Informe Observatorio de Conictos Territoriales
TABLA DE CONTENIDO 1. Movilización social ........................................................(pág. 4) 2. Conflicto Armado ..........................................................(pág. 7) 3. Acuerdos de Paz e iniciativas .......................................(pág. 11) 4. Estado & Política ..........................................................(pág. 14) 5. Ordenamiento Territorial ...............................................(pág. 22)
Movilización Social Para esta línea se registró un total de 14 no cias a lo largo y ancho del país, que se refieren par cularmente a las regiones de An oquia, Cauca, Catatumbo, y Santander, y a los departamentos de Arauca y Amazonas, representados bajo la categoría de Contexto Nacional. Las formas de movilización social tradicionales se han mantenido durante la cuarentena, y una prueba de ello son las acciones de control territorial emprendidas por los líderes y lideresas en el departamento del Cauca, junto a las exigencias de sectores campesinos e indígenas de An oquia y Cauca por medidas que permitan enfrentar efec vamente la expansión del virus y el estancamiento económico atado a ella, estas acciones también han tenido presencia en las principales ciudades colombianas. La región de Catatumbo concentra la mayor can dad de no cias haciendo referencia a diferentes formas de respuesta de la sociedad civil y de integrantes del sector privado ante la crisis generada por el COVID-19. Dentro de las acciones de estas poblaciones se cuenta el uso de símbolos que se han conver do en un mecanismo generalizado para hacer un llamado de auxilio, como es el trapo rojo, y el cierre de vías en diferentes puntos de Cúcuta y Villa del Rosario. También incluyen el mantenimiento de acciones humanitarias desde organizaciones sociales dirigidas a poblaciones vulnerables como es el caso de las inicia vas de la Fundación Nueva Ilusión, focalizada en ayudar a población migrante venezolana, y la instalación del alumbrado de los si os de ubicación de carpas instaladas para afrontar el coronavirus. Si bien los repertorios de acción se ar culan en la coyuntura que nos atraviesa globalmente por la propagación del COVID-19, las reivindicaciones y exigencias detrás de ellos van más allá del momento que vivimos. Este es el caso de los pueblos ancestrales de la Amazonía, quienes denuncian el ingreso de actores que explotan los recursos minerales y madereros de forma ilegal en medio del aislamiento obligatorio. Lo mismo ocurre con las comunidades del Territorio campesino Agroalimenta o de Tame, Arauca, en donde los habitantes denuncian a los funcionarios de la empresa Parex siguen ingresando para extraer petróleo y ponen en riesgo al territorio y a la comunidad. Distribución de la línea general Dinámicas de Movilización por regiones
El Campesinado y las contradicciones del capitalismo
Conflicto Armado
Distribución de la línea general Con licto Armado por regiones 1% 2%
1%
8%
6%
Antioquia Catatumbo 20%
Cauca Cesar Contexto Nacional
27%
Magdalena Magdalena Medio Putumayo 33% 2%
sur de Bolívar
Situación de DDHH de los-las líderes sociales Luego del asesinato de Marco Rivadeneira en el departamento del Putumayo, el exterminio sistemá co a líderes y lideresas sociales en el suroccidente del país no se ha detenido, en medio del aislamiento preven vo obligatorio por el COVID-19. Tampoco han cesado las soluciones represivas, como la erradicación forzada y la militarización con aumento del pie de fuerza en otros territorios del país con presencia de cul vos de uso ilícito (CUI), dejando como saldo graves violaciones a los DDHH y asesinatos a campesinos cul vadores de coca y comunidades étnicas. En el bole n de marzo se informó que 11 líderes/as fueron asesinadas y 3 agredidos. Transcurrido un mes, esta cifra ha aumentado de manera crí ca, alcanzando los 394 asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz, 8 de ellos perpetrados en abril (hasta 26 de este mes): 1. Hamilton Gasca Ortega, miembro de la Asociación Sindical de Trabajadores Campesinos de Piamonte Asintracampic, filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria- Fensuagro, asesinado el 3 de abril en la vereda La Consolata, municipio de Piamonte (Cauca). 