LIBRO SOBRE EL LIMITE MARITIMO CON CHILE

LA CRISIS DEL “DÍA DE SAN SIMÓN” Un instante en la historia de las relaciones diplomáticas entre Chile y Perú

Manuel Acuña Asenjo

Editorial Senda / Senda Förlag I Stockholm Serie Historia

Diagramación y portada: Abel Samir Tratamiento de, las fotografías: Ricardo Jorquera Fotografías: Tomadas de Internet.

Mapas: Tornados de Internet y confeccionados por Abel Samir Manuel Acuña Asenjo Editorial Senda/Senda Förlag i Stockholm Serie Historia Stockbolm, 2006 ISBN 91-975375-0-0 Tryck: Författares Bokrnaskin Stockholm 2006 Impreso en los talleres de la imprenta de Escritores Suecos

ÍNDICE Introducción 9 1. Los orígenes del conflicto 12 2. El nudo central de la disputa 16 1. Marco teórico para la determinación de los límites espaciales 19 2. Un senador que pone en duda la legalidad 21 3. El conflicto bajo la dictadura 24 4. Las motivaciones económicas del conflicto 26 5. El gobierno de Perú comienza a actuar 31 6. Los conflictos con Perú durante los gobiernos de la Concertación 34 7. Los conflictos con Perú bajo el gobierno de Ricardo Lagos 36 1. El gobierno de la Concertación 'se sube a la lámpara' 42 2. Conocimiento del problema de la delimitación 46 3. ¿Pensaba el gobierno chileno en una guerra eventual? 48 4. Perú y Chile. en cifras 52 1. Entorno general para un conflicto particular 56 5. Factores regionales en el conflicto 62 2. Factores nacionales en el conflicto 66

17. Las reacciones de los candidatos frente u los sucesos 81 18. Breve historia de una bisectriz 85 19. Quiénes conocían de los hechos 88 19. El conflicto en la prensa peruana (y boliviana) 92 20. El Día de Todos los Santos 95 21. El gobierno chileno comienza a dar explicaciones 99 22. El deplorable resultado de las misiones 103 23. Resoluciones en el Congreso Nacional 106 24. El Congreso peruano aprueba el proyecto de ley 109 25. Un candidato más 'patriota' que los demás 112 26. La estrategia del gobierno peruano en el conflicto 115 27. La no estrategia del gobierno chileno en el conflicto 119 28. El conflicto en la 'Cumbre de las Américas' 122 19. Más allá de la 'Cumbre de las Américas' 125 32. Fujimori: el factor imprevisto 128 Conclusión 132 Anexos: 1. Copia del Memorándum enviado por el Agregado Naval del Ecuador en Perú al Jefe del Estado Mayor de la Armada de su país 146 2. El 'caso Luchetti' y el arte de crear conflictos internacionales, artículo del autor 150

INTRODUCCIÓN La generalidad de los hechos que ocurren y parecen tener cierta trascendencia dentro de un sistema social establecido verticalmente, no es obra de sujetos corrientes. Por el contrario: son las personalidades, individuos, colocados por otros —o instalados a sí mismos— en la cúspide de la jerarquía piramidal, quienes realizan o protagonizan tales hechos. El sujeto común,—la persona-masa. trabajador, estudiante, dueña de casa, inmigrante—, es el gran ausente: no participa ni es considerado en la planificación de las obras; tampoco en la ejecución de las mismas. Es un personaje que carece de significación política o social; da lo mismo que se encuentre o no en su hábitat, tan escasa importancia reviste para el sistema: es un sujeto esencialmente fungible. Rectifiquemos, no obstante. En las sociedades donde se ha instaurado la democracia como forma de gobierno tiene, sí, importancia: su rol es de ¡electo¡ personaje trascendente que, cada cierta cantidad de años, debe concurrir a las urnas para elegir quién ha de representarlo. Es un sujeto incapaz de representarse a sí mismo y, paradojalmente, tiene capacidad para elegir a quien ha de representarlo (una personalidad) cero m mayor propiedad. Notable.

Las personalidades no son personas corrientes. Por regla general, corresponden con exactitud al tipo de sujetos que el estado requiere para realizar su cometido. Por lo mismo y por adscripción pertenecen a las clases que conforman el

Bloque en el Poder, aunque sus extracciones económicas las identifiquen con fracciones de las clases medias hijas o, aún con el proletariado. Se convierten en clase o fracción de clase dominante en la práctica social jamás dejan de representar los intereses del Bloque en el Poder, al que pertenecen en cuerpo y alma.

Las personalidades son actores sociales: la generalidad de ellas actúa en la escena política. aunque algunas pueden hacerlo también en el deporte, la música, el teatro, la danza, el espectáculo televisivo. No por otra razón poseen tan extrema habilidad para desplazarse constantemente de escenario en escenario. No es casual por, tanto, que un político, en determinadas oportunidades, manifieste su interés en ser actor de telenovelas o que, al contrario, u una vedette anhele desempeñar un cargo en el parlamento. De cual va a ser el resultado de tan singular acoplamiento podrá dar cuenta más tarde un jurista avezado o un estudioso del derecho. Las leyes que en Chile pusieron en funcionamiento los Tribunales de Familia y modificaron las disposiciones relativas a la responsabilidad criminal, dictadas durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, fueron un elocuente testimonio de ese juego peligroso que une al espectáculo frívolo con la labor parlamentaria.

El rol de las personalidades en el desarrollo histórico tiene su origen en la estructura desigual y jerárquica que presentan las sociedades de dominación: la necesidad del 'líder', del 'conductor'; en el sistema capitalista, expresa con fidelidad la estrecha unidad de clases que existe dentro del Bloque en el Poder y, por consiguiente, la perfecta

coordinación entre las instituciones del estado, a cuya labor —de organizar políticamente a las clases dominantes y desorganizar políticamente a las dominadas— contribuyen eficazmente los estamentos que mantienen las estructuras estatales, los que ejercen una suerte de 'reinado' sobre aquellas- y los que las apoyan, simplemente.

Los actos de las personalidades adquieren, a menudo, enorme trascendencia. Constituyen, como ya se ha dicho, la más excelsa manifestación de la unidad de las clases y fracciones de clase dominantes actuando como Bloque en el Poder. Por la misma circunstancia, explican cómo un pequeño grupo puede sustituir al conjunto de" la estructura social y tomar, en su lugar, decisiones que pueden transformarla por completo.

La prensa, que representa igualmente los intereses de las clases y fracciones de clase dominantes, acostumbra referirse preferentemente a los hechos protagonizados por las personalidades. Poco o nada le interesa desvelar movimientos sociales en pos de sus respectivos intereses.

Por eso, raras veces vuelve atrás en la noticia o la enriquece, raramente establece conexiones que la unen a otros hechos y ocasionalmente explica de manera satisfactoria lo sucedido.

Puede decirse que, por el contrario, segmenta, corta, aísla los fenómenos, les confiere vida propia e independiente, les arrebata su entorno y lugar en el planeta. Los hace fenómenos suficientes en sí. Puesto que la prensa, no necesita hacer otra historia diferente a la de las clases y fracciones de clase dominantes, tampoco le interesa hablar de lo que no debe hablar. No debe causar extrañeza, por

ende, que un suceso aparezca en forma súbita, desvinculado de todo otro fenómeno y sea noticia en sí. Y, no obstante, tal suceso, como todo lo que ocurre en la naturaleza, es apenas una acumulación de circunstancias, pacientemente reunidas en tiempos y lugares precisos.

El 28 de octubre de 2005, día de San Simón en el calendario chileno, y en los días subsiguientes, sucedieron en ese país acontecimientos especiales. Para quien contemplaba los fenómenos cotidianos como si careciesen de un pasado, Perú ejecutaba, nuevamente, un acto de enemistad al que Chile, corno nación soberana. necesitaba responder con energía. Una ley, próxima a aprobar _ por el Parlamento de la vecina nación, amenazaba con alterar los límites marítimos con el país del sur. Las reuniones de los personeros de gobierno se sucedieron unas a otras. También las reuniones de aquellos con los altos mandos de la Fuerzas Armadas. Enviados especiales de la administración chilena empezaron a tomar contacto con países y organizaciones internacionales. Las naves de guerra, que se encontraban en el sur, iniciaron su rápido recorrido hacia el norte, y algunos peruanos hasta pudieron atestiguar haber visto desplazarse tanques chilenos muy cerca de la frontera. ¿Qué sucedía?

El presente análisis es un intento de relatar con mayor detenimiento los hechos que ocurrieron en esos dramáticos días. Es, por lo mismo, una historia de las veleidades de las clases y fracciones de clase dominantes; no trata de los sectores populares. Éstos fueron dejados a un lacio de tales maquinaciones por quienes creían tener pleno derecho a hacerlo. Y. como sucede normalmente en esos casos, no

pudieron desempeĂąar el rol de actores ni protagonistas de esos hechos pues, una vez mĂĄs, debĂ­an ser sujetos invisibles.

Si el momento decisivo (un eventual desenlace armado) se hubiere hecho presente, tampoco su contribuciĂłn hubiese sido otra que la acostumbrada siempre que suceden acontecimientos como aquellos: aportar su sangre y s4prificios. Retrocedamos, pues, en la historia para comprender lo sucedido.

LOS ORÍGENES DEL CONFLICTO Hasta poco antes de mediados del siglo pasado, los límites marítimos de Chile se extendían hasta las tres (3) millas marinas, distancia medirla de acuerdo a una práctica en boga por esos años. La soberanía de una nación se respetaba en atención a su capacidad de defensa y ésta se medía de una manera precisa, alcanzaba la distancia recorrida por una bala de cañón disparada desde la playa hacia el mar. Más allá de esos límites, el mar (y sus riquezas) se extendía ancho y libre a quienes quisiesen hacerlo (y hacerlas) suyo (suyas).

Por lo mismo, las naves de otras naciones (Noruega, Japón, Estados Unidos) se acercaban a las costas de Chile para practicar la pesca y recorrían, en consecuencia, todo el litoral de América del Sur. Eran embarcaciones pertenecientes a naciones ricas. Poseían medios idóneos para ejercer la labor pesquera, buques factorías, naves procesadoras, implementos y adelantos técnicos de los que los países sudamericanos carecían.

En 1947, el entonces presidente de Chile Sr. Gabriel González Videla, observando que algunas de las naciones poderosas, no contentas con explotar la fauna oceánica más allá de las tres millas marinas, habían extendido sus propios mares territoriales a doscientas, determinó seguir el ejemplo de aquellas y declarar como parte del territorio nacional el mar adyacente a la costa chilena cine, se extendía hasta esa misma distancia. ¿Acto de patriotismo? Depende. Si por 'Patria' se entiende a las clases y fracciones de clase

dominantes, ese fue sin lugar a dudas un acto de `patriotismo', según lo veremos más adelante.

Aquella no era, sin embargo, la historia de las doscientas millas marinas, uno su versión chilena. La otra era más antigua. Andrés A. Aramburu Menchaca, jurista peruano, consigna, en una de sus obras que el día 5 de septiembre de 1939 ordenó el presidente de los Estados Unidos, en ese entonces Franklin Délano Rooselvet el patrullaje de las costas de su país hasta una distancia de 200 millas Si bien esa medida tuvo importancia relativa, no faltaron investigadores que lo atribuyeron causas aún más profundas que Estados Unidos comenzaban adoptar medidas de seguridad al iniciarse en Europa la Segunda Guerra Mundial. Aramburu Menchaca afirma, por el contrario, que la determinación de la distancia no tiene un origen diferente, al interior de las tres millas marinas. De acuerdo a lo expresado por el jurista peruano, ésta se calculó de acuerdo “/…/ al alcance de las ondas de radar, que acababa de ser descubierto y se empleaba prácticamente como un arma secreta al iniciarse las hostilidades”.

Estados Unidos no consultó a la comunidad internacional acerca del derecho que tenía para hacerse propietario del espacio de las doscientas millas simplemente, se adueñó de aquel a través de un acto de soberanía interna consignado en dos sucesivos decretos presidenciales que llevan los nos.

2667 y 2668 de 28 y 29 de septiembre de 1945, respectivamente. A esa declaración unilateral suya de soberanía la siguió la de México, de 29 de octubre de 1945 y la de Argentina de 11 de octubre del mismo año, porque la

imitación de la conducta de las naciones poderosas es parte de la cultura de las naciones sometidas.

Antes esos actos de apropiación marítima, que ignoraban las instancias internacionales, también reaccionó de igual modo el gobierno de Chile. Así en virtud de una declaración presidencial de 23 de junio de 1947, confirmó y proclamó. “/…/ la soberanía nacional sobre todo el zócalo continental adyacente o las costas continentales e insulares del territorio nacional, cualquiera que sea la profundidad en que se encuentre, reivindicando, por consiguiente todas las riquezas naturales /…/ declarándose desde luego dicha protección y control sobre el mar comprendido dentro del perímetro formado por la costa con una paralela matemática proyectada en el mar a 200 millas marinas de distancia de las costas continentales chilenas”.

El 1 de agosto de 1947 en una verdadera sucesión de caída de piezas en dominó, también el gobierno peruano, en virtud del Decreto Supremo No. 781 declaró que “/…/que la plataforma submarina o zócalo continental forma con el continente una sola unidad /…/” por lo que procedió a establecer una zona de mar propia de doscientas millas marinas. Y no fue motivo de conflicto que ambas naciones sudamericanas marcaran sus límites fronterizos tomando como base los paralelos respectivos a la manera que se acostumbraba a hacer en aquellos años.

Hasta ese momento, los actos de soberanía de los países sudamericanos al igual de los de quienes les precedieran – eran particulares, privativos de cada uno de ellos. Poca o nula significación tenía para el concierto internacional. En

vista de tal situación, propuso Chile a sus vecinos Perú y Ecuador, en 1952, oficializar la extensión del mar territorial hasta las 200 millas marinas a través de la suscripción de un documento conjunto que diera cuenta de tal pretensión. La idea fue del agrado de ambas naciones que, en dos sucesivos tratados, procedieron a fijar los nuevos límites de sus respectivos mares territoriales en el Océano Pacífico. En el primero de esos tratados que se denominó ‘Declaración sobre Zona Marítima’ más conocido como “Declaración de Santiago”, luego de establecerse que su objetivo era “/…/ cuidar la conservación y protección de sus recursos naturales y reglamentar el aprovechamiento de ellos /…/”.

Se dejó constancia que, por dicha razón, “/…./ los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú proclaman como norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas, que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas /…/”.

Las naciones signatarias del pacto tenían pocas esperanzas que el documento fueses refrendado por la comunidad internacional. Estaban unidas, no obstante, por la necesidad de actuar juntas. Aquel era el primer factor que hacía ociosa cualquier discusión, disputa o afán de poner sobre el tapete de las conversaciones la exacta determinación de las fronteras. Porque cuando dos o más sujetos actúan guiados por un interés común, subsumen sus propias pretensiones ante le bien mayor; la consecución del objetivo superior exige la postergación de las propias apetencias e intereses

particulares, aún cuando uno de ellos actúe de manera poco solidaria. El objetivo central prima por sobre el interés particular. Por eso, cuando las Naciones Unidas aceptaron la pretensión considerando razonables los argumentos expuestos, la euforia se apoderó de los demandantes. Y ese fue el segundo factor que subsumió los alegatos.

Porque la euforia es una expresión extrema de alegría, obnubila a quien la experimenta. Le hace enfrentar los fenómenos desde una perspectiva incorrecta. Nubla su razón. Convierte en irrelevantes aspectos del fenómeno que no lo son en modo alguno. Impele a no considerar aquello que sí debió considerarse. No de otra manera sucedió con el tratado sobre ampliación de mar territorial luego que la comunidad internacional dio su aprobación a las 200 millas marítimas que pretendían las partes convenientes. El inmenso espacio oceánico que pasaba a formar parte del territorio de cada uno de los países signatarios hacía ridícula cualquier pretensión que versara sobre discusiones o debates en torno a la prolongación marítima de los paralelos que marcaban los límites territoriales de cada estado.

Euforia y necesidad de permanecer unido a otro sujeto o sujetos son factores que pueden explicar, generalmente, conductas dañinas a los intereses propios en determinadas circunstancias, pues lo que ocurre a individuos particulares también sucede a los estados. Esto mismo explica ciertos comportamientos nacionales que resultan, a menudo, incomprensibles.

En 1954, cuando aún no se acallaban las celebraciones por ese triunfo diplomático, las primeras dificultades en torno a la interpretación de los convenios se hicieron presentes. Para algunos barcos pesqueros resultaba bastante difícil distinguir con exactitud las fronteras marítimas de las naciones signatarias del pacto y así, inconsciente e involuntariamente, invadían el territorio oceánico del otro país. Así, el 8 de octubre de ese año, se convino en establecer una forma de resolver los conflictos a través de la firma de un nuevo documento. En uno de los considerandos de este tratado que pasó a denominarse “Convenio sobre zona especial marítima” se dejó constancia, entre otras cosas, de los siguientes: “/…/ la experiencia ha demostrado que debido a las dificultades que encuentran las embarcaciones de poco porte tripuladas por gente de mar con escasos conocimientos de náutica o que carecen de las instrucciones necesarias para determinar con exactitud su posición en alta mar, se producen con frecuencia, de modo inocente y accidental, violaciones de la frontera marítima entre los Estados vecinos”.

Continuaba el convenio señalando que, en atención a tales hechos y a objeto de evitar resentimientos entre los pescadores y fricciones entre los pases, se establecía. “/…/ una Zona Especial, a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países”.

Demás está decir que, al firmarse aquel convenio, implícitamente se establecían los fundamentos jurídicos de lo que más tarde había de invocarse para alegar el mejor derecho de la nación chilena sobre los espacios marítimos hasta el paralelo respectivo. Pero establecer tal tipo de fundamentos no implicaba en modo alguno sentar las bases de una convivencia pacífica y normal.

EL NUDO CENTRAL DE LA DISPUTA En la generalidad de las disputas entre seres humanos, no siempre aparecen claramente establecidas las motivaciones que las hicieron posibles. El nudo central de los conflictos permanece en la penumbra y, apenas, acontecimientos posteriores, disputas aparecidas con ocasión de otras disputas, vienen a explicar lo que, en verdad, ha sucedido. Si así ocurre es porque, por una parte, los conflictos rara vez tienen como origen un solo hecho-, obedecen, más bien, a una verdadera acumulación de circunstancias. La multiplicidad esconde la particularidad y dificulta la formulación de inicios. Y es un hecho fácilmente comprobable que los motivos originarios de un conflicto sólo en pocas oportunidades se manifiestan de modo transparente; el detonante toma el lugar de aquellos, y la causa 'inmediata' pasa a ser causa eficiente. Con mayor razón respecto de los conflictos que se arrastran por años de años y no se resuelven oportunamente. Las 'causas eficientes' se mantienen ocultas y sólo aparecen en esa calidad ciertas y determinadas motivaciones nacidas, precisamente, al generarse el conflicto. Así sucedió con la crisis que se desatara en Chile el 28 de octubre de 2005, y que hemos denominado 'Crisis del día de San Simón'.

Al firmarse los convenios a que hemos hecho referencia en las páginas precedentes —y como era de suponerse—, el gobierno chileno de turno les dio su propia y particular interpretación; lo mismo hizo el peruano. Con una

diferencia crucial: el perjuicio era solamente para este último.

De esa manera, fueron las autoridades chilenas quienes establecieron doctrina al respecto, determinando que el sistema de demarcación de la frontera espacial de ambos estados era aquel utilizado por la generalidad de las naciones de ese entonces, es decir, la cuadriculación planchita realizada sobre la base del establecimiento de meridianos y paralelos. En el caso en comerlo, la forma de delimitar el mar territorial había de hacerse a partir de la Línea de la Concordia, trazo convencional establecido entre Chile y Perú luego de la llamada 'Guerra del Pacífico', siguiendo el exacto recorrido del paralelo 18 ½’ 03”. El resultado que arrojaba esa interpretación era la apropiación, por parte de la nación del sur, de una amplia zona marítima frente a las costas perrillas que hacía a los pescadores del vecino país estar constantemente introduciéndose en 'aguas chilenas', pues el paralelo indicado se extendía junto a las costas peruanas en forma de una verdadera tangente. El mar de esa nación quedaba, así, reducido de manera ostensible. En esas condiciones, era lógico que las autoridades del vecino país comenzaran a buscar una solución al problema. En conflicto estaba, pues, planteado.

La primera de las vías ensayada por el gobierno peruano fue el empleo exhaustivo de la piedra angular de la diplomacia internacional, el diálogo con la eventual contraparte, es decir, intentos repetidos de conversar con las autoridades chilenas acerca del problema. La vía aquella, no obstante,

fracasó: el gobierno de Chile se negó terminantemente a hablar con Perú cuestiones tic soberanía. ¿Qué hacer, entonces?

Ante quien busca resolver los problemas bilaterales que tiene con algún vecino en la práctica del diálogo, y encuentra una cerrada negativa a sus demandas, sólo se abren los canales del sometimiento, de la violencia o el de los organismos internacionales. Perú optó el uso de este último, es decir, por otra de las formas que reviste la solución pacífica de las controversias. Pero aquella requería de la concurrencia de ciertas condiciones previas y, también, de ciertos preparativos. La nación vecina debía esperar, en primer lugar, que las condiciones se hiciesen presentes.

Ese día llegó, no obstante, en 1982, cuando la Organización de las Naciones Unidas citó a sus miembros para la realización de un encuentro en el que se establecerían ciertas regulaciones a las pretensiones marítimas de los países signatarios del pacto. La reunión, que tuvo como nombre 'Tercera Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar' y pasaría a llamarse, más larde, simplemente 'CONVEMAR', acordó normas a aplicarse en el caso de países con fronteras marítimas comunes, que hicieran difíciles las relaciones de hermandad; entre otras, el trazado de una bisectriz cuando las costas de las naciones adyacentes formasen un ángulo en los límites fronterizos.

Naturalmente que tales disposiciones constituían un fuerte espaldarazo a las tesis de Perú, según las cuales, al establecer Chile una línea de demarcación marítima a partir de la línea de la Concordia, equidistante de los paralelos,

escamoteaba a su vecino un retazo de mar cuya superficie total sería aproximadamente de 30 a 35 mil kilómetros cuadrados. Paradojalmente, la vecina nación no firmó el acuerdo, por las razones que se darán más adelante, al contrario de Chile que sí lo hizo.

Torcí había determinado usar exhaustivamente las instancias internacionales. Necesitaba, sin embargo, dar otros pasos previos. Para reclamar ante tales organismos internacionales debía, antes de riada, estar en posesión antecederles que avalaran sus pretensiones, limítrofes. La hermana nación estaba obligada a crear los fundamentos jurídicos que avalaran su reclamo', debía, por tanto, dictar una ley que determinase con exactitud sus propios límites marítimos, Sin que eso Implicase, en modo alguno, el abandono de la vía del diálogo, sino más bien su fortalecimiento con actos de soberanía interna.

Así, en caso de conflicto entre ambas naciones, parecía lógico suponer que el eje central de la disputa giraría en torno a determinar la propiedad de aquellos 30 0 35 mil kilómetros cuadrados de superficie marina. Nada más lejos de la realidad. La discusión surgida ese 28 de octubre de 2005 no se orientó en esa dirección, sino a repudiar la inminente dictación de una ley peruana que fijaba los límites marítimos del estado. La disputa cambió de objetivo: y como había sucedido en ocasiones anteriores—otros sucesos hicieron superfluo cualquier intento de retornar al objetivo primitivo. El conflicto originario quedó, pues, pendiente para tiempos mejores.

MARCO TEÓRICO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES ESPACIALES Algunos analistas afirman que las naciones constituyen una ficción. No parece serio. Por el contrario, constituyen organizaciones reales, estructuras sociales que se apropian de un espacio (aéreo, marítimo, terrestre y diplomático) dentro del cual no sólo ejercen soberanía, sino practican usos y costumbres que, finalmente, terminan dando origen a una cultura común.

Que se desenvuelvan las naciones dentro un espacio, no significa sino que éste ha de poseer una dimensión determinada. Los puntos, lugares o trazos que indican con certeza dónde empieza y donde termina ese espacio se denominan 'límites'. El límite separa a la estructura social de otros espacios, también sociales. El límite determina lo que está dentro y fuera de la nación; la separa del conjunto regional y planetario; la hace 'Individuo', unidad independiente de las otras. Sólo de esa manera una estructura social puede integrarse, nuevamente, tanto al conjunto regional como planetario. En palabras de Arthur Koestler, ha de hacerlo en calidad de 'holón' de otros 'holones' dentro de una cadena sin principio ni fin; la nación se hace parte de partes mayores que son partes de un todo aún mayor. En este sentido, el límite, la frontera, la línea demarcatoria espacial no es una ficción ni una simple formalidad. Así como la célula debió separarse de su entorno para hacerse ella misma, así como la célula para ser tal debió inventar la membrana, también las naciones en búsqueda de su '1ndividuación' debieron inventar las

fronteras para adquirir su propia personalidad. El límite es a la nación lo que la membrana es a la célula, o la piel al animal.

Los países, como los seres humanos que los conforman, poseen esa suerte de ontogenia social que caracteriza a cada especie: hacerse holones de otros holones que deben crecer y desarrollarse en el equilibrio de las tendencias autoafirmante e integradora, originadas en el proceso de individuación. Si, a menudo, un país lucha en forma desmedida por lo que cree le pertenece y es capaz de involucrarse en disputas internacionales no siempre pacíficas, es porque el equilibrio que deben mantener sus tendencias autoafirmante e integradora —típicas de quien experimenta un desarrollo social—se ha alterado; la primera ha crecido en desmedro de la segunda: el país ha adquirido el estado de ‘enfermo’, se ha desregulado biológicamente.

Las formas de resolución de sus controversias adquieren marcados rasgos competitivos que impiden la emergencia de formas cooperativas.

En las disputas por el establecimiento de las fronteras espaciales, no siempre está presente el marco teórico señalado precedentemente. Se recurre, más a ciertos criterios históricos de dudosa rigurosidad. Antes que los ingleses construyesen su sistema de orientación marítima basado en la cuadriculación planetaria de meridianos y paralelos, existían otros sistemas alternativos entre los que se puede señalar, por ejemplo, el sistema del ‘divortium aquarim’, usado por Chile y Argentina para determinar las fronteras cordi11eranas entre ambos; la simple 'ocupatio',

empleado por las potencias coloniales para justificar la propiedad de islas alejadas de las fronteras terrestres (las Malvinas); el 'utis possidetis', utilizado por las capitanías y gobernaciones de la corona española, al momento de constituirse como Estados soberanos.

Ante toda esa amplia variedad de sistemas de demarcación era posible suponer que, por el simple hecho de convenir en determinadas materias, dos condiciones podían estar aceptando implícitamente la aplicación de aquel que estuviese, en boga en dicha época. Pero suponer lo que puede ser posible no establece una verdad. Nadie puede presumir una voluntad donde ésta no se ha manifestado. La analogía con aquel brocardo jurídico según el cual donde la ley no distingue no es lícito al intérprete el hacerlo' se hace manifiesta: donde un convenio no se pronuncia, el significado está ausente.

El silencio es silencio: no importa manifestación de voluntad alguna.

En materia de determinación de fronteras nacionales, al amparo de nuevas mayorías se incorporaron formas más equitativas de reparto espacial, la fórmula propuesta por CONVEMAR al sugerir la aplicación de bisectrices en los ángulos formados por las costas de países adyacentes fue una manifestación de las tendencias qué comenzaban a hacerse presentes en esos años. Por lo mismo, la resolución de las controversias en virtud de principios más equitativos no aventurado suponer que, en un futuro o muy lejano, otros adelantos en materia de cálculos sobre superficies irregulares estarían en condiciones de emplearse con éxito

en materia de conflictos limítrofes. Podía pensarse que, a semejante finalidad sería adecuado el uso de los aportes matemáticos realizados por Cantor, Julia, Koch y otros investigadores, cuyos trabajos marcaron el comienzo de lo que pasaría a conocerse, más adelante, bajo el nombre de 'teoría de la complejidad', cuyos máximos exponentes fueron Edward Lorenz, con sus `atractores extraños', y Benoit Mandelbrot, con su teoría de fractales’. Pero el uso de tal instrumental teórico en materia de determinar las fronteras nacionales presumía, necesariamente, un requisito de extraordinaria relevancia: la voluntad de resolver los conflictos y no de Soslayarlos.

UN SENADOR QUE PONE EN DUDA LA LEGALIDAD No puede suponerse que Perú ignoraba lo que, en el momento de firmar el convenio, estaba haciendo. Sin embargo, las relaciones internacionales nos enseñan que no siempre un convenio expresa la libre voluntad de las parles; especialmente, cuando esos convenios ponen fin a una anterior situación de guerra, o cuando se firman con motivo de problemas pendientes luego de una confrontación bélica.

Podemos, sí, presumir que la actitud de la hermana nación estaba motivada, en primer lugar, por la buena fe, la confianza que el texto del convenio no sólo reflejaba lo mejor para ambas partes contratantes. Pero no podemos dejar de lado otra circunstancia: lo irrelevante que parecía, en esos momentos, cualquier discusión sobre la forma de establecer las porciones de mar frente al espectacular triunfo de la diplomacia sudamericana, luego de la ratificación del tratado por los organismos internacionales. Perú seguía viviendo la euforia de lo que consideraba casi imposible. El problema, pues, no estaba superado; aunque algunos se preparasen para esgrimir aquel discutible aforismo heredado del Derecho Romano según el cual la ley no protege a los tontos'. Y tanta era la alegría por el triunfo alcanzado que, a poco andar, el propio Congreso peruano procedía a la ratificación del convenio, trámite que Chile no cumplió por esas circunstancias extrañas que, sucediendo a menudo, muy pocos aciertan a comprender.

Solamente catorce años más tarde, en 1967, la Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a las máximas autoridades de esa institución, decidió iniciar las gestiones necesarias para la ratificación de dicho acuerdo.

Las conversaciones comenzaron en la llamada 'Reunión del Pacífico Sur-' realizada en Paracas, Perú, a la que asistieron representantes tanto de Chile como de su vecino del norte.

Las delegaciones de ambas naciones fueron encabezadas por diplomáticos experimentados. Carlos Mardones Restat lo hizo en representación del gobierno chileno.

Simultáneamente a la realización de esas conversaciones, dio el Ministerio de Relaciones Exteriores del primero de los países nombrados, instrucciones a sus funcionarios para iniciar una ofensiva parlamentaria frontal. En realidad, se trataba más bien de explicar a cada uno de los senadores la necesidad de ratificar el convenio a fin de obtener consentimiento para la aprobación del mismo e insistir en el hecho que los propios peruanos estaban interesados en ello.

Al respecto, expresa uno de los protagonistas de ese hecho lo siguiente: "El Asesor Jurídico, señor Luis Melo Lecaros, me instruyó para conversar – y exponer el tema, en representación del Ministerio, a los senadores chilenos, en reuniones individuales, en las que tuve la oportunidad de conocer los puntos de vista ¿le cada uno de ellos, y convencerlos de la necesidad, para conservar las mejores relaciones con los otros dos países miembros del Pacífico Sur, de que ratificaran dicho tratado. El más reacio, recuerdo que fue el senador Salvador Allende Gossens, quien no podía entender por qué el Perú estaba tan interesado en

nuestra ratificación, si el concepto de que la línea marítima fronteriza pasara por el paralelo, era claramente perjudicial respecto a sus posibilidades para la superficie de mar territorial que le correspondía.

No debe sorprender que el senador Salvador Allende hubiere expresado, en aquella oportunidad, sus objeciones al comportamiento de la Cancillería chilena. Acostumbrado, desde sus años de estudiante, a considerar a Chile como parte integrante de una comunidad latinoamericana de naciones; no vacilaba en exteriorizar su extrañeza ante una conducta manifiestamente mañosa que no acertaba a comprender. Si el gobierno de su país poseía argumentos jurídicos poderosos —a la fecha, existía costumbre y práctica internacional para fijar los límites fronterizos marítimos de conformidad a los paralelos—, ¿a qué tales actitudes de las autoridades chilenas'? Raúl Elgueta, funcionario del Ministerio, a quien correspondió realizar algunas de las gestiones necesarias para obtener el apoyo parlamentario a la iniciativa, señala que, a pesar de sus explicaciones, las palabras de Allende continuaron siendo críticas al tratado: "Bueno, si los propios peruanos consideran esta alternativa como válida e insisten en ella, votaré favorablemente la ratificación... Ojalá que nunca se arrepientan, porque eso nos podría crear, a futuro, serios problemas".

De esa manera se ratificó, finalmente, en 1968, el Convenio de 1954 firmándose, además, un documento adicional que, bajo el nombre de 'Acta de 26 de abril de 1968', fijó la ubicación de dos hitos de referencia marítimos visibles

desde el mar a instalarse a la brevedad en los lugares indicados en el acta con la finalidad de evitar cualquier eventual futuro conflicto. En su parte pertinente, expresaba el documento que los representantes de ambas naciones hermanas habían acordado: "Instalar dos marcas de perfilación con señalización diurna y nocturna; la marca anterior quedaría situada en las inmediaciones del Hito No. 1, en territorio peruano; la marca posterior estaría ubicada a una distancia de 1.800 metros de la marca anterior, en la dirección del paralelo de la frontera marítima, lo que la situaría al lado sur de la Quebrada de Escritos, en territorio chileno".

Un año más tarde, y constituida que fuese una Comisión Mixta Chileno-Peruana para verificar el cumplimiento de los acuerdos anteriores, se firmó en la ciudad de Arica, el 19 de agosto de 1969, una nueva acta que se llamó ‘Acta de la Comisión Chileno-Peruana encargada de verificar la posición del hito N° 1 y señalar el límite marino'.

Resulta curioso constatar hoy cómo los documentos que respaldarían las pretensiones de Chile en una eventual contienda ante los Tribunales Internacionales se completaban a cada paso que daba su diplomacia. Como si la juridicidad fuese la única fuente válida para establecer relaciones internacionales.

EL CONFLICTO BAJO LA DICTADURA Un suceso nuevo, que fue a complicar el panorama existente hasta ese momento, lo constituyó la realización de la llamada 'Tercera Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar', 'CONVEMAR' o, simplemente, 'Tercera Convención del Mar', en 1982. Dicho tratado, suscrito por 150 países incluido Chile, estableció que el mar territorial tendría, a partir de ese momento, una extensión de 12 millas; no obstante, aquellas formarían parte de una zona económica exclusiva (ZEE) dentro de la cual cada país miembro podría extraer riquezas del mar y subsuelo marino hasta una extensión de 200 millas. Para determinar las fronteras entre los países, estableció 'CONVEMAR' el siguiente mecanismo: "/.../ el límite marítimo entre países vecinos debe fijarse a partir de una línea equidistante que nazca en la frontera / …/” A mayor ahondamiento, dispuso el artículo 15 del mismo cuerpo legal textualmente lo que se sigue: “Cuando las costas de dos Estados sean adyacentes o se hallen situadas frente a frente, ninguno de dichos Estados tendrá derecho, salvo acuerda en contrario, a extender su mar territorial más allá de una línea media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del mar territorial de cada uno de esos Estados. No obstante, esta disposición no será aplicable cuando, por la existencia de derechos históricos o por otras circunstancias especiales,

sea necesario delimitar el mar territorial de ambos Estados en otra forma".

De acuerdo al mismo documento, suscrito y ratificado por el gobierno chileno de ese entonces (la dictadura de Pinochet), las disposiciones antedichas no se aplicarían en los casos que existiesen "/.../ títulos históricos u otras circunstancias especiales para delimitar los mares territoriales de los dos estados".

Como ya se ha expresado anteriormente, Perú no ratificó este tratado en su tiempo. Las razones que tuvo para adoptar tal decisión no eran despreciables: la 'Tercera Convención del Mar' aceptaba sólo 12 millas en el carácter de mar territorial y 200 en el carácter de ZEE-, Lima alegaba 200 millas de espacio marítimo en el carácter de territorio propio, no de ZEE. En 1986, en plena dictadura pinochetista, el problema comenzó a hacerse presente tal cual Salvador Allende lo había anticipado. Pero al igual que la generalidad de los acontecimientos internacionales, administrados por el régimen de excepción de ese entonces, tales gestiones no sobrepasaron los estrechos márgenes de los canales diplomáticos. El gobierno del Perú dio instrucciones a Juan Miguel Bákula, diplomático que llegó al país con el rango de embajador para tales asuntos ante el gobierno chileno de facto, de concurrir hasta el despacho del canciller de la dictadura, Sr. Jaime del Valle, a fin de hacerle presente las inquietudes de esa autoridad.

La representación diplomática del gobierno de Lima' sabía muy bien lo que hacía y con quien trataba pues el mismo día

de la entrevista, 23 de mayo de 1986, y luego de finalizada la misma, se apresuró a redactar un memorándum donde se dejaba clara constancia del tenor de las conversaciones. El referido documento fue enviado prontamente al Ministerio de Relaciones chileno junto a una nota que expresaba lo siguiente: "La Embajada del Perú saluda muy atentamente al Honorable Ministro de Relaciones Exteriores y tiene a honra hacerle llegar el Memorándum en el que el Embajador Juan Miguel Bákula ha resumido las manifestaciones que se permitió formular en la audiencia que, muy gentilmente, le concedió Su Excelencia el Ministro de Relaciones Exteriores".

En dicho memorándum podían leerse, entre otros, los siguientes párrafos de innegable interés: “En la mañana del viernes 23 de mayo, Su Excelencia el Canciller, doctor Jaime del Valle, recibió al Embajador Juan Miguel Bákula quien le entregó un mensaje personal del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, doctor Allan Wagner.

En dicho mensaje, se expresa que el objeto de la visita del Embajador Bákula está en relación con planteamientos de la más elevada importancia ti para las relaciones entre ambos países, dentro del propósito de los dos Gobiernos «de que la vinculación peruana-chilena esté libre de todo aquello que puede dificultar los altos niveles de entendimiento permanente y de largo alcance” que se persiguen".

"Uno de los casos que merece rota inmediata atención, se refiere a la delimitación formal y definitiva de los espacios

marinos, que complementan la vecindad geográfica entre el Perú y Chile, y que han servido de escenario a una larga y fructífera acción común”.

No obstante, como sucediese con infinidad de otras materias tratadas en secreto por el régimen de facto, el problema quedó archivado en la agenda las cuales perdidas.

LAS MOTIVACIONES ECONÓMICAS DEL CONFLICTO La ampliación de las fronteras nacionales siempre presenta motivaciones económicas, y éstas pocas veces incumben a la totalidad de la población; por el contrario, afectan a un reducido segmento de la sociedad. Las clases y fracciones de clase dominantes de cada país protegen sus intereses bajo la excusa de estar sentando las bases para la defensa de la soberanía nacional. Intereses particulares de pequeños grupos e intereses nacionales adquieren, de esa manera, única identidad. Así sucede constantemente en la historia.

Así sucedió en 1952 cuando se firmó la 'Declaración de Santiago': las motivaciones económicas fueron el eje central de los acuerdos alcanzados; aunque en ninguna parte del documento dejase alguien constancia de tal hecho. Sin embargo, lo que parecía primordial al momento de estamparse las firmas no lo fue en los años posteriores.

