Cabildo Abierto Nº78

Cabildo Abierto

reviSta de aNÁliSiS PolítiCo

Nº 78

mAYo 2015 PUNo S/. 0.50 liMa S/. 1.00 Bolivia Bs 2.00

Gobernar no es cuestión de suerte

histórica sentencia en aymara

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David Sucacahua: “El alcalde de Juliaca no tiene equipo” PÁG. 4

Gobierno de humala debilita la Asamblea Comunal PÁG. 16

2 sucedió en la región

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Protestas y propuestas ocuparon las primeras planas Como en muchas otras regiones del país, también en Puno se expresó, durante las últimas semanas, la preocupación de la población y de algunas autoridades por el medio ambiente. También el ex presidente del Frente de Defensa de Recursos Naturales de la zona Sur, Walter Aduviri, volvió a los titulares.

Fiscal pide prisión para Walter Aduviri por “aymarazo”

Preparan estrategia binacional de lucha contra actividades dañinas para la naturaleza

17 de abril. La expulsión de Bolivia de nueve efectivos policiales peruanos que cruzaron la frontera siguiendo a mineros de ese país, ha acelerado la aprobación de un plan, cuyo objetivo es controlar la minería ilegal en la frontera.

Como se recordará, los miembros de la Policía Nacional del Perú llegaron a tierras vecinas en su afán de atrapar a quienes, además de sacar del país el rico mineral, contaminan la cuenca del río Suches (Cojata-Huancané).

Con dicha finalidad, fue instalada la Mesa de Trabajo de Control y Seguridad de la Comisión Técnica Binacional Perú Boliviana del Río Suches, que estuvo conformada por representantes de los ministerios de Defensa, Energía y Minas, Relaciones Exteriores y Ambiente, entre otros. El grupo de trabajo estuvo encabezado por el alto comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental de la PCM, Antonio Fernández Jerí, quien sucedió en el cargo a Daniel Urresti.

13 de mayo. El fiscal provincial Juan Monzón Mamani ratificó su pedido de 25 a 30 años de cárcel para el ex dirigente aymara Walter Aduviri y para otros 18 involucrados en el denominado “aymarazo”, que tuvo lugar en mayo del 2011. La violencia que se desató entonces llegó a su punto máximo, cuando los almacenes de Aduanas Puno fueron saqueados e incendiados.

También sufrieron serios daños las instalaciones de la Gobernación y la Contraloría.

Solidaridad puneñoarequipeña frente a conflicto Tía MAría

13 y 14 de mayo. Grupo de pobladores se movilizaron por las calles céntricas de la ciudad de Puno, en respaldo a los agricultores de la provincia arequipeña de Islay, quienes se oponen a la puesta en marcha del proyecto Tía María. Según manifestó el presidente del Frente Regional por la Defensa de la Tierra y Territorio, Rufino Machaca, la solidaridad con los agricultores del valle del Tambo se debe a que en dicha zona reside una gran cantidad de pune-

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La urgencia de una gestión regional consistente

E

l 2015 iniciamos la cuarta gestión regional elegida por voto popular. Ya no hay, pues, justificación alguna para repetir la letanía anti centralista que decía “el gobierno central es el causante del atraso de Puno, al colocar autoridades que no conocen la región y que solo hacen caso a lo que se dicta desde Lima”. Luego de cuatro elecciones, los ciudadanos y ciudadanas somos responsables de las actuales autoridades que se encuentran al frente del mal llamado “gobierno regional”, ya que, en realidad, seguimos siendo un departamento.

Desde enero del 2003, han gobernado tres autoridades elegidas por el pueblo, que han administrado la suma de 25,677 millones de Nuevos Soles. Resulta razonable, pues, dar una mirada retrospectiva y observar lo que se ha logrado. Sin embargo, seguimos con los lamentos, aunque ahora estos se refieren a las autoridades salientes. Así, cuando escuchamos el informe de los cien primeros días de la gestión de Juan Luque, lo que se nos dio a conocer fueron el desorden y los presuntos actos de corrupción de la gestión del ex mandatario regional, Mauricio Rodriguez, con las consiguientes denuncias penales, que se suman a las que se vienen ventilando aún contra Hernán Fuentes y David Jiménez, así como contra sus funcionarios.

Lo más grave es que va quedando claro que el actual gobernador regional no conoce ni maneja los indicadores con los que va a medir el resultado de su gestión, de modo que sería conveniente que precisara no solo qué obras que va a realizar, sino también qué impacto busca conseguir en los indicadores de pobreza, desarrollo humano, desnutrición y anemia, analfabetismo, ingreso per cápita, entre otros, ya que el objetivo de un gobierno no es la construcción, sino el bienestar de las personas. A esto se debe agregar que es necesario que se tome en cuenta el Plan de Desarrollo Regional Concertado, PDRC, al 2021, que fue aprobado y publicado el año 2014, así como la información acumulada de años anteriores en la gestión regional.

Monzón Mamani aseguró que logrará una condena en contra de los acusados, pues “los hechos no deben quedar impunes”. Asimismo, confirmó que su acusación se fundamenta y ampara en los videos y las fotografías publicadas por los medios de comunicación locales que registraron los incidentes, en el transcurso de las protestas.

El próximo 3 de junio se llevará a cabo la audiencia que corresponde a la fase de control de acusación y que, según explicó Monzón, será fundamental para identificar a los responsables de lo ocurrido.

editorial 3

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ños. Ellos han sido acogidos en el lugar porque los tambeños también se identifican con la problemática puneña, como es la lucha aymara contra la minera Santa Ana. Representantes de diversas organizaciones sociales de Juliaca y Puno, así como ciudadanos de a pie, se concentraron en la Plaza de Armas, respondiendo a una convocatoria de dirigentes de las llamadas “Cuatro Zonas” y grupos antimineros de la zona norte de Puno. Durante la marcha pudo verse a dirigentes como Pablo Salas Charca, José Sucari y Jeanette Zea, así como a alumnos del Instituto Superior Tecnológico Manuel Núñez.

Para dar un giro a su recién iniciada gestión, el gobernador regional no está solo; tiene a un importante grupo de asesores pagados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, a los gerentes y a los consejeros regionales, cuyas labores legislativa y fiscalizadora todavía no se dejan sentir. Por ello, desde Cabildo Abierto hacemos un llamado a que las autoridades regionales trabajen de manera más integrada, generando políticas coherentes para el desarrollo regional. Puno se lo merece.

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maYo 2015

Presidente Asociación SER Roger Agüero Pittman Comité editorial Zenón Choquehuanca Rodríguez Patricia Quiñones Pareja Soledad Rosario Director Javier Torres Seoane

Editora Mariella Checa Mendiburu

Fotografía Asociación SER

Reporteros/as Gilmer Inquilla

Distribución, ventas y publicidad

Columnistas Ana María Pino, Eland Vera, Patricia Quiñones Colaboradores Nicanor Domínguez, Ramón Pajuelo, Américo Arizaca Ávalos Impresión / Diagramación Giacomotti Comunicación Gráfica S.A.C.

Puno: Shaida Ramos 051 364996 / 995053971

Lima: Jr. Mayta Capac 1329 Jesús María - Telef: 01 472 7937 www.ser.org.pe

Lima: Rosario Arevalo 01 4727937 - 995053868

Puno: Jr. Deustua 227 – Interior Telef: 051 364996  Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2012- 16062

Cabildo Abierto es una publicación de la Asociación SER.

Las opiniones expresadas en los artículos firmados no representan necesariamente la posición editorial de la revista.