2. Teodomiro Sotelo Anacona, miembro del Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay del Proceso de Comunidades Negras-PCN y del Coordinador Nacional Nacional Agrario CNA, fue asesinado el 17 de abril en la vereda Betania del corregimiento de San Juan de Micay, municipio de El Tambo (Cauca). 3. Mario Chilhueso, presidente de la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agropecuarios -ASTCAP, asesinado el 19 de abril en la vereda Los Robles del municipio de Buenos Aires, norte del departamento del Cauca, región del Naya. 4. Hugo de Jesús Giraldo López, defensor de los derechos de las víc mas y reclamante de erras, miembro de ASTCAP y del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), asesinado el 22 de abril en la vereda San Pedro del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. 5. Jesús Albeiro Riascos y 6. Sabino Angulo, miembros del Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay y líderes de la vereda Agua Clara, fueron re rados a la fuerza de una asamblea comunitaria, donde precisamente se discu a la situación de riesgo de la comunidad; llegaron disidencias de las FARC quienes ordenaron sacarlos para luego asesinarlas a pocos metros del lugar, ubicado en el corregimiento de San Juan de Micay, zona limítrofe entre los municipios de Argelia, López y El Tambo. 6. Alejandro Llinás, fundador de la Junta de Acción Comunal de Calabazo, en zona rural de Santa Marta, asesinado el 23 de abril; en días anteriores había denunciado la re ac vación paramilitar en el sector. 7. Floro Samboní Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Loma Larga Bajo, asesinado el 25 de abril en el corregimiento Llacuanas, municipio de Almaguer (Cauca). Como se ve en el anterior recuento, la región del suroccidente, en par cular el departamento del Cauca, fue el foco de vic mización de líderes/as en el mes de abril. Esta situación no se distancia de la dinámica de violencia sostenida en el departamento desde la firma del Acuerdo de Paz, en donde 1 de cada 5 asesinatos de líderes/as se han perpetuado en este territorio. La crisis social y humanitaria en el departamento del Cauca, puede abordarse teniendo en cuenta tres elementos. El primero de ellos, es la condición geoestratégica del territorio en donde se encuentran estas comunidades, en relación con la disputa por el control de las economías asociadas al procesamiento de cul vos de uso ilícito y, la presencia meramente militar del Estado que se muestra incapaz para resolver las necesidades y complejidades del territorio, lo cual ha permi do el fortalecimiento de actores armados asociados al narcotráfico, grupos paramilitares o cárteles transnacionales.
(1) https://www.contagioradio.com/tres-diferencias-entre-disidencias-de-farc-recorriendo-las-guerras-en-colombia/?fbclid=IwAR3FuDtg2zXjDv0kajeWoQplcN-wj_psluu-iLlCABW_O0gqBI7Y_5mUDZI
Acuerdos e iniciativas de Paz
Distribución de la línea general Implementación e iniciativas de paz por regiones
Las mujeres en Colombia y los trabajos de cuidado LOQUELAPANDEMIAHAPROFUNDIZADOYLOSRETOSQUESUPONE
Estado & Política Catatumbo: 1. En lo referente a polí cas económicas, los buyanos se oponen a los intereses de reac vación de las industrias de palma y petróleo, y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo denuncia el despido de 500 trabajadores. 2. A la preocupación por la especulación de precios de alimentos, se suma la preocupación de las autoridades locales de los municipios PDET por la falta de apoyos gubernamentales para brindar ayudas humanitarias pues son las autoridades locales quienes han asumido esa labor como ejemplifica la entrega de 16.000 ayudas alimentarias en Pamplona y Ocaña por parte del Gobernador. Contexto Nacional: 1. Mediante el 'Plan Padrino', promovido por el Ministerio de Educación, 30 ins tuciones universitarias han compar do capacidades y experiencias con otras 96 ins tuciones para impulsar el uso y apropiación de TIC durante la cuarentena. 2. Ante la caída internacional del precio del petróleo se manifiesta preocupación generalizada por los ingresos que aporte Ecopetrol al Sistema General de Regalías para la inversión nacional, pero expertos de la Universidad Javeriana aclaran que los ingresos recaudados por la Dirección Nacional de Impuestos Nacionales representan un porcentaje mayor de ese presupuesto de inversión, por lo que ello no tendría porque afectar los dineros des nados desde el gobierno nacional hacia los territorios. Santander: 1. La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo exige a Ecopetrol medidas de seguridad acordes a la coyuntura actual tras la muerte de un ac vista y operador. 