Mundo Legislativo No. 61 by Mundo Legislativo

ESCENARIO

Caen ingresos y remesas de mexicanos en EU.

n febrero las remesas que ingresaron al país sumaron mil 548.8 millones de dólares, lo que significó una disminución de 14.1 por ciento respecto a lo que se envió en igual periodo de 2009, según el Banco de México. En su comparativo anual, esto significa la contracción número 16 de manera consecutiva, lo que explica que desde octubre de 2008 los recursos monetarios que envían los mexicanos -radicados en otros países- a sus familiares tienen saldo negativo. Además, para un segundo mes, las divisas que ingresaron al país resultan las más bajas desde 2005, cuando entonces llegaron mil 428.3 millones de dólares. La disminución de las remesas que envían los migrantes se debe a la aún elevada tasa de desempleo en Estados Unidos (9.7 por ciento), donde radica el mayor número de mexicanos y de acuerdo con el secretario del Tesoro de esa nación, Timothy Geithner, esa situación durará un largo tiempo.

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Otra Ley contra la piratería

l pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas en materia penal para que la Procuraduría General de la República (PGR) persiga de oficio a quienes incurran en prácticas de piratería. Durante la sesión ordinaria en el palacio Legislativo de San Lázaro se aprobaron con 359 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones las reformas a los artículos 429 del Código Penal Federal y el 223 BIS de la ley de la Propiedad Industrial, a efecto de establecer que se perseguirán de oficio los delitos contra la propiedad intelectual. Con la presencia del cantautor, Armando Manzanero y del escultor Sebastián en el Salón de Plenos, se aprobaron las reformas que dan nuevas herramientas a las autoridades para combatir a la piratería, ya que podrán realizar operativos en vía pública, tianguis, mercados y expendios que vendan productos falsificados.

¡Por fin!...Aliados o enemigos. Crea el PRD Comité para “destituir” a Calderón

e acuerdo con el diputado federal Agustín Guerrero, el objetivo del comité es promover una consulta ciudadana del 22 al 24 de mayo para saber si la ciudadanía capitalina -¿Y el resto de la población?- quiere que Calderón siga al frente de la presidencia, o rechaza su gestión “por su incapacidad para gobernar”. (Ahora puede reírse). La decisión de crear las comisiones fue tomada ante la gravedad de la situación que vive el país, tanto en el deterioro de la vida pública como en la privada de los mexicanos. “La decadencia y la descomposición social son alarmantes” añadió. Y ejemplificó: “Pongo un caso: el PRI y el PRD le han pedido la renuncia a Javier Lozano, que despacha en la Secretaría del Trabajo; también, en su momento, se le pidió a Agustín Carstens (que dimitiera) cuando era secretario de Hacienda e hizo el diagnóstico de la situación económica del país, encubriendo la crisis en la que ya estábamos”. Entonces, agregó, debido a que la Constitución prevé la remoción de algún

servidor público a través del juicio político, los partidos políticos se pueden organizar para que un funcionario que dañe o afecte seriamente la estabilidad o la gobernabilidad sea enjuiciado y separado del cargo… ¡Cuanta demagogia de este diputado!

ESCENARIO

Calderón “narcotiza” el Presupuesto 2011

Ahora un Cepropie de Gobernación… ¡Gooool!

a creación del nuevo Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, publicado el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, generó duras críticas por parte de senadores priistas, quienes consideraron que es “herramienta electoral”. Tiene por objeto la generación, producción y distribución de contenidos audiovisuales, así como la prestación del servicio de radiodifusión. La senadora priista María del Socorro García Quiroz consideró que “no se entiende la necesidad de crear otra institución, en lugar de aprovechar y fortalecer las ya existentes”. Dijo que el nuevo organismo, al estar sectorizado en la Secretaría de Gobernación, “tiende a ser una extensión de las oficinas de Comunicación Social dependientes del Ejecutivo federal”. Su correligionario, el senador Francisco Arroyo Vieyra, calificó de “bodrio” el decreto presidencial, y expuso que las razones que lo motivan son “rarísimas”… Pues se van a quedar sentados esperando, porque Calderón ni caso.

A la cárcel los delincuentes a partir de 14 años.

a Cámara de Diputados dio entrada a una iniciativa del PRI para reducir la edad penal con objeto de que jóvenes mayores de 14 años reciban penas similares a las aplicadas a los adultos por delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada. El diputado Omar Fayad, presentó la iniciativa de reforma al Artículo 18 de la Constitución, que pretende internar en cárceles a los adolescentes que cometan penas graves. “Considero que es pertinente utilizar el consabido principio de proporcionalidad a los nuevos fenómenos sociales. La iniciativa pretende establecer una medida legislativa de carácter preventivo, general y especial: disuadir a los menores de edad, mayores de 14 y menores de 18 (años) para que no formen parte de la delincuencia organizada. “Desincentivar que la comisión de delitos graves sea su modus operandi y de que en caso de que los cometan, sean internados”, añadió.

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l gobierno de Calderón planteó que el próximo año el gasto neto presupuestario aumentará en 72 mil 300 millones de pesos con relación a 2010. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendría en 2011 recursos adicionales por mil 144 millones de pesos. La Cámara de Diputados recibió de la Secretaría de Hacienda las proyecciones económicas para 2011. Durante la sesión ordinaria del pasado martes 5 de abril, se plantean un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4%, y el barril de petróleo en 65.07 dólares. Asimismo el tipo de cambio en 13.1 pesos por dólar; y un aumento en la recaudación de 115 millones de pesos respecto a 2010. Las proyecciones económicas no prevén la aprobación de una nueva Reforma Hacendaria en el Congreso de la Unión. Las proyecciones del Ejecutivo federal para 2011 señalan una baja en la producción petrolera, que pasará de dos millones 507 mil barriles diarios calculados para 2010 a dos millones 500 mil barriles. Entre los programas prioritarios para 2011 se prevén recursos por cuatro mil 518 millones para subsidios en materia de seguridad pública para los estados, los municipios y el Distrito Federal. Para el Registro e Identificación de la Población, recursos que operará la Secretaría de Gobernación (Segob) se proponen mil ¡116 millones de pesos! ; para el Programa Oportunidades se prevén 24 mil 59 millones; y para equipo de la Secretaría de Marina (Semar) recursos por 335 millones de pesos.

ESCENARIO

Se va el Ejército de Juárez… La delincuencia, igual o peor.

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a Policía Federal asumió a partir del 8 de abril pasado la vigilancia de Ciudad Juárez, dio a conocer Facundo Rosas Rosas, comisionado de la PFP. Dijo que cinco mil elementos patrullarán las calles, aunque declinó dar los nombres de quienes estarán a cargo de Seguridad Pública Municipal y de Tránsito. Para esta nueva estrategia, anunció que se contaran con 4 aeronaves, se instalarán 39 puntos de revisión en las zonas más conflictivas de la ciudad, participarán 40 agentes que se dedicaran únicamente a inhibir la extorsión y el secuestro. En conferencia de prensa, manifestó también que todos los lunes se realizarán reuniones en la Secretaría de la defensa nacional (Sedena) y se intercambiará información diariamente con otras corporaciones policiales para en conjunto combatir al crimen organizado. “El punto toral de esta nueva etapa es que la ciudadanía recupere la confianza, no hemos perdido terreno contra la delincuencia y seguiremos combatiéndolos hasta recuperar la tranquilidad en la ciudad”, puntualizó el funcionario federal.

Ordena el IFAI divulgar el valor de los “narcobienes” y los casos sobre la guerra sucia en México en los años 70’s

l Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) ordenó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) divulgar el monto de los bienes decomisados al narco entre 2000 y 2009. El SAE debe informar el valor real y de venta de cada bien inmueble enajenado, ya que al transparentar la información se garantiza que se aceptará la mejor oferta y el Estado podrá obtener el mayor valor de recuperación posible por su venta. Durante 9 años, la dependencia había mantenido bajo reserva tanto los bienes y empresas aseguradas o decomisadas al crimen organizado, así como su valor, ubicación y nombres de los propietarios. Port otra parte, la Procuraduría General de la República (PGR) perdió uno de los juicios más importantes que ha promovido para evitar cumplir con las órdenes que le ha girado el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) para que divulgue algunas averiguaciones previas a su cargo. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró improcedente el juicio que había iniciado la PGR para no dar a conocer el expediente del caso Rosendo Radilla, vinculado con la desaparición de éste y otras 121 personas durante la llamada guerra sucia en la década de los años 70.

La pobreza es un tema pendiente en AL: Peña Nieto

l gobernador Enrique Peña Nieto sostuvo que la disminución de la pobreza en Latinoamérica ha sido un tema pendiente, ya que durante los últimos 20 años apenas se ha reducido 8 por ciento el número de familias que se encuentran en esta condición. Como parte de su segundo día de actividades en el Foro Económico Mundial Latinoamericano desarrollado en Colombia, el mandatario estatal sostuvo que

se requiere una visión a largo plazo para “construir un desarrollo sostenido y sustentable…para abatir los históricos rezagos de la pobreza y la marginación”. “Hoy es urgente alentar un crecimiento económico sostenido a partir de cambios institucionales, pues como lo han determinado expertos economistas, en el retraso de nuestra región subyace la histórica inestabilidad macroeconómica latinoamericana,

expresada en la volatilidad del producto per cápita, altas inflaciones y crisis recurrentes”.

ESCENARIO

Una reforma permitirá radios comunitarios

Otro lamento “del Estado” por muerte de más niños

l secretario de Gobernación, Fernando Gómez, lamentó la muerte de dos niños durante el enfrentamiento entre sicarios y elementos del Ejército del pasado 3 de abril en Nuevo Laredo. “El gobierno federal se une a la pena que embarga a lo familiares de los caídos en este enfrentamiento”, señaló. En conferencia de prensa, acompañado del gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández y del secretario de Seguridad Genaro García, Gómez detalló que “al llegar a la zona, un grupo de sujetos armados atacaron a los elementos del Ejército, quienes repelieron la agresión”. Fue derivado de esos enfrentamientos que fallecieron los menores Bryan Almazán Salazar de 5 años de edad y Martín Almazán Salazar de 9 años de edad. El secretario aseveró que los hechos ya están siendo investigados, para que en su momento de “manera sería y clara” sean informados los familiares de los resultados que dictaminen con claridad la manera en que sucedieron estas pérdidas. Si son “informados” como los de los estudiantes de Tec, ya se pueden quedar sentados. Pero eso sí, dice el responsable de la política interior que “al Estado Mexicano le duele mucho las muertes de las personas de bien”. Menos mal.

Reta consorcio de España la aplicación de la Ley en México… ¡Y no pasa nada!

ovistar continúa con su campaña en contra del corte de líneas de teléfonos celulares que no sean registradas ante el sistema del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) y envió un mensaje de texto para tranquilizar a sus usuarios. La compañía envió un SMS a sus usuarios que dice: “Estimado cliente no te preocupes no te cortaremos el servicio, regístrate ante RENAUT en www.movistar.com.mx en Servicio al Cliente o en el banner RENAUT”. Esto, a un día de que se venza el plazo para el registro de teléfonos celulares, Telefónica Movistar anunció que continuará brindando el servicio a sus clientes, a pesar de que no hayan registrado sus números telefónicos móviles. A través de un comunicado, la empresa que preside en México Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, dejó en claro que no suspenderá las líneas de los usuarios que no se sometan ante el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT). No sólo eso, sino que inclusive, dijo, acudirá a los tribunales para defender los derechos constitucionales de sus clientes.

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a Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado aprobó el dictamen de reformas a la Ley Federal de Radio Televisión y Telecomunicaciones que reconoce los medios públicos y establece los medios comunitarios. Un dictamen que el presidente de la Comisión, el senador Carlos Sotelo, presentó en diciembre de 2009. Según el proyecto, avalado con seis votos a favor y dos abstenciones, se autoriza a los pueblos y comunidades indígenas a adquirir, operar y administrar medios de comunicación. Al igual que los comunitarios, los medios indígenas podrán financiar su operación mediante donativos, venta de productos o servicios, patrocinios y publicidad equivalente al 5 por ciento del tiempo aire. Para ello, se crea el Fondo Público para financiar la migración digital de las radios públicas, comunitarias e indígenas, también conocidos como medios permisionados. Se incluye la figura de prórroga de las concesiones en lugar del refrendo y el Estado se reserva el derecho de comprobar su buen uso. Además, se instaura el Programa Temporal de Reconversión Telefónica para el cambio de bandas de frecuencias de las estaciones de Amplitud Modulada (AM) a la banda de Frecuencia Modulada (FM) en la misma plaza. Para ello, las frecuencias de AM deberán operar hasta por tres años y al final se reintegrarán al Estado. El dictamen también deroga el acuerdo administrativo del presidente Calderón para otorgar combos, se precisó en el proyecto fue avalado con los votos de los senadores del PRI y PRD, mientras que los senadores del PAN se abstuvieron de sufragar.

