Documento Veracruz

PJF - Versión Pública

Q.P. 128/2018 DERIVADA DEL AMPARO **********.

JUICIO

DE

QUEJOSO: **** ***** ***** *********.

RECURRENTE: ****** ******, autorizado peticionario de amparo.

****** del

MAGISTRADO PONENTE: MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO. SECRETARIA DE ESTUDIO: LILIANA ELIZABETH SEGURA ESQUIVEL.

Ciudad de México. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión pública de quince de noviembre de dos mil dieciocho.

V I S T O S para resolver los autos del recurso de queja 128/2018, interpuesto por ****** ****** ****** autorizado del quejoso **** ***** ***** *********, contra la resolución de once de julio de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en

 

el incidente de incumplimiento a la suspensión provisional, derivado del incidente de suspensión relativo al juicio biinstancial **********.

PJF - Versión Pública

2

Q.P. 128/2018

RESULTANDO:

I. Juicio de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho1 en la oficialía de partes de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Procurador General de la República y otras autoridades –Jueces de Distrito que conocen del Sistema Penal Mixto y Jueces de Proceso y Procedimiento Penal Oral (entre ellos la Juez en Xalapa)–, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 9, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, 7.1, 7.2 y 7.3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hizo consistir en:

“[…] la orden de aprehensión… la solicitud de alerta migratoria y de orden de detención mediante difusión de ficha roja… así como su cumplimiento […]”.

II. Incidente de suspensión. Como se ordenó en el cuaderno principal, el veinticuatro de mayo del año en curso2, la Juez de Distrito lo tramitó por separado y duplicado. Solicitó informe previo a las autoridades responsables y fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia respectiva.

1

Fojas 22 a 41.

2

Fojas 42 a 45.

PJF - Versión Pública

3

Q.P. 128/2018

Además, concedió la suspensión provisional respecto de los actos reclamados (los términos en que se hizo se señalaran en el análisis del asunto)

El treinta de mayo de dos mil dieciocho el autorizado del quejoso exhibió tres billetes de depósito3, para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional concedida, los cuales se agregaron a los autos del incidente por acuerdo de la misma fecha4.

III. Incidente de incumplimiento a la suspensión provisional concedida. Promovido por el autorizado del peticionario de amparo el dieciocho de junio de este año5, debido a que el quejoso fue detenido, trasladado al estado de Veracruz y puesto a disposición de una Jueza Penal Oral, por lo que, al considerar que acató todas las medidas de aseguramiento impuestas, solicitó se realizara lo conducente para el cumplimiento de la orden suspensional decretada en el juicio de amparo. Además, como pruebas, solicitó se pidiera informe a diversas autoridades6.

Por auto de diecinueve siguiente7, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 158 y 206 a 209, de la ley de la materia, la 3

Fojas 124 a 127. Billetes: N 070091 por $2,500, N 070092 por $5,000 y N 070093 por $8,000.

Seguidos los trámites respectivos el doce de julio de dos mil dieciocho se llevó a cabo la audiencia incidental, misma que concluyó al día siguiente con la resolución interlocutoria relativa, en la que se negó la suspensión definitiva al quejoso respecto de las autoridades que negaron los actos reclamados y se le concedió por aquéllas que los aceptaron. Los efectos de la suspensión definitiva consistieron en que el quejoso quedara a disposición de la autoridad de amparo, en cuanto a su libertad personal se refiere y en el lugar en el que se encuentre recluido, y a la de la juez del proceso para la continuación del procedimiento. Fojas 593 a 606.

4

5

Fojas 367 a 375.

Procurador General de Justicia de la Ciudad de México y Fiscalía General de Veracruz –no señaladas como autoridades responsables en la demanda–.

6

7

Fojas 379 y 380.

PJF - Versión Pública

4

Q.P. 128/2018

juez de amparo ordenó iniciar el incidente por incumplimiento a la suspensión provisional concedida en auto de veinticuatro de mayo de esta anualidad; fijó fecha para la audiencia respectiva; y, solicitó a las autoridades que aceptaron la emisión de los actos reclamados informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión provisional decretada.

Seguido el trámite correspondiente el tres de julio de dos mil dieciocho8 se realizó la audiencia relativa y el once posterior9 se emitió la resolución correspondiente, en la que se declaró INFUNDADO el incidente de incumplimiento a la suspensión provisional planteado contra las autoridades que aceptaron la emisión de los actos reclamados.

IV. Recurso de queja. Inconforme con la determinación anterior, el quejoso por conducto de su autorizado interpuso el medio de impugnación que se resuelve, el cual se admitió por auto de seis de agosto del presente año, registrándose con el número **** ********.

V. Turno.

El quince de agosto siguiente, se turnó el

presente asunto al magistrado Mario Ariel Acevedo Cedillo, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 101, último párrafo, de la Ley de Amparo. Además, por autos de veinte y veintitrés de agosto de este año, se tuvo por recibida la intervención del Ministerio Público de la Federación adscrito y el escrito de alegatos de la parte quejosa.

8 9

Foja 550.

Fojas 560 a 572.

PJF - Versión Pública

5

Q.P. 128/2018

VI. Aplazamiento. Se acordó por el tribunal pleno, en sesión de cuatro de octubre del presente año.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este tribunal colegiado es legalmente competente para conocer y resolver del presente recurso de queja, al haber sido interpuesto contra una resolución que resolvió el incidente por incumplimiento del acuerdo en que se concedió al quejoso la suspensión provisional de los actos reclamados, dictada por una Jueza de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, ámbito en el que esta potestad constitucional ejerce jurisdicción.

Lo anterior es conforme con lo dispuesto en los dispositivos 97, fracción I, inciso g), 99 y 101 de la Ley de Amparo, con relación en el diverso 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en vinculación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de queja se interpuso dentro de los cinco días a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la ley de la materia.

RESOLUCIÓN RECURRIDA

NOTIFICACIÓN

PLAZO

DÍAS INHÁBILES

PRESENTACIÓN DEL RECURSO

6

12 de julio de 2018

Del 16 al 20 de

2018

TERCERO.

PJF - Versión Pública

11 de julio de

Q.P. 128/2018

No aplica

16 de julio de

julio de 2018

Transcripción

innecesaria

2018

de

las

constancias relevantes para la toma de decisión. Ello debido a que no es un requisito exigido por la ley de la materia. Sin embargo, conviene puntualizar que la interlocutoria recurrida se encuentra a fojas 560 a 572 y los agravios en los folios 4 a 20 del expediente en el que se actúa.

CUARTO. Consideración previa. Se estima necesario analizar en este apartado, el procedimiento establecido por el legislador para la tramitación y resolución de un incidente por el incumplimiento de la suspensión, previstos en los artículos 206 al 209 de la Ley de Amparo, que literalmente disponen:

“Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente.

Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo.”

“Artículo 207. El incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo.”

Q.P. 128/2018

PJF - Versión Pública

7

“Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes: I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas; II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución.”

“Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley.” De los numerales trascritos se colige que el legislador ordinario concedió a cualquier persona afectada con la forma en la cual se hubiere acatado la suspensión de plano, provisional o definitiva del acto reclamado, el derecho de promover incidente donde cuestionara el incumplimiento de dicha medida por parte de las autoridades responsables, o bien, el exceso o defecto en

8

PJF - Versión Pública

Q.P. 128/2018

que hubieren incurrido las mismas al acatarla, o en su caso, la admisión, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, de fianzas o contrafianzas.

Lo cual es procedente incluso tratándose de la suspensión provisional, lo que se desprende de la interpretación sistemática de los artículos 97, fracción I, inciso g), 206 y 209 de la Ley de Amparo, dado que no existe otro medio de impugnación, en el que se pueda analizar lo relativo al incumplimiento a la suspensión provisional por las autoridades responsables.

