Amparo

Xalapa, Veracruz, a veintiocho de septiembre de

Amparo indirecto

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dos mil dieciocho.

Vistos para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número ********; y, RESULTANDO

123/2018

PRIMERO.- PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil dieciocho,1 ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esa ciudad, y recibido por razón de turno en este Juzgado Decimoquinto de Distrito, al día hábil siguiente, **** ***** **** ******, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades que a continuación se indican: No.

AUTORIDAD RESPONSABLE

FOJA

SENTIDO

1

Jueces de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de 1

Xalapa (Verónica Portilla Suazo, Marco Antonio

212

Niega

214

Admite

Rodríguez Lobato y Roberto Juárez López) con sede en Pacho Viejo, Veracruz.

Juez de Control del Juzgado de Proceso y 2

Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz (Alma Aleida Sosa Jiménez), con sede en Pacho Viejo, Veracruz.

Fiscal adscrito a los Juzgados de Proceso y

3

Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer

20 y

Distrito Judicial en el Estado, con sede en Pacho

396

Inexistente

Viejo, Veracruz.

Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede 4

en esta ciudad; a través del Subdirector de Amparo, Civil y Penal de esa institución.

5

Director General de la Policía Ministerial, con sede en esta ciudad.

30 a 31 22

Admite

Admite

Autoridades indicadas de quienes reclamó:

1

Fojas 2 a 7.

 A 

“De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras reclamo: La orden de aprehensión librada en mi contra en un expediente penal, cuyo número desconozco, en fecha que también

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ignoro, como probable responsable del ilícito que desconozco, sin que se satisfagan los requisitos del artículo 16 constitucional; de las responsables ejecutoras reclamo precisamente la probable e inminente ejecución material de los actos de autoridad emitidos por tales ordenadoras, lo que se traduciría en privarme de mi libertad personal…”.

SEGUNDO.- ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante proveído de doce de febrero de dos mil dieciocho,2 este Juzgado Decimoquinto de Distrito, admitió la demanda dentro del juicio de amparo ******, se dio la intervención legal que le compete al Fiscal Federal de la adscripción, se ordenó emplazar a los terceros interesados, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se citó a las partes a la audiencia constitucional.

Finalmente, la audiencia constitucional se llevó a cabo, en su oportunidad, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.

DETERMINACIÓN

SOBRE

LA

COMPETENCIA LEGAL.- Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el punto cuarto, fracción VII, primer párrafo, del Acuerdo General número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en virtud de que los dispositivos legales antes referidos establecen que los Juzgados de Distrito serán competentes para conocer de juicios de amparo en cuya jurisdicción deba tener lugar la 2

Fojas 8 a 11.

ejecución del acto reclamado, y si el acto reclamado fue

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atribuido y emitido por autoridades que tienen su residencia en el territorio en donde ejerce su jurisdicción este órgano

Amparo indirecto

judicial, resulta inconcuso que el suscrito juzgador es

123/2018

juicio de amparo, porque será dentro de este territorio en

legalmente competente para conocer y resolver el presente donde se llevaran a cabo los actos materiales tendentes a cumplimentar el acto reclamado.

SEGUNDO.

FIJACIÓN

DE

LOS

ACTOS

RECLAMADOS. Por razón de orden, en primer lugar, debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis P. VI/20043 y P./J. 40/20004 de rubros:

3

“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.” y “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.”

En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que conforman los presentes autos, se advierte que el impetrante de amparo reclama de las autoridades responsables el acto siguiente:  La orden de aprehensión decretada en su contra y su ejecución.

TERCERO.

INEXISTENCIA

DEL

ACTO

RECLAMADO. Las autoridades responsables Jueces de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito

 A 

Consultable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y Gaceta.

4 Consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

3

Judicial de Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, ******

*

*******

******

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licenciados ******** ******** ****** ***** ******* ********* ****** al rendir su informe

justificado negaron la existencia del acto que se les reclama según sus atribuciones, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa; por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo,5 se sobresee en el presente juicio respecto de las autoridades precisadas en el párrafo precedente.

En apoyo de lo anterior se cita la tesis de jurisprudencia número 310, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos nueve, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Sexta Época, de rubro y texto:

“INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo”.

CUARTO.

CERTEZA

DE

LOS

ACTOS

RECLAMADOS. Las autoridades responsables Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz ***** ****** **** ********, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del Subdirector de Amparo, Civil y Penal de esa institución, y Director General de la Policía Ministerial, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestaron que era 5

“ARTICULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

(…)

IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional”.

cierta la existencia del acto que se les reclama, por tanto se

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tiene por cierto para todos los efectos legales.

Es aplicable al respecto la jurisprudencia 278 del

Amparo indirecto

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

123/2018

Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la

publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Federación 1917-2000, que a la letra dice: “INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto”.

Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las constancias que constan en un tomo de copias certificadas relativas al proceso penal

*******

del índice de la

responsable, así como un disco versátil digital con número de folio **********, que remitió la Juez de Control de

5

Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, como apoyo a su informe, acordada por auto de nueve de marzo de dos mil dieciocho,6 la cual dado su carácter de documental pública tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, al tratarse de actuaciones

realizadas

por

autoridades

legalmente

competentes para ello.

Cobra aplicación la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

6

Foja 394 de autos

 A 

de contenido siguiente:

“DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y

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VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.”

Y por cuanto hace al disco versátil digital que contiene el archivo de audio y video de la audiencia celebrada en el proceso penal de origen, por ser considerados un adelanto de la ciencia, al haber sido producidos por la autoridad responsable tienen la naturaleza de prueba documental, de cuyo contenido este Juzgador aprecia el desarrollo de la audiencia, pues fue necesaria la observación sensorial realizada por alguien, así como la descripción que se hizo de lo observado en tal video, con el objeto de constatar y describir su contenido.

Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: “VIDEOGRABACIONES

DE

AUDIENCIAS

CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO

O

JUSTIFICADO

SUSTENTO ADQUIEREN

DE

LA

SU

INFORME

NATURALEZA

JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN

TENERSE

POR

DESAHOGADAS

SIN

NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.

CUARTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del

acto reclamado, es necesario analizar las causas de

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improcedencia que pudieran actualizarse en el caso, pues ello es una cuestión de orden público y de previo análisis, en

Amparo indirecto

términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo,

123/2018

improcedencia alguna, ni el suscrito advierte de oficio su

en el presente juicio las partes no alegan causa de existencia, por lo que se procede entrar al estudio del fondo en el presente asunto.

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. El impetrante de amparo expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que

sea

necesaria

circunstancia

no

su

deja

transcripción,

en

estado

dado

de

que

indefensión

tal al

peticionario, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la

7

Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido Sirve

de

apoyo

a

lo

anterior

la

jurisprudencia

2a./J.58/2010, sustentada por el Segundo Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,7 de rubro y texto siguiente:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA

CUMPLIR

CONGRUENCIA

Y

CON

LOS

PRINCIPIOS

EXHAUSTIVIDAD

EN

DE LAS

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación

para

el

juzgador

que

transcriba

los

 A 

conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para

Localizada Tomo XXXI, Mayo de 2010, la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro en el IUS 164618.

7

cumplir

con

los

principios

de

congruencia

y

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exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, juzgador

quedando

realizarla

o

al

prudente

no,

arbitrio

atendiendo

a

del las

características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia

se

estudien

los

planteamientos

de

legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”

No obstante, para mejor comprensión de las razones que sustentan esta sentencia, a continuación se sintetizan los planteamientos formulados por la parte quejosa.

En ellos se aduce que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La parte quejosa a modo de conceptos de violación argumentó:

1.- Las responsables libraron una orden de aprehensión sin que se satisfagan los requisitos del artículo 16, porque no ha cometido delito alguno, entonces ese mandato no puede estar precedido de querella o denuncia alguna por delito sancionado con pena privativa de libertad, ni pueden existir pruebas que justifiquen el cuerpo del delito ni elementos suficientes que permitan presumir su responsabilidad penal en la comisión de antisocial alguno, esto es, no está

acreditado la comisión de hecho delictuoso alguno, ni se debidamente

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encuentra

fundada

la

citada

orden

de

aprehensión.

Amparo indirecto 123/2018

No obstante que expresa los argumentos en que sustenta los reclamos aludidos, el suscrito juzgador considera que no es procedente realizar el estudio correspondiente para determinar si le asiste o no razón respecto de cada uno de esos reclamos, porque al analizar los discos versátiles digitales que remitió la autoridad responsable, se advierte una violación que impide material y jurídicamente al suscrito emitir el pronunciamiento que al efecto corresponda, por las siguientes razones:

*Mediante

oficio

**************

*************, el Fiscal Especializado para la Atención

a

Denuncias

por

Personas

Desaparecidas Zona Centro Xalapa, con sede en

9

esta ciudad, solicitó a la Juez de Control en turno, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, librara orden de aprehensión en contra de **** ***** **** ******* y otras personas, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como desaparición forzada de personas, previsto y sancionado por los artículos 27, 28, 29, 30 y 32, en su fracción II, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en relación directa con el artículo 9 y 13 del Código Penal Federal, cometido en agravio de ******

 A 

***** ***** ******** * ******

 Por auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, la Juez de Control, con sede en Pacho Viejo,

Veracruz, radicó el asunto con el número de

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registro ******* y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia privada para resolver la solicitud de orden de aprehensión en contra de **** ***** **** ******* y otros, que le fue solicitada.

 El mismo día, a las dieciséis horas, la Juez de control apertura la audiencia privada y en ese acto procedió a dictar la orden de aprehensión que le fue solicitada por la fiscalía.