DIRECTORIO Francisco Ramírez R. Director mundolegislativo@hotmail.com “Estación San Lázaro” Rafael Cardona Sandoval Crónica Parlamentaria Patricia Arnaud Editora para Estados del Bajío Claudia Ramírez Ugalde E-mail: salk2906@hotmail.com Colaboradores Miguel Ángel Ramírez; Verónica González; Mariana Abad; Julieta Campos; Julio León Sardaneta EML-Global Sintesis y Página WEB Jorge Ramírez Ugalde Diseño L.D.G. Saby Ramírez Chávez. saby@linea-creativa.com.mx Agencias-Fotografía Punto y Línea Comunicación Mundo Legislativo Dirección Comercial Guadalupe Ugalde Inestrillas Tel 5513-1293 E-mail: tvmexico@prodigy.net.mx Carretera F. C. 5671. México, DF. C.P. 14650 E-mail: tvmexico@prodigy.net.mx • MUNDO LETRAS E IMAGEN LEGISLATIVO • © Año V. No. 61 Edición Mensual del 15 de abril 2010. Editor responsable: S. Francisco Ramírez R. Reserva de Título No. 04-2004-102617472400- 102. Certificado de Licitud 14366 y Certificado de contenido 11939 Prohibida la reproducción. Impreso por Publigrafic Internacional S.A. de C.V. Distribuida por ML. Aguascalientes 199. Col. Cuauhtémoc, México, D.F.

En portada Los senadores Gustavo Madero (PAN), Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Carlos Navarrete (PRD), líderes de la Cámara Alta, donde se aprobó una de las reformas en materia de Derechos Humanos, más importante en la historia del país.

EDITORIAL

Buena reforma, mala aplicación Una de las reformas aprobadas más importantes en los últimos decenios en México, ha sido votada ya por el Senado y lo será en la Cámara de Diputados, y se refiere a la protección que debe de tener la persona en materia de derechos humanos, los cuales no podrán ser suspendidos ni en Estado de excepción, y destacan entre otro que: La reforma contempla que el Presidente de la República no podrá declarar el Estado de excepción, sin intervención de los Poderes Legislativo y Judicial. La interrupción de garantías no suspenderá derechos humanos Se prohíbe la pena de muerte en México y la violación a la integridad personal La suspensión de garantías, sólo por “motivos reales” no fantasías La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), podrá ahora investigar a los gobernadores, alcaldes, legisladores, secretario de Estado u otros funcionarios federales, cuando se presuma violaciones a los derechos humanos de las personas, y lo mejor, podrá iniciar una querella penal o civil en su contra. Es una importantísima reforma que curiosamente ni el propio Senado respaldó con una campaña de difusión, para que la sociedad la conociera, y ha sido un trabajo legislativo impecable para su aprobación por parte de las fracciones ahí representadas. Falta aún el voto de los diputados federales y estatales, pero es casi seguro que se aprobará antes de fin de año. La reforma es importante, pero lo fundamental será su aplicación y observancia, empezando por los órganos de seguridad del Estado, que ahora se han vuelto represivos y practican la tortura, como lo ha documentado la propia CNDH, pese a estar prohibido y castigado por la Ley, sin que el o los gobiernos hagan nada al respecto. Es un gran avance, como damos cuente en esta edición.

Francisco Ramírez R.

ESCENARIO

Que renuncien a Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS

Calderón “descubre” que los maleantes son minoría

“Q

ue entiendan que los mexicanos no nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes, que son una ridícula minoría, montada sobre el miedo, la corrupción o la cobardía de muchos durante mucho tiempo. Aquí se toparon. Porque estamos decididos, precisamente, a limpiar a México”, dijo el presidente Felipe Calderón durante una sesión de preguntas y respuestas en la comida de Clausura del XXIV Encuentro Nacional de Vivienda, al ser cuestionado sobre los grupos criminales. Pues no puede con esa “minoría”, porque el país está de cabeza.

Castigan funcionario que había diseñado una reforma monetaria que fracasó

ak Namki un responsable norcoreano de finanzas, fue ejecutado tras implementarse una reforma monetaria que provocó motines en el país comunista. Este ex director de planificación y finanzas del gobierno, destituido a comienzos de febrero, fue ejecutado en marzo pasado en un cuartel en la capital, Pyongyang, informó la agencia surcoreana Yonhap. La prensa de Corea del Sur informó a principios de febrero que Pak, 77 años, había sido destituido por el número uno norcoreano, Kim Jong-il, a raíz de la revaluación del won, en noviembre, que provocó una subido de precios, agravó la escasez de alimentos y provocó disturbios en el país. Un decreto del 30 de noviembre puso término a la circulación de los billetes norcoreanos e impuso su cambio por otros, nuevos, a una tasa de 100 por uno, una reevaluación del 100% en la práctica. Además, la cantidad de billetes que podía cambiarse fue limitada a un tope, lo que tuvo como efecto arruinar los ahorros de la población, lo que provocó un gran descontento. Esta primera revaluación del won en 17 años, aparentemente destinada a liquidar la inflación y a frenar las transacciones en el mercado negro, tuvo el efecto contrario de impulsar la inflación y exacerbar la escasez de alimentos, según Yonhap.

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l diputado Agustín Guerrero Castillo, propuso un Punto de Acuerdo, para pedir al presidente Calderón “a remover de inmediato al ex director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas” Recordó que el día 1 de marzo, la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer su informe preliminar, cuyas conclusiones han venido a remover la indignación y el dolor del pueblo de México por la muerte de 49 niñas y niños como producto del incendio de la guardería ABC, del 5 de junio del año pasado, mismo que también provocó lesiones a más de 70 infantes. Este informe sobre todo ha fortalecido la exigencia de justicia, firme y expedita, en contra de los probables responsables, entre los que, de acuerdo al informe de la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia, se anota al ex director general del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas. Igualmente se menciona con presunta responsabilidad al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours y al ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou. Destacó otras cifras aterradoras: 49 por ciento de las guarderías subrogadas carecen de constancias de protección civil vigente y sólo 409 de las 1 mil 480 en operación, tienen el visto bueno del cuerpo de bomberos.

Adquiere rango constitucional la defensa de los Derechos Humanos

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EL Presidente no podrá declarar el Estado de excepción, sin intervención de los Poderes Legislativo y Judicial La interrupción de garantías no suspenderá derechos humanos Se prohíbe la pena de muerte y violentar integridad personal La suspensión de garantías, sólo por “motivos reales” no fantasías Jorge Ramírez Ugalde/ MUNDO LEGISLATIVO

Los funcionarios públicos estarán obligados a responder a las recomendaciones y en caso de no hacerlo, el Senado o la Comisión Permanente y los congresos locales los citarán a comparecer para explicar el motivo de su negativa. Según el dictamen aprobado, la CNDH podrá investigar presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de gobernadores, alcaldes, legisladores o funcionarios del Ejecutivo federal, facultad que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con ello, la CNDH y los organismos estatales de derechos humanos podrán presentar las denuncias penales o civiles que considere procedentes en contra de dichos funcionarios y representantes populares. Además, los funcionarios públicos estarán obligados a responder a las recomendaciones y en caso de no hacerlo, el Senado o la Comisión Permanente y los congresos locales los citarán a comparecer para explicar el motivo de su negativa. Otras de las facultades que tendrá la Comisión Nacional de Derechos Humanos será emitir recomendaciones en materia laboral,

además de otorgar autonomía a los organismos públicos estatales. Las reformas aprobadas establecen expresamente que la CNDH puede ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales, estatales y del Distrito Federal que vulneren los derechos humanos. De igual manera, se precisa que se debe fundar y motivar la suspensión de garantías y el Estado de Excepción con base en la proporcionalidad, la legalidad, la proclamación, la publicidad y la no discriminación. De esta manera, la reforma en materia de derechos humanos es la “más importante de todos los tiempos en México”, los cuales quedan bajo la garantía de la Constitución, según afirmaría el senador del PAN Santiago Creel Miranda. P e r m i t e q u e l a C ND H t e n ga acceso a toda la información que requiera para su investigación, sin que se

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l Senado aprobó con 96 votos a favor reformas para elevar a rango constitucional la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Las reformas señalan que la interrupción de garantías no podrá suspender derechos humanos como el reconocimiento de la personalidad jurídica a la vida, a la integridad de la persona, al nombre, a la protección de la familia y la prohibición de la pena de muerte. La suspensión de garantías y el estado de excepción solo podrán declarase por motivos reales con base en la proporcionalidad, la legalidad, la proclamación, la publicidad y la no discriminación. La suspensión de garantías deberá ser aprobada por las dos Cámaras del Congreso –y no por la Comisión Permanente- y la Corte revisará la constitucionalidad del Estado de Excepción y se pronunciará de inmediato al respecto. El dictamen avalado modifica el nombre del Capítulo Primero de la Constitución Política, que a partir de ahora se denominará “Los derechos humanos y sus garantías”. La reforma contempla que en caso de persecución política, toda persona tendrá el derecho de solicitar y recibir asilo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tendrá la facultad de investigar la violación de derechos humanos y laborales. Es una reforma que constituye una victoria para la sociedad en la materia, coincidieron organismo y especialistas en el tema, que lo han impulsado desde hace varios años. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene ahora la facultad de investigar la violación de derechos humanos y laborales, para lo cual deberá contar con toda la colaboración e información por parte del Estado.

Según el dictamen aprobado, la CNDH podrá investigar presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de gobernadores, alcaldes, legisladores o funcionarios del Ejecutivo federal, facultad que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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p u e d a a r g u m e n tar la confidencialidad, pero ordena a la Comisión a mantener la reserva de toda esa información, a fin de no dañar a terceros. También ordena que las Constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal garanticen la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. Una vez aprobada por el pleno esta reforma, todo ciudadano mexicano podrá acudir a los tribunales a hacer valer sus derechos, pero también a exigir una reparación por esa violación. Y, como consecuencia de esa investigación, la CNDH podrá presentar las denuncias penales o civiles que considere procedentes. Adicionalmente, con esta reforma, las autoridades que no acepten las recomendaciones de la CNDH tendrán que explicar al Senado de la República, en audiencia pública, las razones que fundamentan su decisión. Creel Miranda explicó que también queda en el artículo Tercero de la Constitución, que todos los estudiantes de México tengan los conocimientos básicos de los derechos humanos. En cuanto a la política exterior, la reforma establece el principio

de que el Estado Mexicano está obligado a promover los derechos humanos, no solo en el país, sino en todos los foros internacionales. También se constituye el derecho de asilo y la facultad de audiencia para los extranjeros que estén en proceso de expulsión, por presunta violación al artículo 33 constitucional. La suspensión de garantías queda normada, al afirmarse que los derechos humanos nunca se pueden suspender, como el derecho a la vida, el derecho político, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la prohibición de la pena de muerte, el derecho a no ser torturado. “Todos esos derechos jamás podrán ser suspendidos, en ninguna circunstancia, por más graves o difíciles sean las condiciones en el país”. Creel Miranda manifestó que existe unanimidad de los senadores en cuanto al papel que el Ejército está jugando. “No se pueden quedar sin base constitucional nuestras fuerzas armadas, en qué condiciones, cuándo, en qué tiempo, bajo qué circunstancias debe dar esta lucha por la seguridad pública y la seguridad interior del país”.

Todas estas modificaciones, explicaron, “se enmarcan en la Reforma del Estado y vamos a seguir con los derechos ciudadanos, por ejemplo el referéndum, para que el ciudadano pueda ser consultado acerca de las grandes decisiones del país, así como las candidaturas independientes”. La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados para su ratificación y posteriormente deberá tener el respaldo de la mitad más uno de los congresos estatales. Los cambios aprobados, remitidos a la Cámara de Diputados, forman parte de la Reforma Política que actualmente discute el Senado y representa el trabajo de los diferentes integrantes de los partidos políticos en ese órgano legislativo. A favor del dictamen se pronunciaron los presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro Joaquín Coldwell y el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Alejandro Zapata. También intervinieron para destacar la importancia de las reformas, que modifican 10 artículos constitucionales y protege 20 garantías individuales, siete senadores de las diferentes bancadas legislativas.

Impone La Corte, barreras a la CNDH para obtener información de la PGR te de Justicia que las investigaciones que constan en las averiguaciones previas de la PGR pudieran darse a conocer a los organismos públicos defensores de los derechos humanos, “para poder establecer si están actuando de conformidad con lo que establece la Constitución, o bien si se están desviando del camino y actuando en algún tipo de ilegalidad. Al no contar con esta información, abundó Plascencia, “es evidente que coloca una gran barrera en materia de investigación, en materia de defensa de los derechos humanos, en materia del ejercicio por parte de toda la sociedad de sus derechos humanos”. Adelantó que “sería muy importante” establecer comunicación con el Poder Legislativo para encontrar medidas de solución al asunto emanado de la resolución de la SCJN. “Buscaré los canales con el Congreso de la Unión para platicar sobre alguna reforma que permita en buena medida darle a la sociedad mexicana garantías de que el servicio público se ejerza con estricto apego a la Constitución, con estricto apego a la ley, pero sobre todo de cara a la sociedad”, dijo Raúl Plascencia. Recordó que en los últimos años en México se instauraron procedimientos y modificaciones legales en pro de los derechos humanos y la transparencia. Detalló que los cambios relacionados con la transparencia están inscritos en el artículo sexto de la Constitución y la instauración de juicios orales. Con la reforma a la Carta Magna, dijo, “se buscaba por parte del Constituyente una transparencia total a todas las dependencias públicas, particularmente a las vinculadas con la justicia”. Y en materia de juicios orales “buscamos procesos penales totalmente abiertos de cara a la sociedad”, apuntó el ombudsman.