4 entrevista

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“El actual alcalde, Oswaldo Marín, no tiene equipo” Gilmer Inquilla

En las elecciones del año pasado a la alcaldía de la provincia de San Román, David Sucacahua, candidato del movimiento Poder Democrático Regional (PDR), ocupó el segundo lugar. En las siguientes líneas, dialoga con Cabildo Abierto y hace un balance de los primeros meses de gestión de su otrora contendor, el igualmente periodista Oswaldo Marín.

El ahora político ejerció el periodismo durante 25 años.

Asegura que dicha actividad le permitió conocer la realidad y comprometerse con su mejoramiento.

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escuchado. Solamente sé que está haciendo una planta recicladora de residuos sólidos, nada más, porque lo que se requiere realmente es una planta de tratamiento especial.

Se han denunciado actos de corrupción en la gestión del ex alcalde David Mamani. ¿Cree que se le da impulso a las investigaciones?

Hasta el momento no dice qué hay. El día que dio a conocer su informe por los cien días, dijo que hay 23 procesos, pero lo dijo genéricamente. Me parece que no se han terminado obras, no se han hecho muchas cosas, no hay mejoras en la ciudad.

¿En la actual gestión hay diálogo o, por el contrario, se hace un trabajo a puerta cerrada?

La verdad no sé si está dialogando. Si los comerciantes y los transportistas han hecho un paro, parece que no están conversando. Hay que prestar atención a los comerciantes, porque la ciudad de Juliaca es eminentemente comercial, es una ciudad de negocios.

Pienso que debe conversar. ¿Dónde se les va a ubicar? ¿Qué es lo que se va hacer? No se le escucha. Esa es la verdad.

¿Continuará Ud. en el PDR? ¿Cuál será su futuro inmediato?

Yo he sido invitado por el PDR. Voy a seguir en la política.

¿No existe la posibilidad de que conforme su propia agrupación?

¿

Cómo evalúa los primeros meses de la actual gestión edil?

Personalmente, creo que le falta mucho. El actual alcalde, Oswaldo Marín, no tiene equipo. No nos ha convencido su informe de los cien días y ahí está el resultado: Ya ha destituido, a pedido de los dirigentes y de la población, a su gerente de Infraestructura, Miriam Aparicio. Es la primera a quien ha tenido que sacar de su gestión, porque no estaba respondiendo.

Ese es el problema.

Para muchos no fueron satisfactorias sus explicaciones sobre la obra para el drenaje de Juliaca…

El alcalde del municipio es el responsable, él debe exigir. Es cierto que hay una empresa que ejecutó y una compa-

ñía supervisora, pero ¿quién debe ver?

El municipio tiene profesionales. De todas maneras, como municipio, soy el interesado.

Ahora, al alcalde se le ha visto junto al personal de limpieza recogiendo basura, ¿qué le ha parecido el gesto?

Aquí tiene que hacer un trabajo integral. Él ha ido a recoger figurativamente, para decir que está ahí, pero lo hacía en un lugar y en el otro lado está acumulada la basura. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Debe hacer un trabajo integral y real, como requiere la población.

También se habló de un “Plan Zanahoria”…

Hasta el momento no se ha visto nada del famoso “Plan Zanahoria” que ha

anunciado. Ahora sigue y sigue anunciándolo, como también lo hace en su informe, pero hasta ahora no hay nada.

No sé cuál es el criterio del que ha partido. Lo cierto es que hay problemas al respecto. Creo que en Juliaca, el 95% de locales nocturnos no tiene licencia.

Entonces, lo concreto es que hasta el momento no hay nada de lo que ha anunciado.

¿Y cómo ve la contaminación que la ciudad de Juliaca genera en el río Coata?

Creo que la contaminación es fuerte, en honor a la verdad. ¿De dónde son las aguas servidas? Entonces pienso, me imagino, que tiene un plan de gobierno para construir una planta; ya no la que tenemos, sino una de acuerdo a lo que dicta la modernidad. No sé cómo lo habrá considerado, no lo he

entrevista 5

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Sí es posible. Eso tenemos que discutirlo en una plenaria que tendremos el mes de junio. Ahí lo vamos a definir.

Dependerá mucho de esa reunión. Somos un grupo humano cuyos integrantes trabajamos a nivel de las provincias, incluso, y hay mayor acercamiento con otras provincias. Va a depender de la plenaria.

¿Pero cuando candidateó tuvo algún condicionamiento como para querer irse del PDR? No. El doctor Alberto Quintanilla (líder del PDR) me parece un buen político. Nunca hemos tenido ningún problema. Hemos conversado y dialogado.

No tenemos ningún problema.

¿Ha evaluado la posibilidad de candidatear al Congreso de la República?

Primero quiero servir a mi tierra, a la tierra que me ha visto nacer. Todavía quiero cambiar Juliaca.

Sucacahua no descarta la posibilidad de conformar su propia agrupación política, aunque ya ha sido invitado a continuar representando al PDR.

Lo concreto es que hasta el momento no hay nada de lo que ha anunciado…

vés del periodismo uno conoce diferentes zonas, a nivel de la región. Eso ha hecho que yo intente llegar al municipio, porque veo, como hombre de prensa, la realidad que viven los barrios, las urbanizaciones y los pueblos, y me veo atado de manos. Eso es lo que me ha impulsado a ser candidato, a querer servir a mi tierra.

¿Cuál es el principal problema que la actual gestión debe resolver?

Pero ser periodista no garantiza un buen gobierno…

El tema de saneamiento en los barrios y urbanizaciones. Más del 50% no tiene agua ni desagüe. Solo los del centro de la ciudad tienen, los demás no, y son servicios que necesitan mucho. Es un tema muy delicado.

Sí, pues. Lamentablemente, la mayoría de los hombres de prensa han sido solo de carpeta. En el caso mío, me llama la gente; a las dos, tres de la madrugada, y yo estoy parado en el barrio, en esa urbanización. Por ejemplo, al actual alcalde nunca lo he visto yo en un barrio, una urbanización o en una comunidad, cosa que es muy distinta en mi caso. Yo sí voy a la comunidad, al barrio. Estoy paradito, te repito: Una, dos, tres de la mañana. Estoy paradito, no me interesa el horario.

¿Fue el periodismo, la profesión que lo catapultó como candidato? ¿Cuánto tiempo lo ejerció?

Más de 25 años, pero, por otro lado, tengo unas empresas pequeñas. A tra-

A decir de David Sucacahua, el trabajo de Oswaldo Marín debe ser integral, para poder satisfacer las demandas de la población.

6 Análisis editorial político regional

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Nueva gestión regional: Sólo promesas Zenón Choquehuanca

Juan Luque se comprometió a gobernar con las trece provincias y los 109 distritos, para lograr una región competitiva; anunció la implementación de un comité de vigilancia para un gobierno “más” transparente, y ratificó la realización de proyectos de infraestructura vial y de apoyo a la ganadería, agricultura, micro y pequeña empresa, salud y educación.

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Precisamente, la razón que llevó al gobernador regional a despedir a un grupo de asesores fue que en tres meses, no pudieron demostrar capacidad para ejercer los cargos conferidos ni compromiso con la gestión. El mismo PNUD observó a cinco de ellos porque no cumplían con los requisitos exigidos para ocupar las posiciones que ostentaban.

LAS INVERSIONES

En sus primeros cien días de gestión, el GR Puno ha ejecutado el 4.3% de su PIM, atendiendo 83 de los 241 proyectos de inversión pública que tiene en cartera, con una inversión promedio 99,928.36 de Nuevos Soles por proyecto.

Estos datos llaman la atención, pues se trata de una gran cantidad de pequeños proyectos, que deberían ser atendidos y transferidos a los gobiernos locales, para que así, el GR pudiera concentrarse en las grandes obras estratégicas para el desarrollo regional.

