Panorama sociopolítico dominicano

Panorama Sociopolítico Dominicano año 1, núm. 1 julio-septiembre de 2015

Una publicación del

Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE) Santo Domingo, República Dominicana 2015

Observatorio Político Dominicano (OPD) Equipo de Dirección Nathanael Concepción, director Glenys Comas, gestora administrativa Cinthia Lazala, gestora de Comunicaciones y Relaciones Públicas Engels Villanueva, coordinador de proyectos Modesto Cuesta, gestor editorial Miguel Morrobel, webmaster Coordinación Héctor Nicolás, Unidad de Ciberpolítica Marjorie Félix, Unidad de Comunicación Política Diuris Betances, Unidad de Gobierno Local Omar Pérez, Unidad de Partidos Políticos Gaudy Crispín, Unidad de Poder Legislativo Fanny Vargas, Unidad de Políticas Públicas Dilenia Medina, Unidad de Sociedad Civil © Observatorio Político Dominicano Avenida César Nicolás Penson 127, La Esperilla Santo Domingo, República Dominicana www.opd.org.do El Panorama Sociopolítico Dominicano es una publicación mensual del Observatorio Político Dominicano (OPD), una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).

Todos los derechos reservados. Su reproducción total o parcial, debe ser autorizada.

Panorama Sociopolítico Dominicano Año 1, núm. 1, julio-septiembre de 2015

Presentaci贸n Nathanael Concepci贸n Director

Unidad de Gobierno Local

Los envejecientes como sujetos de derechos: El caso de la candidatura de Mamรก Nelsy Nathanael Disla

http://opd.org.do/index.php/analisis-gobiernolocal/1991-los-envejecientes-como-sujetos-de-derechos-el-caso-de-la-candidatura-de-mama-nelsy

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l 21 de julio de 1998 se promulgó la Ley núm. 352-98, sobre Protección de la Persona Envejeciente, estableciendo en el ámbito legal dominicano los derechos de las personas mayores, que incluyen los económicos, sociales y culturales. Esta ley creó el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), adscrito al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

De acuerdo con declaraciones del doctor Pedro Khoury, director general de Protección a la Vejez en República Dominicana, “en el país hay 28 asilos y 37 hogares de día, donde en cada uno de estos últimos se atienden a más de 50 ancianos ... Salud Pública gasta 2.5 millones de dólares en alimentos, alquiler de casa, medicamentos y personal” para manejar la situación de los envejecientes desamparados (barrigaverde.net).

Al parecer, esta situación ha impulsado la candidatura a regidor presentada en El Seibo por una ciudadana de avanzada edad: Lucila de Castro Vda. Aybar, y que ha generado reacciones de aprobación y simpatía de todos los círculos políticos y sociales.

Lucila de Castro vda. Aybar, mejor conocida como “Mamá Nelsy”, es una mujer de 90 años de edad oriunda de El Seibo, quien a pesar de su edad tiene la intención de presentarse como candidata a regidora de dicho municipio por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Mamá Nelsy señala que su precandidatura quiere “representar a los envejecientes de El Seibo, quienes han sido olvidados”.

Sostiene que, de ser electa como regidora, donaría su salario a la filial del Centro de Rehabilitación en El Seibo, con el fin de contribuir a la protección y ayuda de las personas de mayor edad.

El Seibo es la quinta provincia con un mayor porcentaje de hogares pobres (70.7 %), es la tercera provincia con menor calidad de vida del país, solo superada por Elías Piña y Pedernales, y ocupa el quinto lugar de las provincias con mayor pobreza extrema del país (32.8 %).

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Unidad de Partidos Políticos

Identificación de los donantes a las campañas electorales y los partidos en República Dominicana Omar Pérez Rubiera

http://opd.org.do/index.php/analisis-par tidos-politi cos/1929-identificacion-de-los-donantes-a-las-campanas-electorales-y-los-partidos-en-republica-dominicana

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as explicaciones contenidas en este análisis sugieren que la divulgación de los donantes es una condición facilitadora (probablemente no suficiente) para que en la práctica se cumpla el mandato constitucional de que la conformación y funcionamiento de los partidos se sustente en el respeto a la transparencia.

