tanto al momento de su muerte como al momento de su duelo. Puntualmente hacemos referencia a aquellxs pobres que mueren en manos del gatillo fácil, linchamiento o de un desborde, también resulta ilustrativo –sin entrar de lleno en la cuestión de género que abre todo un universo en sí mismo– pensar en las mujeres pobres que mueren a causa de un feminicidio. Estos chicos y estas chicas, políticamente condenados, subjetivados en la figura del homo sacer, transcurren una vida precaria para que luego sean despojados de esta e incluso tras este hecho doloroso e irreversible de desgarro, sus muertes reciben el asentimiento altanero de la mueca social, del sentido común que nunca dejó de proclamar “algo habrán hecho…”.

Muertes son muchísimas, escapan a nuestra capacidad de cuantificar no por falta de voluntad académica sino por la invisibilización de tantas víctimas. Nombres propios también confluyen en un río largo, ancho y oscuro, entre ellos citaré dos, tal vez de los más mediáticos de estos años, la muerte por linchamiento de David Moreira a sus 18 años en el Barrio Azcuénaga de Rosario el mes de marzo de 2014, y la muerte de Melina Romero de 17 años, violada y asesinada por un grupo de pibes de su misma edad.

A David lo asesinó a patadas una “horda” –siendo por demás condescendiente con el calificativo, de vecinos frente al intento de arrebato de una cartera que supuestamente protagonizó, junto a otro joven. No llegó a ser socorrido, quedó tendido junto a su moto. Los medios de comunicación no dejaron de referir al hecho como el asesinato de “un motochorro”, la condena social de quienes celebraron el “uno menos” es casi inescrutable en un trabajo como éste. El simple hecho de que supimos de inmediato que el muerto –no la víctima– había sido un motochorro muestra a las claras que esa vida en su partida ya no dolía.

Más lo hacía viva que muerta.

Melina tuvo un final más oscuro, o eso creemos, a diferencia de la muerte de David, a plena luz del día y a la vista de “todos”, de Melina solo obtuvimos su

cuerpo des-echo. Tal vez este detalle dé cuenta de que el asesinato de Melina generó un repudio mayor que el de David, o tal vez resulte irrelevante a los fines de lo que queremos señalar. Melina también fue una víctima mala (Arduino, 2014). Fue condenada no por un delito, sino por su vida, por el modo en que se vestía, por no concurrir a la escuela, por los lugares a los que asistía.

Sabemos mucho de este tipo de muertos, cada generación de nuestra corta historia nacional los tuvo, vidas que más valen muertas que vivas, “el millón” que sobra, el que no permite que alcancemos la mentada y romántica grandeza nacional. Incluso la tragedia griega tiene algo que enseñarnos acerca de los muertos que bien merecido tenían su destino. Destino que no solo es trágico porque ya no está entre los vivos, sino porque incluso tras su partida sigue resonando el eco del desprecio y la violencia de su “des-realización”. Antígona también proclamó la injusticia del tratamiento brindado al cuerpo de su hermano. Él, ya excluido de la comunidad, y muerto en manos de su otro hermano, también éste asesinado, no recibe sepultura por la disposición de Creonte.

Legislación aceptada y honrada por el pueblo para quienes Polinices era un sedicioso que merecía ser abandonado “sin entierro y sin lágrimas”. Antígona acepta que su hermano merecía un castigo, pero suficiente había pagado ya con su vida como para ser despojado de los ritos de sepultura. Más allá y más acá de la tragedia de Sófocles, ¿qué injusticia hoy vamos a reclamar? ¿Qué grito queremos dar? Desde el lugar que nos convoca, desde el recinto fetichizado de la “Academia”, ¿cómo podemos gritar por las muertes que no han recibido sepultura? Y, mejor aún, ¿qué gorra nos vamos a poner para impedir nuevas muertes? Tal vez cuestionando el carácter sacro, que nada tiene de excepcional y revigorizando el nosotros de la pérdida, podamos arribar a un escenario un poco más esperanzador.

Palabras de cierre Tal como se desprende a lo largo del escrito, son más los interrogantes sin respuesta que las aseveraciones concluyentes que podamos ofrecer. Con forma de una apuesta ensayística de reflexiones teóricas sobre un asunto acuciante, intentamos poner en diálogo la categoría de nuda vida para comprender el componente sagrado de los y las jóvenes pobres de barrios populares que hace de ellxs sujetos “matables”. Comprendemos que la misma olvida un aspecto nada despreciable, el carácter de vita activa que el mismo parece subestimar. En este

sentido, sin dudas resulta insuficiente y sólo nos permite reparar en el modo en que algunas vidas se encuentran más expuestas a una muerte violenta sin que ello traiga aparejado un impacto mediático y social negativo, que resignifique a estas vidas ultrajadas como víctimas.

Al mismo tiempo, reivindicamos la noción de precariedad para pensar nuestra comunidad, nuestros modos de vivir, junto a otra, la del duelo, con vistas a proyectar un horizonte esperanzador para repensar formas de vidas que incluyan a secas, que hagan de ellas vidas que valen. En un texto posterior de la misma autora, Cuerpos aliados y lucha política (2017), desarrolla una teoría de la performatividad incluyendo la idea arendtiana de acciones concertadas. Aquí vemos cómo Butler, al tiempo que continúa denunciando la precariedad a la que se encuentran expuestos algunos grupos sociales más que otros, y condena al neoliberalismo que hace responsable a los sujetos de la buena o mala vida que puedan tener, le otorga al cuerpo, al acto político y corpóreo de aparecer, presentarse y actuar en una asamblea o una manifestación, un peso sustancial como modo de resistencia y de lazo social frente al proyecto individualista y securitario neoliberal. Estos cuerpos se exponen en la calle, reclaman vidas que merezcan ser vividas, en este sentido preciso encontramos un giro interesante al postulado del duelo como lazo de comunidad, que sin ser contradictorio o excluyente de éste permite pensar nuevos modos de ser juntos. En otros términos, en condiciones de precariedad como las que transitamos, es posible aparecer y amontonarse junto a otros cuerpos en lucha, cuerpos aliados por un orden social y político justo e igualitario.

Bibliografía COLECTIVO JUGUETES PERDIDOS. Quién lleva la gorra: violencia, nuevos barrios y pibes silvestres. Buenos Aires, Tinta Limón, 2014.

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Disponible en: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/la-mala-victima/ ARENDT, H. La condición humana. Buenos Aires, Paidós, 2014.

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