Re-inventando conceptos y estrategias | 187
En este contexto, en el continente se ha visto, en estos años, una renovación de las luchas por afianzar derechos en el plano de la comunicación, a la vez que intervenciones, en varios países, desde los sectores de poder político. Podemos mencionar, al paso, el caso de México, por la reacción contra la llamada Ley Televisa, ya aprobada, que refuerza los monopolios, y que recientemente fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema; o en Uruguay, la ley actualmente en el parlamento para legalizar los medios comunitarios; en Venezuela, la adopción en 2004 de la “Ley de Responsabilidad Social en Televisión y Radio”. Y en EE.UU. vale destacar el auge significativo de la campaña “Stop Big Media”, que ha logrado frenar parcialmente el empuje hacia la concentración mediática. Ante tales medidas, no ha faltado una reacción por parte de los medios de difusión comerciales, que sienten amenazado su poderío; sin duda es por ello que han accedido a abrir un debate sobre su rol, tema que normalmente evaden. El mensaje que vehiculan, bajo el manto de la libertad de expresión, es que los medios de comunicación son, y deben permanecer, intocables: cualquier medida para corregir los desequilibrios que ha generado un sistema mediático mercantilizado y concentrado equivaldría a “censura”; sencillamente consideran que no cabe adoptar políticas públicas en esta área. Esta estrategia ha logrado generar desconcierto en la opinión pública, al confundir la libertad de expresión —como derecho ciudadano— con la agenda privada de los medios de difusión. En este contexto, cabe preguntarnos si el control corporativo de los medios no es hoy una de las principales amenazas a la libertad de expresión y al derecho a la información, siendo que hay una carencia de mecanismos de protección del interés público frente a ello. Toda vez, este debate también implica un reto particular para el movimiento por la democratización de la comunicación; pues las distintas interpretaciones de la libertad de expresión, y el grado de aceptación o no de políticas públicas, ha generado divergencias entre actores del propio movimiento, que podrían debilitar su capacidad de acción conjunta. El tema apela a un debate con madurez para buscar un terreno común.