I. DEMANDA DE NUEVA YORK POR CONSENTIMIENTO INFORMADO

Los defensores en Nueva York están trabajando para eliminar el canal “del útero al sistema de acogida”55 y exigen que los proveedores médicos obtengan el consentimiento informado antes de la prueba de drogas y/o la evaluación de los padres biológicos o sus bebés.56 Estas demandas son en respuesta a décadas de retiros de niños iniciados en hospitales, a menudo provocados por pruebas de drogas no consensuadas. 57 La lucha por el consentimiento informado en Nueva York está bien fundamentada en los marcos legales existentes. Específicamente, el tribunal supremo ya determinó que una prueba de toxicología positiva por sí sola no prueba negligencia, independientemente de la sustancia utilizada,58 y el departamento de salud del estado de Nueva York,59 ya requiere que los hospitales desarrollen políticas y procedimientos para obtener el consentimiento informado antes de proceder a realizar una prueba. Sin embargo, a pesar de este panorama aparentemente progresivo, el embarazo y el uso de drogas ha sido uno de los indicadores más altos de que una madre estará bajo la vigilancia del FRS.

La campaña de NY ha resultado en cambios de política. Por ejemplo, en septiembre de 2020, 60 la Corporación de Salud y Hospitales de la Ciudad de Nueva York (NYCHHC, por sus siglas en inglés) cambió sus políticas internas para exigir que los medicos obtengan un consentimiento informado antes de realizar pruebas de detección de drogas a personas embarazadas y con hijos. Este cambio fue el resultado directo de la defensa y el activismo de la Coalición de Consentimiento Informado. Desafortunadamente, estos cambios no fueron suficientes. La política de NYCHHC solo se implementaría en los hospitales públicos de la ciudad y no se extendería a instituciones privadas u hospitales públicos fuera de la ciudad de Nueva York. Tampoco incluyó a los recién nacidos, lo que deja a los proveedores de atención médica con la capacidad de evaluar a los bebés sin el consentimiento informado de los padres. La lucha por el consentimiento informado debe continuar.