Nuevas razones, nuevos argumentos se sumaron a los anteriores, haciéndose presentes para dar mayor solidez a las pretensiones. De esa manera, puede hoy aseverarse que, tras la reivindicación de las 200 millas marinas alegada por las naciones signatarias del pacto; quedaron subyaciendo dos grupos de motivaciones claramente diferenciados. En atención a la época u oportunidad en que fueron formuladas podemos denominar ‘originarias’ a unas, y 'sobrevinientes' a las otras.

Son 'originarias' aquellas motivaciones que los gobernantes tuvieron en consideración al momento de decidir la

prolongación del mar territorial respectivo; son 'sobrevinientes' aquellas que hoy se esgrimen para justificar más aún la apropiación del subsuelo marino. Estas 'últimas constituyen verdaderos argumentos basados en el descubrimiento de nuevos compuestos y sustancias minerales, merced a los adelantos tecnológicos alcanzados en la segunda mitad del siglo XX. Analizaremos brevemente estas motivaciones, tanto en el caso de Chile como de Perú.

1. Motivaciones ‘originarias’.

Hasta la firma de la 'Declaración de Santiago', Perú tuvo permanentes conflictos con los barcos pesqueros norteamericanos y canadienses que se internaban en dirección a sus costas buscando los grandes cardúmenes que huían hasta allí. En numerosas oportunidades hubo de adoptar severas medidas para detener tales despojos, entre otras, la captura de algunas de las naves extranjeras que merodeaban por el lugar. La retención de ciertos buquesfactorías, pertenecientes a la flota del magnate griego Aristóteles Onassis llenó los titulares de los periódicos de todo el planeta a mediados del pasado siglo. Perú no defendía soberanía suya alguna, sino los intereses de la Industria pesquera de sus más poderosos clanes.

Chile no lo hizo de manera diferente; tampoco sus motivaciones escaparon a esta constante. Según lo expresa Héctor Repetto: "/.../ la inquietud por establecer una zona defensiva partió de algunos ara nadores balleneros chilenos que advirtieron la escasez de estos cetáceos frente al litoral nacional, motivo

por el cual promovieron que los que existieran hasta una distancia de 200 millas marinas quedasen reservados para las plantas procesadoras del país. Inicialmente se confundió esta idea con la concepción de un límite marítimo para la defensa hemisférica, durante la Segunda Guerra Mundial" En efecto: una de las más poderosas empresas balleneras del país pertenecía a Isabel Eastman de Edwards, cónyuge del magnate de 'El Mercurio' Agustín Edwards, hombre de gran influencia en los círculos gubernamentales que no era solamente un empresario más de esa época, sino pertenecía a la fracción hegemónica de las clases y fracciones de clase dominantes que integraban el Bloque en el Poder en Chile.

En su calidad de organizador político de los sectores dominantes y desorganizador político de los dominados; debía el estado chileno proteger los intereses de doña Isabel Eastman. Esa tarea fue encubierta bajo el carácter de defensa de la soberanía nacional. La cónyuge de Agustín Edwards se transformó, por obra y gracia de su posición social, en gestora y cansa directa de la extensión del mar territorial chileno.

Estas causas 'originarias' (protección a la industria pesquera) no dejan de estar presentes en los conflictos modernos. Bajo otros respectos, bajo otras circunstancias. Son 'actuales en tanto exista fauna marina susceptible de apropiación por parte de la industria pesquera. Es la importancia que tienen.

No dejaron de hacerse presentes, por lo demás, en el conflicto que emergiera nuevamente entre Chile y Perú, a fines de 2005.

En efecto. La costa ariqueña proporcionaba la mayor parte de la pesca que realizaban los barcos chilenos. Los aproximadamente 30 a 35 mil kilómetros cuadrados de mar en disputa, tenían indiscutible importancia económica para el país; representaban, además, un 20% de la zona exclusiva de mar que existe frente a la provincia de Tarapacá. De acuerdo a cálculos proporcionados por integrantes de la 'Sociedad Nacional de Pesca' ('SONAPESCA'), tan solo en la Primera Región se explotaba entre el 30 y 40% de los, 4,5 millones de toneladas de pescado producidas por el país.

Una eventual devolución de esas extensiones marinas preocupaba profundamente al sector privado. Si bien en para algunos especialistas “/…/ la pérdida de este trozo de mar no afectaría mayormente los ingresos pesqueros totales del país /.../ reconocen que la Primera Región sufriría mi serio estancamiento en su desarrollo”.

Según Calderón y Hernández, “La frontera nortina es tina de las zonas de actividad pesquera más activa. La captura en esa zona no sólo es crucial para la pesca artesanal sino que también para la industria de la harina de pescado y la exportación.

Perú, a la fecha, era el primer proveedor mundial de anchoveta, con ocho millones de toneladas al año, con casi el 40% del mercado global-, Chile le seguía, con sólo un 20%. El mar ariqueño era, a su vez, esencialmente anchovetero; poseía una importancia crucial para la nación vecina, y representaba un futuro promisorio para la provincia de "faena. Para Arica, la anchoveta era, también,

importante; del total de peces capturados por la flota de esa ciudad, representaba el 70% de la producción. Por otra parte, era necesario producir un millón de toneladas de anchoveta para proporcionar el aceite y harina de pescado que requería el abastecimiento de los criaderos de salmones del país. Y si bien era cierto que las informaciones oficiales relativas al monto total de la pesca en esa zona mostraban cifras que oscilaban alrededor de las diez mil toneladas, un informe de la 'SUBPESCA', elaborado precisamente en 2005 e intitulado 'Perfil Pesquero de la Macrozona Norte', consignaba que durante los últimos cinco años, la captura de 'recursos pelágicos' —entre los cuales se incluía a las especies anchoveta, y jurel había oscilado entre las 800.000 y 1.700.000 toneladas anuales. De acuerdo al mismo informe, la participación de estos productos en el desembarque total nacional variaba entre el 30 y 40%, siendo los principales puertos de, descarga Arica e Iquique.

La industria pesquera chilena estaba fuertemente controlada por dos grandes grupos económicos. El primero de aquellos era 'CORPESCK que dirigía Anacleto Angelini, uno de los magnates más poderosos del país y simpatizante de la Democracia Cristiana; el segundo era la Compañía ‘Camanchaca', de propiedad de Jorge Fernández y Francisco Cifuentes. Existían, además, innegables vínculos que unían los intereses de los grupos económicos pesqueros con personeros demócrata cristianos de la Concertación. Era de sobra conocida, en esos años, la denuncia hecha por el economista, promotor de la Fundación Terram y vicepresidente para la América del Sur de la Fundación

'Oceana', Marcel Claude, respecto de algunas familias que participaban activamente en el mundo de la política (como lo era el de los hermanos Adolfo y Andrés Zaldívar Larraín) y, no obstante, poseían grandes inversiones en empresas de ese rubro. Anacleto Angelini no pertenecía tan solo a tina de las fracciones más poderosas del empresariado nacional; Junto a otras personas, que mencionaremos más adelante, era parte de la fracción hegemónica del Bloque en el Poder que dirigió a Chile, en esos años. La Democracia Cristiana representaba, de esa manera, los intereses del gran capital nacional y, simultáneamente, del gran capital transnacional.

Como lo hacían otras organizaciones políticas de la Concertación.

En la zona en disputa, 63 grandes naves representaban la actividad industrial; por su parte, la pesca artesanal estaba compuesta por 61 lanchas, y 51 botes autorizados para desembarcar en Arica.

"La flota industrial ¿le cerco opera hasta el límite norte mismo. Se desplaza por Arica e Iquique, por lo que no es posible estimar cuántos recursos específicos están en esta zona", había confesado a la prensa Gastón Julio, jefe provincial de 'SERNAPESCA', en noviembre de 2005.

2. Motivaciones `sobrevivientes'.

Los modernos estudios geológicos habían permitido, además, descubrir, otros motivos económicos que impedían al gobierno de Chile considerar a esa porción de mar como objeto tic negociación.

Por una parte, no podía hacerlo porque ello le significaba convenir sobre parte de su zona económica exclusiva (ZEE) para la explotación y exploración de los recursos del lecho marino y su subsuelo, fuesen o no minerales, .e acuerdo a lo establecido en la 'Tercera Convención del Mar', de 1982.

Por otra parte, la Dirección de Medio Ambiente de la Cancillería, a través de su Subgrupo de Pesca de Arrastre, estaba temerosa que la proyección de la bisectriz, propuesta por Perú, afectase las ZEE de las islas chilenas San Ambrosio y San Félix, ubicadas en la III Región.

Una tercera razón se refería a la proyección de la bisectriz a los montes submarinos ubicados en los cordones también submarinos de Nazca y de Sala y Gómez. Este argumento, de índole exclusivamente ecológica, pretendía proteger determinados ecosistemas chilenos cuyas particularidades los convertían en entornos únicos para la existencia y conservación de organismos de aguas profundas.

El argumento mayor, no obstante, estribaba en la explotación de los fondos marinos. El gobierno chileno estaba en conocimiento que, en esa zona, se encontraban nódulos y sulfuros polimetálicos (más exactamente, cobre) junto a cortezas de ferromanganeso con alto contenido de cobalto, elementos básicos para la fabricación de armamento de alta tecnología. Una eventual exploración de los nódulos y sulfuros polimetálicos por parte de Perú, en posesión ya del mar reclamado como propio, podría significar un aumento considerable en el stock mundial de cobre, obligando a la baja eje su precio internacional.

Ecuador no estaba al margen de esas disputas. Poco o nada le interesaba alterar sus límites marítimos en la forma establecida por la 'CONVEMAR' pues corría el peligro de poner en discusión el tema de su soberanía sobre algunas islas, entre otras, las Galápagos.

EL GOBIERNO DE PERÚ COMIENZA A ACTUAR La historia del conflicto del día de San Simón comenzó con una noticia.

Y Pero la noticia, aunque parezca serio, no es la historia misma, sino apenas un fragmento suyo. La noticia es parte sólo de ese inmenso todo que constituye la historia. O, a lo más, una lonja, una rebanada de sucesos acaecidos en tiempo y espacio determinados. Por lo demás, proviene de un sector social determinado, cuyos intereses son específicos.

Segregación petrificada de un flujo total, separada por entero del contexto al que pertenece, la noticia pierde por ello, frecuentemente, toda significación histórica; deviene en suceso actual, inmediato. Constituye una coyuntura. Pocas veces informa de las circunstancias que preceden a los hechos de los cuales da cuenta. La noticia peca por omisión.

Sin embargo, en una sociedad altamente tecnificada o que aspira a serio, en una sociedad donde la especialidad impera ampliamente y subordina cualquier visión unificadora total, no es extraño que la noticia desempeñe el rol de la historia o la subrogue. Entonces, las reacciones no pueden ser más espectaculares. Es lo que sucedió en el conflicto entre los gobiernos de Chile y Perú a fines de 2005.

La noticia llegó en forma sorpresiva. Separada de su contexto, convertida en razón de sí misma, presentaba tal aparente grado de convicción de las reacciones generadas no podían sino ser espectaculares: Perú, por sí y ante sí, unilateralmente, decidía fijar los límites marítimos con su

vecino atropellando todos los convenios anteriores. Y no debía sorprender que un diario santiaguino, de reconocida tendencia gobiernista, destacara el sábado 29 de octubre, en su primera página: “Perú desata nuevo conflicto por límites marítimos”.

Las informaciones agregaban que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano había (lado su aprobación, por unanimidad, a un proyecto presentado por el Ejecutivo de esa nación en el cual se proponía la modificación de las fronteras marítimas con Chile, reemplazándose la prolongación del paralelo 18 1/2”03” por una bisectriz trazada en el ángulo oceánico, que se abre entre ambos países a partir de la línea de la Concordia. La noticia, extremadamente mezquina, no indicaba que el proyecto de Ley, de líneas de base' —como se le llamaba— había sido aprobado por la comisión el lunes, 24 de ese mes, ni tampoco por qué esa información llegaba con tanto retraso a Chile. Demás está decir que jamás el gobierno del presidente Lagos explicó por qué la cancillería sólo se informó —aparentemente— cinco días después de acontecido el hecho ni cómo aquello pudo suceder. La sorpresa pareció ser total y, tal vez, ello puede hoy explicar el desconcierto, el atolondramiento y la desproporción de la reacción chilena.

Volvamos al día anterior. El viernes 28 de octubre, apenas conocida la noticia en círculos oficiales, se reunieron, de inmediato, a las 5 de la tarde en una de las salas del Palacio de La Moneda Osvaldo Puccio (Secretario General de Gobierno), Francisco Vidal (Ministro del Interior), Eduardo

Dockendorff (representante del Presidente de la República), Jaime Ravinet (Ministro de Defensa) y Cristián Barros (Subsecretario de Relaciones Exteriores), a fin de analizar la situación. Fue un conciliábulo frenético. A las 8 de la noche, es decir, tres horas más tarde, “/…/ se vio a los ministros políticos subir al despacho del Presidente Ricardo Lagos /…/”.

Según lo expresara un matutino santiaguino, “/…/ en la reunión con el Presidente Lagos estuvo presente el embajador de Estados Unidos (país garante del tratado del 29) en nuestro país Craig Kelly y el del Reino Unido (que preside la Unión Europea) Howard Drake /…/”.

La declaración pública, que fue leída esa misma noche por el Ministro Secretario General de Gobierno, Osvaldo Puccio, luego de expresar el apego tic Chile a las normas y tratados internacionales y de señalar que “/.../ este proyecto, de ser aprobado, significaría un desconocimiento unilateral de tratados vigentes entre ambos países terminaba diciendo: "Ante estos hechos y a objeto de prevenir situaciones que nadie espera se ha instruido al embajador de la OEA, Esteban Tomic, solicitara ese organismo internacional abocarse al estudio de este tema”.

Según el periódico "Siete": “/…/ la unanimidad con que la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó el proyecto inquietó al gobierno y también a círculos castrenses, que desde hace un año vienen advirtiendo que el único foco real de conflicto está con Perú. En los mismos círculos se dijo

que la Armada ha intensificado los patrullajes en ese límite marítimo”.

Simultáneamente a esos hechos, el gobierno chileno procedió a entregar sendas notas de protesta antes las autoridades del hermano país: la primera de ellas se hizo llegar al embajador de Perú en Chile, señor José Antonio Meier; la segunda a la Cancillería de la vecina nación a través del embajador de Chile en Perú, señor Juan Pablo Lira.

LOS CONFLICTOS CON PERÚ DURANTE LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN Una noticia falta a la verdad no sólo cuando entrega información falsa o errónea, sino además cuando no da cuenta de los hechos que permiten entender su contenido.

En otras palabras, una noticia puede faltar a la verdad por acción o por omisión. La noticia que dio cuenta de, la aprobación unánime del proyecto de ley enviado al Congreso peruano por el Presidente Alejandro Toledo daba a entender que la actitud del gobierno de ese país era enteramente discrecional, es decir, que no la provocaba causa o motivo alguno. De ahí a suponer la perversidad de una de las partes había tan solo un paso. Por lo mismo, no podía sorprender que los chilenos comenzasen a creer en un conflicto generado por la 'constante animadversión' de la nación peruana hacia ellos y atribuyesen el hecho a una actitud unilateral suya destinada a socavar las bases de una convivencia pacífica. Este convencimiento no sólo irían a compartirlo sectores do escasa educación, sino parte importante del llamado 'estamento académico' chileno. La noticia pecaba, como era de suponerse, de omisión pues ocultaba los hechos que habían conducido a sus protagonistas a una solución de usa naturaleza. , "¿Habrá un intríngulis peor que ese en el que alguien presume de tener problemas con usted, mientras usted siente que no tiene problema alguno can nadie?", se preguntaba el vicerrector de una conocida universidad santiaguina. Y, agregaba:

"Es difícil imaginarlo. Pero es lo que ocurre hoy día entre Chile y Perú. Mientras Chile sostiene que los límites marítimos quedaron definidos en los años cincuenta (mediante una línea perpendicular territorial al adatan límite), Perú sostiene que se trata de un asunto todavía pendiente. Y se dispone, entonces, a aprobar una ley que hace suya la línea media (que divide en dos partes el ángulo que forma la prolongación de las costas de ambos países).

La pretensión peruana acabaría escamoteando varios miles de millas a la soberanía chilena.

En realidad, tras la presentación del proyecto de ley sobre límites marítimos con Chile, que el Presidente Alejandro Toledo hiciera al Congreso de Perú, subyacía toda una larga historia de relaciones y contactos entre ambas naciones, lamentablemente, caracterizadas sólo por desaciertos y desencuentros. Tal había sucedido durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, y nada hacía suponer que iba a ser muy diferente bajo su democrática continuadora, la Concertación.

Para analizar brevemente lo que sucedió bajo el gobierno de la referida alianza, distinguiremos dos grandes períodos, a saber: Relaciones entre Chile y Perú bajo los gobiernos de Patricio Aylwin Azócar y Eduardo Frei Ruiz-Tagle; y, Relaciones entre ambos países bajo el gobierno de Ricardo Froilán Lagos Escobar.

En este acápite, nos preocuparemos de las primeras.

Las relaciones internacionales entre Chile y Perú, bajo las administraciones de Patricio Aylwin y Eduardo Frei, si bien

no mejoraron ostensiblemente, se mantuvieron dentro de los marcos en que se habían desenvuelto durante los años anteriores. Al menos, si hubo conflictos, nada de ellos salió a la luz pública. No existen antecedentes periodísticos que permitan suponer reclamos del Perú sobre soberanía marítima. Los problemas que se generaron durante el gobierno de Eduardo Frei fueron de índole jurídica.

El primero de estos conflictos se desencadenó en 1994, cuando los tribunales peruanos condenaron a cadena perpetua a tres ciudadanos chilenos vinculados, de una u otra manera, a los movimientos sociales de liberación que operaban en ese país. La justicia peruana calificó a todos ellos `terroristas', acusándolos de pertenecer al movimiento “Tupac Amaru”. Si bien la cancillería del gobierno concertacionista intervino a fin de obtener el traslado de los condenados a Chile, su actitud fue más bien débil. En general, dicho gobierno hizo muy poco por los ciudadanos chilenos condenados en Perú. La cancillería chilena parecía creer, al igual de los tribunales peruanos, que los condenados eran elementos 'terroristas' y no prisioneros políticos. El caso más dramático fue el que afectó a Sybila Arredondo, hija de la conocida escritora chilena Maulle Ladrón de Guevara, quien fue acusada de pertenecer a 'Sendero Luminoso' y colaborar con esa organización; estuvo confinada en las cárceles peruanas por más de 20 años. En todos esos casos, daba irás bien la impresión que el gobierno chileno buscaba mantener las más cordiales relaciones con la dictadura de Alberto Fujimori y privilegiar esos contactos por sobre el respeto a los derechos humanos.

Un nuevo incidente se produjo en enero de 1996, cuando las autoridades de Arica dieron su autorización para la pavimentación de parte del sector que se conoce bajo el nombre de ‘El Chinchorro’, que pertenecía al fisco peruano desde 1920, las protestas de ese país no tardaron en hacerse oír.

LOS CONFLICTOS CON PERÚ BAJO EL GOBIERNO DE RICARDO LAGOS El presidente Ricardo Lagos Escobar tomó posesión de su cargo el 11 de 4 marzo de 2000, entregando la cancillería a manos del Partido Demócrata Cristiano como parte de los acuerdos que habían hecho posible su elección. Ministra de Relaciones Exteriores fue designada la abogada militante demócrata cristiana Soledad Alvear Valenzuela, casada con el dirigente de esa colectividad política Gutenherg Martínez.

Soledad Alvear Valenzuela no era diplomática 'de carrera', como la generalidad de los embajadores que cada gobierno de turno designa. Se había desempeñado como Ministra de Justicia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y se la sindicaba como otro de los 'Mesías' femeninos de la Concertación, que habían de reemplazar a Ricardo Lagos al termino de su mandato". A poco de asumir el cargo de canciller, uno de sus hijos protagonizó un bochornoso incidente en la ciudad de Rancagua dentro del cual salió a relucir el nombre de la ministra. Sor-prendido en flagrante infracción por un policía, el joven justificó su falta en atención a ser 'hijo de la Ministra'. Sin prestar atención a sus alegatos, el policía cursó el respectivo 'parte'. La airada reacción del joven no se hizo esperar. Tomando en sus manos el libelo que daba cuenta tic la infracción, procedió a romperlo frente al policía no sin antes advertirle que, tomaría represalias por lo que consideraba 'falta de respeto a la autoridad'. La amenaza no era una broma: el policía fue sometido a sumario y, posteriormente, exonerado de su cargo. Estos hechos fueron

indicativos del rumbo que los actos de la Cancillería irían a tomar en el futuro.

En junio de 2000, ante el peligro que significaba el posible ingreso de la mosca de la fruta a Chile, el gobierno dispuso la rigurosa inspección de la mayoría de los lugares de ingreso al país, entre otros, el ferrocarril que hace el recorrido Tacna-Arica. La medida era correcta, a no ser por el excesivo celo que mostraron los funcionarios del 'Servicio Agrícola Ganadero', 'SAG'. Los usuarios del ferrocarril, en su mayoría comerciantes tacneños, se consideraron ultrajados por la forma en que se realizaba la inspección y, en cierta oportunidad, reaccionaron violentamente contra los funcionarios de esa institución.

A fines de 2000 (traes de diciembre), y en previsión de eventuales conflictos, según se expresó, el gobierno de Chile ingresó, sorpresivamente, a la Secretaría de las Naciones Unidas unos documentos que contenían las cartas oceanográficas, y las coordenadas fronterizas con la hermana república de Perú. En conocimiento de ese hecho, se apresuró la dirección de Torre Tagle a presentar una reserva ante el mismo organismo en la cual se señalaba que el documento presentado por Chile "[ ... ] no reconoce la indicación de la línea del paralelo como límite marítimo” En abril del año siguiente (2001), las autoridades ariqueñas dispusieron la instalación de una caseta de vigilancia junto a la frontera con la república hermana sin consultar ni avisar a las autoridades de esa nación. Un grupo de ciudadanos peruanos, dirigidos por el líder nacionalista Antauro

Humala, convocó a una marcha de protesta, que contemplaba la incursión no autorizada en territorio chileno, a fin de reclamar por lo que consideraban una medida arbitraria unilateral.

Ese mismo año, en el mes de julio, el Consejo de Defensa del Estado, dirigido por la ahogada Clara Sczaranski, luego de recibir informaciones del Departamento de Estado norteamericano, acusó a la empresa peruana ‘Aerocontinente' de estar 'lavando' dinero procedente del narcotráfico. Las operaciones de la empresa cuya presidenta, era Lupe Cevallos, fueron canceladas de inmediato y aunque, posteriormente, se comprobó que las acusaciones eran fundadas, los medios de comunicación y algunas autoridades del vecino país consideraron que la medida era arbitraria y se aplicaba por el simple hecho que la empresa era peruana.

En enero de 2002, un pequeño grupo de turistas peruanos izó la bandera de ese país en la cima del Morro de Arica, provocando la ira de las autoridades locales y la inmediata expulsión del grupo.

A fines de ese mismo año, la Municipalidad de Lima decretó el cierre de la planta Luchetti alegando que había sido levantada en terrenos protegidos por la legislación peruana. La planta 'Luchetti' era de propiedad de Andrónico Luksic, uno de los más conocidos magnates chilenos, dueño de varios consorcios, entre otras, del Banco de Chile.

Tampoco era un simple empresario; al igual que Anacleto Angelini, pertenecía a la fracción hegemónica del Bloque en el Poder; pero, a diferencia de las simpatías políticas del

primero que iban a la Democracia Cristiana, las de Luksic se acercaban al Partido Por la Democracia (PPD), miembro de la Concertación, fundado por el presidente Ricardo Lagos.

En enero de 2003, un soldado chileno que formaba parte de las patrullas fronterizas dio muerte a un deficiente mental peruano, muy querido en la zona, identificado más tarde como José Segundo Rubio Paredes. La acción se Justificó por parte del ejército chileno alegándose que "el hombre no portaba documentos y había atravesado la frontera sin obedecer la orden de detenerse" Ese mismo año, en el mes siguiente (febrero), el parlamentario peruano y ex Ministro de Relaciones Exteriores Luis González dio a conocer el resultado de las investigaciones de un grupo de congresales de ese país según las cuales, Chile estaba empecinado en adquirir nuevas armas. González sostuvo que el grupo de congresales denunciaría ante la comunidad internacional lo que consideró 'carrera armamentista' de su vecino.

En marzo de 2004, el gobierno peruano volvió a insistir en la necesidad de conversar sobre el problema de los límites marítimos; no obstante, el gobierno chileno hizo caso omiso de la proposición, limitándose a soslayar el tratamiento de dicho asunto.

El 19 de julio de ese año, cansada de tanta pasividad, la Cancillería peruana solicitó formalmente a su homóloga chilena iniciar las conversaciones sobre el particular y acordar un tratado al respecto. La respuesta de Chile fue rotunda: sobre límites territoriales nada había que conversar.

La visita a Lima, que la Canciller Soledad Alvear tenía

proyectada para esa oportunidad, fue cancelada de inmediato.

En enero de 2005 tuvo lugar el llamado 'caso graffiteros'.

Dos jóvenes chilenos (Eduardo Cadima y Enzo Tairiburrim) fueron sorprendidos por la Policía peruana haciendo rayados murales sobre un muro inca en la ciudad de Cuzco. Más tarde, y luego de trasladados a Chile, los jóvenes explicaron que sólo uno de ellos había efectuado los rayados y que al otro lo detuvieron por su sola condición de chileno'. En vez de criticar el hecho y dar las disculpas respectivas a las autoridades del vecino país, el presidente Ricardo Lagos se limitó a expresar estas insólitas palabras: “Para el muchacho, simplemente, era una pared muy bonita que se podía pintar”.

Entre los meses de febrero y marzo, el gobierno de Ecuador confirmó las denuncias de las autoridades peruanas en el sentido que Chile había vendido armas a Ecuador durante el conflicto entre ambas naciones, denominados 'Guerra del Cenepa' (1995). Luego de esos incidentes, el Consejo de Defensa Nacional de Perú decidió suspender la celebración de cualquier acuerdo o tratado con Chile. Las consecuencias de esta determinación se pudieron comprobar muy pronto, en abril del mismo año, cuando había de firmarse el Convenio Pesquero, por una parte, entre Perú y Chile, y por la otra, entre Ecuador y Colombia. Perú condicionó la suscripción de dicho tratado a una conversación sobre los límites marítimos.

El gobierno de Chile tenía pendiente, además, un tratado de libre comercio (TLC) con Perú, cuya suscripción quedó

pendiente. Y, por si todo ello fuese poco, a los hechos anteriormente descritos se sumó una grabación hiriente contra el hermano país que la empresa chilena LAN, de propiedad del en ese entonces candidato presidencial de la 'Alianza por Chile'; Sebastián Piñera, hacía oír a los pasajeros de esa línea en los vuelos cotidianos. La ira que esa grabación produjo en Perú pareció poner en peligro la celebración cualquier acuerdo que pudiese alcanzarse en el futuro.

En mayo de 2005, sucedieron dos hechos graves: El primero estuvo constituido por las reiteradas quejas del gobierno peruano ante las informaciones internacionales que acusaban a Chile de vender armas durante la 'Guerra del Cenepa'. El gobierno de Lima "llegó a suspender una cumbre ‘2 + 2’ y suspender las medidas de confianza mutua y de coordinaciones bilaterales. En lo formal, el impase se solucionó semanas después" El segundo lo constituyó la resolución del Congreso peruano al impedir, en virtud de una ley, toda posible inversión chilena en infraestructura portuaria. La explicación que la nación peruana entregó a los medios de comunicación no dejaba de tener cierto fundamento, pues establecía que “hay un aspecto de seguridad nacional en el hecho de que capitales chilenos estuvieren en El Callao; ahí están concentradas nuestras fuerzas navales".

En junio, al presentarse la candidatura del militante del Partido Socialista y ex militante del NIAPU Obrero y Campesino José Miguel Insulta a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Perú optó no sólo por

negarle su apoyo, sino además el embajador Alberto Borea acusó, públicamente, a Chile de haber vendido armas a Ecuador durante el conflicto bélico con la hermana nación, lo que era efectivo. El gobierno de la Concertación no quería remover ese asunto en donde aparecían involucrados altos miembros de las Fuerzas Armadas vinculados a la dictadura pinochetista.

Los hechos se fueron precipitando en los meses siguientes: en agosto, el diputado tacneño Ronnie Jurado extendió una bandera chilena sobre la mesa donde hablaba el ministro de Defensa peruano Mariano Rengifo, en una clara alusión al contenido de sus expresiones, que consideraba eran favorables a los intereses chilenos. El secretario de estado reaccionó irritadísimo, arrojando violentamente al suelo el emblema que le habían colocado frente a sí.

En septiembre, la empresa 'Sociedad Productora de Leche' ('SOPROLE') 'lanzó a la venta un postre al que denominó 'Suspiro limeño'. El nombre aquel, de inobjetable raigambre peruana, al ser empleado en forma sorpresiva por la empresa chilena sin ordenar antes una previa investigación acerca de su posible uso, ponía una vez más sobre el tapete de la discusión el viejo problema de las apropiaciones culturales y de términos. Ya antes los chilenos habían expropiado a Perú la palabra 'pisco', que esa nación utilizaba para denominar a determinadas aguardientes locales. El vocablo aquel era empleado con éxito por las empresas vitivinícolas chilenas en los mercados internacionales. La conclusión no podía ser más obvia: Chile, tal cual se había apropiado antes no sólo de las tierras peruanas y de su palabra 'pisco', pretendía

apropiarse en esa oportunidad de otra creación autóctona de ese pueblo: del 'suspiro limeño'. Sin embargo, uno de los problemas más serios que enfrentó la administración Lagos, y al cual no dio adecuada solución, fue el de los libros robados a la Biblioteca Nacional de Perú.

Era un hecho de sobra conocido que, durante la llamada 'Guerra del Pacífico', las tropas chilenas no sólo se apropiaron de gran parte del territorio nacional de los países vencidos, sino entraron a saco en numerosos lugares, robando Pertenencias ajenas. Nunca ha podido determinarse con certeza si algunas de las estatuas que adornan hoy los parques y plazas chilenas fueron retiradas de Lima. Lo que sí se sabía en esos meses era de la desaparición de, aproximadamente, quince mil libros de la Biblioteca Nacional de Lima. No todos habían sido robados por los chilenos, denunciaba su director, pero sí buena parte.

En secreto, y en conocimiento de las reiteradas reclamaciones hechas por el gobierno peruano, la administración Lagos dispuso que se investigara el destino de esos libros. Correspondió la realización de esa tarea a Sergio Bitar, ministro de Educación de ese entonces. Se sabe hoy, con certeza, luego de las investigaciones llevadas a cabo, que existían, aproximadamente, cuatro mil libro en la Biblioteca Nacional de Chile, cuya devolución al vecino país no sólo resultaba imperiosa, sino era una verdadera vergüenza nacional. Así se habían expresado, en junio de 2006, tanto el ex ministro de Relaciones Exteriores Ignacio Walker como el historiador Alfredo Joscelyn-Holt. Por lo demás, existía constancia de los bienes transportados a Chile

por concepto de `botín de guerra', aunque no de su especificación, en uno de los “Diario Oficial” de la República, de esa época.

Así, pues, las condiciones para un agravamiento en las relaciones exteriores de ambos países se fabricaban paso a paso. A pesar de todo, las inversiones chilenas a Perú no dejaban de afluir.

Sin embargo, tal convencimiento no implicaba, en modo alguno, poner freno a la febril actividad de las autoridades; por el contrario: el clima se enrarecía minuto a minuto. Y la mejor prueba de ello fue que no sólo se mantuvo sino se robusteció la decisión de enviar emisarios a los países considerados 'clave', e informar especialmente a Bolivia “/…/ país que vería sepultada su aspiración de un acceso soberano al mar en caso de una modificación de límites congo la que impulsa Lima”.

Osvaldo Puccio, ministro secretario general de gobierno, iría a Brasilia y Buenos _Aires; María Teresa infante, directora de Fronteras y Límites, lo haría a La Paz, en tanto Patricio Pozo, subdirector de Límites y Fronteras, junto a Gonzalo García, subsecretario de Marina, viajaría a Quito. La ofensiva diplomática aumentaba su intensidad.

La Cancillería, por su parte, se preocupó de obtener que el ministro secretario general de gobierno Osvaldo Puccio fuese recibido por Rafael Bielsa, canciller argentino, y por Alberto Fernández, jefe de presidente gabinete del presidente de esa nación, Néstor Kirchner; en Brasilia, lo recibiría el propio presidente Luiz Inazio ‘Lula’ Da Silva.

Pero, para enfrentar un conflicto internacional, se requiere, antes de nada, unidad nacional. Lagos, que sabía de esos afanes, decidió encomendara sus ministros Francisco Vidal y Jaime Ravinet tomar contacto con los cuatro candidatos presidenciales y los jefes de todos los partidos políticos a fin de informarles los pasos que había empezado a dar el gobierno.

Ese día tuvo, no obstante, el gobierno chileno su primer traspié. Las órdenes impartidas por el presidente Lagos el día anterior habían sido instruir a Esteban Tomic, embajador de su gobierno ante la Organización de Estados Americanos OEA, para llevar el conflicto ante esa instancia regional. La decisión presidencial no fue en absoluto del agrado del Secretario General le esa institución, el militante socialista y ex militante del MAPU José Miguel Insulza. Apenas se enteró de la noticia, llamó por teléfono al ministro del interior Francisco Vidal a quien advirtió acerca de las graves consecuencias que dicha resolución podría acarrear para él.

Por una parte, expresó Insulza, la OEA no era una instancia arbitral sino un ente regional; por otra, su posición se debilitaría ostensiblemente pues quedaría a merced de quien quisiera acusarlo de estar usando su cargo para realizar gestiones a favor de su propio país.

Y si alguien, equivocadamente, pudo pensar que, al siguiente día (domingo 30 de octubre), las actividades de los personeros de gobierno experimentarían algún menoscabo, los hechos que se sucedieron con posterioridad se encargaron de desmentirle tan atrevido supuesto: las acciones adquirieron un tono de mayor vehemencia.

Intimidatorio, si se quiere. El gobierno se abocó a la tarea de alterar el contenido de un encuentro que el ministro de Defensa había de sostener el lunes 31 con la alta oficialidad de las tuerzas armadas. A dicha reunión asistirían otros connotados personajes como lo eran Ignacio Walker y Cristián Barros. Si bien no se empleaba la palabra 'guerra', era un hecho que la generalidad de las autoridades chilenas y gran parte de la población temían un desenlace de esa naturaleza. Y, tratándose de soluciones bélicas, no resultaba ilógico hablar con las fuerzas armadas en un encuentro que se realizaría a la brevedad posible. La reunión, que tendría el carácter de Una verdadera cita cumbre, se realizaría en el Palacio del Cerro Castillo, en Viña del Mar, a las 10.02 horas de la mañana del lunes 31 de octubre, para no prolongarse más allá de las 11,35 horas, con la asistencia del presidente Ricardo Froilán Lagos Escobar.

Sin embargo, aquel domingo 30 de octubre, el primer mandatario cometió un error político de proporciones al no cancelar la invitación que, para el día martes de noviembre a las 21 hrs., había concertado con la candidata de la Concertación de Partidos por la Democracia Verónica Michelle Bachelet Jeria, para cenar en casa, junto a él y su mujer Luisa Durán. Es más: Lagos procedería, en aquella oportunidad, a informar latamente a la candidata lo que sucedía con la hermana república, los pasos que había dado el gobierno para resolver la crisis y lo que pensaba hacer en lo inmediato. El error político de, Lagos, al realizar tal acción, fue triple: por una parte, implícitamente, elevó al rango de sucesora suya a una persona que aspiraba al más

alto cargo político de la nación y que, favorecida por las encuestas, aún no se hacía meritoria de tal reconocimiento; por otra, abría un flanco débil a las críticas y ataques de los sectores opositores que no tardaron en hacerse presentes y, finalmente, permitía al gobierno de Lima denunciar públicamente a la comunidad internacional el uso del conflicto limítrofe con fines electorales por parte de su gobierno.

EL GOBIERNO DE LA CONCERTACIÓN SE SUBE A LA LÁMPARA La aprobación del proyecto de ley sobre límites marinos en la Comisión dc Relaciones Exteriores M Congreso peruano produjo ¡o honda conmoción en las esferas gubernamentales chilenas. La prensa, que todo lo ve y no siempre lo consigna, pudo percibir ese sentimiento. Las autoridades chilenas, mirar acostumbradas a mirar al exótico vecino como una suerte de sujeto subordinado a sus caprichos, parecían no salir del asombro. Y las reacciones suyas no podían ser más desmesuradas. Así, a las primeras medidas adoptadas por el gobierno, ya consignadas en las páginas anteriores, se sucedió una copiosa agenda de actividades que tuvo ocupados a sus integrantes durante todo el fin de aquella semana. Se trataba de iniciar una ofensiva diplomática destinada a obtener el apoyo a las pretensiones chilenas de cuatro países, considerados 'clave' en el contexto del conflicto, a saber, Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia.

Los dos primeros, por ser los más grandes de América Latina, el tercero por ser no sólo país limítrofe con Perú, sino además por haber mantenido, históricamente, estrechos vínculos con Chile; y, finalmente, Bolivia por el apoyo que podría prestar a Perú en sus demandas.

Había, además, otra circunstancia: en pocos días más se realizaría, en Mar del Plata (Argentina), el encuentro de mandatarios americanos en una reunión conocida bajo el nombre de 'Cumbre de las Américas'; a esa cita concurriría el controvertido presidente de Estados Unidos de ese

entonces, George Walker Bush. Y el gobierno chileno no iría a desperdiciar dicha oportunidad para dar a conocer a los asistentes su particular visión del problema a los demás líderes latinoamericanos.

Así, el viernes 28 de octubre, en horas de la noche, mientras Osvaldo Puccio daba a conocer el texto del comunicado del gobierno chileno, el presidente Lagos citaba a su Comité Político para afinar ciertos detalles importantes de su estrategia. Como lo informara un periódico vespertino: "Es que al mediodía del mismo viernes, el Presidente Lagos ya había decidido enviar al ministro Puccio a Buenos Aires y a Brasilia para informar sobre la situación, como también mandar misiones a Ecuador y a Bolivia”.

La reunión de Lagos con su Comité Político terminó en la noche de ese viernes e, inmediatamente de finalizada, anunció el Presidente que partiría con su mujer, Luisa Durán, al balneario de Calen para permanecer allí durante todo el fin de semana. Desde ese lugar, y al día siguiente (sábado 29), el primer mandatario chileno comenzó a dar instrucciones telefónicas a sus ministros y embajadores, y a informarse con detención acerca de lo que, publicaba la prensa peruana con relación al conflicto. A pesar de tener plena conciencia sobre la escasa relevancia política que el tema tenía para la opinión pública del vecino país, decidió no introducir modificaciones a la estrategia que había diseñado.