Apoya lo anterior, la tesis aislada XVIII.2o.T.1 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito10, que este tribunal comparte, de rubro: “INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. NO SE LIMITA EXCLUSIVAMENTE A LAS RESOLUCIONES

QUE RESUELVEN

LA SUSPENSIÓN

DE

PLANO O DEFINITIVA, SINO QUE TAMBIÉN PROCEDE CONTRA EL EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN

PROVISIONAL

POR

LA

AUTORIDAD

RESPONSABLE (INTERPRETACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 206 DE LA LEY DE AMPARO).”

Al efecto, definió que la incidencia se tramitaría de conformidad con las reglas definidas en el artículo 208 de la ley en cita, a saber:

Publicada la página 2054, tomo III, noviembre de 2017, libro 48, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época.

10

Q.P. 128/2018

PJF - Versión Pública

9

a. Que se promueva por el inconforme por escrito y ante el órgano que dictó la medida cautelar de referencia. b. Cumplido lo anterior, el órgano jurisdiccional dictará auto donde señale fecha para la celebración de la correspondiente audiencia, esto dentro del plazo de diez días, requiriendo a la autoridad responsable informe dentro del término de tres días (el cual deberá ser relativo a la conducta que se les reclama, esto es, que incumplieron a la suspensión provisional), apercibida que en el caso de que no cumpla lo anterior, o bien, su informe sea deficiente, se presumirá cierta la conducta imputada.

c. En la audiencia de referencia, se admitirán las pruebas previamente ofrecidas por las partes, quienes tendrán el derecho de alegar oralmente y se dictará la resolución donde se defina sobre la existencia del incumplimiento o defecto o exceso en el cumplimiento de la suspensión de oficio o de plano; en su caso, requiriéndose a la responsable cumpla con la suspensión o bien, subsane los equívocos o errores en los que hubiere incurrido con los apercibimientos que define el numeral 209 de la ley de la materia.

De ahí que, el legislador ordinario estableció el procedimiento que debía regir la tramitación de un incidente por el incumplimiento de la suspensión y estableció que será hasta la interlocutoria que clausure esa fase, donde se resolverá el fondo de la controversia, eso es, el juzgador definirá si la autoridad responsable cumplió con la suspensión o no, o si lo hizo de manera excesiva o defectuosa, tomando en cuenta para ello, tanto el informe que

10

PJF - Versión Pública

Q.P. 128/2018

rinda la autoridad responsable como las pruebas que se hubieren rendido en la audiencia correspondiente.

Puesto que, de acreditarse que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la medida suspensional, cuando el caso específico lo permita, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de la Amparo.

Así, si bien en el procedimiento de un incidente por el incumplimiento de la suspensión, no se prejuzga directamente sobre la responsabilidad penal de la autoridad contumaz, lo resuelto en el mismo puede constituir un presupuesto para que el representante social

de

la

correspondiente.

Federación

integre

la

averiguación

previa

En consecuencia, es trascendental verificar que el trámite correspondiente se cumpla a cabalidad, que de existir violaciones procedimentales no trasciendan para la emisión de la resolución correspondiente, la que además puntualmente tendrá que dirimir la problemática planteada, debido a los efectos jurídicos que podrían constituirse.

QUINTO. Estudio. Los agravios expuestos por la parte quejosa son inatendibles en parte y esencialmente fundados en otra, aunque suplidos en su deficiencia, en términos de los

PJF - Versión Pública

11

Q.P. 128/2018

dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por ende procede declarar fundado el incidente de incumplimiento a la suspensión provisional.

Previo a asentar las razones de dicha aseveración, conviene destacar los ANTECEDENTES relativos al trámite del incidente en comento, así como las consideraciones en la que se sustenta la resolución interlocutoria que se analiza en el presente medio de impugnación, en lo que interesa.

 24 de mayo de 2018. Se concedió la suspensión provisional, en los términos siguientes:

“[…] se concede al quejoso **** ***** ***** *********, la suspensión provisional de la orden de aprehensión y su ejecución que reclama de los Jueces de Distrito que conocen del Sistema Penal Mixto señalados como responsables, para el sólo efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal con motivo de esas órdenes hasta que se dicte sobre la suspensión definitiva; medida cautelar que surte sus efectos desde luego pero dejará de surtirlos si el quejoso **** ***** ***** *********, no exhibe ante este juzgado de Distrito…una garantía por la cantidad de cinco mil pesos […] se concede al quejoso **** ***** ***** *********, la suspensión provisional de la ejecución de la orden de aprehensión y su ejecución, que reclama de los Jueces de Proceso y Procedimiento Penal Oral que señala como responsables, para el sólo efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal con motivo de esas órdenes, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, quede a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que a su libertad personal se refiere, y a disposición del Juez en comento para la continuación del procedimiento, hasta que se

PJF - Versión Pública

12

Q.P. 128/2018

notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva; medida cautelar que surte sus efectos desde luego pero dejará de surtirlos si el quejoso de mérito, no exhibe ante este Juzgado de Distrito en el término de cinco días una garantía por la cantidad de ocho mil pesos […]

Asimismo, como medida de aseguramiento se le impone la obligación de comparecer ante el Juez de Proceso y Procedimiento Penal y Oral, tantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento que le fuere instruido, en el entendido que de no acatar la obligación y la medida de aseguramiento impuestas dentro del término concedido traerá como consecuencia que la medida suspensional deje de surtir sus efectos […]

En el entendido que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió.

Por otro parte, la concesión de esta suspensión no impide que el quejoso de mérito, sea privado de su libertad si es detenido en flagrante delito o en caso urgente, tampoco surtirá efectos si se trata de delito o delitos en los que si proceda la prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional, o de alguno de los previstos por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuyo supuesto la medida suspensional sólo tendrá por objeto que el quejoso una vez aprehendido, quede a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que a su libertad personal se refiere en el lugar de su reclusión y a la del Juez natural para la continuación del procedimiento respectivo. […] se concede la suspensión provisional de la ejecución de la solicitud de alerta migratoria y de orden de detención mediante difusión de ficha roja, que reclama el quejoso **** ***** ***** *********, para el sólo efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal con motivo de esas órdenes, y quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere, hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, medida cautelar que surte sus efectos desde luego, pero dejara de surtirlos si el quejoso de mérito no exhibe ante este Juzgado de Distrito en el término de cinco días una garantía por la cantidad de dos mil quinientos pesos […]

PJF - Versión Pública

13

Q.P. 128/2018

asimismo se impone al quejoso de referencia la obligación de comparecer ante la autoridad ministerial dentro de los tres días siguientes al que surta efectos la notificación del presente proveído, en el entendido que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió; en la inteligencia, que de no acreditar haber cumplido con la obligación y las medidas de aseguramiento impuestas, en el término concedido, traerá como consecuencia que la medida suspensional deje de surtir sus efectos […]”11.  30 de mayo de 2018. El autorizado del quejoso exhibió ante la Juez de Distrito los billetes de depósitos respectivos para que continuara

surtiendo

concedida.

efectos

la

suspensión

provisional

 18 de junio de 2018. El autorizado del peticionario de amparo promovió incidente de incumplimiento a la suspensión provisional concedida, en virtud de que el quejoso el día anterior aproximadamente a las catorce horas le informó que fue

detenido

por

elementos

de

investigación

de

la

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que fue trasladado a las oficinas de la Procuraduría General de la Ciudad de México, aun y cuando portaba la copia certificada de la suspensión provisional.