Uno de estos proyectos grandes en Puno es el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Juliaca, que desde dos gestiones atrás, se halla paralizado, no precisamente por falta de presupuesto, sino por los vicios que se han dado en los procesos de licitación e inicio de ejecución de obra.

La actual gestión ha retomado el trabajo y viene procurando llegar a un acuerdo con el Consorcio Ortiz, encargado en la ejecución del proyecto. Sin embargo, retomar la obra significa actuar de acuerdo a los términos del contrato firmado y transparentar los puntos de controversia.

L

o clásico en las nuevas autoridades es denunciar que sus antecesores no realizaron bien la gestión y, en este caso, el gobernador regional ha manifestado que la transferencia no se hizo en los plazos establecidos, deslizando que se habría cometido irregularidades en la ejecución de las obras. Luque tiene que entender que los días pasan y la población necesita saber con claridad qué es lo que va hacer durante su gestión. En realidad, con los argumentos utilizados busca justificar su inexperiencia y la escasa ejecución presupuestal.

Un hecho que denigra a la administración regional y la hace incompetente es el haber incorporado “personal” sin considerar su formación, su experiencia ni sus capacidades y competencias. Tampoco se ha tomado en cuenta sus valores. Ha primado, pues, el clientelaje político. La conse-

cuencia es que quienes ocupan cargos importantes no están respondiendo conforme a las expectativas.

CORRUPCIÓN

La Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada del Distrito Judicial de Puno, a inicios del año, reveló que tenía 764 casos de delitos por corrupción de funcionarios, ligados a los municipios distritales (209), provinciales (141) y al gobierno regional de Puno, información que permite notar que esta lacra se ha incrementado inusitadamente en la región.

Por otro lado, funcionarios del más alto nivel del GR han expresado su incomodidad porque los medios de comunicación estaban difundiendo información confidencial. Llegaron incluso a señalar una supuesta filtración de documentos de manejo muy interno, que no son de dominio público. Estas afirmaciones

preocupan, pues el GR es una institución pública, cuyos actos también son públicos, de modo que no debería haber ninguna documentación de “manejo muy interno”.

Otro proyecto que duerme el sueño de los justos es la ZEEDE-Puno, que fue creado por la ley N°28864, hace casi ya nueve años (6 de agosto del 2006) y es responsabilidad del GR poner en operación. Sin embargo, la instancia pertinente no ha logrado avanzar en su implementación.

El GR debería liderar también la descontaminación del Lago Titicaca, ya que

ASESORES

El grupo de asesores del GR que es pagado por el PNUD pronto fue cuestionado en torno a la formación, calidad y experiencia profesional de sus miembros. A algunos incluso se les vinculó con procesos judiciales pendientes de sentencia. Sin embargo, Luque adujo que estaba dando oportunidad a jóvenes profesionales.

El descontento de varios integrantes del movimiento PICO tampoco se dejó esperar, pues ex candidatos a diferentes cargos (alcaldes, consejeros, regidores) criticaron la presencia de desconocidos en posiciones importantes, mientras que ellos no han sido tomados en cuenta.

Análisis político regional

Como suelen hacer las nuevas autoridades, Juan Luque responsabiliza a su antecesor, Mauricio Rodríguez de aquellos errores que le han impedido tener un buen inicio de gestión.

...El gobierno regional debería concentrarse en las grandes obras estratègicas... su recuperación es de interés regional y, más aún, sabiendo que hay un sinfín de decretos ley al respecto. Pero si la autoridad del más alto nivel en la región no lo prioriza entre sus proyectos, el lago está condenado a terminar muerto.

EL CONSEJO

Uno de los primeros anuncios que hizo el Consejero Delegado, en cuanto fue elegido, fue la mejora de la productividad del Consejo Regional. Para lograrlo, se nombró una comisión que en 90 días tenía que presentar una propuesta de nuevo reglamento para dicha instancia. Ha vencido el plazo y todavía este no existe. Entre la presentación y aprobación del nuevo instrumento de gestión necesariamente va pasar el tiempo, durante el cual el Consejo Regional seguirá trabajando con el reglamento interno del Consejo anterior. Tal vez es por eso que su productividad no solo es baja, sino nula.

Para corroborar lo dicho y revisando los actuados del Consejo Regional, constatamos que, en este mismo período, han sido aprobados dos ordenanzas regionales y 25 acuerdos, cuya trascendencia es insignificante frente a las grandes necesidades y problemas que enfrenta la región. Además, es necesario que la opinión pública sepa que esta producción del Consejo Regional ha demandado la suma de 205,920* Nuevos Soles, en estos tres primeros meses de gestión. * (http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/ default.aspx?y=2015&ap=Actividad)

Enfoque alterno Eland Vera

Gobernar para los operadores y en piloto automático

I

nterrogado hasta el hartazgo sobre la designación de colaboradores inexpertos como asesores de alto nivel, Juan Luque nos ha regalado una de las frases más reveladoras de la historia política local: “En algunos casos sí se dio el clientelaje político. Yo siempre he sido bien reconocido. Si usted me hubiera ayudado, yo, por reciprocidad, también le hubiera ayudado”.

Se trata de la sincera confesión de quien ingresó a la política por razones no necesariamente políticas. Se supone que los ciudadanos esperamos de quienes llegan al poder, un conjunto de propuestas viables que nos conduzcan a niveles superiores de convivencia y desarrollo. Pero ¿qué quiere decir Luque cuando afirma que gobernará con allegados que tienen como mérito máximo haber ayudado en la campaña?

“Si usted me hubiera ayudado, yo, por reciprocidad, también le hubiera ayudado” El mensaje es claro. El poder es para cumplir y beneficiar al entorno de apoyo, distribuyendo favores y asignando status; es cerrado y permite actuar con libertad sobre áreas de interés. El poder es para quienes tuvieron la habilidad o los recursos para ofrecer soporte electoral al político. No es de extrañar, entonces, que cuando informa sobre sus primeros cien días de gestión, Luque mencione la continuación de los proyectos de la anterior gestión. No esperemos cambios significativos. Se gobernará en piloto automático, para complacer a los sentidos y amarrado a los operadores.

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8 Agenda Regional

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¿Es posible el diálogo entre empresas mineras y comunidades?

Soledad Rosario

Las conversaciones en la ciudad de Lampa se realizaron con la masiva concurrencia de los pobladores de Ocuviri.

En los últimos años, los conflictos sociales han ido en aumento en todo el país. Suelen ser vinculados a las actividades de la minería, pero en Puno, la mirada y las lecturas que tienen autoridades políticas regionales y locales, así como funcionarios públicos y empresarios, tienen una complejidad mucho mayor. Aún así, encontrar salidas no ha sido imposible.

S

i bien Puno está ubicado entre las tres primeras regiones con conflictos principalmente socioambientales, en los últimos años se han iniciado procesos de negociación con algunas empresas mineras de mediana y gran inversión. Entre ellos se tiene los casos de los distritos de Ajoyani y la empresa MINSUR San Rafael; el de los distritos de Ocuviri y Santa Lucía con CIEMSA. Esta compañía ejecuta el proyecto minero metalúrgico Tacaza y firmó el convenio marco sin conflictos sociales de por medio, en el año 2011. En los casos previamente mencionados, la instalación de mesas de diálogo, fue posterior a una serie de paralizaciones y movilizaciones de la población, e inclusive a la pérdida de vidas humanas, como ocurrió en Ocuviri.

Haciendo una revisión de los convenios marco, podemos detallar que tanto la sociedad civil organizada como las empresas mineras lograron identificar algunos puntos en los que se comprometieron a invertir, enmarcándolos dentro de su línea de responsabilidad social, y a fin de contribuir al desarrollo local.

