Revista El OPPServador junio julio 2015

07/15 · Nº4

DESTACADO REPORTAJE COYUNTURA 21 de Mayo REPORTAJE

Una invitación a discutir, una invitación a

Los derechos y deberes de los pacientes:

Alcances de la ley 20.584.

ESPECIAL

Ley Ricarte Soto 21 de mayo y “Los enfermos tam- el silencio en las bién marchan”

reformas de salud

editorial

E

ste 2015 sin duda ha sido un año lleno de desafíos para la agenda política del gobierno de la nueva mayoría. A las catástrofes naturales que han acaecido en

nuestro país en el último tiempo – el temporal en el Norte y los conflictos volcánicos del sur–, se suma la crisis de legitimidad que nuestro sistema político está sufriendo actualmente debido a la seguidilla de conflictos que van saliendo a la luz pública: penta, sqm, Caso Caval; evidenciando así parte de los mecanismos que sustentan la política en nuestro país. Pero el tráfico de influencias entre empresarios y políticos o lobby, que indirectamente se ha ido sospechando en el pasado, no sólo trae conflictos de credibilidad de la ciudadanía para con sus representados, sino que también podemos ver sus perjuicios y consecuencias en directa relación con el área de la Salud.

Muestra de lo anterior es el manejo que se le ha dado últimamente a los proyectos de ley relacionados, que la Secretaria de Salud del Estado se ha propuesto sacar adelante este 2015: Despenalización del consumo de Marihuana, Ley Ricarte Soto, la Ley de Aborto Terapéutico y la Ley de Isapres, las que se están discutiendo en el Parlamento durante el presente trimestre del año. Por ejemplo, con respecto a la famosa ‘Ley Ricarte Soto’ o Sistema de Protección Financiera para Medicamentos de Alto Costo, el subsecretario de Salud, Jaime Burrows, denunció la semana pasada que las farmacéuticas están ejerciendo presiones indebidas en el Parlamento para retrasar la tramitación de esta ley, abriendo el debate sobre las millonarias ganancias que maneja la industria, el rol que ha tenido ante el Parlamento, y las falencias de los mecanismos institucionales para impedir el tráfico de influencias en el sector Salud.

En tiempos en que la confianza es baja, es tentador para la clase política traer a colación discusiones que si bien no fueron prioridades en el pasado- ni que tampoco apelan a transformar los pilares estructurales del sistema-, si son lo suficientemente “populares” para crear un ambiente de discusión que actúa como velo cegador o distractor en la gente respecto a la contingencia política. Tal es el hecho del proyecto de ‘Despenalización de la Marihuana’: un proyecto de ley que permaneció años en el congreso en silencio pero que últimamente, en tiempo récord (en sólo meses de este año) ya ha superado 2 trámites legislativos, a decir: Comisión de Salud y Cámara de Diputados. ¿Por qué la importancia justo ahora? ¿Es realmente imperativa su discusión frente a los graves problemas que aquejan al sistema? ¿Cuál es la importancia del contexto político de fondo?

Lo más grave pero interesante a la vez es cuando se considera que varias de las cabezas que representan a la clase empresarial que forma parte o está relacionada al caso penta-sqm, también se relacionan con el sector Salud a través de su gran participa-

ción y/o influencias en las isapres. Por ejemplo, el ex el presidente de la udi, Ernesto Silva, habría promovido en su momento (septiembre de 2014) una indicación en la discusión de la ‘Ley de isapres’ con el objetivo de beneficiar al holding penta mientras era presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado y accionista de la Isapre Banmédica (el activo más valioso de Empresas penta) al mismo tiempo. A principios de este año se dieron a conocer unos correos electrónicos entre el ex líder gremialista y Carlos Lavín, uno de los fundadores de penta, en los que el empresario le escribía “preocupado por cómo se estaba discutiendo dicha ley”. La indicación, ingresada al Congreso a través de un oficio del ex Presidente Sebastián Piñera, terminaba con el planteamiento original de crear un Plan Garantizado de Salud con un precio único, sin diferencias entre hombres y mujeres ni preexistencias para los afiliados de una misma aseguradora privada, y volvía a la matriz de lo que se intentaba cambiar, que era la fijación de precios por tramos. Fórmula que ha sustentado el corazón del negocio de las isapres hasta nuestros días.