Además de que, a pesar de que el delito que se le imputa no es de prisión preventiva oficiosa, fue trasladado al estado de Veracruz, donde se fijó hora para la audiencia inicial.

Acuerdo notificado por lista a la parte quejosa el 25 de mayo de 2018 y en esa data su autorizado recibió copia del mismo. Fojas 45 vuelta y 46.

11

14

PJF - Versión Pública

Q.P. 128/2018

Por lo que, al considerar que acató con todas las medidas de aseguramiento conducente

impuestas, para

el

solicitó

cumplimiento

se

realizara de

la

lo

orden

suspensional decretada en el juicio de amparo.

Como pruebas señaló las siguientes:

1. Documental pública, consistente en el informe que rinda el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, donde conste: a) Si recibió oficio de colaboración para cumplimentar la orden de aprehensión contra el quejoso. b) Fecha de recepción del mismo. c) Delito por el que se libró la orden de aprehensión. d) Fecha de ésta. e) Data de detención del quejoso. f) Hora de entrega a las autoridades de la Fiscalía General de Veracruz.

2. Documental pública, consistente en el informe que rinda el Fiscal General de Veracruz, donde conste lo siguiente: a) Si se giró oficio de colaboración de esa Fiscalía a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para el cumplimiento de la orden de aprehensión contra el quejoso. b) Fecha de recepción del oficio en comento. c) Delito por el que se libró la orden de aprehensión. d) Fecha de ésta. e) Si se cumplimentó la citada orden. f) Data de detención del quejoso. g) Hora de entrega a las autoridades de la Fiscalía General de Veracruz. h) Dónde fue ingresado o presentando el quejoso.  19 de junio de 2018. La Juez de Distrito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 158, 206 a 209, de la ley de la

PJF - Versión Pública

15

Q.P. 128/2018

materia, ordenó iniciar el incidente por incumplimiento a la suspensión provisional concedida en auto de veinticuatro de mayo de esta anualidad; fijó fecha para la audiencia respectiva; no acordó de conformidad los medios de convicción ofrecidos por el quejoso, en virtud que las autoridades que refirió no tenían el carácter de responsables.

Además, solicitó a las autoridades que convinieron en la emisión de los actos reclamados12 informaran sobre el cumplimiento dado a la suspensión provisional decretada.

 22 de junio de 2018. Tres de las autoridades a las que se les solicitó informe al respecto, señalaron lo siguiente:

Director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, de la Procuraduría General de la República y Titular de la Policía Federal Ministerial, de la Procuraduría General de la República, de manera coincidente dijeron: “[…] dentro de los autos del Incidente de suspensión que nos ocupa, esta Autoridad Administrativa procedió a suspender las alertas migratorias requeridas al Director de Información e Investigación del Instituto Nacional de Migración a nombre de **** ***** ***** *********, aunado a que simultáneamente solicitó la suspensión de notificación roja a la Secretaría General de INTERPOL en Francia a favor del ut supra, quedando desde ese momento suspendido el expediente administrativo correspondiente Licenciada Alma Aleida Sosa Jiménez, Juez de Procesos y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa. Fojas 476 a 485.

Titular de la Policía Federal Ministerial, de la Procuraduría General de la República. Foja 395.

Director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, de la Procuraduría General de la República. Foja 394.

Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Foja 549.

Director de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Foja 396.

12

16

PJF - Versión Pública

Q.P. 128/2018

hasta en tanto se pronuncie la sentencia definitiva en el Juicio de Garantías que se ventila, además de que hasta el día de hoy no se cuenta con una orden de aprehensión y detención en contra de la parte quejosa, por lo que no hay materia sobre la cual decretarla siendo así no se ha violado la suspensión provisional al impetrante de garantías.”.

Director de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, mencionó:

“ […] Esta Dirección, no obstante de haber sido señalada por el quejoso como Autoridad Responsable, no ha sido debidamente notificada del momento a partir del cual debía surtir efectos la suspensión provisional concedida, toda vez que dicho beneficio según a su acuerdo de fecha veinticuatro de mayo del año en curso, estaba condicionado a la exhibición de las garantías por parte del quejoso, ello sin embargo, no fue obstáculo, para que de manera ad cautelam, esta dirección se abstuviera de emitir cualquier acto de autoridad que pudiera en términos procesales, resulta violatoria de las formalidades esenciales del proceso y de los derechos humanos del amparista.” 

Además, el mismo día (22 de junio de 2018) en el juzgado de amparo se recibió vía fax el oficio 4045/2017, suscrito por Alma

Aleida

Sosa

Jiménez,

Juez

de

Procesos

y

Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, mediante el cual informó que a partir de las dos horas del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se legalizó la detención del quejoso, debido a su probable intervención o participación en los hechos que pudieran ser constitutivos del antijurídico de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, cometido en agravio de ***** **** **** , por lo que el plazo constitucional fenecería a las dos horas del veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, pues la defensa solicitó su duplicidad.

PJF - Versión Pública

17

Q.P. 128/2018

Por lo que, derivado de la suspensión provisional concedida en el juicio de amparo, el imputado quedó a disposición de la Juez de Distrito en cuanto a su libertad personal en el centro de reclusión de Pacho Viejo. También, señaló que se impuso al antes referido la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa con vigencia por lo que dura el presente proceso.  25 de junio de 2018. El autorizado del quejoso presentó escrito por medio del cual ofreció como prueba la documental pública consistente en copias de los autos del procedimiento penal ********, constante de 61 fojas, en las que consta la fecha de la detención, los elementos de la policía ministerial que ejecutaron la orden de aprehensión, así como las constancias de su presentación ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México13. Por auto del día siguiente se agregaron al expediente.  27 de junio de 2018. En el juzgado de amparo se recibió vía fax el oficio 4218, suscrito por la Juez de Procesos y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa en comento, quien en atención al informe que se le solicitó en cuanto al incidente de incumplimiento a la suspensión provisional, refirió, en síntesis: - La ejecución de la orden de aprehensión en nada contraviene la suspensión provisional concedida, en virtud que el delito por el que se giró aquélla es el de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, previsto y sancionado por los numerales 318 Quinquies, inciso a), en 13

Fojas 404 a 467.

18

PJF - Versión Pública

Q.P. 128/2018

relación con el 21, párrafo segundo, del Código Penal del estado de Veracruz vigente, contra el cual resulta procedente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

- En el caso se actualiza lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, ya que en la audiencia inicial de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, el ministerio público solicitó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, la cual al ser procedente fue dictada.

- Por lo cual, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I del citado numeral 166. Al respecto

citó

la

tesis

de

rubro:

“SUSPENSIÓN

PROVISIONAL. SUS ALCANCES TRATÁNDOSE DE ACTOS EN LOS QUE PROCEDE DECRETAR PRISIÓN PREVENTIVA

OFICIOSA

(INAPLICABILIDAD

DEL

ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO).”.

- En

el

delito

de

DESAPARICIÓN

FORZADA

DE

PERSONAS, resulta procedente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, porque: a) es un ilícito que tiene pena privativa de libertad; b) es de extrema gravedad, pues está incorporado en el catálogo de delitos establecidos en el Estatuto de Roma; c) es considerado un delito de Lesa humanidad; y,

PJF - Versión Pública

19

Q.P. 128/2018

d) de acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de Nación, es un delito que vulnera el desarrollo de la personalidad.

- Si bien el delito en comento no está textualmente en el listado inicial a que hace referencia el artículo 19 constitucional, lo cierto es que cuando el ministerio público lo justifique, como ocurrió en el caso, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa no trasgrede el citado numeral de la Carta Magna, aunado a que la defensa no lo desvirtuó.