El sábado 29 de octubre, la Cancillería chilena recibió la respuesta de Torre Tagle en forma de un comunicado público que contenía diez puntos, cuatro más de los que

habla contenido el documento chileno. En dicho libelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país hacía un escueto recuerdo de las veces en que había solicitado al gobierno del presidente Lagos conversar al respecto. Junto con señalar que esa cancillería "[...] considera inaceptables las expresiones contenidas en la declaración pública del Gobierno de Chile de fecha 28 de octubre […]", se refería el documento a tres circunstancias en extremo relevantes para el hermano país: que la aprobación del proyecto de ley por el Congreso constituía, para el vecino país, un acto interno de plena soberanía; que, por lo mismo, la realización de ese acto " […] no admite ingerencia alguna […]” de terceros y, finalmente, que la nota tic la cancillería chilena contenía "[ ... 1 afirmaciones inexactas [ ... ]", las cuales no fueron especificadas. Acto seguido, invitaba a la administración de Lagos a utilizar "[…] los mecanismos bilaterales […]” correspondientes para dar solución al problema.

El gobierno chileno no dio respuesta a la nota: extrañamente, confiaba que el proyecto del Ejecutivo aprobado en la comisión del Congreso peruano no llegaría a transformarse en ley.

"En Perú este tipo de materias requerirían de una segunda votación, que se realizaría la semana subsiguiente […]”, escribía un periódico de la capital, con notable ingenuidad.

Pero comprender el fenómeno de manera inversa, tal cual aquí se ha expresado, no fue precisamente un atribulo que

había de reconocerse en el régimen chileno. Por el contrario: sus reacciones fueron cada vez más desmesuradas. Porque, mientras el ministro Puccio partía a Buenos Aires y a Brasilia en la tarde de ese domingo, el gobierno adoptaba una delicada medida.

En efecto. Tal cual se ha adelantado, el día lunes 31 de octubre debía reunirse el ministro de Defensa Jaime Ravinet con los comandantes en Jefe de todas las Fuerzas Armadas a fin de preparar la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional, luego de las reformas constitucionales. El encuentro tuvo otro carácter, sin embargo. El gobierno tomó expresamente la decisión de 'usar' esa reunión —que tenía originalmente otra finalidad— para dar una clara señal interna y externa de que Chile ejercerá a todo evento su soberanía" Así, pues, a la hora indicada de aquel lunes 31 de octubre, hicieron su arribo al lugar de la cita el Almirante Rodolfo Codina, en representación de la Armada; el Comandante Osvaldo Sarabia, en representación de la Fuerza Aérea; el general Javier Urbina, que asistía representando al Ejército en calidad de suplente de su Comandante en Jefe; el Ministro de Defensa demócrata cristiano Jaime Ravinct; el Ministro de Relaciones Exteriores demócrata cristiano Ignacio Walker Prieto; el Vice Ministro (te Relaciones Exteriores y militante del Partido por la Democracia PPD Cristián Barros y el Vicealmirante Jorge 11tierta, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

La reunión fue de carácter informativo y los personeros de gobierno reiteraron ante la oficialidad su anterior posición

en el sentido de explicar que nada había de discutirse con Perú acerca de los límites marinos; al mismo tiempo se reiteró que la Armada había de continuar patrullando las costas y ejercer la soberanía con el mayor celo posible, preparada en todo momento para enfrentar cualquier contingencia. La alta oficialidad recibió, de todas maneras, seguridades en el sentido que se harían todas las gestiones diplomáticas necesarias para obtener el reconocimiento internacional de las pretensiones chilenas y que el traspié sería resuelto de modo satisfactorio. "[…] vamos a hacer todas las gestiones que sean necesarias para que la comunidad de América Latina tome conciencia ante lo serio que es la aprobación del proyecto de Ley en el Parlamento peruano", expresó Ravinet, consultado por los medios de prensa al respecto, como si las relaciones internacionales de Chile con el resto de los países de América Latina hubieren dependido, en ese momento, de su sola voluntad.

"Nuestras Fuerzas Armadas siempre han estado preparadas para defender nuestro territorio” agregó, en una inequívoca referencia a que no descartaba una solución de fuerza para poner fin al conflicto".

A esas alturas, no cabía la menor duda que el gobierno chileno no solamente había sobredimensionado la gravedad de la situación, sino reaccionaba como cualquier sujeto jeto que recibe una respuesta desconcertante de un interlocutor conmovido por sus anteriores desaciertos. No por algo calificaría el congresista peruano Antero Flores Araoz las expresiones de Ravinet como "[…] desmedidas "[…] "

Pero ahí no terminaban las determinaciones que adoptaba, momento a momento, la administración de Lagos.

"Por decisión del gobierno se notificó al Perú que se posterga la reunión de Altos Mandos de la Fuerza Aérea S, de la Armada que estaban programadas para esta semana informó un diario de la capital'.

El lunes, en la noche —e, incluso, el martes 1 de noviembre que, en el calendario chileno, corresponde a un feriado— trabajó el presidente Lapos en la reunión que el miércoles 2 había de sostener con el presidente del Senado, Sergio Romero, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Gabriel Ascensio, a quienes informaría de las gestiones realízalos. El primer mandatario seguía intentando enviar señales disuasivas a su homólogo peruano, buscando indicarle, con ellas, que las instituciones chilenas estaban actuando en forma conjunta y coordinada.

Ese mismo día, la prensa informaba que ya se encontraba en Brasilia el Ministro Secretario General de Gobierno Sr. Osvaldo Puccio. Buscaba convencer al presidente de ese país, Luiz Inazio "Lula" Da Silva acerca de la irracionalidad de las pretensiones peruanas. Pero era aquella una ardua labor.

El gobierno chileno había boicoteado sistemáticamente todos los intentos emprendidos por ese hombre de estado de construir una comunidad latinoamericana que guardase cierta distancia de las arbitrariedades del gobierne norteamericano. En ese empeño estaban, también, los gobiernos de Argentina, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Perú e, incluso, Ecuador. Muy pronto la administración chilena se daría cuenta de sus errores.

PERÚ Y CHILE, FRENTE A FRENTE, EN CIFRAS La vecina república de Perú, en la época del conflicto que estamos relatando, estaba dirigida por un gobierno socialista', en su variante social demócrata, cuyo presidente era Alejandro Toledo. La población Total del país alcanzaba a 27,1 millones de habitantes que se encontraban repartidos en una extensión territorial de 1.285.215,63 kilómetros cuadrados. Con una masa laboral extremadamente explotada, predominantemente de origen autóctono y consecuentemente, gran campesinado, la tasa de desempleo era ¡in 8,8% de la fuerza de trabajo disponible. El año anterior al desencadenamiento del conflicto (2004), la inflación había llegado al 3,5%, cifra bastante modesta al comparársela con la de otras naciones; su producto interno bruto había alcanzado ese mismo año a 68.398 millones de dólares y el crecimiento del mismo se situaba en un 5,111/0.

En octubre de 2005, Perú exportaba a Chile 42,2 millones de dólares en productos tales como concentrado de molibdeno, aceite crudo de petróleo y minerales de cobre, entre las mercancías más importantes.

Perú no estaba en una situación militar catastrófica. Sin embargo, no superaba el poderío bélico chileno, lo que robustecía su argumentación en torno a atribuir a su singular vecino estar involucrado en ganar una carrera armamentista.

Si separamos las tres ramas clásicas de las fuerzas armadas que existían en Perú en esa época, podemos señalar que su potencial bélico era el siguiente:

Ejército. Con relación al contingente de tropas, el ejército de Perú estaba compuesto de 40 mil soldados que podían, en caso extremo, incrementarse con la llamada a filas de 188 mil reservistas. En cuanto al material bélico, poseía la república hermana 385 tanques, de los cuales 290 estaban funcionando sin problemas. Junto a los tanques, poseía Perú 381 vehículos blindados ligeros y de transporte de tropas, 288 cañones de artillería y 700 morteros.

Armada. El contingente humano de la armada peruana era de 25 mil efectivos. No existían antecedentes sobre los reservistas, pero era de suponer que los había. Su fuerza de combate estaba constituida, principalmente, por un crucero y seis submarinos, de los cuales solamente cuatro estaban en servicio. Poseía la armada peruana, además, 6 fragatas italianas Lupo, 13 patrulleros de variado tamaño, 3 barcos anfibios con capacidad para transportar 400 efectivos cada uno y 70 vehículos blindados para la infantería de marina equipados con 18 piezas de artillería.

Fuerza aérea. Las tropas que conformaban la fuerza aérea peruana eran 15 mil efectivos; al igual que la armada, se desconocía el total de reservistas.

Los pertrechos bélicos eran 18 aviones Mig de combate, 5 bombarderos ligeros marca Camberre, 12 cazas ligeros del tipo A-37, 21 aviones Mirage, 10 aviones Sukhoi 25 y 3 aviones Mig 25. Los 30 aviones Sukhoi 17, adquiridos durante la era de Alberto Fujimori a través de intermediarios dedicados al contrabando de armas que obtenían en las antiguas repúblicas soviéticas, estaban en malas condiciones.

La nación chilena, por su parte, estaba gobernada por una coalición de partidos denominada, precisamente, 'Concertación de Partidos por la Democracia'. Su presidente era Ricardo Froilán Lagos Escobar, ex radical, militante de los partidos Socialista (PS) y Por la Democracia (PPD), a quien su autoritarismo le había hecho acreedor, durante los primeros años de su mandato, del apelativo 'Ricardo I de Chile'. El gobierno también era de corte `socialista', en su variante social demócrata, muy similar a la de Perú. La población chilena era de 15,9 millones de habitantes que vivían en una extensión continental de 756.950 kilómetros cuadrados y algunos de sus indicadores económicos eran los siguientes: Inflación : 2.4% producto interno bruto : 90.800 millones U$D tasa de desempleo : 7.8% crecimiento del PIB: 5,8% Al momento de desencadenarse el conflictos con Perú, las empresas establecidas en Chile (cuya propiedad era de capitalistas tanto nacionales como extranjeros), ya fuesen de carácter público, privado o mixto, exportaban a ese país 335,9 millones de dólares en productos tales como papel prensa en bobinas, polipropileno y ciertos minerales de cobre. Representaba esa cifra el 1,8% del total de las exportaciones nacionales; las importaciones que realizaba, por su parte, desde el vecino país equivalían al 0,3% del total de las importaciones totales de la nación.

CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA DE LA DELIMITACIÓN Dice un refrán popular que es el marido —o la mujer, en su caso— el último (o la última) en conocer que ha sido engañado (a). Y no ocurre de manera diferente en una sociedad respecto de sus gobernantes: también aquella descubre, a menudo, ser la última en saber de algo que verdaderamente le ha sucedido y sus gobernantes le han ocultado.

El problema de la delimitación marítima con Perú era antiguo, como ya se ha expresado. Tan solo se había agudizado durante la administración 'socialista' de Ricardo Froilán Lagos Escobar, probablemente porque otro 'socialista' (el presidente Alejandro Toledo) pensaba que los conflictos internacionales podían resolverse mejor entre 'socialistas'. Era, además, un problema que, todos conocían, de una u otra manera; menos, 'el pueblo', sujeto eternamente ingenuo y confiado.

"Yo creo que la Cancillería conocía este conflicto", expresó en una entrevista que le hiciera el vespertino 'La Segunda, el miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, Jorge Insunza.

"Todo el mundo lo sabía, porque Perú envió una nota hace más de un año. Pero la Cancillería resolvió que, izo habiendo un problema abierto, no correspondía darle tanta importancia. Esto es discutible: si un país plantea un tema, el otro debería estar accesible para que no se susciten situaciones de tensión"

En efecto. Durante todo el año 2003, el gobierno peruano había trabajado en la redacción de un trabajo escrito que, bajo el nombre de 'Libro Blanco de la Defensa' sería dado a conocer en febrero del año siguiente (2004). En ese expediente, el gobierno de Alejandro Toledo informaba acerca de la necesidad de revisar los límites marítimos con Chile, del funcionamiento de una comisión técnica que estaba estudiando el problema y de la posterior entrega que dicha comisión haría al Parlamento peruano de sus conclusiones.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno conoció de esos afanes y, preocupada por su contenido, decidió convocar a las máximas autoridades navales a una reunión para el 30 de marzo de 2004, en las oficinas de la Comandancia en Jefe de la Armada, en Valparaíso, a fin de abordar el tema. A dicho encuentro concurrieron, entre otras, las siguientes personas: Miguel Angel Vergara, almirante, Comandante en Jefe de la Armada; Gudelio Mondara, contralmirante, Jefe de Inteligencia Naval; Sergio Romero, senador, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, miembro de la UDI; Juan Antonio Colonia, senador, miembro de la UDI; Fernando Flores, senador, miembro del PPD, ex MAPU; Gabriel Valdés, senador, democratacristiano; Sergio Páez, senador, democratacristiano; Ricardo Núñez, senador, miembro del PS;

Baldo Prokurica, senador, miembro de RN; y Jorge Martínez Busch, ex comandante en Jefe de la Armada.

La reunión se desarrolló de modo convencional. Provistos de una serie de cuadros explicativos, construidos en virtud del empleo del programa Power Point, los expositores pasaron revista al contenido de los documentos suscritos entre Chile y Perú y a dos documentos de este último (Decreto Supremo de 1947 y Resolución Suprema de 1955), a los que se les otorgó carácter de "[…] reconocimiento explícito de la demarcación marítima".

Indicaron, además, los expositores, que en 1972 terminaron de levantarse dos construcciones, llamadas en lo sucesivo ‘torres de enfilamiento’, cuyas señales luminosas eran visibles desde el mar. La más lejana a la costa era el faro chileno; la más cercana, el faro que había construido Perú.

Dichas torres tenían una sola misión cual era ""[…] señalar visiblemente el límite marítimo existente".

Sin perjuicio de lo expresado, se informó, además, que durante los años 1986 y 2000, el gobierno Peruano había comunicado al chileno que, en su opinión, no existía acuerdo alguno suscrito sobre delimitación marítima entre ambas naciones; en 2001, dentro de esa línea reivindicativa, envió al Congreso un Proyecto de ley para adherirse a la Convención del Mar y, luego del terremoto que destruyese el faro construido por esa nación, excusó su negativa a reconstruirlo aduciendo que el tema era materia de negociación pendiente.

¿PENSABA EL GOBIERNO CHILENO EN UNA GUERRA EVENTUAL? El mismo domingo aquel, 30 de octubre, el pueblo peruano había sido convocado a un referéndum por su gobierno en el cual debía pronunciarse acerca de la regionalización del país. En esos meses, la popularidad del presidente Alejandro Toledo había experimentado un ostensible descenso y las encuestas de apoyo ciudadano su gestión no iban más allá de un 14%. El descontento se había generalizado y los juicios que los propios peruanos hacían tic su gobierno eran lapidarios. Por su parte, los periódicos chilenos no vacilaban en hablar de una administración corrupta. Y había razones para creer en ello. Antes de ser elegido presidente, Alejandro Toledo había desposado no con una mujer aborigen, como era de suponerse en un hombre que decía tener orgullo de su ancestro, sino con una rubia israelita llamada Eliane Karp, a quien se acusaría, en las semanas anteriores al conflicto con Chile, haber adquirido joyas para sí, con cargo al erario nacional, por un valor de 59 mil soles.

Los ministros si no estaban involucrados en negocios turbios e ilegales, eran sindicados como sujetos que accedían a la administración del estado únicamente para resolver sus problemas económicos personales, de su familia o de sus amigos. Se eximían de ese juicio el ministro Pedro Pablo Kuczynski y el canciller Oscar Maurtua. Pero a las acusaciones de corrupción se sumaban, además, algunos escándalos en los que estaba involucrado el presidente. El primero de esos escándalos era la relación sentimental que

mantenía con su guardaespaldas motorizada Lady Bemoles Castillo, a quien propuso para un 'cargo de gran responsabilidad al servicio de la nación'; los familiares le la joven, oriunda de Chiclayo, se vieron favorecidos con numerosos coniaatos para la construcción de obras públicas.

El segundo de esos escándalos fue la demanda de reconocimiento de paternidad interpuesta por Lucrecia Orozco en contra del presidente. La mujer, que había tenido una hija, producto tic una anterior relación con Toledo, intentó que éste reconociera voluntariamente a la niña; al no conseguirlo, había recurrido a los tribunales. Y, a pesar que Toledo negara rotundamente la paternidad, los tribunales dieron la razón a la mujer, oriunda de Piura, quien obtuvo, además, en 2006, un lugar en los escaños del congreso peruano. Para colmo de males, los meses subsiguientes amenazaban con tornarse caóticos para el gobierno, pues el 9 de abril de 2006 debían realizarse los comicios correspondientes para elegir presidente de la república, cargo al cual ya postulaban tres personas, a saber: Lourdes Flores, candidata de la coalición denominada Unión Nacional; - Alan García, ex presidente de la nación, por el partido APRA, y Valentía Paniagua, representante del Partido de Acción Popular, PAP. No figuraba, aún, como candidato seguro Ollanta Humala, aquel militar marginado de las filas del ejército, considerado en la nación del sur, más allá de la frontera, como nacionalista, 'antichileno' y populista.

Ante ese desolador panorama, no debía extrañar que el referéndum de 30 de octubre, al que había convocado el gobierno, resultara ampliamente desfavorable a éste, como finalmente sucedió.

Los hechos precedentemente descritos hacían suponer a ciertos superficiales comentaristas que las causas del diferendo que Perú tenía con Chile encontraban su explicación en los conflictos internos de esa nación y, por consiguiente, en la necesidad de forjar una suerte de unión nacional en torno a la defensa de la patria para, de esa manera, sostener al tambaleante régimen. Así, decía una conocida periodista, al respecto, lo siguiente: "El caso peruano es un ejemplo de este proceder. Un mandatario débil como el Presidente Toledo, se ha empecinado en mejorar su mínima popularidad a través de una constante hostilidad hacia Chile: acusó a Chile de armamentista el 2002, luego vinieron los casos Lan Perú, Luchetti, los graffiferos y acusaciones ya resueltas por las ventas de municiones a Echador, además de las duras críticas a José Miguel Insulza como candidato a la OEA. Ha sido un Presidente muy poco fraterno como vecino.

Como esas actitudes no mejoraron su popularidad, ahora sí ha decidido hacer algo en grande: cuestionar el límite marítimo con Chile.

No dejaban de tener razón en algunos aspectos tales comentaristas: el gobierno de Alejandro Toledo, tras décadas de corrupción tanto dictatorial como democrática, había sembrado entre las masas ciudadanas grandes expectativas y promesas que se veía impedido de cumplir.

Por lo demás, también la corrupción le había alcanzado, empeorando su ya precaria situación. Pero eso no justificaba en absoluto un conflicto con la nación limítrofe. Más bien, lo que sucedía era a la más los conflictos históricos con Chile se hacían presentes una vez más para impedir que el estado de conmoción interna del país se resolviera, como era de suponerse, de manera autónoma.

Un dato interesante a considerar en materia de cifras era que las inversiones en la hermana república, realizadas por capitalistas tanto nacionales como extranjeros, establecidos en Chile, superaban ya los 4 mil millones de dólares. Se habían establecido en Perú los sectores más dinámicos de la burguesía comercial, es decir, las tiendas 'Ripley', 'Falabella' y 'Casa & Ideas', además de las empresas 'FASA', 'LAN', 'Sigdo Koppers' y, por supuesto, Luchetti,. Puesto que la burguesía comercial chilena había comenzado a instalar sus propios bancos en Santiago (Banco Paris, Banco Falabella, Banco Ripley) no era aventurado suponer que lo mismo empezarían a hacer en Lima. De hecho, el Grupo Luksic (propietario de la industria de pasta italiana ‘Luchetti’) había iniciado ciertas operaciones de carácter bancario", interrumpidas por el escándalo de los sobornos.

Por su parte, las fuerzas armadas chilenas disponían del siguiente potencial bélico: Ejército. El contingente del ejército chileno estaba compuesto por 48 mil soldados, de los cuales 21 mil eran conscriptos.

Por su parte, el instrumental bélico del mismo consistía en 260 tanques y 700 vehículos blindados ligeros de

reconocimiento, transporte de tropas y otras funciones anexas. No obstante, en esos meses, el gobierno chileno había intentado adquirir 93 tanques del tipo Leopard 2 al gobierno suizo quien, sorpresivamente, canceló las operaciones sin indicar razones. Algunas fuentes periodísticas señalaron que el gobierno chileno ofreció pagar un precio ostensiblemente mayor al que usualmente se paga por la compra de tales pertrechos, lo que motivó las sospechas de la administración de Berna. Otras ''fuentes indicaron que la razón fundamental radicaba en la preocupación del gobierno suizo por un presunto rompimiento del equilibrio regional y, finalmente, se dijo, también, que en esos meses había cambiado la política de venta de armamentos por parte de la administración de ese país europeo.

Constaba, además, el instrumental bélico del ejército chileno, de piezas de artillería distribuidas en 163 cañones y 440 morteros.

2. Armada. La marina chilena poseía un potencial humano de 19.400 infantes de los cuales 1.600 eran conscriptos. Su instrumental bélico eran dos submarinos franco-españoles Scorpene, uno de los cuales, apadrinado con el nombre de “O”Higgins" por la entonces Ministra de Defensa, Verónica Michelle Bachelet Jeria, hizo su arribo al país en diciembre, de 2005; el otro submarino había sido bautizado con el nombre de "Carrera". El arsenal naval se completaba con dos destructores que debían ser dados de baja al hacer su ingreso al país dos de las ocho fragatas adquiridas tanto en Holanda como en Inglaterra, según se verá de inmediato;

cuatro fragatas que también serían dadas de baja al momento de incorporarse a la armada las otras ocho adquiridas de la siguiente manera: Las fragatas de tipo M y L denominadas 'Blanco' y Latorre', recibieron sus dotaciones en Holanda y llegaron a Chile en diciembre de 2005; Las Fragatas 'Prat' y 'Riveros', también adquiridas en holanda, llegarían a fines de 2006 y comienzos de 2007; Tres fragatas inglesas tipo 23 que pertenecían a la Marina Real Británica eran esperadas entre 2006 y 2008; y, Una fragata británica que ya se encontraba en el país.

Según el analista Raúl Sohr, los buques de guerra adquiridos por la nación chilena, hacían de la Armada, en su conjunto, "/…/ la escuadra más poderosa de la historia naval chilena" Junto a las unidades navales indicadas precedentemente, poseía la escuadra chilena 25 patrulleras de diferentes tamaños que incluían, además, algunos tipos especiales de embarcaciones equipadas con misiles.

3. Fuerza Aérea. El contingente humano de la Fuerza Aérea chilena estaba compuesto por 11 mil efectivos, de los cuales 700 eran solamente conscriptos.

No obstante, el material bélico de esa unidad aunada consistía en 18 aviones del tipo FS, 18 aparatos Dragón Fly A-37 (que serían reemplazados por los nuevos F-16 adquiridos en Estados Unidos), 31 cazas Mirage y 12 cazas Halcón. En el curso del año 2006 se esperaba la llegada de 10 F-16 norteamericanos y el gobierno estudiaba la posibilidad de comprar 28 aviones usados del mismo tipo F16 a Holanda.

ENTORNO GENERAL PARA UN CONFLICTO PARTICULAR Tos sucesos guardan estrecha armonía con todo aquello que los rodea-, no son por entero independientes, por decirlo de esa manera. No sólo son parte de un todo mayor, como ya lo hemos indicado, sino se presentan como producto de su propio entorno. La historia desnuda de cada uno de ellos es, pues, el testimonio de su adaptación respectiva a la voluntad de ese entorno, a la exigencia ajena. En el fondo, se someten al arbitrio de un poder superior a cuyo imperio no pueden sustraerse. Así, la historia de un suceso es, siempre, tina historia que no es propia sino ajena, una historia que es de otros, llámense éstos factores, personas, animales, cosas o fenómenos. La historia de los seres humanos es la historia de las historias que condicionan la voluntad de los pueblos.

No debe, pues, sorprender que tan corrientes factores estuviesen también presentes en el conflicto que amenazara las relaciones habidas entre las hermanas repúblicas de Chile y Perú, a fines de 2005; no debe sorprender, por ello, que se hiciesen presentes con tan sobrecoged ora fuerza. Agrupados los fenómenos de acuerdo al método corrientemente empleado para determinado tipo de análisis, podemos distinguir hoy, entre ellos, los que fueron internacionales de aquellos que no lo fueron. Y, de entre estos últimos, los regionales de los que dicen relación con la situación interna de la nación o nacionales. En cada uno de esos grupos, y de acuerdo a la clásica separación que exige el modo de producción capitalista (MPK), es posible

subdividir tales factores entre aquellos que se refieren al área jurídico/política del mismo, los que dependen de su región económica y, finalmente, otros cuyas naturalezas los vinculan a su región ideológica o cultural. En este orden nos referiremos brevemente a aquellos que parecen presentarse como los más relevantes.

1. FACTORES INTERNACIONALES DE TIPO JURÍDICO/POLÍTICO EN EL CONFLICTO. Al momento de producirse el conflicto limítrofe entre' Chile y Perú (octubre de 2005), existía tan solo un poder internacional omnímodo, en el ámbito planetario, representado por Estados Unidos tic Norteamérica. Puede afirmarse, con justicia, que existía, por lo mismo, un polo de atracción hacia el cual convergían todas las naciones del orbe en cumplimiento de las ineluctables leyes de la cooperación. Este sistema, conocido bajo el nombre de `unipolaridad' —luego que lo introdujese, en USA, el político neo conservador Charles Krauthammer, en 1991—, se aplicaba en toda su extensión; a pesar que comenzaban ya a manifestarse algunos poderes emergentes (la Unión Europea UE, Rusia, China y ciertos tímidos esfuerzos que realizaban algunas repúblicas de la región por organizar estados multinacionales en África, Asia y América Latina), que no ocultaban sus deseos de plantearse frente a Estados Unidos como una forma alternativa de dirigir la comunidad internacional.

Pero USA dominaba ampliamente. Y era tal su poder que, en febrero de 2006, cuando las Naciones Unidas y el

Parlamento Europeo exigieron el cierre inmediato y desmantelamiento de la base militar y prisión en Guantánamo, el gigante del norte se negó terminantemente a hacerlo. Ninguna de esas organizaciones insistió en sus demandas. Y no sucedió de manera diferente cuando, ese mismo mes, sostuvo la secretaria de estado norteamericana Condoleezza Rice que la administración de la sudamericana república de Venezuela era "uno de los más grandes problemas" para Estados-Unidos. El derecho que se autoconfería el superpoder para determinar la conveniencia de si debían o no seguir existiendo determinados gobiernos era un verdadero axioma. Por ello, en esa misma ocasión, pudo expresar la representante del gobierno norteamericano una afirmación grave: la existencia de conversaciones entre USA, Brasil y Chile encaminadas a formar un frente ‘antiChávez’ que pusiese fin a esa situación.

Chile era, a la fecha, uno de los países que ejercía ¡creía con mayor rigurosidad la práctica de la cooperación con la nación del norte; especialmente, en torno a hacer letra muerta del 'principio de la no intervención'. Si bien, en algunos casos específicos, parecía apartarse de esa línea, y adoptar actitudes más independientes, esa conducta no era más que excepción dentro de una política que privilegiaba de manera absoluta la colaboración con USA y su par inglés. Así, cuando el primer ministro británico Anthony Blair, refiriéndose a la resolución de las Naciones Unidas y del Parlamento Europeo en torno el cierre de Guantánamo'', indicó que, a su juicio, tal prisión constituía una verdadera `anomalía' dentro del concierto democrático de naciones, el

presidente Ricardo Lagos consideró adecuado 'interpretar jurídicamente' las expresiones del político inglés. Y, evitando cualquier referencia odiosa a las periódicas violaciones de los derechos humanos en ese centro tic detención, explicó las expresiones de Blair de la siguiente manera: "Yo creo, obviamente, que esta cárcel, como dice Blair, es una es una anomalía el, el sentido que se dice buena, no podernos aplicar la legislación americana porque no está en Estados Unidos. No podemos aplicar la legislación de guerra porque no son prisioneros de guerra, combatientes".

Y, respecto a las expresiones vertidas por la secretaria de estado norteamericana Condoleezza Rice, quien se refirió a las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, asegurando existir conversaciones con Chile y Brasil en orden a crear un frente 'anti-Chávez', se apresuraría a señalar Lagos lo siguiente: “Ella me parece que dijo que tenemos buenas relaciones, trabajamos con otros gobiernos de izquierda en la región y dio como ejemplos a Chile y Brasil. Creo que se ha dado una mala interpretación a lo que ella dijo /…/”.

También la alianza del gobierno chileno con el norteamericano se manifestó en el apoyo internacional prestado al presidente Álvaro Uribe, en lo que éste llamó 'proceso de desmovilización de grupos paramilitares'. En un artículo referido a lo que podría suceder en la llamada 'Cumbre de las Américas', llamaba la atención el director de la organización ‘Human Rights Watch para las Américas', José Miguel Vivanco, acerca del apoyo que Lagos había

prestado a esa iniciativa violadora de los derechos Humanos, con las siguientes palabras: "Si de declaraciones se trata, a Uribe no le ha ido mal en este tipo de reuniones. El proceso de desmovilización ha recibido un entusiasta apoyo del Presidente Lagos. Algunas cancillerías, como la de México, celebran el procedo sin que sus países se enteren.

En Chile, el Presidente Lagos destaca con frecuencia la importancia tic la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, señalando que '¡lo lar), mañana sin ayer'. Es lamentable que el nimio gobernante que hace alarde del Informe de la Comisión nacional sobre Tortura esté dispuesto, cuando se trata de Colombia, a avalar un proceso que sacrifica los derechos de las víctimas sin avanzar hacia la paz'.

La colaboración del gobierno de Chile con el norteamericano y, en especial, con la administración Bush alcanzó su clímax cuando la nación del norte, luego de derrocar al presidente de Haití, Bertrand Aristide, solicitó ayuda a las Naciones Unidas para estabilizar al país. Chile se hizo cargo del problema a través de dos ex militantes del fenecido MAPU, a la sazón miembros del Partido Socialista: José Miguel Insulta, que se- desempeñaba como Secretario General de la Organización de Estados Americanos, y Juan Gabriel Valdés, que tomó a su cargo la dirección del país caribeño junto a un no despreciable contingente de soldados chilenos. Las elecciones presidenciales de Haití, en 2006, que —se pensaba— darían el triunfo al candidato pro norteamericano, fueron favorables a René Pravel, quien

había sido hombre de confianza de Aristide. Aquello ¡tic un suceso deplorable. Y resultó hasta lógico que, luego de infructuosas negociaciones orientadas a desconocer el mundo de Pravel, los propios colaboradores del gobierno norteamericano se vieran forzados a reconocer el triunfo del abanderado popular. La aventura de Haití resultaba un fiasco para el gobierno de la Concertación.

Estos hechos —y otros similares— hacían de Chile una nación que, en lugar de afianzar sus vínculos de amistad y cooperación con sus vecinos, se aislase crecientemente de ellos. Las actitudes de las autoridades chilenas resultaban, por decir lo menos, odiosas para su vecindario. Y sin embargo, ello no era casual, obedecía a una de las necesidades impuestas por el modo de producción: los sucesos generados en el plano jurídico/político de la nación habían de guardar estricta correspondencia y armonía respecto de las resoluciones adoptadas en el plano económico, materia a la que nos referiremos de inmediato.

2. FACTORES INTERNACIONALES DE TIPO ECONÓMICO EN EL CONFLICTO. En octubre de 2005 —casi demás está decirlo—, la forma de acumular basada en el irrestricto imperio del mercado, el libre Mujo dinerario y la abolición de las trabas arancelarias, estaba en pleno apogeo y se extendía por todo el planeta con las limitaciones de rigor: las naciones poderosas mantenían no pocas medidas de protección para sus productos de la misma manera que lo hacían otras no tan poderosas, también en su afán de resguardar los intereses de sus industrias

nacionales. Pero el 'modelo', con todo, imperaba. Las grandes empresas transnacionales se habían 'deslocalizado' trasladando, en consecuencia, sus actividades productivas a los países, 'rentables', principalmente a China, nación que se perfilaba como el nuevo centro obligado de la economía mundial.

Esta situación afectaba a los países del Cono Sur. Perú era una de aquellas naciones periféricas que no aplicaba con rigurosidad la ortodoxia de la nueva loma de acumular, sino la adecuaba a sus propias necesidades, en tanto la República de Chile hacía todo lo contrario. Abierta por completo a los requerimientos del poder mundial, este país sudamericano se había hecho por entero dependiente del Comercio exterior.

Y allí radicaba el problema. Mientras Perú podía participar en tentativas regionales sin arriesgar la vigencia del 'modelo', Chile no podía hacerlo. Su ortodoxia no sólo le impedía participar en proyectos que pudiesen arriesgar la pureza de su 'modelo', sino la fuerte influencia que ejercía el modelo norteamericano le hacía `repetir' o 'imitar' lo que hacía Estados Unidos. Los 'tratados de libre comercio' o TLC no promovían la unión de las naciones latinoamericanas, sino establecían profundas distancias entre ellas: contribuían a jerarquizar las relaciones internacionales. O -a establecer una suerte de 'colonialismo' de nuevo cuño. Como lo expresara el economista Franz Hinkelammert, en una entrevista cine le hiciera el periódico digital 'El Mostrador: "La política del ALCA, de los TLC, sigue siendo lo mismo, no hay ninguna flexibilidad; de hecho, los tratados de libre

comercio lo que mimos tienen es de 'libre comercio': tratan de redefinir sociedades enteras, privatizar todos los espacios públicos, proteger la inversión extranjera, irás allá de la nacional. Los TLC son cambios en la constitución, prácticamente: si se hace un TLC, todas las normas que acuerdan están por encima de la constitución. El país pierde soberanía /…/ Por eso Chile celebraba 'tratados de libre comercio' (TLC); por eso buscaba sólo hacerlo con estructuras jurídico/políticas particulares, y no con alianza, informales o grupos de naciones con economías disímiles. Naturalmente una política de esa naturaleza lo distanciaba del resto de la comunidad latinoamericana, que veía la necesidad de unir sus esfuerzos frente al poder omnímodo del gigante del norte. Y puesto que la nueva forma de acumular se basaba, además en el ejercicio sin trabas de la competencia, formas extremas de competitividad se hacían presentes entre las naciones, dificultando crecientemente el establecimiento de vínculos de solidaridad y cooperación entre ellas.

3. FACTORES INTERNACIONALES DE TIPO IDEOLÓGICO(CULTURAL)ENEL CONFLICTO. Un 'modelo', es decir, una forma de acumular establecida en determinada formación social, contribuye eficazmente a moldear el carácter tanto individual como social de sus componentes. Eso implica que, si en dicha formación social se impone una forma de acumular que privilegie el imperio del mercado, los seres humanos que en ella se desenvuelven adquirirán carácter tanto individual como social

mercantilista. Se tratará de personas con fuertes inclinaciones a practicar la compraventa como forma de vicia, personas que entrarán a disputar el dominio del mercado y a multiplicar crecientemente el patrimonio que poseen. Un carácter social de esa naturaleza ejercerá la competencia como única forma de imponerse por sobre los demás; no debe sorprender, por consiguiente, que el mercantilismo se manifieste anómalamente en las personas y sea posible descubrir en cada una de ellas rasgos narcisistas, sadomasoquistas, autoritarios y, en no pocos casos, necrófilos.

La compulsión de la compraventa no se presenta como algo propio del campo económico: informa la vida social de las personas. La cultura se hace mercantil. La pintura, la música, la poesía pasan a ser objeto de comercio, y las exposiciones, sellos grabadores y editoriales se transforman en elementos dinamizadores del mercado; los valores espirituales se orientan claramente en esa dirección. El objetivo de todos y de todo es comprar. O vender. O comprar y vender. El mercado es un dios ante cuyo altar deben todos hacer genuflexiones e inclinar la cabeza en señal de sumisión.

En una sociedad fuertemente dominada por el mercado, también las formas pacíficas de resolver los conflictos que surgen entre sus miembros ceden paso a tipos variados de competencia extrema entre los que merecen destacarse la amenaza, el uso de la fuerza y el enfrentamiento bélico.

FACTORES REGIONALES EN EL CONFLICTO A1 igual que los internacionales, admiten los factores regionales, también, una clasificación tripartita: son, por lo mismo, jurídico/políticos, económicos e ideológicos. En ese orden los analizaremos brevemente.

1. FACTORES REGIONALES DE TIPO JURÍDICO/POLÍTICO EN EL CONFLICTO. El conflicto por la delimitación del espacio marítimo fronterizo habido entre Chile y Perú, a fines de octubre de 2005, se dio en un sorprendente contexto regional de personalidades y alianzas políticas. La generalidad de los ciudadanos de las repúblicas sudamericanas se había pronunciado, en elecciones libres y soberanas, eligiendo autoridades de orientación 'izquierdista'. No obstante, el movimiento político que más se atribuía ser legítimamente Izquierdista (la Concertación) era el peor obstáculo para el entendimiento de los líderes de la 'izquierda' latinoamericana. ¿Qué sucedía? ¿Era incapaz, la 'izquierda' de solucionar sus problemas? ¿En qué se diferenciaba la 'izquierda' peruana de la chilena, ésta de la brasileña, y ésta de la argentina? ¿O es que no todos eran ‘izquierdistas’?

Voceros de la Concertación no vacilaban en calificar al presidente venezolano Hugo Chávez de 'populista'; no de manera distinta se calificaba al presidente de Brasil, Luiz Inazlo 'I-tila' 1)a Silva. 1-,1 presidente Alejandro Toledo aparecía corno un sujeto 'corrupto, y el de Argentina (Néstor Kirschner) era un `aprovechador'. El 'verdadero socialismo'

sera, entonces, solamente el chileno? ¿Y cómo se explicaba que el gobierno 'socialista' de la Concertación privilegiase las relaciones con los gobiernos conservadores de George W. Bush (Estados Unidos), Vicente Fox (México) y Alvaro Uribe (Colombia), y estuviese en permanente conflicto con los gobiernos 'socialistas' de Argentina, Perú, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, etc.? ¿Había, acaso, una suerte de mesianismo chileno que hacía concebir corno única expresión de 'socialismo' aquel impulsado por la Concertación y no los diversos tipos que se estaban dando en Latinoamérica? ¿0 era, verdaderamente, el gobierno de la Concertación la Irás pura expresión de los intereses de la alta burguesía financiera, asentada el, chile, oculta hijo el ropaje de socialismo'?

Uno de los hechos Irás relevantes que se daba en el socialismo, chileno era que pocos acertaban a saber qué se entendía por tal. A la generalidad de la militancia `socialista' le bastaba con saber que su orientación era marcadamente ‘izquierdista’ lo demás poco o nada importaba. Y se alegaba, en defensa de ello, que 'no era el momento' de iniciar discusiones teóricas de esa envergadura. Con esas palabras se buscaba, en realidad, eludir el fondo del problema. En realidad, tanto la expresión 'izquierdismo' corno `socialismo' nunca fueron conceptos técnicos en el estricto sentido de la palabra, sino apenas referencias analógicas. Recurrir a ellas implicaba hacer gala de una desoladora indigencia teórica. Como cuando se empleaban términos valóricos: 'bueno', `malo', 'feo', 'bello'. Un niño hubiere sido mas exacto en la elaboración de sus conceptos.