En vísperas del discurso del 21 de Mayo- como importante hito político anual donde se da cuenta de los logros y desafíos pendientes-, en donde se está haciendo lo posible y lo imposible en las carteras para tratar de revertir los conflictos políticos sucedidos y volver a recuperar la credibilidad de la gente, es lógico advertir que estrategias improvisadas como lo fue el cambio de gabinete en un espacio televisivo prime - con llegada a un sector focalizado de la población- y no en cadena nacional como debiese ser, tratan de ser soluciones con el objetivo de “renovar” el aire político y partir desde cero, un borrón y cuenta nueva. Pero hay que darse cuenta que lo que ocurre actualmente en nuestro contexto chileno no es nada nuevo, pues el lobby y la recíproca relación política-empresarial han sido hechos históricamente denunciados por los actores sociales, y que las problemáticas del hoy representan parte del engranaje de la maquinaria política chilensis.

Es por lo anterior que hoy más que nunca seamos sujetos activos y parte del proceso de transformación que necesita Chile, en alas de exigir un país más justo, equitativo, integrador y transparente. Como futuros profesionales de la Salud, y principalmente como ciudadanos, es nuestro deber denunciar las irregularidades de un sistema que al final, siempre recae como perjuicio y consecuencia de los sectores más vulnerables del país. Al fin y al cabo, Salud como otras áreas, son transversales sus causas y consecuencias para todos, y puntos comunes donde se unen las vidas de cada uno. ¶

destacado

sociedad: reflexionando sobre cuál es nuestro rol actual y cual deberíamos cumplir.

2.-isapres, fonasa y seguridad social en salud: Análisis del sistema actual y evaluación de las modificaciones propuestas por el ejecutivo en el último tiempo (ej. Fondo único solidario).

una invitación a discutir, una invitación a reflexionar por Nicolas Chomalí

Cuando parecía haberse establecido para siempre la idea de que “no se puede hacer más”, vinieron los estudiantes y nos mostraron en las últimas décadas que eso no era así. Fue así como en el 2006 y posteriormente en el 2011 salieron a las calles para mostrarle al país que el sistema educacional que estaba vigente era completamente incompetente y gozaba de inequidad. Fue especialmente después de las movilizaciones del 2011 que el pueblo chileno comenzó a darse cuenta que aún tenía voz, que podía criticar, que podía opinar, que podía exigir.

S

e ha vuelto a hablar de política en un país que lo fue olvidando en los años que le siguieron a la dictadura, debido a múltiples causas, entre ellos la imposición de un sistema que velaba por el individualismo y que oprimía al pensamiento colectivo. Sin embargo el pensamiento colectivo vuelve a imponerse al egoísmo, para así, mediante esta imposición del pensamiento colectivo motivar a la búsqueda de cambios en el sistema orientados a la mejora de condiciones sociales para el país.

Nosotros, los estudiantes de la salud, quienes si hemos participamos activamente en las críticas al sistema educacional, poco nos ha interesado discutir y generar propuestas para incidir en el sistema que estamos inmersos y que especialmente nosotros deberíamos intentar cambiar: el sistema de salud.

A diario somos testigos de la precariedad, inequidad y de la falta de seguridad social que se vive en nuestra sociedad. Pese a esto, no hemos tomado cartas en el asunto, ni hemos tenido la voz para cumplir el rol de manifestarnos en contra de estas condiciones.

En consecuencia, el ces en conjunto con el opps han organizado una serie de ciclos de discusión orientados hacia el estudiantado de nuestra facultad para que puedan reflexionar en relación al sistema de salud que queremos para Chile, al rol que debemos cumplir como estudiantes y futuros profesionales de la salud frente a nuestro sistema de salud y nuestra sociedad.

