Mensaje SFP

Mensaje de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Dra. Irma Sandoval, sobre la investigación a funcionarios de Pemex relacionados con “La Estafa Maestra”.

31 de enero de 2019 Muchas gracias, señor Presidente.

Me voy a permitir leer el informe que le presentamos esta mañana al Presidente de la República al respecto de los convenios suscritos por servidores públicos de Pemex relacionados con “La Estafa Maestra”, previo a ello quiero agradecer públicamente toda la información que tuvo a bien poner a disposición de la Secretaría de la Función Pública el propio director general de Pemex, el ingeniero Octavio, y al mismo tiempo agradecer la participación que, vía el convenio de colaboración, que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública establecimos, y desde luego, agradecer también la colaboración del doctor Santiago Nieto para este inicial dictamen, este inicial análisis.

En cumplimiento de las instrucciones presidenciales me permito sintetizar los principales hallazgos del análisis que nos permitirá establecer acciones para investigar la presunta comisión de irregularidades administrativas, normativas e incluso penales y continuar con el combate a la corrupción en la vida pública del país, y en el caso concreto de las empresas productivas del estado, como es Pemex, en la celebración de convenios de prestación de servicios.

Primero, se confirma que los tres servidores públicos que fueron señalados en la investigación conocida como "La Estafa Maestra", el ingeniero Miguel Ángel Lozada Aguilar, entre 2013 y 2014, administrador del activo de producción Cantarell, y actual director de Pemex, Producción y Exploración, el ingeniero Héctor Salvador Salgado Castro, en 2013 y 2014, gerente del proyecto de desarrollo Ayatsil-Tekel y actual subdirector del coordinador operativo y comercial de Pemex Producción y Exploración, el contador público Luis Galván Arcos entre 2013 y 2014, gerente de Suministros y Servicios Administrativos de Regiones Marinas y actual Gerente de Operación y Control Financiero y de Procesos Industriales y Logística, participaron como firmantes responsables no sólo de seis, sino de 25 convenios de Pemex con instituciones públicas de educación superior durante el periodo de 2012 a 2018.

El convenio específico para la prestación de servicios que celebró Pemex Exploración y Producción por medio del ingeniero Lozada Aguilar con la Universidad Popular de la Chontalpa, tuvo por objeto realizar servicios de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para la Subdirección de Producción Región Marina Noreste, y por lo mismo, revisamos tres cajas con 15 tomos que constan de 8 mil 825 fojas para analizar las órdenes de servicio, mediante las cuales se materializaron los conceptos específicos requeridos por Pemex Exploración y Producción para fijar los alcances, términos y condiciones para el desarrollo de los trabajos.

Como está establecido también en la investigación, el monto máximo que Pemex estaba autorizado a ejercer era de 140 millones de pesos, y el mínimo de 91 millones 956 mil 885 pesos en un plazo de ejecución de mil tres días durante el periodo comprendido entre el 3 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2014. El costo real de este contrato, sin embargo, rebasó el límite permitido y equivalió a un total de 145 millones 841 mil 041 pesos.

Ha sido comprobado también por la Auditoría Superior de la Federación que esa Universidad Popular de Chontalpa no contaba con capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios establecidos en el convenio y precisamente por ello procedió a subcontratar a terceros, quienes a su vez tampoco contaban con la capacidad técnica requerida, y también contrataron o subcontrataron otros servicios.

Tres: El convenio de prestación de servicios que celebró Pemex Exploración y Producción por medio del ingeniero Salgado Castro, con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, tuvo por objeto genérico realizar servicios técnicos especializados para los proyectos de desarrollo, de campos de Exploración y Producción.

También se estableció un monto máximo de 80 millones y un monto mínimo de 32 millones para un periodo comprendido entre abril, el 22 de abril al 17 de diciembre, todo en 2013. Sin embargo, el costo real de este convenio también rebasó el límite máximo y equivalió a un total de 99 millones 935 mil 551 pesos pagados en 20 órdenes de servicio.

En este segundo convenio quedó expresamente pactado que el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco contaba con la capacidad legal y técnica suficiente para proporcionar estos servicios genéricos y se comprometió a no subcontratar los mismos por parte de esta institución.

Sin embargo, para cumplir con los objetivos, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco subcontrató a diversas empresas con las que celebró contratos para estos convenios suscritos con Pemex Exploración y Producción, y el porcentaje global de la subcontratación realizada correspondió al 93% de los servicios.

La violación a la cláusula correspondiente a la subcontratación era una causal de rescisión de los convenios, el firmante responsable del convenio referido por parte de Pemex Exploración y Producción, abdicó el ejercicio de estos derechos estipulados en los contratos, adicionalmente se observó que los cheques emitidos por cuatro empresas subcontratadas fueron cobrados por una misma persona física sin que se acreditara cuál era la participación dentro de estas mismas empresas; a uno de los subcontratados no le fue posible localizarlo en el domicilio manifestado, entre muchas otras irregularidades.

Este modus operandi de convenios celebrados al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dispersaba los recursos recibidos a través de subcontrataciones, de las subcontrataciones, más allá de los límites establecidos, lo cual era contrario no sólo a la normativa contractual de los convenios de referencia, sino en primer lugar a lo establecido en el artículo 134 constitucional que señala a la letra: "Cuando las licitaciones a que haga referencia el párrafo anterior no sean idóneas, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado”. Se cierra la cita constitucional.

Por lo que los convenios firmados por los ingenieros Lozada Aguilar, Salgado Castro y Galván Arcos con la Universidad Popular de la Chontalpa, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, al permitir la subcontratación, elevar precios y no asegurar las mejores condiciones para el estado, contravinieron lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Petróleos Mexicanos, y desde luego, lo dispuesto en el artículo 134 de la propia Constitución.

