CUADERNO EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS

EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS Alberto Garzón Espinosa

Cuadernos Fundación Memoria y Cultura NÚMERO 1. LA REFORMA DE LAS PENSIONES

En defensa de las pensiones p煤blicas Alberto Garz贸n Espinosa

Esta publicación ha sido editada en octubre de 2013 por la Fundación Andaluza Memoria y Cultura en el marco de la campaña en defensa de las pensiones públicas promovida por el Partido Comunista de Andalucía y las Juventudes Comunistas de Andalucía.

Diseño gráfico: Ángel Olmos

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Fundamentos de la campaña en defensa de las pensiones públicas

La nueva reforma de las pensiones planteada por el PP, aún en versión de anteproyecto, es un nuevo ataque a las conquistas sociales logradas por la clase trabajadora.

Se trata de un proyecto promovido por la troika englobado bajo el marco de las «reformas estructurales», y que ya tuvo su fenómeno más cercano en la reforma de las pensiones llevada a cabo por el Partido Socialista.

Aquella última reforma amplió la edad de jubilación a los 67 años, mientras que la actual se centra en la reducción del poder adquisitivo de los pensionistas en el corto plazo y en la reducción de las cuantías totales en el medio plazo.

Tanto esta como la anterior reforma se justifican de acuerdo a las previsiones demográficas que plantean un envejecimiento muy elevado de la población y, en consecuencia, una elevada tasa de dependencia. En vez de afrontar el problema financiero que de ello se deriva por la vía del aumento de los ingresos, el Gobierno opta por la reducción de los gastos.

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El objetivo real que se persigue es promover el desarrollo de los planes de pensiones privados, que son un negocio para los bancos. El sistema privado es un sistema insolidario, individualista y además mucho menos seguro porque depende de la especulación financiera.

Sin embargo, es un sector en crecimiento por el miedo instigado por parte de los gobiernos y la troika, además de que cuenta con ventajas fiscales también puestas a disposición por parte del Gobierno.

Por otra parte, es importante centrar el argumento también en el fondo ideológico que subyace a la reforma.

A saber, la sociedad puesta al servicio de la economía y sus indicadores pretendidamente asépticos. La evolución demográfica no es un problema como tal, sino un rasgo de las sociedades modernas. El incremento de la esperanza de vida no puede ser entendido como un problema, sino como una conquista. Así, hay que hablar de calidad de vida y no de términos economicistas. Por eso es útil romper el debate con indicadores alternativos como los años de vida saludable.

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Conceptos básicos

La Seguridad Social es un sistema ideado para proteger a la población de una sociedad contra las privaciones económicas y sociales que pudieran afectarles. Nos cubre en caso de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, desempleo, invalidez, vejez y muerte, entre otras posibles causas de privación económica. Es el resultado histórico de la lucha de clases, de las demandas del movimiento obrero. Es, en consecuencia, una conquista social de los trabajadores.

El sistema público de pensiones es una parte muy importante del sistema de la Seguridad Social. Se trata de un mecanismo que el Estado mantiene con el fin de garantizar recursos, en teoría suficientes, a aquellas personas que han dejado de recibirlos por causas ajenas a su voluntad como pueden ser la jubilación, la invalidez o la muerte. El modelo universalista, como en España, garantiza que todas las personas tengan derecho a recibir una pensión con independencia de si han trabajado o no.

Sólo por el mero hecho de ser ciudadanos. Es un sistema solidario.

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No obstante, no todas las pensiones son iguales.

Hay dos tipos. Las pensiones contributivas son las que los trabajadores reciben en función de lo que hayan cotizado durante su vida laboral. Se trata, en definitiva, de una parte de su salario que se detrae cada mes a un fondo común o hucha de pensiones. Por otra parte, las pensiones no contributivas son las que reciben los trabajadores que no han cotizado nunca o que lo han hecho de un modo insuficiente y sin alcanzar un mínimo determinado por ley. Las pensiones contributivas se financian a partir de las cotizaciones sociales, mientras que las pensiones no contributivas se financian con cargo a los presupuestos generales, es decir, a los impuestos del Estado.

En España el sistema público de pensiones se organiza a partir de un mecanismo conocido como sistema de reparto. En realidad se trata de un sistema de solidaridad entre generaciones que permite que las cotizaciones sociales de los trabajadores de hoy financien las pensiones de los jubilados (los trabajadores de ayer), y que las pensiones de los trabajadores de hoy (los jubilados de mañana) sean financiadas por las cotizaciones sociales de los trabajadores de mañana.

Los llamados planes de pensiones privados, sin embargo, operan bajo un mecanismo llamado sistema

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de capitalización. Bajo este sistema el trabajador se financia su propia pensión a partir de lo que ha ahorrado cada mes, de modo que si un trabajador no ha cobrado suficiente a lo largo de su vida no podrá disponer de una pensión suficiente. Además, los planes de pensiones privados son en realidad productos financieros con los que hacen negocio los bancos a través de la especulación.

Ese hecho conlleva la posibilidad de que se pierda mucho dinero, como hemos visto en la reciente crisis financiera.