A la fecha se han realizado las primeras dos sesiones de estos ciclos de discusión que buscaban definir las bases para las sesiones venideras. Los temas discutidos fueron: 1.- Rol del estudiante y el profesional de la salud en la

Dado que para generar propuestas y lograr incidir, se debe comenzar por darnos cuenta qué está mal, es que en esta oportunidad nos referiremos al tema tratado durante la primera sesión, el cual siembra las bases para las futuras decisiones. Esta sesión parte identificando un problema que, probablemente, todos conocemos, pero no comentamos: El rol pasivo de los estudiantes frente a las condiciones en las que nos desenvolvemos. Este rol se traduce en la aceptación de condiciones que nos entregan, como también, en la aceptación de lo que nos enseñan como verdades absolutas; influyendo directamente en nuestra disposición crítica hacia el sistema de salud. Por otra parte, hemos olvidado el rol histórico que ha cumplido el estudiantado de la facultad. Ejemplo de esto lo vemos durante los años 70’, donde los estudiantes tuvieron un importante rol en la gestación de la reforma universitaria durante el decanato del Dr. Jadresic.

El segundo punto se relaciona con nuestra formación, donde somos conscientes de la carencia que existe en la vinculación de la teoría con la práctica. Además, identificamos que esta influye en la postura que tomamos al definir el rol que nos asignamos dentro de esta sociedad. En consecuencia, creemos que es necesario pulir dos aspectos dentro de nuestra formación: 1. Formación en relación a los determinantes sociales; y 2. Ausencia de espacios formales de formación en salud integral. Ambos cambios nos ayudarían a identificarnos dentro de ese rol crítico y activo que

aspiramos. Es importante recalcar que faltan espacios de discusión que incentiven la reflexión relacionada a estos temas, y que dejen de lado el abordaje de los problemas en salud desde el punto de vista academicista. Esto nos permitirá posicionar a la salud como una problemática social, pasando de los problemas gremiales hacia el trabajo entorno a los pilares estructurales del sistema.

Es así como respondemos, en parte, a la pregunta base ¿Cuál es el rol que cumplimos? Ahora la pregunta es ¿A qué rol aspiramos?

El rol que aspiramos es ser agentes de cambio que no tengan una actitud pasiva, que no sean partícipes de un ambiente sin tener un espíritu crítico y propositivo. Si se mantiene la actitud pasiva, y nos conformamos con la realidad que vivimos, es allí cuando nuestra formación comienza a ser deficiente e incompleta.

Recién estamos sembrando las bases de la discusión, aún no se tienen posturas en relación a cómo debería ser la seguridad social en salud en chile, a que principios debería responder nuestro sistema de salud, como debería financiarse este último, para comenzar a pensar en grande pensar que tipo de proyectos de salud queremos como facultad, esas discusiones aún no se han dado y esta la necesidad de hacerlas y actualmente se nos ofrecen las instancias para realizarlas. ¿Por qué debemos esperar a ser profesionales para tomar algún tipo de postura, cuando ya estamos influidos por el sistema?, ¿por qué no podemos tomar posturas ahora cuando ya somos capaces de identificar las faltas del sistema de salud?

Esta es una invitación a participar de estos espacios, para reflexionar en ellos y así, en conjunto podamos responder la interrogante final: ¿Qué sistema de salud queremos? ¶

reportaje

los derechos y deberes de los pacientes: alcances de la ley 20.584.

por Mario Perez Gonzalez & Tania Rojas Piña

En el año 2012, entra en vigencia la Ley nº 20.584, comúnmente llamada ‘Ley de Derechos y Deberes de los pacientes’. Esta norma tuvo una tramitación de más de 6 años en el Congreso, en tanto que los primeros intentos legislativos sobre la materia se remontan desde el año 2001.

Dicha ley se inspira en distintos instrumentos de derecho internacional; como la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Convención Americana de Derechos Humanos; estableciendo principios inspiradores referidos a la dignidad, la autonomía, el respeto, la confidencialidad, etc. Sin embargo, hoy, hace más de dos años desde su vigencia cabe cuestionarnos ¿cuál ha sido su importancia?, ¿se ha cumplido el objeto de la norma?, ¿están los pacientes y profesionales de la salud empoderados de los derechos contenidos en la ley?

