Itei impone sanción a funcionaria de Tomatlán

LAURO RODRÍGUEZ

GUADALAJARA

El pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) aprobó cuatro amonestaciones públicas para Adilene Sandoval Rodríguez, funcionaria de Tomatlán.

En su carácter de titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tomatlán tuvo dos amonestaciones por no publicar la plantilla de personal certificada por el secretario del ayuntamiento, contratos laborales de personal de nuevo ingreso (administración 2021-2024) en su versión pública y firmados por el empleado y certificados por el secretario del ayuntamiento, así como partidas presupuestales y nombramientos de personal de confianza y base otorgados en la presente administración.

Las otras dos fueron en su carácter de titular de la Unidad de Transparencia del DIF Municipal de Tomatlán y se le impusieron por no presentar información correspondiente a compras con costo y proveedores realizadas en materia de obra pública, servicios varios, viáticos, hospedaje y combustible en lo que corresponde a la administración actual, así como información de nómina de empleados del DIF Tomatlán del periodo de octubre de 2022. La funcionaria también negó la entrega del informe financiero de las actividades de octubre de 2021 a noviembre de 2022, padrón de beneficiarios, reglas de operación y gastos de actividades, y parque vehicular.

Entre 2018 y 2019 el 30 por ciento de los presuntos delincuentes que fueron detenidos en Jalisco lograron su libertad no porque no fueran culpables del delito que se les imputó, sino porque su arresto fue ilegal.

Así lo evidenció World Justice Project (WJP) en su reciente investigación ¿Qué (no) es la puerta giratoria? Mitos, metáforas y evidencia, publicada esta semana.

La organización realizó solicitudes de información vía transparencia a los poderes judiciales locales de las 32 entidades federativas y encontró que en ambos años Jalisco lideró a nivel nacional en detenciones ilegales.

Que un juez declare en una audiencia de control que una detención fue ilegal significa que el presunto delincuente debe quedar en libertad, independientemente de si la Fiscalía tiene o no argumentos para declararlo culpable.

Un factor clave para que una detención sea declarada ilegal es que los ministerios públicos no acepten en tiempo y forma la denuncia o puesta a disposición de un presunto delincuente arrestado. Aunque saben que es ilegal, es una práctica frecuente dada la saturación que tienen las de- pendencias, según reconoció para WJP el director general del Instituto de Justicia Alternativa (IJA), Guillermo Zepeda Lecuona. “La liberación de las personas detenidas ocurre principalmente en el primer contacto con el Ministerio Público, quien rechaza o batea al detenido discrecionalmente, llevando ineludiblemente a su liberación. Esta negativa de servicio implica que la detención no trasciende ni impulsa el inicio de una investigación, ni tampoco de una carpeta de investigación, es decir, ‘no existe ni siquiera el caso estadísticamente’, tal y como lo describió Guillermo Zepeda”, apunta WJP.

SIN CONTINUIDAD. Generalmente no se da seguimiento a las indagatorias ante liberaciones de detenidos.

LES VALE La organización alertó que en muchas ocasiones el Ministerio Público detecta irregularidades en los procesos de detención, pero evade señalar las ilegalidades para que un juez lo haga.

4,663 METROS CUADRADOS FEDERALES

Conagua recupera zona invadida en lago de Chapala

LAURO RODRÍGUEZ GUADALAJARA

La delegación Jalisco de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) logró recuperar 4 mil 663 metros cuadrados (m2) de zona federal invadida por particulares en el lago de Chapala.

“En cumplimiento a una orden judicial, personal del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP) de la Conagua y la Fiscalía General de la República (FGR) de Ocotlán llevaron a cabo la recuperación de más de 4 mil 663 metros cuadrados de zona federal colindante al lago de Chapala que de manera ilegal era ocupada por particulares”, precisó la dependencia federal. El sitio se destinaba a la ganadería y estaba cercado con alambre.

La Conagua añadió que hay otros procesos judiciales abiertos para recuperar más hectáreas.

“La zona estaba alambrada y se tenía ganado ocupando el sitio. Hay más hectáreas invadidas y se están llevando a cabo los procedimientos correspondientes. Se siguen recibiendo denuncias e inspecciones por parte del personal autorizado”.