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Los riesgos del sistema público de pensiones

Uno de los conceptos fundamentales del sistema público de reparto es el de la tasa de dependencia, un indicador estadístico que relaciona la cantidad de personas que reciben pensiones y la cantidad de personas que cotizan.

De esa forma se entiende que si la cantidad de pensionistas crece más rápido que la de trabajadores, será más difícil sostener el sistema público de pensiones porque los gastos (las pensiones) serán más elevados que los ingresos (las cotizaciones).

En realidad es cierto que en España, como en otras sociedades, hay un fuerte proceso de envejecimiento.

En todo caso, podría revertirse con políticas de protección a la maternidad, inmigratorias o, más generalmente, de creación de empleo. Pero el Gobierno prefiere desmantelar poco a poco el sistema público de pensiones excusándose en su falta de sostenibilidad. De hecho, el verdadero riesgo que afronta el sistema público de pensiones es que las políticas suicidas del Gobierno están empujando al exilio a los jóvenes por la falta de trabajo, fomentando la creación de contratos precarios que cotizan muy poco

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o nada y, en definitiva, creando un desierto social. Es decir, el problema es de ingresos y no de gastos. El Gobierno más que recortar en gastos debería aumentar los ingresos.

Pirámide de población de Andalucía HOMBRES

100 y más

MUJERES

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10

-5

0

5

Fuente: Censo de población de 2011

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La nueva reforma de las pensiones

El Gobierno del Partido Popular ha presentado el anteproyecto de la Ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de la Seguridad Social. Se trata de una reforma continuadora de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social aprobada por el Gobierno del PSOE. Ambas reformas se enmarcan en el programa de reformas estructurales que la troika está promoviendo para España y otros países de la periferia europea.

En este caso la reforma plantea que existen riesgos a medio y largo plazo en la sostenibilidad del sistema de la seguridad social. Riesgos que estarían asociados con niveles bajos de natalidad y con la elevación prevista de la esperanza de vida. Esos elementos explicarían, a juicio del Gobierno, la aparición de déficits en las cuentas de la seguridad social.

La reforma aprueba, siguiendo el informe que un comité de «expertos independientes» elaboró hace unos meses, una nueva estructuración del Factor de

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Sostenibilidad con dos componentes: factor de equidad intergeneracional (FEI) y factor de actualización anual de todas las pensiones (FRA), ambas pudiendo tomar valores negativos.

El Factor de Sostenibilidad se presenta en la ley «como un instrumento que permite vincular con carácter automático el importe inicial de las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas». Afectará a la determinación de las pensiones causadas a partir de enero de 2019, y sin duda se trata de una reducción futura de las pensiones iniciales. Pero en realidad el factor de sostenibilidad es algo más: es un incentivo para las pensiones privadas. Su creación ahora es una llamada de atención a quienes puedan suscribir fondos privados de pensiones con las entidades financieras ya que, en definitiva, se está alertando de una rebaja considerable en las pensiones futuras. Una especie de «sálvese quien pueda» que se deriva del inmediato «nosotros no vamos a hacer nada».

Es decir, el Gobierno simplemente actúa como mercenario de las entidades financieras. Y lo reconoce ampliamente al afirmar que el Factor de Sostenibilidad tiene también la función de «facilitar que los ciudadanos tengan una imagen correcta de lo que el sistema de pen-

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siones puede pagar por sí mismo y puedan adoptar, en caso de considerarlo necesario, decisiones correctamente informadas, a la vista del plazo razonablemente largo para su inicial aplicación (1 de enero de 2019)». Algo repetido varias veces en el anteproyecto: «con la finalidad de que los futuros pensionistas puedan ser informados de forma adecuada de las posibles consecuencias de la puesta en práctica del Factor de Solidaridad y tomar medidas en relación con las mismas, en caso de estimarlo conveniente».

Por otra parte, el índice de revalorización anual es un componente que el Gobierno ha creado con el objetivo de rebajar la capacidad adquisitiva de los pensionistas pero permitiendo vender que se han subido las pensiones en términos absolutos (un 0,25%). ¿Cómo es posible esto?

La Constitución Española establece en el artículo 50 que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». Para concretar esa actualización periódica se desarrolló en 1997 un artículo, el 48, en la Ley General de la Seguridad Social, que estableció la revalorización anual de las pensiones en línea con el IPC. Si subían los precios subirían las pensiones, manteniéndose de esa forma la capacidad adquisitiva.

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La nueva reforma plantea que todo eso ha de cambiar. Ahora las pensiones no estarán vinculadas al IPC sino a un mecanismo que plantea una subida mínima del 0,25%. Eso significa que si los precios, medidos por el IPC, suben un 1% como espera el Gobierno, los pensionistas perderán un 0,75% de su capacidad adquisitiva anual.

Pero si el IPC subiera mucho más, hasta el 2% como es el objetivo del Banco Central Europeo, los pensionistas perderían hasta un 1,75% de poder adquisitivo cada año. Este Índice de Revalorización sustituirá a partir del 1 de enero de 2014 el índice de referencia que se aplicaba desde 1997 para la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, lo que significa que en apenas unos meses se notará el efecto regresivo.