 2 de julio de 2018. El autorizado del quejoso presentó un escrito, por medio del cual formuló alegatos.  3 de julio de 2018. El Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en atención al informe que se le solicitó en cuanto al incidente de violación a la suspensión provisional, indicó: “[…]

Que NO SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS por el hoy quejoso, por lo que respecta a esta autoridad, con respecto a la VIOLACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL concedida por este juzgado, solicitando a usted que en su oportunidad se acuerde en el presente incidente, lo establecido en los artículos 19 párrafo segundo y 20 constitucionales, así como lo dispuesto en el artículo 166-I de la Ley de Amparo en vigor […]”. 

En la misma fecha (3 de julio de 2018) realizó la audiencia relativa.

20

PJF - Versión Pública

Q.P. 128/2018

 11 de julio de 2018. Se engrosó la interlocutoria que se analiza, en la que se declaró INFUNDADO el incidente de incumplimiento a la suspensión provisional planteado contra las autoridades que aceptaron la emisión de los actos reclamados, de acuerdo a las siguientes consideraciones: - De conformidad con el informe rendido por la multicitada Juez de Procesos y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, el delito imputado al quejoso es el de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, por tanto, atendiendo al derecho positivo y a la obligación de acatar lo dispuesto en todos aquellos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en el caso el Estatuto de Roma y la Convención Interamericana de Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada de Personas, al ser un crimen de extrema gravedad, implica prisión preventiva oficiosa, como lo señala el artículo 19 de la Carta

Magna,

personalidad.

al

afectar

el

libre

desarrollo

de

la

- Por ello, se actualiza la hipótesis relativa a cuando se impute un delito al peticionario de amparo que implique prisión preventiva oficiosa, por tanto, no se impedía que fuera privado de su libertad.

- Si bien el quejoso exhibió las garantías fijadas por la Juez de Distrito, lo cierto es que no cumplió con la medida de aseguramiento consistente en la obligación de comparecer ante el juez responsable tal y como se le conminó.

PJF - Versión Pública

21

Q.P. 128/2018

- No tomó en consideración los alegatos esgrimidos por el autorizado de la parte quejosa, porque no existe precepto que la obligue.

Ahora bien, con independencia de que se advierten diversas irregularidades en el trámite del incidente de incumplimiento a la suspensión provisional14, se estima que en el caso existen elementos suficientes para resolver el fondo de la controversia, esto es, definir si las autoridades responsables incumplieron con la suspensión provisional decretada por la juez de amparo.

Sentado lo anterior, el cumplimiento o no a la suspensión provisional, se analizará sólo en lo conducente a los efectos precisados respecto a los actos reclamados a jueces del sistema acusatorio, dado que dentro de las constancias se tiene certeza de la existencia de la orden emitida por una juez de corte adversarial, tal como se observa de los antecedentes reseñados.

En principio, este tribunal colegiado no comparte las consideraciones que esgrimió la Juez de Distrito para declarar infundado el incidente de mérito, pues se observa que formó su criterio en dos aspectos incompatibles, esto es: a) que debido a la 1. No se acordaron de conformidad las pruebas ofrecidas por el promovente del incidente, lo cual atendió a que las autoridades de las que pretendía el autorizado del quejoso les fueran solicitadas diversas documentales no fueron señaladas como responsables. Empero, la fracción I del artículo 208 de la ley de materia, no limita a que las pruebas ofrecidas por el promovente se restrinjan a aquÉllas que sean relativas a las autoridades responsables, puesto que, lo que se busca es acreditar su pretensión en el sentido de que se incumplió con una medida suspensional, lo que incluso puede ocurrir por acciones emprendidas por autoridades que no fueron señaladas en la demanda.

2. Se requirió a las autoridades responsables que informaran sobre el cumplimiento dado a la suspensión provisional decretada, sin embargo, debió solicitarse que refirieran lo conducente de acuerdo a la conducta reclamada por la parte quejosa relacionada con el incumplimiento de la suspensión, en cuanto a la orden de aprehensión.

3. Una vez recibidos los informes de las autoridades, no se destacaron sus deficientes, aspecto relevante puesto que la fracción II del artículo 208 de la Ley de Amparo señala que en caso de ser deficiente el informe, se establecerá la presunción de ser cierta la conducta imputada.

14

PJF - Versión Pública

22

Q.P. 128/2018

extrema gravedad del delito por el que se emitió la orden de aprehensión “implica la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa” y, b) que “el quejoso no cumplió con comparecer ante el juez responsable como se le conminó”.

Como se señaló, el incidente de incumplimiento a la suspensión provisional, es el mecanismo diseñado por el legislador para analizar si las autoridades responsables incumplieron con la suspensión decretada en un juicio de amparo, en el caso, la provisional, para lo cual, se tendrá como base los efectos de la medida cautelar establecidos por el Juez de Distrito, mismos que deben adecuarse a las reglas específicas en la suspensión del acto reclamado en materia penal, previstas en los artículos 159 a 169, de la Ley de Amparo.

En el caso, la juez de amparo al emitir el auto que otorgó la suspensión provisional al quejoso, en cuanto a la orden de aprehensión que atribuyó a jueces del sistema acusatorio, señaló los efectos de la suspensión concedida, atendiendo a las directrices que contempla el artículo 166, párrafo primero, fracciones I y II, de la ley de la materia15.

“Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal.”.

15

PJF - Versión Pública

23

Q.P. 128/2018

Destacó que la medida cautelar decretada en cuanto a los delitos que NO implicaran prisión preventiva oficiosa, produciría la consecuencia de que el quejoso no fuera detenido, lo cual surtía sus efectos desde luego, pero dejaría de surtirlos, si el quejoso, dentro de cinco días, no exhibía una garantía por ocho mil pesos, e impuso como medida de aseguramiento la obligación de comparecer ante el Juez de Proceso y Procedimiento Penal y Oral, tantas veces fuera requerido para la continuación del procedimiento instruido, precisando que, dicha medida sería exigible hasta que se tuviera certeza de la existencia del acto reclamado y la autoridad que lo emitió.

Puntualizó que la concesión de la suspensión NO surtirá efectos si se trataba de delito o delitos en los que SÍ procedía la prisión preventiva oficiosa, en cuyo supuesto la medida suspensional sólo tendría por objeto que el quejoso una vez aprehendido, quedará a disposición del Juzgado de Distrito, por lo que a su libertad personal se refiere en el lugar de su reclusión y a disposición del Juez natural para la continuación del procedimiento respectivo.

De ese modo, se desprende que las condiciones de cuyo cumplimiento dependía que la medida suspensional siguiera surtiendo efectos16, se fijaron en el supuesto que se tratara de delito que NO implicara prisión preventiva oficiosa; por lo que, de encontrarse en el supuesto contrario, no le eran exigibles.

16

Garantía y medida de aseguramiento.

24

PJF - Versión Pública

Q.P. 128/2018

De lo hasta aquí expuesto, se puede observar que no se puede considerar, como lo hizo la Juez de Distrito, que no existe incumplimiento en la suspensión porque el delito por el que se emitió la orden de aprehensión “implica la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, aunado a que “el quejoso no cumplió con comparecer ante el juez responsable como se le conminó”; pues ambos aspectos no pueden coexistir, pues derivan de hipótesis diversas que emanan, respectivamente, de las fracciones I y II, del numeral 166 señalado.

Destacado lo anterior, es dable asentar que el autorizado del quejoso, al tener conocimiento que éste fue detenido, presentó un escrito por medio del cual solicitó a la Juez de Distrito se realizara lo conducente para el cumplimiento de la orden suspensional decretada en el juicio de amparo, pues, desde su punto de vista, había

cumplido

con

todas

las

medidas

de

aseguramiento

impuestas17, empero, fue trasladado al estado de Veracruz donde se le fijó fecha para la audiencia inicial.