H

ace un tiempo nos hemos acostumbrado a ver en cada servicio de salud aquella llamativa infografía sobre los derechos y deberes establecidos en la Ley, plasmados en la ‘Carta de Derechos y Deberes de los pacientes’. En ésta, hacen un llamado a que “exijamos nuestros derechos” y que “cumplamos nuestros deberes”; sin embargo, en la práctica aquello es difícil de estimar por cuanto existe general desconocimiento de los mecanismos para tal exigibilidad, mas aún si nos hemos caracterizado por ser una cultura pasiva en relación a la vulneración de nuestros derechos, lo que indicaría un escaso registro de denuncias o de impresiones positivas que demuestren el real impacto de la Ley. En este sentido, cabe la duda si los usuarios han recibido información clara de sus derechos y sobre los procedimientos necesarios para exigirlos; pues si pensamos en la infografía y atendemos el contexto de un paciente en un recinto de salud, probablemente supondremos que una persona con dolencias no dedica tiempo y energía en leer los diversos tipos de informaciones plasmados en el lugar. Ello no es baladí dado que una norma que no logra concientizar su contenido es una norma ineficaz., es más, si pensamos en el primer derecho estipulado (‘tener información oportuna y comprensible de su estado de salud’), surgen dudas si la población realmente conoce y comprende su propia situación de salud y todo lo que ello implica (tratamientos, pronósticos, etc.), ya que podríamos suponer que sin información sobre los derechos o el estado de salud, las personas se tornarán seres neutrales, limitando su participación en el proceso de salud.

Por otro lado, a pesar que la ley especifica varios conceptos y regla de manera general y abstracta su campo de acción, es posible detectar algunas falencias internas.

Ejemplo de ello dice relación con la autonomía del paciente, la cual es por un lado reconocida y amparada, pero por otro lado es limitada en forma arbitraria, como

es el caso de los menores de edad que, según la norma, no pueden expresar voluntad en estas materias sin especificar quiénes son menores de edad para estos efectos, asimismo los enfermos terminales pueden decidir abreviar tratamientos, pero no pueden decidir si aquello llegará a una muerte precoz.

En este sentido tampoco se reconoce legalmente el derecho del enfermo a rechazar tratamientos sin condiciones ni tampoco reconoce la debida autonomía al menor adulto, todo lo cual es aconsejable revisar. Asimismo, la ley ampara la intimidad del paciente y prohíbe el acceso a la información, pero existen otros cuerpos normativos que sí conceden la facultad de acceder a la misma., en efecto, fonasa puede acceder a estos contenidos y las isapres pueden requerir informes a los médicos tratantes con la finalidad de fiscalizar el otorgamiento de las prestaciones.

Por ello es preocupante el nivel de observancia (cumplimiento al deber jurídico) que ha alcanzado la ley 20.548. Existe a la fecha sólo un informe público emitido por la Superintendencia de Salud, en donde se da cuenta de la fiscalización a los prestadores públicos y privados en el 2013. La evidencia indica que un 65% de los prestadores cumple con la exhibición de la Carta, que alrededor de un 40% cumple adecuadamente con la identificación de los integrantes del equipo de salud, un 20% cuenta con un reglamento interno y que aproximadamente un 70% posee un procedimiento interno de gestión de reclamos. Estos resultados señalan que el cumplimiento es parcial y que aún queda mucho por mejorar; además, que fiscalizar estas categorías permite conocer y exigir de una manera práctica la implementación de la Ley. Sin embargo, esta fiscalización no responde al eje central que debiera interesar, ya que no determina si los propios usuarios están haciendo valer sus derechos y cumpliendo sus deberes, ni cómo los prestadores de salud están garantizando ésto y lo están promoviendo en cada una de sus prácticas; lo que podría generar una vulneración de los derechos por desconocimiento, ya que, ni usuarios ni profesionales se valen de esta Ley en las relaciones que derivan de la atención de salud.

