INFORME DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL ASESINATO SISTEMÁTICO DE LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES EN COLOM

INFORME DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL ASESINATO SISTEMÁTICO DE LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES EN COLOMBIA 2019

UNIDOS POR LA PAZ - ALEMANIA / COLECTIVO DIPLOMACIA CIUDADANA- Holanda / A​SOCIACIÓN COLOMBIANA DIÁLOGO CON EUROPA- HOLANDA/ FORO INTERNACIONAL DE VÍCTIMAS FIV -ESPAÑA, NORUEGA, SUIZA, BÉLGICA, MEDITERRÁNEO, SUECIA, CANADÁ Y COSTA RICA/ COLOMBIA HUMANA - ESPAÑA, SUIZA, FRANCIA, BÉLGICA/ BLOQUE LATINOAMERICANO-BERLÍN / VAMOS POR LOS DERECHOS INTERNACIONAL / COLECTIVA DE MUJERES REFUGIADAS, EXILIADAS Y MIGRADAS - ESPAÑA / CIUDADANÍAS POR LA PAZ- FRANCIA/FRANCE AMÉRIQUE LATINE - FRANCIA/ ASOLATINO - SUIZA / CÍRCULO DEL TRASTIERRO - FRANCIA / ASOCIACIÓN MALOKA - SUIZA / CIUDADANÍAS LIBRES DE COLOMBIA EN GINEBRA - SUIZA / INTAL - BÉLGICA / COORDINADORA LATINOAMERICANA / COMITÉ DANIEL GUILLARD- BÉLGICA / KOLUMBIENKAMPAGNE - ALEMANIA/ COLECTIVO MUJER DIÁSPORA - INGLATERRA / COLECTIVO DE COLOMBIANOS POR LA PAZ - BÉLGICA / ACCIÓN CULTURAL CALEIDOSCOPIO- ALEMANIA / COMPA - COLECTIVO COLOMBIANO - FRANCIA / ORGANIZACIÓN MULTICULTURAL DE INTEGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS -VÄSTERAS, SUECIA 7 ASOCIACIÓN ALUNA - SUECIA7

La compilación, análisis y redacción para este informe ha sido realizada en el marco de la movilización ciudadana europea hacia la Corte Penal Internacional en La Haya por la apertura del 5° caso colombiano por asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales

Coordinación y Edición: Unidos por la Paz - Alemania Fecha y ciudad de realización: Berlín, 3 de Abril de 2019 Compilación, Revisión y Redacción: Adriana Yee Meyberg, Diana Sepúlveda Bolaños Aportes y Colaboración: Milton Puertas Diseño Gráfico: Juan Sebastián Useche

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PRESENTACIÓN Este informe es la compilación de la documentación, caracterización y análisis del asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales en Colombia que diversas organizaciones de carácter académico y civil han obtenido en sus investigaciones.

En el marco de la gran marcha transcontinental hacia la Corte Penal Internacional en la ciudad de La Haya, la coalición de organizaciones y fuerzas democráticas de la sociedad civil que se unen en esta gran iniciativa, presentamos este informe como parte de los insumos que documentan el crimen de lesa humanidad por asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y defensores/as de Derechos Humanos en Colombia, con la solicitud expresa de que la Corte Penal Internacional abra el caso formalmente y se inicie la investigación correspondiente.

A pesar de la renuencia del estado colombiano a reconocer la sistematicidad del fenómeno, la sociedad civil ha documentado, caracterizado y analizado el estado de agresiones de múltiple naturaleza contra líderes y lideresas sociales, coincidiendo en los patrones de sistematicidad del asesinato de personas con perfiles claramente identificables dentro de la categoría de defensores de derechos y en ejercicio del liderazgo social.

Este informe no pretende dar cuenta de la totalidad de casos, pero si se presenta a manera de esbozo de la situación, teniendo en cuenta elementos comunes en los estudios analizados. El reporte numérico de casos no pretende ser concluyente, pues los diferentes conteos varían en consonancia con la elección metodológica de cada organización y estudio. Es sin embargo importante destacar, que la documentación de casos ha sido más detallada desde la firma del acuerdo de paz en 2016. A pesar de que el número de víctimas caídas en combate se redujo casi a cero desde este punto, se ha visto un incremento exponencial en la violencia concentrada en líderes y lideresas sociales y comunitarios/as en el contexto rural que trabajan en la defensa de derechos humanos, sociales, comunitarios y en procesos de restitución de tierras o sustitución de cultivos.

Este informe presenta la caracterización e investigación realizada por las organizaciones: Somos Defensores, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ), Marcha Patriótica, El Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP/Programa por la paz (CINEP), la Consultoría de Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES), la Comisión Colombiana de Juristas, el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional, el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, el Instituto KROC para estudios internacionales de paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Movimiento Ríos Vivos de Antioquia, la Fundación Verdad Abierta, la Asociación Campesina del Catatumbo, La Defensoría del Pueblo y la Confederación Acción Comunal Colombia, los cuales de manera conjunta e individual han venido documentando de manera sistemática el asesinato de líderes y lideresas sociales y comunitarios/as en Colombia, algunas en especial desde el el inicio del post-acuerdo en 2016.

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I.

LAS CIFRAS Y LA SISTEMATICIDAD

En noviembre de 2016, tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la hasta entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) se registró una disminución sustancial en el número de víctimas mortales por enfrentamientos bélicos en el marco del conflicto. Sin embargo, tras la retirada de la guerrilla del territorio, se comenzó a registrar un amplio incremento en el número de agresiones a líderes y lideresas rurales, comunitarios/as, de grupos étnicos y en defensa de derechos humanos y sociales, el cual alcanzó hasta un 34% más como lo reportó el programa Somos Defensores en su Informe “Más allá de las Cifras”.

