La Asistencia Social en Argentina y América Latina. Avances, problemas y desafíos

condicionadas, con el objetivo de paliar la exclusión de sectores de la población del mercado laboral pero racionalizando los recursos públicos, en “preocupación por la eficiencia en la gestión, asociada a los requerimientos de disciplina fiscal” (Cecchini y Martínez, 2011:31). Este modelo de intervención coincidió con la tendencia regional emprendida una década antes (Andrenacci y Repetto, 2006; Fiszbein y Schady, 2009; Cecchini y Madariaga, 2011; Cecchini y Martínez, 2011; Osorio-Gonnet, 2015). No obstante, a diferencia de países que contaban con legados de políticas sociales universales e infraestructura de servicios básicos de amplia cobertura, Paraguay no contaba con una institucionalidad de bienestar que permitiera la incorporación coordinada de esos programas focalizados. La atención a la población en situación de pobreza extrema requirió, entonces, una construcción institucional que diera cuenta de las necesidades particulares de este sector, así como la identificación de actores estratégicos para la implementación de programas que formaran parte de este esquema.

En términos generales, la política social paraguaya ha sido encarada históricamente por instituciones de beneficencia concentradas en los principales centros urbanos del país, con limitados presupuestos y escasa capacidad de articulación. Si bien la apertura a la democracia en 1989 marcó un punto de inflexión en el sistema político paraguayo que sentó las bases formales de un Estado Social de Derecho –sustentado en la Constitución Nacional de 1992–, la democracia paraguaya ha presentado niveles irregulares de consolidación durante las décadas siguientes (Duarte-Recalde, 2015) y las reformas políticas ocurridas durante los primeros años de vigencia de libertades civiles se mostraron ineficientes para dar respuesta a los problemas sociales que afectaban a la población paraguaya.

En ese sentido, los primeros años de la transición se caracterizaron por “la ausencia de reformas estructurales al Estado, la persistencia de la inestabilidad y por el alto grado de conflictividad política sin resolución institucional” (Barrios, 2005:63), elementos que configuraron continuidades que no llegaron a ser saldadas por la apertura del régimen. Entre esas continuidades sobresalía la situación de pobreza en que se encontraba parte importante de la población nacional, condición socioeconómica que marcaría el mismo carácter de la ciudadanía paraguaya en el periodo. Durante este periodo también se registró un proceso de fragmentación de la gestión estatal en el área social, observándose que “a medida que los problemas que enfrentan las instituciones políticas encargadas