Si bien la fiscalización administrativa es importante para que una norma sea eficaz, más importante aún es que el sujeto activo de los derechos (paciente) sepa el mecanismo que ofrece la Ley para hacerlos efectivos. En lo que respecta a los derechos y deberes de los pacientes, existe norma especial contenida en los artículos 37 y 38 de la Ley 20.584 que en síntesis obliga a los prestadores públicos y privados implementar un sistema de reclamos con personal especializado para ello., estos reclamos se realizan por escrito y debe evacuarse su respuesta institucional igualmente por escrito. Las condiciones que debe contener esa respuesta se regula en el dl 35 del 2012 del Ministerio de Salud, estableciendo un plazo de evacuación de 15 días hábiles (los no feriados, es decir, de lunes a sábado). No mediando respuesta o si ésta fuere insatisfactoria, podrá el usuario afectado recurrir ante la Superintendencia de Salud (art. 38 Ley 20.584) dentro de un plazo de 5 días hábiles para interponerlo contado desde la recepción de la respuesta insatisfactoria o transcurrido 15 días para subsanar las irregularidades (art. 14 DL 35 de 2012 del minsal.). En este último caso, la Superintendencia posee amplias facultades para adoptar diligencias de investigación que esclarezcan los hechos y ordenar medidas para corregir las irregularidades. Finalmente, de considerarse necesario, la Superintendencia puede iniciar el correspondiente procedimiento sancionatorio reglado en los artículos 121 y siguientes del dfl 1 del 2006 del Ministerio de Salud, los cuales contemplan, entre otras medidas, multas de 10 hasta 1.000 utm a la entidad sancionada sin perjuicio de los recursos de reposición y jerárquico que faculta la Ley 19.880 para impugnar estas sanciones administrativas. ¶

Enunciación gráfica de derechos y deberes de los pacientes derechos 1. Tener información oportuna y comprensible de su estado de salud.

2. Recibir un trato digno, respetando su privacidad.

3. Ser llamado por su nombre y atendido con amabilidad.

4. Recibir una atención de salud de calidad y segura, según protocolos establecidos.

5. Ser informado de los costos de su atención de salud.

6. No ser grabado ni fotografiado con fines de difusión sin su permiso.

7. Que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención.

8. Aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el alta voluntaria.

9. Recibir visitas, compañía y asistencia espiritual.

10. Consultar o reclamar respecto de la atención de salud recibida.

11. A ser incluido en estudios de investigación científica sólo si lo autoriza.

12. Donde sea pertinente, se cuente con señalética y facilitadores en lengua originaria.

13. Que el personal de salud porte una identificación.

14. Inscribir el nacimiento de su hijo en el lugar de su residencia.

15. Que su médico le entregue un informe de la atención recibida durante su hospitalización. deberes 1. Entregar información veraz acerca de su enfermedad, identidad y dirección.

2. Conocer y cumplir el reglamento interno y resguardar su información médica.

3. Cuidar las instalaciones y equipamiento del recinto.

4. Informarse acerca de los horarios de atención y formas de pago.

5. Tratar respetuosamente al personal de salud.

6. Informarse acerca de los procedimientos de reclamo.

reportaje

coyuntura

ley ricarte soto

“los enfermos también marchan” por Juan Pablo Castro Elgueta & Diego Manetti Fuentes

H

istoria:

Hace dos años, el 15 de mayo , el periodista Luis Ricarte Soto Gallegos difundía un manifiesto en donde se daba a conocer los propósitos del movimiento “los enfermos también marchan”, en el cual se genera el debate en torno a el acceso a los medicamentos para personas con enfermedades crónicas, catastróficas y poco frecuentes que están fuera del plan auge.

En aquella ocasión se expone la impresentable situación de aquellas personas que no podían costear su tratamiento y que no se iban a aceptar argumentos en base a criterios económicos. “…cabe preguntar a quienes tienen esa mirada, si saben que detrás de cada uno de sus cálculos hay una persona con nombre y apellido, que tiene recorrido por la vida y tiene la esperanza de seguir caminando o, como puede suceder, terminar la ruta con una merecida calidad de vida…” En septiembre del 2013, mientras Ricarte Soto se encontraba internado por un cáncer al pulmón, Jaime Mañalich, en ese entonces en calidad de ministro de salud, lo visitó y se comprometió a responder formalmente sobre los avances del proyecto de ley en una próxima visita, generando la expectación en torno a una nueva política de medicamentos. Ricarte Soto falleció seis horas antes de la visita y respuesta del entonces ministro. La carta fue entregada a su esposa Cecilia Rovaretti en el funeral de su esposo. En la respuesta se indica la creación de un fondo de medicamentos, en donde se incluían diez patologías poco frecuentes y seis tipos de cáncer para usuarios fonasa.