Así pues, se decidió brindar apoyo a instituciones educativas, otorgar becas a los jóvenes, realizar campañas de salud, jornadas de capacitación y actividades de asistencia en temas productivos o agropecuarios, así como culturales.

También se dio importancia al empleo local y a la promoción de servicios del distrito. No obstante, cabe preguntarse: ¿Estas contribuciones se articulan con los planes de desarrollo local o solo son expresiones de asistencialismo?

Habiéndose cumplido uno a más años de firmados los convenios marco, se hizo la evaluación correspondiente.

En el caso de Ajoyani, se pudo evidenciar el poco avance logrado, especialmente en la promoción del empleo local. Respecto a este punto, se aduce que en los distritos no hay mano de obra que necesariamente responda a las demandas de la empresa (hay más albañiles de los que se requieren). En cuanto a la promoción de servicios, los pobladores se quejan de que la compañía termina siendo muy exigente en sus requerimientos para considerar a las empresas locales proveedoras de un determinado servicio. Entonces, surgen nuevas preguntas: ¿Vale la pena considerar estos puntos en un convenio marco? ¿Bajo qué principios se puede evaluar el cumplimiento de

Agenda Regional 9

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Las empresas aún estiman que basta con aproximarse a las zonas de influencia directa

El distrito de Corani es otro de los que se ha visto inmerso en una situación tensa, debido a los intereses extractivos de una empresa minera.

ellos? Ya que no en todos los distritos que han firmado un convenio marco con empresas mineras se han realizado evaluaciones, es momento de llevar a cabo esta revisión, a fin de continuar con procesos de diálogo que tengan resultados.

Otro punto álgido son los aportes que se hacen en dinero para la ejecución de diferentes proyectos que son administrados por los gobiernos locales y, en otros casos, directamente por la población organizada, a través de un comité conformado por representantes de la sociedad civil, la municipalidad distrital y la empresa minera. Es sobre este que recaen, pues, la administración, fiscalización y determinación de las obras a priorizar.

Los hechos se han encargado de demostrar que siempre habrá discrepan-

cias. Sin embargo, las controversias pueden ser manejadas correctamente si es que los socios estratégicos locales son considerados pilares fundamentales para llegar a buen puerto en las negociaciones, y la autoridad estatal mantiene una permanente actitud de diálogo y una disposición a brindar la atención oportuna necesaria para resolver los desacuerdos antes y no después de generado el conflicto social.

Por otro lado, no se puede esquivar en las conversaciones, los temas de los pasivos ambientales y los adecuados cierres de minas, entre otros.

La consideración de las zonas de influencia sigue siendo una de las debilidades en las negociaciones, pues las empresas aún estiman que basta con aproximarse a las zonas de influencia directa. Pese a que formalmente no es deber de la empresa vincularse con to-

das las comunidades ni tampoco asumir responsabilidades que podrían ser de competencia de la municipalidad u otras instancias gubernamentales, las mineras son percibidas como fuentes de recursos en una situación de alta vulnerabilidad y ausencia del Estado.

Las comunidades no se guían por la lógica establecida por las empresas, que identifica zonas directas e indirectas, sino que piensan que todas deben ser igualmente beneficiadas, debido a que los impactos se sentirán en todo el distrito. Por ello, las estrategias de las empresas han generado críticas, y las organizaciones sociales, los presidentes de comunidades y las rondas campesinas cumplen también un rol importante en las negociaciones con las empresas.

Finalmente, es importante poner en evidencia el rol que juegan las instituciones nacionales como el ministerio de Energía y Minas, al instalar mesas de diálogo y de desarrollo en las regiones, y al hacer un seguimiento efectivo a dichas mesas, de los aportes y de la información que se brinda a la población.

VOX POPULI

¿Sirven de algo las mesas de diálogo que promueve el gobierno para superar los conflictos sociales?

Yanet Zapana

Ex consejera regional “Las mesas de diálogo no tienen resultados positivos porque, lamentablemente, las condiciones bajo las que se firman los convenios no favorecen los interés de la población. Se supone que las mineras deben generan desarrollo social, económico y en infraestructura, pero, desde un inicio, el gobierno central acepta las condiciones que ponen las mineras”.

Juan Choquehuanca

Profesor “Lo que se hace es poner paños fríos, buscar concertar con la población, pero simplemente es una bomba de tiempo, porque no hay soluciones concretas. Lo que hacen es conversar uno por uno, con los dirigentes, queriendo lograr lo que han previsto, en este caso, con las grandes mineras. De lo que se trata es de que haya una mesa de diálogo que tenga otra dimensión”.

Yolanda Flores

Activista de DD.HH. “La percepción es que no funcionan y, a veces, los funcionarios vienen con sus metas, con su objetivos. Por otro lado, la sociedad misma, las comunidades, no están preparadas. ¿Qué van a hacer en esos espacios que no son de nivel a nivel? Los de las mineras llegan con su equipo de profesionales, hablan sus temas técnicos. Hay un desbalance. No lo veo productivo”.

Luis Gallegos

Dirigente “Algunas son productivas, otras no, otras son parciales. En Puno hay tantos problemas por la minería, por concesiones petroleras. No somos informados. Solo nos informamos por cursos que ofrecen las organizaciones de DD HH. El Estado debe hacer consultas, pero no las lleva a cabo.

Ese es el problema: Vienen y no tocan las puertas; de frente entran. Por eso la gente se amarga”.

10 infografía

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infografía 11

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La provincia de Carabaya y sus potencialidades Carabaya es una de las provincias del departamento que más posibilidades de desarrollo ofrece. Presenta condiciones favorables para la minería, el turismo, la agricultura, la ganadería y muchas actividades productivas más.

Capital: Macusani 4,320m.s.n.m. Área: 12,266,40 km², (17.% de la superficie departamental) Población: 73,946 habitantes Altitud: De 580 a 5,824 m.s.n.m.

Clima: En la sierra, hasta los 4,500 m.s.n.m., el clima es frígido y glacial. En la selva, es cálido, con precipitaciones pluviales abundantes

SANDIA

CARABAYA

Agricultura

El conocimiento del sembrío y los cambios climáticos ha hecho posible que su población se dedique principalmente a la agricultura. Se puede encontrar cultivos de: Tubérculos, cereales, leguminosas, frutales, hortalizas y cultivos tropicales, como el cacao y el café.

Exportación de café

6,670 TM

Países de destino: Alemania, Estados Unidos, Bélgica Canadá, Dinamarca, Reino Unido, Holanda y Suiza.

Ganadería

Minería

Auquénidos, vacunos, ovejunos, equinos, porcinos, caprinos, etc.

Población de alpacas en la provincia: 239,640

Forestal

Carabaya cuenta con 504,830 hectáreas de área forestal. San Gabán es el distrito de mayor superficie forestal con 188,330 hectáreas. Le siguen Coaza (101,514 hectáreas), Ituata (88,600 hectáreas), Ayapata (65,810 hectáreas), Ollachea (51,400 hectáreas).

Metálicos: Oro, manganeso, plata, plomo, cobre, antimonio, estaño, tungsteno y uranio. El metal que tiene perspectivas es el Uranio.

No Metálicos: • Combustibles: Petróleo y gas; • Otros: Aguas minerales, arcillas, cal, cuarzo, marmolina, piedra sillar, piedra laja, piedra

Concesiones mineras Tituladas En Trámite Otros Extinguidas Total

535 196 52 318 1101

Cadenas productivas a desarrollar

De la alpaca, del turismo, de la minería, del café y el cacao, de los frutales y de formación de capacidades técnicas productivas.