Además apuntó que el delito por el que se giró la orden de aprehensión no es de los que implica la imposición de prisión preventiva oficiosa (lo cual ha sostenido durante todo el trámite del incidente y aún en los agravios que se hicieron valer en el recurso que se resuelve).

1. Como medida de aseguramiento se le impuso comparecer ante el juez responsable, exigible hasta que se tuviera certeza de la existencia del acto reclamado y la autoridad que lo emitió. Al respecto, previó a la detención del quejoso, no se pudo establecer que ya tuviera conocimiento del acto reclamado y autoridad que lo emitió, del cual ya se tiene certeza (fojas 416 a 464), por tanto la exigencia de esta medida de aseguramiento no se actualizó debidamente.

2. En cuanto a la garantía, misma que exhibió, se le impuso para que la medida cautelar siguiera surtiendo sus efectos.

17

PJF - Versión Pública

25

Q.P. 128/2018

Por otra parte, derivado del informe de la Juez de Procesos y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, se conoció que en la audiencia inicial de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, el ministerio público solicitó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, la cual al ser procedente fue dictada por la juez del proceso contra el quejoso.

De acuerdo a los datos destacados y, al contrastar los efectos de la suspensión concedida respecto de la orden de aprehensión, con la postura del autorizado del quejoso, se considera que en el caso existe incumplimiento a la suspensión provisional concedida por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.

Ello es así pues, en primer lugar, en el auto citado se desarrollaron las reglas contenidas en las fracciones I y II del artículo 166, de la Ley de Amparo, porque en ese momento se atendió a los datos con que hasta el momento contaba la juzgadora, en esencia, que el quejoso (en ese momento libre) reclamaba la emisión de una orden de aprehensión (de la que se desconocía el delito de que se trataba y la autoridad que la emitió), por lo cual, las bases para fijar la suspensión se condicionaron a si el delito del que se tratara fuera de prisión preventiva oficiosa o no.

De ahí que, los juzgadores de amparo, con la finalidad de preservar la materia del juicio a través de la suspensión deben fijar los efectos de la medida cautelar provisional con los datos con los que cuentan.

Q.P. 128/2018

PJF - Versión Pública

26

En ese orden de ideas, en atención al acto reclamado y los efectos para los cuales fue concedida la suspensión provisional en tratándose de cualquiera de los supuestos que establece el artículo 166 de la ley de la materia, a saber: “de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal con motivo de esas órdenes”, esto es, que las autoridades responsables debían de abstenerse de desplegar cualquier acto tendente a afectar la libertad del quejoso.

Además se debía partir del hecho de que el delito por el que se giró la orden de aprehensión (DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS) no es de prisión preventiva oficiosa, acorde al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.18 18

“Artículo 167. Causas de procedencia

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva.

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

PJF - Versión Pública

27

Q.P. 128/2018

Circunstancia que no fue debidamente acatada, puesto que, en lo que interesa, aun cuando la Juez de Procesos y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa y el Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, fueron

informados

por

oficios

26916/2018

y

26909/2018,

respectivamente, los cuales fueron enviados por estafeta el veinticinco de mayo del año en curso, como se observa del sello de servicios generales de administración (fojas 73 y 108), los policías ministeriales pertenecientes a dicho Estado, ejecutaron la orden de aprehensión girada en contra del hoy quejoso el diecisiete de junio del citado año, soslayando el hecho de que el hoy incidentista mostrara copia de la suspensión otorgada.

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.”.

Q.P. 128/2018

PJF - Versión Pública

28

Así, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que el ministerio público solicitó la “prisión preventiva oficiosa” y como resultado de su petición que fue sujeta al contradictorio, no desvirtuada por la defensa, la juez del proceso penal impuso al peticionario de amparo la medida cautelar de prisión preventiva.

Ahora bien, no debe soslayarse que, la materia de la denuncia de incumplimiento a la suspensión provisional, es determinar si la autoridad responsable cumplió o no con la suspensión que fue otorgada al quejoso, o bien si lo hizo de manera excesiva o defectuosa.

De ahí que, a pesar de que en el caso se aprehendió al quejoso y fue puesto a disposición de la autoridad judicial responsable para que continuara con el procedimiento respectivo, ello no constituye un obstáculo para resolver en cuanto al tema del incumplimiento a la suspensión provisional, pues no deben dejarse de observar dos aspectos medulares:

1. El motivo de la concesión de la suspensión provisional, no tenía como propósito paralizar la prosecución propia y natural del procedimiento penal de corte acusatorio, el cual implicaba entre otros aspectos relevantes, que se diera inicio al plazo constitucional establecido en el artículo 19 de la Constitución General de la República; esto es de setenta y dos horas o bien a ciento cuarenta y cuatro horas, para que se le hicieran saber sus derechos al imputado, se formulara por parte de la Representación Social la imputación correspondiente, emitiera una declaración si así lo deseaba, se resolviera su situación

PJF - Versión Pública

29

Q.P. 128/2018

jurídica y en su caso, resolver respecto de las medidas cautelares. Pues bien, el desarrollo de ese procedimiento por ser de orden público no podía paralizarse con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado19.

2. La libertad que gozaba el justiciable con motivo de la presentación de la demanda, obedecía a los requisitos de efectividad que se le impusieron, los cuales son:

i) Si se trataba de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa debía quedar a disposición del juzgado de distrito, únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición del juez de control para la continuación del procedimiento; no así si se trataba de delitos que ameritaran prisión preventiva oficiosa, pues el efecto sólo es que una vez aprehendido, quedara a disposición del juzgado de amparo por lo que a su libertad se refiere en el lugar de su reclusión y, a la del juez natural para la continuación del procedimiento respectivo. Ambos supuestos hasta que se notificara a las autoridades responsables la suspensión definitiva.

ii) Sólo en el primer caso, exhibir garantía, dentro del término de cinco días por la cantidad de $8,000.00 pesos.

Es aplicable la tesis 698, establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Penal, “P.R. SCJN”, página 330, con el rubro y texto siguiente: “COMPARECENCIA ANTE EL JUEZ PENAL, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA LA.- Si se reclama en amparo la orden de una autoridad judicial, para que el acusado comparezca a declarar en el proceso, la suspensión debe negarse, porque si se concediese, el efecto sería que el quejoso no concurriera a la cita; lo cual implicaría detener el procedimiento judicial, que es de orden público, y la sociedad sufriría perjuicios por el interés que tiene en que no se entorpezca dicho procedimiento.”

19

Q.P. 128/2018

PJF - Versión Pública

30

Lo cual aconteció el treinta y uno de mayo del año que transcurre, tal como se observa de los antecedentes narrados en párrafos precedentes, lo cual fue informado, en lo que interesa, a la Juez de Procesos y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa responsable, por oficio 28578/218, enviado por estafeta, tal como se observa del Sello de servicios generales de administración de cuatro de junio del citado año (foja 149) y, al Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por oficio 28649/2018, a través del mismo medio –estafeta-, en la misma data (foja 193).

iii) También en el supuesto primero, como medida de aseguramiento comparecer ante el juez de proceso y Procedimiento Penal y Oral, tantas veces fuera requerido para la continuación del procedimiento dentro del plazo citado, la cual sería exigible hasta en tanto se tuviera certeza de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió.