Este fue el primer avance hacia la ley Ricarte Soto, que no fue considerada como tal, ya que si bien se generó la inclusión de nuevas patologías, estas están delimitadas y no garantizan un acceso universal a los medicamentos de forma permanente.

El proyecto de ley prometido en aquella instancia no se envió bajo el fundamento de que no querían “dejar amarrada a la siguiente administración”, esto ocurrió en enero del 2014.

concepto de tratamiento de alto costo:

Según la Organización Mundial de la Salud, un tratamiento de alto costo son aquellos tratamientos que superan el 40% del ingreso del grupo familiar. Teniendo en cuenta que el 70 % de los trabajadores chilenos recibe menos de $426.000 líquidos¹.

Y que el porcentaje de participación del gasto de bolsillo en medicamentos en el gasto de bolsillo total es de un 55% y es mayor en los quintiles de menores ingreso², cabe entonces analizar no sólo los alcances del proyecto de ley ricarte soto,

sino que el engranaje total del sistema de seguridad social: si es que dicho sistema garantiza el acceso a los medicamentos y prestaciones de salud para el total de la población, y si los proyectos de ley implementados o a implementarse este último tiempo apuntan hacia esa dirección. Cabe por lo tanto la reflexión: qué tratamiento, en un sistema deficiente en su médula, puede no considerarse de alto costo.

proyecto y consideraciones sobre el proyecto de ley ricarte soto:

Dejando las consideraciones en torno al acceso a medicamentos y de prestaciones de servicios para otros análisis, se realiza una breve descripción de lo que el proyecto de ley ofrece.

El inicio del proceso de la incorporación de un Tratamiento de Alto Costo (tac) se iniciará mediante la evaluación científica de la evidencia por parte de la Subsecretaría de Salud Pública (ssp), pudiéndose delegar de manera parcial o total el informe de evaluación a entidades públicas y privadas, y en articulación con la Subsecretaría de Redes Asistenciales (sra) quien añade al informe la evaluación de repercusión del tratamiento en las redes asistenciales. Así mismo, el ssp tendrá la responsabilidad de convocar una Comisión de Expertos para la evaluación del valor social, económico y científico del tratamiento, dicha Comisión también teniendo la facultad de recomendar ofertas formales de precios y potenciales proveedores, por lo cual se incorpora las declaraciones de intereses de los miembros de la comisión. Últimamente han surgido noticias con respecto a denuncias del subsecretario de Salud, Jaime Burrows, sobre que las farmacéuticas están ejerciendo presiones indebidas en el Parlamento para retrasar la tramitación de esta ley, por lo tanto se debe tener especial cuidado al momento de designar dicha comisión y aumentar de manera significativa la incidencia reguladora, consultiva y fiscalizadora de la ciudadanía y otros entes regulatorios.

No obstante lo anterior, para los tratamientos incorporados habrá financiamiento a través de Fondo de Tratamiento de Alto Costo.El Fondo de Tratamiento de Alto Costo (ftac) será aportado por el fisco mayoritariamente más otras donaciones menores (aportes de la cooperación internacional, la rentabilidad de los mismos recursos y donaciones). El ftac será incrementado progresivamente, hasta llegar a un valor de $100.000 millones en un plazo de tres años desde la implementación. Dicho fondo será administrado por fonasa y tiene como beneficiarios a todos los chilenos. Anualmente, se establecerán los tratamientos considerados de alto costo, financiando específicamente los medicamentos, alimentos y/o dispositivos médicos de dichos tratamientos por decreto supremo, siempre que éstos estén por sobre un umbral económico fijados por los Ministerios de Salud y de Hacienda cada tres años. Este hecho da lugar al cuestionamiento planteado al principio: ¿Qué se entiende por tratamiento de alto costo?

