Laboral
Septiembre 6 de 2017
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Rechazan importación de etanol y biodiesel La CUT y Sintrainagro se oponen a la política del presidente Juan Manuel Santos de importar estos productos
E
n comunicado suscrito por el presidente de la más importante central sindical de Colombia, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Luis Alejandro Pedraza; y por el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro, Guillermo Rivera; explicaron las razones por las que el etanol y el biodiesel hacen daño a la economía nacional. Según estas organizaciones, el etanol importado de Estados Unidos ya se mezcla en Bogotá afectando la estructura de la producción nacional que inició en octubre del 2005, el Gobierno acaba de aprobar la importación del biodiesel que inició su producción en el país a partir del primero de enero del 2008, además en los últimos tres meses se han importado 24 millones de litros. Es el golpe más grave que sufre esta nueva industria colombiana que
en lo que va corrido del 2005 invirtió más de 5.000 millones de dólares en tierras, infraestructura agrícola, plantas, investigación, etc., con alrededor de 32 mil nuevos empleos que están en serio riesgo por la irresponsabilidad del Gobierno. El beneficio ambiental, argumento con el que fue próvido el uso del etanol, se torna secundario teniendo en cuenta que mientras la mezcla con alcohol obtenido a partir de caña reduce hasta el 74% de las emisiones, el de maíz lo hace máximo en 43%, pero lo peor no es el impacto ambiental, sino los riesgos laborales y sociales que se generan al introducir al mercado interno grandes cantidades de etanol importado altamente subsidiado en Estados Unidos y Colombia, lo que implica un tributo directo de los consumidores nacionales a las arcas de la multinacionales norteamericanas. Mientras el etanol
“Es tan irresponsable el gobierno Santos que gastó más de 750 millones de dólares de nuestro presupuesto para montar la planta de Bioenergy en el Meta para producir etanol y apenas la inaugura aprueba la libre importación de etanol”
Cultivo de caña de azúcar para la producción de combustibles. Foto Biobergy.
nacional vale $8.559 el importado es a $5.400 por los enormes subsidios (US$ 50 billones). A renegociar TLC La agroindustria azucarera se encuentra en una encerrona por parte del Gobierno teniendo que producir cierta cantidad sin posibilidades de crecer por la importación masiva de etanol de los EE.UU. para cumplir con los compromisos del Tratado de Libre Comercio, TLC, lo que ocasionaría que en cualquier momento la importación se desborde y el cierre de las refinerías de etanol y biodiesel se convierta en un hecho como lo vienen denunciando la CUT y Sintrainagro, desde hace tiempo. En el momento se encuentra copada la capacidad de almacenamiento de las destilerías colombianas y en poco tiempo tendrán que obligatoriamente parar la producción con las consecuencias sociales conocidas. “Es tan irresponsable el gobierno Santos que gastó más de 750 millones de dólares de nuestro presupuesto para montar la planta de Bioenergy en el Meta para producir etanol y apenas la inaugura aprueba la libre importación de
etanol. No hay calificativo a tan absurdo comportamiento. Hacemos responsable al Gobierno nacional de las consecuencias que puedan tener estas medidas que van en detrimento del patrimonio público al matar un proyecto que pretende garantizar la seguridad energética en el país”, aseguró Luis Alejandro Pedraza. No queda más que exigir la renegociación del TLC para echar atrás todas estas medidas que no han hecho cosa diferente a quebrar la producción nacional en beneficio de los extranjeros y en particular de las multinacionales. “Es la hora de una gran unidad de todos los actores de la cadena del azúcar, el etanol y el biodiesel en la defensa de nuestra producción, la soberanía y el trabajo de los colombianos. Hacemos un llamado a todos los sectores sociales, políticos, empresariales, académicos y a la población en general a que defendamos el proyecto bioenergy como un patrimonio de los colombianos y la producción nacional de etanol. El gobierno Santos sigue en su empeño de favorecer a las multinacionales en contra del interés nacional; unámonos para impedir este desastre”, afirmó Guillermo Rivera, presidente de Sintrainagro.
Nutresa
Dos semanas en huelga de hambre
Trabajadores de Nutresa en huelga de hambre, en Medellín. Foto ENS.
C
asi dos semanas en huelga de hambre completaron el pasado primero de septiembre en Medellín, los tres trabajadores de Nutresa que protestan por la política
laboral de este grupo económico antioqueño del sector alimenticio, la cual califican como antisindical y violatoria de sus derechos humanos y laborales, informó la Escuela Nacional Sindical.
A la huelga de hambre se sumaron otros dos trabajadores en Cúcuta y Bucaramanga. Todos hacen parte de Sinaltrainal y Sintralimenticia, sindicatos de industria que tienen afiliados en seis de las empresas del Grupo Nutresa: Nacional de Chocolates, Comercial Nutresa, Noel, Zenú, Tropical Coffee y Meals de Colombia. Desde el 22 de agosto los tres huelguistas de Medellín permanecen postrados con cobijas y tapabocas, con graves afectaciones a la salud, en la sede de la avenida Guayabal, al sur de la ciudad. El día que iniciaron la protesta presentaron un pliego de 12 puntos que abarca la problemática laboral en las empresas del Grupo: inestabilidad laboral e intensificación de la tercerización; despidos masivos y apertura de procesos disciplinarios a trabajadores sindicalizados y otras violaciones al derecho de asociación y la autonomía sindical, lo que los sindicatos califican como “terrorismo laboral”. Además exigen solución a problemas de salud ocupacional, e incluso
asuntos relacionados con la calidad de los productos, la importación de materias primas y la gestión del medio ambiente. “Van 150 trabajadores despedidos, 60 en los últimos dos meses, situación que les ha colmado la paciencia y por eso apelaron al recurso de la huelga de hambre”, dijo Edwin Mejía, presidente de Sinaltrainal Nacional. Señaló también que en Cúcuta un trabajador fue llamado a descargos por publicar en Facebook críticas contra la política laboral de Nutresa. El Grupo Nutresa emplea unos 5 mil trabajadores operativos a nivel nacional, y solo 350 de ellos son afiliados de algún sindicato, lo cual Mejía considera un efecto de la política antisindical de las empresas del Grupo. Por su parte, Nutresa emitió un comunicado en el cual sostiene que algunas de las pretensiones plasmadas en los 12 puntos presentados por los sindicatos, no son negociables; como tampoco es posible negociar el reintegro de algunos trabajadores ni la suspensión de procesos disciplinarios.