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a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) levantó una barrera en contra de la sociedad en materia de acceso pleno a la justicia, al fallar en favor de la Procuraduría General de la República (PGR) al permitir que pueda limitar la entrega de información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva. Con la sentencia de la Suprema Corte “se limita la posibilidad de transparencia, de apertura, de justicia de cara a la sociedad, pues representa un serio retroceso y una seria limitación al ejercicio de las libertades”, añadió el presidente de la CNDH en entrevista con EL UNIVERSAL. El 10 de marzo pasado, en votación dividida (siete contra cuatro), el máximo tribunal del país validó cambios legales que permiten a la PGR limitar la entrega de información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El ombudsman nacional dijo que el fallo implica “una barrera más en el acceso a una plena justicia, y sobre todo a procedimientos transparentes y legítimos por parte de la autoridad”. Lamentó la resolución de la Suprema Corte debido a que “no hay nada más grave que limite una buena procuración de justicia que la opacidad. Parecía que nuestro país ya había superado estas condiciones en donde la opacidad era lo que reinaba en los procesos penales; sin embargo, ahora tenemos esta limitación, no sólo para la Comisión Nacional, sino para la sociedad mexicana en general”, explicó el ombudsman. Dijo que la CNDH proponía ante la Suprema Cor-

Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO

Presenta el PRI su propuesta de Reforma del Poder Público, en la Cámara de Diputados

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Plantea, de nuevo, la asistencia del Presidente el 1 de septiembre Proponen plena autonomía al órgano recaudador, el SAT Capacidad municipal para cobrar predial a inmuebles federales Prolongar las disposiciones rectoras del Presupuesto, llegado el plazo Modificar o eliminar la figura del arraigo, de la que se ha abusado Vencido el Plazo, el Congreso podrá publicar leyes o decretos Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO

l Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Cámara de Diputados, presentó su propuesta de reforma política, que tiene como propósito “estar muy por encima de intereses de cualquier tipo; tiene que superar motivaciones electorales, inquietudes publicitarias o afanes que no se orienten a solventar las necesidades de la gente”, señalaría César Augusto Santiago, al hacer la presentación de la iniciativa a nombre de su bancada. El poder público tiene que reformarse para satisfacer las aspiraciones del pueblo de México, señalaría en tribuna el legislador. Tiene que volver a ser oportunidad y esperanza, para que los mexicanos con libertad e igualdad, puedan satisfacer sus aspiraciones. Sostuvo que el PRI en la Cámara de Diputados, propone una iniciativa para contribuir a lograr la reforma del poder público, con un sentido práctico e integral en los tres Poderes de la Unión, que muestra la respetabilidad que otorgamos a cada uno de ellos, en un esquema de colaboración eficaz que debemos fortalecer. César Augusto Santiago explicó -en la sesión del pasado 23 de marzo- su relevancia, en la forma y el fondo. En el fondo, porque en esta primera presentación se esmera en tratar temas de los tres Poderes de

la Unión, los organismos autónomos, y las entidades federativas y municipios del país. En el fondo, porque no solamente habla de las cuestiones políticas en boga, propone ver los temas electorales, pero también aquellos otros que garanticen la gobernabilidad y la justicia. “La iniciativa que proponemos principia por la Cámara de Diputados, no sólo para eficientar la labor legislativa, sino para incidir en su facultad de fiscalización de los recursos públicos”, dijo. La iniciativa prevé retomar el Informe Presidencial; plena autonomía del SAT; municipalizar las delegaciones en el DF; limitar el arraigo, e incluso

“La iniciativa que proponemos principia por la Cámara de Diputados, no sólo para eficientar la labor legislativa, sino para incidir en su facultad de fiscalización de los recursos públicos” César Augusto Santiago

La reforma abarca: Prolongar este Periodo de Sesiones hasta el mes de junio. Resolver las cuestiones del quórum de la Asamblea, para eficientar el trabajo de las comisiones, su dictaminación y abatimiento del rezago. Propone un nuevo diseño para el Informe Presidencial, que deberá acompañarse con informes trimestrales de los secretarios de despacho, del Consejo de Seguridad Pública y de la Contraloría del IFE. A semejanza del Ejecutivo y el Judicial que pueden citar a particulares, creemos que el Poder Legislativo debe poder citar también a particulares, para la eficacia de sus investigaciones. Propone, la reconducción presupuestal con conceptos de balance y equilibrio en las finanzas. Están también las normas necesarias para adelantar los informes y precisar la eficacia de la rendición de cuentas en el Órgano de Fiscalización Superior.Propone darle autonomía plena al Sistema de Administración Tributaria (SAT). De manera destacada, propone el que la Cámara de Diputados apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, para que sea en verdad el eje vertebrador de las políticas, pero también de la evaluación de sus resultados para terminar con programas inútiles. En el Senado proponemos ampliar sus facultades para que ade-

más de ratificar los tratados, autorice convenios, cartas de intención etcétera, que tengan efectos económicos en el Estado Mexicano. Concede al tema del agua calidad estratégica al reformar el Artículo 27 constitucional, para un rediseño institucional en la materia. En el Distrito Federal, inició con una propuesta para municipalizar las delegaciones políticas, así también varias reformas que tienen que ver con el desarrollo metropolitano.

Fuerza al Municipio Es tiempo, diría en su exposición de motivos César Augusto Santiago, de que los municipios de México puedan cobrar impuestos prediales por los inmuebles públicos asentados en sus demarcaciones. En lo electoral proponemos para garantizar la gobernabilidad, la eliminación de la clausula que impide la formación de mayorías estables. También el voto a los ciudadanos de 18 años para ser electos a la Cámara de Diputados y una sexta circunscripción para los migrantes. En el ámbito judicial, proponemos la evolución de los Tribunales Unitarios a Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación y precisiones en materia del arraigo. La iniciativa prevé en cuanto a la aprobación de leyes o de decretos por parte del Congreso, y en el supuesto de que haya concluido el período para formular observaciones y el Presidente de la República no promulgue ni pu-

blique el ordenamiento aprobado por el Poder Legislativo, corresponderá al Presidente de la de la Cámara de Diputados ordenar dicha publicación en el Diario Oficial de la Federación. En cuanto a los Congresos locales: acota su manifestación de si aprueban o rechazan, de manera conjunta o integral, la minuta con proyecto de Decreto que han recibido; es decir, deben pronunciarse sobre el texto recibido sin posibilidad alguna de modificarlo. “Quiero concluir hablando de la forma, que en este caso, da pleno sentido al fondo. Es una iniciativa que no surge por una decisión vertical. Viene de la horizontalidad espléndida de un sinnúmero de propuestas presentadas por un importante número de diputados del PRI, de todas las regiones”, señaló el diputado a nombre de su bancada Esta primera propuesta por tanto, dijo, recoge el sentir de todas las regiones. No pretendemos la exclusividad, ni mucho menos pensamos que nuestra reforma es o debe ser la única. Afirmó que el en el PRI, “no sucumbimos a la grandilocuencia que se ufana en postular lo propio como lo único. Preferimos servirle al país en este momento de crisis. Esta primera iniciativa es nuestra mejor convocatoria para que todos ustedes, compañeras y compañeros representantes de la nación, participen en la idea de reformar el poder público, para hacerlo consecuente con los requerimientos de nuestra gente”.

En el Senado proponemos ampliar sus facultades para que además de ratificar los tratados, autorice convenios, cartas de intención etcétera, que tengan efectos económicos en el Estado Mexicano.

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“prever el efecto de prolongar para el año fiscal siguiente las disposiciones rectoras de los ingresos y los egresos públicos del año previo”, en caso de que llegado el plazo, no hubiese consenso para la aprobación del nuevo Paquete presupuestal, entre otras como la mayoría parlamentaria.

Los Derechos Humanos Por Santiago Creel Miranda/ MUNDO LEGISLATIVO

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l Senado de la República aprobó por unanimidad, el jueves pasado, una reforma que modifica varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. La reforma parte de la premisa de que no hay materia más importante en una democracia moderna, que los derechos humanos. Abarca su reconocimiento, protección y promoción por parte del Estado Mexicano, tanto en la política interna como en la política exterior. Se reconocen como derechos inherentes a la persona, por el simple hecho de serlo y, en consecuencia, el Estado no los podrá suspender o revocar. En esto radica su trascendencia. Mediante estas adiciones, se protege a toda persona sin distinguir su condición social, jurídica o política. Incluye todos aquellos derechos que hoy están contenidos en nuestra Constitución, independientemente de donde se ubiquen – sean como garantías individuales, como garantías sociales, o en cualquier otro título o capítulo– y se extiende también a los comprendidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Con la reforma, estos derechos gozarán con plena protección jurisdiccional, puesto que los tribunales estarán obligados a resolver conforme a este nuevo arreglo constitucional. Así, por ejemplo, ante violaciones por derechos políticos, laborales, de ecología y medio ambiente, cualquier persona en territorio mexicano contará con medios de defensa para hacerlos exigibles. Actualmente, por increíble que parezca, los tribunales federales se

han declarado, invariablemente, incompetentes para resolver las controversias suscitadas por violaciones a los derechos humanos, contenidos en tratados internacionales. También, la reforma prevé que bajo ninguna circunstancia podrán suspenderse o restringirse el ejercicio de los derechos, tales como el derecho a la vida, a la no discriminación, a la personalidad jurídica, a la integridad personal, a la libertad de conciencia o la libertad de de religión, entre otros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido la facultad para investigar hechos que constituyan graves violaciones a las garantías individuales. Cuando se han suscitado este tipo de violaciones, inclusive comprobadas por la Corte, sencillamente no ha habido manera de fincar responsabilidad. Esto, sin duda, aparte de generar una enorme injusticia, provoca una gran frustración social y debilita institucionalmente al máximo tribunal del país. Con lo que aprobó el Senado, esta facultad pasa a la CNDH que, además de investigar, podrá presentar las denuncias que permitan llegar hasta las últimas consecuencias en cada caso, es decir, al fincamiento de responsabilidades concretas, a la aplicación de sanciones y algo muy importante: también deberá reparar el daño a las víctimas. Asimismo, establece que las autoridades que rechacen las recomendaciones de la CNDH deberán fundar, motivar y publicar las razones de su decisión y, además, podrán ser citadas a comparecer ante el Senado de la República para dar cuenta de su negativa.

Igualmente, se aprobó que se unifiquen los criterios para que las comisiones estatales gocen de plena autonomía y sus presidentes sean electos mediante un procedimiento de consulta pública, para evitar que estos organismos queden subordinados a los gobernadores. Los cambios realizados no solamente incluyen cuestiones de política interior. También obligan al Estado mexicano para que los derechos humanos sean el referente obligado de la política exterior, independientemente de las relaciones políticas o comerciales que pueda mantener con países que no garanticen la plena vigencia de los derechos humanos. La reforma es tan amplia, que incluye modificaciones al artículo 3º Constitucional, a fin de que en todo el sistema educativo nacional se promueva una cultura de los derechos humanos, para que desde la infancia se inculquen los valores del respeto a los derechos de cada persona. Pocas veces hemos estado ante una reforma constitucional de esta magnitud, que ha sido precedida de un amplio debate, rico en su pluralidad, profundo en su reflexión y efi caz en sus resultados. Una reforma que pone a México en el camino de convertirse en una democracia moderna. Con esta reforma los senadores del Partido Acción Nacional regresamos a nuestros orígenes, defendemos nuestros principios y hacemos avanzar el ideario político, fundado en una visión humanista, cuyo eje fundamental es el respeto a la dignidad de la persona.

Casi 250 mil asuntos llevaron el TFJFA ley, a finales de 2000, cambió la denominación del organismo a Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La nueva Ley Orgánica vigente, que fue publicada y entró en vigor en diciembre de 2007, permitió que el TFJFA quedara integrado como hasta hoy, en una Sala Superior con 13 magistrados; 12 salas Regionales Metropolitanas, 31 Regionales Foráneas y una Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, con tres magistrados cada una de ellas, y la Junta de Gobierno y Administración (JGA), integrada por cinco magistrados. Esta última es la encargada de la disciplina, la vigilancia, la administración y la carrera jurisdiccional en el Tribunal. Los magistrados que la integran son dos de la Sala Superior, otros tantos de las Salas Regionales y el Presidente del Tribunal que, a su vez, preside la propia Junta. El Tribunal también cuenta con 5 magistrados supernumerarios, cuya función consiste en suplir vacantes temporales de Magistrados regionales y realizar las labores que dicte la JGA cuando no desempeñan una labor jurisdiccional. Como parte de su modernización, en enero pasado comenzaron a funcionar dos nuevas salas, la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana y la Segunda Sala Regional del Noroeste 1, en Tijuana, debido al incremento de trabajo. Para ocupar las plazas se hizo un concurso interno, abierto y anónimo, en el que pudieron participar todos los servidores públicos de la institución que cumplieran con los requisitos. La evolución estructural del TFJFA ha dado como resultado que hoy existan 45 salas, de las que 43 recibieron en 2009 un total de 136 mil 364 asuntos nuevos que, sumados a los 106 mil 587 del inventario inicial al 1 de diciembre de 2008, hicieron un total de 242 mil 951 asuntos en trámite. Finalmente, el sistema de presupuesto por resultados, adoptado para el ejercicio de los recursos asignados, ha propiciado que el TFJFA mejore la eficiencia de los procesos institucionales y eleve la calidad de las erogaciones, en acatamiento de los lineamientos de austeridad y racionalidad dictados por el Gobierno Federal, para reducir los gastos en el uso de teléfonos, combustible, energía eléctrica, vehículos, viáticos y papelería.