2. FACTORES REGIONALES DE TIPO ECONÓMICO EN EL CONFLICTO. La ortodoxia en la aplicación del 'modelo' había hecho de Chile una nación extremadamente dependiente del comercio internacional; y no dejaba de ser una paradoja que esa fuese la causa principal de su creciente distanciamiento de los países latinoamericanos, de los cuales también dependía; especialmente, de Argentina.

En efecto. Chile había convenido, en años anteriores, con la vecina nación un pacto en virtud del cual ésta le suministraría gas de petróleo. En esa dirección y sentido se utilizaron algunas obras de ingeniería entre las cuales se contaban los gaseoductos que unían a ambos estados a través de la cordillera. La crisis argentina hizo que la nación trasandina privilegiara sus propias necesidades y redujese ostensiblemente el suministro de gas a Chile. Los problemas energéticos comenzaron a hacerse presente, en el país y, corno suele suceder en esas circunstancias, hubo fuertes críticas chilenas a la vecina nación por lo que se consideró una halla de cumplimiento a los compromisos contraídos. Si las relaciones diplomáticas hubieren sido más estrechas con los países sudamericanos, es probable que el problema del suministro de gas se hubiere resuelto de alguna manera exitosa para Chile; incluso, con el apoyo de Bolivia. 0 de Perú. Pero eso no ocurría. Las relaciones que aquella nación mantenía con sus vecinos no eran relaciones de hermandad, sino de comercio. El 'frío e impersonal' inundo del dinero informaba las relaciones diplomáticas chilenas.

En una de las reuniones de 'MERCOSUR', a la que asistiese el ministro de economía de ese entonces, señor Jorge Rodríguez Grossi, propuso Chile, por intermedio de su máximo representante, la formación de un 'anillo energético' para abastecer de gas a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. El proyecto contemplaba la creación de una estructura superior formada por empresas privadas y estatales o semiestatales que aportase los fondos necesarios para la compra de gas de petróleo al yacimiento de Lamisca (Perú), con la finalidad de resolver los problemas energéticos de los países indicados. La impuesta no era en modo alguno inocente. Chile aplicaba las normas ortodoxas de su 'modelo' y, convencido de estar en mejores condiciones económicas que el resto de sus eventuales socios, se preparaba para liderar el proyecto. La propuesta, sin embargo, era parcial: satisfacía las necesidades no de la región sino de un grupo de países determinados. Por lo demás, a poco de presentarse el proyecto, Perú había convenido con México un pacto de suministro de gas y la capacidad productiva tic las minas de Camisea no alcanzaba más que para cumplir este último compromiso. Era el momento preciso para que otra nación, con mayores recursos, tomara en sus manos la solución total del problema energético de la región. Y aquella fue Venezuela, cuyo presidente, Hugo Chávez, en una memorable intervención, anunció a sus pares latinoamericanos estar en condiciones de abastecer de energía a todo el Cono Sur a través de la construcción de lo que denominó 'Gaseoducto del Sur', proyecto al cual se sumaron de inmediato Argentina y Brasil

que, al igual de Venezuela, había sido excluido de la propuesta chilena.

A poco de ser elegido Evo Morales presidente de Bolivia, invitó el líder venezolano a sumarse a dicho proyecto al mandatario electo, gesto al que éste accedió de muy buen grado.

En octubre de 2005, momento en el que tuvo lugar el conflicto con Perú, la crisis energética chilena estaba vigente. Solamente en febrero de 2006, se dio una solución no sólo parcial sino bastante más onerosa al problema con la firma de un convenio de suministro de gas entre Chile e ¡Inglaterra! que comenzaría a operar ¡cuatro años más tarde!, es decir, en 2010. Inglaterra ni siquiera alcanzaba a abastecer sus propias necesidades energéticas internas: importaba gas de los yacimientos de Rusia. Era un revendedor energético.

La política de aislamiento regional, impulsada por la ortodoxia de la Concertación en pos de asegurar la pureza de un discutible 'modelo', tina vez más, cobraba altos tributos.

3. FACTORES REGIONALES DE TIPO IDEOLÓGICO (CULTURAL) EN EL CONFLICTO. Así como la nueva forma de acumular producía personalidades fuertemente competitivas en el ámbito internacional, también lo hacía dentro del regional.

Caracteres sociales mercantilistas en sus más variadas y anómalas expresiones se daban cita en las democracias post dictatoriales de América Latina-, los años de opresión no habían pasado en vano y dejaban su impronta en el alma de

la región: gobernantes `democráticamente' elegidos resolverían las tribulaciones de las grandes mayorías nacionales. La 'democracia' sería la panacea, aunque ello tomase su tiempo. Era el mismo discurso de las dictaduras, 'democráticamente' expresado.

Sujetos predadores, ególatras, convencidos que sólo alterando la forma jurídico/política de la nación respectiva acabarían con las desigualdades y la explotación, tomaron a su cargo la administración de la pobreza en la región. La generalidad de ellos se declaró `socialista'. Algunos, más cuidadosos, se autocalificaron de personeros 'de izquierda', apoyados por `socialistas'. Así lo fue el radical Raúl Alfonsín en Argentina, el aprista Alan García en Perú, el demócrata cristiano Patricio Aylwin en Chile (a quien seguirían el demócrata cristiano Eduardo Frei Ruíz Tagle y el `socialista', ex radical, Ricardo Lagos Escobar), el montonero Néstor Kirschner en Argentina, el militante del Partido de los Trabajadores Luiz Inazio 'Lula' Da Silva en Brasil, el líder de 'izquierda' coronel Hugo Chávez en Venezuela y el más importante de todos ellos. el socialista, Alejando Toledo en Perú, bajo cuyo mandato se desencadenaría, en octubre de 2005, el conflicto limítrofe con Chile. Pero no hay que olvidar tal hecho crucial en esta singular comedia de `socialismos' trasnochados: a poco de asumir el 'socialista' Alejandro Toledo el cargo de presidente de la nación peruana, se trasladó a Lima, capital de ese país, para servirle de asesor, otro connotado 'socialista', un sujeto jeto nacional de un país vecino, el

'socialista' chileno, ex militante del MAPU Obrero/Campesino, José Joaquín Brunner.

Los vínculos de la generalidad de los 'socialistas' en el continente no dejaban de ser bastante estrechos.

Así, pues, los dados estaban echados en la región para que las cordiales formas de la cooperación propias de un socialismo más humano fuesen sustituidas por las soluciones extremas de la competencia. La estructura ideológica del modo de producción se adecuaba convenientemente para guardar estricta correspondencia y armonía con la nueva forma de acumular establecida en la región.

FACTORES NACIONALES EN EL CONFLICTO A la manera que sucediese en el escenario tanto internacional como regional del conflicto, también en el nacional se dieron cita factores que incidirían, de una u otra forma en el desarrollo de aquel. Estos factores Fueron de tipo jurídico/político, económico e ideológico. En ese orden los examinaremos brevemente.

1. FACTORES NACIONALES DE TIPO JURÍDICO /POLÍTICO EN EL CONFLICTO. De todos los factores que se dieron cita en el escenario jurídico/político nacional chileno, el más importante fue el evento eleccionario que había de tener lugar el día 10 de diciembre. Dentro de ese marco se representó aquel drama.

No fue otro su entorno obligado. Y es notable que, en Perú, también el conflicto se desarrollase dentro de un escenario similar, pero en otras condiciones: las elecciones de abril de 2006 y la fuerte caída de la popularidad del presidente Alejandro Toledo.

En las justas eleccionarias chilenas, habían de ser elegidos los cargos de presidente de la república y aquellos correspondientes a la cuota de senadores y dipútalos que debían renovarse de conformidad a las últimas reformas hechas a la constitución pinochetista. De esos comicios, era de crucial importancia la elección de presidente de la república, al desempeño de cuyo cargo postulaban: 1. Sebastián Piñera Echenique, candidato del partido político denominado Renovación Nacional RN;

2. Verónica Michelle Bachelet Jería, representante de la alianza denominada 'Concertación de Partidos por la Democracia' que integraban el Partido Demócrata Cristiano PDC, el Partido Socialista PS, el Partido por la Democracia PPD y el Partido Radical Social Demócrata PRSD, 3. Tomás Hirsch Goldschmidt, candidato de la organización llamada `Juntos Podencos Más', dentro de la cual destacaban el Partido Comunista Pc, el Partido Humanista PH y algunas fracciones de partidos y movimientos políticos junto a otros movimientos sociales; y, 4. Joaquín Lavín Infante, representante del partido político denominado Unión Demócrata Independiente UDI. En el desarrollo de aquella elección, y en los meses previos a su realización, el predominio de la región económica del modo de producción por sobre la superestructura jurídico/política de la nación fue haciéndose, cada vez, más manifiesta. Los partidos ni siquiera se mostraron como un débil remedio del pasado, sino como la más excelsa creación del mercado: formas de funcionamiento lento copiadas o reproducidas del modelo empresarial dominaron en ludas sus manifestaciones. Carecían, por una parte, de las brigadas Juveniles de antaño, centro neurálgico de la labor de propaganda política: asalariados en precaria situación laboral reemplazaban a aquellas en tal afán.

Contratos millonarios celebrados con empresas de publicidad, sustituyeron al contingente de brigadistas voluntarios que caracterizara a los partidos de los arios anteriores a la dictadura: el mercado era parte de la política y el mercenario reemplazaba al militante. Por supuesto que quienes realizaban las labores de confeccionar y colocar los carteles en lugares estratégicos, hacer los rayados murales y el 'pegoteo' de afiches eran pobres de la ciudad y del campo, obreros temporeros contratados por aquellas empresas de publicidad durarle los meses previos a la elección. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía en las décadas pasadas, los propagandistas no pertenecían a los partidos cuya propaganda realizaban; en muchos casos, ni siquiera simpatizaban con el candidato en cuyas campañas electorales trabajaban. Eran simples obreros que recibían un salario de 5 a 10 mil pesos diarios (aproximadamente 8 a 16 euros-diarios) por la realización de su labor, que incluía, además, la vigilancia y protección del territorio ocupado por la propaganda. Cumplían, por ese cometido, la tarea de representar la 'fuerza de choque' de los candidatos: pobres que enfrentaban a otros pobres en la disputa del mercado electoral.

Karl Heinrich Marx nos recuerda aquella sentencia de Hegel según la cual “todos los hechos y personajes de la historia universal se producen como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez como farsa. Caussidiére por Danton, Louis Blanc por Robespierre, la Montaña de 1848 a 1851 por la Montaña de 1793 a 1795, el sobrino por el lío. ¡Y la misma caricatura en las

circunstancias que acompañan a la edición del dieciocho brumario!”.

Sabias palabras que cobraron vigencia en el Chile post dictatorial de la Concertación. Porque tres 'personajes fabulosos' (Aylwin, Frei y Lagos) reemplazaron a Allende, Nicolás Eyzaguirre a América Zorrilla, Alejandro Foxley a Pedro Vuskovic, Luisa Durán (o Martita Larrachea) a Miria Contreras, el PS concertacionista al PS de la Unidad Popular. El reemplazo de la tragedia por la farsa no se realizó solamente en torno a sujetos aislados: también el derecho de herencia exigió sus tributos. Orlando Letelier fue representado por su hijo Juan Pablo, Salvador Allende por Hortensia Bussi, Beatriz 'Tati' Allende por su hermana Isabel, Osvaldo Puccio por Osvaldo Puccio Jr., José Tohá por su hija Carolina, Eduardo 'Coco' Paredes por Raymond... Y hasta Miguel Enríquez encontró su representación en la farándula a través de Marco Antonio Enríquez-Ominami... Entre muchos otros... ¡Como si la adquisición del acervo teórico de los causahabientes pudiese realizarse tan solo por transmisión genética!...

Los partidos funcionaban como sociedades anónimas. Al igual que éstas, sus 'accionistas con bajas inversiones' eran escasamente tomados en consideración por un directorio que poseía poderes omnímodos. Dos o tres jerarcas decidían la línea de la colectividad y las bases se contentaban sólo con constatar que 'de todas maneras hay discusión interna', como si el derecho a debatir supliese al derecho a decidir. La generalidad de los regionales reproducía lo que ocurría en la dirección nacional. Con una diferencia: la dirección nacional

pocas veces consideraba la opinión de las direcciones regionales lo que empezaba a generar la aparición de partidos regionales. Así sucedía en Arica, Iquique, Chillón, Puerto Montt. Los candidatos se autonominaban como asimismo las direcciones políticas y, si bien existían votaciones internas (a la manera de las sociedades anónimas), un grupo de personas que ejercía la intermediación entre la militancia y la dirigencia se encargaba de reunir y trasladar los votos de un sector a otro para favorecer a determinados candidatos. Por eso, no resultaba aventurado asegurar que eran los propios dirigentes quienes elegían a sus bases y no éstas a aquellos.

A todo ello se llamaba 'socialismo'.

Una elección es un mezquino instante en el desarrollo de la vicia política de una nación. Pero constituye, a la vez, una representación escénica de proporciones. No por algo Nicos Poulantzas, siguiendo las enseñanzas de Karl Heinrich Marx, la estima expresión de la 'escena política' de un país.

La elección cuenta, por lo mismo, con actores que pueden ser tanto principales —normalmente los candidatos, sujetos importantes aunque no los únicos—, y secundarlos — figuras destacadas que rondan en torno a ellos—. Puesto que actúan en la 'escena política' de la nación se les llama 'actores políticos'. Como todos los actores, desempeñan roles que, por lo mismo, son roles políticos.

En una sociedad fuertemente dominada por el 'mercado, el rol que desempeña el actor político es eminentemente comercial: los candidatos son verdaderos productos expuestos en la vitrina social para su venta en el mercado. El

candidato es una mercancía social. Debe satisfacer siempre el gusto de su potencial adquirente. Dicho de otra manera: debe ser atractivo al cliente que lo va a comprar, que es el votante.

Un actor político, en una sociedad como la descrita más arriba, estará dispuesto permanentemente a representar lo que sea con tal de adecuarse a los gustos del elector. Por lo mismo, su objetivo jamás será servirlo, como erróneamente alguien pudiere suponer, su mezquina esencia lo reduce únicamente a ser comprado en su ineluctable condición de mercancía. En el Chile de octubre de 2005, no otro era el objetivo principal de los candidatos que se presentaban tanto a disputar los asientos en el Parlamento como el cargo de presidente de la república. En consecuencia, escasa importancia tenían los gastos en que habían de incurrir pues la justa electoral adquiere el carácter de una verdadera 'inversión'. Por lo mismo, no debía extrañar que los candidatos a la presidencia 'invirtiesen', tan solo en la primera vuelta, cantidades que resulta asombroso consignar:

1.

2.

3.

4.

Candidato Sebastián Piñera Michelle Bachelet Tomás Hirsch Joaquín Lavín

Suma en pesos 3.974.000.000 3.832.000.000 184.000.000 2.345.000.000

Suma en euros 6.307.937 6.082.540 292.063 3.722.222

Las elecciones de parlamentarios no presentarían ‘inversiones’ menos sustanciosas que las presidenciales: Candidato Partido Demócrata Cristiana 2. Partido Socialista 3. Partido por la Democracia 4. Partido Radical S.D. Total Concertación 5. Unión Demócrata Independiente 6. Renovación Nacional Total Alianza

Suma en pesos

Suma en euros

1.

973.712.617 688.318.952

1.545.576 1.092.570

638.067.906 308.045.073 2.608.144.548

1.012.806 488.960 4.139.912

3.062.586.464 1.036.322.156 4.098.908.620

4.861.248 1.644.956 6.506.204

¿Interés en servir al ‘pueblo’? NO. En la sociedad post dictatorial que existía en Chile, el gasto electoral no era sino una mera ‘inversión’, tal cual ya lo hemos señalado. Y una inversión implica no sólo asegurar la correspondiente recuperación de los valores invertidos, sino además percibir ganancias por el negocio realizado pues nadie invierte tan sólo para recibir de vuelta el capital que arriesga.

La adopción de una nueva forma de acumular basada en el irrestricto imperio del mercado poseía, para el sistema vigente, una loable virtud: hacer normal lo anormal, legal lo ilegal, moral lo inmoral. Acceder a los cargos de gobierno para gozar de sueldos altos y poder de decisión para realizar negocios no era, como antaño, reprochable: constituía una forma ‘normal’ de hacer política.

Y ya se perfilaban otros ‘socialistas’ orientados en un mismo sentido, como el entonces ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre y su amigo, el ex presidente del Banco Central Roberto Zahler (en esos meses, había constituido la sociedad ‘Zahler Compañía), cuya empresa ‘Boutique’ ya asesoraba a los gobiernos de México y Brasil, y a ciertos bancos internacionales como lo era el Santander.

El estado chileno poseía, a la fecha, 22 ministerios que, luego de las elecciones, debían ser ocupados por miembros de la coalición triunfadora. Esos 22 ministerios poseían 22 subsecretarías, más 9 adicionales, e innumerables, jefaturas de servicio (Dirección General de Presupuesto, Dirección del Registro Civil, Dirección de Estadísticas y Censos, etc.); las embajadas y los consulados eran, también, cargos bastante apetecidos.

Junto a todo ese aparato burocrático se encontraban, además, las empresas de las cuales el estado era dueño absoluto (empresas estatales, fiscales o públicas) o poseía alguna participación (semifiscales, semiprivadas, semiestatales o mixtas). La designación de los directores de tales empresas era doble: por una parte, existían nominaciones establecidas por los propios reglamentos en los casos que los directores eran determinados ministros y representantes de empresas o instituciones); por otra, la que exigía el nombramiento directo por parte del gobierno y que, se hacía a través de un organismo llamado Sistema de Empresas Públicas' ('SEP), cuyo Consejo era presidido por Carlos Mladinic. Estas últimas eran las llamadas ‘Empresas SEP’.

Pertenecían al primer tipo de empresas, la Corporación del

Cobre ('CODELCO'), Banco del Estado de Chile (TANCOESTADU), Empresa Nacional del Petróleo ('ENAP'), Empresa Nacional de Minería ('ENAMI') y Televisión Nacional ('TVN'); del segundo tipo eran, entre otras, Metro S.A., Polla Chilena de la Beneficencia, Empresa Nacional del Carbón ('ENACAR), Zona Franca de Iquique (70FRU), Comercializadora de Trigo S.A. (VOTRISY), Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua, Empresa de Ferrocarriles del Estado ('EFE'), Correos de Chile, Empresas Portuarias, Empresas de Abastecimiento de Zonas Aisladas, Sociedad Agrícola ('SACOR') y algunas empresas de tipo sanitario.

Todos los directores percibían remuneraciones por cada sesión a la que asistían; normalmente, una vez por semana.

En ‘BANCOESTADO’, los directores percibían una dieta de 100 Unidades de Fomento UF mensuales, que equivalían a un millón ochocientos mil pesos. El gerente general, el presidente y el vicepresidente de esa institución, personas de la exclusiva confianza del presidente de la república, constituían el Comité Ejecutivo tic la misma, y sus sueldos mensuales líquidos alcanzaban la generosa suma tic cinco millones de pesos (aproximadamente, 10 mil dólares).

E1 'botín' estatal que podían recibir las colectividades, políticas al participar en las elecciones, no era, en modo alguno, despreciable.

2. FACTORES NACIONALES DE TIPO ECONÓMICO EN EL CONFLICTO Los factores nacionales de tipo económico que estaban presentes a la fecha del conflicto fueron, sin lugar a dudas, y principalmente, la ortodoxia en la aplicación de la nueva forma de acumular aprobada en el llamado 'Consenso de Washington'. Esa ortodoxia era tan manifiesta que el propio timonel de la Confederación de la Producción y del Comercio CPC, Hernán Sommerville, declaró el 14 de octubre de 2005, alborozado, lo siguiente: "Mis empresarios aman a Lagos” En marzo del año siguiente, a poco del abandono al cargo que haría el primer mandatario chileno, diría, al respecto: “cada uno de los miembros del comité ejecutivo agradecieron la permanente disposición del Presidente a escuchar los planteamientos del empresariado frente a los grandes temas públicos”.

Y César Barros, en un artículo que publicara el diario 'La Tercera': “Antes de este gobierno, los empresarios repetían el padrenuestro del rol subsidiario del Estado: 'que mientras menos Estado mejor', que el Estado era el enemigo del hombre y de la libertad. Y por lo tanto, un príncipe socialista sólo podría hacernos daño. Pero el hombre, trabajando con cuidado e inteligencia, los convenció de que estaba siendo el mejor Presidente de derecha de todos los tiempos; y el temor y la desconfianza se transformaron en respeto y admiración. Porque los empresarios no arman a nadie. La labor empresarial es cualquier cosa, henos

sentimentalismo. Aquello de 'mis empresarios aman a Lagos' fue sólo una metáfora malinterpretada”.

No obstante, dos fenómenos acapararon la atención; el primero de ellos fue lo que se conocía como ‘megacrisis’ energética; el segundo fue el valor creciente que, día a día, experimentaba el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres. Al problema de la energía dedicamos algunas líneas al tratar los factores regionales de carácter económico; al alza del metal rojo nos referiremos, brevemente, a continuación.

En efecto. Desde hacía ya varios meses, y en forma casi ininterrumpida, el precio del cobre experimentaba un alza sostenida en la Bolsa de Metales de Londres, como consecuencia de la mayor demanda china de ese producto.

El valor de la libra de cobre se acercaba a pasos agigantados a los dos centavos de dólar, precio nunca antes alcanzado en la historia del metal rojo (esta cifra sería ampliamente superada en los meses posteriores).

Naturalmente, el gobierno de la Concertación no cabía en sí de gozo. Aunque el alza en el precio de ese producto repercutía violentamente en el valor de la divisa por excelencia para el país sudamericano (el dólar) y fortalecía el de la moneda nacional (peso), afectando por consiguiente al sector exportador, en el seno del gobierno se pensaba que el superávit de la moneda norteamericana que se generaría por ese concepto superaría con creces los problemas nuevos que se presentaban. Se sabía ya que ese mayor ingreso se elevaría por sobre los 4 mil millones de dólares,

estimándose que para el año siguiente dicha cifra podría llegar a los siete mil millones.

Las obras públicas continuaban. A la ruta vehicular abierta bajo el río Mapocho, se sumaron los trabajos de prolongación de las líneas del ferrocarril metropolitano, la apertura de nuevas estaciones, la de nuevas líneas, la construcción del metro de Valparaíso, la continuación de las obras de la Circunvolución Américo Vespucio, entre otras.

Y puesto que la 'buena economía' aconseja no aumentar, en períodos de bonanza, el monto de los salarios, el dinero 'sobrante' se empleó en la realización de otras Abras como lo fue la construcción de una gran biblioteca en la zona poniente de la capital e inversiones similares. Entretanto, las variables macroeconómicas seguían mostrando un crecimiento sostenido y, si bien el desempleo disminuía, los sueldos se mantenían al mismo nivel. El avance social recaía, por ende, sobre los hombros del conjunto social mayoritario del país, es decir, las personas de menores ingresos. En otras palabras, el precio que las clases dominadas pagaban por el 'progreso' del país continuaba siendo inconmensurablemente alto.

Pero eso no era algo que podía comprobarse a la manera de los fenómenos físicos o químicos. Como ocurre siempre en estos casos, el único indicador que pone de manifiesto el ataque a las condiciones de vida de las grandes mayorías nacionales lo constituye la destrucción misma del ser humano, sus enfermedades, sus reacciones, su forma de comportarse, su forma de entender la vida, sus transformaciones culturales. Ese indicador estaría de

manifiesto en Chile. En julio de 2006, las cifras indicaban que el 24%, de los varones y el 31 % de las mujeres sufrían de depresión y la situación era tan desesperada que hubo necesidad de incluir en el llamado 'Plan Auge' a esa enfermedad psíquica. El primer día que comenzó a aplica se la medida habían llegado 40 mil personas en busca de tratamiento. Los médicos no daban abasto y concedían audiencia para tres o cuatro meses de solicitada. Por supuesto que para el caso de la 'depresión severa'—que de no ser tratada a la brevedad conduce inexorablemente al suicidio— no había posibilidad alguna de tratamiento.

Como era de suponerse, los suicidios habían aumentado en forma alarmante. /…/ cada seis horas se suicida una persona en el país, son cuatro diarios, expresaba, alarmado, el director del Instituto Médico Legal, Oscar Vargas.

“En los tres años liemos tenido un aumento considerable. En Santiago, de 460 personas que se suicidaron durante 2002 se subió a 514 en el 2004. Es un 10% más las defunciones inducidas que las que se producen por homicidio”.

"Las causas que llevan a los chilenos a suicidarse son las grandes exigencias sociales que existen actualmente. Hay factores que encadenan: depresión, problemas de familia, laborales y económicos que hacen que muchos vean el suicidio como la única opción.

En toda sociedad fuertemente jerarquizada, las penurias y los éxitos de la población se estiman obra de quien se sienta en el más alto cargo de dirección. En el Chile de 2005, no ocurría de manera diferente. Convencidos de las bondades

de la verticalidad de la sociedad, la generalidad de los chilenos atribuía al gobierno de la Concertación todos los logros. Más exactamente, a la gestión del presidente Ricardo Lagos quien comenzaba a alejarse de su labor con el apoyo de casi un 70% de la población nacional. Lejos estaban aquellos tres deplorables primeros años de su sexenio como gobernante, cuando pocas personas hubieren apostado por su continuidad en el cargo. Y es que las masas olvidan un hecho trascendental: las épocas de bonanza o de crisis no dependen de una, dos o más personalidades, sino son obra de un sistema internacional que determina el destino de cada uno de sus componentes. Ese sistema es el todo; el todo hace a la parte, no lo contrario. El precio del cobre chileno había levantado, una vez, a un presidente (Eduardo Frei Montalva) y hundido a otro (Salvador Allende Gossens).

Bien podía operar nuevamente aquel mecanismo respecto del representante de la Concertación, en octubre, de 2005, y hacerlo finalizar su mandato como uno de los más grandes estadistas de la historia patria.

La nación chilena parecía florecer en el concierto de naciones sudamericanas. Y como siempre sucede en la historia de las migraciones de los pueblos, la atracción por el 'milagro' chileno se hizo presente. Los pobres del Cono Sur comenzaron a huir de la miseria en sus respectivas naciones y volvieron los ojos hacia el país del sur. 'Colas' interminables de peruanos, argentinos, bolivianos, brasileños, comenzaron a formarse frente a las oficinas de Inmigración de la calle Agustinas. La fuerza de trabajo

inmigrada, el trabajador inmigrado, llegaba a Chile, una vez más.

2. FACTORES NACIONALES DE TIPO IDELÓGICO EN EL CONFLICTO. Una economía 'floreciente', el precio del cobre en alza, indicadores cada vez, más favorables a una 'sana' economía, obras de gran envergadura en construcción, uso exhaustivo de la propaganda en torno a los logros, hacían creer que Chile transitaba a convertirse no sólo en una nación fuerte, sino en un activo miembro del 'primer mundo', junto a los países industrializados, donde todo sueño podía ser posible.

Los más convencidos de todo ello eran los propios chilenos: 'tenemos al mejor tenista', `tenemos el mejor vino del mundo',`tenernos las mejores sopranos', 'los mejores paisajes', 'los mejores lugares turísticos', en fin. El problema radicaba tan solo en determinar quién o qué era 'Chile', sujeto abstracto, ente omnipresente y difuso. Si por 'Chile' se entendía al conjunto de las clases dominadas, naturalmente que el concepto era erróneo, de la misma manera que si se aludía con él a la población misma. Pero si la referencia era a "/.../ la unidad contradictoria particular de las clases o fracciones de clase dominarnos, en su relación con una forma particular del Estado capitalista', no cabía la menor duda que 'Chile' se había elevado a un rango superior. Y esto no era desconocido para algunos analistas de la escuela 'de¡ sistema mundial' quienes, interpretando la noción de 'coro' ('centro', 'núcleo') del sistema capitalista mundial como 'espacio social', concluían que la alta burguesía

chilena, durante los 'exitosos' gobiernos de la Concertación, había logrado situarse en medio de aquella, alterando su forma cultural.

"Overall /.../ it seems that the business elite in Santiago Nave an increasingly 'globalized lifestyle: by that 1 mean a lifestyle in common comparable elites across the globe in items of the consumer goods, services and capitalist cultural values.

El carácter social de las clases dominantes, soberbia, prepotente, fuertemente competitivo, se extendió al conjunto social. Y los gobernantes, cuyos comportamientos guardan estricta armonía con el de las clases dominantes, reprodujeron esa misma forma de ser, principalmente, en lo que se conoce bajo el nombre de 'capas medias'. Arrogantes, poco preocupados de los problemas de los más necesitados, crearon un mundo de fantasía que se hizo carne en la militancia de las organizaciones de la 'izquierda' concertacionista. El discurso empleado fue más o menos similar al que siempre imperó en las organizaciones políticas y sociales de los sectores patronales: que todo estaba bien. Que, por tanto, no existía la pobreza y si, por casualidad, quedaba 'por ahí' algún pobre rezagado al que aún no había llegado el derrame del sistema, le bastaba tan solo presentarse ante los organismos de gobiernos, ante las autoridades de la salud, ante los municipios, para encontrar solución a sus problemas. En 1998, un miembro de la Concertación me aseguró que ya en esa época nadie ganaba el 'sueldo mínimo', sino todos percibían remuneraciones superiores a los 250 mil pesos (unos 420 euros al mes) y que

eso era fácil de comprobar pues 1as empleadas domésticas del barrio alto ganan ese sueldo'.

Una forma bastante singular de defender los logros del gobierno hizo carne en la militancia de la Concertación: la descalificación personal. Quien formulaba críticas al gobierno era un sujeto 'de derecha', o 'comunista', o 'un desubicado' e, incluso, una persona que no quería 'ver la realidad'. En las discusiones, pocas veces se emplearon argumentaciones. Impedir hablar al crítico con una verborrea incesante, interminable; interrumpirle en medio de su argumentación, molestarle y representarle sus defectos o convicciones fue la forma normal de imponer las ideas e invitarlo a participar en la construcción de una sociedad conformista y apática. Esta forma de dominación (autoritarismo) se realizaba con el estilo propio del guerrero o combatiente que llama a la lid. El presidente Ricardo Lagos fue pionero en esas batallas; tras él, un siempre enfurecido militante del PPD y ministro del Interior, Francisco Vidal. El autoritarismo era el más preciado don que tales 'auténticos hijos de Pinochet' habían heredado del régimen militar.

No debía sorprender que ese carácter social depredador comenzase a hacer estragos de la única manera posible: siguiendo los dictados de la ley del mínimo esfuerzo. Así, el 'poderoso' había de imponerse sobre el débil, y el 'rico' manifestaría su desprecio por el pobre. Disponer de los servicios de una empleada doméstica ('nana') peruana con estudios universitarios, comenzó a ser motivo de orgullo.

Tanto como poseer un 'cuatro' (forma corriente de

denominara los vehículos `todo terreno') o una casa de más de cien metros cuadrados, en La Dehesa, en un balneario o en un condominio alejado de la ciudad. Pero, por sobre todas las cosas, el chileno deseaba "/…/ ser exitoso y parecerlo" Y, también, alcanzar notoriedad. En ese afán, enfermizo, el empleo de palabras de uso poco frecuente era importante.

Aunque se desconociera o confundiera su significado. Dos ejemplos permiten ilustrar con propiedad aquella anómala actitud.

El primero de esos casos fue protagonizado por el Vicerrector de la Universidad 'Andrés Bello', señor Carlos Peña, quien, en uno de sus habituales comentarios dominicales de las páginas de 'El Mercurio', refiriéndose al futuro gobierno que encabezaría Michelle Bachelet, sostuvo que ésta "/.../ fue capaz de un oxímoron espléndido".

En carta enviada a la dirección del mismo periódico y publicada en ese rotativo, el 12 de marzo de 2006, se preguntaba, al respecto, el abogado Alfredo Ugarte, cuál había sido la intención o qué había querido decir el señor Vicerrector con el empleo de tal expresión, pues 'oxímoron' (palabra incorporada a las ediciones del Diccionario de la Real Academia Española con posterioridad al año 2000), junto con ser un recurso retórico es, a la vez, una expresión de significado opuesto que busca realzar las propiedades de un fenómeno cualquiera, como sucede col, la expresión 'una oscuridad deslumbrante'.

El segundo caso `se produjo cuando el Juez de, una ciudad austral culpabilizó a la prensa del mal uso del lenguaje por parte de los chilenos y, en particular, se refirió a tres de los comentaristas del programa 'Tolerancia Cero', del Canal 'ChileVisión'. Uno de los aludidos —Fernando Villegas, que no escatimaba esfuerzo por aparentar sapiencia— manifestó su disconformidad con las palabras del magistrado, señalando que, en materia de comunicación, lo importante era la correcta recepción del mensaje emitido y no la forma cómo éste se enviaba, por lo que el empleo de `fonemas' en el programa tenía escasa o nula significación. En defensa de su descuidada forma de expresarse, Villegas recurría no sólo a demoler los cimientos de la gramática española, sino incurría en un nuevo error al emplear el vocablo `fonema' — sonido que carece de significado en sí—, confundiéndolo con ‘monema’, o, en el peor de los casos, con 'lexenta'.

El juez, que había formulado la crítica a la prensa, se había hecho famoso por corregir primero, y luego rechazar los escritos con fallas de ortografía presentados por un abogado quien, incluso, había confundido la expresión `grosso modo' con 'Mato Grosso'.

En esos afanes, un tanto arribistas, no estaban ajenos los gobernantes y líderes de la Concertación. Un lector de ‘E1 Mercurio', en una directa crítica a las nuevas autoridades, lo expresaba de la siguiente manera, a poco de asumir el gobierno: 'La gracia de Caburga o Caburgua es que a orillas de ese lago uno puede sentarse con los amigos a conversar de alta política, o de ecología, al calor de una chimenea donde

arden alegremente unos leños (de árbol nativo), mientras el mozo (nativo también)) nos prepara un buen martini.

La pobreza, los cantores de la locomoción colectiva, los mutilados de la calle Ahumada, pasaron a ser algo molesto.

Una realidad que no permitía ver la verdadera `realidad' concertacionista. Una página de Internet que circuló a mediados de 2005 era elocuente, al respecto: “pitéate un flaite” Cuando los peruanos pobres comenzaron a llegar y a reunirse a un costado tic la Catedral Metropolitana, por calle Monjitas, número considerable de chilenos, no vacilaba en comentar, irónicamente, que los peruanos se habían `tomado la Catedral'. Al producirse el conflicto limítrofe de octubre de 2005, hasta pareció natural que la leyenda aparecida en la página de Internet, a que aludimos más arriba, cambiara drásticamente por un simple: "pitéate a un peruano".

Las universidades no fueron inmunes a las transformaciones sociales. Con rapidez, se adecuaron a los requerimientos del mercado. Los títulos de ‘licenciado’ comenzaron a otorgarse desde el cuarto año de estudios universitarios: a quienes proseguían éstos se les permitía hacer cursos de magíster, y ‘post grado’ para responder a las exigencias del mundo laboral. Tales cursos eran pagados; las universidades eran un negocio. Pocas personas que estudiaban en Chile carecían de tales títulos: todos eran especialistas, ingenieros, doctores, magisters, post grados, licenciados y las tarjetas que intercambiaban entre sí para dar testimonio de esas

excelencias daban cuenta de ello; el obrero especializado era una rareza arqueológica.

El lenguaje se alteró profundamente. Fue una mezcla extraña, un engendro de vulgaridad y neologismos que cruzó verticalmente a toda la Sociedad. Algunas palabras como 'desigualdad' desaparecieron de las conversaciones, en su reemplazo se incorporó el vocablo 'inequidad'. No sucedió de manera distinta con la palabra 'sexo', que desapareció para ser reemplazada por el vocablo 'género'.

Así, cuando comenzó la campaña de la abanderada de la Concertación, Michelle Bachelet, no se hable de restituir sus derechos al sexo femenino, sino de llevarse a cabo una elección 'de género' y que eso permitiría un gabinete con equiparidad también 'de género'. Las palabras groseras se empleaban frecuentemente en la Televisión tanto en programas serios como en los espacio dedicados a lo que se denominaba `farándula', junto a otros neologismos como 'bacán' (estupendo), `mula' (torpe, tonto) o ‘chanta' (desagradable, poco feliz).

No debía sorprender, por lo mismo, que, en medio de la contienda electoral, los comandos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet se involucrasen en tina torpe discusión: determinar, en primer lugar, si el primero había o no sido profesor en propiedad' (y no 'ayudante') en la Universidad de Harvard y, en segundo, si era o no necesario poseer antecedentes académicos para aspirar al cargo de presidente de la república. ¡Qué lejos estaban los tiempos aquellos en que un humilde profesor primario podía aspirar al cargo de primer mandatario como lo hiciera don Pedro Aguirre

Cerda! ¡Qué lejos los tiempos en que los obreros y pobladores podían aspirar a ser ministros de estado como lo hiciera Américo Zorrilla! ¡Qué lejos la Unidad Popular y las esperanzas de toda una población! ¿Debemos decir, aquí, que en contadas oportunidades durante la contienda de 2005 se discutieron los programas de los candidatos, sino exclusivamente si acaso debía o no tener Chile un presidente de género' o un empresario’? Las descalificaciones fueron la tónica del debate: Hirsch era un pervertido porque no vivía en la misma casa con su mujer.

Lavín era el representante del más afiebrado sector pinochetista, Piñera era un empresario que no sólo manipulaba su canal de Televisión sino controlaba, además, a los periodistas empleados en ese medio, Michelle Bachelet no tenía capacidad para ser presidente. El tono de estas discusiones llegó a su clímax cuando algunos ‘Socialistas’, (históricos y ex mapucistas) denunciaron al candidato del conglomerado ‘Juntos Podernos Más’ haber sido militante de SILO, una organización de jóvenes a quienes se desprestigiaba acusándoseles del consumo de marihuana y prácticas anarquistas, en tanto la `derecha' política enrostraba a Michelle Bachelet su presunta incapacidad para dirigir al país. Olvidaban los primeros que tanto el Partido Socialista corno el Comunista recibieron militancia de SILO durante el Régimen Popular y el MAPU alcanzó a tener a un ex militante de SILO (René Román) en calidad de miembro de su Comité Central.

Si bien Hirsch no se dignó responder tales exabruptos, no hizo lo mismo Michelle Bachelet quien, ante las acusaciones

de acuerdo a las cuales `no se la puede' para ser presidenta de Chile, respondió: "La compañía consiste en hacer creer que una mujer no se la puede. Estoy convencida que me la puedo para ser Presidenta de Chile".

Más tarde, la campaña arreciaría, no para discutir su capacidad o no para ser presidenta, sino su carácter para imponerse por sobre los partidos y los ministros. Los chilenos parecían necesitar de la presencia del mando como forma de vida y que alguien lo ejerciese efectivamente sobre ellos. Lagos no los había decepcionado. El Régimen Militar había dejado su impronta imborrable en gran parte de la población.