MELGAR AZANGARO

PUTINA

Hidroeléctricas

Central Hidroeléctrica San Gabàn II (en operaciones); San Gabán I (con concesión definitiva); Ángel I, II, III (con concesión definitiva); San Gabán IV (con Estudio de Impacto Ambiental aprobado), San Gabán III (con Estudio de Impacto Ambiental aprobado); Ayapata (con autorización de estudios por parte de la Autoridad Nacional del Agua) e Inambari (con concesión temporal vencida).

HUANCANE MOHO LAMPA

LAGO TITICACA

SAN ROMAN PUNO

YUNGUYO CHUCUITO COLLAO

Pesca

La pesca artesanal es una actividad importante en los ríos de Carabaya.

Atractivos

Bosque de Piedras de Macusani – Corani

Zona Arqueológica de Pitumarca Situada en la comunidad de Taype, perteneciente al distrito de Ayapata. A lo largo del camino se puede apreciar las cataratas o caídas de agua. En total, son tres, ubicadas en distintos lugares.

También existe una especie de cueva cubierta por la maleza. La superficie es de tierra y piedras.

Foto: Armando Medrano Zúñiga

Nevado Allincapac Es uno de los nevados más importantes. Está ubicado a más de 5,780 m.s.n.m., al norte de la ciudad de Macusani, junto a Chichiccapac, que está a 5,650 m.s.n.m. Sus deshielos forman una sucesión de nueve lagunas.

Fuente:

• http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/EVE/IPD_PUNO_29_30_01_15/5_Juan%20Luque.pdf

• Ministerio de Agricultura - Dirección Regional Agraria / Dirección Información Agraria – Puno

• Plan Estratégico de Salud de Carabaya /Red Carabaya

• http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/

• http://municarabaya.gob.pe/web/?page_id=313

12 Ciudad Altiplánica

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Histórica sentencia en aymara Julio Cesar Chucuya Zaga*

En estos últimos meses, fue difundida, en medios nacionales e internacionales, una noticia que trascendió en todas las esferas del Estado, y mereció comentarios tanto positivos como penosos y negativos: La expedición de la primera sentencia judicial expedida en el idioma aymara.

A propósito de este hecho histórico, las siguientes líneas.

E

l hecho que hizo noticia tuvo lugar en el Juzgado Mixto, Penal Unipersonal de la provincia El Collao-Ilave, en el departamento de Puno, con fecha 13 de marzo de 2015, y en relación a un caso de violación sexual de una persona mayor de edad. Cabe resaltar que el juicio oral respectivo también se llevó a cabo en aymara y en castellano, ya que los sujetos involucrados en el proceso provenían de una parcialidad de la zona Lago de Ilave. Pese a que hablan el idioma español, aunque con dificultad, pudieron expresarse mejor y exponer sus posiciones en su lengua materna. Fue por esta razón que el Juez dispuso llevar adelante el juicio oral en aymara.

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era el aymara. Este idioma fue oficializado en nuestro país en el año 1975, y la Constitución Política del Estado de 1993 lo consagra, en su artículo 48º.

Sin embargo, en el Perú, el alfabeto aymara recién fue aprobado por Resolución Ministerial Nº 1218-R.M., el 18 de noviembre de 1985, y en Bolivia, mediante Decreto Supremo 22227, el 9 de mayo de 1984.

El idioma de los pueblos originarios en la actualidad no es tomado en cuenta.

Observando solamente la realidad de nuestra región, Puno, vemos que casi ninguna de las instituciones públicas o privadas lo usa, lo que constituye una gran limitante comunicativa en un contexto determinado.

“En un país caracterizado por la diversidad lingüística, es doloroso pensar en cuántos ciudadanos se han visto excluidos de la administración de justicia por hablar un idioma diferente del castellano. (…)En efecto, la falta de atención del Estado peruano a la población cuya lengua materna es distinta del castellano ha tenido serias consecuencias en la administración de justicia, sumándose así a otras barreras estructurales, como la indocumentación, la discriminación, la pobreza, las diferencias culturales y las distancias geográficas”.

Una dolorosa realidad es la falta de acceso a la justicia que han tenido y todavía tienen diversas poblaciones, por el simple hecho de no hablar el castellano.

Este suceso ha provocado que la sociedad peruana, concretamente los pueblos originarios de todo el país, despierten de su letargo y, con coraje, hayan “vuelto” a exigir al Estado peruano o a quienes lo representan, que se les procese, interrogue, examine, sentencie e informe de sus derechos en su idioma, lengua o dialecto. Tal es el caso del pueblo asháninka, en la región de Ucayali.

EL IDIOMA COMO MEDIO PARA SUPERAR BARRERAS

“Durante más de 516 años, desde la invasión europea hasta nuestros días, ha existido una tensión histórica entre las ideas fundamentales sobre la vida, el hombre, el mundo y la naturaleza, de

la visión occidental, y la cosmovisión de los pueblos originarios latinoamericanos, que generalmente se caracteriza por una relación de respeto y búsqueda de equilibrio con la vida, el ser humano, el mundo, la naturaleza y la Tierra, como el espacio sagrado con vida que merece respeto, veneración y cuidado”1.

Como sabemos, las lenguas difícilmente sobreviven en las sociedades industrializadas modernas, a menos que se utilicen en la vida pública2. Empero, el aymara aún sobrevive, a pesar de la abolición que se pretendió durante la colonización y, actualmente, pese a la globalización. No por gusto, el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino señala que la lengua de los gobernantes Incas

Ciudad Altiplánica 13

Cabildo Abierto

Curiosamente, nuestra Constitución Política establece el derecho de todo ciudadano a expresarse y ser atendido por un funcionario público en su lengua materna (artículo 2, inciso 19). Sin embargo, en la práctica, este derecho es letra muerta, pues solo se cumple de manera excepcional. Claro está que el poblador originario (antes llamado “indio” y luego subido de categoría a “campesino”, en una suerte de gran avance) no está en condiciones de exigir atención en su idioma materno, ya que se entiende o “sobre entiende” que se debe ofrecer servicios en castellano. El uso desconoce, pues, la existencia del referido derecho.

Atinadamente, el profesor universitario Wilfredo Ardito señala que la reticencia del Estado a asumir una política lingüística deja a muchos ciudadanos en situación de desprotección, lo que es, potencialmente, un caldo de cultivo para la frustración y la violencia. En realidad, se incumple la premisa fundamental para un sistema jurídico positivista: Que los ciudadanos puedan conocer las leyes.

El Estado, en general, muestra una marcada indiferencia hacia la población originaria o “indígena”, hacia sus demandas legales, creyendo que con

nuestra Constitución Política establece el derecho de todo ciudadano de expresarse y ser atendido por un funcionario público en su lengua materna el pasar del tiempo aprenderán el castellano, pues su meta pareciera ser el monolingüismo. Así lo vemos en los tribunales, cuando los magistrados improvisan, designando como intérpretes a personas que no necesariamente transmitirán lo que quiso decir el procesado. El evidente desconocimiento de la norma constitucional antes aludida podría tener como consecuencia juicios o procesos “NULOS”, porque los pobladores originarios no tienen la posibilidad de comprenderlos. En tal sentido, corresponde mencionar el Convenio Nº 169 de la OIT, que en su artículo 30, señala también que al poblador aborigen se le debe informar sobre sus derechos en su idioma.

Esta situación debe cambiar. El idioma, lejos de ser una barrera, debe servir como un puente, ser una vía para una mejor comunicación. Hay que reflexionar en torno a la idea que todos merecen un mejor trato, lo que implica que las barreras lingüísticas ya no deben seguir alejando a los millones de peruanos, del Estado y del acceso a la Justicia.