En lo tocante a este punto debe decirse que, el ocho de junio del año en curso la aludida Juez de Procesos y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa responsable rindió informe previo, en la que aceptó el acto, esto es, que emitió la orden de aprehensión, sin especificar fundamento alguno; posteriormente, el trece del citado mes y año, el quejoso presentó escrito ante el juzgado de amparo en el que solicitó que dicha juzgadora informara si el delito por el cual se emitió la orden de aprehensión (acto reclamado) era o no de prisión preventiva oficiosa, lo cual se acordó al día siguiente y fue notificado el quince posterior tanto al quejoso como a la aludida autoridad responsable en comento (fojas 256 y

Q.P. 128/2018

PJF - Versión Pública

31

257, 304 y 311). No obstante, cabe resaltar que, el diecisiete del multireferido mes y anualidad se ejecutó dicha orden, siendo que el plazo para que el quejoso se presentara ante la juez de control estaba corriendo.

Hasta lo aquí expuesto, se observa la trasgresión a los lineamientos de la suspensión del acto reclamado que implicó violación a los derechos fundamentales del quejoso, por dos razones:

1. Al momento de su detención, se encontraba disfrutando de la suspensión provisional otorgada en el proceso constitucional de amparo; por esa razón, no se podía afectar su libertad personal.

2. La juez responsable no estaba en condiciones de fijar una medida cautelar –prisión preventiva justificada- dado que el juzgado de amparo no emitió pronunciamiento para que dejara de surtir sus efectos la suspensión concedida o bien causara ejecutoria el expediente principal. Entonces, no se podía supeditar los efectos de la libertad personal del quejoso a las medidas que impone el Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que, el delito por el que se giró la orden de aprehensión no es de los contemplados en el artículo 19 constitucional.

Así, existe materia para resolver sobre la denuncia de incumplimiento a la suspensión, porque cuando el quejoso gozaba de la suspensión provisional otorgada por el Juez de Distrito, las autoridades responsables se encuentran obligadas a respetar

PJF - Versión Pública

32

Q.P. 128/2018

la citada medida precautoria, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

Ahora bien, no se soslaya que, el trece de julio del año en curso, se engrosó la interlocutoria con relación a la suspensión definitiva, la cual se concedió únicamente respecto de la orden de aprehensión girada en contra del quejoso, en el sentido de que al haber sido cumplimentada, el efecto fue para que quedara a disposición del juzgado federal en cuanto a su libertad personal y a la juez del proceso para la continuación del procedimiento y no respecto a los actos restantes porque fueron negados por las autoridades responsables (Fojas 600 a 606). La cual fue recurrida el veintiséis de julio20.

También, en esa misma data se resolvió el juicio de amparo principal, en el que se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo.

Resolución que fue recurrida21.

No obstante, no puede declararse sin materia el presente recurso de queja, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que aun cuando cause ejecutoria la sentencia de amparo, la finalidad de este medio de impugnación consiste en verificar la legalidad de la resolución emitida en el incidente de incumplimiento a la suspensión. Criterio que dio lugar a la

El recurso de revisión correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el número I.R.P. 211/2018. Sin resolver hasta la fecha de la emisión de la presente queja.

20

El recurso de revisión correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el número R.P. 213/2018. Sin resolver hasta el momento de la emisión de la presente queja.

21

Q.P. 128/2018

PJF - Versión Pública

33

jurisprudencia P./J. 21/2016 (10ª.)22 de rubro: “RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE PROMOVIDO POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. NO QUEDA SIN MATERIA CUANDO LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CAUSA EJECUTORIA.”.

Máxime que la materia de la suspensión es de vital trascendencia para que continúe viva la materia de la Litis en el juicio de amparo.

Puntualizado lo anterior, este tribunal colegiado concluye que, desde el momento en que el quejoso fue detenido por una orden de aprehensión en la que el delito atribuido no es de prisión preventiva oficiosa al no contemplarse así en el precepto 19 de la Carta Magna y puesto a disposición de la juez de control, hizo nugatorio el mecanismo de protección que garantiza la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo al ahora incidentista.

Ello es así, pues una de las condiciones de la suspensión provisional para no privar de la libertad al quejoso, se fincó en que siempre y cuando no se tratara de delito que ameritara prisión preventiva oficiosa, lo cual no fue atendido por las autoridades responsables de referencia; pues, si existía dubitación si debía considerarse de esa naturaleza y al realizar una interpretación en perjuicio del peticionario de amparo, ello fue en contravención del artículo 1 de nuestra Carta Magna, que establece entre otros lineamientos que toda autoridad (como las que nos ocupan), deberá Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 35, tomo I, página 35, octubre de 2016. Décima Época.

22

34

PJF - Versión Pública

Q.P. 128/2018

favorecer a las personas ante un conflicto de interpretación, por lo que, en el caso si se consideró al delito de desaparición forzada de personas, como uno de los que ameritan restricción de libertad preventiva oficiosa, se hizo con una interpretación perjudicial al quejoso.

Apoya

lo

anterior,

en

lo

conducente

la

tesis

P.

LXIX/2011(9a.)23 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

“PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, tomo 1, página 552, diciembre de 2011, Décima Época.

23

Q.P. 128/2018

PJF - Versión Pública

35

de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.”.

Ahora bien, no se soslaya que de constancias se observa que los policías ministeriales Gamaliel Hernández Sánchez y Gilmar Paz y Puente Irisson del estado de Veracruz que detuvieron al hoy quejoso **** ***** ***** *********, manifestaron en su oficio FGE/PM/DG/3209/2018: “Que en relación a la detención de la persona antes citada, ésta se llevó a cabo en base al oficio FGE/OF/6496/2018, fechado el 14 de junio de la presente anualidad, dirigido al Lic. Edmundo Porfirio Garrido Osorio, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual se le solicitó el apoyo para realizar las diligencias tendientes al cumplimiento de la orden de aprehensión” (fojas 406 y 407), sin que se advierta este último oficio en autos. No obstante que el recurrente aduce haberles mostrado copia de la suspensión otorgada, pero éstos no hacen referencia a dicha circunstancia en dicho informe.

Tocante a la juez de control multicitada, si bien es cierto, ésta no verificó si la suspensión provisional concedida al quejoso, contaba o no con vigencia para que siguiera surtiendo sus efectos; también lo es que, el delito por el que se giró la orden de aprehensión en su contra fue por el de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, previsto y sancionado por los numerales 318 Quinquies, inciso a), en relación con el 21, párrafo segundo, del Código Penal del estado de Veracruz vigente, el cual para efecto de verificar si se trataba de un ilícito que amerite prisión preventiva

Q.P. 128/2018

PJF - Versión Pública

36

oficiosa o no, se tenía que realizar una interpretación del artículo 19 de la Carta Magna, para estar en condiciones de cumplir con los efectos de la suspensión provisional, debió atender en ese momento a la interpretación más favorable para el imputado, pues se itera, dicho ilícito no está previsto como aquéllos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

En las relatadas condiciones, este órgano de control constitucional aprecia que la finalidad por excelencia, de los procedimientos de ejecución, es obtener el cumplimiento a los mandatos de amparo y no imponer las sanciones previstas por el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues éstas constituyen solamente una medida extrema para lograr el cumplimiento de las resoluciones; por tanto, es evidente que por mayoría de razón, se deben seguir los mismos lineamientos en el trámite y resolución de la denuncia por violación a la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, pues no debe olvidarse que el objeto de éste no radica en imponer sanciones a las autoridades que incurran en ellas, sino respetar a los gobernados en el disfrute de las prerrogativas fundamentalmente que se estimaron transgredidas.

