toneladas diarias de roca, produce 25 kilos de oro, 50.000 toneladas de desechos sólidos, 240 toneladas de dióxido de carbono, consume 35’500.000 litros de agua y emplea 4 toneladas de cianuro (explotación mediana no es el caso de La Colosa, puesto que esta sería una de las explotaciones más grande del mundo). Resalta además el mismo diario los peligros ambientales que representa la explotación minera: alteraciones severas del paisaje, destrucción de ambientes nativos y de sus plantas y animales; alteración de cuencas hídricas, contaminación del aire, generación de depósitos y residuos mineros, a eso le suma los posibles derrames de cianuro que contaminarían los ríos. Los impactos han sido anunciados por un sinnúmero de personas, medios de comunicación, entidades, ONGs y hasta diputados británicos que “han expresado su preocupación acerca de los daños ambientales y sociales que podrá ocasionar el proyecto minero La Colosa en Cajamarca”. Así lo hizo saber Ixent Galpin1, en un artículo publicado por La Silla Vacía en noviembre de 2011. Los posibles impactos ambientales habían sido la gran preocupación, hasta que el 21 de enero el diario regional El Nuevo Día publicó en su primera página la noticia que titulaba “Al Alcalde se le está creciendo el enano”, la noticia hacía referencia a Pueblo Nuevo, nombre que dieron los habitantes de un terreno perteneciente al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en donde 258 familias Cajamarcunas montaron sus cambuches de guadua y plástico, hicieron una cancha y varias letrinas en el lote baldío. Quienes allí habitaban, explican con claridad el fenómeno: se vieron obligados a invadir el terreno por las difíciles condiciones económicas generadas por la presencia de los megaproyectos, el costo de los arrendamientos se disparó desde la llegada de AngloGold Ashanti y el adelanto de proyectos viales como el túnel de la línea y la doble calzada. El incremento es de más del 100% en menos de dos años, una casa que ayer costaba $ 300.000 hoy puede costar más de $ 500.000; a los altos costos se suman las exigencias de los propietarios para alquilar, ya que prefieren arrendar a los empleados de AngloGold. Este es el primer gran problema que evidenció los impactos económicos y sociales. La problemática de Pueblo Nuevo fue tratada de manera singular por las autoridades del municipio. Desde un inicio la administración municipal fue clara, las 258 familias tenían que desalojar por las buenas o por las malas, se les amenazó con ser judicializadas, los menores de edad (que no eran pocos) serían retenidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de “restituir sus derechos” y las familias serían desalojadas por el escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD). Ante este panorama, las familias decidieron
firmar un acuerdo poco alentador, donde el alcalde destinó un monto de 50 millones de pesos para la compra de un lote para viviendas. Así se dio solución temporal e irrisoria a un problema de enormes magnitudes. El gobierno local no se pronuncia al respecto. En una entrevista que le concedió el alcalde Evelio Gómez Velasco al diario El Nuevo Día y publicado el 17 de enero titulado “La mina, la doble calzada y el túnel enterraron el pueblo” expresa lo siguiente: “Acá si el alcalde se opone o no se opone da lo mismo, la decisión la toma el Gobierno Nacional”. La política del gobierno nacional no es para nada alentadora, la locomotora minera parece imparable, “una minería competitiva y amigable con el medio ambiente” es su lema. En su artículo del 6 de febrero titulado “Nosotros no vamos a contaminar el agua, eso lo garantizamos: Anglogold Ashanti”, El Nuevo Día destaca que “Juan Manuel Santos fue claro en afirmar que la minería va de la mano del desarrollo y que se deben hacer foros en los que se expliquen lo que se pretende hacer en el Tolima”. Ixent Galpin en su artículo agrega un dato preocupante: En la República Democrática del Congo, AngloGold ha reconocido haber financiado al Frente Nacionalista e Integracionista, un grupo paramilitar, tras una denuncia de la ONG Human Rights Watch. La militarización desde la llegada de la multinacional al municipio de Cajamarca es alarmante, a eso hay que agregar las cámaras instaladas en los postes de luz y la presencia de vigilantes de empresas privadas. Los impactos ambientales son incalculables e irreversibles, en etapa de exploración ya la comunidad padece de los impactos económicos, la problemática social y política latente cada día se hace más visible y promete ser irrefrenable. Cajamarca está en peligro. No solo Cajamarca corre los riesgos de la megaminería, AngloGold Ashanti acumula 90 títulos en el Tolima, 220 mil hectáreas; al proyecto La Colosa le sigue La Colosa Regional, que tiene un área de 60 mil metros cuadrados y un potencial de reservas de oro muy superior a los 50 millones de onzas. Los municipios que harían parte del proyecto Colosa Regional son Anzoátegui, Ibagué, Cajamarca, Rovira, Roncesvalles, Chaparral, Rioblanco y Planadas. Además el corregimiento de Doima, ubicado en Piedras, está en la mira de la multinacional para el procesamiento del oro. Con esta situación, Cajamarca celebra sus 100 años de fundación ante un panorama escabroso, de nosotros depende que nuestros nietos no celebren 100 años de fundición y nuestros tataranietos 100 años de defunción de lo que hoy es la estrella de agua dulce. Ý 1 Investigador en la Escuela de Ciencias de Computación de la Universidad de Manchester, Reino Unido.
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