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e 45 salas que existen, 43 recibieron en 2009 un total de 136 mil 364 asuntos nuevos que, sumados a los 106 mil 587 del inventario inicial al 1 de diciembre de 2008, hicieron un total de 242 mil 951 asuntos en trámite. A lo largo de casi tres cuartos de siglo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) se ha consolidado como una institución confiable, que brinda a los justiciables la oportunidad de inconformarse con las resoluciones de las autoridades, y que tiene la posibilidad de anular actos ilegales e incluso reconocerlos. Con la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, el 26 de agosto de 1936, y que entró en vigor el 1 de enero de 1937, el Tribunal Fiscal de la Federación inició sus actividades y, desde entonces, también se ha significado por cumplir con su responsabilidad de dirimir las controversias entre la administración pública federal y los particulares, con plena autonomía para dictar sus sentencias. La calidad profesional de de los Magistrados, secretarios de Acuerdos, Técnicos, Operativos o Auxiliares, Oficiales Jurisdiccionales y Actuarios es reconocida dentro y fuera del país. El personal que integra este organismo colegiado está comprometido con la impartición de una justicia fiscal y administrativa de excelencia, que ayude a fortalecer el Estado de Derecho, impulsar el desarrollo económico y preservar la paz pública. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que en enero pasado cumplió 73 años, comenzó su labor jurisdiccional con cinco salas y 15 Magistrados, tres en cada una de ellas. Pero desde su creación, el Tribunal ha fortalecido y modernizado su estructura para mejorar su quehacer jurisdiccional. En la Ley Orgánica de enero de 1967, el número de Magistrados aumentó a 22, integrados en siete salas, más el Presidente del Tribunal. En 1978 se reformó esa norma para regionalizar a la Institución, y así surgieron 16 Salas Regionales distribuidas en 11 zonas y la Sala Superior. En 1996 entró en vigor una nueva Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, que le permitió conservar tanto su nombre como la competencia, pero modificando la integración de la Sala Superior, que pasó de 9 a 11 magistrados, así como su forma de operación por medio del Pleno o de las Secciones. Otra reforma de esa

Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO

SON DE LA LOMA

Scherer

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Por Francisco Ramírez R/ MUNDO LEGISLATIVO

ace treinta años atrás afirmaba un notable reportero que la mayoría de los jefes de prensa –hoy llamados Directores de Comunicación Social-, tenían el dudoso honor de jamás haber pisado una redacción en su vida. Pero si eso era cierto antes, hoy lo es con mayor razón, cuando una cauda de improvisados azules ha llegado a esas áreas sin conocer nada, literalmente, salvo contadas y honrosas excepciones. Nadie en su sano juicio podrá desmentir tal afirmación, cuando Vicente Fox le dejó no sólo el manejo de su –desastrosa- relación con la prensa a su amante -que luego se convirtió en esposa-, sino el manejo de los asuntos del país a Martha Sahagún Jiménez. Felipe Calderón, nombró como su director de Comunicación Social a otro de sus amigos, Máx Cortázar, cuya vocación artística lo llevó a ser el baterista del notable grupo “Timbiriche”, y uno de los persecutores más conspicuos de los medios impresos en México, manejando el enorme presupuesto de comunicación social “facciosa e inconvenientemente”, como lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al pronunciarse sobre el particular. Los medios de comunicación y los periodistas han sobrevivido en este país y en el mundo a sistemas

fascistas, comunistas, maoístas y ultras de toda clase, haciendo prevalecer el derecho a la información y la libertad incluso a costa de la vida. Los políticos y los periodistas profesionales no pueden ser amigos, porque se usan mutuamente y se aprovechan unos de otros, en un sistema de conveniencias. Los políticos profesionales contratan jefes de prensa profesionales y consultores en imagen y relaciones públicas, porque el entramado que alimenta a unos con otros es complejo y difícil, sobre todo ahora que los sistemas de comunicación

Scherer ha hecho lo que tenía qué hacer como periodista. Es una labor que no deja satisfechos a otros periodistas, y mucho menos a los apóstoles y custodios del poder político actual –y sus jilgueros, claro, que son muy bien alimentados con billetes de las arcas-, porque no les ha gustado lo que publicó en PROCESO; porque exhibió, como ningún otro una “guerra” perdida cuyos objetivos han sido sólo mediáticos y políticos; porque como el Obispo de Durango, que sabía dónde vivía el Chapo Guzmán, Scherer mostró que un periodista puede llegar al personaje que “no encuentra” el gobierno; y les demostró a otros periodistas juzgadores de periodistas, que fue más capaz que ellos de “llevarse” la nota, y ser merecedor de comentarios, acres o elogiosos de la prensa internacional. La narración del encuentro enmarca la visión -“del otro lado”del enemigo que dice perseguir Felipe Calderón, porque anticipa una derrota del gobierno actual en la “guerra” –mediática y política, pero no efectivista-. Es un combate que está sólo en la imaginación de su creador, porque las gavillas ahora asolan al país entero, y el narcotraficante dice que se multiplican como la hiedra. Julio Scherer ha dado una lección de lo que es periodismo: contar a las personas, lo que hacen otras personas.

Felipe Calderón, nombró como su nuevo director de Comunicación Social a otro de sus amigos, Máx Cortázar, cuya vocación artística lo llevó a ser el baterista del notable grupo “Timbiriche” y uno de los persecutores más conspicuos de los medios impresos en México, manejando el enorme presupuesto de comunicación social han cambiado al mundo, así como la píldora anticonceptiva lo hizo en su momento. De ese tamaño. Un hecho inédito se ha dado en la vida del periodismo en México, con la publicación que ha hecho el Julio Scherer García –quien fue echado vilmente por el decrépito presidente Luis Echeverría, de la dirección de Excélsior-, de su encuentro con el Mayo Zambada, uno de los narcotraficantes más peligrosos ¿y buscados?- de México.

Eso es todo.

ESTACION SAN LAZARO

Temporalidades Por Rafael Cardona

“No es un problema de drogas; es un problema de que no estén secuestrando a la gente; que no estén extorsionando a los comerciantes, que no se estén matando en los centros urbanos. El narcotráfico sólo es un componente menor. Yo no me la tomo que sólo es un tema de narcotráfico. “Desde 1993 se abandonó el tema del narcotráfico por el de delincuencia organizada, porque es un fenómeno mucho más complejo; es un fenómeno que se representa en el secuestro, en las extorsiones, en los sicariatos (sic), también en los delitos contra la salud, en los asaltos”. Aquí valdría la pena, sin pretender una polémica con el secretario de Gobernación (yo no soy de la estatura de su vida) hacer un par de precisiones. Cuando él dice, “esta es una batalla por la seguridad de los mexicanos”, se refiere a la cruzada actual cuya mayor novedad es la intervención del Ejército en la lucha contra los narcóticos y el delito (en ese orden). Por eso hasta en el análisis de la relación con Estados Unidos se habla de cómo se ha “narcotizado” la agenda entre ambos países. Por tanto, el narcotráfico no es un componente menor. Si así fuera no habríamos recibido la visita en México de la poderosa delegación militar estadunidense y de la DEA ni habríamos extraditado a EU a casi 100 narcotraficantes como no se hace ni con secuestradores ni con vendedores de partes robadas, ni tendríamos una “Iniciativa Mérida”. Y segundo: ¿nos podría explicar el significado de la palabra “sicariato”? Si como algunos suponemos es la “profesionalización de los sicarios”; o sea los asesinos a sueldo, institucionalizarla como si fuera el priorato de una congregación; el decanato de una universidad o el bachillerato de las malas artes, es darle un sentido casi académico o gremial a todas luces inexistente. Quizá nada más haya sido la apresurada construcción de un neologismo más o menos aceptable. Pero en fin, esas son minucias lingüísticas y por tanto futesas como aquella historia de un ex secretario de Gobernación cuyo “sospechosismo” todavía sorprende nuestras charlas.

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eliberadamente o no la muerte de la niña Paulette Gebara, ahora con su inevitable componente de violencia intrafamiliar, fue aprovechada como una avalancha televisiva y le cayó por unos días (cortina de peluche negro) como la refrescante lluvia de mayo al gobierno federal. Pero solo por unos días. Gracias a ella se soslayaron temporalmente la retirada militar de Ciudad Juárez, el aparente fracaso de la “barbacoyera” reforma laboral y algunas cosas más, entre ellas los asesinatos en Tamulipas y también la segunda fuga de reos en un estado donde el gobierno de Eugenio Hernández clama por el auxilio federal ante la presión ejercida sobre su territorio por los combatidos cuerpos de la delincuencia organizada; Pero otro asunto de medios iba a ensombrecer la pausa en las aflicción es del gobierno: la entrevista de Julio Scherer con el “Mayo” Zambada ya no tuvo el efecto fresco de la primera lluvia. Fue un cubo de agua helada. Y casi a la par de todo esto, se debe destacar una definición importante del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien confirma algo sospechado por muchos desde hace meses: el problema mexicano no es el narcotráfico; es la pérdida de control territorial por parte del Estado. Así lo manifestó, FGM en una importante conferencia conjunta el jueves pasado en la cual intervinieron además el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández y Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública. En esa definición casi coinciden en lo esencial Gómez Mont y “El Mayo”: el problema permanente se sostiene la corrupción generalizada y permite la generalización de la violencia en formas asociadas al narcotráfico: secuestros, extorsiones y otras linduras. El asunto del “narco”, por otra parte, opina esta columna, es una presión estadunidense más en la vida mexicana. Ellos necesitan a este país para seguir controlando en los términos de su conveniencia el mercado de las drogas del cual son beneficiarios principales, o como diría alguien, principalísimos. “…ésta es una batalla –dijo FGFM-- por la seguridad de los mexicanos, no es un problema de narcotráfico. “¿Cuántas veces hay que decirlo?, insistió:

En la ruta de la libertad

Mundo legislativo

Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO

a Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, de oficio, conocer de los asuntos relacionados con las dos mujeres indígenas queretanas, Alberta Alcántara o Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, así como de Ignacio del Valle Medina, líder del movimiento de Atenco. Respecto del primer caso, la Sala acordó conocer del recurso de apelación contenido en el toca 71/2010, del índice del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, en contra de la sentencia condenatoria dictada en la causa penal 48/2006/IV, radicada en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y contra servidores públicos. Los ministros señalaron que el asunto es de interés y trascendencia, ya que permitirá, si es el caso, que la Sala fortalezca sus criterios relacionados con asuntos que involucren la prohibición a la discriminación, los derechos de la mujer y los derechos de los pueblos indígenas.

De igual forma, porque se trata de un recurso de apelación contra una sentencia dictada en un proceso donde la Federación es parte y, por lo mismo, es claro que se tiene un gran interés por descubrir los hechos que originaron el medio de impugnación,

aclararon los ministros. El asunto se aprobó por unanimidad y se turnó a la ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, para elaborar el proyecto de resolución correspondiente. En cuanto al caso de Ignacio del Valle Medina, la Primera Sala ejerció la facultad de atracción del

amparo directo 29/2010, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Este asunto, precisaron los ministros, tiene relación con los relativos al caso de San Salvador Atenco y se ejerce por los mismos motivos que argumentó la Sala, el 24 de febrero del año en curso, al resolver la facultad de atracción 129/2009, por medio de la cual determinó atraer los amparos directos 107/2009, 165/2009 y 166/2009. Los ministros consideraron que el asunto reviste interés y trascendencia, porque su estudio podrá permitir evaluar la constitucionalidad del tipo penal de secuestro equiparado, así como definir constitucionalmente las relaciones que pueden existir entre el ejercicio de las libertades de expresión, petición y manifestación. Asimismo, porque se estará en posibilidad de fortalecer la doctrina que la Primera Sala ha desarrollado últimamente, en relación con la licitud de la prueba en el proceso penal y su obligatoriedad desde el punto de vista del debido proceso. El asunto se aprobó por unanimidad y se turnó al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

Denuncia Mario Alberto di Costanzo

Camioneta de lujo al panista Ramírez Acuña; no hay para el seguro social de los trabajadores

Mi nueva camioneta no es ostentosa: Ramírez Acuña Mientras tanto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja aseguró que su nueva camioneta no es ostentosa y que incluso, en cualquier empresa se compran vehículos similares o de más valor que la suya. “Yo creo que no es vehículo ostentoso. Ustedes lo pueden ver con su propia empresa (sic), cuando se tiene un equipo y está deteriorado, y que se gasta más en sus reparaciones. “Un vehículo que estaba golpeado. Ustedes y sus empresas compran equipo similar o superior. Nosotros sólo estamos comprando un equipo similar”, argumentó al llegar al estacionamiento de San Lázaro a bordo del nuevo vehículo. “¿Pero la mayoría de los mexicanos no puede adquirir este tipo de vehículos?”, se le cuestionó. “Nosotros tenemos que dar respuesta a las propias necesidades oficiales que se requieren”, respondió. “Lo que teníamos era una Suburban. Se compra una Suburban. No se compra un vehículo superior y no un vehículo inferior”, alegó. -”¿Y por qué no un vehículo inferior?”, se le cuestionó. -”Pues, porque hay ocasiones en que se tiene que trasladar otras personas con nosotros, y es el que tiene la capacidad”, respondió. Ramírez Acuña sostuvo que la compra esta camioneta no contraviene la austeridad establecida en la Cámara a raíz de la crisis económica de 2009. “Hay austeridad en la Cámara de Diputados. Hemos ahorrado en muchos renglones y se tenía que renovar equipo porque había un equipo ya muy viejo”, insistió el ex gobernador de Jalisco. Aseguró que sí solicitó la compra al Comité de Administración. Mientras tanto, los trabajadores “de a pie” sufren hasta el “recorte” de agua purificada.

