IV. La necesidad urgente de poner fin a las prácticas de “prueba y reporte”

En todo el país, los defensores están defendiendo los esfuerzos para asegurarse de que las familias puedan estar juntas y poner fin a las prácticas de “prueba e informe”. Estos esfuerzos están liderados por personas que consumen drogas, profesionales médicos, activistas y defensores por igual. Los formuladores de políticas deben escuchar estas demandas si buscan reparar los daños históricos y construir estructuras de apoyo.

A. ESFUERZOS ESTATALES PARA EXIGIR EL CONSENTIMIENTO INFORMADO ANTES DE LA PRUEBA DE DROGAS

Varios estados están trabajando para frenar el impacto criminalizador de las pruebas de detección de drogas en las personas embarazadas y sus recién nacidos exigiendo que los proveedores médicos obtengan un consentimiento significativo antes de realizar las pruebas de detección de drogas a las personas embarazadas.

Es importante señalar que la obligación de dar el consentimiento informado ya forma parte de la ética y la ley del proveedor médico. Los defensores piden uniformidad en los derechos que ya existen para los pacientes y exigen poder mientras lo hacen..

Todas estas políticas estatales se pueden promulgar rápidamente. No existe una barrera federal para el consentimiento informado obligatorio; de hecho, no existe una barrera federal para poner fin a las “prácticas de prueba e informe” de manera más general.

La Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil (CAPTA, por sus siglas en inglés) no exige que los hospitales informen al FRS sobre los recién nacidos expuestos a sustancias. Los estados pueden eliminar estas políticas de inmediato mientras los defensores federales trabajan para eliminar CAPTA por completo.

CAPTA requiere que los estados cuenten con un proceso de notificación a FRS, pero estas notificaciones están destinadas a identificar si la familia requiere atención o servicios. Estas notificaciones no son sinónimo de denuncias de negligencia o abuso, que desencadenan investigaciones que pueden derivar en vigilancia, cumplimiento obligatorio de servicios inapropiados y separación familiar. Estas notificaciones están destinadas a ayudar al estado a “determinar si las entidades locales están brindando, y de qué manera, siguiendo los requisitos estatales, referencias y entrega de servicios apropiados.”53 Además, CAPTA no requiere que los estados involucren a FRS en el plan de atención segura, sino que requiere programas que incluyan “el desarrollo de un plan de atención segura” para bebés identificados como afectados por el uso de sustancias, síntomas de abstinencia o trastorno del espectro alcohólico fetal. Cada estado determina la naturaleza de un plan de atención segura. No existe un requisito federal para que los estados confíen en el sistema FRS existente.54

Esta sección destaca tres campañas que están trabajando para crear conciencia entre la población en general, empoderar a las comunidades afectadas y cambiar las prácticas en torno al consentimiento informado para las personas embarazadas y con hijos.