La Asistencia Social en Argentina y América Latina. Avances, problemas y desafíos

de necesidades básicas’ de los individuos en situación de pobreza, a fin de garantizar la gobernabilidad, la legitimidad y acumulación del sistema económico.

Con el nuevo milenio se instalan en la región algunos gobiernos de corte progresista (en Argentina con Néstor Kirchner) que, en materia de política social asistencial, conciben discursivamente “políticas sociales integrales” y de “reconocimiento de derechos y ciudadanía”, entre otros tópicos91.

El telón de fondo es la incorporación del enfoque de derechos humanos que se legitima y difunde como nuevo paradigma para pensar las estrategias de desarrollo que se proponen los estados (Falappa y Andrenacci, 2008; Hintze y Danani, 2011). Cecchini y Martínez (2011), sostienen que conviven en América Latina dos modelos de protección social: por una parte, los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingreso (PTCI) que se presentan como asistencia y acceso a la promoción, a través de una “intervención en el largo plazo” para lograr la “ruptura de la trasmisión intergeneracional de la pobreza”. Para ello se toman medidas de protección que abarcan el ciclo de la vida, y compromete y fortalece los ‘activos esenciales’ de la población destinataria.

Por otro lado, el modelo de garantía de ciudadanía se fundamenta en el sistema internacional de derechos humanos (DDHH), que instala una “visión más inclusiva y sustentable de la protección social”. Para ello, se definen principios como el de igualdad y no discriminación; participación y empoderamiento; rendición de cuentas y transparencia, basados en el carácter irrenunciable del Estado, es decir, el deber de respetar, proteger, promover y garantizar la realización de derechos (Eide, 1989). Este enfoque se aplica a las políticas de desarrollo que necesariamente deben traducirse en estándares jurídicos, como la obligación de garantizar contenidos mínimos, la no regresividad y la garantía de participación ciudadana, así como en principios de universalidad, acceso a la justicia y acceso a la información pública (Cechini y Martínez, 2011).

Por otra parte, el enfoque de género se desarrolla vinculado a las políticas sociales en América Latina a partir de la década del noventa, en que se reconoce un proceso de legitimación e institucionalización de esta perspectiva. En la evaluación de cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados, tienen injerencia algunos organismos internacionales como el Comité de Seguimiento del PIDESC 91 Se proponen tres Planes: Manos a la Obra (Economía Social); Familias por la Inclusión (transferencia monetaria a la familia) y El hambre más urgente (Seguridad Alimentaria).