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l diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, denunció que trabajadores de San Lázaro, carecen de seguro social, debido a que se alega “falta de presupuesto”. “Lo digo y lo recuerdo porque parece mentira que en esta Cámara de Diputados las personas que trabajan en los grupos parlamentarios o que trabajan bajo el régimen de honorarios no tengan prestaciones de seguridad social; y además, que uno de los argumentos sea el hecho de que la Cámara diga que no tiene dinero para pagar esta seguridad social, cuando en la legislatura anterior, el año pasado se subejercieron casi 128 millones de pesos”, señaló. Desde la tribuna y dirigiéndose al presidente de la Mesa Directiva, Francisco Ramírez Acuña, le señaló que “stas son las cosas que no deben de suceder. El buen juez por su casa empieza”. En su breve intervención para denunciar la injusticia en “la casa del pueblo”, el legislador sostuvo que lo decía, “y vuelvo a citar el ejemplo anterior, porque México es un país inédito. Resulta que este señor, Carlos Slim, incrementa su fortuna en 18 mil millones de dólares en solo un año, es decir, 234 mil millones de pesos, de los cuales a lo mejor debió de haber pagado al menos el 30 por ciento de impuestos”. Pero no, resulta que ese señor reporta más de 35 mil millones de pesos en impuestos diferidos de sus empresas. Ustedes creen que un mexicano común y corriente ante esto puede permanecer sentado o tranquilo, señaló. “De qué sirve que aquí en la Cámara muchas veces se critique el famoso outsourcing, cuando nosotros no le damos el trato correspondiente a los trabajadores; quienes, además, están con nosotros, que además nos apoyan todo el día, que apoyan todos los requerimientos y necesidades de los diputados; desde un punto de acuerdo que suben a leer aquí, sin la menor idea del asunto, hasta hay muchos que los mandan por su ropa a la lavandería”, dijo ante la indiferencia del resto de los diputados. A mí me parece reprobable que esto siga dándose, y me parece muy reprobable que esta legislatura lo solape. Yo creo que este punto de acuerdo debería ser analizado de obvia y urgente resolución, pero no se puede. Pero sí pido que se turne a la Junta de Coordinación Política para que se tomen medidas cuanto antes con respecto a este tema”, dijo.

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Nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión

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de los Particulares

a información de las personas quedará resguardada por una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al ser aprobado el dictamen respectivo en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y se espera que sea aprobado durante una de las próximas sesiones del actual periodo ordinario del Congreso de la Unión. El dictamen fue recibido por el pleno en primera lectura, lo que pone el tema en la recta final para ser aprobado, posiblemente en dos semanas. Con todo, la propuesta de dictamen lleva los votos que le darán vida a la primera ley de protección de datos personales que se complementa con nuevas disposiciones en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. De esta manera se contará con instrumentos legales para garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, destaca el dictamen que fue pulido por los diversos grupos parlamentarios, principalmente el PRI y el PAN. El presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Javier Corral (PAN), dijo que esta legislación dará certeza a las personas de que sus datos individuales no circularán entre las empresas comerciales que acostumbran interferir en la privacidad de la gente para vender toda clase de productos y de servicios.

Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO Desde luego, agregó, tiene que ver con el “blindaje” de los datos sobre salud, estado civil, preferencias sexuales, religiosas, políticas, y toda índole de información personal que de alguna manera se aporta en diversos servicios y relaciones comerciales y que hasta ahora quedarán en orden, subrayó Corral. Aseguró que un Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos será el encargado de difundir el conocimiento del derecho a la protección de la información sobre las personas en la sociedad mexicana. Esta nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares es la culminación de un esfuerzo de múltiples voluntades que generaron iniciativas desde 2006 en la Cámara de Diputados. Presentaron propuestas David Hernández Pérez (PRI), en ese año, así como Sheyla Fabiola

Aragón (PAN). En 2008 aportaron proyectos Luis Gustavo Parra del blanquiazul y Adolfo Mora Hernández del tricolor.

Respaldo del IFAI

La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, Jacqueline Peschard, celebró la aprobación del dictamen de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Con ello, dijo, se reconocerán nuevos derechos de los ciudadanos para proteger su privacidad y pedir acceso, rectificación, cancelación u oponerse al tratamiento de sus registros en poder de empresas particulares, escuelas y bancos. Sin embargo, reconoció que hay industriales que no están de acuerdo con la protección de datos personales, pues argumentan que eso puede limitar los flujos en sus bases de datos.

La Guerra Santa de la Ciudad de N.Y. contra Debbie Almontaser Amy Goodman.

la’” o “Directora de una escuela de la ciudad es ’repugnante’”. En la entrevista, a Almontaser se le pidió que explicara el uso de la palabra intifada, debido a que la palabra aparecía en la camiseta de una organización de mujeres que a veces utilizaba las oficinas de un grupo comunitario del que ella era miembro del directorio. La camiseta no tenía nada que ver con la Academia Internacional Khalil Gibran. Almontaser me dijo: “Me hizo una o dos preguntas sobre la escuela y luego me preguntó cuál era la raíz de la palabra intifada. Y luego le dije, como periodista debería haber hecho sus deberes. Y su respuesta fue: ‘Sí, los hice, y encontré muchas definiciones de la palabra, pero quería tener una mejor comprensión de donde se originó esta palabra, su raíz.’ Como educadora, simplemente respondí y le dije que viene de la palabra infad en árabe, que significa ‘librarse de’; sin embargo, esta palabra ha desarrollado una connotación negativa a raíz del conflicto palestino-israelí, en el que miles de personas han muerto. El simplemente me dijo, ‘Bueno, gracias. Muy bueno.’Y poco después terminamos la llamada telefónica. En la entrevista, declaré que soy una persona que no cree en la violencia y que condeno la violencia de cualquier tipo o forma”. Su abogado, Alan Levine, me dijo: “Debbie fue víctima de una campaña de difamación. Y ella ha descrito esa campaña de difamación. Pero realmente fue víctima del Departamento de Educación. Los intolerantes de la sociedad no tienen poder para atacar, entonces lo hizo el Departamento de Educación en su lugar. Sucumbió a los intolerantes”. Según el Departamento de Educación, el informe de la EEOC concluyó que “el Departamento de Educación sucumbió a la misma postura tendenciosa que la creación de la escuela pretendía disipar, y un pequeño segmento de la población logró imponer sus prejuicios al Departamento de Educación, en su rol de empleador”. Almontaser está procurando ser restituida como directora del Instituto Khalil Gibran, y además pretende que se le pague el lucro cesante, daños y perjuicios y los costos legales. El Departamento Jurídico de la Ciudad de Nueva

York prometió oponerse. Levine espera lograr un acuerdo, pero está preparado para presentar una demanda. Dijo al respecto: “La Comisión federal de Igualdad de Oportunidades de Empleo, que no tiene ningún interés personal en el tema, y es el principal organismo del país con respecto a demandas por discriminación laboral, dice que discriminaron. Me guiaré por lo que dice la EEOC. Estoy seguro de que el juez o el jurado también lo harán.” Días después de que se entregó la carta de la EEOC, el director del Instituto Académico Khalil Gibran, que no era de orgien árabe-estadounidense, renunció sin dar explicación, y fue reemplazado por un educador estadounidense de origen árabe. Hace tres años, en medio de la tormenta, un grupo de destacados líderes judíos, entre ellos 15 rabinos, escribió una carta abierta a la comunidad judía en apoyo a Almontaser, que decía: “Buscamos su apoyo y respeto hacia nuestra colega y amiga que ha sufrido y continúa sufriendo una alarmante y creciente serie de prejuicios entre nosotros… Que regrese [a la Academina] con sus niños traerá paz y entendimiento entre las personas de todas las fes en nuestro sistema educativo y en nuestra ciudad toda”. Este caso, como metáfora, tiene repercusiones más amplias, en momentos en que continúan las protestas en las calles de Jerusalén tras el anuncio israelí de la construcción de miles de unidades de viviendas nuevas en los territorios ocupados de Jerusalén Este, lo que significó un ataque por la espalda al Vicepresidente Joe Biden, justo cuando iniciaba su visita de paz por la región. Almontaser me dijo “Es el sueño de mi vida tener la oportunidad de dirigir una escuela que yo misma fundé, con la ayuda de otros establecer una institución que siente el precedente de ayudar a tender puentes de entendimiento y ciertamente forme jóvenes que puedan pensar y desenvolverse en una sociedad globalizada, que puedan competir por integrarse a la fuerza de trabajo del siglo 21, y sigo comprometida con ese sueño”. La suya es una visión que el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York debería adoptar, restituyéndola en su cargo cuanto antes.

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ebbie Almontaser ganó una batalla contra la discriminación. Fue la fundadora y directora de la primera escuela pública de lengua árabe de Estados Unidos, hasta que una campaña de odio la obligó a renunciar. Se la conoce por lograr sortear las diferencias culturales, y unir a musulmanes, cristianos y judíos. Sin embargo, al acercarse la fecha de apertura de la nueva escuela en el verano de 2007, fue blanco de ataques anti-musulmanes y anti-árabes. La semana pasada, la Comisión federal de Igualdad de Oportunidades de Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) dictaminó que el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE, por sus siglas en inglés) la discriminó “a causa de su raza, religión y nacionalidad”. La escuela se llama Academia Internacional Khalil Gibran (KGIA, por sus siglas en inglés). Gibran fue un escritor y filósofo libanés. Su obra más conocida, “El profeta”, publicada en 1923, vendió más de 100 millones de copias en 40 idiomas. Un verso de “El profeta”, destacado en el sitio web de la academia, dice del maestro: “Si él es sabio de verdad, no os pedirá que entréis en la casa de su sabiduría, sino que os guiará, más bien, hasta el umbral de vuestro propio espíritu”. Pero la libertad de espíritu estuvo lejos de ser la respuesta del pequeño grupo llamado Stop the Madrassa (Detengan la Madrasa). El grupo utilizó la palabra árabe que significa escuela, madrasa, debido a sus connotaciones negativas por ser asociada a las escuelas religiosas en Afganistán y Pakistán. La academia Khalil Gibran fue creada como una escuela pública, laica y bilingüe, con cursos del sexto al doceavo grado, y no incluía materias religiosas en su programa. A medida que el pequeño pero ruidoso grupo continuó oponiéndose a la escuela planificada, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York obligó a Almontaser a asistir a una entrevista con el New York Post, de Rupert Murdoch. El titular del artículo era un juego de palabras con doble significado en inglés. Podía interpretarse como “Directora de una escuela de la ciudad ‘se rebe-

Calderón ya habla de sucesión

Los criminales

“ridícula minoría”

Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO

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Dice que su sucesor “debe dar color” Que ya tiene idea de quién es La delincuencia, cobardía de muchos, dice

l presidente Felipe Calderón aseguró que independendientemente del partido al que pertenezca su sucesor, éste tendrá que “dar color” en el combate al crimen organizado y garantizar la seguridad así como el Estado de derecho, como es el compromiso de la administración actual, informó Milenio. A pregunta expresa sobre el futuro de la lucha contra la delincuencia con el relevo en el gobierno, el mandatario federal señaló que “ya lo del color de quién sea (su sucesor) pues ahora sí quizá tenga alguna idea pero no, no. Lo importante es que, más que el color del partido, dé color en el tema de la seguridad y de la ley. Y eso es lo que debe determinar, yo creo, el rumbo del país”. Al participar en la 24 Semana Nacional de la Vivienda, el propio Presidente abrió una ronda de preguntas, pese a a que confesó que su equipo se lo prohíbe. Ahí, Jesús Aguilera, de una empresa de vivienda de Guanajuato, lo interrogó sobre cómo veía el combate a la seguridad dentro de tres años. Calderón afirmó que el tema no

es terminar con el consumo de drogas, sino que a través de la persecución de las autoridades, los criminales dejen de secuestrar, extorsionar y afectar a los ciudadanos “hasta que entiendan que los mexicanos no nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción o la cobardía de muchos, durante mucho tiempo. Aquí se toparon”, enfatizó. El Ejecutivo federal admitió que el crimen organizado se asume como la autoridad y actúan en consecuencia porque cobran impuestos, ponen sus leyes y cuentan con fuerza pública “que son, por cierto, las definiciones del Estado”. Pero Calderón seguramente no lee los informes sobre Seguridad que le hacen llegar a su escritorio los cuerpos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, ni leyó el día 22 de marzo, las declaraciones del general Benito Medina, porque si así lo hubiese hecho, tal vez habría dicho cosa muy distinta de la que cree o de la que tiene muy mala información. El narcotráfico no será derrotado por decreto. Se trata de un fenómeno trasnacional que ni México ni el Ejército pueden

encarar de manera aislada, sin la cooperación internacional, de los gobiernos estatales y de la sociedad, afirmó el general brigadier Benito Medina, director de Educación Militar de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. A contracorriente de las críticas de que las fuerzas armadas no lograron frenar la inseguridad, dijo que han obtenido resultados positivos que obligaron a los grupos criminales a escalar su violencia para generar temor entre la población y desprestigiar a los militares. El general fue entrevistado después de participar en un foro sobre seguridad en el Centro Libanés. ¿El Ejército por sí solo no podría contrarrestar la fuerza del narcotráfico? Requerimos el apoyo de la sociedad nacional y de la comunidad internacional. Hay tres vertientes fundamentales para que se genere este problema: un mercado de consumo que le da vida; los recursos financieros que les dan poder a los delincuentes y que se requieren atacar a escala mundial, en esta época ningún país puede actuar solo contra un problema globali-

zado; y otro aspecto es el armamento, las armas con las que están matando a nuestros compatriotas vienen de afuera. Por eso es que no podemos decir que el Ejército no puede, no, es que no solamente no es el Ejército, es todo México, todo México no puede solo, necesitamos de la colaboración internacional. Tenemos la visita de la mayoría del consejo de seguridad de Estados Unidos, que viene para establecer estrategias y líneas de acción conjuntas a fin de atacar con más firmeza este problema. Los delincuentes, retaría Calderón, “aquí se toparon, porque estamos decididos a limpiar México”. Por ello, rechazó poner fin al combate al crimen organizado por considerarlo absurdo e ingenuo. “Hay quien dicen, bueno, es que hay que cambiar esta estrategia, fue un error combatir a los criminales. ¿Y qué proponen? ¿Echarnos para atrás? ¿Qué los dejemos hacer lo que se les dé la gana? Es totalmente absurdo, es ingenuo. ¿Por qué razón? Porque el problema es haberlos dejado hacer lo que se les da la gana”, enfatizó. Al finalizar los trabajos del 24 Encuentro Nacional de Vivienda, Calderón aceptó tres preguntas de los asistentes y uno de ellos, Jesús Aguilera, de León