Debemos contribuir con los cambios positivos que se están dando en estos últimos meses, como la creación de juzgados bilingües en el distrito judicial de Ayacucho, y también en la Corte Superior de Justicia de Puno, donde juzgados de Ilave y Azángaro viene realizando juicios orales y audiencias en aymara y quechua, respectivamente. En esa sintonía, también el Ministerio Público se ha comprometido a capacitar a sus fiscales en esos idiomas. Del mismo modo, los ministerios de Justicia y Cultura vienen promoviendo la inclusión social a través del uso de los idiomas nativos y de las lenguas aborígenes. * Juez Mixto, Penal Unipersonal y Penal Liquidador de la provincia El Collao. Docente Universitario.

1 ALANOCA AROCUTIPA, Vicente. “Nacion Aymara” Re-pensar el Perú desde Ilave. Ilave-Puno, Perú.

Edit. Cadena del Sur.2008. pág. 18.

2 KYMLICKA, Will. Ciudadanía Multicultural, Barcelona. Edit. Paidos. 1996. Pag. 115.

Desde el rincón Ana María Pino

La Beneficencia Pública de Puno

H

ace algunas semanas hizo noticia en Puno el caso de unos turistas que fueron agredidos por una mujer con trastornos mentales. En los últimos tiempos, es más frecuente toparse con esta y otras personas que sufren de similares problemas, deambulando por la ciudad, sin que su presencia pareciera importar mucho a la Policía, al serenazgo o a las instituciones que tendrían que hacer algo respecto a esta problemática.

Indagué primero si en Puno había un establecimiento donde se diera atención a personas con alteraciones psiquiátricas y no encontré información al respecto. Se supone que el Estado, a través del MINSA, tendría la responsabilidad de

…El Estado, a través del MINSA, tendría la responsabilidad de atender las necesidades de salud mental de la población. atender las necesidades de salud mental de la población.

Sin embargo, escuché en un comentario radial, que es la Beneficencia Pública de Puno, la encargada de brindar apoyo a personas en situación de riesgo y abandono.

Busqué información sobre esta institución y me enteré de que varios inmuebles ubicados en el centro urbano son de su propiedad; de que conducen y mantienen orfelinatos y cementerios; de que la institución ha pasado a depender de las municipalidades. En su portal de internet, encontré una cuenta de Facebook, donde lo último que aparece tiene fecha 22 de enero del 2014, y la pestaña que ofrece información, conduce al enlace http://www.beneficenciapuno. gob.pe/y al mensaje: “Servidor no encontrado”.

14 Entrevista de actualidad

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Entrevista de actualidad 15

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Ahora esperamos que una nueva gestión haga respetar el acuerdo Es necesario que los propietarios comprendan que adquirieron un predio por el que pasa una vía que altera el hábitat.

Feria altiplánica Pasando a otros temas: Mayo es el mes de las alasitas y las cruces. Háblenos un poco de la feria…

La Feria de las Alasitas es una feria de arte popular en miniatura. Esta es una representación simbólica que siempre se ha utilizado en las culturas prehispánicas, sobre todo en los entierros, colocando, por ejemplo, alimento, para acompañar al muerto en su largo trayecto. Se ha encontrado miniaturas con una representación simbólica muy interesante, sincretizada particularmente con las fiestas de las cruces, pero hasta ahora no hay un estudio que tenga un sustento bien centrado de este vínculo. La miniatura representa algo que se quiere tener en la realidad futura. Inicialmente eran alimentos, porque nadie quiere carecer de ellos. Después vinieron otras necesidades.

niones tensas. Fue una papa caliente que le quemó las manos al ex alcalde de Puno. Luis Butrón no quiso responsabilizarse del restablecimiento de la libre circulación de esa zona. Ahora esperamos que una nueva gestión haga respetar el acuerdo. El doctor Jaime Ardiles ha tenido la iniciativa de visibilizarlo nuevamente, pero con un enfoque ambientalista. Esto tiene un sustento legal.

Sin embargo, usted ha dicho que no se busca perjudicar el derecho a la propiedad…

“La intervención en Isla Esteves no tiene la intención de atentar contra la propiedad privada”

Tengo una copia del documento de compra y venta que celebran Perú Hotel Sociedad Anónima e Inversiones Nacionales de Turismo S.A., que es la propietaria del hotel Libertador.

La intervención en Isla Esteves no tiene la intención de atentar contra la propiedad privada porque Inversiones Turísticas Nacionales compra la infraestructura. En la escritura dice “los sectores A y B” y no se aclara cuáles son estos sectores. Pueden ser el muelle y la carretera, porque se menciona una carretera, pero tiene que haber un entendimiento, a fin de que ellos sepan que han comprado una propiedad con una carretera que altera el hábitat.

Hay que rectificar los errores. Tiene que haber concertación.

Reseña

Gilmer Inquilla

En su condición de ex regidor de la municipalidad provincial de Puno y antropólogo, Walter Rodríguez se pronuncia sobre temas que han marcado los primeros meses del 2015: La campaña por la recuperación del flujo de aguas interrumpido por una carretera que conduce a la isla Esteves, la Feria de las Alasitas y las fiestas de las cruces.

¿

El proyecto para mitigar la contaminación del lago, no es nuevo, no?

En diciembre del 2011, los regidores en minoría presentamos varios proyectos, uno de ellos para mitigar la contaminación de la bahía interior del lago. Después de 18 meses, este fue

aprobado como acuerdo. En los considerandos están los sustentos técnicos y científicos que deben ser tomados en cuenta por la municipalidad de Puno, esté quien esté de alcalde. En el segundo artículo del acuerdo se dispone la notificación legal al hotel Libertadores para la restitución del hábitat de la bahía del lago, pudiendo este ser rem-

plazado por un puente de tránsito con libre flujo de aguas.

¿Qué pasó después?

Al cabo de un mes, el apoderado y abogado de esta empresa presentó un oficio de reconsideración, pidiendo la anulación del acuerdo. Tuvimos reu-

Durante la campaña y mediante una marcha quedó en evidencia que otras personas de la zona vienen ganándole terreno al lago…

Los puneños hemos observado cómo toda la rivera del lago se está rellenando sistemáticamente. En esta zona de la isla Esteves, en la intervención de la línea férrea y el inicio de la carretera, hace diez años apareció una casita, que es una tienda de abarrotes. Ahora hay tres. Deben tener unos 35 metros, en la zona derecha, ingresando a la isla.

Hace 15 días vimos un volquete rellenando e ingresando por encima de la línea férrea. En esto tiene mucho que

¿De cuándo datan las primeras evidencias de la feria?

Rastreando en algunas fuentes y archivos, se ha hallado información para Puno de inicios del siglo XX. Hay documentos que sostienen que se inició en La Paz. El historiador La Serna Salcedo hace poco presentó un libro muy bien sustentado.

Parece que en La Paz tuvo mayor prestancia, y que luego se ha ido diseminando en todo el altiplano.

¿Eso justifica la presencia de una gran cantidad de artesanos bolivianos?

Desde hace varias décadas hay artesanos que vienen con sus miniatura y, en los últimos años, ha habido algunas fricciones, por los espacios, con las organizaciones de artesanos de Puno. En la parte alta del barrio Bellavista podrían tener más oportunidad. Lo que sucede es que en la municipalidad, en todas las gestiones, se ha improvisado con las comisiones de Alasitas. ver la municipalidad, porque se está creciendo de manera desordenada.

Hace unas semanas, la municipalidad derrumbó edificaciones en zonas prohibidas…

Yo aplaudo la iniciativa, porque fue una invasión con carteles de propiedad privada y no puede ser. Hay traficantes de terrenos desde hace varias décadas y esperamos que ya no sigan operando, porque si usted entra por la carretera Urus-Chulluni también va a notar atisbos de rellenos. La Gerencia de Desarrollo Urbano tiene la responsabilidad de verificar todas estas zonas.