 Ahora bien, del contenido del disco versátil digital con folio C04662018, que contiene la audiencia privada de libramiento de orden de aprehensión, se aprecia que la juez de control, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, en la que una vez que se declaró abierta tal audiencia y se identificó el fiscal compareciente, la juez expuso: “…La Juez de Control: Advirtiéndose por parte de este Órgano jurisdiccional que la solicitud que hiciera el fiscal aquí presente respecto de la orden de captura que está solicitando en contra de ****** ******** ******* **** ***** **** ******** **** ****** ******** ******** **** ***** ******* ******* ****** ********* ******** ******* ******* ******** ***** ******* ****** *****

*******

****

*****

**********

******

***** ****** ****** ********* ********* ******** *******

********

*****

******

*********

******* ******** ********* ********* ****** ******* ******* ******** ****** ****** ****** ********** ******* ******** ********* ******* ********* ******** ********* ************ ****

********

******

********

**********

*******

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********** *********** ***** **** ******* ***** **** ** ***** ******* ***** ******** ********

Amparo indirecto

******* ******** ******* ******** ******* ****

123/2018

******* **** ***** ********* ******* ******

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**********

*******

******

*******

*****

***********

**

*****

***

*****

*

******* ******* ****** *******, por la comisión de hechos que la ley considera constitutivos del delito de desaparición forzada de personas, esto previsto y sancionado al tenor de lo que establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en relación directa con los arábigos 9 y 13 del Código Penal Federal, cometidos en agravio de ****** ***** ***** ********* **** ** *****

********

***

******

*****

****

11

*****

******* ***** ********** ***** ********* ***** ******* ********* ******* **** **** ******* *****

*******

******

*******

****

******

******** ********** ****** ****** ********* ******* ** ** **** ****** ******* ******* ****** ****** ******* **** *********** ******** **** *****

*

******

*******

******

en

donde

evidentemente al hacerlo a través del escrito correspondiente al tenor del oficio con el cual comparece el fiscal aquí presente para solicitar la orden de captura en contra de los anteriormente citados en sus caracteres de investigados en establecidos

previamente

por

 A 

agravio de las personas que también han sido ya la

suscrita

juzgadora y atendiendo a dicha circunstancia y en

virtud de que, insisto y se reitera, fuera solicitada escrito

por

parte

del

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mediante

fiscal

aquí

presente, ¿alguna manifestación qué hacer señor fiscal?

El fiscal compareciente: Sí su señoría, en caso

de

no

existir

inconveniente

alguno

proporcione usted los puntos resolutivos del auto que le recayera la solicitud que emitiera o solicitara esta fiscalía.

La Juez de control: Bien, y advirtiéndose procedente

su

petición

en

virtud

de

que

efectivamente cómo se señaló con antelación fuera solicitada la orden de captura en contra de las personas ya citadas por la suscrita dentro del proceso penal que le correspondiera y que fuera el

número

22/2018,

y

al

advertirse

que

efectivamente el ciudadano fiscal agotó los elementos que establece para poder obsequiar el mandato de captura en términos de lo que establece

el

numeral

16

constitucional

en

concomitancia con el diverso 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que este órgano jurisdiccional únicamente procede hacerle del conocimiento y a dar lectura de los puntos resolutivos,

no

sin

antes

establecer

que

efectivamente, como ya lo dije anteriormente, satisfizo el fiscal aquí presente los requisitos que para poder librar la orden de aprehensión establece el numeral 16 constitucional, es decir, que sea ordenada por autoridad competente, que preceda denuncia o querella, que se trate de un hecho que la ley señale como delito, que sea

sancionado con pena privativa de libertad, que

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obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el

Amparo indirecto

activo lo cometió o participó en su comisión y esto

123/2018

órgano jurisdiccional es competente para conocer

se establece en virtud de que efectivamente este del presente asunto, en términos de lo que establece el numeral 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 de la Constitución local, 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como también en términos del diverso 200, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Veracruz,

esto

en

cuanto

al

territorio

jurisdiccional que ocupa este décimo primer Distrito judicial de Xalapa, con residencia en esta congregación de Pacho Viejo, Veracruz, así

13

también al haberse impuesto de manera conjunta y de manera separada también de los datos de prueba que fueran relatados por el órgano investigador del delito, en el sentido de que establecen los datos de prueba con los cuales se integra

la

carpeta

de

investigación

correspondiente, los cuales han sido analizados por la suscrita y que efectivamente sirven para este momento procesal establecer que el hecho que la ley señala como delito de desaparición forzada de personas se encuentra previsto y sancionado al tenor de los numerales 27, 28, 29, 30 y 32, fracción II, de la Ley General en Materia Desaparición