Desde el año 2016 algunos de los registros de asesinatos de líderes y lideresa sociales son: Informe

2016

2017

2018

2019

Indepaz

97

159

226 (hasta noviembre)

Somos Defensores

80

106

77 (hasta septiembre)

Defensoría del Pueblo

134

126

172

Cinep

99

144

100 (hasta julio)

30

Cabe anotar que este no es un fenómeno nuevo en el país, habiendo estado documentado desde hace más de una década con un ascenso significativo y vertiginoso desde el año 2011, momento en el que entró en vigencia la Ley de Víctimas, la cual posibilita el reclamo, restitución de tierra y retorno de víctimas de despojo y desplazamiento forzado. Tras el empoderamiento de varias comunidades y líderes y lideresas sociales en los proceso de restitución, se desató hasta el día de hoy una ola de asesinatos a reclamantes y retornantes que ha sido cuidadosamente documentada por el Observatorio de Tierras de la Universidad Nacional y el Programa Somos Defensores: Informe

2005

2006

2007

2008

Somos Defensores Observatorio de Tierras

18

20

29

42

2009 2010

201 1

2012 2013

2014

2015

32

32

49

69

78

55

63

38

39

50

48

71

51

42

Por su lado, la Consultoría para Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES- con el financiamiento de USAID y el apoyo del Centro Nacional de Consultoría, publicó el Análisis 3

de Homicidios de líderes y lideresas en Colombia 2016-2018* - Piloto para la Interpretación de su Impacto en las Comunidades y Organizaciones sociales - Las conclusiones de este estudio son el resultado de la contrastación de fuentes públicas de información sobre el homicidio de líderes y lideresas entre Enero de 2016 a Marzo de 2018.

Fuente: A​nálisis de Homicidios de líderes y lideresas en Colombia 2016-2018* - Piloto para la Interpretación de su Impacto en las Comunidades y organizaciones sociales, CODHES, 2018

Se obtuvieron 1.680 registros: 402 víctimas y 372 casos. De estas 262 víctimas (64%) fueron identificados como líderes o lideresas sociales y comunitarios/as, y 140 víctimas (36%) eran personas con perfiles diferentes: funcionarios/as públicos/as, militantes políticos/as, miembros de organizaciones sociales, integrantes de comunidades étnicas y familiares de líderes o lideresas. (CODHES, 2018) Para el 2019 se cuenta con los registros de la Defensoría del pueblo, que reporta 30 homicidios de líderes y/o lideresas y la Organización de Naciones Unidas que reporta 29.1 Aún tras los múltiples intentos de la sociedad civil por denunciar y documentar el fenómeno, el estado colombiano se había negado a reconocer la sistematicidad hasta Enero de 2018 tras fuertes presiones del movimiento social y ciudadano colombiano, sumado al mismo pronunciamiento de alarma de las Naciones Unidas por parte del relator especial sobre la situación de Defensores de Derechos Humanos en Colombia, Michel Forst. Producto de esto, el gobierno reconoció la sistematicidad pero negó la relación del estado en ello, así mismo, ha minimizado en su discurso la relación de los asesinatos de líderes y lideresas con procesos agrarios específicos como el de restitución de tierras.

Es de especial relevancia, anotar cómo la mayoría de informes analizados, a saber, CINEP (hasta Septiembre de 2018), INDEPAZ y la Defensoría del Pueblo, apuntan el aumento sustancial en los asesinatos en 2018 con picos en las épocas previas de campaña presidencial y tras la posesión del actual presidente Iván Duque del partido de extrema derecha “Centro Democrático”.

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Pulzo, ONU pide a gobierno garantizar DDHH de líderes sociales; van 29 asesinados en 2019, tomando el 2 de abril de 2019 de https://www.pulzo.com/nacion/onu-preocupada-por-asesinato-lideres-sociales-colombia-PP661219

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Desde la elección presidencial el 17 de junio de 2018 hasta noviembre del mismo año se asesinaron de acuerdo a INDEPAZ, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria a 120 líderes/as y defensores/as de DDHH, 43 entre la elección y la posesión del Presidente y 77 durante el mandato de Iván Duque. A final de 2018 se contaron 226 asesinatos de líderes y lideresas sociales. Por su parte la Defensoría del pueblo reportó 172 homicidios, CODHES 168 y la ONU 113.

De acuerdo al análisis presentado en el Informe del Observatorio de Tierras de 2017 y en concordancia con los informes de CODHES, INDEPAZ, CINEP, Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y las declaraciones de la Procuraduría General de la Nación se puede confirmar sin lugar a duda la sistematicidad en el asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia en consonancia con las definiciones y alcances previstos por la Corte Penal Internacional con base en los desarrollos del Derechos Internacional Humanitario de la siguiente forma: ●

Sistematicidad como hecho de ocurrencia reiterada: Plenamente comprobada en la totalidad de informes de la sociedad civil y en cifras oficiales, de las cuales se da cuenta en el presente informe, reflejando un panorama de asesinato a líderes y lideresas sociales en promedio cada 2 días (Somos Defensores, 2018).

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Sistematicidad como hechos de ocurrencia metódica y regular: ​También se puede observar en cada informe como los hechos ocurren en medidas similares cuando las cifras son desagregadas, mostrando de manera enfática y concluyente cómo no ha habido ni un sólo mes en el que no haya ocurrido una agresión letal contra líderes y lideresas sociales. Así mismo se puede observar la tendencia a aumentar del fenómeno. Al ver los datos desagregados del Observatorio de Tierras y más recientemente de INDEPAZ, vemos la ilustración de la regularidad de los hechos.

A continuación uno de los gráficos del informe de INDEPAZ que ilustra la regularidad de los hechos en los últimos 3 años:

Fuente: INDEPAZ, Todos los Nombres, Todos los Rostros, Separata de Actualización 2019

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Sistematicidad por hechos que siguen un sistema y se ajustan a un conjunto organizado de reglas: ​Todos los estudios determinaron que los líderes y/o lideresas con más casos de homicidios corresponden a defensores/as relacionados/as con la tierra y el territorio con enfoques étnicos y poblacionales (campesinos/as, indígenas, afrodescendientes, Juntas de Acción comunal de zonas rurales) y en precarias condiciones socio-económicas. No sólo hay una motivación y un perfil de la víctima en común en los asesinatos, sino que siguen patrones de operación comunes, incluida la difusión de listas con nombres de líderes y lideresas sociales declarados/as objetivo militar y el asesinato posterior que además en el 44% de los casos ocurre en las viviendas de cada líder/lideresa social.2 Ahondamos a continuación en las variables que sostienen y dan forma al fenómeno.