2. Por inconsistencias en la firma de contratos por $325 millones llaman a audiencia de juzgamiento disciplinario a la alcaldesa de Socorro, Claudia Porras Rodríguez. 3. El Juzgado Civil Municipal No. 23 ordenó a las autoridades de Bucaramanga y Santander adecuar albergues transitorios para los y las habitantes de calle, garan zando que estos espacios cuenten con las medidas de seguridad y los cuidados de aislamientos acordes a lo establecido el gobierno nacional. Distribución de la línea general Dinámicas de Estado & Política por regiones
Salud en Territorios Rurales La emergencia sanitaria fue declarada en el país desde el 12 de marzo de 2020, a raíz del desborde de nuevos casos de una enfermedad causada por un virus llamado SARS- CoV2, más conocida como COVID-19, y que llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar la pandemia desde el 11 de marzo de 2020. La pandemia reta nuestros actuales sistemas de salud, y la forma como están organizadas nuestras sociedades. Debido a esta circunstancia especial, es preciso recordar una frase de Héctor Abad Gómez, médico de la Universidad de An oquia, quien fue asesinado víc ma del conflicto armado, que aún no termina, en la época de la guerra contra el Cartel de Medellín: “Una sociedad humana que aspira a ser justa ene que suministrar las mismas oportunidades de ambiente sico, cultural y social a todos sus componentes. Si no lo hace estará creando desigualdades ar ficiales. Son muy dis ntos los ambientes sicos, culturales y sociales en que nacen, por ejemplo, los niños de los ricos y los niños de los pobres en Colombia”. Estas condiciones, descritas desde hace décadas en el país siguen presentes, por esto las consecuencias de esta emergencia serán diferentes dependiendo de las poblaciones a quienes afecte, siendo muy probable que sean más fuertes en aquellas personas que entran en desigualdad de condiciones a padecer la enfermedad. Por ejemplo, si se habla sólo de las estadís cas reportadas por las ins tuciones del Estado, y se le compara con otros países se encuentra lo siguiente:
Imagen 3. GASTO EN SALUD Y PRINCIPALES COMPONENTES PERÍODO 2012-2016 Consultado el 19 de abril de 2020 en Así Vamos en Salud: https://www.asivamosensalud.org/indicadores/financia miento/gasto -en-salud-y-principales componentes -periodo-2012-2016
Imagen 4. Gasto Total en Salud Pública, 2012 -201 en Estructura del gasto en Salud Pública en Colombia consultado el 19 de abril de 2020 en https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/estructura -gasto-saludpublica-colombia.pdf
Analizando la imagen anterior, es posible señalar que el presupuesto que se maneja es considerable, sin embargo este debe ser distribuido en atender el manejo de brotes y epidemias, la búsqueda y atención de enfermedades de interés en salud pública como Malaria, Dengue (que en este momento se encuentra en uno de los peores brotes de los úl mos 10 años), Sarampión, Desnutrición Crónica, mortalidad materna y perinatal, los programas de vacunación PAI, enfermedades parasitarias, enfermedades propias de la infancia, las acciones extramurales conocidas como “brigadas”, entre otras, que son de importancia para la comunidad y no para el sistema de aseguramiento con intermediarias como las EPS. Sin embargo, el presupuesto mayor se lo llevan otras áreas del sector (ver imagen 5)
Imagen 5. Universo de prestaciones en salud en el marco del SGSSS, 2016 en Estructura del gasto en Salud Pública en Colombia. Cons ultado el 19 de abril de 2020 en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/estructura -gasto-salud-publicacolombia.pdf
Ese sistema de aseguramiento (ver imagen 6), que u liza gran porcentaje del presupuesto público para funcionar, es además el que deberá encargarse de la búsqueda y atención de pacientes con síntomas sospechosos de COVID-19 en el país y el que seguirá recibiendo el presupuesto adicional que se invierta en el manejo de esta emergencia sanitaria, realizando una intermediación entre el Estado y los ciudadanos bajo la lógica del mercado.