Forzada

de

Personas,

 A 

de

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en

íntima relación con los diversos 9 y 13 del Código

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Penal Federal, en dónde debemos de hacer la acotación respectiva en virtud de que al tratarse una ley general y que debe de aplicarse por los órganos jurisdiccionales locales, sin embargo debe de establecerse la participación o autoría de los responsables o probables responsables del hecho que la ley considera constitutivos del delito en

este

caso

de

desaparición

forzada

de

personas, al tenor de la legislación del Código Penal Federal y de igual forma quedó establecido para este órgano jurisdiccional y acreditada a este momento procesal que los datos de prueba que viene enunciando el fiscal aquí presente son, sirven y son suficientes, idóneos y pertinentes para poder establecer en calidad de probable la participación

y

responsabilidad

de

los

investigados sobre los cuales está solicitando la orden de captura, así también qué es procedente emitir la orden de aprehensión en contra de las personas que inicialmente fueron citadas por la suscrita, en virtud de que se trata de un delito considerado como grave tal y como ha quedado establecido

precisamente

en

los

tratados

internacionales al ser considerado como un delito de

lesa

humanidad,

así

también

queda

suspendido el procedimiento hasta en tanto sea lograda la captura de los investigados a los que se ha hecho referencia para efecto de que una vez que sean puestos a disposición de este órgano jurisdiccional entonces empiece a correrse el término constitucional y pueda celebrarse la audiencia inicial respectiva que marcan los

numerales 307, 308 y 310 del Código Nacional de

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Procedimientos Penales; de igual forma, y una vez que ha sido analizado en su conjunto todos y

Amparo indirecto

cada uno de los datos de prueba con los cuales

123/2018

aquí presente procedo a dar lectura integral de los

viene sustentando su petición el ciudadano fiscal puntos resolutivos de la presente orden de captura que en ese momento se obsequia Primero:

este

Juzgado

de

Proceso

y

Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con residencia la congregación de Pacho Viejo, Veracruz, previo análisis de los registros que integran este proceso penal, ha lugar a decretar de conformidad el mandamiento solicitado

por

el agente

investigador y

en

consecuencia se ordena girar la correspondiente orden de aprehensión en contra de ******

15

******** ******* **** ***** **** ******** **** ****** ******** ******** **** ***** ******* ******* ****** ********* ******** ******* ******* ******** ***** ******* ****** ***** ******* **** ***** ********** ****** ***** * ***** ******

*******

****** ********

********* *****

********* ******

******** *********

******* ******** ********* ********* ****** ******* ******* ******** ****** ****** ****** ********** ******* ******** ********* ******* ********* ******** ********* ************ **** ********

******

********

**********

*******

********** *********** ***** **** ******* *****

 A A 

**** ** ***** ******* ***** ******** ******** ******* ******** ******* ******** ******* **** ******

**********

*******

*****

**

***

******* **** ***** ********* ******* ****** ******

***********

*****

*****

PJF - Versión Pública

*******

*

******* ******* ****** ******** por su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de desaparición forzada de personas previsto y sancionado por los numerales 27, 28, 29, 30 y 32, en su fracción II de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en relación directa con los numerales 9 y 13 del Código Penal Federal, cometido en agravio de

******

*****

*****

********* **** ** ***** ******** *** ****** ***** **** ****** ******* ***** ********** ***** *********

*****

*******

*********

*******

**** **** ******* ***** ******* ****** ******* **** ****** ******** ********** ****** ****** *********

*******

**

**

****

******

*******

******* ****** ****** ******* **** *********** ******** **** ***** * ****** ******* ****** SEGUNDO** El mandamiento judicial de que se habla deberá entregarse al agente del ministerio público que la solicitó, quien la ejecutará por conducto de la Policía Ministerial, marcando copia al ciudadano Fiscal General de Justicia del Estado para

su

cumplimiento

y

conocimiento

respectivamente, en la inteligencia que una vez localizados los denunciados deberán ser puestos a disposición de este tribunal a fin de que se les corra el término constitucional y no conculcarles garantías.

TERCERO.-

Se

suspende

el

procedimiento en que se actúa hasta el momento que se logre la ejecución del mandamiento judicial

librado. CUARTO Notifíquese al ciudadano agente

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del Ministerio Público por oficio. Cúmplase. Así lo proveyó y firma la ciudadana licenciada ****

Amparo indirecto

******

123/2018

Xalapa. Así también en términos de lo que

****

*******

Juez

de

Proceso

y

Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de establece el numeral 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, independientemente de que sea notificada por oficio al ciudadano fiscal, aquí presente, en este acto procedo a notificarlo de la resolución que se le acaba de notificar y en términos del diverso 63 se ordena también la transcripción o la versión que por escrito obre dentro del proceso penal 22/2018…”.

De lo antes reseñado, a juicio del suscrito juzgador, se deben considerar que son fundados los conceptos de

17

violación y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que la determinación de librar orden de captura en contra del quejoso, no satisface los requisitos establecidos por los

artículos 14 y 16 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicano, aunque para obtener la certeza de lo antes afirmado es necesario suplir la queja deficiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al tratarse de la parte reo en la causa penal de donde deriva el acto que se reclama.