LA REACCIÓN DE LOS CANDIDATOS FRENTE A LOS SUCESOS E1 carácter social tiene una característica primordial: hace actuar al individuo dentro del sistema al cual pertenece de la manera precisa a cómo debe hacerlo. En una formación social, uniforma el comportamiento del grupo humano haciendo que las reacciones particulares sean más o menos similares y, por consiguiente, armónicas a aquella; cada individuo realiza los actos que los demás esperan deba realizar. El carácter social hace coherente la conducta de la dirigencia con lo que de ella espera el conjunto de los dirigidos; no sucede de manera diferente con la que éstos practican respecto de aquella. En alguna medida, explica la estrecha relación entre gobernantes y gobernados que, a menudo, desconcierta a los estudiosos de la historia. Los líderes, en muchos aspectos, no son diferentes del conjunto social porque tampoco ese conjunto es diferente, en esos mismos aspectos, del primero. Los unos son al otro como éste es a aquellos.

Esta forma de comportarse, uniforme, coherente, predecible casi por completo, se hace tanto más manifiesta cuanto más intereses comunes unan a las personas. Por eso, cuando correspondió expresar sus opiniones al respecto, en octubre de 2005, a la generalidad de los candidatos a la presidencia de la república, pudo afirmar con fundamento un conocido rotativo chileno: "Absoluta coincidencia hubo ayer entre los cuatro candidatos presidenciales al momento de respaldar la

actuación del gobierno chileno, tras la arremetida del Congreso peruano que busca modificar los límites marítimos” En efecto. El abanderado de la organización política Renovación Nacional Sebastián Piñera había señalado, al respecto, que ' “/.../ los límites marítimos quedaron totalmente resueltos en los tratados de los años 52 y 54. En la defensa de nuestra soberanía vamos a apoyar ciento por ciento al gobierno” Michelle Bachelet, por su parte, candidata de la Concertación, había expresado algo semejante al declarar que “/…/ me parece claro y evidente que Chile no tiene asuntos limítrofes pendientes con ningún país y menos con Perú. Y por lo tanto comparto plenamente la opinión de que Chile debe ejercer su soberanía a plenitud. Lo que hoy corresponde es que nos pongamos al lado del gobierno”.

Y junto con valorar “/…/ el liderazgo del Presidente Lagos”, había expresado lo siguiente: “/…/ ese mar es nuestro y como futura Presidenta voy a actuar con la misma determinación, voluntad y claridad, como lo hacía el gobierno de la Concertación.

Un periódico de la capital indicaba que para Tomás Hirsch, candidato presidencial del pacto ‘Juntos Podemos Más’, “Chile no tiene nada pendiente con Perú, los límites están perfectamente definidos. Es distinto incluso de la situación que pudiere haber con Bolivia donde yo siempre he

planteado la importancia de buscar alguna salida que sea adecuada para el pueblo boliviano”.

Si bien el candidato de la izquierda extra parlamentaria calificaba incluso de ‘inaceptable’ las pretensiones peruanas de modificar los límites marítimos, no por ello dejaba de manifestar su crítica a los “/…/ errores de la política exterior” del gobierno de la Concertación. “/…/ marcados por el distanciamiento del concierto latinoamericano”.

Precisando sus acusaciones, expresaba Hirsch que había sido un ‘error’ del Gobierno apelar a la Organización de Estados Americanos OEA para la solución de un conflicto que bien podía resolverse bilateralmente. Pero había algo más Hirsch era cáustico al entregar su opinión al respecto: “Chile ha tenido una relación inadecuada con Perú, cuando el Presidente se dedica a defender a un empresario que está siendo buscado por corrupción no es buena señal”.

“Tenemos que profundizar el diálogo con América Latina y, por lo tanto estoy hablando de algo que es bueno para el país /…/” “Este es una tema bilateral que tenemos que abordar en el marco de la integración latinoamericana y el diálogo permanente sin la obstrucción de quienes no encuentran mejor modo de lograr la adhesión ciudadana que agitando banderas chauvinistas /…/” “Al Perú hay que manifestarle con claridad que está equivocado con su pretensión y por lo tanto, también ahí concuerdo con la visión que tenemos desde Chile /…/”

“En el caso peruano, es evidente que el presidente Toledo ha levantado ese tema dado su menguado apoyo popular. Pero del mismo modo, no me parece adecuado que el gobierno chileno se aproveche de esta situación para desviar la atención a la baja que está teniendo la candidatura de la Concertación en las mismas encuestas /…/”.

Joaquín Lavin, el candidato de la UDI, se encontraba en plena campaña electoral en el puerto de Talcahuano y su reacción fue de apoyo inmediato a las gestiones del presidente Lagos: “/…/ quiero decirle al Presidente Lagos que en el oque es a la defensa de la soberanía absoluta de Chile en mar y tierra, va a contar siempre con mi irrestricto apoyo.

Y el presidente de esa colectividad política Jovino Novoa, otrora vocero de la dictadura pinochetista, refiriéndose a la reclamación del vecino país, reafirmaba los intereses de clase de su colectividad, al calificar la reclamación peruana de “/…/ una pretensión absurda. Estos tema se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cuándo ni cómo se termina”.

Era lógico que, ante tales declaraciones, henchidas de ‘amor a la Patria y al terruño’, el ministro del Interior, Francisco Vidal, expresara con satisfacción.

“El gobierno valora que los temas de política exterior sean asumidos por los candidatos como materias de Estado”.

Y además que no dejara de referirse a las declaraciones del candidato del pacto ‘Juntos Podemos más’ Tomás Hirsch, quien a su juicio,

“/…/ rompió la tradición y una de las virtudes de Chile que es que en materia de política exterior siempre hay un solo conductor que es el Jefe de Estado”. “/…/ este es el momento en que no debe haber diferencias de ninguna naturaleza en el país”.

Todos ellos eran ‘chilenos’ hablando como ‘chilenos’; con las diferencias de rigor. Les unía el carácter social del ‘chileno’. Y el interés común de alcanzar la presidencia de la nación, para lo cual debían ser extremadamente cautos.

Días mas tarde, el candidato Joaquín Lavín protagonizaría un acto por entero pintoresco al pagar en Arica los servicios de una lancha a motor y recorrer en ella, simbólicamente, el retazo de mar que ambas naciones disputaban. A nadie que no fuese su comando electoral se le hubiere ocurrido una más torpe y disparatada reafirmación de la soberanía nacional.

A la hora del crepúsculo del 31 de octubre de 2005, un grupo de pobladores, desesperados por el agudo déficit habitacional que existía en el país procedió a 'tomarse' violentamente algunos de los departamentos del sector de Peñalolén, en Santiago, enfrentándose, como era de esperarse, a la policía uniformada. Pero ¿qué importancia tenía, en esos momentos, la necesidad habitacional de algunos sectores postergados, algunos de los cuales podían ser simples 'delincuentes', 'extremistas' o 'personas de derecha que quieren hacerle problemas al gobierno'? Era época de elecciones y de respuestas internacionales: la continuación del régimen estaba en juego y, también, la soberanía nacional. Era la hora de las autoridades y no de

los que planteaban problemas menores. Las clases dominadas habían de seguir siendo invisibles para quienes detentaban la administración del país.

En Perú, reafirmando lo que habían expresado, en bandos opuestos, Tomás Hirsch y José Miguel Insulta, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Gustavo Pacheco, declaró improcedente que Chile recurriera a la OEA afirmándose en un argumento ya conocido: el Secretario General de ese organismo, de nacionalidad chilena, podría asumir el carácter de 'juez y parte' en el diferendo.

BREVE HISTORIA QUE UNA BISECTRIZ Las ideas no siempre se propagan a un conjunto social.

Necesitan interpretar un sentimiento común, y cuando ello sucede se 'hacen carne' en ese grupo humano. Se las llama, a menudo, 'ideas fuerza' pues se imponen o dominan por sobre las demás, aunque dicha denominación no refleja con exactitud su verdadera naturaleza. Son fuerza psíquica, convencimientos, razonamientos, creencias, fe. El poder no radica en ellas mismas sino en las personas que las tienen, en ese conjunto social. Porque son fuerza social. Se manifiestan en todas las relaciones humanas, especialmente en situaciones extremas. Y no dejarían de hacerlo durante los días en que se desencadenara el conflicto de los límites marítimos entre Perú y Chile. En la primera de esas naciones, sin embargo, la idea adquirió fuerza en los estudios de algunos tratadistas. Se trataba de proponer la división del mar territorial de manera más equitativa y esa concepción encontró una óptima forma de materializarse.

Como ya lo hemos señalado, Perú sabía que los límites marítimos establecidos en los convenios con Chile no representaban sus intereses de manera apropiada y numerosos comentaristas e investigadores de esa nación se habían referido al tema en no pocas oportunidades.

En un artículo publicado en el periódico ‘La República', el día 14 de marzo del 2000 recordaba el doctor Luis Alberto Vilchez Lara lo siguiente: "En 1996 el señor Tomás Dill Erva, presidente de la Sociedad de Armadores Pesqueros del Sur, denunció por

medio de este diario que el mar peruano de las 200 millas en la zona sur del país es una ilusión, porque Chile, por usos y costumbres, ha establecido como límite un paralelo que pasa por la línea de la Concordia. Agregaba que el Perú no había hecho uso de su derecho para definir esta línea de frontera, que, según procedimientos hoy internacionalmente aceptados, resultaría del trazado de una bisectriz con respecto de las líneas paralelas imaginarias que corren las costas del Perú y Chile. Que, como consecuencia de este hecho y de la configuración geográfica de nuestras costas, el mar adyacente de 200 millas se va angostando progresivamente al sur a partir del Puerto de Chala, donde sólo tiene 130 millas, 100 millas en Camaná, 80 millas en Matarani, 45 millas en Ilo y 12 millas en el Morro de Sama.

Citaba como hecho anecdótico que si una embarcación peruana sale del Puerto de Boca del Río, frente a Tacna, a tan sólo una distancia de cinco millas se encontrará en aguas que están bajo la jurisdicción chilena. Según el armador peruano, Chile al imponer en la práctica como frontera marítima el paralelo 18° 10’ nos estaría usurpando 57.000 kilómetros de mar, motivo por el cual solicitaban al gobierno que tratara diplomáticamente este problema que se silencia desde hace muchos años”.

En 2002, era director del instituto Geográfico de Perú el general Gustavo Bobbio Rosas. Ese oficial del ejército peruano había estado estudiando los tratados de límites marítimos suscritos entre su nación y Chile, y constantemente representaba su molestia ante una situación que no era diferente a la descrita por otros analistas:

“/…/ no puede ser que me ponga a nadar en Tacna y a los tres o cuatro kilómetros ya esté en Chile. Es inconcebible”.

De inmediato, Bobbio se dio a la tarea de reunir antecedentes y trazar un mapa que iba a contener una nueva delimitación marítima con su vecino del sur, basada en el reemplazo de la recta adyacente al paralelo 18 1/2' 03" por la prolongación de la línea de la Concordia, en forma de bisectriz del ángulo firmado por las costas de ambos países.

El presidente Toledo supo de estos trabajos, y tenía pocos deseos de entrar en conflicto con el gobierno chileno de la Concertación, algunos de cuyos miembros se desempeñaban en el carácter de asesores suyos. En esos momentos, la presencia de Bobbio a la cabeza del Instituto Geográfico de Perú no sólo le resultaba inútil, sino profundamente molesta.

El director del organismo mantenía, además, estrechos contactos con movimientos nacionalistas que integraban miembros vinculados a las fuerzas militares del ex dictador Alberto Fujimori, uno de los líderes de esos grupos era Antauro Humala, persona de por sí bastante conflictiva. Así, en un acto de autoridad, Toledo separó de su cargo a Bobbio.

En los años posteriores, el general en retiro fue contratado por la Facultad de Derecho dc la Universidad Garcilaso de la Vega y tomó a su cargo la asesoría de algunos movimientos nacionalistas. Esa actividad no era casual: Bobbio había sido uno de los, tantos generales que se desempeñaron con eficiencia en la lucha contra la guerrilla de 'Sendero Luminoso' y estaba en permanente contacto con lo que él llamaba

“/…/ amplia masa de reservistas que ha estado muchos años en guerra subversiva”.

Aunque la prensa peruana lo sindicaba como asesor principal de Antauro Humala promotor de la doctrina llamada 'etnocacerismo' ", Bobbio reconocía solamente su amistad con aquel y su adhesión a la causa nacionalista.

Poco proclive a construir análisis más profundos, como el común de las personalidades de su época, Gustavo Bobbio creía en la existencia de tan solo una causa del conflicto, muy similar a aquella que otros y la misma prensa entregaban: la baja popularidad de Toledo. Así, cuando se le preguntó en una entrevista si era extraño que fuese el propio jefe de estado quien le exigiera su renuncia al cargo de director del Instituto Geográfico de Perú, respondió tajantemente: "Sí. Lo ridículo en este caso, es que me den de baja por eso, si quiera, porque soy el primero que pone en un plano la bisectriz, no con ánimo de pelear, sino de hacer justicia.

Entonces, inmediatamente que yo pongo eso, Toledo me ordena que retire el mapa y no lo hago. Pero ahora, claro, Toledo está con una mínima aceptación y qué sucede, como necesita votos se cuelga de mi propuesta /…/”.

QUIÉNES CONOCÍAN DE LOS HECHOS Dice un refrán popular que, en asuntos de amor, el marido (o la mujer en su caso) es el (la) último(a) en saber que ha sido engañado(a). No ocurre de manera diferente a la sociedad cuyos gobernantes le ocultan lo que sucede.

También una población descubre ser la última en enterarse de lo que han hecho sus representantes.

Como ya se ha expresado anteriormente, el problema de la demarcación marítima era algo bastante antiguo. Solamente se había agudizado con el advenimiento del 'socialista' Ricardo Froilán Lagos Escobar, probablemente porque otro 'socialista' (Alejandro Toledo) creyó ingenuamente que los conflictos internacionales podrían resolverse mejor entre 'socialistas'. De todas maneras, era aquélla una situación que los políticos conocían de sobra. No así los sectores populares ni la población, en su conjunto.

"Yo creo que la Cancillería conocía el conflicto", expresó, en una entrevista que le hiciera un vespertino, Jorge Insunza, miembro del Comité Central del Partido Comunista.

"Todo el mundo lo sabía, porque Perú envió una nota hace más de un año. Pero la Cancillería resolvió que, no habiendo un problema abierto, no correspondía darle tanta importancia. Esto es discutible: si un país plantea un tema, el otro debería estar accesible para que no se susciten situaciones de tensión. Así era. Durante todo el año 2003 había trabajado el gobierno del Perú en la redacción de lo que sería conocido en febrero del año siguiente (2004) como

el 'Libro Blanco de la Defensa'. En ese voluminoso expediente, el gobierno de Alejandro Toledo informaba acerca de la necesidad de revisar los límites marítimos con Chile, del trabajo de tina comisión que estaba estudiando el tema y de la posterior entrega de las conclusiones que haría dicha comisión de su labor al Parlamento peruano.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno conoció de aquel trabajo y, preocupada por su contenido, decidió convocar a las máximas autoridades navales a una reunión para el 30 de marzo de 2004, en las oficinas de la Comandancia en Jefe de la Armada, en Valparaíso, con el fin de tratar el tema. A dicha reunión concurrieron, entre otras, las siguientes personas: Miguel Ángel Vergara, almirante, Comandante en Jefe de la Armada; Gudelio Mondara, contralmirante, Jefe de Inteligencia Naval; Sergio Romero, senador, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores (RN), Juan Antonio Colonia, senador (UDI); Fernando Flores, senador (PPD, ex MAPU); Gabriel Valdés, senador (DC) Sergio Páez, senador (DC); Ricardo Núñez, senador (PS) Baldo Prokurica, senador (RN); Jorge Martínez Busch, ex comandante en Jefe de la Armada.

La reunión fue bastante convencional. Provistos de una serie de cuadros explicativos, construidos con el empleo del programa ‘Power Point’, los oficiales pasaron revista a los documentos suscritos con Perú y a dos documentos internos

de ese país (Decreto Supremo de 1947 y Resolución Suprema de 1955), a los que se les dio el carácter de “/…/ reconocimiento explícito /.../ de la demarcación marítima.

Indicaron, a continuación, los expositores que, en 1972, se terminaron de construir las llamadas 'torres de enfilamiento', estructuras de metal y concreto con señales luminosas visibles desde el mar. De esas torres, la mas lejana a la costa era el faro chileno, en tanto la más cercana era el faro peruano. Dichas torres tenían sólo una misión, expresaron los oficiales, cual era señalar visiblemente el límite marítimo existente.

No obstante, durante los años 1986 y 2000, el gobierno peruano había comunicado al chileno que, en su opinión, no existía acuerdo alguno suscrito sobre delimitación marítima entre ambas naciones. En 2001, dentro de esa línea reivindicativa, había enviado el gobierno de la hermana nación al Congreso un proyecto de ley para adherirse a la Convención del Mar y, luego del terremoto que destruyera el faro construido por esa nación, había excusado su negativa a reconstruirlo alegando que el tema era materia de negociación pendiente.

El encuentro aquel, de 230 de marzo de 2004, había abordado igualmente el tema del incremento en la captura de barcos pesqueros peruanos, sorprendidos en aguas territoriales, por la autoridad marítima chilena. Y las cifras parecían avalar esa tesis: 1999: 6 barcos 2000:32

2001: 35 2002:25 (sólo hasta el mes de agosto) Que nunca hubiere existido un reclamo por parte de las autoridades peruanas al respecto, hacía suponer que "/.../ aunque que el gobierno de Toledo ha insistido en desconocer que existí un límite marítimo acordado entre los dos países, en la práctica la Marina de la región norteña ha respetado escrupulosamente, de facto, la línea del paralelo defendida por Chile.

Era aquella tesis la más rotunda afirmación del discutible aforismo según el cual quien calla, otorga.

Los antecedentes entregados precedentemente, además de la reunión del Alto Mando de la Armada con la Comisión de Defensa del Senado, de fecha 30 de marzo de 2004, no fueron las únicas circunstancias que permitían suponer cabal conocimiento del problema en los círculos gubernamentales.

En efecto. Cuando el 26 de septiembre de 2005 citó el presidente Alejandro Toledo a su gabinete, en Tacna, con el fin de impulsar un proyecto de ley, que modificara unilateralmente los, límites marítimos con Chile, la Cancillería chilena exigió, en privado, explicaciones a su par peruano, quien respondió diciendo que se trataba de un procedimiento interno muy similar al ya empleado por Chile y Ecuador para definir sus propias bases de demarcación marítima.

El presidente Ricardo Froilan Lagos no quedó conforme con esa explicación. Poco tiempo después, y con ocasión de realizarse la Cumbre Sudamericana de Jefes de Estado, aprovechó el mandatario chileno para acercarse a su

homólogo peruano y consultarle acerca de qué estaba sucediendo. Cuando Toledo respondió en los mismos términos empleados por su canciller, comprendió Lagos que el Problema requería de un tratamiento especial. Lima usaba una técnica nueva que buscaba obligar al gobierno chileno a abordar el tema. Comenzó, entonces, en Santiago, una serie de reuniones destinadas a analizar en detalle la actitud del Palacio Pizarro. Para personalidades fuertemente autoritarias y competitivas como las que presentaban los representantes chilenos la conclusión no podía ser más obvia: Toledo podía elevar su popularidad con aquel asunto o, simplemente, trataba de convencer a los sectores nacionalistas acerca de la conveniencia de suscribir la Convención del Mar. La escabrosa historia de las relaciones chileno/peruanas quedaba completamente al las deliberaciones, en tanto el 24 de octubre del mismo año, en la noche, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobaba la ley. Solamente cuando el diario limeño “El Comercio” informó, al día siguiente (martes 25 de octubre de 2005) el resultado de la votación y se hizo de público conocimiento un artículo del canciller peruano reiterando la necesidad de incorporarse a la Convención del Mar, el gobierno de Chile comenzó a reaccionar. Y sus acciones fueron por entero desproporcionadas.

Como lo expresara un vespertino de entonces: “Hasta ahí, públicamente nadie sospechaba el tenor de las reuniones que se estaba llevando a cabo”.

Pero aquella afirmación era por entero falsa, pus no era efectivo que ’nadie’ sospechara de esas reuniones.

EL CONFLICTO EN LA PRENSA PERUANA (Y BOLIVIANA) La prensa es un medio de comunicación. Crea las condiciones que requiere el establecimiento de las relaciones humanas y construye las formas culturales dominantes. La prensa impone la ideología del Bloque en el Poder. Modela a los individuos a la vez que los transforma; determina el comportamiento que han de adoptar frente a determinadas situaciones.

Factor primordial en la organización de la semiósfera — campo dentro del cual se desenvuelven símbolos, ideas, números, signos, valores—, la prensa jamás deja de estar presente en los conflictos de las naciones; tampoco lo haría en octubre/noviembre de 2005. Si en Chile modelaba la conducta de la masa ciudadana, del mismo modo lo hacía en Perú: las identidades nacionales comenzaban a comportarse de la manera a cómo debían hacerlo. Poco o nada importaba que la prensa recurriese a artimañas; poco o nada importaba que se manipulara la noticia: el periodismo no era una forma de expresión de la moral, sino apenas otra especialización del saber al servicio del poder dominante. Los titulares de los diarios limeños darían elocuente testimonio de tal hecho; no de otra manera sucedería en Chile. Por eso, no debía sorprender que el periódico 'La República' expresase en su primera página: “Lagos agita las aguas”.

Y, hacia un lado, explicase la noticia de la siguiente manera: "Presidente de Chile arma ofensiva diplomática y busca involucrar a Estados Unidos y a la unión Europea".

Por su parte, la portada del conocido diario 'Expreso': "Chile al garete", para agregar, a continuación: "Pese a ofensiva diplomática trazada por su Presidente Ricardo Lagos, países consultados le dan la espalda".

Tal vez, la más pintoresca versión del conflicto fue entregada por 'La Razón', en una tesis que hacía muy poco honor al nombre de aquel rotativo: “Hecatombe acecha al sur”.

Como explicación a semejante titular, agregaba: "Chile peligra: volcanes".

Y, a un costado: “Mantienen secreto informe científico que explica la política chilena".

El rotativo se explayaba, más adelante, citando las investigaciones de un peruano, quien había advertido a la nación que su exótico vecino pretendía conquistar tierras en los países del norte. Las razones parecían obvias —sostenía el periódico, afirmándose en la citada fuente—pues, a un máximo de entre 30 a 50 años, los volcanes acabarían con gran parte del territorio chileno. Eran aquellos días, época de disparates. Nadie debía sorprenderse por ello. Y la 'excelencia' académica en otras ramas del saber, a la manera que sucedía con el periodismo, también toleraba la formulación de barbaridades como las expresadas.

El día 4 de noviembre de 2005, la prensa peruana publicó las declaraciones del ex presidente del Consejo de Ministros de Perú, Carlos Ferrero, quien acusó a Chile de pretender modificar los límites territoriales.

Esta denuncia iba más allá de la simple disputa por los límites marinos. El Hito 1, colocado en la intersección del paralelo geográfico y la Línea de la Concordia, hacía suponer que Perú perdía, además del espacio marítimo en discordia, 16 mil metros cuadrados de superficie terrestre contra, los 6 300 que Chile había previamente calculado...El ex presidente del Consejo de Ministros de Perú hacía suya dicha tesis en las declaraciones que consignaba la edición de ese día del diario 'La Razón'. “/.../ negarse a reconocer un diferendo por el límite marino / …/”, acotaba Carlos Ferrero, en las páginas del mencionado periódico limeño, implicaba “/.../ un afán subalterno de modificar los límites territoriales”.

No de otra manera se pronunciaba 'El Comercio', que elogiaba sin reservas la aprobación del proyecto sobre líneas de base de dominio marítimo, en tanto 'El Expreso' denunciaba que la embajada de Perú, en Santiago, “/.../ teme por su seguridad /.../”, por lo que se había solicitado al gobierno chileno un aumento de la dotación policial y la instalación de barricadas antimotines “/...” para hacer frente a eventuales actos violentos”.

Bolivia había mantenido silencio hasta ese momento. No había manifestado preocupación alguna aparente por el conflicto entre las otras dos naciones, interesada en resolver con Chile el problema de la salida al mar. Pero, luego que el candidato presidencial Jorge Quiroga exigiera al gobierno

analizar los alcances del, diferendo con relación a Bolivia, el periódico 'La Prensa' concluía que la situación “/…/ deja en evidencia la existencia de “/…/ puntos pendientes /…/ en las relaciones de los tres países.

Terminaba el diario boliviano, advirtiendo que, de imponerse cualquiera de ambas tesis (la chilena o la peruana) igualmente podría esa nación encontrar solución a su mediterraneidad sin riesgo cierto de verse involucrada “/…/ en medio de fuego cruzado”.

EL DÍA DE 'TODOS LOS SANTOS' Profundicemos un poco más en torno a los hechos que sucedieron aquel frenético martes 1 de noviembre de 2005.

Día de Todos los Santos. A las 11,30 de la mañana, había llegado hasta el Palacio de Torre Tagle, en Lima, el embajador de Chile en esa capital, Juan Pablo Lira, para recibir directamente la respuesta oficial del gobierno de Alejandro Toledo. Luego de tener el documento en sus manos, y conversar acerca de la situación durante casi una hora con el canciller Oscar Maúrtua se retiró Lira del despacho sin formular comentario alguno a la prensa. Su única preocupación era poner, a la brevedad posible, en conocimiento de la Cancillería chilena el contenido de la respuesta peruana, en la certeza que desde allí se transmitiría al presidente Ricardo Lagos. Sin embargo, ya avanzada la tarde, el gobierno de Lima entregó un comunicado a la prensa en el que hacía un resumen de los aspectos más relevantes de su argumentación. Así, señalaba que “/…/ resulta inaceptable /…/ la actitud del gobierno de Chile en cuanto a formular reservas a un proyecto de ley corno el propuesto por la administración de Toledo “/…/ puesto que atenía contra la decisión soberana e independiente del Poder Legislativo que, ni el caso de Perú, es un poder autónomo y no está sujeto a ingerencia o prensa alguna”.

Junto con agregar que las reservas chilenas constituían

“/…/ actos contrarios a lo establecido en el Derecho Internacional /…/ abría la Cancillería del vecino país una nueva puerta a la solución del conflicto, proponiendo entregar a la Comisión Mixta Permanente de Límites, —que integraban expertos tanto chilenos como peruanos—, en un futuro próximo, la posibilidad de /…/ verificar la exactitud de las coordenadas del pomo final en la orilla del mar.

A pesar que la Cancillería, como era su costumbre, guardó silencio anee tales términos, una alta fuente de gobierno que no quiso identificarse, adelantó que el gobierno chileno la rechazaría sin contemplaciones pues una proposición semejante había sido planteada hacía ya un año por la vecina república y “/…/ no se puede revisar lo que está zanjado”.

En realidad, lo que sucedía era que el gobierno chileno no quería, de manera rotunda, abrir una compuerta a planteamientos relativos a materias sobre las cuales jamás iba a discutir. Hacerlo le significaba poner en entredicho su propia credibilidad y, por consiguiente, la integridad de la soberanía nacional y su estabilidad como gobierno. La Concertación no quería conversar por temor a dejar establecido un precedente que pudiese significar en el futuro un eventual menoscabo a la corporeidad territorial de la nación, del que, más tarde, podría arrepentirse.

Por lo mismo, el lenguaje se había endurecido y el ambiente era tenso. En esa atmósfera enrarecida, temeroso de un conflicto que pudiese alcanzar dimensiones insospechadas, luego de oficiar misa en el Cementerio Parroquial de Maipú,

llamó el cardenal Francisco Javier Errázuriz a las autoridades chilenas a actuar con extrema cautela y prudencia. También empleó aquel prelado la expresión 'delicada', que ya se hacía usual para describir la situación, al tiempo que apelaba al buen criterio de la Iglesia peruana para un llamamiento de igual o semejante contenido al que él hacía a las autoridades de su país.

"Existen organizaciones internacionales para ver quién tiene la razón en esta materia /…/”. /…/ muchas declaraciones que tienen que ver con los límites pueden tener consecuencias totalmente Inesperadas.

“Espero que encuentren caminos pacíficos y no simplemente la declaración ni de derecho ni tampoco de la fuerza terminó diciendo”.

Era aquel un loable propósito, sin lugar a dudas. Pero, al tenor de esas palabras, una vez más la Iglesia —poder espiritual, en Chile— doblaba su cerviz ante el poder terrenal, representado por su gobierno y los institutos militares, orgullosos de sus glorias y conquistas. Siempre lo había hecho, siempre había actuado de esa manera a lo largo de la historia; no existía razón alguna para que en aquella oportunidad alterase ese proceder.

Ricardo Froilán Lagos Escobar estaba frenético. Había permanecido en su despacho durante toda la jornada, recibiendo información acerca de las gestiones que realizaban sus colaboradores y entregando líneas directrices.

“Extremadamente dedicada” era la forma que empleaba para describir la crisis. O, también la más grave que cualquiera

que se haya suscitado en las relaciones bilaterales con Bolivia”.

El presidente había recibido, además, noticias de Brasil.

Estaba enterado que Luiz, Inazio 'Lula' Da Silva, acompañado de su canciller Celso Amorío y de su asesor internacional Aurelio García (que mantenía fuertes vínculos con los 'socialistas' de la región, en atención a su propia militancia 'socialista'), había recibido a Osvaldo Puccio y a Demetrio Infante (embajador de Chile en Brasil) para platicar con ellos durante casi una hora, y sabía que su Secretario General de Gobierno regresaría esa misma noche; también estaba informado de las gestiones de la delegación enviada a Ecuador por boca de su embajador Nelson Hadad.

Por consiguiente, Ricardo Lagos sabía de lo infructuoso que habían resultado tales visitas. No obstante, ante la opinión pública, seguía aparentando un éxito sin precedentes.

En la tarde de ese martes, citó el señor presidente a su despacho a un selecto grupo de personas para una reunión que había de prolongarse durante casi tres horas y en la que se analizaría la crisis con Perú. Se encontraron allí el ministro del Interior, Francisco Vidal, el ministro de hacienda, Nicolás Eyzaguirre y el secretario general de la Presidencia, Eduardo Dockendorff. No estuvieron el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, ni el de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, quienes preparaban las respectivas intervenciones que habían de hacer en el Congreso Nacional. El presidente Lagos se retiró más tarde, dirigiéndose a su hogar para cumplir con otro dudoso compromiso.

En efecto. A las 21,15 horas recibió el primer mandatario en su hogar, situado en calle Amundsen, a la abanderada de la Concertación, Verónica Michelle Bachelet Jeria, quien llegó manejando un vehículo 'todo terreno'. A esas alturas, se sabía que el encuentro aquel, acordado con anterioridad a la crisis y en el que participaría Luisa Durán, cónyuge del mandatario, tendría como finalidad no sólo abordar el tema de las elecciones presidenciales, sino además el problema suscitado con la nación hermana. La explicación que se dio para justificar el encuentro no fue la mejor. Que fuentes gubernamentales sostuviesen la necesidad de realizarla. “/…/ dado que ella es experta en temas de Defensa y aparece como la candidata con mayores posibilidades de sucederlo en la Presidencia” implicaba tan solo crear mayores problemas futuros. En tanto el gobierno adoptaba las medida que consideraba necesarias para afrontar la crisis, también el presidente del Senado, Sergio Romero, militante de Renovación Nacional trazaba las suyas: su propuesta sería impulsar la aprobación de un acuerdo entre ese cuerpo legislativo y el gobierno en torno a las decisiones tomadas por el presidente Lagos, lo que se consideraba desde ya, como un ‘fuerte respaldo’ al Ejecutivo. Y no se esperaba algo diferente de la Cámara de Diputados, que presidía el militante del Partido por la Democracia (PPD) Gabriel Ascencio. No era, entonces solamente el gobierno quien ‘se subía a la lámpara’ sin todas las estructuras jurídico/políticas e ideológicas de la nación, en su conjunto.

EL GOBIERNO CHILENO COMIENZA A DAR EXPLICACIONES A1 día 2 de noviembre eran ya demasiados los errores que, en relación al conflicto con Perú, había cometido la Administración Lagos. Numerosas voces comenzaban a elevarse para poner en entredicho su proceder. Pero tales críticas no se originaban tan solo en un presunto deseo sublime de enmendar las faltas, sino en aprovechar las circunstancias con fines electorales. Total, el escenario dentro del cual se representaba esa comedia era, precisamente, eleccionario; lo cual no era óbice para que, al mismo tiempo, se elevaran voces verdaderamente honestas reclamando por una mejor conducción política del país.

Por lo pronto, tanto el presidente del Senado Sergio Romero (RN) como los, senadores Juan Antonio Colonia (UDI) y Roberto Muñoz Barra (PPD), se manifestaron contrarios a someter a la OEA la resolución del conflicto.

Lagos estaba desconcertado. Días antes (a Fines de la semana que recién había pasado) había conversado con el Secretario General de la OLA. José Miguel Insulta, recibiendo sus particulares puntos de vista al respecto, en tanto algunos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores lo hacían con el embajador de Chile ante la OEA Esteban Tomic con idéntica finalidad. Además de atribuir un carácter arbitral —que no lo tenía— a ese organismo y de colocar a su Secretario General en la difícil situación de tener que pronunciarse a Favor o en contra de su propio

país, existía otra razón. Según lo expresara a un periódico de la época: "El riesgo de multilateralizar el impasse con Perú radica en los problemas gire podía tener para Chile imponer un criterio al que ha tenido con Bolivia, donde ha seguido la línea de que cualquier situación es un terna bilateral”.

No por otro motivo señalaría, más tarde, el presidente del Senado Sergio Romero (RN), luego de convenir con el presidente de la Cámara de Diputados, militante del PPD, Gabriel Ascencio, que, en tales materias. /…/ se debe informar y no consultar a los países de América. No hay que multilateralizar esta situación, hay que mantenerla en el plano que corresponden, pues tenemos el derecho a nuestro favor”.

En realidad, el riesgo de llevar el problema con Perú a la OEA e involucrar en la resolución del mismo a todo el conglomerado de países americanos, en lugar de resolverlo por la vía de la negociación directa, obedecía a otra circunstancia: el extremo aislamiento del concierto latinoamericano que experimentaba Chile como consecuencia de las políticas impulsadas por la Concertación en materia de relaciones internacionales hacía temer al gobierno la dictación de fallos o resoluciones poco favorables a la nación y el riesgo cierto de perder la soberanía de los territorios en disputa.

Por tal motivo, era previsible que el desconcierto de Lagos se trocase, a la brevedad y como por encanto, en determinación: era necesario volver atrás en esa materia y olvidar la instancia de la OEA. Alguien tendría que hacerse

cargo de dar las explicaciones de rigor. Así, ese mismo día correspondió al canciller Ignacio Walker dar cuenta de tal inexplicable situación: "Les pido que lean con atención el punto cinco de ese comunicado de gobierno (emitido el viernes pasado), que dice que con objeto de prevenir o anticipar eventuales conflictos que pudieran surgir, en el fondo se informa, se ponen en conocimiento de la OEA estos hechos. Ese es el Único sentido y alcance de ese punto /…/.

En estricta verdad, el párrafo en referencia decía algo completamente diferente: “/…/ se ha instruido al embajador en la OEA solicitar a este organismo internacional abocarse al estudio de este tema”.

Pero las explicaciones no pararon allí; también la visita de Michelle Bachelet a la residencia del presidente Lagos fue objeto de críticas.

Era verdad que el encuentro entre Lagos y Bachelet se había acordado con bastante anticipación (miércoles 26 de octubre) al desencadenamiento del conflicto; por lo mismo, debía analizar, en primer lugar, la persistente baja en las encuestas que mostraba la candidatura de la abanderada de la Concertación y el alza consiguiente del candidato del pacto 'Juntos Podemos Más', Tomás Hirsch; en segundo lugar, si resultaba o no conveniente mantener la campaña electoral desvinculada de la labor del gobierno, cuya adhesión ciudadana crecía día a día en los sondeos de la opinión pública. No obstante todo ello, el tema central fue el llamado 'caso Perú'.

Del encuentro aquel, que tenía carácter de 'reservado', pocos tenían conocimiento. Por eso, cuando la candidata arribó a la residencia de Lagos, en calle Amundsen, la prensa, que esperaba en aquel lugar de llegada del ministro secretario general de gobierno Osvaldo Puccio, quien debía informar al presidente sobre su gestión en Argentina y Brasil, se sorprendió. Y no fue extraño que reaccionaran con idéntica sorpresa (y molestia) los candidatos a la presidencia de la nación, pues a todas luces aquella reunión aparecía como una violación a las reglas de imparcialidad que el gobierno debía mantener frente a las candidaturas.

"No me parece que se utilice este lema para favorecer la campaña de una Candidata", expresó el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, desde Ninhue, para agregar, de inmediato: "Presidente, defienda la soberanía de Chile con toda la fuerza porque tiene el respaldo de todos nosotros, pero no use políticamente este tema”.

Sebastián Piñera, otro de los llamados 'presidenciables', se encontraba en Puente Alto cuando se le informó acerca de la cena. Es, dijo, “/…/ evidente que cuando (Lagos) se reúne con una sola candidata y no con los demás está interfiriendo en la campaña electoral".

Y, refiriéndose a las explicaciones que se habían dado para justificar tal encuentro, agregó: “/…/ en otros momentos de crisis que han tenido que ver con Defensa, como la guerra de Irak, nunca se consideró a la Ministra de Defensa, entonces, llama profundamente la atención que por el problema con Perú sí lo haga, habiendo

tanta gente que llene mucho más capacidad, experiencia y conocimiento.

Tomás Hirsch, que no se había plegado a la estrategia de La Moneda como los otros candidatos lo hicieron, estaba bastante molesto y por lo mismo no vaciló en advertir al presidente que no se empiece a utilizar (el impasse con Perú) como campaña electoral".

El gobierno, continuó Hirsch, ha querido aumentarle el volumen a este problema, de tal modo de distraer la atención respecto de la situación que se está viviendo a nivel interno, ya que su candidata está cayendo encuesta tras encuesta.

Michelle Bachelet no concedió mayor importancia al encuentro. “/…/ me reúno regularmente con el presidente”, dijo, “simplemente, así que no es nada especial” En la tarde ese 2 de noviembre, la Administración Lagos había resuelto calmar las aguas y en un breve comunicado de la Presidencia, se dieron algunas explicaciones para dar por superadas las críticas. En dicho comunicado se señaló que el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, se reuniría con los cuatro candidatos a fin de informarles acerca de la situación con Perú. Y respecto del encuentro con la ex ministra de Defensa, expresaba algo completamente diferente a lo que se había dicho anteriormente: “La cena privada del Presidente Lagos con la candidata presidencial de la Concertación, Michelle Bachelet, estaba fijada con mucha anticipación y sólo corresponde a las relaciones propias del Primer Mandatario con sus ex colaboradores /…/”.

En la Moneda, sin embargo, resultó inútil no sólo determinar sino ubicar al responsable de alertar a la candidata sobre la presencia de la prensa en el lugar. El hecho se consideró simplemente como ‘fortuito’.

EL DEPLORABLE RESULTADO DE LAS MISIONES Tres habían sido las misiones diplomáticas enviadas al exterior por el presidente Ricardo Froilán Lagos, para informarles del caso y recabar el apoyo de cuatro países, tal cual se ha expresara en las páginas precedentes.