Así las cosas, una vez dilucidado en el presente incidente de incumplimiento a la suspensión provisional el fondo del asunto; resultan inatendibles los agravios de la parte quejosa en el presente medio de impugnación, en cuanto a lo adecuado o no de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva (por la gravedad del delito o al estar contemplado en algún tratado internacional), por no ser materia de estudio en la incidencia de mérito, pues ello atiende a la facultades constitucionales y legales

PJF - Versión Pública

37

Q.P. 128/2018

de cada una de las autoridades que intervienen en el citado proceso, lo cual puede ser controvertido por el medio de defensa que la parte que resulte afectada considere.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

ÚNICO. Es fundado el incidente de incumplimiento a la suspensión provisional concedida por auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho por la Juez de Distrito, planteado por el autorizado del quejoso **** ***** ***** ********* contra las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el presente fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución al juzgado de Distrito; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por mayoría de votos de los magistrados Mario Ariel Acevedo Cedillo (Ponente) y José Alfonso Montalvo Martínez, siendo disidente el magistrado Alejandro Gómez Sánchez (Presidente), quien formula voto particular.

Firman los magistrados que integran el tribunal, ante la secretaria de acuerdos que da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE:

PJF - Versión Pública

38

Q.P. 128/2018

ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ.

MAGISTRADOS:

MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO.

JOSÉ ALFONSO MONTALVO MARTÍNEZ.

SECRETARIA DE ACUERDOS:

MARIBEL KARINA PÉREZ TÉLLEZ. MAAC/LESE/MJL

PJF - Versión Pública

39

Q.P. 128/2018

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ EN LA QUEJA PENAL ********.

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, respetuosamente, formulo voto particular en el presente asunto, pues no comparto que las autoridades responsables hubiesen incumplido la suspensión provisional concedida a **** ***** ***** *********.

Disiento del criterio de la mayoría, ya que a mi parecer existen elementos suficientes para considerar que la aprehensión del quejoso no implicó un incumplimiento a la suspensión provisional, pues el actuar de las responsables implicadas tiene origen en un vicio sustantivo, inherente a la fundamentación de la orden de aprehensión reclamada que, en todo caso, es susceptible de análisis en una sentencia de fondo.

Postulado que evidencio en atención a lo siguiente:

֍ En primer lugar, previo a que la orden de aprehensión se ejecutara, el trece de junio de dos mil dieciocho (foja 275 del presente cuaderno), un autorizado del peticionario de amparo presentó un escrito en el que realizó diversas manifestaciones contra el informe previo rendido por la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, Alma Aleida Sosa Jiménez, calificándolo de “omiso, indeterminado, confuso y hasta doloso”. En lo que interesa, el aludido abogado manifestó:

PJF - Versión Pública

40

Q.P. 128/2018

“[…]

Lo anterior es fundamental que se haga obrar en los presentes autos, para que el quejoso conozca los alcances y obligaciones a que constriñe la suspensión concedida, máxime que se tiene conocimiento que en el mismo proceso penal y del cual emana el acto reclamado (103/2018), pero con relación a otros inculpados y desde luego respecto a delitos que NO son graves o de prisión preventiva oficiosa, la misma Jueza Licenciada Alma Aleida Sosa Jiménez autora del informe que se objeta, ha decretado como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, basándose en interpretaciones subjetivas, constituyendo esto graves violaciones a los derechos humanos […]”.

Circunstancia por la que el aludido promovente solicitó a la juez que se requiriera a dicha potestad judicial que aclarara si el delito que se imputaba al quejoso era grave o de prisión preventiva oficiosa, o no.

֍ Esa petición fue acordada de conformidad el catorce de junio siguiente, bajo los siguientes términos:24

“ […] requiérase a la licenciada Alma Aleida Sosa Jiménez, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, para que en el término de tres días, informe a este Juzgado Federal, con toda precisión el delito que se imputa a la parte quejosa, así como los artículos en que se encuentra previsto y sancionado éste; si el mismo es grave o de prisión preventiva oficiosa o no lo es; y, en caso de delitos de carácter patrimonial, precisar el monto probable del beneficio económico obtenido, así como todos los datos que existan en autos para establecer la capacidad económica del inculpado […]”. ֍ En respuesta a ese requerimiento, la juez responsable esgrimió:

24

Páginas 302 y 303.

PJF - Versión Pública

41

Q.P. 128/2018

“Que el proceso penal número 103/2018, se le instruye a LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERAS por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, previsto y sancionado por los numerales 318 Quinquies, en su inciso a) en relación directa con el 21 párrafo segundo, ambos del código Penal vigente en el Estado de Veracruz en la época de los hechos.

El hecho que la ley señala como delito de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, es considerado de extrema gravedad, atendiendo al derecho positivo, pues todos aquellos tratados internacionales que se encuentran suscritos por el Estado Mexicano, atendiendo a la supremacía constitucional de conformidad con los preceptos 1º y 133 Constitucionales, se debe tomar en consideración el estatuto de Roma en el numeral 7º, decreto del año 2005, donde se estableció como derecho positivo, al haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se instituyó el decreto por el cual fue promulgado dicho estatuto, de igual forma esto resulta vinculante para todos los órganos jurisdiccionales, es decir todos los juzgadores, ya sean del fuero común o el fuero federal y si bien es cierto, dicho delito se encuentra contemplado dentro del capítulo correspondiente al bien jurídico que tutela la norma sustantiva, siendo contra el servicio público, sin embargo, se debe poner en consideración lo establecido en el párrafo segundo del artículo 19 Constitucional, pues al existir una determinación en el sentido de que el artículo 7º del Estatuto de Roma y el artículo 7.1 de la Convención Interamericana de Protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada de Personas como un crimen de extrema gravedad, y por ende considerado de lesa humanidad, toda vez que a la literalidad y en conjunto al hacer una interpretación sistemática y armónica, en el artículo 19 Constitucional en su segundo párrafo de manera literal, así como los delitos graves que determinen la ley, el delito de desaparición forzada de personas, representa una violación pluriofensiva que atenta los bienes jurídicos tutelados de más alto nivel como lo es la vida, la libertad, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad, aunado a que las víctimas se encuentran en un estado de indefensión, ya que se presenta un fenómeno de privación arbitraria que transgrede, ya que tora persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales de lo cual se desprende que la protección debe dirigirse a la obligación que requieren los Estados de reconocimiento a la totalidad de los miembros de la comunidad, sin ningún margen de discriminación, frente a los

PJF - Versión Pública

42

Q.P. 128/2018

derechos y obligaciones que éstos tienen por el solo hecho de ser personas; y no solamente se violan diversos derechos a la paradero de la víctima o ejercer algún derecho para lograr la liberación de la persona que fuera detenida por los agentes del Estado. […]”.25 ֍ Tal y como se narra en los antecedentes de la presente ejecutoria, el veintidós de junio de este año, en el juzgado de amparo se recibió vía fax el oficio 4045/2017, suscrito por Alma Aleida Sosa Jiménez, Juez de Procesos y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, mediante el cual informó que a partir de las dos horas del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se legalizó la detención del quejoso, debido a su probable intervención o participación en los hechos que pudieran ser constitutivos del antijurídico de desaparición forzada de personas, cometido en agravio de David Lara Cruz, por lo que el plazo constitucional fenecería a las dos horas del veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, pues la defensa solicitó su duplicidad.

Por lo que, derivado de la suspensión provisional concedida en el juicio de amparo, el imputado quedó a disposición de la Juez de Distrito en cuanto a su libertad personal en el centro de reclusión de Pacho Viejo. También, señaló que se impuso al antes referido la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa con vigencia por lo que dura el presente proceso.

֍ El veintisiete de junio pasado, la juez de amparo recibió vía fax el oficio 4218, suscrito por la Juez de Procesos y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa en 25

Fojas 401 y 402.