En principio, debe indicarse que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

Artículo 14

 A 

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona

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alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. […]”

El artículo 14 Constitucional establece entre otras prerrogativas,

que

observarse

las

en

todos

los

juicios

formalidades

deberán

esenciales

de del

procedimiento, entendiéndose por ellas las que garantizan al gobernado una defensa adecuada y oportuna.

Lo anterior así lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia P./J. 47/95, visible en la página ciento treinta y tres, materia constitucional, común, tomo II, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: “FORMALIDADES

ESENCIALES

DEL

PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia

establecida

por

el

artículo

14

constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa

adecuada antes del acto de privación y que, de

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manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos:

1)

procedimiento

Amparo indirecto

La

y

notificación sus

del

inicio

consecuencias;

2)

del La

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de

123/2018

alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.”

En el caso en estudio se considera que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, vulnerándose así dicho mandamiento constitucional en perjuicio de la parte quejosa.

Para demostrar lo anterior, resulta conveniente traer a la luz los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de

19

Procedimientos Penales, que establecen lo siguiente: “CAPÍTULO III FORMAS DE CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL PROCESO SECCIÓN I Citatorio, órdenes de comparecencia y aprehensión Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia aprehensión

y

Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I.

Citatorio al imputado para la audiencia inicial;

II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela.

 A 

En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la

conducta, sin perjuicio de que reclasificación correspondiente.

con

posterioridad

proceda

la

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También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad.

La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia.

El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido.

El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario.”

Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior.

Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control.

Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud.

En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público.

En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud.

En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una

Amparo indirecto 123/2018

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clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito.

Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.

De lo anterior se advierte que cuando exista denuncia o querella respecto de un hecho posiblemente constitutivo de delito, existan datos que establezcan que efectivamente se cometió ese hecho y exista probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en la comisión, el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá librar citatorio, orden de comparecencia o de aprehensión.

En el caso de la orden de aprehensión puede ordenarse cuando el Ministerio Público advierta que exista la necesidad de cautela, así como cuando una persona resista o evada la comparecencia judicial y el delito que se le atribuya merezca

21

pena privativa de libertad.

De igual manera, el Ministerio Público puede solicitar el libramiento de una orden de aprehensión cuando se incumpla con una medida cautelar y el juez lo estime estrictamente necesario.

El juez de control para librar una orden de aprehensión debe realizar una relación de los hechos atribuidos al imputado,

debiendo

sustentarla

en

los

registros

correspondientes y exponiendo las razones por las que considere

que

se

actualizaron

las

exigencias

ya

mencionadas.

Estas solicitudes se pueden realizar por cualquier con el juez de control.

 A 

medio que garantice su autenticidad o en audiencia privada

El juez debe emitir la resolución que corresponda en

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audiencia, o a través del sistema informático, guardando la debida secrecía y pronunciándose sobre cada uno de los elementos planteados.

En caso de que sea en audiencia, la solicitud se resolverá en la misma audiencia, la cual deberá ser fijada en un término de veinticuatro horas y con la sola presencia del Ministerio Público y en el segundo supuesto en el mismo término contado a partir de que se haya recibido la solicitud.

En caso de que la resolución que se emita se registre por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.

Ahora bien, es de relevancia tomar en consideración lo dispuesto por los artículos 44 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establecen: Artículo 44. Oralidad de las actuaciones procesales Las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o con cualquier otro medio. En la práctica de las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad a las mismas, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido.

El Órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Sólo se podrán leer registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones; la parte interesada en dar lectura a algún documento o registro, solicitará al juzgador que presida la audiencia, autorización para proceder a ello indicando específicamente el motivo de su solicitud conforme lo establece este artículo, sin que ello sea motivo de que se reemplace la argumentación oral.

Artículo 67. Resoluciones judiciales

La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso.

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Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: I. Las que resuelven sobre providencias precautorias;

Amparo indirecto 123/2018

II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia; III. La de control de la detención; IV. La de vinculación a proceso; V. La de medidas cautelares; VI. La de apertura a juicio; VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio; VIII. Las de sobreseimiento, y IX. Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo.

En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo.

Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario.

23

De estos preceptos legales se deriva que las audiencias dentro del proceso penal se desarrollarán en forma oral y que si bien las partes se pueden auxiliar de documentos u otros medios, tal cuestión será excepcional, pues el órgano jurisdiccional debe propiciar que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones sino sólo en el caso de que se requiera como apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicciones y previa autorización del juzgador.

Las resoluciones se deben emitir de manera oral

y

deberán constar por escrito, después de su emisión oral,

 A 

entre otras, las relativas a órdenes de aprehensión.

La resolución que se emita por escrito no debe exceder

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el alcance de la emitida oralmente y deberá dictarse inmediatamente a su emisión oral sin exceder el plazo de veinticuatro horas, a excepción de que la propia ley establezca diverso plazo.