Además, ponen de manifiesto que la obligatoriedad de divulgación debe recaer tanto sobre los partidos como en los candidatos, pues en caso contrario podría incluso producirse una mayor informalidad del dinero en la política. De ahí que las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley de Partidos y en el de Ley Electoral sean complementarias.

Aunque la divulgación de los donantes ha sido la preocupación de este trabajo, debe tenerse en cuenta que esta necesita ser acompañada de otras previsiones como las contenidas en los proyectos de la JCE relativos al establecimiento de una cuenta única y a la regulación y transparencia del gasto de campaña. En ese contexto, la medida contribuiría a una competencia política más equilibrada mientras reduce la compra de influencias políticas.

En ese orden, cuando la transparencia de los ingresos (divulgación de donantes) se une a la transparencia del gasto de campaña, el proceso de veeduría ciudadana se facilita y para las autoridades es más fácil sancionar a los infractores. Además, los actores políticos cuentan con una herramienta para desmentir campañas sucias que contra ellos puedan urdirse.

Por último, la transparencia absoluta tiene, como toda política, objeciones a considerar: proteger un derecho puede significar la limitación de otro. Toca, pues, a la comunidad política, establecer prioridades.

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Unidad de Poder Legislativo

Desconfianza en el Congreso Nacional dominicano: una realidad que persiste Gaudy CrispĂ­n

h t tp://o pd.o rg.do/index.p hp /a na lis is -p o d e r-le gis la t ivo/1993-desconfianza-en-el-congreso-nacional-dominicano-una-realidad-que-persiste

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urante los años 2004 y 20131 Latinobarómetro2 realizó una encuesta que midió la confianza de la ciudadanía dominicana en el Congreso Nacional. Los resultados arrojaron que en promedio, el 60 % de las personas encuestadas tiene poca o ninguna confianza en las cámaras legislativas, mientras que apenas el 38 % tiene algo o mucha confianza en esa institución. El 2 % restante prefirió no opinar al respecto.

Este elevado nivel de desconfianza solo es superado por los partidos políticos (71 %) la Policía Nacional (68 %) y la Administración Pública (66 %), e igualada por el municipio/gobierno local (60 %). Las instituciones o personas que gozan de un mayor nivel de confianza son la Iglesia, la televisión y la radio, que presentan niveles de desconfianza igual o por debajo de 40 %. Los porcentajes obtenidos por la Iglesia y los medios de comunicación demuestran el nivel de impacto y confiabilidad de los ciudadanos hacia estos.

A través de los años los porcentajes mantienen su tendencia, independientemente de los cambios producidos durante los períodos de elecciones congresuales. Los años con mayor nivel de desconfianza fueron 2010 y 2011, con 67 y 72 % respectivamente.

1. Latinobarómetro no presentó base de datos para el año 2012.

2. Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20,000 entrevistas en 18 países de América Latina.

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Unidad de PolĂ­ticas PĂşblicas

Balance de la Ley de Desarrollo Fronterizo: entre el olvido y la necesidad de progreso Greydis Roa

http://opd.org.do/index.php/analisis-politicas-publi cas/1996-balance-de-la-ley-de-desarrollo-fronterizo-entre-el-olvido-y-la-necesidad-de-progreso

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catorce años de su promulgación, la Ley núm. 28-01 de Desarrollo Fronterizo continúa siendo un instrumento controversial. Analizando los datos disponibles el trabajo intenta establecer si la ley ha cumplido su cometido, cuáles han sido los resultados en términos de desarrollo productivo y empleo, cuáles han sido los problemas de implementación y cómo se contrastan estos datos con la opinión de los actores involucrados. Se revisan los argumentos pro y en contra de la ley, determinando que se ha quedado corta en la consecución de sus objetivos, y que los aspectos negativos no son grandes en relación con otras iniciativas de apoyo a sectores productivos del país. Es notable la desigualdad de los resultados entre las provincias fronterizas del norte y del sur; estas últimas casi no han percibido beneficios.

La ley amerita una reforma integral que focalice los incentivos, provea seguridad jurídica y ayude a distribuir los beneficios a las áreas del sur.