“Existe una aversión de las fiscalías y procuradurías por liberar a los posibles imputados, incluso cuando su detención, a todas luces, haya sido ilegal. Por este motivo, se observa que algunos fiscales llevan ante el juez de control casos que, de antemano, no son sostenibles. Para algunos fiscales es preferible trasladarles a los jueces la responsabilidad de estas liberaciones, sin duda, impopulares ante la sociedad”, añade el estudio. WJP concluyó que ante la liberación de imputados tras detenciones anómalas las fiscalías deben continuar con las investigaciones, requerir al juez una orden de reaprehensión y seguir con los procesos; sin embargo, 79 por ciento de los especialistas consultados por la organización coincidió en que no se da seguimiento a las investigaciones. Además, 62 por ciento opinó que este actuar de las autoridades desincentiva la denuncia.

Sólo a cuatro de cada 10 aspirantes a ingresar a una carrera del nivel superior admitió la Universidad de Guadalajara para el ciclo escolar 2023-B. Si bien el cupo en las casas públicas de estudios sigue siendo un problema nacional, la cifra de quienes ingresan continúa siendo baja si se considera que no llega ni a la mitad. Que aumentaron en 750 los nuevos espacios en comparación con el calendario 2022-B sin duda que ayuda. Sin embargo, no soluciona de fondo un problema complejo y trascendente. Una de las posibles alternativas, de las cuales se tiene experiencia en las universidades públicas, va encaminada a incentivar las modalidades virtuales y mixtas de educación, con sus pros y sus contras. Sin duda que la pandemia de Covid-19 y la reclusión de los alumnos para aprender desde sus hogares dejó mucha experiencia a retomar, actualizar y perfeccionar. Los expertos tienen la palabra.

World Justice Project evidenció cómo el sistema de justicia en Jalisco es el mejor, pero para detener de forma ilegal a los presuntos delincuentes.

En el estado 30 por ciento de las detenciones se da en medio de irregularidades y la consecuencia es que el detenido debe quedar en libertad, independientemente de si es o no culpable de lo que se le imputa. Esto provoca que la gente tenga menos confianza en denunciar y, una de sus causas, es la sobre carga laboral de los ministerios públicos. ¿Qué hacen las autoridades ante esto? Que sepamos, nada.

A cuatro años de la creación de la Policía Metropolitana parece ser que la corporación se convirtió en todo un dogma de fe; algo así como “se dice que existe, pero nadie la ha visto”. Y es que ayer, al cumplirse el cuarto aniversario de este proyecto de corporación policiaca, impulsado por el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, aprovechó la ocasión para presumir datos, sus datos, en torno a la baja en índices delictivos tan solo por la “presencia” de dicha Policía.

Quesque bajaron los delitos 61.7 por ciento. Y que la gente, afirmó, bajó en su percepción de inseguridad 6.7 por ciento. La realidad es otra, opinaron ciudadanos, quienes, en un rápido sondeo, de 10 consultados, nueve ni siquiera sabían que la Policía Metropolitana existe, mucho menos pensar que la hayan visto en la calle. El ejercicio es fácil: usted, ¿la ha visto circular como tal?

“Siempre ha habido el riesgo de intromisión del narco en las elecciones y cada partido debe ser responsable de eso”, reconoció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al ser cuestionado sobre si habrá o no una mesa para garantizar la seguridad en los próximos comicios de 2024.

La cosa es que los partidos no hablan del tema, más que en cortito. Hay municipios en donde grupos delictivos están atentos a la selección de los candidatos y el financiamiento de las campañas para garantizar sus intereses ilícitos. Un caso paradigmático de la “intromisión”, no reconocida oficialmente, es el municipio Jilotlán de los Dolores, donde ya no se organizaron nuevas elecciones.

También las autoridades federales tendrían que mantener ojo escudriñador. Las redes de los malandros mueven hasta a quienes menos se sospecha.

La población de la ribera de Chapala ha denunciado en distintas ocasiones la invasión de la zona federal para ejecutar varios proyectos, entre ellos varios inmobiliarios. De hecho, colectivos de activistas tomaron acción y derribaron mallas ciclónicas de áreas invadidas.

OTRO FIN. El lugar recuperado se destinaba a la ganadería y estaba cercado con alambre.

Ahora que la criba de superar las 150 firmas dejó solo a cuatro prefinalistas para coordinar al opositor Frente Amplio por México, Guadalajara será una de las ciudades que a finales de agosto visitarán los cuatro nombrados ayer: la senadora Xóchitl Gálvez, el diputado federal Santiago Creel, la senadora Beatriz Paredes Rangel y Enrique de la Madrid Por lo pronto quedaron dos panistas y dos priístas. El PRD hará proselitismo para tricolores y blanquiazules . Otro síntoma de su debacle.