Entonces, de lo referido se puede colegir que para librar una orden de aprehensión es necesario:

1.- Que sea solicitada por el Ministerio Público, ya sea por cualquier medio que garantice su autenticidad o en audiencia privada.

2.- Que exista denuncia, acusación o querella.

3.- Que en la carpeta de investigación respectiva existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión.

4.- Que se advierta la necesidad de cautela.

5.- La exposición que realice el Ministerio Público, respecto de la relación de los hechos atribuidos al imputado, deberá realizarse en correlación a la forma en que se efectúe la petición correspondiente, esto es, si se realiza petición de audiencia, el Ministerio Público deberá expresar de manera oral sus solicitudes y exponer los datos de prueba con los que cuente para sustentar su petición y, en caso de que se haga por diversos medios, podrá, de manera excepcional hacer tal exposición y sus solicitudes por la vía escrita, siendo necesario justificar las razones que lo llevaron a inobservar el principio de oralidad, es decir, los motivos que le impedían solicitar la celebración de la audiencia privada respectiva.

6.- Una vez recibida la solicitud respectiva, el juez de control deberá actuar de acuerdo al medio a través del cual

se haya formulado tal petición, esto es, si se le solicitó

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audiencia, deberá señalar fecha y hora y en la misma audiencia resolverá, de manera oral, lo que en derecho

Amparo indirecto

proceda, exponiendo la motivación y fundamentación que al

123/2018

diverso medio resolverá lo conducente a través del medio

caso corresponda, y si fue recepcionada tal petición por informático autorizado.

Realizadas tales precisiones, el suscrito juzgador advierte diversas cuestiones que es necesario puntualizar para

revelar

el

incumplimiento

de

las

obligaciones

constitucionales en que incurrió la juzgadora responsable al emitir el acto que se le reclama, a saber: De las constancias que integran el proceso penal de origen,

y

en

específico

del

oficio

********

******************* signado por el Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas

25

Zona Centro Xalapa, con sede en esta ciudad, no se advierte que éste haya solicitado que se fijara fecha y hora para la celebración de audiencia privada a fin de que se resolviera respecto de su petición de libramiento de orden de aprehensión, sino que se limitó a solicitar a la Juez de Control librara orden de aprehensión en contra de las personas que señaló como imputados, no obstante tal omisión la juez de control, en auto de seis de febrero de esta anualidad, determinó señalar fecha y hora para resolver respecto de la petición aludida.

De igual manera, el suscrito juzgador advierte, del contenido tanto del oficio en mención como de lo expuesto en la audiencia privada de seis de febrero de dos mil dieciocho,

 A 

que el fiscal solicitante de la orden de captura no realizó exposición alguna en la que haya expresado los motivos o

razones necesarios para justificar la existencia de la

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necesidad de cautela, que es uno de los requisitos que impone la fracción III, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por consiguiente, la Juez de Control

señalada

como

responsable

tampoco

externó

pronunciamiento relativo a si se acreditaba o no la necesidad de

cautela

para

la

procedencia

mandamiento privativo de libertad.

del

libramiento

del

No es óbice a la anterior consideración ni mucho menos se debe considerar suficiente lo expresado por la juez responsable en el sentido de que: “en virtud de que se trata de un delito considerado como grave tal como ha quedado establecido precisamente en los tratados internacionales al ser considerado un delito de lesa humanidad…”, pues la circunstancia de que se pudiera tratar de un delito calificado como grave no implica necesariamente que se acredite la necesidad de cautela, además de que tal circunstancia no exime ni al fiscal solicitante y mucho menos al juez de control de justificar y determinar si se acredita o no tal requisito, esto en razón a que la necesidad a que se alude, debe justificarse de conformidad con los previsto por el artículo 16, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal, por ser ésta una de las exigencias más importantes para preferir la orden de aprehensión, frente a otras formas de conducción del imputado al proceso.

Orienta la conclusión anterior la tesis XXII.P.A.32 P (10a.)8, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, que a la letra dice:

8

Penal.

De la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, materia

“ORDEN

DE

APREHENSIÓN

EN

EL

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PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DE CAUTELA PARA SU EMISIÓN, NO SE SATISFACE CON LA

Amparo indirecto

CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDEN CON UN DELITO QUE

123/2018

AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. El artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad de que el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, emita una orden de aprehensión contra una persona, cuando exista necesidad de cautela; sin embargo, la motivación de esa necesidad de cautela no se satisface con la circunstancia de que los hechos del caso corresponden con un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, en términos del párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos

27

Mexicanos, pues ello es un supuesto que será materia de una etapa posterior, una vez que se establezca la audiencia inicial y se vincule, en su caso, a proceso al imputado. De ahí que con independencia de que el delito amerite prisión preventiva oficiosa, ese requisito de necesidad de cautela debe justificarse de conformidad con el artículo 16, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal, por ser ésta una de las exigencias más importantes para preferir la orden de

aprehensión,

frente

a

otras

formas

de

conducción del imputado al proceso”.