II. LAS VARIABLES QUE SOSTIENEN Y DAN FORMA AL FENÓMENO DE ASESINATO SISTEMÁTICO DE LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES EN COLOMBIA El asesinato de líderes y lideresas sociales no solamente ha ocurrido de manera regular, sino que obedece a una serie de variables y correlaciones espaciales que permiten su caracterización y análisis detallado.

Informes del Observatorio de Tierras, de Somos Defensores, de CODHES, INDEPAZ y de CINEP muestran de manera coincidente que hay una mayor recurrencia de asesinatos en las zonas donde: ●

Hay mayor presencia de grupos paramilitares: ​Tras las documentaciones de los asesinatos se ha podido determinar que en su mayoría los asesinatos son perpetrados por grupos herederos del paramilitarismo. Resulta evidente el cariz político en muchos de los casos de asesinato. Reconocer la persistencia de la cooperación, fortalecimiento y financiamiento a grupos paramilitares desde instancias empresariales privadas e infiltración en las instituciones estatales es el paso fundamental para combatir efectivamente dichos grupos.

●

Hay una gran desigualdad rural y ausencia total o parcial del Estado: ​Esta situación se ve reflejada en el reducido número de personas dueñas de títulos de tierras y en el alto índice de hogares con necesidades básicas insatisfechas. De acuerdo el informe del Instituto Colombiano de Geografía Agustín Codazzi, Colombia tiene un coeficiente Gini de distribución de tierras de 89,7%. El total de propiedades rurales está en las manos 3.552.881. de personas, de las cuales sólo el 25% es dueña del 95% del territorio. Los casos más extremos se dan en Chocó donde menos del 1% de los dueños de la tierra poseen el 94,87% del territorio, en Valle del Cauca donde el 11,9% de los propietarios poseen 95,05% y en Guainía donde el

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Revista Semana,¿Cómo explicar la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales? tomado el 30 de Marzo de 2019 de https://www.semana.com/nacion/articulo/como-explicar-la-sistematicidad-en-los-asesinatos-de-lideres-sociales/600165

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0,01% es dueño del 99%.3 Chocó y Valle del Cauca son departamentos del país que encabezan los conteos hasta el día de hoy de asesinatos de líderes y lideresas sociales y comunitarias. Cabe también anotar que las tres categorías de liderazgo con mayor victimización por asesinato son líderes y lideresas de procesos de restitución, reclamantes de tierras y miembros de comunidades indígenas en defensa del territorio. (Observatorio de Tierras, 2017) ●

Hay presencia o potencial de desarrollo/inserción de economías legales e ilegales de tipo minero energético y agroindustrial: ​La estrategia de desarrollo económico implantada por los gobiernos colombianos se concentran fuertemente en el fortalecimiento de mega proyectos mineros y agroindustriales. Para ello ha desarrollado diversas herramientas de flexibilización jurídica e incentivos económicos para las empresas locales y extranjeras, dejando en total vulnerabilidad al campesinado y a comunidades indígenas y afrocolombianas que se ven en la necesidad de abandonar el territorio tras presiones de expansión para la explotación de minas o la expansión monocultivos como el de palma aceitera. Los grupos paramilitares han estado también estrechamente vinculados al fortalecimiento de la industria minera y agrícola. No han sido pocos los casos en que grupos paramilitares han sido financiados por empresas de cultivo de palma aceitera, banano y mineras.

(Yee Meyberg, 2017) Tras análisis de las víctimas de asesinato en el informe anual de Somos Defensores de 2017, podemos ilustrar el alto porcentaje de líderes y lideresas asesinados/as que trabajan temáticas ambientales, territoriales y agrarias frente al total de homicidios de líderes y lideresas, mostrando así una clara correlación de la violencia con la intención de desarrollo de este tipo de proyectos en los territorios.

Fuente: Milton Puertas, Datos Somos Defensores, Informe Anual 2017 “Piedra en el Zapato”

​Casa Editorial El Tiempo, 64% de los Hogares rurales no cuentan con Acceso a Tierra, tomado el 30 de Marzo de 2019 de https://www.eltiempo.com/economia/sectores/desigualdad-en-la-propiedad-de-la-tierra-en-colombia-32186 3

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Fuente: Milton Puertas, Datos Somos Defensores, Informe Anual 2017 “Piedra en el Zapato”

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Hay presencia alta de cultivos de uso ilícito o son lugares donde existen rutas del narcotráfico: ​La motivación económica es sin duda un motor para la expansión de áreas cultivadas, sin embargo todo esto interactúa con el hecho de que las zona con mayor vulnerabilidad social por ausencia del estado son las más proclives a que el narcotráfico se instale. Es también de vital importancia entender que las rutas del narcotráfico internas y para exportación son por lo general, canales bajo el control de agentes legales, las cuales posibilitan el tránsito de drogas sin mayores controles o restricción. (Medina Gallego, 2018) Esto se suma a que los líderes que impulsan la sustitución de cultivos voluntaria en consonancia con el Acuerdo de Paz, son reprimidos y asesinados pues se oponen a la erradicación forzada de cultivos manual y por aspersión con glifosato que intoxica el ecosistema en su totalidad y que los deja sin ninguna posibilidad de supervivencia al no tener más vías de generación de ingresos. Zonas como Tumaco donde el índice de necesidades básicas insatisfechas llega al 90% y donde el 95% de la población no cuenta con acueducto ni alcantarillado, o en Tibú donde el porcentaje de hogares se ubica en el 68% y donde 93% de la población no tiene acceso a agua y saneamiento básico (DANE, 2018), son zonas con el mayor incremento de áreas de cultivos ilícitos y con un alto índice de asesinato a líderes y lideresas sociales, donde además el gobierno no cumple el acuerdo de paz frente al punto de implementación de una política de desarrollo rural integral como forma real de combatir las drogas.