Alasitas

L

a publicación de “Alasitas”, de Jürgen Golte y Doris León Gabriel, es una excelente noticia por más de una razón. Hace años se necesitaba un estudio que fuera más allá de la mera descripción etnográfica y del significado de este objeto simbólico, que ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia en diversas fiestas y espacios, no solo del Altiplano, sino también de ciudades como Lima, adonde llegó como producto de la migración.

De otro lado, Golte y León ponen en cuestión ideas de larga data en las ciencias sociales peruanas, sobre las interpretaciones comunitarias, sobre el pensamiento y el

comportamiento del hombre andino, en especial del aymara. El trabajo de estos autores muestra, por ejemplo, cómo las “alasitas” serían expresión de una nueva modernidad de corte liberal, que busca el bienestar y la prosperidad económica.

Además, esta propuesta abre un debate que debe ayudar a superar ciertos lugares comunes sobre las interpretaciones de los cambios de la sociedad peruana en los últimos años.

El libro es una publicación conjunta del Instituto de Estudios Peruanos, el Centro Bartolomé de las Casas del Cusco y la Universidad Nacional de Juliaca, hecho que saludamos y esperamos que se repita.

Alasitas: Discursos, prácticas y símbolos de un “liberalismo aymara altiplánico” entre la población de origen migrante en Lima.

CBC/UNJ/IEP 2014, 293 pp.

16 territorio y comunidad

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Golpe a la Asamblea Comunal JULIO MEJIA*

La política del Estado, que busca la “promoción y dinamización” de la inversión, se ha materializado a través de la normativa que viene implementando el gobierno. El D.S. N°001-2015-EM, por ejemplo, pretende agilizar los “procedimientos administrativos para el otorgamiento de concesiones de beneficio, de inicio de actividad de exploración y explotación en concesiones mineras.1” Sin embargo, termina siendo inconstitucional.

L

El problema está en que será la Junta Directiva y no la Asamblea Comunal la que decidirá si la actividad minera se realizará en su territorio o no. Esta disposición es arbitraria e inconstitucional porque no ha sido consultada y porque intenta modificar, a través de un decreto supremo, normas con rango de ley que establecen que esa decisión le corresponde a la Asamblea Comunal.

También porque constituye una manifiesta y clara intromisión del gobierno en la autonomía y el autogobierno de las comunidades campesinas.

La norma reglamentaria resulta inconstitucional, toda vez que vulnera el derecho de las comunidades campesinas a la propiedad. Igualmente, pretende derogar el artículo 7 de la Ley N°24656, Ley General de Comunidades Campesinas, que señala que las tierras de las comunidades “por excepción, podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la comunidad, reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad”.

Del mismo modo, la disposición intenta derogar la Ley N°26505, que establece que “para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la sierra o selva, se requerirá del acuerdo de la Asamblea General, con el voto conforme de no menos de

los dos tercios de todos los miembros de la comunidad”.

Al respecto, el artículo 103 de la Constitución Política es clarísimo: “La ley se deroga solo por otra ley” y, como se ha señalado, el artículo 3.1.c.iii del Decreto Supremo N°001-2015-EM no tiene rango legal, por lo que no puede derogar o modificar el contenido de la Ley N°24656. Así, pues, se vulnera el principio de supremacía normativa de la Constitución Política. Como consecuencia, la norma reglamentaria deberá ser declarada inconstitucional y derogada.

Según los artículos 6 y 7 de la Ley N°24656, solo tienen derecho a votar aquellos que conducen un predio. Por tal motivo, la disposición de tierras no es una atribución de la Asamblea Comunal en pleno, sino, solo de los comuneros calificados que la conforman.

territorio y comunidad 17

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Al lado del camino Patricia Quiñones

Actividad agropecuaria y saberes locales

El nuevo dispositivo ha ignorado el parecer de las comunidades, hecho que constituye una violación del derecho a la consulta previa.

Por otro lado, el Decreto Supremo N°001-2015-EM fue elaborado sin preguntar su parecer a las comunidades campesinas. En consecuencia, se ha vulnerado su derecho a la consulta previa, libre e informada, consagrado en el artículo 6° del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. El Convenio protege las instituciones representativas, y en el caso de las comunidades campesinas, la Asamblea Comunal es el máximo órgano decisorio.

Según la Ley 26505, se requiere el acuerdo de la Asamblea Comunal para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier acto sobre las tierras comunales.

o principalmente cuestionable de la nueva norma es que establece para el solicitante, la presentación de una “copia legalizada del Acta de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina, otorgando la autorización del uso del terreno superficial a favor del solicitante.

Cabildo Abierto

También el artículo 18 de la DNUDPI reconoce el derecho de los pueblos indígenas a “mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones”. Dicha norma debería ser interpretada en consonancia con el artículo 8.2 del Convenio 169 de la OIT, cuando precisa que los pueblos indígenas “deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”. De igual manera, esta norma debe ser interpretada en concordancia con el artículo 5.b del mismo Convenio, que establece que “deberá respetarse la integridad de los valores, prácticos e instituciones, de esos pueblos”.

El fondo del asunto pasa también por el derecho de las comunidades campesinas sobre el territorio, y teniendo en cuenta que este es un elemento central

P

uno es la segunda región del país con el mayor número de productoras y productores agropecuarios, aproximadamente 215 mil.

La mayoría desarrolla, a pequeña escala, esta actividad, que es uno de los pilares del sustento de muchas familias en situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, es económica y socialmente importante. No en vano, existe una demanda constante de proyectos y programas orientados a ella.

en la vida de los pueblos indígenas, es evidente que deben ser ellos quienes, de acuerdo a sus costumbres, decidan lo que consideran más adecuado para ellos. En todo caso, esta decisión debe ser tomada por el máximo órgano de una comunidad campesina y no por su Junta Directiva, instancia fácilmente controlable. Esta exigencia solo se comprende si se tiene en cuenta que el territorio es una condición de subsistencia de los pueblos indígenas, y un espacio para el ejercicio de los derechos culturales y espirituales, tal como lo reconocen el propio artículo 13.1 del Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos2.

Todo ello nos hace concluir que el artículo 3.1.c.iii del Decreto Supremo N°001-2015-EM, emitido por el ministerio de Energía y Minas, es inconstitucional, pues vulnera los siguientes derechos: A la propiedad de las comunidades campesinas, a la autodeterminación, al autogobierno, a su autonomía, a la consulta previa, libre e informada. Tarde o temprano terminará ocasionado nuevos conflictos ambientales, en el marco de una política que busca, a toda costa, promover la inversión pública y privada, sin considerar los sobre costos sociales y ambientales. * Especialista en temas de Derechos Humanos y Medioambiente.

1 Ver el pronunciamiento “Modificaciones al Reglamento de Procedimientos Mineros afectan derecho a la propiedad de comunidades campesinas”, difundido por la Red Muqui el 14 de enero del 2015.

2 Corte IDH. Caso Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de fondo, pág. 137.

La autoridad regional y las municipalidades tratan de satisfacer tal demanda, pero suelen contar con poco presupuesto y menor articulación entre los distintos niveles de gobierno, lo que genera resultados de débil impacto y poca sostenibilidad.

Aunque varias instituciones afirman tener enfoques participativos e interculturales, mi experiencia me ha permitido observar que subyace la idea de la superioridad del conocimiento científico frente al saber local, lo que se traduce en una transferencia de conocimiento antes que en un diálogo de saberes; en la que la población termina siendo receptora pasiva.

Hay en el país experiencias que muestran cómo la valoración e incorporación del conocimiento de productores y productoras han mejorado los resultados de proyectos, elevando la calidad de vida de la población. También han replanteado sentidos comunes en los círculos profesionales y ayudado a identificar y priorizar temas de investigación antes no visibilizados.