¹ Estudios de la Fundación Sol, “Los verdaderos sueldos de chile” http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2015/01/Verdaderos-Salarios-2015.pdf ² Camilo Cid Pedraza, PhD Profesor PUC, “¿Qué sabemos del gasto de bolsillo en medicamentos en Chile?”, http://www.paho.org/chi/index.php?option=com_ docman&task=doc_view&gid=139&Itemid, Noviembre 2013.

Cotización 5,5% del trabajador + 1,5% del empleador

FF.AA.

Cotización 7% + cotización pactada

ISAPRE

Tesoro de la República

Cotización 7%

FTAC

Independientes

FONASA

Beneficiarios FONOSA, FF.AA., ISAPRE e Independientes

Dado que el umbral se define arbitrariamente por los Ministerios mencionados, el concepto queda flotando en la ambigüedad, no quedando claro realmente a quienes beneficiaría en la práctica, hecho sensible para los diversos pacientes y agrupaciones de usuarios que ven de manera esperanzadora la ley como un alivio a la catástrofe financiera. Catástrofe financiera también es un concepto relativo a los ingresos familiares. Por ejemplo, un tratamiento de $300.000 mensuales no es, en rigor, una catástrofe para una familia de ingreso de un millón de pesos mensuales, pero si lo es para una familia de ingresos de $300.000 mensuales. En dicho caso, muchas enfermedades que presentan esta catástrofe financiera podrían no alcanzar el umbral quedando excluido para la consideración de la ley, y de no poder ser financiado al quedar al margen de la ley Ricarte Soto, de nuevo referiría un duro diagnóstico a los vacíos en cobertura del Sistema de Seguridad Social imperante. cenabast se hace cargo, finalmente, de la adquisición de los productos sanitarios que deberán ser entregados a los prestadores de salud, sean públicos o privados, que se encuentren acreditados por la Superintendencia de Salud y que tengan el convenio respectivo con fonasa para el otorgamiento de las prestaciones. ¿Y qué hay de la incidencia ciudadana, de su labor vigilante, tomando en cuenta que el proyecto de ley se inició a través de un movimiento ciudadano? Se tiene considerado el establecimiento de un Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control de Sistema, el cual entregará un informe anual que no estará facultada para intervenir en la administración del sistema. Consideramos grave el segundo plano al que pasa esta comisión, por una parte, como falta de respeto a la voluntad ciudadana que ha introducido el tema en la discusión legislativa, y por otra parte, por la poca incidencia que tendría frente a posibles influencias de la industria farmacéutica, teniendo en cuenta lo mencionado con respecto a las denuncias de Jaime Burrows. Para tal, es de suma importancia aumentar las facultades de la Comisión Ciudadana.

Frente a la vaguedad del proyecto de ley, se debe tener una fuerte observación a su desarrollo una vez implementada, de manera que nos permita reflexionar acerca de cómo nuestra sociedad no garantiza la salud de nuestros conciudadanos, imperando el individualismo tanto en el sistema de salud

como en todo el sistema ideológico imperante, y de cómo hacer frente a esta problemática en temas de salud, como futuros profesionales de este rubro. El desafío para los optimistas que se planteen esta batalla no será un viaje placentero y probablemente se tenga todo en contra, pero felizmente siempre habrán personas con la voluntad y el ahínco de no conformarse, de no hacerse los desentendidos, de no aislarse en la soledad rutinaria y poder mirar con valentía la realidad en todas sus aristas, siendo el motor de la acción la empatía, el optimismo y la solidaridad. ¶

Tratamiento de Alto Costo

Oficio SSP

Umbral económico

Instruciones Públicas o privadas

Informe de evaluación científica de la SSP

Comisión de Expertos

Informe SRA

Recomendación

Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda Sustentabilidad FTAC

Incorporación del Tratamiento de Alto Costo

especial:

21 de mayo

21 de mayo y el silencio en las reformas de salud por Cristian Gonzalez

E

n la segunda cuenta pública del gobierno de la Nueva Mayoría, las expectativas se centraban en las reformas a la educación, los casos de corrupción y el pronunciamiento sobre el cambio constitucional. Era evidente que sectores como salud no constituirían una prioridad dentro del discurso presidencial, pero a pesar de esto es preocupante que al igual que la cuenta pública del 2013 se mantenga la ausencia de políticas orientadas a cambiar la lógica actual del sistema de salud que perpetua la inequidad y que se omita un pronunciamiento sobre las propuestas de gobierno que aún duermen en la institucionalidad.