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Se encuentran o están cercanas las antiguas Zonas Transitorias de Normalización o los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación donde los miembros de las FARC se concentraron para la dejación de Armas: Tras la dejación de armas de las FARC hubo un empoderamiento de estructuras paramilitares que a su vez dieron inicio a agresiones letales contra ex-combatientes en proceso de transición a la vida civil. De acuerdo al Informe de INDEPAZ, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria con el apoyo de la Fundación alemana Heinrich Böll, entre noviembre 13 de 2016 y noviembre 17 de 2018 se asesinaron en 48 municipios, 92 excombatientes en proceso de reincorporación.

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Existen fuertes procesos de organización social, local, comunitaria: ​Como se puede leer en la sección del presente informe “¿Quiénes son las lideresas y los líderes sociales?”, las agresiones son dirigidas a personas en ejercicio del liderazgo en defensa de derechos para las comunidades que representan, generalmente adscritos a organizaciones como juntas de acción comunal y local, organizaciones rurales y campesinas u organizaciones de comunidades indígenas y afrocolombianas. En la mayoría de de los casos se logran desarticular procesos locales fuertes en contra de grandes proyectos agroindustriales y minero energéticos que conducen posteriormente a procesos de despojo, desplazamiento y violencia. El asesinato de estos liderazgos, se configura desde la intención evidente de debilitar y reducir a la mínima expresión el movimiento social y la fuerza organizativa para adelantar sus luchas. Así mismo, fragmentan el tejido social cuya cohesión se nutre de personas que asumen la organización colectiva.

Tras un homicidio el 92% de las organizaciones detiene sus actividades (CODHES, 2018)

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La implementación del Acuerdo de Paz es nula, lenta o difícil: ​En zonas donde hay altos índices de asesinato de líderes y lideresas sociales, se encuentra que varias víctimas estaban vinculadas en procesos colectivos de apoyo y promoción de la implementación de uno o varios de los puntos del acuerdo de paz, a saber, desarrollo rural, garantías de las víctimas, garantías para el ejercicio de la política, fin del conflicto y lucha contra el narcotráfico. (Somos Defensores, 2017) III. ¿QUIÉNES SON LAS LIDERESAS Y LOS LÍDERES SOCIALES?

El Centro de Investigación y Educación Popular Cinep/Programa por la Paz, clarifica la condición de liderazgo social fundamentándose en dos pilares: la actividad concreta que desempeña la persona y el reconocimiento que hace su comunidad de dicha actividad. En este sentido un líder o una lideresa social, es aquella que es reconocida por su comunidad por organizar, promover y dirigir procesos que contribuyen a transformaciones en el marco de luchas colectivas que buscan mejorar y dignificar la vida de las personas pertenecientes al territorio o a la condición social que une a la colectiva.

La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos en su Proceso de Garantías para la Labor de los líderes y lideresas sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos de Antioquia reporta:

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“Los líderes y lideresas sociales son el alma de los territorios, son el faro de sus comunidades, son fuente de democracia, son germen de saber ancestral, hacen parte del cordón umbilical con la tierra... son la esperanza de paz en la coyuntura histórica que vive Colombia. Esos hombres y mujeres, son esto y mucho más... su inmenso sacrificio, no lo perdonará la Historia(...). Un líder social es el pegamento de las comunidades. Es quien agrega valor a los territorios. Es quien de sol a sol e incluso en noches y festivos saca de su tiempo y del de su familia para organizar, dar ideas, trazar los pequeños rumbos que junto con todos los rumbos forman el gran rumbo del país”4 Por su parte, el programa Somos Defensores indica en su informe de 2017 “Piedra en el Zapato” cómo todas las organizaciones consultadas y los informes revisados coinciden en el alto nivel de riesgo que conlleva realizar este ejercicio en Colombia. Así mismo se identifica que el ejercicio de estos/as activistas, líderes y lideresas se considera un obstáculo en los territorios para quienes tienen intereses políticos y económicos en los mismos y ven en los/las defensores/as un potencial peligro para sus objetivos. ¿Qué tipo de lideresas y líderes están siendo objeto de violación del derecho a la vida?

En cuanto al perfil de los líderes y lideresas asesinadas/os, coinciden todos los reportes analizados en que la mayoría de homicidios corresponden a líderes y lideresas relacionadas con la tierra (procesos restitución de tierras, reclamantes de tierras) y con defensa del territorio, en su mayoría pertenecientes a luchas con enfoque étnico y poblacional (líderes y lideresas pertenecientes a colectividades campesinas, indígenas, afrocolombianas y juntas de acción comunal en zonas rurales). Así mismo, las víctimas de este tipo de asesinatos comparten todas condiciones económicas precarias, no tienen visibilidad nacional y su trabajo se desarrolla en contextos locales.

En el informe “Todos los Nombres, Todos los Rostros” realizado por INDEPAZ, Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria y con el financiamiento de la Fundación Alemana Heinrich Böll, se reporta adicionalmente que otro grupo de líderes y lideresas asesinadas promovía fuertemente procesos de: ● ●

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Defensa de los recursos naturales y organización de la oposición en conflictos asociados a los cambios en el uso del suelo Impulso de iniciativas para la protección del medio ambiente en oposición a la explotación de recursos naturales no renovables en megaproyectos minero-energéticos.