Imagen 6. Aseguramiento. Consultado en Así Vamos en Salud el 19 de abril https://www.asivamosensalud.org/indicadores/aseguramiento/aseguramiento -georeferenciado
de
2020
en
Imagen 6. Reporte de Camas Hospitalarias en Colombia 2017. Consultado el 19 de Abril de 2020 de https://www.datos.gov.co/Salud -y-Protecci-n-Social/Camas -Hospitalarias-en-Colombia-2017/a5mf-3v9a
Imagen 7. ¿Cuántas camas de Cuidado Intensivo para adultos hay en cada departamento?. Consultado el 19 de abril de 2020 de EL TIEMPO en https://www.eltiempo.com/datos/total -de-camas-de-cuidado-intensivo -en-colombia-478076
Gráfico 1. Curva de casos positivos acumulados (contagio) de COVID -19 por área urbana (capitales de los 32 departamentos y distritos especiales) y municipal de acuerdo a datos reportados por el Instituto Nacional de Salud de Colombia a fecha de corte 15 de abril de 2020.
Gráfico 2. Casos diarios reportados como positivos de COVID -19 por área urbana (capitales de los 32 departamentos y distritos especiales) y municipal de acuerdo a datos reportados por el Instituto Nacional de Salud de Colombia a fecha de corte 15 de abril de 2020.
Es así como, de seguirse presentando un aumento de casos en los municipios pequeños y áreas rurales en el país, el panorama podría cambiar a uno más desfavorable dada la desigualdad que presentan estos territorios del país no sólo en materia de salud como lo hemos visto, sino también en educación, en recursos económicos, en vivienda digna, en tenencia y distribución de la erra, en la demora de una reforma rural integral, en el acceso a vías, el accesos a alimentación y al disfrute de la soberanía alimentaria, en la vivencia de violencia y conflicto armado constante que socava la dignidad humana, la desprotección de los líderes y las lideresas sociales, en el confinamiento de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes por grupos armados, en el reemplazo de cul vos alimentarios por cul vos de coca, en el desplazamiento forzado, y un sin n de condiciones que también representan un problema de salud pública y colec va antes, durante y después de esta emergencia sanitaria.
Gráfico 3. Fecha de inicio de los síntomas reportados como positivos de COVID-19 por área urbana (capitales de los 32 departamentos y distritos especiales) y municipal de acuerdo a datos reportados por el Instituto Nacional de Salud de Colombia a fecha de corte 15 de abril de 2020.
Ordenamiento Territorial
DistribuciĂłn de la lĂnea general Ordenamiento Territorial por regiones
¿y entonces, qué hacemos con los PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL?
De acuerdo con la columna de opinión de Daniel Mera Villamizar (27 de abril, 2020) en el Espectador.com, la Federación de Departamentos realizó una solicitud formal ante el Departamento Nacional de Planeación -DNP, para que se ampliaran los tiempos para la elaboración y aprobación de los PDT. Esta solicitud, se basó en los siguientes aspectos: 1. 2. 3. 4.
