BALANCE DEL AÑO LEGISLATIVO 2022

Diputada Natalia Fidel

Editorial

Una nueva agenda de prioridades

Al finalizar la última reunión de trabajo del 2022 le pregunté a algunas personas de mi equipo si podían decirme cuáles creían que habían sido en Argentina los hitos políticos del año. Me interesaba conocer las sensaciones que les habían quedado sobre el debate político nacional de cara a 2023, no sólo por ser un año electoral, sino porque se cumplen 40 años desde el retorno de la democracia y la mayoría de ellos nació después de 1983.

Rápidamente surgieron algunos temas: el acuerdo con el FMI, la posterior ruptura de la coalición de Gobierno y la renuncia a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner; la condena a Cristina Fernández por corrupción; los cambios en el Ministerio de Economía; los ataques del Gobierno a la Justicia (intento de juicio político a la Corte Suprema, intento de reforma judicial, intentos de controlar el Consejo de la Magistratura, maniobras para imponer al Procurador General de la Nación, reforma de la Corte Suprema para incluir 25 miembros, etc.); el atentado contra Cristina Kirchner; el fallo de la Corte Suprema sobre la restitución de la Coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

Más allá del sesgo y que la muestra casera no tenía otra vocación que conocer la opinión de mi equipo de trabajo, la mayoría de estos temas también se repiten cuando uno busca notas en medios de comunicación con el resumen del año político 2022. Si bien podrían agregarse o quitarse algunos acontecimientos, es innegable la relevancia protagónica que estos sucesos han tenido durante el último año.

Resulta paradójico que 40 años después de haber recuperado la democracia, y con ella la libertad ideológica, gran parte de la agenda política sea una agenda de avasallamiento institucional, divisiones, violencia y crisis política. Tal vez sea esa misma agenda la que explique en gran medida el porqué un país privilegiado en recursos y activos estratégicos posee una pobreza estructural del 30%, que en estos momentos roza el 45%, y una inflación del 100%.

La agenda política argentina -que no es ni más ni menos el conjunto de los temas a los que le damos prioridad en el debate públicoes ciertamente frustrante, porque se ha transformado en una agenda de inestabilidad institucional. De dudas más que de certezas. Del pasado más que del futuro. De divisiones y necedades. Pero sobre todo, parece haberse transformado en una agenda de impunidad personal -la de la Vicepresidenta- justamente durante una de las peores crisis colectivas de nuestra historia. Como he mencionado en artículos de opinión que he publicado durante el 2022, si tenemos en cuenta esta realidad no puede sorprendernos que desde 2020 a CFK se le haya escuchado mencionar más la palabra “lawfare” que la palabra “pobreza” o que el sistema político en general haya discutido más la palabra “grieta” que la palabra “acuerdo”. Estoy segura que si hiciésemos una consulta entre todos los dirigentes políticos la abrumadora mayoría creería que es más importante lograr un “gran acuerdo nacional para eliminar la pobreza” que “incrementar la grieta para evitar el lawfare”.

Estas circunstancias que parecen semánticas tienen un impacto muy profundo y determinante en nuestra realidad porque se traducen en debilidad institucional y eso tiene costos concretos. Las Instituciones democráticas son un eje central para el desarrollo económico y social de cualquier comunidad y su fortalecimiento es el único camino para la resolución sostenible de nuestros problemas, porque representan la máxima garantía de previsibilidad. Sin embargo, desde 1983 a esta parte hemos engendrando una crisis de confianza dramática que debemos resolver para encarar las reformas estructurales que necesitamos para salir adelante. Este año electoral tenemos la posibilidad -y la necesidad impostergable- de discutir a fondo esta cuestión. Tenemos que construir una agenda de prioridades comunes a todos los argentinos.

Esto no significa resignar las diferencias o matices ideológicos, que son centrales en el debate político. Significa potenciarlas a través del establecimiento de un marco estratégico que defina objetivos trascendentes en los que podamos estar de acuerdo, para subordinar los debates ideológicos a la consecución de esas metas o visiones sobre nuestro futuro.

Pero definir prioridades exige necesariamente una discusión sobre valores. Por ejemplo, uno de los obstáculos centrales de nuestro sistema ha sido la corrupción, que no sólo erosiona la confianza en el sistema político y económico, si no que limita la capacidad del país para atraer inversiones y fomentar el crecimiento. De hecho, durante los últimos 3 años Argentina ha retrocedido notablemente en el índice de percepción de corrupción realizado por la organización Transparencia Internacional (desde el 2020 perdió 28 puestos en el ranking, pasando del 66 al 94). El sentido común indica que es necesario acordar mecanismos que contribuyan a elevar el estándar ético que debemos tener los representantes.

Es por eso que, desde hace años que desde Confianza Pública, como parte del Bloque Vamos Juntos, trabajamos incansablemente a la par de organizaciones de la sociedad civil para impulsar proyectos de Ficha Limpia que buscan evitar que condenados por corrupción puedan ser electos para cargos públicos. Durante 2022 volvimos a insistir y sorprendentemente -o no- hemos encontrado una resistencia desproporcionada por parte de algunos sectores para evitar el tratamiento de este tipo de proyectos. Esta triste realidad nos muestra que dentro del sistema político argentino hay quienes actúan como si la corrupción no fuese uno de los problemas más apremiantes. Por eso, repito, gran parte de la discusión que los argentinos tenemos por delante es, además, sobre los valores con los que queremos vivir.

Definir valores también implica ser coherentes con ellos. No es posible declarar que somos una Nación comprometida con los derechos humanos, mientras le tendemos una alfombra roja a Nicolás Maduro, que no es más que el Videla venozolano. Tampoco podemos decir que respetamos el sistema republicano si se emprende un camino de permanentes ataques a la Corte Suprema de Justicia que socavan la independencia del poder judicial. Ejercer presión política sobre la justicia es intentar quebrar la división de poderes y la igualdad ante la ley. Es comprometer la esencia de nuestro pacto de convivencia, y eso no sólo afecta a la Justicia, si no que a absolutamente todo el entramado social.

Parece una verdad de perogrullo, pero tener un rumbo claro, coherente y consistente en el tiempo es la única manera de avanzar en la maleza de frustraciones en la que estamos detenidos.

Por eso, nuestra propuesta, que se viene traduciendo en la labor legislativa que cada año impulsamos y que se puede analizar a lo largo de este balance de gestión, parte de una premisa central: queremos contribuir a aumentar los niveles de integridad pública, fortalecer las instituciones y generar previsibilidad como camino sostenible para reducir las brechas sociales, proteger el trabajo y los derechos humanos. Y creemos que eso no sólo se debe reflejar en nuestro trabajo legislativo, sino también en el debate público que promovemos.

En 2023 tendremos una nueva oportunidad de seguir madurando como sociedad. Los desafíos pendientes y la realidad política argentina tras 40 años de democracia requieren que logremos acuerdos a partir de los que el país pueda definir una nueva agenda de prioridades comunes. Una que nos ayude a visualizar un futuro en el que todos nos sintamos parte.