La misión que partió a Bolivia estaba a cargo de la directora de Fronteras y Límites, María Teresa Infante. Aunque la diplomática expuso latamente el problema a las autoridades tic esa nación, su visita no tuvo mayores repercusiones.

Bolivia no se comprometió con el gobierno chileno, sino manifestó apenas su interés en informarse del desarrollo de los acontecimientos. Y, como si aquello fuese poco, a minutos de retirarse la misión de La Paz, la Cancillería tic ese país emitió un comunicado en el que refrendaba por escrito lo expresado verbalmente a la directora de Fronteras y Límites. El documento expresaba que el gobierno boliviano estaba no sólo observando de cerca el conflicto diplomático entre ambas naciones, sino además insistiendo en la circunstancia crucial de tratarse aquel de un problema que competía única y exclusivamente a Chile y Perú. El gobierno de La Paz guardaba, de esa manera, prudente distancia de lo que sucedía más allá de sus fronteras.

No sucedió de manera diferente con Argentina, nación en la que el señor ministro secretario general de gobierno, Osvaldo Puccio, fue recibido por el jefe de gabinete del presidente Néstor Kirschner, Alberto Fernández. un breve encuentro con el canciller Rafael Bielsa quien diplomáticamente se comprometió a estudiar el caso, el

enviado chileno se dirigió a Brasil, donde esperaba convencer al presidente de esa nación, Luiz Inazio ‘Lula’ Da Silva A pesar que el secretario general de gobierno arribó a Brasilia el lunes 31 de octubre en la tarde, sólo fue recibido al día siguiente, martes 1 de noviembre, a las 16 horas por el presidente y su canciller Celso Amorín.

Da Silva no sólo estaba preocupado por el desarrollo de la crisis, sino tenía amplio conocimiento del problema así como también lo tenían sus colaboradores más cercanos, entre otros, el propio canciller, el portavoz, del gobierno, Andrés Singer, y su asesor en materias internacionales, Marco Aurelio García. Fue sorprendente para la delegación chilena constatar, incluso, que las autoridades brasileñas tenían a la mano, mapas referidos al problema, confeccionados por la Cancillería de ltamaraty.

Sin embargo, la preocupación del gobierno de Brasilia pasaba por alto el interés de las naciones involucradas en la disputa; por consiguiente, también pasaba por alto el interés que Chile tenía sobre el retazo de mar reclamado por Perú. Y ese era, precisamente, el infería que guiaba a Puccio en su viaje a esa ciudad. En realidad, Brasil estaba preocupado por su proyecto que era una suerte de Comunidad Sudamericana de naciones, unida por el mercado común.

No por otro motivo dio Da Silva a conocer, de manera muy sutil, a Puccio, que esa nación no daría su apoyo a las pretensiones chilenas si éstas no se ajustaban al interés latinoamericano. Por lo mismo, le recordó que Brasil, si bien

mantenía fuertes vínculos de amistad con Chile, no por eso dejaba de sentirse comprometido con aquellos que le unían a Perú. Brasil es amigo de ambas naciones, expresó el presidente Da Silva a sus interlocutores, que eran Osvaldo Puccio y Demetrio Infante (embajador en ese país), agregando en seguida que se comprometía a buscar fórmulas de solución al problema no atentatorias contra la política de integración en la región. A esas alturas, la misión del ministro secretario general de gobierno se había tornado totalmente infructuosa. Y no ocurriría de otro modo con la misión a Quito, a cargo del subdirector de Fronteras y Límites, Felipe Pozo, y del subsecretario de Marina, Gonzalo García.

Ambos enviados del gobierno chileno se entrevistaron con el canciller ecuatoriano Francisco Carrión, con el ministro de Defensa, general (r) Osvaldo Jarrín, con el director de Soberanía, el embajador Diego Stacey y con la embajadora Susana Alvear. En el transcurso de las entrevistas, informaron los delegados chilenos a las autoridades quiteñas, sobre todas las implicancias jurídicas y de soberanía que significaría la pretensión unilateral del Perú, de modificar el límite marítimo, que es lo que constituye una grave trasgresión al respeto de los tratados internacionales que los tres países han definido.

No obstante, y pese a las apreciaciones optimistas de la Cancillería que se transmitieron a la prensa, la situación era otra, pues el ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, Francisco Carrión, había expresado algo muy diferente.

Un cable de la agencia alemana de noticias DPA, fechado en Quito, el 2 de noviembre de ese año, indicaba que el canciller de Ecuador había asegurado que, tras la firma del Tratado de Paz entre Perú y esa nación, en octubre de 1998, no existía problema limítrofe alguno con aquel. Y consultado acerca de cuál sería la posición de su país en torno al conflicto originado entre Chile y Perú. Carrión había manifestado, escuetamente, en una respuesta que se estimaba como un claro distanciamiento respecto del apoyo solicitado por el gobierno chileno: “Ecuador apoya a Ecuador” El resultado de las misiones diplomáticas enviadas al exterior por el presidente Ricardo Lagos no podía ser más deplorable; cosechaba los frutos de desunión y aislamiento sembrados a lo largo de 16 años de gobierno de la Concertación.

RESOLUCIONES EN EL CONGRESO NACIONAL Tal cual lo había dispuesto su presidente, el Senado de la República acordó, en la tarde de aquel 2 de noviembre, dar su entero apoyo a las gestiones realizadas por las autoridades de gobierno; otro similar hizo la Cámara de Diputados el mismo día. En tanto, con el respaldo unánime del Congreso, el presidente de la República, Ricardo Lagos, hizo su primera intervención pública sobre la crisis con la vecina nación. Pero su tono fue, una vez más, de abierta confrontación.

"Chile ha ejercido soberanía en el mar chileno", dijo, con firmeza, “Y lo seguiremos haciendo”.

Las gestiones en la Cámara de Diputados fueron un tanto más engorrosas que las del Senado. Los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, Ignacio Walker y Jaime Ravinet, respectivamente, debieron concurrir a explicar a los miembros de esa rama del Congreso Nacional los distintos escenarios que se hacían presentes en las relaciones con Perú. Al primero de ellos le correspondió señalar que al día siguiente, 3 de noviembre, los 120 miembros del pleno del Congreso limeño someterían a votación un proyecto de ley de líneas de base en virtud del cual esa nación podría definir como territorio peruano una zona en el Pacífico que Chile reclamaba como suya.

“Para la eventualidad de que este proyecto de ley se aprobara en el Congreso peruano, esa aprobación y ese

proyecto carece absolutamente de efecto jurídico en el ámbito internacional”.

Cuando le correspondió hacer uso de la palabra a Jaime Ravinet e indicó que el gobierno chileno esperaba Lima revaluara la aprobación del proyecto, su tono no fue diferente al que acostumbraba emplear el presidente Lagos.

“Es un tema serio, pero que esperamos signifique una revaluación, porque el hacer acto soberano en un territorio que pertenece a Chile puede generar incidentes no buscados que afecten la paz que queremos construir entre ambos países. Seguidamente, los ministros se abocaron a explicar a los honorables diputados que el gobierno había trazado todos los escenarios posibles, incluido el de conflicto. En este caso extremo, indicaron los secretarios de estado, se podrían adelantar las entregas de las fragatas inglesas y holandesas (programadas para llegar entra el 2006 y 2008) y de los cazas F16.

El lenguaje, sin lugar a dudas, era el de confrontación, y en esa línea bahía de reaccionar el comandante de Institutos del Ejército, Oscar Izurieta quien, más adelante, pasaría a desempeñarse en calidad de comandante en jefe del Ejército, al expresar que la “institución está preparada para cumplir las disposiciones del gobierno frente a cualquier situación”.

Sin embargo, no todo era armonía y unidad entre los miembros del gabinete. Las decisiones de Lagos Cansaban roces entre los ministros que, en numerosas oportunidades, veían invadidas sus funciones por otros secretarios de estados, en cumplimiento de órdenes superiores. Así le parecía a Ignacio Walker, profundamente molesto con la

designación de Osvaldo Puccio en el carácter de enviado especial para tramitar el caso del conflicto con los gobiernos de Brasilia y Buenos Aires. 'Tampoco estaba de acuerdo Walker, acostumbrado a resolver de manera política los problemas que estimaba políticos, con el lenguaje abiertamente agresivo de Jaime Ravinet, compañero suyo de partido, quien había expresado hacía pocos días una frase muy poco apio jada en términos de diplomacia al decir que “/…/ las FF.AA. siempre han estado preparadas para nuestro territorio”. Y, ese día, en la Cámara de Diputados, que “/…/ el hacer acto soberano en un territorio que pertenece a Chile puede generar incidentes no buscados que afecten la paz que queremos entre ambos países.

Había, con todo, una explicación a esa belicosidad que mostraba no solamente el ministro de Defensa, sino hasta el propio presidente Lagos. Era una explicación, sí; pero no una justificación. No todo había salido como el gobierno lo esperaba. La votación en el Congreso limeño se presentaba como algo irrevocable: la ley, se aprobaría por unanimidad y las predicciones del gobierno chileno en orden a creer que su promulgación tardaría varios meses se desvanecían. Lima había optado por 'exonerar' del trámite de la ratificación al proyecto de ley, para el caso de ser aprobado por el Congreso. La promulgación de la ley también se transformaba en un hecho. Lo que se creía no podía ocurrir, estalla ya sucediendo. Y, en el razonamiento de La Moneda era Luna quien llevaba la tensión al máximo para conseguir, tal vez, unir mediación que, a Iodos luces y de todas maneras, sería perjudicial para Chile.

EL CONGRESO PERUANO APRUEBA EL PROYECTO DE LEY La ciudad de Lima apareció cubierta de nubes el jueves 3 de noviembre, pero aquella circunstancia no impidió que 98 de los 120 legisladores integrantes de ese cuerpo corporativo se dieran cita en el lugar para tratar el proyecto de 'ley de líneas de base', enviado por el Ejecutivo.

La sesión se inició con la intervención de Gustavo Pacheco, presidente del comité de Relaciones Exteriores del Parlamento limeño, quien, contemplando una bandera de su país y el escaño que ocupase otrora el almirante del monitor 'Huáscar', dio solemne y dramático inicio a la sesión con las siguientes Palabras: "Un minuto de silencio por todos los que ofrendaron su vida por el Mar de Miguel) Grau /…/ Luego de esa mención, cedió el uso de la palabra a quien quisiese hacerlo. Se inscribieron 12 congresales. Sus discursos no habían de extenderse por un espacio que fuese más allá de tres minutos. Creencia ilusa. Ninguno de los oradores respetó el límite establecido, y la generalidad de ellos fue descrita por los propios reporteros limeños como conjunto de personajes 'simbólicos y patrioteros.

Pedro Morales, uno de los parlamentarios que hizo uso de la palabra, militante del partido Acción Popular, se refirió en su intervención a la reunión del presidente Lagos y su Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en el Palacio de Cerro Castillo, Viña del Mar, realizada el lunes 31 de octubre.

"Somos defensores de la soberanía nacional. Chile ha creado un ambiente militarizado. Hemos visto a Lagos rodeado de las Fuerzas Armarlas.

El ex primer ministro y congresal opositor al régimen de Toledo, Luis Solari, miembro de la Concertación Parlamentaria, tomando en una mano la constitución peruana y apuntando con la otra hacia los presentes, exclamó: “/…/ el ministro de Relaciones Exteriores (Oscar Maúrtua) tiene los pantalones bien puestos. Todos debemos defender la Constitución. Debernos rechazar los intereses foráneos.

(Chile) no debe hacer algarabía por la región".

No lo hizo de manera diferente Luis Ibérico, del Frente Independiente Moralizador, para quien los congresistas debemos resguardar la soberanía de nuestro territorio. Esto ha generado un incidente con Chile, pero ya suficiente guerra hemos tenido. Vamos a apelar a La Haya.

Las exposiciones continuaron halla pasado el mediodía, y cuando ya eran las 15 horas (hora chilena), el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, poniéndose fin al acto con un aplauso cerrado. Entonces, volvió a levantarse el presidente del comité de Relaciones Exteriores del Congreso, Gustavo Pacheco, para expresar, con satisfacción: “/…/ hemos dado una lección al país y vamos a defender la patria por aire, mar, tierra”.

Eximida del trámite de la 'ratificación', la ley aprobada por el Congreso pasó a las 17,07 horas a manos del presidente Alejandro Toledo, quien procedió a firmarla de inmediato, antes de partir a la reunión de, jefes de estado que iría a

realizarse en Mar del Plata ('Cumbre de las Américas'.), al día siguiente. Con la promulgación de ese texto, y su posterior publicación en el diario oficial 'El Peruano', lo que fuera conocido bajo el nombre de 'proyecto de ley de líneas de base' empezaría a regir como ley de la república peruana.

No obstante, tal ley requeriría del cumplimiento de otros trámites previos para darle entera validez.

Por una parte, era necesario que un grupo de expertos, una comisión, un departamento o sección especializada de cualquier ministerio o servicio, levantara el nuevo mapa marítimo de Perú; este mapa había de contemplar las 200 millas marinas, medidas desde las nuevas líneas de base contenidas en la ley aprobada. Por otra, los nuevos límites deberían ponerse en conocimiento de la comunidad tanto nacional como internacional; este trámite se acostumbraba realizar a través de la dictación de un decreto. Recién entonces empezaba a operar la soberanía. Pero ese era el aspecto legal, la defensa de la misma se transformaba en otra cosa.

La aprobación del 'proyecto de ley de líneas de base' por parte del Congreso peruano no causó mayor sorpresa en círculos, del gobierno chileno. Por el contrario: lo sorprendente fue, para tales círculos, que tanto en el Parlamento cono en la masa ciudadana no 'se produjese la reacción 'antichilena' esperada por todos. Por eso, apenas se supo la noticia de esa aprobación, el ministro secretarlo general de gobierno, Osvaldo Puccio, se apresuró a decir que el resultado era 'previsible', pero había de considerársele

como un acto unilateral y sin efecto jurídico internacional de ninguna naturaleza.

Ese era otro simple decir de las autoridades chilenas. Lo real era que la gran masa ciudadana, ajena a las maquinaciones del poder, tenía escaso o nulo interés en incursionar dentro de esas movedizas arenas. Lo cual no significaba, en modo alguno, que con esa actitud comenzaban a convertirse en seres ajenos a aquellas. No: los actos de los representantes políticos de la nación siempre afectan a la masa ciudadana, aunque jamás se la consulte al respecto.

Entretanto, y durante casi todo el día, había trabajado el ministro Ignacio Walker con su equipo en la redacción de un comunicado que debía entregar ese día al embajador de Perú en Chile, José Antonio Meier, a quien había citado a su despacho para las 16,30 horas. La nota, que se puso en manos del diplomático acreditado a las 16,15 horas de ese día, no tenía relación alguna con la votación que ya se había llevado a efecto en el Congreso peruano, sino era respuesta al texto que entregara la Cancillería peruana al embajador de Chile en ese país, Juan Pablo Lira, el martes 1 de noviembre. La misiva de Walker, que era la segunda oficial durante el desarrollo del conflicto, reiteraba la posición del gobierno chileno en torno a indicar que las pretensiones peruanas contradecían el ordenamiento jurídico internacional y desconocían los límites establecidos en los tratados de 1952 y 1954. Junto con rechazar toda posibilidad de entrega de una posible verificación de las coordenadas del punto final en la orilla del mar a la Comisión Mixta Permanente de Límites, propuesta por el gobierno peruano,

la Cancillería insistía en su intención de seguir promoviendo las mejores relaciones entre ambas naciones.

Y, por si aquello no bastara, la Cancillería emitió, además, un comunicado a la prensa en el que, refiriéndose al ‘proyecto de ley de líneas de base’ recientemente aprobaba por el Congreso peruano, denunciaba que ese cuerpo legal “/…/ contempla un punto sobre territorio chileno, desconociendo de esta forma acuerdos vigentes sobre la delimitación con Chile”.

Más adelante, reiteraba esa secretaría de estado la advertencia hecha por el presidente Lagos, el día anterior, en el sentido que Chile continuara ejerciendo los derechos que corresponden en los espacios bajo su soberanía y jurisdicción".

UN CANDIDATO MÁS 'PATRIOTA' QUE LOS DEMÁS Arica, en esos días, había sido escenarios de algunos hechos notables. De diversa naturaleza, naturalmente aunque predominaran los de carácter bélico. Porque, apenas producido el llamado impasse con Perú por la aprobación en el Congreso pleno del 'proyecto de ley de líneas de base', las tropas chilenas parecían estar más activas, y algunos vecinos del sector podían hasta casi asegurar haber presenciado un anormal desplazamiento de tanques por esas tierras.

También circularon rumores que daban cuenta de contingentes militares movilizándose en la zona norte del país, especialmente por la provincia de Tarapacá. Pero, como era de esperarse, el ministro Ravinet se encargó de desmentir tales rumores... Y de confirmarlos, por cierto.

“Son falsos. Esta es una contingencia que está perfectamente prevista como una hipótesis de desarrollo en nuestra planificación y no hay nada de extraordinario”.

Y, por otra parte: “Nuestras fuerzas en el norte están desplegadas, como lo han estado siempre, porque su misión es defender la integridad territorial marítima de Chile.

Sin embargo, otros indicios hacían creer que la movilización era un hecho. Así ocurría con el retorno de algunas unidades navales que, de Talcahuano, viajaban hacia Valparaíso. Por otro lado, era de conocimiento general la invitación para asistir a una fiesta el domingo 6 de noviembre que habían recibido los reservistas del ejército peruano. Período de

intercambios epistolares, frases claras, movilizaciones encubiertas, advertencias, era aquel un escenario propicio para que la competencia por el patriotismo se extremase. El campeón de esas lides fue Joaquín Lavín, candidato de la UDI, quien, interrumpiendo la gira que había comenzado por la Octava Región, decidió dirigirse, de inmediato, ir la Primera, detenerse en Arica y asumir allí el rol de defensor de la soberanía nacional, para cuyos efectos, comenzó por arrendar una goleta bautizada con el nombre de ‘Pica’.

La llegada de Lavín causó un revuelo en la ciudad y numerosos periodistas, tanto chilenos como peruanos, se acercaron a él para acompañarlo en el recorrido que pretendía realizar. En verdad, el candidato de la UDI quería recorrer el mar en disputa para reafirmar, con su sola presencia, la soberanía tic Chile sobre esas aguas. No pudo hacerlo, pues el capitán de la goleta fue advertido por la Capitanía de Puerto que solamente podría alejarse una milla de distancia de la costa y el límite al cual pretendía llegar el candidato se encontraba a seis millas. De todas maneras, el representante de la UDI subió a la goleta y, a la mitad de su recorrido, aprovechó para fustigar al gobierno peruano, a quien acusó de decidir “unilateralmente que Perú es más grande y Chile más chico”.

Lavín continuó explayándose en otras materias y, con relación al proyecto aprobado por el Congreso peruano, dijo, simplemente que esa ley no es para nosotros".

Era costumbre del candidato de la UDI, en cada una de las intervenciones que hacía, enviar mensajes a otras personas a

través de la prensa. También lo hizo en aquella oportunidad.

El mensaje fue para el gobierno de Lima.

“Quiero decirles desde Arica, que este mar, que costó la vida de nuestros héroes y que es futuro para las nuevas generaciones, este mar no se toca”.

Lavín pretendía, en esa oportunidad, dictar una conferencia que se haría en el Morro de Arica. Tampoco pudo lograr ese cometido. Por razones 'técnicas', como lo aseguró su comando, debió hacerlo en la goleta 'Pica'.

En Santiago, el presidente Lagos estaba molesto con el afán de protagonismo que demostraba el candidato de la UDI y, como era también su costumbre, no encontró nada mejor que desquitarse con los periodistas cuando éstos le preguntaron su opinión al respecto: "Cada uno hace lo que quiere, replicó, ácidamente. Y cuando le repitieron la pregunta, se volvió de maneta agresiva hacia uno de los reporteros “¿Qué quiere que le comente tonteras también yo?”

Tomas Hirsch prefirió mantener silencio con relación al pintoresco paseo de Lavín, limitándose a sonreír filosóficamente. Michelle Bachelet empleó un lenguaje bastante diplomático para decir, solamente “/…/ lo que Lavín haya decidido es materia de él, los chilenos sacarán sus propias conclusiones".

No hizo lo mismo Sebastián Piñera. Sus palabras fueron extremadamente duras.

“No sé en qué ayudan ciertos candidatos navegando las aguas del sector. La defensa de Chile se hace en base al derecho internacional y la unidad; lo que requerimos es no

tratar de aprovechar una situación delicada con un país vecino y hermano para ganar puntos en una carrera electoral. Los chilenos son inteligentes, así que además de inútil va a ser contraproducente”.

LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO PERUANO EN EL CONFLICTO Toda estrategia, por el simple hecho de serlo, presume una previa planificación. No hay estrategia sin planificación.

Este acto trascendental establece la forma exitosa de llevar a cabo el cometido; desde este punto de vista, la estrategia — y la planificación, por ende—constituye uno de los actos atas racionales, que pueda realizar todo ser humano: se ejecuta como culminación de un proceso exitoso de pasos o triunfos parciales que, junto con hacer superfluas las inevitables y eventuales derrotas, también parciales, desemboca en una meta o triunfo total. El ser humano se propone, de esa inicia, llevar a término determinada tarea para lo cual requiere realizar tareas intermedias establecidas en un modelo previamente trazado. Una estrategia presupone que los propósitos totales no son posibles sino con propósitos parciales; dicho de otro modo, propósitos previos conducen inevitablemente a un propósito final.

Un el conflicto entre Chile y Perú, ocasionado por la aprobación en el Congreso pleno peruano del 'proyecto de ley de líneas de base', propuesto por el Ejecutivo, también era posible descubrir la presencia de una estrategia, o de dos. Tal vez. Lo cierto es que las autoridades chilenas discutieron latamente la naturaleza de la estrategia de la hermana nación, con resultados no siempre satisfactorios.

La pregunta era, fundamentalmente, qué pretendía el gobierno de ese país con tal acción.

La conclusión más generalizada en ese entonces, y que dominó por sobre todas las demás, fue atribuir al hecho el carácter de una necesidad política ocasional, señalándose, como ejemplo, que pudo haber sido realizada con el objetivo de elevar el nivel de apoyo ciudadano al presidente Alejandro Toledo, cuya popularidad pasaba por el punto más bajo de su período; para alejar, además, el fantasma de las críticas a su gestión y, también, para enfrentar exitosamente las elecciones presidenciales del 9 de abril. En ese orden de razonamientos, no sólo se puso en entredicho una eventual y rápida aprobación del proyecto, sino se creyó, al mismo tiempo, que el trámite de la ratificación sería un obstáculo para la promulgación de la ley y, finalmente, que el gobierno peruano buscaba con ello obligar al chileno a aceptar una mediación. Nada más alejado de la realidad.

Generalmente, el primer pensamiento que se viene a la cabeza del analista simple, en casos como el que estamos analizando, es atribuir a los conflictos internacionales el carácter de mecanismos óptimos e indispensables resolver los conflictos internos. Olvidan, quienes así razonan, que los países, como los seres humanos, tienen historia, y esa historia puede adquirir un poder de convicción insuperable en la mente de los gobernantes.

El gobierno de Alejandro Toledo jamás buscó resolver los problemas internos desatando un conflicto con la nación hermana. Semejante idea era de una ingenuidad atroz; equivalía a poner el carro delante de los caballos y fustigar aquel. Que el desencadenamiento del conflicto ayudase,

posteriormente a resolver las contradicciones internas de clases dentro del país no implicaba definirlo como ‘razón’ de este último ‘efecto’. Las verdaderas causas se encontraban, más bien, en la historia. Las autoridades peruanas habían solicitado a las chilenas, en innumerables oportunidades, conversar acerca del tema, encontrando siempre el silencio o una cerrada negativa.

Conversar no significa ceder. Por el contrario: implica consagrar especial respeto por el virtual interlocutor.

Conversar es ejercer la diplomacia: es el arma más efectiva en las relaciones internacionales. El diálogo confronta los argumentos, no las personas; hace valer razones, no pasiones. Cuando existe negativa a conversar o la conversación se plaga de descalificaciones, ironías e insultos, las puertas de la convivencia humana se cierran y cada tino se encierra en lo propio. El carácter de interlocutor que se creía a ver en el vecino, se desvanece y la racionalidad del ser humano llega a su término.

"La racionalidad exige, ante todo, contar con una estructura de significados comunes que permita el diálogo. Porque hasta las discrepancias requieren de una experiencia común que las valide. De otra forma si la discrepancia, como tal, no forma parte de un sentido compartido, siquiera mínimo, el asunto se vuelve exasperante y mudo y la función terapéutica que poseen las palabras no se cumple nunca", señalaba Carlos Peña, al respecto, en uno de sus artículos.

Y, agregaba, a renglón seguido: "En eso Chile, me temo, no ha dado los pasos correctos.

Ha confundido sólo buenos argumentos (las abundantes razones de derecho internacional que avalan su posición) 'con la sordera frente a Perú. Chile hasta ahora se comporta como si habláramos de cosas extrañas que no tienen historia.

Y ha derivado de su buena posición jurídica, la negativa a reconocer un reclamo. ¿Será necesario recordar gire los argumentos, sobre todo los buenos, son para conversar y no para dar vuelta la espalda? ¿Qué una cosa s tener la razón y otra, distinta negarse a ser interlocutor?.

A diferencia de sus pares chilenas, las autoridades peruanas sí tenían una estrategia bien definida que no era la de solucionar los conflictos internos a través del desencadenamiento de conflictos internacionales. Frente a la negativa del gobierno chileno a conversar, a practicar el diálogo, existía un cúmulo de proposiciones elaboradas por analistas y estudiosos del derecho internacional. Entre otras, la de Luis Alberto Vilchez: “Para que ello sea posible que el Perú asuma la defensa de sus legítimos intereses nacionales, debemos empezar por modificar muestra legislación nacional con el fin de reivindicar los espacios marítimos que por derecho nos corresponden.

Recién entonces iniciaríamos las negociaciones diplomáticas para las correspondientes delimitaciones marítimas”.

En consecuencia, resultaba evidente suponer que los pasos del gobierno peruano se orientarían por el camino de la diplomacia, no siempre exento de obstáculos. Porque, como todo gobierno, el de Alejandro Toledo no representaba el conjunto de intereses de clase de la nación, sino del Bloque

en el Poder, representaba intereses nacionalistas, sí, pero no aquellos extremos pues el capital es esencialmente internacional y guarda distancia de los partidos nacionalistas. Toledo gobernaba, pero necesitaba de la ayuda de otras organizaciones políticas para llevar adelante sus propósitos lo que, en otras palabras, le significaba estar recabando, permanentemente, ayuda a otros sectores para impulsar sus propias políticas. Y ahí radicaba el problema: el apoyo tanto de nacionalistas como de ciertos sectores críticos a su gestión estaba fuertemente condicionado. Perú, a diferencia de Chile, no había adherido a la CONVEMAR pues estaba convencido de tener derecho a la propiedad de un mar de 200 millas, idea que defendían, principalmente, los nacionalistas. La 'CONVEMAR', por el contrario, aceptaba el usufructo de las 200 millas marinas, pero en el carácter de zona económica exclusiva (ZEE), no de propiedad o dominio, como ya se ha expresado. Perú necesitaba adherirse a la 'CONVEMAR', que había sustituido el empleo de los paralelos, como forma de determinar los límites marinos, por líneas equidistantes de la costa (bisectrices), establecidas a partir de las líneas de base que daban las fronteras territoriales. Las dificultades que todo ello acarreaba habían sido ya debatidas por algunos políticos; entre otros, por el canciller Oscar Maúrtua: “Si el Perú no se adhiere a la Convemar continuará en una situación de ilegalidad /…/” ¿Y los nacionalistas, que no eran pocos? Jorge del Castillo, parlamentario del APRA, señalaba, al respecto, lo siguiente:

"La Conversar tiene mas adherentes que detractores, pero lo que parece es que hay que tomarse su tiempo para discutirla" Las expresiones del miembro de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano, José Luis Delgado, no eran diferentes: “/…/ si la Cancillería quiere apostar por Convemar, primero se debe informar a la comunidad peruana qué significa esta convención. Esto lo vamos a discutir”.

Así, pues, el gobierno de Lima se había trazado una estrategia bien definida para alcanzar plenamente el objetivo de la defensa de su soberanía cuya ejecución realizaba inexorablemente, paso a paso. Y era trágico constatar que Chile adolecía de una actitud semejante y sólo atinaba a reaccionar en forma visceral. Como el paciente a quien el médico golpea en la rodilla con un pequeño martillo y, al instante, levanta la pierna en forma sin detenerse a pensar por qué lo hace, de esa manera reaccionaba el gobierno chileno a las acciones de la hermana república. Cuando no, lo hacía en armonía a las rabietas que acostumbraba a exteriorizar su presidente, o quienes le imitaban, en especial sus ministros del Interior y de Defensa.

LA 'NO ESTRATEGIA' DEL GOBIERNO CHILENO EN EL CONFLICTO Si Chile, considerado como unidad social en torno a una jerarquía política tuvo una estrategia durante el desarrollo del conflicto de fines de octubre de 2005 con Perú, esa no fue otra que la de no dialogar. Y, canto el perro que, vigilando el hueso del cual se ha apoderado y mantiene en su hábitat, amenaza con ladridos a quien ose acercársele, así también las autoridades chilenas reaccionaron con violencia ante la situación que ellas mismas habían creado. Esto no era casual.

Una estrategia, si bien encuentra sus raíces en la historia misma de los fenómenos, también puede hacerlo dentro de un segmento temporal inmediato de esa historia. Desde este punto de vista, puede decirse que las autoridades chilenas tenían una estrategia aunque no de las características comunes a todas las otras. La estrategia chilena consistía en no admitir gestión externa alguna que pudiese implicar un eventual principio de cesión espacial —a otro u otros— de extensiones adquiridas en virtud del ejercicio del ius belli.

En otras palabras, la estrategia del estado chileno no era otra que la defensa irrestricta de lo que era su cuerpo Territorial a partir de la llamada ‘Guerra del Pacífico’. El gobierno de Chile defendía su integridad territorial post guerra. Y lo hacía, simplemente porque había ganado, se había apropiado de un botín y quería quedarse con aquello. Pero, en verdad, la realización de tal objetivo no correspondía con exactitud al concepto de estrategia, sino más bien se trataba de una

actitud permanente: la protección a una situación que se había prolongado ya por más de cien años. En el fondo, se trataba de una novedosa forma de resguardar un 'utis possidetis' a partir del término de la 'Guerra del Pacífico' y no de una estrategia.

Sucede, no obstante, que cuando la estrategia no es tal o es difusa, las acciones de los protagonistas tienden a extremarse. Nos encontramos, entonces frente, a una ‘no estrategia’. La irracionalidad prima por sobre la racionalidad y se sobredimensionan situaciones y decires cuyo adecuado tratamiento evita confrontaciones inútiles, a menudo, dolorosas. El lenguaje, normalmente amable y cooperativo, se sustituye por la amenaza y la advertencia.

No es la razón lo que domina, sino la fuerza bruta vestida con Traje de etiqueta y corbatín. La arrogancia y la prepotencia son las armas predilectas de la 'no estrategia’ pues lo que se busca, inconscientemente, es la Confrontación definitiva y la resolución del conflicto ‘manu militari’.

Por ende, llamaba la atención que conocidos, estos supuestos, no evitase el gobierno chileno la realización de los mismos en el transcurso del conflicto entre Perú y Chile por la aprobación en el Congreso del primero de esos países del 'proyecto de ley de líneas de base'. Es más: al mirar la historia del diferendo, queda la amarga sensación que las autoridades chilenas trabajaron arduamente pala que todos y cada uno de tales supuestos se cumplieran de la manera más efectiva.

En efecto, porque luego del fracaso en las gestiones diplomáticas en Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia, en vez de adoptar una posición de mayor acercamiento regional, el presidente Lagos, a pocas horas de partir a la cita 'Cumbre de las Américas', concedió audiencia en La Moneda al comandante en jefe del ejército norteamericano, general Peter Shoomaker, quien debía llegar acompañado del comandante en jefe del ejército chileno, general Juan Emilio Cheyre. Era aquella clara señal no sólo para la hermana república de Perú, sino para toda la comunidad latinoamericana: el gobierno chileno, por sobre las soluciones que podían darle los países del Cono Sur, privilegiaba aquella que podría llegar de la mano de Estados Unidos. Aquello no fue todo. Apenas llegado a Buenos Aires, el presidente chileno había determinado trasladarse al Hotel 'Sheraton' de esa capital, a fin de sostener una conversación de una hora con el presidente de Estados Unidos, George Walker Bush. En esa reunión buscaría Lagos obtener del mandatario norteamericano el apoyo a sus gestiones y una presión del gigante del norte sobre la tirita de un Matado de libre comercio (TLC) que el gobierno de 'Toledo buscaba celebrar con Washington.

La ejecución de una `no estrategia' conlleva la realización de torpezas, desempeños atolondrados, la convicción que es necesario prepararse para repeler inmediatamente las acciones del rival, que jamás se van a realizar o lo harán en un futuro lejano, lo cual agota al ‘estratega’ o le conduce al colapso. ¿Para qué, entonces, el gobierno chileno consultaba acerca de la situación en el tribunal de La Haya? ¿Para qué

se adelantaba a hechos que nadie podía saber si sucederían o no y, en el mejor de los casos, cuándo podrían Tener lugar, tan lejanos de la realidad estaban?.

Pero la ejecución de una 'no estrategia' conlleva un efecto adicional que es la realización de actos contestatarios, que representan la negación de la estrategia misma. No tiene estrategia quien fabrica una respuesta frente a cada acción de su adversario. Una respuesta actual y parcial útil en el carácter de medida supletoria, es peligrosa si se la adopta en el carácter de estrategia, pues carece de visión general y puede transformarse en un mero ‘acto reflejo’. La planificación, acto del ser humano, racional por excelencia, cede paso a la improvisación, acto en virtud del cual los mecanismos automáticos de defensa del individuo o cuerpo social comienzan a actuar. La razón está de más. Adviene la guerra declarada y total. Y esa mentalidad de esperar la acción del gobierno peruano responde la resumía admirablemente un período de la época.

“Fuentes de gobierno señalan que están al compás de espera de los pasos de Lima para seguir moviendo sus piezas” No existen antecedentes fidedignos ni suficientes para determinar con exactitud o los factores que impidieron una conversación entre los presidentes de Chile y Perú, Ricardo Lagos y Alejandro Toledo, respectivamente, así como de los ministros de Relaciones Exteriores Ignacio Walker y Oscar Maúrtua, en la cita ‘Cumbres de las Américas’. La información disponible un día antes del encuentro era diametralmente opuesta a lo que sucedió, realmente, en esa oportunidad.

EL CONFLICTO EN LA ‘CUMBRE DE LAS AMÉRICAS’ La llamada ‘Cumbre de las Américas’ era un encuentro de mandatarios americanos que, en 1994 y por primera vez, se reunieron en Miami (Estados Unidos) para iniciar conversaciones acerca de diversos temas relativos a la región; en esa oportunidad, se había procedido a crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), iniciativa que fue impulsada por Estados Unidos. La segunda reunión se realizó cuatro años más tarde, en 1998, y tuvo su sede en la ciudad de Santiago (Chile), centrándose su convocatoria en el tema de la Educación dentro de la región. Un tercer encuentro se acordó para el año 2000 en la ciudad de Québec (Canadá), oportunidad que permitió a los países miembros abocarse a la preparación de la llamada ‘Carta Democrática Interamericana’. A pesar que la Cumbre de las Américas' no era un organismo ágil, y difícilmente podía pronunciarse acerca de los más graves problemas del continente, se había fijado como lema para el cuarto encuentro, a realizarse en Mar del Plata (Argentina) a fines de 2005, "/.../ crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática".

Dirigida por Estados Unidos, nación que acostumbraba a imponer su voluntad en todos los foros internacionales, la 'Cumbre de las Américas' poco o nada iría a preocuparse de la pobreza ni, mucho menos, de la gobernabilidad

democrática en la región. Al menos, durante la administración de George W. Bush. Era obvio, así, que el tema para el tratamiento del cual habían sido convocados los mandatarios americanos se dejase de dejase de lado para dar paso a una discusión acerca del desarrollo del ALCA, proposición que contaba con la aprobación de USA, Canadá y México. Naturalmente que esta modificación molestó a Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay y Paraguay cine se separaron del bloque estadounidense. No obstante, hubo tiempo para otros menesteres; entre otros, informarse acerca del conflicto limítrofe Chile-Perú.

El gobierno chileno había decidido no usar esa reunión como tribuna para hacer oír su voz frente al conflicto. Ya lo informaba un periódico de ese día: “/.../el gobierno evitará potenciar comunicacionalmente el conflicto en la Cumbre de las Américas. La Moneda no quiere instalar la idea de que se está buscando una red de solidaridad regional, lo que podría ser interpretado como que Chile tiene argumentos débiles.

Pero, como suele suceder en muchas oportunidades, los hechos se encargaron de hacer ilusorio tal anhelo. “/…/la IV Cumbre de las Américas que se clausuró ayer en Mar del Plata, fue escenario de una competencia entre los presidentes Ricardo Lagos y Alejandro Toledo por dar a conocer la posición de sus respectivos países a los gobiernos del hemisferio”.

En efecto. Al incorporarse extraoficialmente el tema del diferencio entre ambas naciones como punto de la agenda de

la Cumbre, el presidente Toledo se vio obligado a entregar su versión de los hechos.

“Perú ha tomado una posición de defensa de sus derechos” expresó entre otras materias.

Y, como era de esperarse, cuando correspondió, a su turno, hacerlo al presidente chileno formuló éste una fuerte crítica a la normativa peruana, con la sola intención de destacar las diferencias que aquella acusaba respectos de los tratadas firmados con anterioridad por ese país.

Puede suponerse, hoy, que este intercambio de opiniones sí pudo exacerbar las antipatías y provocar, en consecuencia, un mayor distanciamiento entre ambos mandatarios. Porque los presidentes de Perú y Chile no tuvieron contacto alguno que les permitiera conversar sobre el tema; tampoco los cancilleres. No obstante, la explicación del presidente Lagos, siempre triunfalista, fue otra: "No me parecía que hubiera cosas que uniere que conversar con el Presidente Toledo” repuso escuetamente, cuando se le consultó al respecto.

E1 mandatario peruano, por su parte, antes de abandonar el balneario argentino, consultado acerca del curso que tomaban los acontecimientos frente a la aprobación de su proyecto de ley, dijo, simplemente: "A nosotros nos pareció que hubo una sobrerreacción que no era admisible frente a un acto soberano del Congreso. Se que hubo una reacción mediática y un pronunciamiento de ir a la OEA. Eso ha sido reconsiderado y yo saludo esa decisión.

El presidente Lagos no había perdido el tiempo. La Cumbre le sirvió no solo para conversar con los otros mandatarios durante las pausas, sino además para hacerlo con el presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, a quien le explicó por casi una hora los alcances del problema suscitado con Perú. En esa conversación, recurrió Lagos a una singular argumentación, como lo acota un diario santiaguino: La línea equidistante que dibujó Perú llega hasta la altura de Piragua, superponiéndose a territorio marítimo chileno, lo que deja a Bolivia sin opción.