También es aplicable, la tesis I.6o.P.86 P (10a.)9, de la Décima Época, que a la letra dice:

 A 

9

Sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Materia Penal, visible en la página 1943.

“ORDEN

DE

APREHENSIÓN

EN

EL

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SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA,

SIEMPRE

QUE

EL

MINISTERIO

PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia

inicial

(fracción

I);

orden

de

comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente

a

una

audiencia

no

haya

comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede

ordenar

la

aprehensión

del

imputado,

sin

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necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza

Amparo indirecto 123/2018

pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia”.

Ahora bien, de la observación al contenido del disco versátil digital que contiene la audiencia privada de seis de febrero de dos mil dieciocho, en la que se determinó la procedencia de la orden de captura de la que se duele el solicitante de amparo, se aprecia que el fiscal solicitante no realizó la exposición que le correspondía acerca de sus solicitudes, los hechos atribuidos a los imputados, el sustento en los registros correspondientes y las razones por las que consideró que se actualizaban los requisitos constitucionales y legales indispensables para la procedencia de su solicitud,

29

y por consiguiente, la juez de control no realizó un análisis, de manera oral, respecto del cumplimiento de los requisitos aludidos, de los datos de prueba que le fueron allegados por el fiscal solicitante y de la relación entre estos con la acreditación de los requisitos en mención.

Ahora bien, como se precisó anteriormente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al solicitarse una orden de aprehensión al juez de control se debe hacer una relación de los hechos atribuidos al imputado, la que se debe sustentar en los registros correspondientes y se deben exponer las razones por las que se considera se actualizan las exigencias que señala el artículo 141 del precitado Código

 A 

procesal.

Estas solicitudes se pueden formular a través de dos

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vías, el primero por cualquier medio que garantice su autenticidad o en audiencia privada con el juez de control.

Ahora bien, el juez de control cuenta con dos vías para resolver tal petición que son en audiencia o a través del sistema informático y en el primer supuesto deberá resolver en la misma audiencia en donde se efectúe la exposición aludida en párrafos precedentes y en el segundo supuesto, deberá resolver a través del sistema informático.

De igual manera, debe tomarse en consideración que dados los principios del procedimiento penal adversarial y oral, así como lo dispuesto por el artículo

44 del Código

procesal de la materia, las audiencias se desarrollarán de manera oral, e incluso el diverso 67 del mismo ordenamiento legal dispone que la orden de aprehensión, entre otras determinaciones, debe ser emitida de manera oral, razones por las que se colige que la solicitud de una orden de aprehensión y su respectiva resolución deben ser emitidas de forma oral, siendo la diversa vía informática una excepción a la regla general y a los principios del proceso penal adversarial.

Precisado lo anterior, el suscrito juzgador advierte que existieron inconsistencias en el actuar de la juez de control en relación con el actuar del fiscal solicitante, porque éste al presentar el oficio ******** *******************, el cual no contiene dato alguno de la fecha y hora de recepción, no solicitó que se fijara fecha y hora para la celebración de audiencia privada ni tampoco justificó la necesidad de efectuar la mencionada solicitud fuera de audiencia.

No obstante ello, la juez de control procedió a fijar fecha y hora para la celebración de una audiencia privada, y una

vez llegada la hora que al efecto fijó, se limitó a expresar que

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se habían cumplido con los requisitos constitucionales y legales indispensables para proceder a la emisión del

Amparo indirecto

mandamiento de privación de libertad que le fue solicitado,

123/2018

audiencia cuáles eran los hechos tribuidos al imputado, los

sin que el fiscal hubiese expuesto de manera oral en tal datos de prueba con que contaba en la carpeta de origen ni las razones por las que consideraba que se actualizaron las exigencias que prevé el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que esas cuestiones fueron relatadas de manera escrita en el oficio a que se ha venido haciendo referencia.

De igual manera, de los archivos de audio y video remitidos por la juez de control anexos a su informe justificado, se aprecia con meridiana claridad que la mencionada responsable se limitó a dar lectura a los puntos

31

resolutivos de una resolución con la que ya contaba de manera escrita, sin haber externado las razones, motivos y fundamentos que la llevaron a considerar que se habían cumplido con todos los requisitos constitucionales y legales respectivos, ni exponer por qué a su juicio los datos de prueba que se pusieron a su consideración eran aptos y suficientes para acreditar la existencia de un hecho que la ley considera delito ni de cuáles de estos datos se desprendía la presunción de que el imputado habría participado en su comisión

en

cualquiera

de

los

supuestos

legales

correspondientes.