Implementación a nivel territorial del Acuerdo Final de Paz, en especial en relación a sustitución de cultivos ilegales y formulación de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

​Coordinación Colombia Europa Estados Unidos en su Proceso de Garantías para la Labor de los líderes y lideresas sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos de Antioquia, citado por CINEP/Programa para la Paz en su informe “¿Cuáles son los Patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post-Acuerdo, 2018 4

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Denuncia con respecto a la malversación o inversión de recursos públicos Exigencia y organización para la participación política para reconfiguración del panorama electoral

Es también relevante la declaración que hizo la Defensoría del Pueblo, en el que se reporta que las comunidades aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación - ETCR y los miembros de las Farc–EP en fase de reincorporación alertaron sobre la sensación generalizada de riesgo, la cual viene acompañada de la persistencia de amenazas mediante panfletos y mensajes que evidencian la presencia de distintas estructuras armadas que ponen en riesgo la implementación del Acuerdo Final.5 La Defensoría del pueblo reporta presencia de actores armados ilegales alrededor de 24 de 26 de los ETCR. Así mismo, la Separata de Actualización 2018 del informe Todos los Nombres​, Todos los Rostros de INDEPAZ registra entre noviembre de 2016 y noviembre de 2018, el asesinato de 92 ex-combatientes de las FARC -EP. Este mismo informe realizado entre INDEPAZ, Cumbre Agraria y Marcha Patriótica con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll da cuenta de que ​181 ​de los asesinatos perpetrados en 2018, fueron contra líderes y lideresas pertenecientes a organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal (JAC) u organizaciones étnicas rurales y que ​80,1% de los asesinatos fueron contra líderes y lideresas involucrados/as en conflictos por tierra, territorio o recursos naturales. Los asesinatos en relación a cultivos ilegales (pactos de sustitución vs. erradicación forzada) representaron el ​17,69%​ de la totalidad de asesinatos.

Por otro lado, ​30,97% ​de los homicidios fueron cometidos en contra de integrantes de las organizaciones nacionales que conforman la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC, Proceso de Comunidades Negras –Autoridad Nacional Afrocolombiana PCN -ANAFRO, Congreso de los Pueblos, Ríos Vivos y Movimiento por la Constituyente Popular. El ​38,93 %de los homicidios fueron cometidos en contra de integrantes de la Confederación Comunal de Colombia.

IV. ¿QUIÉNES SON LOS VICTIMARIOS? El Informe Especial de Derechos Humanos Situación de Lideresas y Líderes sociales, de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y de Excombatientes de las Farc-EP y sus Familiares 2018, liderado por INDEPAZ, describe cuatro factores de riesgo de asesinato que tienen las personas en ejercicio de liderazgo social, en defensa de derechos humanos o en condición de ex-combatientes de las Farc-EP y sus familiares: ● ● ● ●

Presencia y reconfiguración del fenómeno paramilitar en los territorios.

Presencia de disidencia armada.

Presencia de los llamados Grupos Armados Organizados Residuales, GAOR. Doctrina militar Damasco.

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Defensoría del Pueblo Colombia, Informe Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, Reincorporación para la Paz, tomando el 30 de Marzo de 2019 de http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informe_ETCR.pdf

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Colombia tiene 33 divisiones territoriales: 32 departamentos y un Distrito Capital. En 32 de ellas, se focaliza el riesgo. Esto equivale al 96,96 % del país. Igualmente, en 324 de los 1.122 municipios colombianos está focalizado el riesgo. Esto equivale al 28,87 % de los municipios del país. Con respecto a la población, 424 organizaciones sociales, comunales, étnicas, de género, relacionadas con diversidades, políticas y populares de carácter regional y nacional se encuentran en riesgo (Defensoría del Pueblo, 2018).

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ-, como respuesta a los procesos de reconfiguraciones armadas resultantes de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), inició en 2006 una línea de investigación dirigida a estudiar las dinámicas de los grupos armados ilegales y sus impactos en los territorios.

Estas investigaciones han venido siendo ampliadas hasta la fase post-acuerdos, mostrando nuevas dinámicas en el ejercicio de la violencia contra el liderazgo social y comunitario.

Tal como lo afirma el mismo informe, la participación en actividades ilegales de diversos agentes del Estado, incluyendo integrantes de las instituciones y Fuerza Pública, continúa siendo un factor determinante para la persistencia de la criminalidad, y con ello, de la violencia armada, en varias regiones del país. Estas relaciones delictivas se dan entorno a beneficios económicos y a coincidencia de intereses.

En la separata Narcoparamilitares: reconfiguración ilegal en los territorios -INDEPAZ- (enero 2018) expone carlos Eduardo Espitia Cuenca que la presencia de carteles internacionales en el territorio nacional que luchan por dominar los territorios y las vías de exportación de sustancias ilícitas, acrecientan esta problemática, extendiendo así el paramilitarismo en narcoparamilitarismo (agentes sicariales que protegen el negocio de las drogas ilegales).

Esto no significa que el paramilitarismo como tal desaparezca, pero se nutre adicionalmente de la modalidad de subcontratación de oficinas de cobro y/o bandas delincuenciales, entre otras. Estas nuevas organizaciones narcoparamilitares alcanzan incidencia a nivel local, municipal y regional, de ahí que las poblaciones más afectadas sean las que estén situadas en zonas alejadas y abandonadas por el Estado.

El EPL-Pelusos, es presentada en la misma separata como una estructura narcotraficante relacionada con carteles mexicanos que actúa en trece municipios de tres departamentos, principalmente en la región del Catatumbo. En el primer semestre de 2018 esta organización tuvo incidencia en nueve municipios. Posteriormente se registró su aparición en el departamento del Cauca, zona conocida por la lucha campesina e indígena en defensa de los territorios.

De los autodenominados Águilas Negras se registraron amenazas directas a Líderes y lideresas sociales en 32 municipios de diez departamentos del territorio nacional. Sin embargo, es evidente un subregistro sobre el total de hechos a causa de que no es un grupo del cual se puede identificar una estructura, liderazgo y lugares de operación definidos, tal como lo hemos afirmado en el capítulo anterior.

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En algunas regiones específicas del país se observa una amplia profusión de estructuras de ascendencia paramilitar. Estas estructuras se identifican como Autodefensas Campesinas de Casanare, Águilas Negras, Los Carranceros, Renacer de los Buitragueños, Los Rastrojos, Libertadores del Vichada, Bloque Meta y Los Puntilleros. En los contextos urbanos y cabeceras municipales, estos grupos suelen actuar por medio de terceros, a partir de la configuración de redes locales que involucran bandas delincuenciales, pandillas y combos con capacidad de control, vigilancia y conocimiento del territorio. Dichas agrupaciones aprovechan el contexto de superposición de violencias que tiene lugar en conglomerados urbanos, vinculadas con los altos niveles de segregación y vulnerabilidad socioeconómica, lo que en cierta forma les permite mimetizarse entre las problemáticas de delincuencia y exclusión allí presentes. En estos escenarios, es frecuente la aparición de panfletos en los que se difunden amenazas de exterminio social, suscritos por quienes se presentan como «Autodefensas Gaitanistas de Colombia», «Autodefensas Unidas de Colombia», «AUC», «Águilas Negras», entre otros. (González y Espitia, 2017).

