La Ley de Función Pública y sus reglamentos de aplicación
ordenan que las instituciones públicas (incluyendo el órgano
rector del sistema de la Función Pública) deban proveerse de
diferentes instrumentos procedimentales, organizativos y técnicos,
necesarios para que las mismas puedan proceder a la
implementación de las disposiciones establecidas en las referidas
normativas.