Por lo anterior, se colige que en la orden de aprehensión reclamada en el presente juicio de amparo, no se verificaron diversos requisitos como la necesidad de

 A 

cautela, tal y como lo establece el artículo 141 fracción III, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos

Penales, tampoco se hizo relación de los hechos atribuidos

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al imputado y su sustento en los registros correspondientes, ni la exposición de las razones por las que se consideraran actualizadas las exigencias previstas por el precepto legal antes citado, no se realizó de manera oral en la audiencia privada de seis de febrero de dos mil dieciocho, además de que la juez

de control omitió pronunciarse respecto a la

acreditación de la necesidad de cautela referida y la resolución que emitió carece de la debida y suficiente motivación y fundamentación, al no haberse emitido de manera oral sino haberse constreñido a dar lectura a los puntos resolutivos de una determinación que se advierte fue emitida por la vía escrita, con la que ya contaba previo al inicio de la audiencia privada en cita, actuar que resulta violatorio además del principio de oralidad que es pilar del proceso penal acusatorio y oral.

De tal suerte, queda demostrado que el acto reclamado contraviene lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que no se respetaron

las

formalidades que exige la normatividad que regula el procedimiento, a saber, las establecidas en los artículos 141 fracción III, 142 y 143, así como lo previsto por los artículos 44 y 67, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los términos que se dejaron precisados.

Máxime que se debe tomar en consideración, que si bien al emitirse un acto de molestia en contra de un gobernado, se debe cumplir con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, es decir, debe estar fundado y motivado; no menos cierto es que también se deben observar los demás preceptos que conceden prerrogativas a los gobernados en la Carta Magna, como por ejemplo el relativo a respetar las formalidades esenciales del procedimiento.

Por las razones que la sustentan, es aplicable la

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jurisprudencia 31/1999, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el

Amparo indirecto

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena

123/2018

contenido siguiente:

época, tomo IX, mayo de 1999, página 285, de rubro y

“ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN

ARTÍCULOS

DISTINTOS

AL

CONSTITUCIONALES ARTÍCULO

16

CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación

33

judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que formularse

respecto

de

la

 A 

pudieren

posible

violación de garantías constitucionales contenidas

en preceptos diversos al 16 constitucional; luego

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entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo

deba

cumplirse

lo

establecido

en

el

mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran

consagradas

en

la

Constitución

General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna.”

En relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el

amparo y protección de la Justicia Federal a **** *****

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**** ******** para el efecto de que la Juez de Control, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, realice lo siguiente:

Amparo indirecto

1. Deje insubsistente la resolución de seis de febrero de

123/2018

resolutivos en audiencia privada de la propia fecha, en

dos mil dieciocho, de la cual dio lectura a sus puntos los autos del proceso penal *******, así como todos sus efectos y consecuencias legales, por lo que respecta únicamente al quejoso

****

*****

****

********

2. En su lugar, emita una resolución, de manera oral, en la que niegue la orden de aprehensión que le solicitó Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro Xalapa, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el presente fallo, esto es, por no haberse expuesto y

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acreditado la necesidad de cautela, ni haberse expuesto los motivos y fundamentos en que se sustentó la orden de captura reclamada, ni haberlos relacionado con los datos de prueba

que tomó en consideración, de

manera oral.

Lo anterior, sin perjuicio de que el mencionado fiscal esté en aptitud de solicitar nuevamente el libramiento de la orden de

captura,

cumpliendo

con

las

formalidades

correspondientes, lo que deberá ser vigilado por la juez de control, así como motivo del pronunciamiento oral respectivo.

Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Fiscal General del Estado de Veracruz y Director General de la Policía Ministerial, ambos con sede en esta

 A 

ciudad, al no combatirse por vicios propios.

Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por

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el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 41, tomo 55, correspondiente a julio de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice:

“AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios.”

SEXTO.

TRANSPARENCIA

Y

ACCESO

A

LA

INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SÉPTIMO. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que lo solicite y acredite estar legitimada para ello, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia.

Por lo antes expuesto y fundado se:

R E S U E L V E:

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PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número ********, promovido por **** *****

Amparo indirecto

**** *******, contra el acto precisado en el considerado

123/2018

señaladas en el considerando tercero de esta resolución,

segundo,

reclamado

a

las

autoridades

responsables

atento a los argumentos y fundamentos vertidos en el mismo.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a **** ***** **** *******, contra el acto precisado en el considerado segundo, que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia, por los motivos, fundamentos y para los efectos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución.

Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a los terceros interesados y a la Agente del Ministerio Público

37

Federal de la adscripción, y mediante oficios a las autoridades terceras interesadas y diversas responsables.

Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en que así lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

En la misma fecha se libran los oficios 25052, 25053, 25054, 25055, 25057 y 25058,

 A 

según minuta que se agrega.- Conste.

El suscrito secretario hago constar y certifico: que la presente sentencia se encuentra

debidamente digitalizada en forma íntegra. Doy fe.

PJF - Versión Pública

El licenciado(a) Luis Alberto VÃzquez del Orbe, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.