En términos de su ubicación en la ilegalidad, el paramilitarismo se articula con economías ilícitas y lícitas como estrategia de financiamiento y de acumulación de poder económico y control político y territorial. Estas economías incluyen, además de otras expresiones, el narcotráfico, el contrabando, el control de recursos públicos, extorsiones, minería ilegal, tráfico de armas y tráfico de personas, el llamado pagadiario y redes de prostitución (INDEPAZ et al, 2018).

“El paramilitarismo hace parte de una política de Estado anclada en una Doctrina de Seguridad Nacional. Una de las estrategias de esta doctrina en materia de lucha contrainsurgente es la persecución al movimiento social, a opositores, líderes y lideresas sociales y a defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes se les denomina «enemigo interno» y se les equipara con la guerrilla. Sobre la base de ese fundamento, se les estigmatiza y agrede.”6 El reporte “El despojo paramilitar en el Magdalena: el papel de las élites económicas y políticas” (Quinche, Perdomo et.al., 2018) informa que al igual que en otras regiones del país, la coalición paramilitar estuvo construida sobre grandes ganaderos, otros terratenientes, y políticos locales (Salinas y Zarama, 2012) (Gutiérrez y Vargas, 2016). Esta coalición tuvo efectos tangibles sobre la distribución del poder político local y regional a través de los pactos de Chivolo y Pivijay en los que se establecieron zonas electorales y se definieron los nombres de quienes ocuparían los cargos de elección popular. También tuvo efectos en las finanzas de los municipios porque una gran cantidad del erario público se desvió a las arcas paramilitares. Y finalmente, generó una sistemática violación a los derechos de propiedad rural de los campesinos, una mayor concentración de la tierra y una profundización de la inequidad agraria.

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Mesa Nacional de Garantías sobre grupos sucesores del Paramilitarismo, Persistencia y Falta de Voluntad Estatal para su Judicialización y Desmantelamiento, 2018. Tomado el 3 de Abril de 2019 de https://coeuropa.org.co/wp-content/uploads/2018/04/160418-Persistencia-y-Falta-de-Voluntad-para-D esmantelar-Paramilitarismo-FINAL.pdf

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El reporte de sistematicidad en los asesinatos de Revista Semana muestra la siguiente configuración de victimarios en el caso de líderes y lideresas sociales.

Fuente: Revista Semana, artículo Cómo explicar la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales -600165

Por otro lado, el Programa Somos Defensores en su Informe “Piedra en el Zapato” de 2017, muestra una configuración menos desagregada pero que igualmente nos da un panorama claro de los actores violentos involucrados en los casos. EL hecho de que haya tan alto porcentaje de victimarios desconocidos, responde a la dinámica de sicariato y organizaciones de seguridad privada que con el fenómeno de asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, ha tomando impulso como mejor plataforma para poder mantener los crímenes en impunidad y aducir los hechos a homicidios de carácter aislado.

Es en este mismo sentido, que el discurso estatal se ha volcado a denominar los victimarios como simples Bandas Criminales, restándole todo rasgo de sistematicidad a los hechos y desviando la atención del tipo de trabajo y perfiles en cabeza de los líderes agredidos y/o asesinados.

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Fuente: Somos Defensores, Informe “Piedra en el Zapato”, 2017

V. EL ESTADO COLOMBIANO Y SU RESPONSABILIDAD La protección del liderazgo social y la vida de las personas y comunidades es responsabilidad directa del estado colombiano. Hasta el día de hoy, el gobierno de Iván Duque no ha mostrado en su agenda como prioridad la aplicación de medidas efectivas de prevención y protección de la vida de los líderes y las lideresas, así como tampoco ha mostrado voluntad de cumplir con los acuerdos pactados en la Habana en el marco del proceso de paz.

En su último informe, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, reporta: “​Cada vez más vemos campañas de difamación de defensores, son presentados como enemigos del Estado, antiprogresistas, antidesarrollistas, no como agentes de cambio​”7. Así mismo, instó al gobierno a reconocer públicamente el papel positivo que los y las defensoras pueden tener en un país y afirmó: “Cuando un Estado tiene compromiso político, las cosas tienden a mejorar” Según el “Segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia” (diciembre 2016 - mayo 2018) del Instituto Kroc, la falta de garantías de seguridad y las demoras en el proceso de reincorporación son particularmente preocupantes. El asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc no paran. A largo plazo, sin embargo, lo que podría socavar el ​Casa Editorial El Tiempo, ONU pide combatir impunidad en crímenes contra líderes sociales,tomando el 30 de Marzo de 2019 de https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/onu-pide-combatir-impunidad-en-crimenes-contra-lideres-250528 7

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logro de una paz estable y duradera son la ausencia de una reforma rural integral y la sustituciรณn de cultivos. Las siguientes grรกficas muestran con claridad el poco avance que se ha llegado en la aplicabilidad de los Acuerdos de Paz, muchos de estos incluso ni siquiera han empezado a andar:

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Fuente: KROC Institute for International Peace Studies,Segundo Informe sobre el Estado efectivo de Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, Diciembre 2016 - Mayo 2018

Las medidas anunciadas por el gobierno se han reducido a una protección desde lo normativo con poca aplicabilidad práctica y en una evidente falta de voluntad política. Un ejemplo claro de la inaplicabilidad de estos decretos lo describe el “Informe Especial Protección al Tablero” de Somos Defensores (2014). Los investigadores, tras interrogar en las gobernaciones sobre el Decreto 4912, dichas entidades consultadas aducen conocer el decreto 4912, sin embargo existe una confusión generalizada con las responsabilidades y poblaciones objeto de protección con las acciones de prevención consagradas en la Ley 17

1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). En cuento a la Estrategia de Protección y la UNP, todas las Gobernaciones dicen conocer la institución y haber tenido contacto con ella en casos de amenazas o solicitud de medidas, aún así es reiterada la queja por la tardía respuesta de la UNP a los requerimientos. Igualmente mencionan que muchas valoraciones de riesgo no corresponden a la situación real. Existen quejas por la falta de seguimiento a los casos y la poca comunicación, tanto de las medidas implementadas como de las acciones del personal regional de la UNP. En el mismo informe, se hace referencia a la responsabilidad de la rama judicial en estos crímenes. Ni el Ministerio de Justicia, ni las altas cortes y mucho menos los jueces, se han pronunciado al respecto. El programa Somos Defensores en su informe ​Stop Wars: Paren la Guerra contra los Defensores, r​ eporta cómo hasta el año 2016 la impunidad se ubica en 90% y cómo la mayoría de casos se encuentran en fase preliminar incluso 8 años después del asesinato, lo cual imposibilita el avance material en la investigación d​el caso.