Guanajuato, le preguntó sobre el tema de la seguridad y su sucesor en el cargo “porque no tenemos garantía ni de qué color, ni quién va a ser su sucesor”. Primero, el mandatario se explayó en sus argumentos acerca de cómo los narcotraficantes cambiaron de sólo vender a Estados Unidos a comerciar en México, y luego a hacerse de las plazas y cobrar incluso, al secuestrador o al dueño del table dance y que hasta pagaban campañas para gobernantes. “Decían: Alcalde, no me meto contigo, tú no te metes conmigo, todos contentos, y es más, ahí va tu lana para tu campaña y todos contentos. Entonces era así”, acusó. Calderón dijo que el combate al crimen organizado no se constriñe al narcotráfico, sino en general a la delincuencia organizada. Agregó que no pretende acabar con el consumo de drogas en el mundo, sino que prevalezca el estado de derecho en el país. “Los mexicanos no nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción, con la cobardía de muchos durante mucho tiempo”, afirmó. Dijo buscar la construcción de una nueva infraestructura legal, de instituciones de seguridad

pública, de policías más confiables y métodos de investigación, y de una recuperación plena de la autoridad del Estado en todo el territorio nacional. “Que ese entramado sistémico sea tan fuerte que quien quiera que sea que me releve tenga forzosamente por ley y por presión de los ciudadanos, que es más importante cumplir el compromiso elemental de proteger a los ciudadanos”, dijo. “¿Qué hay riesgos? Sí, sí los hay y muy graves. Pero ¿qué otra obligación de gobierno puede ser tan importante que la seguridad y el estado de Derecho? ¿Hacer viviendas? Las hacen ustedes y bastante bien. Hay otros, como la educación y la salud, que son importantes. Hay muchas otras actividades y la verdad la más importante de todas es, y como gobierno lo que te justifica, es aplicar la ley, para eso eres gobierno. Cuando abandonamos ese principio, México empezó a entrar en problemas”, afirmó. “Ya lo del color de quién sea (su sucesor) pues ahora sí que, quizá tenga alguna idea —dijo sonriendo—. No, no, pero aquí lo importante, más que el color del partido, que dé color en el tema de seguridad y de la ley. Eso es lo que debe determinar, yo creo, el rumbo del país”.

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“Hay quien dicen, bueno, es que hay que cambiar esta estrategia, fue un error combatir a los criminales. ¿Y qué proponen? ¿Echarnos para atrás? ¿Qué los dejemos hacer lo que se les dé la gana? Es totalmente absurdo, es ingenuo. ¿Por qué razón? Porque el problema es haberlos dejado hacer lo que se les da la gana”, enfatizó. Felipe Calderón.

La ONU contradice al gobierno de Felipe Calderón y condena el uso del Ejército Redacción y Agencias/ MUNDO LEGISLATIVO

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Piden en Foro de la ONU, eliminar el arraigo Juzgados civiles deben procesar a militares

l Comité de Derechos Humanos de la ONU criticó el pasado 26 de marzo, la decisión del Gobierno de México de emplear el Ejército para combatir las poderosas y violentas redes del narcotráfico. “El Comité considera una preocupación el hecho de que se emplee el Ejército en la seguridad interna”, dijo el miembro de este foro de Naciones Unidas Fabián Omar Salvioli en la presentación de los informes sobre los países que han sido examinados en la última sesión, celebrada a principios de marzo. Este abogado resaltó que la responsabilidad de combatir la delincuencia debe estar “en manos civiles” y pidió que el Estado garantice el cumplimiento en todo el territorio de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, porque no lo ha hecho en México. El comité, que examinó a México los pasados 8 y 9 de marzo, también señala en el informe la necesidad de eliminar de la legislación mexicana la figura jurídica del “arraigo”, que permite retener a una persona durante 80 días sin intervención de un juez. Asimismo, recalca que el procesamiento de casos de violaciones de

los derechos humanos a civiles por militares no debe “en ningún caso” recaer en la justicia castrense. También reitera su preocupación por que “el Estado no tiene una ley que reconozca el derecho de objeción de conciencia en el servicio militar y no tenga intención de promulgar una”. En sus observaciones, pide al Gobierno mexicano que “intensifique” la lucha contra la impunidad en los casos de violencia de género, particularmente en el de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, y demanda que se tipifique el “feminicidio” en todas las jurisdicciones. “Las instituciones creadas para abordar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez deben contar con suficiente autoridad y recursos humanos y financieros para cumplir su mandato con eficacia”, subraya el documento. También manifiesta su preocupación por la impunidad con que actúan los responsables de los asesinatos de defensores de los derechos humanos y periodistas. Por ello, insta a las autoridades a que proporcionen una mayor protección a las personas amenazadas en el ejercicio de sus labores profesionales y pide que se vele por “la investigación inmediata, efectiva e imparcial”

de las agresiones contra estos dos colectivos. En sus conclusiones, el documento del comité solicita al Ejecutivo mexicano que responda en el plazo de un año a las observaciones y recomendaciones que se le han hecho respecto a la figura del arraigo, los crímenes contra los periodistas y defensores de derechos humanos, así como la violencia de género. El resto de aspectos puede abordarse en el informe sobre materia de derechos humanos que el Gobierno debe presentar a Naciones Unidas antes del 30 de marzo de 2014, agrega. En su presentación ante el Comité de Derechos Humanos hace tres semanas, la delegación mexicana aseguró que la participación del Ejército en la lucha contra el crimen es “a solicitud de las autoridades civiles en espacios geográficos bien determinados”. Además, indicó que no se ha derogado ningún derecho en la persecución de las redes de narcotraficantes y ésta se realiza con pleno respeto a los derechos humanos. Esta es la primera vez desde 1999 que México se sometía al examen de este comité, que vela por el respeto de la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Reprueban legisladores que Felipe Calderón considere “ridícula minoría” a narcos

egisladores de oposición (PRD y PRI) reprobaron la declaración del presidente Felipe Calderón de que los narcotraficantes son una “ridícula minoría”, al advertir que el Ejecutivo federal hace mal en minimizar la delincuencia organizada, no está informado de lo que hace su gobierno o desconoce a quien ataca “en su guerra” El coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, refirió que el tema de la violencia producto del tráfico de drogas es un muy delicado. “Me parece que resulta evidente el hecho de que se desplace a México el gabinete de seguridad nacional de Estados Unidos para hablar de este asunto. Tiene una importancia enorme, es un problema de dos países, y es muy delicado en el nuestro”. Ardelio Vargas Fosado, representante del PRI y ex jefe de la extinta Policía Federal Preventiva, señaló que “las organizaciones criminales son eso, y han logrado construir un grado de articulación que les permite actuar en la forma en que lo están haciendo. No hablaría de mayoría o minoría, eso nada tiene qué ver; son organizaciones a las que debemos tenerles cuidado, porque es evidente el daño que han

causado a la sociedad”. En diputados Humberto Benítez Treviño, ex procurador general de la República, señaló que son muchos los delincuentes que operan en el país. “Hay un alto índice de impunidad nunca antes visto; están fallando las políticas públicas en materia de prevención del delito, de inteligencia para combatir la inseguridad y de persecución de bandas de la delincuencia organizada y el narcotráfico”. El senador priísta Francisco

Labastida señaló: “lamentablemente, más que minoría ridícula, son peligrosos. Su nivel de violencia es muy grande por su inmensa capacidad de recursos financieros”. Por su parte, el coordinador de los senadores panistas, Gustavo Madero, respaldó los dichos del presidente Felipe Calderón. Definitivamente son una minoría, lo que pasa es que son muy violentos

y utilizan métodos cada vez más radicales para tratar de genera temor, miedo y zozobra en la población, para debilitar el embate que están sufriendo como nunca en la historia. Se les está combatiendo en todos los rincones del país, lo que debe ser visto como un acicate para cerrar filas y apoyar a nuestras instituciones y al Ejército”. En tanto, el presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, dijo que Calderón está “engallado” en la lucha contra el narcotráfico. “No sé si la palabra sea correcta, pero le está saliendo la casta y quiere enfrentar el narco con toda energía. Lo vi enérgico, como pocas veces, retador. Me parece que quiere mandar un mensaje de que el Estado no se va a echar para atrás en este combate ni se va a dejar amedrentar por ninguna banda delictiva; son estilos personales”. En entrevista por separado, Jesús Ortega, dirigente nacional del PRD, manifestó que no es bueno minimizar el narcotráfico, “porque ha adquirido una fuerza que ha puesto en jaque a una parte del Estado mexicano”. Hay que tomarlo en serio, señaló. “Tan hay que hacerlo que múltiples esfuerzos no han dado resultados para terminar con ese peligro para la sociedad”, advirtió

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Los militares tendrán que regresar antes del 2012 a los cuarteles; el secretario de la Defensa, dice que no, que estarán diez años en las calles Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO

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Desde Estados Unidos se había dicho que diez años Aumentaron 500 por ciento, las quejas contra militares Deben regresar antes de las elecciones presidenciales

general Guillermo Galván Galván

El diputado federal Enrique Ibarra (PT), confirmó que el plan de acción contra el hampa expuesto por el general Guillermo Galván Galván, prevé ese lapso con las fuerzas armadas en las calles.

l Ejército mexicano permanecerá entre cinco y 10 años más al frente de la lucha contra el crimen organizado, salvo que el Ejecutivo federal ordene lo contrario o el Poder Legislativo emita un decreto que se lo impida, así lo afirmaría el general Guillermo Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante un encuentro a puerta cerrada con diputados de todas las fuerzas políticas el pasado miércoles 7 de abril. El diputado federal Enrique Ibarra (PT), confirmó que el plan de acción contra el hampa expuesto por el general Guillermo Galván Galván, prevé ese lapso con las fuerzas armadas en las calles. Por su parte, la diputada Estela Damián, expresó, sin embargo, su preocupación por el nuevo marco jurídico que pretende la Sedena con la posibilidad de establecer estados de excepción y emprender

“Pareciera que hay alguna sensibilidad en el Senado de que no debiéramos entrar al 2012 todavía con el Ejército desplegado en todo el país. No se concederán al Ejército facultades extraordinarias que violen garantías” Carlos Navarrete. y Enrique Ibarra, del PT, señalaron que Galván pidió el respaldo del Congreso de la Unión para expedir un nuevo marco jurídico que clarifique la participación de las fuerzas armadas en el combate a las organizaciones criminales. El priista Humberto Benítez, presidente de la Comisión de Justicia e integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, dijo que el general Galván anticipó a los legisladores la permanencia del organismo armado en la lucha contra los grupos criminales en un “horizonte” de entre cinco y 10 años. Indicó que el general presentó un diagnóstico “integral y objetivo” sobre la operación de los grupos delictivos en México y pidió el apoyo del Poder Legislativo al nuevo marco jurídico en materia de seguridad nacional. En la reunión Benítez manifestó la inconveniencia de mantener indefinidamente al Ejército en las calles y pidió a Galván fijar una temporalidad para la permanencia militar al frente de esta batalla, así como fortalecer las acciones de inteligencia en la materia. Diez años o debe haber una orden en contrario El vicecoordinador ecologista, Pablo Escudero, confirmó que el titular de Sedena presentó un plan de acción de entre cinco y 10 años para la permanencia del Ejército en la lucha contra el crimen, “salvo orden contraria del Ejecutivo o decreto del Congreso”.