PJF - Versión Pública

43

Q.P. 128/2018

comento, quien en atención al informe que se le solicitó en cuanto al incidente de incumplimiento a la suspensión provisional, refirió, en síntesis:

- La ejecución de la orden de aprehensión en nada contraviene la suspensión provisional concedida, en virtud que el delito por el que se giró aquélla es el de desaparición forzada de personas, previsto y sancionado por los numerales 318 Quinquies, inciso a), en relación con el 21, párrafo segundo, del Código Penal del estado de Veracruz vigente, contra el cual resulta procedente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

- En el caso se actualiza lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, ya que en la audiencia inicial de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, el ministerio público solicitó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, la cual al ser procedente fue dictada.

- Por lo cual, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I del citado numeral 166. Al respecto citó la tesis de rubro: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SUS ALCANCES TRATÁNDOSE DE ACTOS EN LOS QUE PROCEDE DECRETAR PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO).”.

- En el delito de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, resulta procedente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, porque: a) Es un ilícito que tiene pena privativa de libertad; b) Es de extrema gravedad, pues está incorporado en el catálogo de delitos establecidos en el Estatuto de Roma;

PJF - Versión Pública

44

Q.P. 128/2018

c) Es considerado un delito de lesa humanidad; y, d) De acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de Nación, es un delito que vulnera el desarrollo de la personalidad.

- Si bien el delito en comento no está textualmente en el listado inicial a que hace referencia el artículo 19 constitucional, lo cierto es que cuando el ministerio público lo justifique, como ocurrió en el caso, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa no trasgrede el citado numeral de la Carta Magna, aunado a que la defensa no lo desvirtuó. ֍ Finalmente, me parece importante destacar que de las copias cotejadas ofertadas por el autorizado del quejoso, relativas al “procedimiento penal 103/2018”, a fojas 416 a 464 es visible la orden de aprehensión de once de mayo de este año, librada contra el peticionario de amparo.

De su contenido trasciende que al justificar la necesidad de cautela, se plasmó que el delito de desaparición forzada de personas es de extrema gravedad; que está previsto en el Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad y que conforme al parámetro de regularidad de los derechos humanos, la Convención Internacional para la Protección de Todas las personas contra las Desapariciones Forzadas establece que se le debe considera como de extrema gravedad; y que es una violación permanente y pluriofensiva a una multiplicidad de derechos humanos.

De lo hasta aquí relacionado, el suscrito considera que la ejecución de la orden de aprehensión reclamada obedece

PJF - Versión Pública

45

Q.P. 128/2018

estrictamente a que, desde su librado, las autoridades estaban en el entendido de que el delito era de prisión preventiva oficiosa.

Esta calificación —con independencia de que sea correcta o no—, es palpable de origen, por lo que no se trata de un mero subterfugio enderezado para justificar que no se incumplió con la suspensión, sino la creencia de que el acto reclamado tenía implícita la prisión preventiva oficiosa del peticionario de amparo.

Tan es así que la juez responsable pretendió llevar a cabo un control de convencionalidad del delito de desaparición forzada de personas; situación que lejos de ser castigada, se debe reconocer con independencia de su validez.

Al respecto, considero necesario traer a cita que el juicio de amparo es un medio de protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que agravie a cualquier gobernado; la teleología que persigue es la de proteger y preservar el régimen constitucional.

Jurídicamente la acción constitucional de amparo no es un derecho de acción procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa,

sino

que

es

puramente

constitucional,

nace

directamente de la Constitución (artículos 103 y 107); va encaminada a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos humanos y no la ley común; no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes, sino que va dirigida a hacer respetar la Ley Suprema cuando la autoridad ha rebasado sus límites.

Q.P. 128/2018

PJF - Versión Pública

46

Con el amparo judicial los tribunales de la Federación, al conocer de los respectivos juicios, amplían su esfera de competencia hasta el grado de convertirse en revisores de los actos de todas las autoridades ordinarias judiciales, sin que ello implique que pueden sustituirse en funciones propias de estas últimas sino sólo hasta el límite de analizar las violaciones de procedimiento o de fondo que en su caso ellas hubieran cometido, por lo que propiamente deben estudiar el problema jurídico planteado ante este tipo de autoridades de acuerdo con las normas que rijan la materia y resulten ser las aplicables en el tiempo y en el espacio, estableciendo así el consiguiente control constitucional previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales; por ende, el juicio de amparo, además de ser un medio de impugnación constitucional (lato sensu), es también un medio de control de legalidad.

Así las cosas, atendiendo a su naturaleza, las sentencias de amparo sólo deben decidir sobre la constitucionalidad del acto que se reclama y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales ordinarios, sean del fuero común o del fuero federal. Así, cuando un órgano jurisdiccional de amparo conoce de un acto reclamado que proviene de un proceso penal, no puede sustituirse en funciones propias de la autoridad responsable, a saber: en determinar de manera directa si una conducta es constitutiva de delito o no, declarar sobre la responsabilidad o irresponsabilidad del acusado o imponer las penas y medidas de seguridad establecidas en las leyes respectivas, pues lo único que debe de analizar es la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado en cuanto a la aplicación exacta y puntual de las

PJF - Versión Pública

47

Q.P. 128/2018

leyes adjetiva y sustantiva correspondientes por razones de materia, ámbito territorial y tiempo, en relación con las garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Carta Magna.26

Con estas notas pretendo justificar que no existió el aludido incumplimiento a la suspensión.

Cierto es que el delito de desaparición forzada de personas no está comprendido dentro del catálogo de delitos del artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sin embargo, eso no es suficiente para estimar que las autoridades

responsables

incumplieron

con

la

suspensión

provisional, pues como lo he venido sosteniendo, existen elementos suficientes para considerar que la clasificación de delito de prisión preventiva oficiosa es un vicio de fondo.

A los Tribunales Constitucionales nos corresponde calificar la legalidad de lo actuado por las autoridades responsables; nuestras

sentencias

sólo

deben

decidir

sobre

la

constitucionalidad del acto que se reclama y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales ordinarios, sean del fuero común o del fuero federal.

26

Al respecto véase la jurisprudencia 1a./J. 7/95, de la Primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, mayo de 1995, página 124, novena época, de rubro: “RETROACTIVIDAD. APLICACION DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. DEBE HACERSE EN EL PROCESO PENAL POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ORDINARIA COMPETENTE Y NO EN EL JUICIO DE GARANTIAS.”.

PJF - Versión Pública

48

Q.P. 128/2018

Si nos está vedado calificar la ilicitud de la conducta de un justiciable, entonces, por identidad de razón no podemos esgrimir calificaciones en la suspensión a efecto de considerarla incumplida, sobre si un delito que en puridad no amerita prisión preventiva oficiosa, pero que así se le considera por las autoridades responsables y esa es la base para que se ejecute la orden de captura, pues esto se traduce en un tema de legalidad que habrá que abordar en la sentencia que se llegue a dictar.

En suma, lo que enarbolo es que un vicio de legalidad en el acto reclamado no puede constituir tamiz para juzgar si se incumplió con la suspensión concedida.

Estas son las razones por las que no comparto el sentido de la presente resolución.

MAGISTRADO:

ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ LA SUSCRITA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO HACE CONSTAR: ESTA FOJA ES PARTE FINAL DE LA EJECUTORIA PRONUNCIADA EN LA Q.P. ******** , INTERPUESTA POR ****** ****** ******, AUTORIZADO DEL QUEJOSO **** ***** ***** *********, EN LA QUE SE RESOLVIÓ DECLARAR FUNDADO EL INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.------------------------------------------

MARIBEL KARINA PÉREZ TÉLLEZ.

PJF - VersiĂłn PĂşblica

49

tres de diciembre de dos mil dieciocho 6833

Q.P. 128/2018

PJF - Versión Pública

El licenciado(a) Liliana Elizabeth Segura Esquivel, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.