Fuente: Somos Defensores, Informe Anual Piedra en el Zapato, 2017

A pesar de la negación del actual fiscal Nestor Humberto Martínez de que el Estado esté involucrado en los asesinatos contra líderes y lideresas sociales, existen varios casos en los que las agresiones son perpetradas abiertamente por agentes de Estado, este es el caso de las judicializaciones arbitrarias y casos de homicidios perpetrados por la Fuerza Pública. Además, existen casos sin esclarecer, en los que los teléfonos de donde provenían las amenazas contra lideresas, están adscritos a la Policía, según precisa CODHES en su Informe “Lideresas sociales en Colombia: El relato invisible de la crueldad” 2019.

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En Julio de 2018, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció la apertura de indagación preliminar para establecer la participación de agentes de la fuerza pública en los asesinatos de líderes sociales. Expresó: “​ Aquí ha habido casos de cooptación de los agentes del Estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales. Nuestro llamado es primero a los alcaldes y gobernadores a que asuman las responsabilidades en la defensa de la vida y la integridad de los líderes sociales, y en segundo lugar, a la ciudadanía a que nos ayude investigar, a que denuncie si hay funcionarios del estado en cualquier nivel territorial y agentes de la fuerza pública involucrados en los asesinatos de los líderes sociales”.8 Agregó además que la defensa de los líderes y lideresas sociales debe hacerse desde los territorios, con esquemas colectivos de protección y enfoque diferencial, que deben incluir a los líderes de tierras, que son “​asesinados sistemáticamente en prácticas con patrones comunes relacionados con las víctimas y las condiciones que rodean sus homicidios.”9 Esto no podría desligarse de la fallida implementación de los organismos concertados en el Acuerdo de Paz del Teatro Colón en 2016 que dictan la creación y puesta efectiva en funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad de Investigación para el desmantelamiento de los grupos herederos del paramilitarismo y Bandas Criminales en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional junto a la puesta en marcha de un programa de protección especializada para todos los declarados en oposición y líderes y lideresas en los territorios, en el marco del Estatuto de la Oposición recientemente aprobado en el Congreso de la República.

Esto debe ir en estrecha relación con la implementación efectiva de los otros puntos del Acuerdo de Paz, en el cual no sólo se acuerdan mecanismos de seguridad y la garantía para ejercer la oposición, sino que se consideran medidas ligadas a combatir las causas estructurales del conflicto como la desigualdad y la concentración de tierra en pocas manos, apropiada por medio de vías ilegales y violentas para el despojo.

Es sin embargo, de gran preocupación ver que el gobierno actual, liderado por el partido de extrema derecha “Centro Democrático” anunciaba desde la campaña electoral que todo su esfuerzo para las elecciones de 2018 se concentra en ​“h ​ acer trizas el acuerdo del 10 Gobierno Santos con las Farc” , como lo declaró su director, Fernando Londoño, en la convención de ese partido en Junio de 2017. El expresidente Pastrana y el exprocurador Alejandro Ordóñez anunciaron así mismo se sumarían a este plan.(El Espectador, 2017)

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Procuraduría General de la Nación, “Estamos indagando si hay agentes de la Fuerza pública involucrados en asesinatos de líderes sociales: Procurador”, 2018. Tomado el 3 de Abril de 2019 de https://www.procuraduria.gov.co/portal/indagacion-involucrados-asesinato-lideres.news 9 Ibídem 10 El Espectador, Hacer trizas el acuerdo, tomado el 2 de Abril de 2019 de https://www.elespectador.com/opinion/hacer-trizas-el-acuerdo-columna-696539

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Otro de los aspectos que quedaron por fuera de dicha declaración, fue el reconocer como victimarios no solo a los narcotraficantes, disidentes y bandas criminales, sino también a agentes armados al margen de la ley como las autodenominadas “Águilas Negras” quienes amenazan con listas y nombres propios, amedrentan, despojan y asesinan y se atribuyen abiertamente los crímenes. Su procedencia es desconocida, no se sabe quién esté detrás de este nombre, no existe una investigación oficial en su contra y su existencia como grupo estructurado no ha podido ser comprobada. Las fuerzas que operan bajo este nombre, actúan en todo el territorio nacional, lo que contradice las declaraciones del fiscal Néstor H. Martínez, quien afirma que los asesinatos son perpetrados por organizaciones criminales estructurales que están operando en los diferentes territorios (Revista Semana, 2019).

Ninguna organización criminal conocida en Colombia cuenta con la capacidad militar y de coordinación para actuar en todo el territorio nacional. Todo esto apunta entonces, a un modo de operación de tipo sicarial, conectado a una coordinación central con la capacidad de operar en todo el territorio nacional, la misma capacidad que en su defecto solo tendrían las fuerzas del Estado.