Dijo que el general Galván insistió en la reforma de la Ley de Seguridad Nacional para “blindar” jurídicamente la participación militar en el combate a las organizaciones criminales. Es decir, contra juicios al Ejército como los ocurridos por la masacre de estudiantes el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres culturas. Al igual que los legisladores priistas, Escudero solicitó, a nombre de su bancada, fijar plazos para el repliegue del Ejército a sus cuarteles y sustituir la actual estrategia con operativos “quirúrgicos” en algunas regiones focalizadas del país. El también secretario de la Comisión de Defensa de Cámara de Diputados dijo que Galván reconoció algunos casos documentados de violación a los derechos humanos y de “víctimas colaterales” en la lucha contra los delincuentes. Admitió, en ese sentido, la responsabilidad de algunos elementos castrenses, principalmente quejas por allanamientos domiciliarios sin orden judicial. Existe ya un primer borrador del dictamen de Ley de Seguridad Nacional para regular la participación del Ejército en operativos policiacos. En el documento se plantea que esa Antes de Semana Santa se avanzaba en un acuerdo de transitoriedad de 18 meses, plazo en el que las fuerzas armadas regresarán a sus cuarteles. Los senadores Tomás Torres y Santiago Creel confirmaron que en vez del decreto se avanza a una posición intermedia.

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cateos sin orden judicial en casos de flagrancia. Dijo que comunicó al secretario de la Defensa que no hay consenso para aprobar diversas propuestas del Ejecutivo ni le van a conceder nada que atente contra las garantías individuales. “Ni toques de queda, ni suspensión de garantías individuales, ni nada por el estilo. Lo peor que podría pasarnos es que los millones de mexicanos que tienen garantizados sus derechos constitucionales los perdieran o vieran afectados por el combate al crimen organizado”, dijo. En la reunión, el vicecoordinador del PT, en San Lázaro, cuestionó la constitucionalidad de la participación militar en tareas de seguridad pública, así como la violación de los derechos humanos por militares. “Le dije al secretario de la Defensa que no puede pasar desapercibido el aumento de 500 por ciento en el número de quejas contra personal castrense, con el consecuente desgaste de las fuerzas armadas”. Mientras tanto, ese mismo día, el Senado avanzó en los acuerdos para construir el marco legal a la participación del Ejército en el combate contra el crimen organizado y su retorno a los cuarteles, a fin de proteger a los elementos militares, a los ciudadanos en sus garantías y respetar la soberanía de los estados y municipios, en una decisión que involucrará a los tres Poderes de la Unión. Falta definir el plazo perentorio en el cual el Ejército, en las condiciones actuales, deberá retornar a los cuarteles, ya que el presidente del Senado, Carlos Navarrete, informó que “pareciera que hay alguna sensibilidad en el Senado de que no debiéramos entrar al 2012 todavía con el Ejército desplegado en todo el país. No se concederán al Ejército facultades extraordinarias que violen garantías”. Al salir del encuentro, los legisladores Humberto Benítez, del PRI; Pablo Escudero, del PVEM,

Los escuadrones de la muerte

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José Francisco Gallardo Rodríguez

n un país donde la jactancia de las bandas criminales acumula en tres años más de 20 mil muertes, miles de desertores y lo más repudiable que pueda hacer un Estado en contra del pueblo, con saña cada vez más inaudita y donde quedan sin castigo las violaciones a los derechos humanos, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, es lógico que emerjan conductas delictivas desde instancias del poder público. El problema es que, como hay tantas pruebas, el gobierno simula y, más allá del discurso, desde el poder se auspicia la formación de grupos paramilitares o escuadrones de la muerte (EM) como los que actuaron en las masacres de 1968, del 10 de junio de 1971, la matanza de Acteal en 1997 y en el fusilamiento de 14 jóvenes en Ciudad Juárez el pasado 30 de enero. Estos grupos de extrema derecha, conformados por militares, policías sin uniforme y civiles, que ejecutaron acciones en contra de opositores políticos al gobierno y al sistema político o sospechosos de serlo, nacieron durante la guerra civil en Centroamérica cuando finalizó el conflicto militar a raíz de los convenios de paz. Investigaciones sobre la actividad de los EM hacen pensar que estas estructuras clandestinas comenzaron como apéndices de los servicios de inteligencia de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas, para el caso que nos ocupa los llamados Gizes (Grupos de Información de Zona), que operan a discreción del mando. La aplicación del método de grupos clandestinos, supuestamente alejados del gobierno y de las fuerzas militares del Estado, para no tomar responsabilidad alguna

sobre sus acciones, se desarrolló a partir de la estrategia de USA para socavar al movimiento social que era la base de la lucha guerrillera en aquel período: guerra de baja intensidad. La idea de conformar EM, su entrenamiento, financiamiento, dotación de armamento y asesoría en general fue proporcionada en forma de cobertura militar y de seguridad; véase en México la alianza de seguridad (ASPAN) y el Plan Mérida firmados por Bush-Fox-Calderón. Las unidades del Ejército y de la policía tenían bajo su cargo al menos un escuadrón que tomaba información de los organismos militares y ejecutaba acciones de asesinato y secuestro sobre blancos seleccionados, extorsión, amenazas y todo tipo de delitos en contra de personas señaladas como guerrilleros, sospechosas de apoyar la lucha contra el gobierno, disidentes o simplemente denunciadas como tales por terceros interesados en causarles daños, nos referimos a cacicazgos o grupos de poder. Eventualmente cada jefe militar autorizaba la existencia de otro tipo de EM en su jurisdicción, a cargo de civiles con poder económico que asumían por completo su funcionamiento y existencia, siempre en coordinación con las fuerzas militares del territorio bajo control. Hay que recordar la creación de paramilitares durante la Operación Chiapas 1994 que desembocó en la masacre de 45 indígenas en Acteal en 1997. Estos grupos “dormían de día y trabajaban de noche”, desplazándose en su territorio sin mayor interferencia de las unidades militares o policiales que custodiaban el terreno, pues eran reconocidos como necesarios para hacer ese tipo de trabajo sucio de la guerra civil, a favor de los gobiernos, sus fuerzas militares y de los grupos sociales ín-

fimos que se beneficiaban de su existencia y funcionamiento. En palabras de la época del conflicto, se trataba de “quitarle el agua al pez” como expresión que significaba quitarle base social a la guerrilla o a cualquier forma de oposición al gobierno y a sus fuerzas, por medio del terror y de acciones terroristas contra la población en general: Doctrina del Shock. El resultado de todo ello fue una enorme cantidad de asesinatos de opositores o sospechosos de serlo, sin identidad de sus autores o sin que persona alguna fuera llevada a juicio por los mismos. No hay que olvidarlo, los EM o las bandas paramilitares que actúan en varios países del hemisferio, no sólo procedían contra delincuentes, sino contra quienes los miembros de la oligarquía local, que financiaban esas estructuras toleradas por la autoridad, identificaban como enemigos. En un contexto tan enrarecido como el que prevalece en México, donde la impunidad alienta cualquier tipo de conductas delincuenciales, la proliferación del paramilitarismo cobrará auge si no se desactiva a tiempo. Una de las formas es hacer más civil a las instituciones de seguridad –policías– y profesionalizarlas; segun-da, es hacer más militares a los militares para encauzarlos a su función primordial y motivo de la existencia del Ejército: la defensa nacional. Otra, cambiar la visión patrimonialista que se tiene de la política, terminar con la corrupción y romper el halo de impunidad que ahoga a la sociedad y los avances democráticos. La sangre es tinta indeleble que marcará históricamente a la derecha en México, los muertos no hablan, pero luego le reclaman al poder.

No importa quién, pero que se restablezca el orden Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO

Percepción: a Felipe Calderón no le importa la población La mayoría culpa “al gobierno federal” de la mala situación Una medición nacional muy reveladora de Parametría sino incluso de involucramiento de una fuerza no nacional para resolver el problema de narcotráfico-inseguridad pública es inminente. La visita de la secretaria de Estado y representantes de distintas agencias del gobierno de Estados Unidos lo hace evidente. La distancia entre los conceptos: cooperación y lo que en otros tiempos llamamos “intervención” o entre lo doméstico e internacional se diluye, y la pregunta

es sólo de procedimiento: ¿cómo será esa cooperación-intervención y hasta dónde llegará? Otra frontera conceptual que se empieza a diluir con el aumento de la violencia, esto no sólo en Juárez sino en el país, es la que separaba los sucesos que estaban relacionados con actividades del narcotráfico y las de actividades criminales. Se suponía que sólo este último afectaba a ciudadanos promedio en su vida cotidiana, mientras el primero lo conocíamos por los medios de comunicación. Anteriormente se asumía que la violencia que el narcotráfico generaba estaba acotada a lugares, regiones y personas involucradas en esas actividades. Pero hoy día la violencia indiscriminada y la aleatoriedad que denotan los eventos más recientes están cambiando la percepción del ciudadano. Esta sugiere que cualquier persona, cualquier día en cualquier lugar del país, puede de pronto encontrase en una situación de “fuego cruzado”. En mayo de 2003 y junio de 2005 Parametría investigó sobre el nivel de conocimiento que tenía el ciudadano a nivel nacional sobre lo que en ese momento era un problema local: los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Ya hace cinco y siete años los niveles de conocimiento eran altos;

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e acuerdo con la última medición nacional de Parametría, hay menos del 50% aprobación presidencial, seis de cada diez mexicanos (62%) cree que a Calderón no le importan las principales necesidades de la población; 50% considera que México va por el camino equivocado. El 63% cree que empeoró la economía en el último año y, más aún, el 82% culpa de esta situación al gobierno federal. En cambio, al ponerle nombre al titular del Ejecutivo, la ciudadanía no le transfiere la responsabilidad. Junto con ello, la encuesta revela que en materia de nacionalismo y defensa de la soberanía, quizá por el cambio generacional, son dos asuntos que poco interesan a los habitantes, cuya mayoría, por ejemplo, poco le interesa si el ejército mexicano, los cascos azules u otra fuerza extranjera, sea la que se ocupe de restablecer la seguridad pública del país. Así, las cosas, lo que antes escandalizaba y lleva a desgarrarse las vestiduras, ahora no se cuestiona e, inclusive, hasta se aplaude. Veamos los resultados que obtuvo Parametria, junto a sus conceptos que los respaldan. A partir de los eventos recientes de Ciudad Juárez, donde fue ejecutado personal del consulado estadounidense, la posibilidad no sólo de cooperación,

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78% en 2003 y 93% en 2005 conocían del problema. Los asesinatos de los colaboradores del consulado estadounidense medido el pasado fin de semana pasado registra niveles casi de 100% de los que se enteraron. Los niveles de conocimiento de alguna manera indican niveles de preocupación. En 2003, una pregunta que no asumía ningún escenario prospectivo terminó siendo profética. Se pregunto: “Si el gobierno no tuviera la capacidad para resolver el problema de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, ¿qué tan de acuerdo estaría usted en que organismos de otros países como el FBI intervinieran en el caso?” Los niveles de acuerdo con esta posibilidad van de 76% a 62% en los dos años mencionados. Es decir, uno de cada cuatro o uno de cada tres ciudadanos estuvo de acuerdo. El pasado fin de semana esta pregunta se cambió ligeramente por “Si el gobierno de México no tuviera la capacidad para resolver el problema de la inseguridad en Ciudad Juárez, ¿usted estaría a favor o en contra de que organismos de otros países como el FBI o los Cascos Azules de Naciones Unidas intervinieran en Ciudad Juárez?”. Al igual que en años anteriores, los niveles de acuerdo se mantienen en 69%. Llevado este escenario al ámbito nacional, si bien baja en su aceptación, no deja de ser mayoría quien prefiere el involucramiento de organismos extranjeros para la solución del problema: “Si el gobierno

de México no tuviera la capacidad para resolver el problema de la inseguridad en el país, ¿usted estaría a favor o en contra de que organismos de otros países como el FBI o los cascos azules de Naciones Unidas intervinieran en todo el país?”. Aquí el nivel de acuerdo es de 57% contra un rechazo de 34%. Lo que indican estos números es que al ciudadano promedio no le preocupa la nacionalidad de la fuerza pública que le resuelva un problema tan apremiante como es el de la inseguridad. En los estados de frontera del país, la cercanía y estrecha relación con el vecino del norte asume niveles de colaboración cercanos. Es decir, están acostumbrados a ver de manera cotidiana a los estadounidenses trabajar en México. Así ha sido para el caso de las mujeres asesinadas en Juárez.

