LABORAL
Abril 2 de 2014
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Incumplen acuerdo Obama - Santos
Palmeras violan compromisos
L
as empresas palmeras de Puerto Wilches en el departamento de Santander aplican una estrategia para obviar las exigencias del Tratado de Libre Comercio, TLC y el acuerdo Obama-Santos: someten a centenares de trabajadores a una tercerización represiva y a despidos injustificados. Para la firma del tratado de libre comercio, Estados Unidos impuso una serie de condiciones de respeto a los derechos laborales a Colombia. En lo relacionado con los biocombustibles se constituyó la empresa Ecodiesel Colombia, con 50 por ciento de las palmeras que se asociaron para la producción del fruto de palma, más el 50 por ciento de Ecopetrol. Unión casi necesaria pues estas se habían limitado por años a la industria alimenticia; muchas de ellas se dedicaban a la obtención de aceite de cocina o la base de palmiste para las chocolatinas y otros alimentos. Para dar cumplimiento a ese objetivo las empresas Monterrey, Brisas, Bucarelia, Agrícola del Norte e Indupalma realizan un ejercicio que les permitas la consecución de todo el fruto de palma necesario para la producción de biodiesel, incluido lo que se exporta. Por normativa, estarían obligadas a contratar personal directo. Sin embargo, el fin de semana pasado en un Foro Nacional en
Bucaramanga quedó en evidencia que no cumplen con las disposiciones. Monterrey inició un proceso donde a 80 trabajadores por constreñimiento los obligó al retiro voluntario. Desde ese momento, la empresa se quedó con un número reducido de trabajadores en planta que no pasa los 25. De esta manera, pretendía acabar con el sindicato Sintrapalmas. Teniendo como antecedente el paro de los trabajadores tercerizados en 2011, que conllevó a la firma de un acuerdo que garantiza la estabilidad o el empleo directo, Brisas optó por argumentar crisis económica a raíz de la pudrición del cogollo y determinó su liquidación definitiva. Así logró que salieran 180 trabajadores. Pero no es más que una argucia, ya que algunos aseguran que quien da la orden de liquidación es la Supersociedades; la misma que le autorizó, a través de una SAS propiedad del mismo gerente de la compañía, conseguir a los 200 trabajadores indirectos que actualmente tiene. El Ministerio del Trabajo no interviene porque esta acción obedece a una orden de la Supersociedades. Por otra parte, la empresa Bucarelia despidió a 26 trabajadores, suspendió el contrato por 120 días a 64 de ellos, incluidos algunos con fuero sindical, y al mismo tiempo, utilizó un embeleco, comprometiéndose con el Ministerio de Trabajo a formalizar 45 de los 600 tercerizados. El mecanismo está sustentando en una resolución del ICA
Empresa palmera en Colombia.
que determina en casos de pudrición del cogollo un cambio de toda la plantación con subsidios del Estado. Agrícola del Norte también solicitó liquidación para deshacerse de todo su personal. Utiliza la misma metodología y termina en tercerización. Indupalma -la empresa más grande de la región-, informó en la última reunión que como se encuentra en proceso de investigación con el Ministerio, tiene 36 cooperativas que implicarían una multa de hasta 35 mil salarios mínimos según la normativa. Si se hace
efectiva la multa, entrará a liquidación y, por ende, al despido de todos sus trabajadores. Desde la vigencia del TLC, el Ministerio del Trabajo ejerce un control a través de la Directora de Proyectos, que es estadounidense pero funcionaria en Colombia, y está encargada de controlar el acuerdo. De ahí viene un seguimiento que terminó en los anteriores descubrimientos, los cuales podrían significar una revisión al TLC por parte de los congresistas norteamericanos.
En Arauca podría repetirse la tragedia de Casanare
Compromiso ambiental de la USO
La USO exige a las diversas empresas de la industria del petróleo mayor responsabilidad con el medio ambiente.
La tragedia ambiental de los Llanos Orientales preocupa a departamentos. Neiva se movilizará contra exploración petrolera
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a Unión Sindical Obrera, USO, junto con otros sectores de la población de Arauca adelantan conversaciones para tratar de mejorar la problemática del orden ambiental, laboral y social en el departamento. Para ello, desarrollan encuentros en la asamblea
departamental, por iniciativa del diputado Pablo Caro tras una solicitud de la subdirectiva. Discuten temas relacionados con la explotación petrolera, como la contratación de la mano de obra y la responsabilidad de las empresas con el territorio que están explotando.
En las discusiones ha participado Ecopetrol, el Oleoducto Bicentenario y Occidental de Colombia; las cuales respondieron a un cuestionario de 19 preguntas formulado por la asamblea departamental. La OXY se rajó porque luego de 30 años de explotación en Caño Limón no tuvo qué mostrar. “Le hemos dicho a las empresas que están operando y a las que están apenas haciendo su incursión en la parte sísmica cuál es su responsabilidad y la deuda social con el departamento”, señaló Édgar Ramiro Pacheco, directivo de la USO, subdirectiva Arauca. Los diputados le están exigiendo a las empresas cumplir con el departamento, porque los problemas sociales se incrementan a raíz de los impactos ambientales por los trabajos de explotación y sísmica. Pacheco añade: “Nosotros, como Unión Sindical Obrera, estamos primero que todo denunciando, hablando con las comunidades. Hay que involucrar a todos los entes de control, las entidades gubernamentales, las fuerzas vivas, las juntas de acción comunal, las comunidades aledañas a las áreas de influencia. Porque hay que meterlos a todos al cuento y todos deben tomar conciencia que hay que apersonarse más del tema, porque si seguimos así todo lo que hoy estamos haciendo por la búsqueda del petróleo mañana tendremos que hacerlo por la búsqueda del agua”. Casi mil habitantes participaron en
el foro de sensibilización en Neiva sobre la problemática que puede derivar del proyecto de química para exploración de la cuenca del río La Ceiba, que suministra el agua a la población en su totalidad en la ciudad. El Gobernador de Huila, el Alcalde de Neiva y el Comité Cívico lideraron este encuentro realizado el jueves 27 de marzo en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera. El propósito de la unión es realizar una consulta popular para concretar la posición de la ciudadanía respecto al proyecto. Sin embargo, las instituciones nacionales están dilatando esta posibilidad. Recientemente, la Procuraduría emitió un mensaje recordándoles al alcalde y al gobernador que hay unos medios técnicos que deben demostrar primero y, segundo, que la consulta puede ser muy costosa. No obstante, la comunidad y sus líderes están convencidos en hacer prevalecer la “voz del constituyente primario”. “Estamos convencidos de que no tomamos petróleo, lo que tomamos es agua”, enfatiza José Marín, directivo de la USO Huila. El 10 de abril se han propuesto paralizar Neiva, ya que cuentan con amplio apoyo popular. La meta es presionar al gobierno, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, al Ministerio del Medio Ambiente y al Ministerio de Minas y Energía para que se sienten a dialogar y reversen la autorización de exploración.