La falta de eficiencia, la lentitud en los procesos y los bajos resultados obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía en los casos de asesinatos a líderes y lideresas sociales, resta credibilidad y transparencia a esta institución.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa sostuvo que en muchos de los casos de asesinatos de líderes y lideresas se trataba de hechos aislados, aludiendo que las víctimas sostenían presuntos vínculos con grupos ilegales o que se tratara de crímenes pasionales, esto fue expresado en repetidas ocasiones en declaraciones ligeras ante lo medios de comunicación, sin pruebas ni sustento judicial.11 De esta manera, el gobierno colombiano estigmatiza y criminaliza a las víctimas y al movimiento social. La omisión en la protección efectiva de líderes y lideresas sociales no solo afecta a la persona en cuestión y a su círculo familiar, sino que representa igualmente, la interrupción abrupta de procesos colectivos, amenazando así la continuidad y permanencia de las organizaciones y sus actividades en defensa de los derechos de las comunidades. Así, el fenómeno se configura en un fenómeno de exterminio sistemático del movimiento social.

Otra responsabilidad del Estado es velar por la democracia del país, lo que significa velar también por el decreto de la oposición. “​Un Estado que realmente lo sea, no puede permitir que suceda el asesinato de cientos de líderes y lideresas​ ​(muchos de los y las cuales ha movilizado él mismo) y después declararse irresponsable (es decir, que no puede responder por sus vidas) frente a ellos y ellas12 . El ejercicio de la soberanía tiene implicaciones, y la principal es la protección de la vida de las ciudadanas y los ciudadanos. La implementación 11

Verdad Abierta, Asesinatos de Líderes Sociales: Pocos Avances para la Magnitud de la Tragedia.Tomado el 3 de Abril de 2019 de https://verdadabierta.com/asesinatos-de-lideres-sociales-pocos-avances-para-la-magnitud-de-la-trage dia/ 12 Observatorio de Tierras, Informe Semestral: Dinámicas del asesinato de líderes rurales. las Covariables Municipales, 2017, Tomado el 30 de Marzo de 2019 de http://www.observatoriodetierras.org/wp-content/uploads/2017/05/Reporte-Semestral-ORRPDA-2017. pdf

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efectiva de los Acuerdo de Paz, en el cual no sólo se acuerdan mecanismos de seguridad y la garantía para ejercer la oposición, considera también medidas ligadas a combatir las causas estructurales del conflicto como la desigualdad y la concentración de tierra en pocas manos, apropiada por medio de vías ilegales y violentas para el despojo. Políticas como la restitución de tierras y la implementación de la reforma rural integral, deben ser pilares para disminuir la violencia, que además se ha concentrado en líderes campesinos, líderes de víctimas, de restitución de tierras, de juntas de acción comunal, de colectividades LGTBI, juveniles, de mujeres, ambientalistas o colectividades en contra de la minería en sus territorios.

Tal como lo expresa el Informe anual 2017 “Piedra en el Zapato”de Somos Defensores, el Acuerdo de Paz también refuerza cambios en los mecanismos de prevención y protección de los cuales se derivarían las garantías para el ejercicio de defensa de los derechos humanos en el Post–Acuerdo. Estas nuevas disposiciones ampliarían el concepto básico de seguridad e incluirían temas como la protección colectiva y de comunidades, prevención y la investigación prioritaria de agresiones contra activistas en DD.HH., compilados en 22 nuevos espacios, protocolos, decretos y unidades especiales.

Según Latinamerican Post en el Reportaje: “Tres Fallas del Estado Colombiano en la Protección de Líderes Sociales” (Septiembre 2018), los principales errores del gobierno colombiano se pueden resumir en: ● ● ●

Las irregularidades en la Unidad Nacional de Protección (UNP) No reconocer sistematicidad en asesinatos Estigmatización de líderes sociales

En todos estos aspectos la responsabilidad recae en el Estado. La UNP tal y como está concebida (compra de chalecos antibalas, protección personalizada en forma de servicio de guardaespaldas) pero no alcanza a cubrir a toda la población amenazada y el tiempo de protección no puede preverse como ilimitado, lo que deja a las víctimas de nuevo en estado de vulnerabilidad.

La estigmatización puede verse reflejada concretamente en declaraciones oficiales de importantes miembros del gobierno como el ex-ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, quien en sus declaraciones a medios de comunicación a finales de 2017 sobre el asesinato de líderes sociales en Colombia, dijo que se “ s​on fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas​, de peleas por rentas ilícitas”.13 Este tipo de declaraciones no han sido casos aislados, el ministro de defensa, Guillermo Botero, expresó públicamente que la protesta social -la cual es un derecho constitucional en Colombia-, “estaba financiada por los grupos armados como las disidencias de las Farc, el Eln, el 'Clan del Golfo' y los 'Pelusos'”14. Estas

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Revista Semana, “No Son Líos de Faldas, ésto hay detrás de los asesinatos a líderes sociales”, 2018 tomando el 3 de Abril de 2019 de https://semanarural.com/web/articulo/esto-hay-detras-de-los-asesinatos-de-lideres-sociales-y-no-sonlios-de-faldas/586 14 El País. Críticas a MinDefensa por relacionar la protesta social con mafias organizadas, tomado el 3 de abril de 2019 de

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declaraciones irresponsables por parte de miembros del gabinete de la Presidencia dejan claro cómo son vistos los liderazgos en Colombia, como una fuerza que se ha convertido en una piedra en el zapato para las objetivos comerciales trazados por el gobierno y de esta manera convirtiendo a los líderes y lideresas en blancos frente a los agentes enemigos de la paz y los cambios sociales.

Finalmente, podemos afirmar tras la amplia documentación y caracterización realizada en los últimos años y compilada en el presente informe, que hay muestras suficientes en lo que se refiere a la sistematicidad del crimen y a la complejidad y multiplicidad de actores involucrados en éste para la apertura de una investigación formal penal.

El esclarecimiento, imputación y castigo por vías de la justicia ordinaria nacional colombiana es a todas luces inviable, dada la dinámica conflictiva de intereses entre los actores involucrados, la infiltración ilegal en instancias legales y la clara falta de voluntad política del estado colombiano. En una clara falta de reacción del estado ante las agresiones sistemáticas contra líderes y lideresas sociales, deja a dicha colectividad en un innegable desamparo al no tener garantías de seguridad y protección.

https://www.elpais.com.co/colombia/criticas-a-mindefensa-por-relacionar-la-protesta-social-con-mafia s-organizadas.html

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BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS Estudios e Informes -

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