Siendo Puno una región con una rica tradición agropecuaria, que cuenta con pueblos indígenas que poseen y preservan conocimientos en relación al ambiente y territorio, se debe hacer un mayor esfuerzo por considerar este tipo de conocimiento. Así la unión de lo “científico” y lo “local” podrá generar sinergias importantes e impactos positivos.

18 Historia

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La mina de San Antonio de Esquilache en el siglo XVII Nicanor Domínguez*

La mina de plata de San Antonio de Esquilache fue descubierta en 1620.

Se le dio el nombre del virrey de la época, don Francisco de Borja y Aragón, Príncipe de Esquilache (1615-1621). Desde entonces, hasta la década de 1990 inclusive, siguió siendo una zona minera, aunque en el siglo XX producía principalmente zinc. Nuestro colaborador Nicanor Domínguez reúne aquí información sobre este importante centro minero.

Hasta el día de hoy, San Antonio de Esquilache es conocido como un pueblo minero.

D

a la impresión que la producción inicial de San Antonio fue bastante irregular.

El propio virrey Esquilache, en su Relación de mando de 1621, no menciona específicamente esta mina.

Dos décadas después, hacia 1641-1642, el licenciado Fernando de Montesinos describía la mina en los siguientes términos: “Son los metales pacos de á quarenta marcos; en sus prinçipios [h]ubo bolsas riquísimas; de presente se hallan algunas; [h]ai un ingenio de maços de Diego de la Torre y otras çinco moliendas; no [h]ai [h]oy muchos mineros” (Montesinos 1642 ms./1906, t. II, p. 217, año 1620).

La zona donde se ubicaban los ingenios para moler y refinar metales era llamada, en la época colonial, “la ribera de Arnedo” (nombre de una ciudad al N.O. de Castilla la Vieja, hoy en la Autonomía de La Rioja). El río que formaba esta “ribera” no es parte de la cuenca del Lago Titicaca sino de la cuenca del río Tambo (que desciende hasta el Océano Pacífico, entre las actuales regiones-departamentos de Moquegua y Arequipa). Así, las descripciones coloniales coinciden en señalar que, para ir de la ciudad de Chucuito al asiento de minas de San Antonio, había que “cruzar la cordillera”, es decir, la divisoria entre las cuencas

del Titicaca y del Pacífico. Además, la proximidad entre San Antonio y el pueblo de Ichuña, río abajo, ya en la provincia de Moquegua, explica que muchos de los mineros que trabajaron en la zona tuvieran intereses en ambas localidades.

La producción de plata parece haberse incrementado nuevamente a finales de la década de 1640, aunque un informe de mediados del año 1649 todavía presenta una imagen de relativo estancamiento: “El Gobierno de Chuquito [= Chucuito] [...] Tiene un mineral llamado San Antonio de Esquilache fundado en una cordillera larga, cuyos

historia 19

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metales se benefician en quatro ingenios; las piñas [= plata refinada] cassi todas las estrabían [= contrabandean] los mercaderes pasageros. Tres leguas más abajo, jurisdición de Moquegua, [h]ay un trapiche de agua, que muele tanto como un ingenio; trae el dueño labor en San Antonio por ser de [buena] ley los metales. Las piñas que procede[n] de éste, como las de otro cerro que está al pie del trapiche, todas se extrabían [= contrabandean]” (Álvarez 1649 ms./1906, p. 214).

Cabe destacarse aquí --además de la insistencia en que la plata refinada no pagaba impuestos-- la referencia algo imprecisa al trapiche y cerro mineral de Ichuña, en la jurisdicción de Moquegua, ubicado corriente abajo de San Antonio, en la cuenca alta del río Tambo. Como se ve, Ichuña formaba una sola unidad productiva con la mina de San Antonio de Esquilache.

En realidad, la zona más alta de la cuenca del río Tambo, donde se ubica San Antonio, había sido originalmente jurisdicción del corregimiento de “Colesuyo y Villa de Moquegua”, y sólo debido a la creciente producción de la mina, que debía ser registrada en la Caja Real de Chucuito, es que la jurisdicción sobre el centro minero se transfirió al gobernador de Chucuito en los años 1620-1649; pero especialmente después de 1653, cuando el virrey Conde de Salvatierra (1648-1655)ordenó el traslado de la Caja Real a San Antonio. Sin embargo, 15 años después, tras la llamada “Rebelión de Laicacota”, el virrey Conde de Lemos (1667-1672) decidió clausurar esta tesorería en San Antonio y volver a establecerla en Chucuito.

Una significativa recuperación de la producción de plata ocurrió a partir del año 1650. En la descripción del obispado de La Paz, de 1651, se indica que San Antonio era un próspero “mineral de plata con nueve yngenios de moler metales y mucha cantidad de yndios que asisten en él para el beneficio de ellos, y un cura Vicario, clérigo, que los doctrina y dice misa en dos parroquias del dicho mineral [la antigua de indios y la nueva de españoles], del qual de algunos años á esta parte se ha sacado mucha suma de piñas de plata, por ser las minas ricas” (Salinas 1651 ms./1906, p. 198).

Luego se detalla que era un “gran cerro de minas [...], muy antiguo, y tan fundado, que [h]oy en el reyno no se mue-

len mejores metales; tiene seis ingenios corrientes, y [h]abía dos, y otro se va haciendo, y además algunos trapiches, que hoy muele en todos estos molinos” (Salinas 1651 ms./1906, p. 203).

En una carta al rey, fechada en Lima el 3 de julio de 1660 --tras una década de sostenida reactivación productiva--, el virrey Conde de Alba de Liste (16551661) calculaba que la producción de plata de San Antonio bien podía alcanzar un valor de hasta 400 mil pesos anuales (el documento original está en AGI, Sevilla, Aud. de Charcas, leg.

267; citado en Vargas Ugarte 19351957, t. 5, pp. 111-12).

Hay muy poca información sobre San Antonio durante las décadas de 16701680. En la visita eclesiástica de 1690-

El virrey Conde de Alba de Liste calculaba que la producción de plata de San Antonio bien podía alcanzar un valor de hasta 400 mil pesos anuales.

1691, el entonces obispo de La Paz, don Juan Queipo de Llano y Valdés, escribía: “[en el] asiento de San Antonio de Esquilache [...] La doctrina de dicho asiento tiene de largo tres leguas y de ancho un quarto de legua. Tiene dos vice parrochias y algunos oratorios” (Queipo de Llano 1691-1696 ms./1906, p. 259). Por desgracia, éste informe no detalla la situación de la mina, pues el obispo no pudo llegar hasta San Antonio debido a una fuerte nevada que se lo impidió.

Así, desde mediados del siglo XVII y durante el XVIII, San Antonio de Esquilache formó parte de la provincia colonial de Chucuito, ubicándose en su extremo nor-oeste. Cuando, por decreto del 2 de mayo de 1854, se reorganizó la división administrativa del departamento de Puno, y se creó la provincia del Cercado de Puno, los pueblos del sector Oeste de la provincia de Chucuito, incluyendo San Antonio de Esquilache, Pichacani (ambos antiguos centros mineros coloniales), Acora y Chucuito mismo fueron asignados a esta nueva jurisdicción. Desde 1854 hasta hoy es un distrito de la provincia de Puno. Por Ley 12301, del 3 de mayo de 1955, San Antonio de Esquilache, así como numerosas otras capitales distritales puneñas, recibió el reconocimiento legal de “pueblo”. * Historiador especializado en los Andes coloniales.

Este viejo puente queda como testigo silencioso de otros tiempos, cuando San Antonio de Esquilache era parte de la provincia de Chucuito.

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