Ese no era un argumento serio. ¿Pensaba, acaso, el gobernante chileno, al igual que Pinochet, que la única solución al problema de la mediterraneidad boliviana pasaba por la instalación de un corredor, junto a la línea de la Concordia, que alterase los límites fronterizos que Chile tenía con Perú? ¿No había quedado claro, durante las negociaciones de Pinochet, que se necesitaba, para ello, de la voluntad manifiesta de un tercero que era, precisamente la nación con la cual se estaba en discordia? Si Lagos pretendía tan solo distraer a su colega boliviano con tales argumentaciones es algo que hasta el día de hay no se ha podido conocer. Lo cierto es que la respuesta de Rodríguez Veltzé no fue diferente de la que antes bahía formulado: Bolivia seguiría observando Con atención el desarrollo de los acontecimientos. En materia de diplomacia, las naciones vecinas y sus gobernantes, al parecer, tenían mucho que enseriarle a sus pares chilenos.

MÁS ALLÁ DE LA ‘CUMBRE DE LAS AMÉRICAS’ En años ¿interiores a aquel dentro del cual se desencadenara el conflicto entre Chile y Perú, ocupaba el cargo de presidente del Senado Hernán Carmín, militante de la UDI. Preocupado por el desarrollo de los acontecimientos, también el parlamentario había querido expresar su opinión al respecto.

"No vislumbro ruido de arenas en el horizonte, pero el temor que tengo en lo más inmediato es que se pudiera producir un escenario indeseado, pero que puede ser previsible.

Las expresiones apasionadas del primer momento comenzaban a ceder paso a otras más racionales, y hasta el comandante Fernando Migran, del Departamento de Relaciones Públicas de la Armada empleaba la prudencia para referirse al despliegue de unidades navales en la zona: “Tal como los días anteriores, y como permanentemente hace la Armada en dicha zona, la institución está cumpliendo sus labores habituales de resguardo de la soberanía militar marítima con los medios que están destinados de manera normal en la Cuarta Zona Naval, que comprende todo el litoral del norte” En Bolivia, destacaba tan solo una carta pública que el ex presidente de esa nación, Jorge Quiroga, había enviado al jefe de estado en funciones, Eduardo Rodríguez.

Si nuestra república, afirmaba Quiroga, en el libelo, no se involucrar en el diferencio chileno-peruano, puede quedar marginada de una solución definitiva y podría perder para

siempre su histórica salida al mar utilizando una franja de tierra al norte de Arica.

Ante tan disparatada proposición, resultaba obvio que el presidente Rodríguez no se molestara mayormente siquiera en contestar aquella extemporánea misiva.

El ambiente tampoco era hostil en Perú. El vicepresidente David Waisman sólo manifestaba su preocupación en torno a que el diferendo no se desarrollase más allá de los límites de lo conveniente. Si hubiere una confrontación armada, expresaba, ella se haría sobre la base de una ‘desproporción enorme’, aludiendo, a los menores recursos bélicos de Perú.

Y frente a una información que circulaba en ese país sobre supuestos movimientos de tanques chilenos, insistía: “/…/ el Perú es una nación de paz, pero defenderá sus derechos /.../ Por su parte, el ministro de Justicia, Alejandro Tudela, reiteraba que el único camino a seguir en caso de no haber acuerdo con el gobierno chileno era el de las instancias que brindaba el ejercicio del derecho internacional.

"SI no tenemos la manera bilateral y no nos entendemos con el hermano país de Chile, evidentemente y a Dios gracias existen otros tribunales internacionales que están por encima de los Estados" Así, la estrategia seguida por la república de Perú en materia de resolver los conflictos limítrofes estaba más que resuelta y no admitía duda alguna acerca tic cómo se desarrollaría.

Por más que algunos nacionalistas insistieran en aventurar una confrontación armada.

"Chile no le puede ganar militarmente al Perú", aseguraba Juan Polar, fundador de la Fuerza de operaciones Especiales de la Marina de Perú. Estamos en condiciones, agregaba, de librar una guerra no sólo convencional, sino otra peor que se dará en territorio chileno.

"Con franqueza creo que ambos países saldrían arruinados y recobrarse podría tomarles cincuenta años o un siglo", terminaba diciendo.

Hacia el día domingo 6 de noviembre de 2005, la tensión que provocara en Chile la aprobación del 'proyecto de ley de líneas de base' en el Congreso peruano, enviarlo por el presidente Toledo, había experimentado una de ostensible disminución, y hasta el primer mandatario chileno, al igual de sus más cercanos colaboradores, empleaba un lenguaje más cauto. Solamente se alzaban ciertas voces de manifiesto corte nacionalista para recordar que había sido el emperador de Brasil, Pedro de Braganza, quien informara al gobierno chileno acerca del pacto secreto firmado en 1873 entre Perú y Bolivia para responder en forma conjunta ante una agresión de Chile, y escribiera una sugerente nota al presidente Federico Errázuriz Echaurren en la que le decía "Querido amigo, preocúpese del mar, no descuide el mar".

De igual manera, también sectores nacionalistas, encabezados por un vicealmirante en retiro y un ex presidente del Consejo de Ministros de la dictadura de Fujimori planteaban, en Perú, la necesidad de establecer una ‘Alianza Militar’, entre esa nación y Brasil, para oponerse a Chile y su vinculación con los intereses norteamericanos. Lo trágico de esas proposiciones desmesuradas era que, a

mentirlo, tocaban las fibras sensibles de otros sectores, más racionales, haciéndoles cometer desatinos. No de otra manera ocurrió con el jefe del partido Socialista Peruano Javier Díaz Canseco, quien había determinado realizar un viaje a Brasil y Uruguay para informar a los presidentes de ambas naciones los alcances de las pretensiones peruanas.

Y, sí así sucedía en Perú, no tenía por qué no hacer en Chile donde Joaquín Lavín exhortaba al presidente Lagos a convocar al Consejo de Política Exterior (organismo integrado por todos los ministros de Relaciones Exteriores de la dictadura pinochetista y de todos los gobiernos de la Concertación) para analizar el caso. “/…/ nuestra soberanía no se transa. No hay un milímetro de tierra ni un milímetro de mar que se ceda a nadie”, decía el candidato de la UDI. “/…/ lo que tiene que hacer chile es enfrentar este tema en todas las instancias jurídicas y diplomáticas que correspondan”.

FUJIMORI: EL FACTOR IMPREVISTO La resolución de las controversias depende, a menudo, de la emergencia de factores imprevistos, y sobrepasa la mera voluntad de los actores comprometidos. Un factor imprevisto es el nuevo actor que se incorpora a un escenario que ya existe. Ese factor puede estar representado por un acto tanto de la naturaleza como de los seres humanos. En ambos casos, modifica las circunstancias que existen en el escenario dentro del cual hace su ingreso o, simplemente, interrumpe todo lo que allí sucede para dar paso a uno o varios hechos nuevos. Fue lo que sucedió con el arribo sorpresivo del ex presidente y dictador peruano Alberto Fujimori el día 6 de noviembre de. 2005, al aeropuerto de Pudahuel. ¿Quién era ese sujeto?

Alberto Fujimori descendía de una familia nipona, asentada en Perú. En 1990, había ganado las elecciones presidenciales de ese país, alcanzando un 56,5% de los sufragios emitidos en la segunda vuelta. Ya en el cargo de presidente de Perú, al igual de sus congéneres latinoamericanos, se do a la tarea de establecer la forma de acumulación en boga en esos años, basada en la abolición de las trabas arancelarias, el libre flujo dinerario y el irrestricto respeto a las leyes del mercado. Con las limitaciones propias que imponía la situación de ese país. Perú padecía de una y su deuda externa no hacía más que crecer y crecer. La nueva política de Fujimori detuvo la inflación y el crecimiento de la deuda externa, pero sus medidas en

extremo, le acarrearon fuertes críticas de los sectores opositores, que crecían día a día. Entonces, el mandatario optó por' una solución drástica: el golpe de estado. La noche del 5 de abril de 1992, Fujimori declaró disuelto el Parlamento y suspendió a la judicatura, estableciendo la ley, marcial en todo el país, con el apoyo de todas las ramas de las fuerzas armadas. Y como necesitaba explicar su conducta ante la comunidad tanto nacional como internacional, no vaciló en recurrir a las mismas palabras que la generalidad de las dictaduras ha empleado a lo largo de la historia: la lucha contra la corrupción y el desorden. En un breve comunicado que dio a conocer a la prensa la misma noche del golpe, justificó el dictador su proceder, diciendo que se bahía visto obligado a tomar tal determinación. “/…/ ante la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial que liberaba a terroristas y narcotraficantes” A partir de ese momento, desató Fujimori una guerra implacable contra los sectores políticos más radicalizados, en especial, contra 'Sendero movimiento popular de orientación maoísta, organizado en torno a una estructura militar, con base campesina, y liderado por Abimail Guzmán más conocido entre sus partidarios bajo el nombre de 'Comandante Gonzalo'. La organización ‘Sendero Luminoso’, arrancaba su nombre de una frase tomada de los escritos del teórico peruano José Carlos Mariátegui.

Fujimori tuvo éxito en sus luchas contra la guerrilla senderista. Casi a fines de ese mismo año, tuvo la satisfacción de mostrar ante los medios de comunicación al

líder Abimail Guzmán, vestido como presidiario y encerrado en una jaula. 'Sendero Luminoso' estaba vencido. Como toda organización fundada sobre la verticalidad del mando, comenzaba a desarticularse al desaparecer su factor de unidad.

Los años que siguieron fueron exitosos para Fujimori. Esa circunstancia le permitió volver a incursionar en el movedizo campo de las elecciones y legitimar, de esa manera, su anterior proceder. Los comicios fueron fijados para el 9 de abril de 1995, fecha en la que fue reelegido con el 64,4% de los votos válidamente emitidos. La dictadura se había legalizado. Sus relaciones con Chile fueron óptimas.

Jamás hizo valer pretensiones territoriales o marítimas. Fue el primer presidente peruano en visitar Santiago y las relaciones comerciales establecidas entre su país y el que visitaba experimentaron un notorio auge. Defensores de la economía liberal, los gobiernos de ambas naciones se encontraban en el apogeo de sus relaciones políticas.

Una dictadura es un gobierno de excepción dentro del sistema capitalista: suprime la estructura legislativa normal (el Parlamento), suspende el ejercicio de los derechos constitucionales, declara abolidos los partidos y censura cualquier crítica a la gestión del gobierno. Aunque Fujimori había sido elegido en 1995, sus actos continuaban siendo discrecionales. Era una dictadura legitimada por una votación. Por ende, existían graves denuncias en contra suya: torturas, prisión ilegal, apremios ilegítimos, asesinatos, desaparición forzada de personas, negocios turbios, sobornos, exacciones. El régimen de Fujimori era,

pues, un régimen de fuerza. A las acusaciones iba a responder en forma dura. Los regímenes de fuerza así lo hacen: responden con violencia a cualquier acusación que se les haga. No de otra manera había de proceder Fujimori; a través del ejercicio de la represión pudo, por un corto tiempo, acallar las críticas.

Sin embargo, dos hechos fortuitos prolongaron su permanencia en el cargo. A mediados del mismo año en que fue elegido, se desencadenó un conflicto, limítrofe con Ecuador y hubo algunas escaramuzas militares que fueron conocidas como 'Guerra del Cenepa'. Fujimori no tuvo conocimiento que algunos oficiales del Ejército chileno habían estado vendiendo secretamente armas a la nación con la que se enfrentaba. Dos años más tarde, en 1997, debió enfrentar uno de los sucesos más sangrientos de su historia como el asalto a la embajada de Japón, en Perú, por efectivos del Movimiento revolucionario Tupac Amaru (MRTA) donde, por orden suya, fueron ejecutados bárbaramente todos los asaltantes.

Cuando se presentó nuevamente, en 2000, a las elecciones presidenciales para un nuevo período de gobierno, volvió a ganarlas, esta vez frente al candidato 'socialista' Alejandro Toledo, que se presentaba como el más auténtico representante de los pueblos originarios de Perú.

La era de Fujimori llegó a su fin, en medio de su tercer mandato, cuando se hicieron públicos ciertos videos en los que su asesor y principal colaborador, Vladimiro Montesinos, un 'izquierdista' arrepentido, director secreto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) e ideólogo de

las operaciones antiterroristas, (que, se decía, incluían la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico) aparecía dando sobornos a un miembro del Parlamento. Perseguido por la justicia de su país, Fujimori huyó a Japón, país que lo acogió en razón de su doble nacionalidad nipona y por el hecho de haber depositado en la banca nacional grandes sumas de dinero trasladadas desde Perú durante sus años como gobernante. En ese país vivió hasta el 5 de noviembre de 2005 fecha en que, a bordo de un jet privado y acompañado de cuatro personas, decidió partir a Chile, en medio de la crisis de del día de San Simón. La administración nipona no sólo supo de esa partida, sino facilitó los medios diplomáticos para que se llevase a efecto.

Las discusiones acerca de cómo pudo hacer su ingreso a Chile quedaron resueltas a la manera como se acostumbra hacer en tales casos: la correa había de cortarse por lo más delgado. La responsabilidad de los altos funcionarios de gobierno quedó a resguardo a través de imponerse las sanciones correspondientes a los funcionarios de Jerarquía inferior.

Así, pues, el día 6 de noviembre de 2005, a las 14,50 horas, hizo su entrada al aeropuerto de Pudahuel (División de Vuelos Privados) para abordar, enseguida, un vehículo que lo aguardaba, y dirigirse con rapidez al Hotel Marriot (Hyatt), ubicado en el sector oriente de Santiago. El gobierno chileno optó por una solución salomónica: no inmiscuirse en el caso y dejarlo en manos de la justicia.

A las 16 horas de ese mismo día, llegaron algunos funcionarios de INTERPOL Chile hasta el Hotel donde

había decidido alojarse el ex gobernante peruano. Tras reunirse con él y conversar brevemente acerca de su situación jurídica, se retiraron de allí sin formular mayores comentarios. Poco más tarde, el secretario de relaciones internacionales (sic) de Fujimori, Luis Silva Santiesteban, leyó a la prensa un comunicado suyo del siguiente tenor: Es grato dirigirme a la opinión pública nacional e internacional perra hacer de su conocimiento que el día 6 de noviembre de 2005 partí de Tokio, Japón, por vía aérea, con destino a la ciudad de Santiago de Chile, arribando a ésta a las 13,30 (hora local) del mismo día.

Es mi propósito permanecer temporalmente en Chile, como parte del proceso de retorno al Perú y cumplir con el compromiso adquirido con un sector del pueblo peruano que me ha convocado para que participe como candidato a la presidencia de la República en los próximos comicios del 2006.

A partir de ese momento, la crisis que se había generado entre Perú y Chile por la aprobación en el Congreso de la hermana nación del 'proyecto de ley sobre líneas de base', llegaba a su término. Y comenzaba `el caso Fujimori'. Las elecciones podían continuar adelante y la historia de los conflictos limítrofes entre ambas naciones, una vez más, quedaría en resguardo para ser resuelta en una mejor oportunidad.

CONCLUSIÓN Los hechos precedentemente descritos pueden resumirse de la siguiente manera: Una interpretación de los convenios suscritos con Chile, que resultaba abiertamente lesiva a los intereses de Perú había obligado al gobierno de esa nación a estar solicitando permanentemente reuniones con su par vecino a fin de abordar el problema. La constante negativa de la administración chilena en torno a aceptar ese tipo de encuentros rizo ilusoria cualquier solución al conflicto por la vía del diálogo. El único camino que se presentaba canto posible para resolver aquella situación —excluido el enfrentamiento bélico— era recurrir a los tribunales internacionales y, organismos ad hoc a objeto de obtener de ellos una resolución favorable a sus intereses. Tal había sitio la estrategia diseñada por el gobierno tic Perú. Emprender tal cometido requería, sin embargo, la ejecución de ciertos trámites previos, entre otros, la dictación de una ley demarcatoria de los límites marítimos. El gobierno chileno sabía lo que había de suceder. Estaba consciente, por una parte, de sus propias negativas a dialogar; por otra, no ignoraba que, con esa actitud, obligaba a su par peruano a adoptar difíciles medidas. Sabía, incluso, hasta la época en que se ejecutarían algunos de esos trámites previos a la reclamación internacional. No obstante, al aprobar el Congreso peruano las proposiciones del ejecutivo, contenidas en un proyecto de ley sobre delimitación del atar territorial, exteriorizó una reacción por entero

desproporcionada, que sólo pocas personase instituciones se atrevieron a censurar. El convencimiento que existía en el país, tic haber actuado la administración chilena en la forma debida, fue general. La Concertación (¿cómo no iba a hacerlo?) se apresuró a respaldar todo-, y cada uno de los actos del ejecutivo. Predominaba en la dirección y militancia de los partidos que la integraban la 'pertenencia de grupo', sentimiento propio de las organizaciones en virtud del cual los actos, de quienes son sus miembros reciben el respaldo y justificación del conjunto social por el simple hecho de ser ejecutados por partícipes de la cofradía, clan o hermandad. Operan, al respecto, en ese mecanismo, únicamente sentimientos, no razones.

La Concertación gobernaba con dos tipos de oposición, claramente diferenciados: Una oposición extra institucional, integrada por organizaciones de base, movimientos políticos y sociales sin representación parlamentaria o comunal, y partidos organizados, tales como el Comunista y el Humanista. Esta oposición no era considerada en la prensil escrita, oral o de imágenes. Era una oposición invisible. No se la consideraba.

Las clases dominadas no contaban en el Chile de la Concertación. Esta oposición jamás le dio toda la razón al gobierno y las rocas veces en que algunos de sus voceros se pronunciaron al respecto fue para criticar la errada forma para dar respuesta a las pretensiones peruanas.

Una oposición institucional, tan robusta como parecía la Concertación, afirmada en la juridicidad heredada de la dictadura pinochetista. Era la oposición que se hacía llamar

'Alianza por Chile', integrada por los partidos Renovación Nacional (RN) y Unión Democrática Independiente (UDI).

Esta oposición sí que apoyó al gobierno.

Incondicionalmente.

El comportamiento de Joaquín Lavín y Sebastián Piñera, candidatos a la presidencia de la república en ese entonces, durante el desarrollo del conflicto con la hermana república de Perú, no fue sólo consecuente con sus postulados ideológicos, sino estaba dotado de una lógica abrumadora. Y esto no debía sorprender: la administración había procedido a defender los intereses del estado-nación —los suyos— dando a entender, claramente, que la integridad territorial no podía ser, en modo alguno, objeto de transacción o negocio; ni siquiera en el caso que los intereses de los estados de la región estimasen necesaria la creación de una Unión Latinoamericana. Eso era, desde ya, argumento más que suficiente para justificar cualquier apoyo.

Pero, si ese comportamiento era consecuente con los postulados de los partidos que naturalmente representaban los intereses del estado, ¿qué decir del de la Concertación'? ¿Qué le sucedió a sus integrantes? ¿Qué ocurrió con esa organización que, constantemente, reclamaba para sí ser la auténtica izquierda? ¿Qué la hizo volverse, súbitamente, nacionalista a ultranza'? ¿Qué llevó a sus integrantes más destacados a involucrarse en una espiral de torpes declaraciones e inexplicables actos, cuya intensidad aumentaba a cada momento? Al respecto, pueden señalarse dos razones principales que pueden contribuir a explicar tan desmesurada conducta:

La Concertación como representante político de la fracción hegemónica del Bloque en el Poder.

Desde el punto de vista económico y político, la Concertación había alcanzado notables logros: no sólo representaba a un estamento social importante, que era una fracción de clase, hegemónica, políticamente dominante, inserta en el Bloque en el Poder, sino a aquellas fracciones de clase que reinaban sobre el estado, lo mantenían o le daban su apoyo. La Concertación había logrado hacer inútil la existencia de los partidos tradicionales de la burguesía. Y eso no era poco.

En efecto: puesto que, como ya lo hemos señalado, el Bloque en el Poder no es sino “/…/ unidad contradictoria de clases y fracciones políticamente dominantes bajo la égida de la fracción hegemónica; al interior de ese Bloque, estaban presentes las clases y fracciones de clase dominantes de esos años, a saber, los compradores de fuerza o capacidad de trabajo en sus tres grandes categorías, consideradas ya clásicas: empresariado industrial, comercial y bancario. En el ámbito nacional e internacional, Chile era una nación 'globalizada' o, lo que era igual, una nación activamente inserta en el SKM. No podía sorprender, por ello; que dentro del Bloque en el Poder estuviesen presentes los dueños de los grandes 'malls' y almacenes comerciales tanto nacionales como extranjeros, muchos de los cuales habían organizado ya sus propios bancos: 'Ripley', 'Alto Las Condes', ‘Falabella', ‘Hites’, ‘Jumbo’, 'Almacenes París', ‘Unimarc’, etc. Ni que

estuviesen, también, allí representados los propietarios de los grandes bancos nacionales y extranjeros, entre otros, Banco Santander, Banco de Chile, Banco Español, Banco del Desarrollo, Banco de Crédito e Inversiones, Scotia Bank, Boston Bank, Banco Bilbao-Viscaya. No podían estar ausentes de ese Bloque los accionistas y gestores de las empresas de servicios, la generalidad en manos de consorcios extranjeros, entre otras, las empresas hoteleras, el Grupo Enersis, Aguas Andinas, Tur-Bus, LAN, Telefónica, etc. Finalmente, aquel conjunto en gran medida disminuido frente al poder de los otros por efecto de la aplicación de la nueva forma de acumular, que eran las industrias forestal, minera, vitivinícola, textil, en fin.

De ese heterogéneo —aunque monolítico— Bloque, destacaban dos grandes grupos económicos: el primero era dirigido por Anacleto Angelini, dueño de la empresa pesquera 'EPERVA', que mantenía estrechos contactos con la Democracia Cristiana (DC), especialmente, con los hermanos Andrés y Adolfo Zaldívar, de acuerdo a las denuncias en su oportunidad, por Marcel Claude. El otro era el de Andrónico Luksic, empresario vinculado al Partido Por la Democracia (PPD) y, en especial, al presidente Ricardo Lagos. Luksic no era, en esos años, solamente dueño de la empresa tic masas italianas ‘Luchetti', la instalación de cuya filial en Lima le acarreara tantos sinsabores.

A principios de 2005, había adquirido ese empresario la mayoría de las acciones del Banco de Chile transformándose, por ello en parte integrante de la ‘Burguesía bancaria’ hegemónica dentro del Bloque en el

Poder—. Esa sola condición explica, de por sí, el acto de desagravio que los banqueros chilenos decidieron hacerle, a fines del año 2005, frente a las acusaciones del gobierno peruano de haber intentado sobornar al asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos. Era, precisamente, la época del conflicto con Perú; y resultaba descabellado suponer siquiera en alguna de las autoridades la más leve intención de participar en ese tipo de reuniones. Sin embargo, contrariamente a lo que la lógica más elemental aconsejaba, a ese acto de desagravio, que consistió en una cena de camaradería- entre banqueros, asistió el propio presidente Lagos.

"Lagos nunca dejó de ser un radical que se pega grandes volteretas", expresaría, en esos días, el historiador Alfredo Joscelyn-Holt, en una entrevista que le hiciera Juan Cristián Villalobos, de la revista 'Cosas'.

“El representa a la izquierda y termina siendo un presidente de los banqueros, es decir, un González Videla cualquiera.

Aquello no era una afirmación gratuita. A fines de 2005 (noviembre/diciembre) y en los meses posteriores, experimentó el cobre una violenta alza en el Mercado de Valores de Londres, elevándose su precio hasta 4 dólares la libra. Las expectativas de un ingreso masivo de dólares al país hicieron que la cotización de esa divisa experimentase una ostensible, disminución de precio con grave perjuicio para los sectores exportadores, que vieron reducirse drásticamente sus ingresos. No obstante, tanto el gobierno de la Concertación como el Banco Central determinaron no adoptar medida alguna que significara restaurar el perdido equilibrio del valor de la moneda norteamericana. Esas

decisiones acarrearon extraordinarios beneficios a la burguesía bancaria, fracción dominante de la clase compradora de fuerza de trabajo e inserta dentro del Bloque en el Poder. No hay que olvidar un hecho fundamental: la banca solicita créditos en el exterior para prestarlo a su clientela del interior. Las deudas que contrae se pactan en moneda extranjera., tanto la amortización de esos sumas como el pago de sus respectivos créditos deben ser enterados en divisa. Cuando ésta disminuye su valor, por el motivo que sea, la banca puede adquirirla en el mercado en mayor cantidad y reducir, de esa manera, su deuda en forma ostensible. Por eso, la baja sostenida del dólar benefició a la banca en su conjunto; particularmente, a Andrónico Luksic, quien pudo en marzo de 2006, anunciar públicamente que la deuda del Banco de Chile estaba totalmente pagada.

Resumamos lo expresado en esta parte: Si el empleo de la negativa a conversar era una conducta típica de las clases dominantes, que se imponen por la fuerza y no por la razón; si, durante los conflictos internacionales, las clases dominantes —en no pocas oportunidades— habían recomido al diálogo; si la Concertación ya representaba, a la fecha, la unidad política de las clases y fracciones de clase dominantes al interior del Bloque en el Poder ¿a qué, entonces, recurrir a tan extremas medidas para defender la soberanía nacional? No olvidemos que la dureza de una respuesta no puede sólo concebirse como conducta visceral; tampoco en el carácter de extrema solución de fuerza.

'Tratándose de una acción apoyada en formas de acumular que privilegian el ejercicio de la competencia por sobre el de

la cooperación, se manifiesta como una solución desesperada de las clases dominantes que necesitan resolver, a mentido, sus controversias en el ejercicio de la competición y, en especial de la forma extrema que ésta adquiere en determinados momentos, es decir, la resolución ‘manu militari’, de un conflicto, o guerra. ¿Por qué, entonces, la Concertación?

Una alianza que es espuria, es decir, no es natural intérprete de aquellos sectores que quiere y anhela representar, necesita estar demostrando constantemente su voluntad de colaborar en ese sentido. Sus reacciones, siempre van a ser desmedidas. En ese simple mecanismo ha de encontrarse la razón de tan extraño comportamiento: la Concertación necesitaba demostrar que sabía defender la soberanía mejora como podían hacerlo los naturales representantes del capital; semejante - conducta era requisito sine qua non de su permanencia en el gobierno de la nación. Al menos, así parecían estimarlo sus dirigentes.

2. Carácter social e individual de la dirigencia política.

Desde sus, comienzos, tuvo la sociedad chilena una fuerte tendencia hacia el autoritarismo, diecisiete años tic dictadura contribuyeron eficazmente ¡lo sólo a afianzar aquella tendencia sino, por el contrario, a acentuarla. Hacia fines de 2005 y comienzos de 2006, era ya Chile una sociedad autoritaria, característica tanto más notoria cuanto más cerca se estaba de la cúspide de la pirámide estatal.

Paradojalmente, era allí donde se resolvían los grandes problemas del humilde personaje de la calle; en esas alturas,

las figuras y celebridades acostumbraban a obrar como tienen que obrar, y a manifestar, de una u otra manera, sus caracteres tanto social como individual. Eran los sujetos que debían ser: individuos, tipos humanos precisos, exactos.

Enclavados en no menos precisos (y exactos) grados de la pirámide social, velaban por la mantención de la misma y, en consecuencia, por la conservación íntegra de la sociedad tal como se encontraba organizada. No siempre mandaban.

Porque el autoritarismo no funciona tan solo con sujetos que mandan donde todos mandan nadie obedece; si así sucede, el autoritarismo se hace ilusorio. Presume tal conducta, por consiguiente, la existencia conjunta de sujetos sumisos (temerosos) y sojuzgadores (dominantes); así, tanto quien manda como el que obedece adquieren caracteres autoritarios. La articulación entre el mando y la obediencia se organiza de manera similar a como ocurre con la crueldad y el sufrimiento, tratándose del carácter sadomasoquista. Se trata de acoples perfectos en donde el uno no es menos perverso que el otro; quien obedece no es mejor al que manda: también necesita de alguien que le obedezca.

Aunque sea el humilde jubilado que llega hasta a él a reclamar por su pensión.

Una sociedad autoritaria requiere siempre de la presencia de un líder, de alguien que la gobierne, mande o dirija. Ese deseo, que es una manifestación del deseo de las clases dominantes de seguir perpetuando su dominación con mano ajena, baja al conjunto social; allí se reproduce como forma cultural. Entonces, ya no es 'el de arriba' quien exige las condiciones de 'conductor', de 'orador' o de 'dirigente' del

que se presenta para desempeñar una función social, sino la ciudadanía toda. La sociedad entera se vuelve autoritaria: requiere ser conducida ya no por un simple presidente sino por un patrón de fundo, un sujeto que mande; y se haga obedecer. Los candidatos que aspiran a la primera magistratura de la nación han de mostrar que poseen tales habilidades, de lo contrario pueden verse expuestos a que se les represente esa anomalía'. El reproche es un arma política.

Puede ser usado en cualquier momento o situación. Michelle Bachelet tuvo la oportunidad de experimentarlo en el curso de las elecciones presidenciales de 2005/2006, cuando se le reprochó su presunta capacidad para mandar y para gobernar el país.

Esta habilidad reviste extraordinaria importancia. Cuando las condiciones de vida de las grandes mayorías se extreman y las protestas sociales se hacen presentes, todo primer mandatario ha de comenzara 'obrar como tiene que obrar'.

Como aquellas personas indispensables que han de actuar “/…/ dentro de una sociedad determinada a fin de que pueda seguir funcionando esa sociedad”, también los presidentes han de aplicar mano dura. Entonces, los conflictos no sólo externos sino internos reciben respuestas autoritarias para resolverse, por consiguiente, también de modo autoritario.

La sociedad así constituida responderá, al incremento de la criminalidad, aumentando las dotaciones policiales, disolviendo violentamente las protestas sociales, rebajando la edad que hace penalmente responsables a los niños, construyendo mayor número de cárceles, etc. La aplicación

de la fuerza se transforma en la forma normal de resolución dé las controversias sociales.

En la realidad, los caracteres, sin embargo, no se dan, por así decirlo, en estado puro'. Tampoco el carácter autoritario.

Donde rige un modelo que privilegia el imperio del mercado como forma tic vida, también los caracteres se moldean para asimilarse al modelo haciéndose 'mercantilistas'. Entonces, las personas que viven dentro de una sociedad autoritaria no poseen ya un carácter solamente autoritario, sino éste se torna 'autoritario-mercantilista'. Los caracteres individuales, sobre los cuales se moldea el carácter social, también participan de tales acoples para entregar, como resultado, en algunos casos, una mezcla sobrecogedora.

En octubre/noviembre de 2005, los caracteres autoritarios abundaban tanto dentro del gobierno chileno como en la Concertación. También los mercantilistas. La mayoría de los integrantes de la Concertación defendía la vertical estructura de la sociedad y estaba convencida que la política, corno cualquier otra disciplina, era una profesión cuyo ejercicio bien podía resolver los problemas económicos y sociales de cada afiliado. Eso era un hecho. La militancia de la Concertación, más que unirse por vínculos teóricos lo hacía en virtud de su adscripción a los sectores empresarial y de servicios del, estado. La alianza aquella derivaba fatalmente hacia formas y contenidos institucionales; se hacía cada vez más aparato estatal, derivaba en organización política que adoptaba como forma de vida la dependencia económica del estado, lugar en el que también habían de realizarse sus asociados. Era, ya en 2006, un partido-empresa. Revivía, en

suma, el comportamiento del viejo partido Radical de los años 40/50, del ibañismo de los años 50/60 o de La Democracia Cristiana de los años 60 en adelante.

No debe, pues, sorprender lo que sucedió en los tensos días de octubre/noviembre de 2005. La creencia substituyó a la razón. Hizo suponer, en el gobierno, una situación que no existía. Los mecanismos neuroanatómicos de sus dirigentes se dispararon. Decodificaron erróneamente la posible acción de un 'enemigo' y activaron, sin quererlo, sus mecanismos primarios de lucha/huída. El temor (inconsciente, por supuesto) hizo presa de algunas autoridades; la alarma se propagó, extendiéndose a toda la administración. La respuesta a los estímulos externos no pudo ser más simple.

Los mecanismos de autodefensa de un cuerpo social jerárquicamente organizado, actuaron de manera refleja. Un conflicto cuyo desarrollo podía conducir a soluciones por entero desesperadas —la guerra— comenzó a adquirir rápida presencia. El riesgo de desestabilizar el equilibrio regional con una eventual respuesta de fuerza fue ignorado por completo. Y pocos se preocuparon del hecho simple de sabor que una guerra arroja Siempre, como inevitable resultado, daños recíprocos para quienes participan en la confrontación; el que gana se diferencia del vencido tan solo en el porcentaje de pérdidas que experimenta.

Así, tanto en la defensa a ultranza de los intereses de determinados grupos económicos como en sus personalidades, fuertemente competitivas, pueden encontrarse algunas de las tantas razones que condujeron a las autoridades chilenas a una inapropiada manera de

enfrentar el conflicto con la hermana nación en octubre/noviembre de 2005.

No puede decirse lo mismo del gobierno de Perú que, a todas luces y para resolver el problema de la delimitación marítima ante los organismos internacionales, había definido una estrategia inalterable; su comportamiento era, pues, diferente. Y no por ello dejaba de ser una sociedad democrática.

El comportamiento diferente que una persona o grupo social presenta respecto de otra u otro similares, no los hace necesariamente distintos; son diferentes, sí, en cuanto a la conducta que han manifestado, pero no en cuanto a la naturaleza que tienen. También una nación no deja de serlo porque se comporte de modo diferente a como lo hace su vecina. La 'nación' es un concepto. Y los conceptos no dejan de serlo en tanto permanezcan inalterables los elementos esenciales que le dan ese carácter. Valgan las palabras precedentes para introducirnos en el movedizo terreno de la representatividad.

La democracia no es un elemento que pertenezca a la esencia de la nación, por el contrario, es un rasgo que puede o no ser común a todas ellas. Así sucedía con Chile y Perú, que se hermanaban en ello al momento de desencadenarse el conflicto del día de San Simón. Ambas naciones vivían bajo la democracia. Una democracia que, como todas, se basaba en la división tripartita de 'poderes' (ejecutivo, legislativo y judicial), la existencia de partidos políticos institucionales y la realización periódica de elecciones. Una democracia que presumía la incapacidad de la masa social para

autogobernarse y establecía la necesidad de elegir, regularmente, `representantes' cuya misión no había de ser otra sino la de gobernar al país. Y eso no era una aroma, pues toda elección de 'representantes' conlleva, implícita, la división le la masa social entre `representantes' y `representados'. O, si se quiere, entre ‘dirigentes’ y ‘dirigidos'. El establecimiento de una escala jerárquica de valores es el paso siguiente. Los representantes, puesto que realizan el trabajo de representar a los representados, deben gozar de remuneraciones mayores a las de éstos. Toman, además, en sus manos, un impresionante volumen de facultades de las que el 'pueblo' carece; entre otras, la facultad de decidir cuáles van de ser los derechos y obligaciones que han de competer a ese mismo ‘pueblo’ Detentador primigenio de la soberanía, en virtud del mecanismo de la representación, el 'pueblo' pasa a ser subrogado en esa función por sus ‘representantes’. ¿Debía acaso, sorprender que, bajo una forma nueva de acumular, basada en el imperio irrestricto del mercado, recuperaran estos 'elegidos' el rol divino asignado a ellos por la 'voluntad popular, libremente expresada en el voto"?

Total, el ‘elegido’ es el ‘mesías’ el 'ungido', el `christos', el señalado por el sino para dirigir a los demás.

Si el régimen democrático, bajo una nueva forma de acumular, devolvía al elector su calidad de tal, es decir, sujeto activo durante el desarrollo del proceso eleccionario, y pasivo en los largos períodos de receso electoral, ¿no se hacía necesario adoptar medidas tendientes a evitar la veleidad de aquel singular sujeto, entre otras, cómo darle

mayor participación y evitar sus eventuales estallidos? En Chile, el dilema parecía estar resuelto con la aplicación de una fórmula muy simple, ya contemplada en las leyes heredadas de la dictadura pinochetista: acortando los eventos eleccionarios era posible mantener ocupado, al elector en ‘importantes’ labores. El Parlamento había de ser elegido en forma parcial, el presidente reduciría el período de su mandato pudiendo ser reelegido, luego vendrían las elecciones municipales, y así los, eventos electorales no estarían tan separados unos de los otros. El 'pueblo' estaría siempre votando: esa sería su más noble y enaltecedora función.

Un selecto grupo de políticos con vocación de clase dominante se lizo cargo de la conducción del país. Tenían un objetivo común: demostrar a las clases dominantes que ciertos sectores, militantes de algunos partidos de extracción media y proletaria, podían administrar el estado con mayor eficiencia a como lo habían hecho —o podrían hacerlo en el futuro— sus naturales representantes políticos. Para realizar ese cometido, y de, ahí en adelante, la coalición que había accedido al gobierno de la nación no debía enfrentar más huelgas, protestas ni peticiones desmedidas de quienes habían sido víctimas de los atropellos de la dictadura; de otra manera, jamás los militares retornarían a sus cuarteles y el sueño de la 'democracia' se desvanecería. Chile exige ante todo tranquilidad', pareció escucharse en esos años, como si el eco de las palabras de Luis Bonaparte, pronunciadas un 12 de noviembre de 1851 (“Francia exige ante todo tranquilidad”), volviese a reproducirse en boca de quienes

dirigían los sucesivos gobiernos post dictatoriales de Chile.

Tal imposición requería adoptar una medida previa en el carácter de urgente: no sólo desactivar sino desarticular a lodo el movimiento social que había logrado poner fin a la dictadura. Las condiciones habían cambiado. Sobre las federaciones sindicales más combativas se colocó un grotesco remedo de la vieja CUT, una Central Unitaria de Trabajadores, que adoptó su misma sigla; los movimientos de defensa de los derechos humanos fueron controlados con una 'Mesa del Diálogo' y se atomizó la estructura poblacional creada en la lucha contra la dictadura, ofreciéndoles a los miembros de esos movimientos sociales militancia dentro de los partidos que se hacían cargo del 'poder'. Personajes reales, de carne y hueso, militantes de las organizaciones políticas más 'izquierdistas' (Eugenio Tironi, Enrique Correa, Camilo Escalona, Ricardo Núñez, Pamela Pereira, etc.) realizaron diligentemente esa labor bajo la misma idée napoléonienne según la cual 'Chile exige ante todo tranquilidad'.

Acalladas las voces críticas y disidentes con el chantaje del retorno de la dictadura, neutralizadas las eventuales protestas sociales, asentada como guía del movimiento obrero una CUT debilitada y sumisa, los sucesivos gobiernos de la Concertación aceptaron los, requiebros de Estados Unidos. Un nuevo Chile comenzó a perfilarse. Y así ¡dieciséis años más tarde! pudo explicar lo que sucedía en el Chile de las protestas estudiantiles el senador socialista Alejandro Navarro, atribuyéndolo a la no existencia de

teóricos en Chile. Como si la Concertación hubiere permitido que ellos pudiesen hacer oír su voz.