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La situación en Andalucía

Andalucía, por su carácter de región menos desarrollada económicamente, tiene pensiones de menor nivel adquisitivo. Así, mientras la pensión de jubilación media en España es de 981,92 euros, en Andalucía es casi de cien euros menos (893,96 euros). Además, la distribución territorial es muy asimétrica.

Pensión media de jubilación (euros) 981,92

TOTAL ESPAÑA ANDALUCÍA 800

850

893,96 900

950

1.000

Fuente: Ministerio de empleo y Seguridad Social (agosto 2013)

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La provincia donde la pensión media es más alta es Cádiz, con 1.028 euros, seguida de Huelva y Sevilla, con 847 euros y 939 euros respectivamente. A la cola de la región está Almería, con pensiones medias de 792,97 euros.

Pensión media de jubilación (euros) 939,73

SEVILLA

910,06

MÁLAGA

816,40

JAÉN

947,85

HUELVA GRANADA

823,97

CÓRDOBA

812,42 1.028,13

CÁDIZ 792,97

ALMERÍA 0

200

400

600

800

1.000

1.200

Fuente: Ministerio de empleo y Seguridad Social (agosto 2013)

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Asimismo, el número más alto de pensiones de jubilación se da en Sevilla, con 183.266 pensionistas, seguido por Málaga con 131.748 pensionistas. A la cola estarían Huelva y Almería, con 49.424 y 55.218 pensionistas respectivamente.

Número total de pensiones de jubilación 183.266

SEVILLA 131.748

MÁLAGA JAÉN

72.004 49.424

HUELVA

0

GRANADA

100.908

CÓRDOBA

98.381

CÁDIZ

97.427

ALMERÍA

55.218 50.000

100.000

150.000

200.000

Fuente: Ministerio de empleo y Seguridad Social (agosto 2013)

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Esperanza de vida

Una de las razones por las que los diferentes gobiernos consideran necesario elevar la edad de jubilación es porque la esperanza de vida de los ciudadanos habría aumentado considerablemente a lo largo de las últimas décadas. Eso, desde un enfoque economicista, plantearía un incremento de los gastos puesto que los jubilados vivirían más tiempo y habría que pagarles más dinero en total. Un enfoque inhumano que no se contextualiza en el incremento espectacular también de la productividad y de la capacidad productiva de las sociedades modernas. Pero que, además, ignora que vivir más no es vivir mejor.

Un hombre de 65 años en España aspiraba a vivir, de media, unos 16 años más en 1995. Actualmente esperará vivir varios años más, hasta 18 años. En el caso de las mujeres estos datos serían de 20 años y 23 años respectivamente.

Sin embargo, si utilizamos indicadores como el de Años de Vida Saludable, que mide los años de vida que restan sin sufrir alguna enfermedad grave, el enfoque cambia. Efectivamente, vivimos más tiempo, pero ese

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Esperanza de vida a los 65 años (España, hombres) 20 16 12 8 4 0 1995

1997

1999

2001

2003

ESPERANZA DE VIDA

2005

2007

2009

AÑOS DE VIDA SALUDABLE

Fuente: European Health and Life Expectancy (2013)

Esperanza de vida a los 65 años (España, mujeres) 25 20 15 10 5 0 1995

1997

1999

2001

ESPERANZA DE VIDA

2003

2005

2007

2009

AÑOS DE VIDA SALUDABLE

Fuente: European Health and Life Expectancy (2013)

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tiempo que le ganamos a la muerte no es un tiempo de vida plena. Aunque la metodología de los indicadores ha cambiado, lo cierto es que hay acuerdo en que la esperanza de vida saludable no ha variado en los últimos años.

Y es posible, de hecho, que incluso haya descendido a consecuencia de la crisis y sus efectos. Así, viviríamos más pero también peor.

Hasta el punto de que en España en 1995 el porcentaje de vida saludable sobre la esperanza de vida era para los hombres del 60%, lo que significa que del tiempo que, a partir de los 65 años, nos quedara en vida sólo

Años de vida saludable / Esperanza de vida a los 65 años (España, 2010) 80% 60% 40% 20% 0% 1995

1997

1999 HOMBRES

2001

2003

2005

2007

MUJERES

Fuente: European Health and Life Expectancy (2013)

2009

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un 60% lo sería en condiciones dignas. Actualmente ese porcentaje se habría reducido a poco más del 50%. En el caso de las mujeres incluso al 40%.

Dadas estas circunstancias, cuando un hombre medio llega a los 65 años, espera pasar 7,5 años con una salud buena o muy buena, otros 7,5 años con una salud percibida mediocre, y 3,8 años con una salud mala o muy mala.

El efecto de aumentar la edad de jubilación es evidente: aproxima más la edad de jubilación al final de la vida saludable. Los años que se aumentan de jubilación son años que se restan de edad de vida saludable, y puede provocar que haya muchas personas que se jubilen directamente para entrar directamente en la etapa de peor salud de su vida.

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