Agosto 1 de 2018
Política
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de Santos el nuevo gobierno de Uribe-Duque no le apuesta nadie. Pero la historia allí no termina. El país comienza a vivir un nuevo clima a pesar del triunfalismo derechista y de los asesinatos y atentados contra los colombianos sin poder. Los más de ocho millones de votos que se depositaron contra las fuerzas que tradicionalmente han dominado en Colombia, si bien no fueron suficientes para derrotar a los enemigos de la paz, sí marcan la decisión creciente entre los colombianos de no perpetuar la dominación de los bárbaros. Indican un gran impulso a la capacidad de cambiar la historia y construir un futuro digno para toda la población. Otros aspectos del gobierno Santos
una serie de conversaciones entre el gobierno y los voceros de los partidarios del No en el plebiscito que condujeron a modificaciones al acuerdo original alcanzado en La Habana y firmado en Cartagena. El 24 de noviembre de 2016 se firmó en Bogotá en el teatro Colón, el acuerdo modificado. Ya en esos momentos era absolutamente evidente la debilidad política de Santos y el desmoronamiento de la coalición por la paz. Sectores de Cambio Radical y de los partidos conservador y liberal comenzaron a distanciarse del gobierno en la implementación de los acuerdos, de manera que esta fue en la práctica saboteada desde el Congreso. Al fin y al cabo a la burguesía, incluido Santos, sólo le interesaba el desarme de la guerrilla para poder continuar, como siempre, con su forma de explotación. Tal vez a algunos les cause cierta vergüenza el incumplimiento de lo pactado pero la soportan; tal vez otros sientan la observación internacional sobre el desarrollo del proceso pero, con un mundo lleno de gobiernos de derecha, no adelantan graves consecuencias por el incumplimiento. Así, hoy tenemos a una JEP desfigurada, aplicable solo a una parte de los actores en conflicto, una comisión de la verdad vilipendiada, la unidad de búsqueda de desaparecidos prácticamente inexistente, ley de tierras también inexistente, la democracia “ampliada” con la reglamentación anunciada de la protesta social que será válida sólo si se trata de “toda” la nación, restringiendo los derechos de las minorías, negación de las curules acordadas del Congreso
a las víctimas, reincorporación restringida de los exguerrilleros a la sociedad, asesinatos de exguerrilleros y sus familias, y un largo etcétera que hace parecer innecesaria la orientación uribista de “hacer trizas el acuerdo”. El fortalecimiento de la reacción en Colombia condujo a su triunfo electoral para el nuevo período presidencial que comienza el próximo 7 de agosto. Con más de diez millones de votos de respaldo, el Centro Democrático asumirá el control del Estado en, al menos, dos de las tres ramas del poder público. Para algunos bárbaros se trata de una licencia para destruir todo lo que huela a oposición y seguramente por eso estamos en desarrollo de una nueva campaña de exterminio, esta vez de líderes sociales. Ya se reportan más de 400 (Indepaz) asesinatos de reclamantes de tierras, dirigentes comunales, líderes políticos y sociales desde enero de 2016, mientras voceros del gobierno saliente atribuyen los hechos a “líos de faldas”. Otro aparte merece el proceso de negociación con el ELN, aún en marcha aunque con futuro incierto. Esa guerrilla, desde el comienzo de las conversaciones con las FARC, manifestó su voluntad de integrar una mesa dentro del mismo proceso, asunto que a la larga no se realizó. Se perdió la posibilidad de lograr un acuerdo más completo tal vez por la renuencia gubernamental a incorporar otros puntos de discusión como la política mineroenergética. Así las cosas se construyó un nuevo proceso que ha sufrido grandes altibajos y a cuya continuidad con
Las campañas del presidente estuvieron plagadas de promesas luego incumplidas: todos recordamos el ofrecimiento de grabar sobre piedra su voluntad de no elevar los impuestos a la población. La realidad fue que, en contra de lo ofrecido elevó a 19% la tasa del IVA, impuesto regresivo que pagan igualitariamente el presidente del grupo Aval y el desempleado menesteroso. Justificó su acción por la reducción de los ingresos del estado por cuenta de la caída de los precios del petróleo; pero como se mencionó antes, la primera gran caída ocurrió dos años antes de su primer período, hecho que debió inducirlo a la reevaluación de su decisión de basar la economía en la explotación de recursos no renovables. No lo hizo y siguió buscando el desarrollo
Su labor tendió siempre a la defensa y fortalecimiento del sector financiero, de sus entrañas (el sector ha mantenido siempre el crecimiento). Desde la adopción de la regla fiscal se formalizó la decisión de privilegiar el servicio de la deuda pública por encima de los derechos de la población, supuestamente con el fin de mejorar la calificación de la deuda externa. Debería haberse producido, según el gobierno, una reducción del déficit fiscal y una reducción de la misma deuda. Sin embargo la meta de Minhacienda para 2018 es de un déficit de 3.6% del PIB (se proponía el 2%) y la deuda es la mayor de la historia. Santos divulga que durante sus mandatos se crearon miles de empleos. Sin embargo no aclara que hoy, en pleno 2018 el número de trabajadores de planta y temporales de la industria colombiana es inferior al de los primeros años de la década de los 90. Es decir, hace 28 años había más trabajadores, y por supuesto mayor formalidad laboral, que la que se reporta en la actualidad. Ello viene desde cuando Gaviria era presidente y Santos su ministro de Comercio Exterior. También esconde el hecho de que cierra su gobierno con el desempleo al alza y con una altísima tasa de informalidad. A lo anterior se suma el incumplimiento a los pensionados a quienes ofreció, durante su campaña electoral, la reducción de su cotización a los servicios de salud. Si bien el Congreso aprobó la norma, el promitente la vetó por supuesta inconveniencia. Se requeriría un mayor espacio para comentar sobre su política educativa, que generó las mayores movili-
Marcha contra gobierno Santos por incumplimiento a acuerdos con Fecode. Foto archivo.
a partir de la minería. Todos pagamos las consecuencias. Otra promesa, la recuperación económica también resultó un fracaso. Durante el gobierno Santos el crecimiento económico fue prácticamente inexistente y durante la mayor parte de su mandato los sectores reales de la economía vieron el retroceso de sus indicadores, a pesar de beneficios como la reducción de los parafiscales que favorecía a los empresarios al disminuir los costos de operación.
zaciones magisteriales de los últimos tiempos, tal vez desde su ministerio de Hacienda durante la presidencia de Pastrana. También habría que comentar el descalabro del sistema de salud que evidenció el fracaso del modelo uribista de los intermediarios negociantes de las EPS. Igualmente debería comentarse el cúmulo de casos de corrupción gubernamental durante su mandato desvelado recientemente. En fin, muy poco es lo favorable que se puede comentar del gobierno Santos.