"Lo que lamento es que haya tan poco analista de izquierda.

Pareciera ser que en el mejor momento de la izquierda chilena no tenernos pensadores, y aquellos que se atreven, cono Cortés Terzi, sufren el rigor y el desprecio que siempre tiene la franqueza. Yo estoy, por propiciar un debate profundo de la izquierda chilena, que hoy día izo tiene dueño. Nadie puede detener el tiempo en la izquierda chilena, que está llamada a jugar un rol de liderazgo en América Latina, junto a Chávez y a Morales` Las consecuencias de llevar a cabo semejantes prácticas no pudieron ser más deplorables: la vertical estructura de la sociedad se fortaleció, las brechas sociales se expandieron como nunca antes lo habían hecho, se acrecentó la competencia política dentro y fuera de los partidos, la `voluntad del pueblo' se transformó en la voluntad de los gobernantes y una eventual consulta a las organizaciones sociales se convirtió en una broma de mal gusto, lanzada al azar en algún café o bar del centro de la capital. En el concierto latinoamericano de naciones, Chile comenzó a ser conocido como el 'Israel' del Cono Sur. La arrogancia y el desprecio al débil, la mesiánica creencia de estar construyendo el 'socialismo'. a través de acrecentar el volumen de capital tanto público como privado, la constante prédica hecha desde las cimas del estado en torno a realizar negocios y más negocios, con quien fuese, hizo de la nación sudamericana un país antipático a su vecindario. No por

algo, a poco de desencadenarse el conflicto con Perú, escribía un columnista del diario 1,a Nación' lo siguiente: "¿La imagen de Chile entre nuestros vecinos está distorsionada? ¿tras nuestra holgura se esconde un drama latinoamericano demasiado cotidiano? La verdad es que podríamos esgrimir una serie de cifras que avalan nuestra prosperidad frente a los países del resto de esta región, pero también debernos coincidir en la necesidad de aterrizar nuestras miradas. Porque por Más que miremos rumbo a Asia, Europa y Estados Unidos para comerciar de mejor y más rentable manera, no podemos olvidar de donde venimos. En política, el arribismo nos hace pagar cuentas impensadas. En el caso de Chile, creernos diferentes y más que el resto nos ha traído más de un problema de seguridad nacional en los últimos siglos. Debemos recoger la lección y en estos días construir un futuro a partir de lo qué somos, no soñar ilusamente en modelos que responden a otras experiencias culturales. He aquí cuca materia pendiente para los candidatos presidenciales. Latinoamérica debiera servirnos cono cable a tierra para entender la naturaleza de nuestros problemas y buscar las soluciones más adecuadas para ellos" Esta concepción elitista de la sociedad, establecida en Chile a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, también se dio en Perú y otras naciones del continente, pero con rasgos y orígenes diferentes, y en épocas distintas. Explica el similar comportamiento tanto del gobierno peruano como del chileno en orden a no informar a la ciudadanía sobre el real contenido de la disputa; y, por consiguiente, el silencio

en torno a dar una solución que atendiese preferentemente la satisfacción de intereses que son comunes a las naciones de América del Sur. Sin embargo, era de presumir que así había de suceder. Porque la generalidad de las soluciones que se ensayan frente a toda clase de problemas guarda estricta armonía con las ideas o propósitos de quienes las formulan.

Mal pueden dar respuestas orientadas a proteger el interés continental aquellos que se encuentran comprometidos en la conservación de sus propios estados: Perú solamente quería una solución a su problema y Chile se negaba a darla.

Preocupadas en la defensa de sus propios intereses, poco o nada hacía suponer en amibas naciones voluntad en torno a resolver el conflicto a través de una solución enmarcada dentro de un espíritu continental. Sus programas de gobierno no contemplaban medidas de esa naturaleza; ni siquiera la constitución de pactos que condujesen a un eventual 'principio' de integración latinoamericana. Y, no obstante, aunque así lo hubieren establecido dichos programas, o la propia voluntad de las partes les aconsejase actuar de esa manera, semejante arreglo jamás dejaría de contemplar intereses diferentes a los estatales, que siempre han sido y serán los de las clases, y fracciones de clase dominantes, esta vez en el ámbito regional. Demás está decir que en opciones como las precedentemente enunciadas, siempre se ha de encontrar ausente el interés de las clases dominadas, que sí podría ser satisfecho en virtud de otra integración.

En efecto. En la búsqueda de dar una respuesta adecuada a las necesidades de las grandes mayorías continentales, la

generalidad de los sectores Socialistas, formuló una proposición que se contiene en la denominada, integración regional, o integración 'por arriba'. De acuerdo con dicha proposición, la integración latinoamericana sólo tendría lugar para el caso que los estados fuesen capaces o tuviesen la voluntad de unirse en una gran federación, confederación o Unión, que se encargaría de instalar redes ferroviarias por todo el continente, carreteras, centrales de energía eléctrica, moneda única y parlamento común. Las trabas arancelarias desaparecerían y los latinoamericanos podrían desplazarse libremente por todos los países lo que arrojaría como resultado un fuerte intercambio regional de bienes, servicios y personas. La búsqueda de la identidad latinoamericana se realizaría dentro de las reglas del mercado, resguardando el interés de las clases y fracciones de clase dominantes. Una Unión Europea en Latinoamérica. La estructura Jerárquica de los estados no sólo se mantendría inalterable, sino se reproduciría a escala ampliada, es decir, a escala regional, dando origen a un megaestado. Los dirigentes de la comunidad latinoamericana se alejarían cada vez más de sus dirigidos, dificultándose crecientemente todo eventual cuestionamiento a las resoluciones de ese gigantesco ente continental.

Olvidaba —o quería olvidar— esa proposición que si, independientemente la labor de los gobiernos, en forma perseverante y paciente, comenzaran las agrupaciones sociales a extenderse hacia otros confines situados más allá o de las fronteras nacionales y establecer, a lo largo y ancho del continente, nexos más o menos duraderos con otras

similares, formas nuevas de integración mi se harían presentes. Una extensa y compleja red de conexiones entre grupos sociales de la más diversa índole cubriría toda la región. A un lado estarían, y sólo por vía ejemplificativa, las entidades constituidas por los familiares de las víctimas de la violencia estatal (Agrupación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos, en Chile; Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en Uruguay, Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina; etc.), interactuando bajo intereses y objetivos comunes, a otro lado, las agrupaciones de denuncia como lo han sido las defensoras, de los derechos humanos, medio ambiente y protección a la fauna; las organizaciones culturales (teatro, música, danza, poesía), las agrupaciones de los pueblos originarios (mapuches, aymarás, cunas, mayas, colorados, etc.), de mujeres, gremiales (federaciones, sindicatos, asociaciones. colegios), estudiantiles, de inmigrantes, jubilados, etc., también en la búsqueda de establecer una integración, originada en el común interés de dar respuesta, de esa manera, a sus necesidades más sentidas. Semejante forma de organización no solamente estaría construyéndose 'desde la base'; tendría el carácter de verdadera integración, vale decir, de una ‘integración social’, una integración de las clases dominadas, reticular, no jerárquica, horizontal, autónoma, integrada por estructuras naturales de los sectores vivos de la población continental, como tarea de todos para todos. Una estructura social multidisciplinarla que en virtud de sus propias conexiones, fuese capaz de desembocar en un organismo

regional gigantesco, único, controlado por sus propias organizaciones.

Llegamos, así, a la raíz del problema que subyacía tras el conflicto de Chile con Perú en octubre/noviembre de 2005.

Los conflictos latinoamericanos, ¿debían resolverse en forma bilateral? ¿Estatal? ¿Continental? ¿Cómo? ¿A través de la unidad continental? ¿Qué unidad? ¿Unidad para las clases dominadas cuando lo determinasen los estados, es decir, las clases y fracciones de clase dominantes'? Al parecer, tal no era una buena solución; tampoco parece serlo hoy en día. Un buen gobierno puede, sin lugar a dudas, contribuir eficazmente a la construcción de una integración 'por la base pero jamás, podría emprender esa labor y realizarla por sí mismo. Este razonamiento permite concluir que la tarea de acceder al gobierno de una nación y, por ende, la participación en determinados eventos electorales, no puede ser antemano excluida de los proyectos sociales: desde las cimas de la república también puede impulsarse la ejecución de tareas importantes. Pero el ejercicio de esa función siempre ha de presumir en la administración del estado una vocación de servicio y burocracia.

Lo cual no significa que la labor principal de las organizaciones sociales deje de ser el establecimiento de contactos vínculos permanentes entre ellas. Los periódicos encuentros del teatro popular latinoamericano (‘ENTEPOLA’) que se realizan desde hace ya más de 20 años en Chile es un paso importante que se ha dudo en esa dirección; también las, protestas estudiantiles de mayo de 2006 constituyen un claro ejemplo de lo que se puede lograr

a través del empleo de vías ajenas al poder institucional. Y, por supuesto, el encuentro que bajo el nombre de ‘Cumbre de los Pueblos por la Soberanía y la Integración Sudamericana' realizaran el 19 de julio del 2006. y días posteriores, en la ciudad de Córdova, Argentina, algunas de las organizaciones sociales Y derechos humanos de América Latina. No parece, pues, existir mejor forma que la integración social para evitar que personajes irresponsables, colocados en la cúspide de la pirámide estatal y guiarlos tan solo por sus emociones, no vacilen en aventurar la paz de la región sin detenerse a reflexionar sobre un hecho crucial: jamás los problemas de las clases y fracciones de clase dominantes han sido, son o serán los de la población latinoamericana cuyo único interés se reduce tan solo a instaurar relaciones de cooperación y no de competencia como forma de vida entre los habitantes de la región. En la lección que nos entrega la crisis que conmovió a Chile un 28 de Octubre de 2005, día de San Simón.

ANEXOS ANEXO 1 Copia del memorándum enviado por el agregado naval del Ecuador en Perú al jefe del Estado Mayor de la armada de su país.

EMBAJADA DEL ECUADOR AGREGADURÍA NAVAL Lima-Perú Oficio No. AGNAPR-SEC-048-0 14 de Marzo de 2000 De : AGREGADO NAVAL DEL ECUADOR EN EL PERÚ Para : JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA Asunto : Enviando Información Anexo : 02 fin 1.- Adjunto al presente se dignará encontrar señor Vicealmirante, un artículo de política exterior peruana sobre las 200 Millas de Mar Territorial (Publicado en el Diario 'La República', el día lunes 13 de Marzo de 2000).

1.- Por tener implicaciones directas con nuestros intereses, solicito se digne responder a quien corresponda el análisis y acciones respectivas sobre este particular, considerando, nuestra posición ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; los Convenios firmados, así como nuestros propios puntos de vista, a fin de anticipar cualquier tratamiento, gestión o planteamiento sobre esta situación que tarde o temprano puede ser motivo de problemas.

DIOS PATRIA Y LIBERTAD Luis YÉPEZ Andrade Capitán de Navío-EMC AGREGADO NAVAL DEL ECUADOR EN EL PERÚ Copia para: Archivo Pac.

LA POLÍTICA EXTERIOR PERUANA: ¿LAS 200 MILLAS MARINAS PERUANAS? En 1996 el señor Tomás Dill Erva, presidente de la Sociedad de Armadores Pesqueros del Sur, denunció por medio de este diario que el mar peruano de las 200 millas en la zona del país es una ilusión, porque Chile, por usos y costumbres, ha establecido como limite un paralelo que pasa por la línea de la Concordia. Agregaba que el Perú no había hecho uso de su derecho para definir esta línea de frontera, que, según procedimientos hoy internacionalmente aceptados, resultaría del trazado de una línea bisectriz con respecto de las líneas paralelas imaginarias que corren las costas del Perú y Chile. Que, como consecuencia de este hecho y de la configuración geográfica de nuestras costas, el mar adyacente de 200 millas se va angostando progresivamente al sur a partir del Puerto de Chala, donde sólo tiene 130 millas, 100 millas en Camaná, 80 millas en Matarani, 45 millas en Ilo y 12 millas en el Morro de sama.

Citaba como hecho anecdótico que si una embarcación peruana sale del Puerto de Boca del Río, frente a Tacna, a tan sólo una distancia de cinco millas se encontrará en aguas que están bajo la jurisdicción chilena. Según el armador peruano, Chile al imponer en la práctica como frontera marítima el paralelo 180 10' nos estaría usurpando 57.000 kilómetros cuadrados de mar, nocivo por el cual solicitaban al gobierno que tratara diplomáticamente este problema que se silencia desde hace muchos años.

A esta denuncia se suman las recientes declaraciones del señor Ronic Jurado, dirigente del Frente Patriótico de Tacna, quien demandó públicamente que el gobierno aclare lo concerniente a los límites marítimos del Perú con Chile.

La opinión pública tiene el derecho de conocer por qué el

gobierno del Perú no consideró dentro de las negociaciones diplomáticas del Acta de Ejecución del Tratado de Lima de 1929 con Chile el tema de la delimitación marítima entre ambos países. Más aún si se afirma como lo hace el Fujimorismo que la citada Acta será un 'ejemplo de paz'.

Debemos destacar que esta irregular situación no sólo afecta nuestra soberanía nacional, sino que además es causa de graves perjuicios morales, físicos y económicos para nuestros pescadores artesanales del sur.

Esta problemática que se deriva de la extensión del mar territorial hasta las 200 millas marinas, como es obvio perjudica seriamente también a la zona norte del Perú, en donde tampoco tenemos delimitada nuestra frontera marítima con el Ecuador, a pesar de haber suscrito con bombos y platillos hace poco más de un año un Acuerdo de Paz con dicho país.

El Decreto Supremo No. 781 del 1 de agosto de 1947, llamado 'Decreto Bustamante', dispuso la extensión de la soberanía y jurisdicción nacionales a la plataforma submarina o zócalo continental e insular y al mar adyacente a las costas del territorio nacional a una distancia de 200 millas marinas.

El 18 de agosto de 1952, los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú suscribieron la Declaración de Santiago sobre Zona Marítima; se proclamó como norma de su política internacional marítima: "la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas".

Con fecha 4 de diciembre de 1954, los gobiernos de las Repúblicas de Chile, Ecuador y Perú, de conformidad con

lo acordado en la Resolución X, de 8 de octubre del mismo año suscrita en Santiago de Chile por la Comisión Permanente de la Conferencia sobre Explotación y conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur, firman un Convenio a Complementario a la Declaración de Soberanía sobre la zona marítima de las 200 Millas.

Según el instituto Peruano de Estudios Antárticos (IPEA), el mencionado Decreto Supremo No. 781 introduce una dualidad de conceptos que a la postre es la matriz del problema, habida cuenta de que no es lo mismo medir la distancia sobre el 'paralelo geográfico' que sobre la 'perpendicular' a las líneas de 'costa' y su 'paralela'.

Lamentablemente, este error conceptual dentro del marco de la legislación nacional que debió ser corregido en su momento y no lo fue- sirvió de sustento para otro capital de incidencia internacional Resolución Suprema No. 23 del 12de enero de 1955. Dicha Resolución vino sólo a ratificar los errores de interpretación, "para determinar el deslinde lateral de los respectivos mares territoriales", que venían cometiendo nuestras autoridades al aceptar "que la línea fronteriza fuera fijada por el paralelo, en vez de serlo por la bisectriz del ángulo formado por las líneas de base de costa de ambas naciones, adyacentes a la línea fronteriza terrestre".

Al margen de la posición que más adelante adoptemos frente a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 es decir, si nos adherimos a ella o no, es necesario que el Perú asuma la defensa de sus legítimos intereses nacionales. Para que ello sea posible, debernos empezar por modificar nuestra legislación nacional con el fin de reivindicar los espacios marítimos que por derecho nos corresponden. Recién entonces iniciaríamos las negociaciones diplomáticas para las

correspondientes delimitaciones marítimas con Ecuador y Chile.

Lamentablemente, con esta autocracia fujimorista de casi diez años y su denominada 'nueva política exterior', los peruanos debemos estar alertas, pues ayer se trató de los territorios, hoy del mar y mañana serán las islas y los ríos, si tenemos en cuenta las expresiones del canciller de Trazagnies, quien ya se adelantó a calificar los incidentes que se presentaron con estos últimos en la Amazonia como que no son propiamente temas de frontera, sino que más bien constituyen 'una cuestión episódica'. ¡Ojalá nuestros vecinos piensen como él, no vaya a ser que se lleve una sorpresa! En todo caso, tal vez convenga recordarle que la Historia juzgará severamente la conducta de quienes tienen hoy a su cargo la política internacional del Perú.

Sería muy importante que quienes pretenden ejercer la Primera Magistratura del país definieran desde ahora su política, no sólo interna sino la internacional, porque es precisamente en ese tema en el que, hoy más que nunca carecemos de una política internacional definida.

(Ministro del Servicio Diplomático de la República en situación de retiro. Abogado y doctor en Derecho Eduardo Carlos Carrillo) -----------------------------------------------------------------------

ANEXO 2 Artículo escrito por el autor de este libro sobre hechos particulares relativos a las relaciones de Chile con Perú.

EL 'CASO LUCHETTI' Y EL ARTE DE GENERAR CONFLICTOS INTERNACIONALES El sistema capitalista es un sistema social. Deriva su origen de un concepto sui generis —el capital— del cual toma, además, su nombre. El capital es un valor. Nace de la existencia contrapuesta de dos actores sociales: comprador y vendedor de fuerza o capacidad de trabajo. No es cualquier valor. El rasgo que lo identifica es su capacidad inagotable para acrecentarse, crecer o aumentar constantemente: el capital se fundamenta en la ganancia. El sistema capitalista es un sistema que existe en función de la ganancia.

Peto las ganancias no provienen de fuentes múltiples e inagotables, sino apenas de la aplicación de dos medidas simples y alternativas: o se genera mayor riqueza o se reducen los gastos. Cuando no es posible recurrir a la primera de ellas, se opta por la segunda. La disminución de costos (gastos) tiene lugar con mayor frecuencia de lo que corrientemente se supone; por eso, trasladan las empresas sus actividades o parte de ellas a otras regiones del planeta: la migración empresarial es, pues, un fenómeno inherente al modo de producción capitalista.

Sucede que, a fines de la década de los 80 y casi coincidiendo con el derrumbe del llamado 'socialismo real', el traslado de las actividades empresariales a diferentes regiones del planeta, se multiplicó crecientemente. Los medios de comunicación que descubren antes de nadie la presentación de ciertos fenómenos económicos, llamaron a éste 'deslocalización' vinculándolo estrechamente a lo que comenzaba ya a conocerse bajo el nombre de 'era de la globalización'. La instalación de empresas en diferentes

naciones fue, pues, un fenómeno mundial y no debía sorprender que alcanzara también a Chile, formación social establecida en el cono sur de la América Latina, cuyas clases y fracciones de clase dominantes luchaban por imponer su liderazgo regional. Las empresas chilenas sus empresarios— se internacionalizaron, se trasladaron a otros países de la zona, instalándose en aquellos lugares donde las condiciones para una mejor extracción del plusvalor les resultaban mayormente atractivas. De esa manera, junto a muchas otras, trasladó la empresa `Luchetti' —perteneciente al consorcio industrial denominado 'Grupo Luksic'— algunas de sus actividades a la hermana república de Perú, gobernada en ese entonces por Alberto Fujimori, sujeto autoritario, inescrupuloso, elegido por sufragio universal y transformado en dictador de los suyos con ayuda de las Fuerzas Armadas.

Era la versión peruana de Juan María Bordaberry, aquel aventurero uruguayo que instalara una dictadura en su país a poco de ser elegido presidente. Fujimori contaba, entre sus asesores, a un ex marxista arrepentido llamado Vladimiro Montesinos Torres, convertido en adalid de las leyes del mercado de acuerdo a la moda que, a partir de los 90, había adoptado el socialismo.

El traslado de las actividades de una empresa a otro país, pasa por diversas etapas, la primera de las cuales consiste en proveerse de la autorización correspondiente para funcionar; ello implica convertirse en 'inversionista extranjero' que no es sino legalizar los capitales ingresados al nuevo país, obtener un domicilio conocido, declarar las actividades que se pretende realizar, en fin. Tratándose del establecimiento de una industria se requiere, antes de nada, seleccionar una morada. Esta selección puede referirse a una construcción que ya existe o a una que se va a construir. En este último caso, las primeras actividades de un consorcio se reducen a la búsqueda de un terreno sobre el cual pueda instalar la

fábrica y sus anexos.

No existen antecedentes suficientes que permitan conocer cuáles fueron los primeros pasos dados por la empresa `Luchetti' en Perú en ese sentido, ni tampoco cómo los dio.

Las declaraciones de sus ejecutivos, las publicaciones de los periódicos chilenos, han omitido estas gestiones que, no obstante, constituyen el eje de la investigación. Lo cierto es que, al cabo de un cierto tiempo, obtuvo la dirección de la empresa una autorización del poder ejecutivo para establecer la fábrica en 'Pantanos de la Villa', localidad situada hacia el sector sur de la capita, declarada ‘reserva natural del Perú’ y por lo mismo protegida por leyes e instituciones vinculadas a la defensa del medio ambiente.

La resolución del gobierno de Fujimori pilló de sorpresa a muchas personas e instituciones. Ningún otro empresario nacional o extranjero había obtenido semejantes franquicias.

Sin embargo, pocos se atrevieron a objetar en forma directa tal resolución, atendidas las condiciones que se vivía en ese país, las represalias hacían temer duras penas de cárcel. La repuesta se hizo presente vía una autoridad.

Al momento de imponerse de la resolución del alcalde provincial, Gonzalo Menéndez Duque, presidente de la empresa 'Luchetti' de Perú, 'interpuso un recurso de amparo ante el juzgado competente cuyo titular era el magistrado Percy Escobar. No obstante, temiendo que el fallo le resultara adverso, solicitó el ejecutivo de la empresa chilena una entrevista con Vladimiro Montesinos' Torres, a quien pidió interceder ante el jaez en favor de la compañía.

"Quiero una guerra corta, sangrienta y decisiva, como se ganan las batallas", dijo el hombre de negocios el 8 de enero de 1998, al momento de entrevistarse con Montesinos.

Permítasenos retomar nuestras anteriores afirmaciones: en enero de 1998 el conflicto sobre el lugar donde se levantaba la obra estaba ya desatado. No obstante, Luksic no sólo se

manifestaría limpio de toda mancha en sus declaraciones posteriores sino, además, víctima de una conjura. Así, afirmaría que él no conoció a Montesinos sino a principios de 1998 y no antes. Entonces, ¿quién sobornó a Montesinos para obtener el permiso que autorizaba ha levantar la fábrica en el sector denominado 'Pantanos de la Villa'? ¿O lo cedió, generosamente, Fujimori a la empresa chilena? ¿Fueron Gonzalo Menéndez. Duque o Fernando Pacheco Novoa quienes sobornaron al asesor presidencial? Escuchemos las palabras de Luksic: "Conocí a Vladimiro Montesinos a principios de 1998, me parece que en marzo. En enero o febrero yo estaba de .vacaciones en Estados Unidos. Me Duma un par de veces el gerente de 'Luchetti Perú', Fernando Pacheco, y me cuenta la situación que vive la planta, que yo hasta el momento no conocía. Pacheco me informa que el asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres tenía interés en conocer al dueño de 'Luchetti ".

Curiosamente, durante los meses que siguieron a ese encuentro, el Grupo Luksic no sólo persistió en su empeño de instalar la planta de fideos en un lugar prohibido, sino en realizar otras inversiones. Tal fue el motivo del 'tercer encuentro' de Luksic con Montesinos, de acuerdo a las expresiones del propio hombre de negocios chileno. El encuentro tuvo lugar cn el segundo viaje que Luksic realizara a Lima, capital del hermano país.

"El propósito de ese encuentro era consultarle al asesor presidencial si el gobierno peruano sabía que estábamos estudiando la compra del banco Wiesse, y si había algún problema en que esta negociación prosperara y nos convirtiéramos, .siendo chilenos, (pero) en conjunto con el grupo español 13C11 y los antiguos accionistas del Wiesse, en el segundo banco de Perú".

Hubo un cuarto encuentro entre Luksic y Montesinos, según

declaraciones del primero. Pero los acontecimientos políticos se precipitaron. Fujimori debió abandonar la presidencia y huir rápidamente del país, Vladimiro Montesinos fue detenido; también cayó en prisión su mujer, Jacqueline Beltrán. El nuevo régimen que asumió el mando de la nación, encabezado por el presidente Alejandro Toledo, se vio obligado a revisar la generalidad de las medidas adoptadas por su antecesor pues las denuncias que versaban 'sobre corrupción y arbitrariedades se multiplicaban día a día. Y, como era de esperarse, a petición de una serie de organizaciones e instituciones protectoras del medio ambiente, se procedió a investigar del mismo modo, las causas o motivos que habían inducido al régimen anterior conceder la autorización a la empresa `Luchetti' para levantar una fábrica de alimentos farináceos (fideos) en terrenos considerados reserva natural.

Las investigaciones realizadas al respecto arrojaron un resultado por completo desalentador para el consorcio chileno: la empresa `Luchetti', a través de sus ejecutivos, había obtenido tales franquicias luego de sobornar a Vladimiro Montesinos, asesor del presidente peruano. Las pruebas que daban cuenta de tales maniobras fueron abrumadoras. Existían, incluso, videofilms que daban testimonio de haberse realizado el trato. Esa práctica de filmar el momento de la concertación de actos ilícitos es usual en el mundo del hampa: protege de futuras y eventuales infidencias o traiciones. Es frecuente, por lo mismo, dentro de la lumpenburguesía que realiza prácticas similares en sus operaciones.

La moderna doctrina del derecho considera en un mismo pie de igualdad tanto al ofensor como al ofendido en el caso de la comisión de ciertos delitos; tal ocurre, por ejemplo, con la prostitución. En algunas regiones del planeta —Suecia, por ejemplo— este equilibrio se altera; el prostituyente es

sancionado con mayor rigor que el prostituido pues su ignominia se estima también mayor: posee el poder del dinero y abusa de su condición de tal. En el delito de soborno, que es una suerte de prostitución, no ocurre de manera diferente: tanto el sobornante como el sobornado se consideran corruptos. El caso `Luchetti' se entregó, pues, a conocimiento de la justicia peruana. Correspondió conocer de tales hechos a la jueza titular del Segundo Juzgado Penal de Lima, Ximena Cayó, quien investigaba la denuncia de corrupción y tráfico de influencias contra los tres ejecutivos chilenos.

Una de las primeras diligencias practicadas por la magistrada fue citar a su despacho al presidente de la empresa chilena Gonzalo Menéndez Duque a fin de interrogarle acerca de las expresiones que había empleado en su encuentro con Montesinos en enejo de 1998. En su declaración ante la jueza Cayó, de 17 de junio de 2001, sus palabras al respecto fueron las siguientes: "Quiero expresar un sentimiento muy mío: estábamos viviendo hacía meses una situación de hostilidad, donde se llamaba a no consumir nuestros productos, se nos acusaba de ilegalidades... Todo eso generaba un estado tensional muy fuerte [...]

Incuestionablemente eso me afectó y me llevó a emplear expresiones un poco fuertes y que no son comunes en mi lenguaje. Estoy consciente de que eso pudo ofender a las personas acá en Perú, y realmente lo lamento. Quiero dejar sentadas mis excusas y afirmar que nunca fue mi ánimo descalificar personas, sino actitudes funcionarias que nos afectaban de manera tan injusta. El sentido exacto de lo que expresé es que teníamos un proyecto de gran envergadura y todo ese mes de paro de la planta significaba muchos dólares en gastos. La expresión era que ojalá esa situación no durase mucho, por el costo que ello significaba.

Las expresiones de Menéndez como las de Luksic no sólo omitían referirse a cómo se obtuvo el permiso para levantar una fábrica en un lugar prohibido, sino mostraban inequívocamente que la defensa de las gestiones de los ejecutivos se orientaría en una suerte de defensa de la chilenidad.

El 11 de junio de 2002 se presentó ante la jueza Ximena Cayó el empresario chileno Andrónico Luksic Craig. En el testimonio judicial, que se extendió por seis largas horas, la magistrada le interrogó acerca de si había o no sobornado a Vladimiro Montesinos o si había o no hecho algún aporte a la campaña electoral de Alberto Fujimori. Luksic negó tales cargos y sostuvo que el único aporte de `Luchetti' al gobierno consistió en una donación de ollas, cocinas y pasta (fideos) para la Fundación 'Niños del Perú', que dirigía Keiko Fujimori, hija del presidente de esa nación. Cinco meses más tarde, la jueza Cayó absolvía a Luksic de los delitos que se le acusaba, por falta de méritos. La fiscalía apeló de esa resolución y el caso pasó a conocimiento de la Corte Superior de Lima. Radicado el juicio en la Sala Anticorrupción de ese cuerpo colegiado, revisado que fue el fallo, resolvió el tribunal procesar nuevamente al empresario y a sus ejecutivos.

El 29 de septiembre recién pasado, y luego de alegar falta de garantías para un debido proceso, los tres más altos jefes de `Luchetti' determinaron no presentarse ante el tribunal que conocía de la causa, el cual procedió, de inmediato, a dictar orden de captura para todos ellos. Puesto que los inculpados no se encontraban en el país, dispuso la Corte se oficiase a 1NTERPOL para proceder a su captura. Al momento de

dictarse 14 resolución contra Andrónico Luksic Craig, Fernando Pacheco Novoa y Gonzalo Menéndez Duque, el fiscal peruano Pablo Sánchez recordó las torpes expresiones del último de aquellos al momento de entrevistarse con Montesinos, en 1998: "Quiero una guerra corta, sangrienta y decisiva, como se ganan las batallas /.../" A partir de esa fecha, en Chile, tanto los naturales representantes políticos del capital (la Unión Democrática Independiente UDI y Renovación Nacional RN) como la generalidad de los personeros de Gobierno iniciaron una rápida carrera para obtener el levantamiento de las sanciones impuestas a los ejecutivos del consorcio.

El soborno es una práctica común en el mundo de los negocios; con mayor razón en un sistema caracterizado por el imperio absoluto de las leyes del mercado. No debe sorprender que, por lo mismo, los partidos representantes naturales de las clases o fracciones de clase dominantes asuman de pleno derecho la defensa de quienes se involucran en estas aventuras; tampoco que lo haga un estado respecto de alguno de sus nacionales. El problema surge cuando el cargo formulado .a cierta (o ciertas) persona (s) se encuentra contenido en una sentencia que da cuenta de la comisión de un delito, y el gobierno de otro país, junto a los medios de comunicación y al estamento empresarial en su conjunto, inician la defensa del (o los) acusado (s) amparándose en argumentos que dicen relación sólo con la protección de la patria o la nacionalidad. En tal situación, la generación de un conflicto internacional es inevitable.

En el caso de Luchetti, la representación tanto natural de las

clases y/o 'racciones de clase dominantes como gubernamental ha sido orientada en tal sentido: la defensa de Luksic no se ha realizado en torno a disminuir la gravedad del delito perpetrado, sino al resguardo de su condición de chileno', como sí esta sola calidad hiciera ilusorio el hecho punible. Sostener itie era necesario defender a Luksic por su sola condición de chileno equivale a transformar una causa criminal en un conflicto de soberanía y, por ende, en un conflicto internacional. A partir de ese momento, los negocios de Ana persona o grupo económico pasan a ser los problemas de un estado y, por consiguiente, afectan a toda una formación social. Los chilenos, peruanos y bolivianos ya experimentaron esa situación una vez en el pasado con ocasión -de la llamada 'Guerra del Pacífico'. No parece necesario ahondar en esta circunstancia.

Por eso, resulta desconcertante que no sólo personeros de la Concertación (Michelle Bachelet, Osvaldo Puccio, entre otros) asuman la defensa de Luksic como ciudadano chileno, sino sea el propio presidente de la República, del que normalmente la comunidad entera espera una voz y actitud serenas, quien manifieste seguir el curso de la acusación Con 10 preocupación propia de cualquier chileno que se encuentre en dificultades como lo hicimos con los amigos graffiteros y del cual yo habla en reiteradas ocasiones". Desconcertantes expresiones resultan éstas, en primer lugar, porque no se está frente al caso de cualquier chileno que se encuentre en dificultades", sino ante las maniobras comprometedoras del más poderoso hombre de negocios del país y uno de los más ricos del planeta en

segundo lugar, porque se está frente a individuos que no han sido simplemente 'acusados' de una o algunas especiales circunstancias, sino de sujetos procesados por tribunales de justicia; en tercer lugar, porque referido proceso se realiza contra quienes procedieron a sobornar a un funcionario público para atropellar las disposiciones legales que protegen las reservas naturales y el medio ambiente peruano; y, en cuarto lugar, porque muestra el inequívoco espíritu del gobierno de proceder a la defensa irrestricta de la `chilenidad' al vincular este caso de soborno al de "los amigos graffiteros": el presidente de la república, en su afán de proteger una chilenidad presuntamente amenazada, no vacila en tomar partido junto a quienes cometieron hechos, a todas luces delictuosos. Para entender esta aseveración, previo es referirnos al caso de las graffiteros.

A comienzos de 2005 fueron aprehendidos en Cuzco, capital del antiguo imperio incaico, Enzo Tamhurrino y Eduardo Cadima, dos jóvenes chilenos que pintaban un dragón con aerosol sobre uno de los muros de la Plaza de los Nazarenos, en pleno centro de la ciudad. La construcción aquella es un monumento que .data de la época de la conquista y de la colonia; ha sido declarada monumento nacional y sus bases están levantadas sobre muros de las antiguas civilizaciones que habitaron esa zona. El conjunto arquitectónico se considera patrimonio cultural de la nación hermana.

Existen suficientes testimonios para afirmar que los jóvenes chilenos, al profanar el recinto, estaban bajo el influjo de las drogas o ebrios, hecho que agrava el delito. Como sucede en estos casos, fueron sometidos a juicio y condenados a la pena de prisión. El caso provocó reacciones airadas en la

prensa nacional, y algunas personas vieron en la dictación del fallo un ataque a la chilenidad: los jóvenes habían sido condenados por el solo delito de ser chilenos; el argumento se fortaleció con la ayuda de una falacia según la cual, de haber sido ambos peruanos, nada les hubiere sucedido. Las gestiones diplomáticas comenzaron de inmediato para culminar seis meses más tarde con el regreso de ambos jóvenes a Chile. En una de las declaraciones formuladas a poco de su arribo, insistieron los acusados en destacar ciertos aspectos, a saber: que sólo uno de ellos había cometido el delito, que si se consumó tal hecho fue únicamente porque quien lo cometió no había advertido la antigüedad del muro y que el 'inocente' fue encarcelado por el profundo clima antichileno que existe en Perú. Llaman la atención dos hechos posteriores vinculados al caso de los graffiteros: uno es su inexplicable participación en ciertas jornadas destinadas a analizar las relaciones de Chile con Perú; el otro es la manifiesta vinculación de "los amigos graffiteros" con personeros de la Concertación.

1. El primero de esos hechos fue la participación de los jóvenes en uno de los foros realizados por la Universidad Católica de Chile, a poco de llegar ambos al país.¿Cuál fue la intención de transformárseles en víctimas de la 'represión' peruana? ¿Por qué se les hizo partícipes del evento 'Foro sobre la integración ciudadana con Perú"?

2. El segundo resulta aún más desconcertante pues conjuntamente con devolver a los jóvenes graffiteros a su país de origen, exigió el estado peruano una indemnización de 100 mil dólares, cifra que no fue pagada por el estado chileno. En su lugar, se apresuró a hacerlo una curiosa fundación —la Fundación 'Ideas'— que determinó hacerse cargo de la deuda. La referida institución recibe erogaciones

de organismos y empresas del gobierno y de algunas agencias internacionales vinculadas a la Concertación. Es presidida por Francisco Estévez, ex militante del MAPU Obrero-Campesino y hermano de Jaime Estévez, Ex Presidente del Banco del Estado y actual Ministro de la Vivienda, tras el enroque hecho con Javier Etcheverry".

Después de estos hechos, parece lícito preguntarse si acaso guía al Gobierno de la Concertación —y, por supuesto, a los partidos que representan naturalmente al capital— algún secreto designio que busca constantemente generar nuevos conflictos con la nación hermana en lugar de resolver los que ya existen. No ayudan a explicar las diligencias que el gobierno realiza en torno al caso ciertas frases 'un tanto incoherentes del presidente Lagos. Los chilenos, al cabo de seis años parecen haberse acostumbrado a sus inapropiadas declaraciones muchas de las cuales contienen analogías disparatadas y exabruptos. No parece necesario recordar aquí la 'teoría del jarrón' que tanta hilaridad causó en su tiempo, las tesis esgrimidas por él en cuanto a que el indulto presidencial no lo otorga el presidente sino el Ministro del Interior, su carta a 'El Mercurio' quejándose de los ataques de ese diario en contra de su familia, las recriminaciones a los canales de televisión por destacar las noticias relativas a la delincuencia y su desproporcionada reacción, en Temuco, frente a una manifestación de ecologistas. Esta no es una afirmación temeraria, sino un fuerte sentimiento que existe y se manifiesta al interior de la propia Concertación. No por algo el propio vicepresidente del Partido Por la Democracia PPD, Jorge Schaulsohn, ha expresado lo siguiente a uno de los medios de comunicación: "Yo no digo que el Presidente Lagos no hable, lo que digo es que a veces no diga leyeras, porque realmente creo que cuando criticó a los canales de televisión y cuando dijo que los presos salían al tiro, le dio un pretexto a la derecha para

reflotar un tema que políticamente había dejado de ser rentable para la oposición".

En el caso 'Luchetti', ha recurrido Lagos a otra de esas sorprendentes analogías suyas al traer a la memoria un suceso en el que fue destacado actor. En efecto: al defender el secreto que debe amparar cualquier negociación, recordó el primer mandatario chileno las gestiones también secretas realizadas por el gobierno español para rescatarlo de la prisión durante el período de la dictadura.

El presidente del gobierno español el año 86 le dio instrucciones al embajador español que estaba en ese tiempo en Madrid: usted se va de inmediato a Chile y hace todo para que Ricardo Lagos quede libre". La analogía lo dice todo. O no lo dice. En este caso, recurrir a ella no resulta tan solo inadecuado sino extremadamente torpe. Como lo expresara Hugo Mery en uno de sus artículos, el presidente olvida que las negociaciones entre Chile y Perú se realizan en el marco transparente (o que se presume tal) de dos estados de derecho como lo son ambas naciones sudamericanas, en tanto durante el régimen de Pinochet No se estaba en estado de derecho, y era posible suponer una falta de dicha transparencia en las negociaciones por parte de la dictadura pinochetista.

El presidente es libre de homologar lo que a él le sucedió durante el régimen de Pinochet en defensa de la libertad con la sentencia que se dictara por el caso de soborno a un funcionario peruano por asunto de negocios. La protección de la empresa privada exige, a menudo, pasar por encima de principios e ideas. Pero eso no debe, por motivo alguno, enturbiar las relaciones de hermandad, de por sí bastante delicadas, que han de mantenerse con el país vecino.

Santiago, octubre de 2005.