El documento concluye que (...) para lograr incrementar los niveles de desarrollo de las provincias fronterizas se hace necesario un consenso entre el sector privado y el Estado, de forma que se pueda implementar un adecuado programa de desarrollo sostenible, con respaldo de todas las áreas productivas de la nación… La ausencia del mismo limita la explotación y el provecho de la diversidad y abundancia de recursos que tiene dicha zona, lo que provoca éxodos masivos, que van impulsando la despoblación, la intensificación de la pobreza y el aumento de los riesgos que la desolación de una zona de tanta trascendencia pudiera engendrar para todo el pueblo dominicano.

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Unidad de Sociedad Civil

Esfuerzos para la eliminaci贸n de la discriminaci贸n contra la mujer en Rep煤blica Dominicana poner link

Diuris Betances

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esde hace varios años, en República Dominicana se realizan esfuerzos para eliminar las formas de discriminación contra la mujer desde cuatro ámbitos cruciales: educación, mercado laboral, participación política y la violencia con su manifestación extrema: los feminicidios. Estos espacios se constituyen en áreas imprescindibles para valorar los avances de la mujer en las diferentes áreas.

El Índice de Paridad de Género (IPG) muestra que entre los años 2003 y 2011 hubo avances a nivel primario y secundario, indicando un número mayor de niñas por encima de los varones, a pesar de un ligero descenso registrado en el promedio de nivel de básica: 96 niñas por cada 100 niños. Este progreso no se refleja en el mercado laboral, pues la tasa de intervención de las mujeres es de 42 %, a diferencia del 68 % de los hombres.

En cuanto a la participación política en la toma de decisiones estatales, la mujer dominicana ha conquistado un gran espacio público con la promulgación de la Ley núm. 275-91, que otorgó por primera vez, el 25 % de los cargos electivos dentro de los partidos políticos a mujeres. Esta ley fue modificada por la núm. 12-00, que incrementó el porcentaje a 33.33 %. De igual manera, la Ley núm. 13-00 estipuló que los partidos deberían incluir al menos una mujer en las candidaturas a síndico o a las de vicesíndico de cada municipio.

Los esfuerzos devenidos por los organismos estatales para erradicar la violencia contra la mujer, a través de la implementación de un marco jurídico que beneficia la equidad a través de políticas públicas dirigidas a empoderar a la mujer dominicana también han dado frutos: en el año 2012 se registraron 198 víctimas, una cantidad menor que en 2011, cuando hubo 230 muertes.

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De los autores Natanael Disla Licenciado en Administración de Empresas mención Cum Laude por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Maestrando en Género y Desarrollo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Diplomatura en Abordaje de la Masculinidad Agresora desde la Perspectiva de Género en el INTEC. Ha cursado estudios de licenciatura en Teología en el Seminario Bautista de República Dominicana. Es investigador del Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública (Buenos Aires, Argentina) y miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana.

Omar Pérez Rubiera Coordinador de la Unidad de Partidos Políticos y analista del proyecto “Análisis de las Elecciones Presidenciales Dominicanas (AGED)”. Además colabora con la Unidad de Sociedad Civil y la Unidad de Gobierno Local como soporte en el manejo de software de análisis geo-espacial y en el diseño de investigaciones que impliquen geo-referenciación de datos.

Gaudy Crispín Coordinadora de la Unidad de Poder Legislativo. Licenciada en Economía mención Cum Laude por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD). Consultora en temas de planificación estratégica y cooperación internacional al desarrollo.

Greydis Roa Investigador de la Unidad de Políticas Públicas. Licenciado Cum Laude en Economía por la Universidad Autónoma de Santo DoPanorama Sociopolítico Dominicano Año 1, núm. 1, agosto de 2015

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Observatorio Político Dominicano (OPD)

mingo (UASD); realizó el diplomado en Hacienda Pública impartido por el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) del Ministerio de Hacienda. Actualmente cursa la maestría en Alta Dirección Pública impartida por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL) y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

Diuris Betances Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Tiene una maestría en Ciencias Políticas para el Desarrollo por el Instituto Global de Altos Estudios Sociales (IGLOBAL) y la Universidad de Salamanca. A partir de septiembre de 2009, labora en el Observatorio Político Dominicano, desempeñándose como investigadora de la Unidad de Sociedad Cívil, bajo la coordinación de Dilenia Medina, hasta su reciente promoción a la coordinación de la Unidad de Gobierno Local.

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