“Las socializaciones virtuales con las comunidades no funcionan. Los temas presupuestales ya no son los mismos. Las consultas a grupos poblacionales están afectadas. Las metas deben ser modificadas por ejes estratégicos y sectores.” (Mera Villamizar, 2020)
En sesión virtual de la Comisión de Ordenamiento Territorial el primero de abril, el director del DNP aseguró que la modificación normativa para garantizar la ampliación de tiempos de presentación de los Planes era una prioridad del gobierno nacional. “El ocho de abril le mandó (el director del DNP) al representante a la Cámara, Jairo Cristancho, un oficio efectivamente jurídico para decir que se mantienen los plazos” (Mera Villamizar, 2020), es decir que sigue siendo la fecha del 31 de mayo el límite para la aprobación de los Planes de Desarrollo de los municipios y los departamentos. El concepto del DNP además asegura que, “es pertinente recordar los tiempos y procesos que deben cumplir las administraciones territoriales para su formulación. Posteriormente, deben hacer los ajustes pertinentes, de acuerdo con los conceptos emitidos por los Consejos Territoriales de Planeación y, por tanto, incluir aquellos programas necesarios para garantizar la prestación de servicios en el ámbito de sus competencias” (elespectador.com, 2020). La postura del gobierno nacional se reduce a que los Planes se entreguen en el tiempo establecido y sí es el caso, se modifiquen posteriormente. Esto es claramente una falencia enorme en la planeación territorial del país. Lo anterior se suma a la necesidad urgente, de las gobernaciones y alcaldías, de actualizar el Plan de acción presupuestal del año en curso (2020) para atender las necesidades sociales y económicas generadas por el aislamiento y la pandemia, lo que debe verse representado en la formulación de los PDT. Por último, “los gobernadores creen que los inconvenientes presentados con los Consejos Territoriales de Planeación -CTP, a causa de las restricciones derivadas del decreto, no podrán expedir el concepto en los tiempos estipulados” (larepublica.co, 2020) y si se reconoce que los CTP son la instancia máxima de participación de los actores territoriales, estos planes quedarían ausentes de participación social y gremial. Ante la incertidumbre y la incapacidad gubernamental de construir alternativas administrativas ante este problema, los departamentos vienen desarrollando iniciativas que se basan en la conectividad de la población. Tal es el caso del departamento de Caldas, por citar un ejemplo, en donde “la Secretaría de Planeación creó una herramienta que reúne las 2 mil 54 propuestas priorizadas después de las asambleas comunales participativas realizadas en los 27 municipios de Caldas para la construcción del Plan de Desarrollo” (eje21.com.co, 2020). De acuerdo con la encuesta sobre acceso a las tecnologías de la información realizada por el DANE (2018), en Caldas un 0.9% de los hogares rurales tiene acceso a internet, por lo que esta estrategia de construcción del PDT, estaría excluyendo al 99,1% de familias campesinas que habitan en el departamento. Es decir, estas estrategias agudizan la condición histórica de exclusión y segregación de las comunidades rurales. SIN PARTICIPACIÓN, NO HAY DEMOCRACIA Aunque el modelo de participación establecido en el marco del protocolo de formulación de los Planes de Desarrollo, definido por el Departamento Nacional de Planeación, no encarna las necesidades de las comunidades, ni de las organizaciones sociales, comunitarias y políticas del país, es urgente establecer rutas efectivas y democráticas que permitan la inclusión de las visiones organizativas sobre el territorio y el desarrollo. Por ejemplo, se hace urgente la inclusión de las visiones que las organizaciones campesinas han venido construyendo sobre la permanencia y defensa del territorio y el reconocimiento político del campesinado en los distintos ejercicios territoriales de formulación de Planes de Desarrollo. Por otro lado, el escenario actual no solo tiene que ver con la crisis generada por la pandemia. El modelo de desarrollo inhumano, basado en la explotación del territorio y en la acumulación desmedida de los grandes capitales, así como el avance de la guerra y la militarización de los territorios, ha impedido históricamente la participación real de las comunidades, sus organizaciones sociales y políticas.