Durante el 2013 la Comisión Presidencial para la reforma de las ISAPRES presentaba su informe final donde se planteaba la creación de un Fondo Único Con Seguro Nacional en Salud al cual pueden acceder todos los habitantes del país, lo cual significaría romper con la segregación entre afiliados ISAPRE y FONASA al evitar la selección por riesgo de salud y por ingreso de los afiliados para pasar a introducir los conceptos de solidaridad y universalidad dentro del sistema de

seguro social. Además se planteaba la caracterización de las ISAPRES como seguros complementarios y regulados.

Durante el mismo año el gobierno anunciaba el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales ingresando recién el 31 de Enero del presente año a la Cámara de Diputados. El proyecto hasta ahora se encuentra estancado y no ha tenido un nuevo impulso por la gobierno.

El último 21 de mayo, el discurso en salud estuvo centrado en el fortalecimiento de la infraestructura del sistema de salud, la nueva ley “Ricarte Soto” y la eliminación del embarazo como preexistencia en las ISAPRES. A pesar que algunos temas como infraestructura en salud son esenciales, el gobierno en su discurso deja un manto de duda respecto a la reforma al sistema de salud y el proyecto de ley de despenalización del aborto en 3 causales que había logrado avances concretos en años anteriores. El silencio del gobierno en estas reformas, entrega señales respecto a cómo los sectores conservadores han logrado frenar la agenda programática y como al mismo tiempo el oficialismo ha decidido abandonar las transformaciones en salud por omisión.

Tras el informe de la Comisión Presidencial para la reforma de las ISAPRES, se abría una puerta para lograr una transformación real del sistema de aseguramiento en salud que por años los sectores organizados habían demandado. Como era de esperar los sectores empresariales comenzaron a conformar una fuerte campaña para frenar las reformas y sostener el negocio de la salud que actualmente constituyen las ISAPRES. Caso similar en la propuesta de la ley de despenalización del aborto en las 3 causales, en donde después de años se lograba un avance en derechos reproductivos (a pesar que es aún una propuesta insuficiente) los sectores conservadores comenzaron un despliegue para impedir que la propuesta llegara a fin.

Ambas situaciones denotan la realidad de un gobierno que en la práctica a abandonado su discurso transformador y refundador de los derechos sociales básicos, en donde frente a la disputa han optado por ceder a los sectores empresariales y conservadores.

Nuevamente pareciera un rol esencial de los sectores sociales organizados lograr disputar transformaciones estructurales en salud que logren recuperar el derecho a una salud garantizada y de calidad.

eje ces:

orientación del conocimiento El eje de Orientación del Conocimiento tiene como objetivo cuestionar el proyecto educativo de nuestra facultad. Esto significa adoptar una postura crítica y propositiva frente a la formación de estudiantes que el día de mañana trabajarán para responder a las necesidades del país.

Nuestros diagnósticos en la facultad son: • La docencia está orientada a la especialización, posee escasa formación en Atención Primaria y trabajo interdisciplinario. La mayoría de nuestros docentes son contratados a honorarios y carecen de apoyo en metodologías de enseñanza.

• La Innovación Curricular está en curso desde el año 2006 y ha sufrido múltiples críticas tanto en su fundamento político, como en su diseño e implementación, pues no ha mejorado los problemas de flexibilidad y sobrecarga académica y el estamento estudiantil posee una limitada participación en los espacios de decisión.

• La investigación tiene una estrecha relación con la industria alimentaria y farmacéutica, fuera de toda regulación y planificación. Finalmente, el concepto de extensión sigue siendo ambiguo y relegado a iniciativas estudiantiles.

• Si te interesa aportar en alguna de estas temáticas y buscar soluciones atingentes, te invitamos a conformar nuestro equipo de trabajo.

Pregunta por el eje en la oficina del CES o escribe a ces@med.uchile.cl