MUJERES INDÍGENAS: DECISIÓN E INCIDENCIA PARA LA GOBERNANZA TERRITORIAL I.
Mujer y territorio: una relación simbiótica
Los pueblos indígenas tenemos una relación especial con nuestro territorio, que es la fuente de nuestra vida y es donde se reafirma nuestra identidad. A nivel mundial, nosotros conservamos aproximadamente el 80% de la biodiversidad, según la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Para nosotros el territorio es integral y tiene vida: el aire, el subsuelo, los ríos, los bosques, los cerros, son parte de un todo, donde las mujeres indígenas cumplimos un rol muy importante. Para nosotras las mujeres indígenas existe una relación especial con nuestra Madre Tierra. Somos las encargadas de preservar nuestros saberes ancestrales y nuestras prácticas culturales, que están vinculadas intrínsecamente al lugar donde habitamos. En nuestros territorios ayudamos a erradicar el hambre con la soberanía alimentaria. Según la FAO, las mujeres indígenas producimos más del 50% de los alimentos del mundo y en países en desarrollo la cifra se incrementa, así sostenemos la vida de nuestras generaciones actuales y las que están por llegar. Somos parte del territorio y sin este nos extinguiríamos. II.
Situación de las mujeres indígenas en Perú
En Perú, un país amazónico y andino, las mujeres indígenas afrontamos diversos obstáculos, que tienen distintos matices: económicos, sociales, climáticos, etc. Uno de los más importantes es el acceso a la gestión de la tierra y el territorio; y la imposibilidad frecuente de poder opinar y tomar decisiones en cuestiones que afectan nuestro estilo de vida y desarrollo. Debido a una interpretación errónea de las normativas sobre la tierra y el territorio a nivel de las comunidades campesinas y nativas, que es como nos organizamos legalmente los pueblos indígenas en Perú, las mujeres quedamos sin reconocimiento de nuestros derechos territoriales. Estamos fuera del padrón comunal, ya que solo se considera “jefe de familia” al varón. De esta manera no podemos acceder a las asambleas comunales y estamos impedidas de otros beneficios como gestionar una parcela al interior de la comunidad o poder ser elegidas presidentas de comunidad. Hasta el 2012 más del 90% de comunidades campesinas y nativas era gestionado por presidentes comunales varones. Esta problemática se ve incrementada debido a la migración de varones producto del cambio climático, la contaminación y el deterioro progresivo de nuestros territorios por actividades extractivas legales e ilegales, así como la presión constante por acceder a recursos económicos para obtener mejores servicios y calidad de vida. Lo cual duplica la carga laboral y amplifica la brecha existente en el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, ya que pese a la ausencia del considerado “jefe de familia”, las mujeres no tienen voz y voto, e incluso se desconfía de su representación. Otro factor de riesgo para las mujeres y comunidades indígenas radica en la normativa que debilita cada vez más la protección de los territorios comunales, en favor de las grandes empresas ya no solo extractivas, sino también de infraestructura. En los últimos años, hemos visto cómo con leyes, decretos y resoluciones ministeriales, se ha ido debilitando la seguridad jurídica sobre los territorios de los pueblos indígenas. Se han visto numerosos ejemplos de afectaciones al verse vulnerados nuestros territorios y medios de vida.