En la revisión de las cuentas de 2013 y 2014, la Auditoría Superior de la Federación, como es de todos conocido, señaló en su muestra de 73 convenios con ocho instituciones públicas de educación superior, que hubo un desvío por 7 mil 667 millones de pesos, por lo que se presume que el daño al patrimonio público y el cargo al erario puede ser muchísimo más importante, dado que la revisión se concentró

simplemente en el 6.4 del monto posible a ser fiscalizado en los convenios entre Pemex y las instituciones de educación pública.

Entre las empresas que se beneficiaron de esos cuantiosos recursos están algunas donde los propios servidores públicos o personas cercanas a ellos eran socios directos, se localizaron también empresas fantasma o que simularon la realización de los trabajos.

La estafa fue maestra porque el entramado a partir del cual se operó, pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad.

Sin embargo, el talón de Aquiles de esta estrategia fue el control y los servidores públicos que tenían responsabilidad en verificar que se cumplieran las condiciones de ley y los términos convenidos, abdicaron su responsabilidad, y los auditores que debieron monitorear el desempeño de los responsables administrativos fueron limitados en el alcance de sus revisiones y omisos para fincar responsabilidades.

Ninguna de las seis escuetas auditorías que fueron relacionadas con Pemex Exploración y Producción, concluyeron con promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para los servidores públicos de esta institución Pemex, y para tampoco los servidores públicos bajo escrutinio, y ellos fueron exonerados por la anterior Secretaría de la Función Pública.

La Auditoría Superior de la Federación notificó al entonces Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción, las irregularidades detectadas, pero la Secretaría de la Función Pública no dio el seguimiento que en su momento debió haber ofrecido el Órgano Interno de Control a estos relevantes casos.

Desde el relanzamiento de la Secretaría de la Función Pública del gobierno de licenciado Andrés Manuel López Obrador, y después de haber revisado los libros blancos, las propuestas técnicas, los entregarles de estimación, las órdenes de servicio y, en general, los papeles de trabajo de estos tres convenios específicos referidos, consideramos que hay indicios que pudieron haber llevado a fincar responsabilidades administrativas para los servidores públicos bajo escrutinio, razón de lo anterior, y dado que la Secretaría de la Función Pública no está limitada por el principio de anualidad para la realización de auditorías he instruido las siguientes cinco acciones que a continuación les detallo.

Primero, con base en los potenciales riesgos que se han identificado en el manejo de los cuantiosos recursos públicos por parte de los tres servidores públicos señalados, la Secretaría de la Función Pública ha iniciado ya tres investigaciones en materia de evolución patrimonial, para detectar y documentar probables inconsistencias en el patrimonio de los aludidos, que pudieran resultar de conductas irregulares, tales como enriquecimiento ilícito. Confío en que cada uno de los investigados tendrá la sensibilidad necesaria para poner de su parte y facilitar las investigaciones. A partir de los resultados que estas investigaciones patrimoniales arrojen se iniciarán los procedimientos de responsabilidad administrativa que en su caso correspondan.

Segundo, existen cuatro investigaciones en la Unidad de Responsabilidades de Pemex. Exploración y Producción, que fueron archivadas por falta de elementos, en 2014, 2015, y 2016, en las que pudieron existir irregularidades y omisiones por parte de la autoridad investigadora, por lo anterior, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública ha iniciado ya investigaciones de posibles omisiones de funcionarios de la Unidad de Responsabilidades en Pemex Exploración y Producción, que en su momento condujeron las indagaciones para detectar y sancionar negligencias o conductas irregulares en las que, de ser el caso, dichos funcionarios hubieran incurrido.

Tercero, la Secretaría de la Función Pública auditará al Órgano Interno de Control o la Unidad de Responsabilidades Administrativas de Pemex.

Exploración y Producción, para determinar si la autoridad fiscalizadora llevó a cabo las diligencias correspondientes para detectar posibles irregularidades, o si hubo omisión o negligencia de su parte. Asimismo, se exhorta al Comité de Auditoría de Pemex para que actúe en consecuencia y llegue al fondo de este asunto, y otros que pudieran estar relacionados.

Cuatro, he instruido que la Secretaría de la Función Pública realice auditorías a los convenios posteriores a 2013, celebrados por Pemex.

Exploración y Producción y que fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación como parte del esquema de la Estafa Maestra, con la finalidad de identificar posibles personas adicionales involucradas en conductas irregulares. Asimismo, la Secretaría de la Función Pública realizará auditorías aleatorias sobre otros convenios con características similares en el periodo de estudio, dentro de Pemex. Exploración y Producción, y en su caso, de otras filiales de Pemex, para identificar posibles casos adicionales de corrupción.

Quinto, la Secretaría de la Función Pública presentará ante la Fiscalía General de la República las denuncias correspondientes que, en su caso, surjan por hechos constitutivos de probables delitos y que resulten de las investigaciones y procedimientos que la Secretaría ha iniciado ya, y que continuará llevando a cabo. En caso de detectarse que los probables hechos irregulares, derivados de estas revisiones, pudieran estar prescritos en el ámbito administrativo, eso no sería así en la esfera penal, en cuyo caso los resultados se harán del conocimiento de las autoridades competentes. Coadyuvaremos de manera plena con aquellas investigaciones que la Fiscalía General de la República tenga abiertas contra los citados funcionarios, así como con las nuevas investigaciones que, en su caso, se abran y fortaleceremos los mecanismos de coordinación e intercambio de información con la Fiscalía General de la República, para asegurar que las autoridades del ámbito administrativo y penal cuenten con todos los elementos para la correcta integración de las investigaciones, así como con el combate de la impunidad.

Muchas gracias.