Lo extraordinario es que a nivel nacional hoy día se asuma como una necesidad y no haya el menor prurito nacionalista o preocupación por la soberanía. Una vez que las capacidades básicas del Estado están cuestionadas, al ciudadano promedio

le importa poco la nacionalidad de quien le pueda brindar protección. Esta predisposición pública es fácil de explicar. Primero, el promedio de la población no sabe cómo lidiar con la información que recibe. La cantidad de incidentes y los niveles de violencia que los medios de comunicación reportan son inusuales. Es información difícil de digerir. Por ello, resolver el problema es apremiante. Y segundo, esta situación se agrava cuando no se tienen parámetros. Estos en principio los debería de ofrecer el gobierno. Pero las cifras del número de muertos no parecen confiables. Y en algunos lugares del país la prensa está empezando a dejar de cubrir numerosos hechos por sentirse amenazada. Es decir el “oscurantismo informativo” hace que nuestra imaginación se desborde. De allí que otros medios de información, lamentablemente no validables, pasen a suplir estas funciones informativas como son las redes sociales a través de Twitter, Facebook o mensajes SMS. Condiciones inmejorables para la angustia colectiva. Por ello no deben de sorprender los niveles de acuerdo de los mexicanos con la idea de que una fuerza extranjera se involucre en la solución de un problema tan grave. Aunque esta predisposición pública a la “intervención” sean una clara muestra de cuestionamiento a nuestra soberanía…

“Si el gobierno de México no tuviera la capacidad para resolver el problema de la inseguridad en el país, ¿usted estaría a favor o en contra de que organismos de otros países como el FBI o los cascos azules de Naciones Unidas intervinieran en todo el país?”. Aquí el nivel de acuerdo es de 57% contra un rechazo de 34%. Lo que indica que al ciudadano no le preocupa la nacionalidad de la fuerza pública que le resuelva un problema.

Ninguna recuperación económica, como proclama Calderón: Oposición tienen que ver con la economía y no con la política electoral. El coordinador del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez, señaló como irresponsables las declaraciones de los titulares de Hacienda, Economía y del Trabajo. “No corresponden con la realidad actual a la que se enfrenta el país, pues sólo preparan el terreno para impulsar la equivocada reforma laboral promovida por (Felipe) Calderón”. Contrariamente a las cifras de crecimiento del empleo ventiladas por Javier Lozano, el legislador petista expuso que el desempleo es latente, la caída interna del PIB es muy grave y la pérdida de la competitividad se manifiesta con la postura de las calificadoras internacionales hasta ahora “cómplices” del gobierno panista, que ya ni ven futuro para la inversión extranjera en territorio mexicano. “No se puede engañar a la población tratando de entregar cuentas alegres, cuando la realidad económica y social contradice el discurso de las autoridades, que se manifiesta a todas luces contrario a los intereses de la población”. Armando Ríos Píter (PRD) consideró temerarias las declaraciones del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, porque recetó –dijo– cifras alegres, pues grandes sectores de la economía aún se encuentran estancados. “Ese tipo de declaraciones temerarias, que si bien incluyen algunos escenarios positivos, también conlleva un juego perverso de cifras alegres. Hay que ver esas opiniones como excesos y no tendríamos que andarnos anticipando cuando no se emite una visión integral de los distintos sectores de la economía nacional.” Mauricio Toledo, también perredista, advirtió que en el discurso de las autoridades federales se descubre un “tufillo de burla a la mayoría de los mexicanos”, porque la situación laboral y económica continúa sin visos de recuperación y mucho menos posibilidades objetivas de remontarlas. “Lamentablemente observamos que no hay responsabilidad en quienes dirigen este país. Ello saben que su administración se acabó, y se dan los próximos tres años para impulsar una campaña político-electoral que les garantice conservar el poder presidencial. Esto es muy riesgoso porque destinarán enormes cantidades de recursos públicos a maquillar a sus candidatos. Creo que Calderón llevó al máximo la república de foxilandia que fue producto de la imaginación torpe y

escasa de un hombre como Vicente Fox”. Hablar de mejoría es solamente “demagogia”: líderes campesinos Organizaciones campesinas señalaron que en el agro no hay ninguna señal de repunte económico pues la crisis alimentaria sigue vigente, el empleo campesino continúa a la baja y la migración al alza. Asimismo precisaron que la escalada de precios de granos básicos e insumos no se ha detenido. Por ello expusieron que hablar de mejoría es sólo “demagogia”. Víctor Suárez, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC), señaló en entrevista que la “recesión económica” en el campo es una realidad vigente y está lejos de superarse, mientras el gobierno no considere al campo una prioridad. “Hay falta de dinamismo de la actividad, inestabilidad en los precios, incertidumbre en los mercados, no fluyen los recursos de los programas gubernamentales, el crédito sólo llega a 5 por ciento de las unidades de producción, las tasas de interés están altas y la elevación de precios de insumos y alimentos está imparable”, aseguró. Al hacer referencia al anuncio hecho ayer por el gobierno federal respecto a que en México habría señales de repunte económico, Suárez consideró que eso no se ve en el campo, en donde la gente está “desesperada” por la situación económica, por lo que “nadie cree en este tipo de triunfalismos basados en argumentos falaces”. Aparte, Gerardo Sánchez, secretario de desarrollo municipal de la Confederación Nacional Campesina, descartó que haya algún avance significativo en materia económica, sobre todo en el campo, pero refirió que “hay que concederle (al gobierno) el beneficio de la duda, no obstante es claro que no hay acciones contundentes como para cantar victoria”. En cambio dijo que sí hay evidencia de que “la pobreza extrema, la patrimonial y la multidimensional, han aumentado; no se ha logrado romper el círculo vicioso, no hay la creación de empleo que se requiere ni siquiera en el agro, en donde es más facil hacerlo; en el sector lo único que ha crecido es la pobreza y la marginación”. Sostuvo que la población, tanto en el campo como en las ciudades, creerá en la existencia de una recuperación económica sólo cuando “lo sienta en su bolsillo”, por lo que instó al gobierno a hablar claramente; “aunque a veces la realidad sea cruda, hay que decirla”.

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a mediática postura del gobierno de Felipe Calderón sobre la evolución económica del país generó la desaprobación de la oposición en pleno en la Cámara de Diputados. El PRI, PRD y PT en la Cámara de Diputados, partidos que consideraron los anuncios emitidos como “tramposos, temerarios y producto de la imaginación surrealista de foxilandia”. La respuesta del PAN obedeció a ponderar el repunte del dólar y el crecimiento en el número de empleos creados en los últimos meses. Carlos Flores Rico (PRI) refirió que las declaraciones de los secretarios de Hacienda, Economía y del Trabajo marcan el inicio de la campaña político-electoral para 2012 dirigida desde Los Pinos. “Nos llama la atención que se ha iniciado la campaña. Ésta contiene anuncios espectaculares, aunque sean atrasados uno o dos años, como es el caso de la refinería del estado de Hidalgo; y la inauguración de hospitales, atrasada también. El representante priísta calificó el anuncio gubernamental de “verdaderamente tramposo”, porque no se puede desprender de ninguna forma una interpretación distinta a la que la realidad objetiva manifiesta, que no es otra que la crisis desbocada que afecta a millones de mexicanos. “Tampoco es correcto decir que el crecimiento que ahora se manifiesta como un indicio está condicionado a que se aprueben las reformas estructurales que están en el Congreso. Es poco serio deslizar que se recupera el país, cuando los datos son escasamente indicativos de una recuperación que parte de una caída del PIB de 8 por ciento.” Para Alberto Pérez Cuevas (PAN), la información que se desprende de la conferencia de los tres funcionarios federales es sólida y augura el inicio de la recuperación económica. “Por ejemplo, anteayer el dólar estuvo en un número que hacía prácticamente dos años no llegaba a esa circunstancia (sic). Hoy esa dinámica permite que empiece a haber inversión y desarrollo, aunque claro que faltan muchos empleos que recuperar.” El panista adujo que la numeralia y los anuncios destacados por los tres secretarios de Estado, como el de la creación de 234 mil 255 empleos, de ningún modo forman parte de la campaña electoral panista para el año 2012. Se limitó a calificarlos como números duros y concretos que

Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO

LA VÍCTIMA

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ecientemente pidió el presidente Calderón “no satanizar” al país; dijo que lo hacen sus propios ciudadanos, y convocó a defender la imagen de México, señalando que “jamás he escuchado a un brasileño hablar mal de Brasil”. No presidente, no hablamos mal de México. Hablamos mal de su gobierno, de su política, de su administración, de sus colaboradores, en donde hay excepciones a esa regla. No es hablar mal del país decir que sus funcionarios en seguridad y justicia son ineficaces e ineficientes, como tampoco lo es, precisar su desacertada estrategia de combate a la delincuencia organizada. El balance a 3.4 años de distancia en la lucha contra el crimen es negativo, de lo que hemos dado cuenta y dejado constancia muchas veces, sobretodo, posterior a sus informes de gobierno, sin que haya habido aclaración alguna en ningún sentido. Eso no es hablar mal de México; es poner los puntos sobres las íes, de que los ciudadanos no nos dejamos engañar y que no nos vamos con la finta de la información oficial, las más de las veces maquillada y manipulada, como en el magnicidio del secretario Mouriño, cuando se dieron dos atentados, el que lo mató, y el que intentó menospreciar la inteligencia de los mexicanos aduciendo que había sido un accidente. Presidente Calderón, usted no es México. No es hablar mal de nuestro país sino del gobierno que usted encabeza, de su administración, y de sus pobres resultados, cuando se puntualizan las estadísticas mundiales que sitúan México en el nivel de seguridad 108 -de 144 países- según el Índice Mundial de Paz; o las que nos califican con 50.5 -en máximo de 100- en “Control de Corrupción”, 29.7 en “Aplicación de la Ley” y 24.4 en “Ausencia de violencia y/o terrorismo”, según los “Indicadores Mundiales de Buen Gobierno” del Banco Mundial. Tampoco es hablar mal de México, sino de usted y su gobierno, al resaltar que según el Índice de Competitividad Mundial del Foro Económico Mundial, de 144 países, en los indicadores “Crimen organizado, costos para hacer negocios” México ocupa el lugar 129; en “Calidad del sistema de educación”

Francisco Castro Trenti /MUNDO LEGISLATIVO el 115, y en “Costos comerciales de delincuencia y violencia” el 124.” Ignoro si -como usted afirma- ningún brasileño hable mal de Brasil, pero lo que sí sé es que ningún mexicano habla mal de México, sino de sus gobernantes, que ahora, encabezados por usted, han sumido al país en esos vergonzosos últimos lugares; esas políticas equivocadas han sido emprendidas por sus integrantes de gabinete, y autorizadas por usted. No hay duda de ello. Hablar mal del país sería, además, quejarse de todo y por todo, pero el caso nuestro -con comentarios de muchos más que así lo han manifestado en diversos correos recibidos- ha sido criticar sus múltiples desaciertos -partiendo de una base de esperanza al inicio de su gestión presidencial-, sugiriéndole también formas diversas de re enderezar el rumbo, particularmente en temas de seguridad y justicia. Presidente, en ruta a su cuarto informe debería estar en el cenit, no en el nadir, sin causar lástima y pedir consuelo; sin embargo, debería explicar -en contraposición- por qué ha sido ineficiente su gobierno. Salga a dar la cara con honor y dignidad, con la frente en alto, pero reconociendo su mea culpa con inteligencia y estrategia. No pretenda callar la boca y secar la tinta de quienes dicen y escriben respecto de las erradas acciones del gobierno que preside: más daño hacen a México -allí sí- quiénes, como usted, acusan a los demás del descrédito generado por las acciones e inacciones oficiales de su administración y funcionarios. Despréndase de las cuestiones electorales de este año, del camino empedrado que viene, y de la lucha cuesta arriba. Consolide la posibilidad de tener, realmente, un México mejor. Demuestre que los jóvenes como usted pueden con el paquete. Demuestre a otros más jóvenes, que pueden seguir teniendo esperanza en el futuro, a pesar de que su programa oportunidades haya sido también un fracaso, y que no se haya utilizado, siquiera, el 15% de los recursos asignados. Admita no haber logrado cumplir a los jóvenes, su promesa de campaña de tener un empleo garantizado al concluir sus estudios

universitarios. Demuestre que los jóvenes, a pesar de lo anterior, pueden seguir teniendo esperanza en el futuro, no obstante que el subsecretario de Educación Pública se haya atrevido a difamar a los recién egresados diciendo que ‘son unos flojos que no quieren trabajar’. Podría no reconocer todos los incumplimientos -como la eliminación de la tenencia prometida- porque la lista sería demasiado larga. Acuda a sesión de Congreso General diciendo, a la usanza anterior, con gallardía, honor y pundonor, “Honorable Congreso de la Unión: reconozco que he fallado como presidente de todos los mexicanos…”… No significaría abandonar el cargo de ninguna forma porque -‘haiga sido como haiga sido’- fue elegido e instalado como Presidente de México por seis años. Pero corrija el camino, rectifique el rumbo, gobierne con los mejores y no con sus cuates. O no importaría que fueran sus cuates siempre y cuando fuesen los mejores, o, al menos, de alta competitividad y competencia con otros. Abra los problemas del país a un debate nacional, pero que no lo colapsen los partidos, incluido el de usted, el PRI, el PRD, o los demás. Abra los debates a la sociedad pero no en foros de gasto millonario, de miel y oropel, que de nada sirven y a nada llegan, sino en planteamiento directo de las necesidades, y obtenga las mejores soluciones de quienes padecen las ineficiencias. Que todos quedemos satisfechos tanto del intento como del avance, incluso, la madre de los jóvenes ejecutados en Juárez, aquella que se quedó con ganas de darle una cachetada en su sentido reproche. Presidente, terminará su gestión a los 50 años de edad;¿ querrá regresar, como Alan García, o querrá vivir en el desierto, como Carlos Salinas? Usted decide. Pero no cause lástima, ni tampoco se haga la víctima. Está visto que el PAN perderá la elección presidencial en 2012; no sólo debiera interesarle acortar la brecha de la distancia, sino también la del olvido y la del desprecio. Aún está a tiempo.