Lunes 18 de Agosto de 2014 OPINIÓN
El monte del olvido La tierra y los intereses corporativos.
La estrategia político/psicológica de fraccionar la realidad en miles de pequeñas esferas, en innumerables casos aislados, deriva en una visión distorsionada de las raíces de los problemas de una nación. Por ahí, la aprobación de una ley que atenta contra los derechos sobre la biodiversidad; por allá un desalojo violento para garantizar la instalación de una empresa extranjera y, hacia la frontera, el tema de los migrantes cuyos motivos parecieran distar años luz de los casos anteriores. Pero en realidad, tanto afecta a las comunidades la pérdida de sus derechos ancestrales a los cultivos de los cuales depende su supervivencia, como la falta de escuelas o la invasión de su territorio con el propósito de enriquecer a un grupo de empresarios.
aquellas desalojadas —también con la fuerza de las armas— de la comunidad 20 de Octubre en Cahabón, Alta Verapaz, o de La Puya, en San José del Golfo, y muchas otras que se oponen a proyectos no consensuados con los pobladores afectados, han sido tratadas como terroristas.
Todo está atado por un fino hilo de intereses, la mayoría ajenos al bien común y, aunque a veces no se vea la trama, se percibe en el silencio de la opinión pública, la manipulación de algunos medios y la complicidad de los políticos.
Los megaproyectos afectan de modo tan profundo la vida de los habitantes y su entorno —del cual obtienen los productos que les permiten vivir— que cualquier alteración radical constituye una amenaza real para su supervivencia. Por ello es imperativo atender a sus demandas y escuchar sus argumentos con el respeto que merece todo ciudadano. Es innegable, por otro lado, que a partir de esta escisión del tejido social derive el fenómeno de la emigración forzada por la pobreza, un resultado evidente de la falta de un estado de Derecho que garantice justicia y equidad.
Varios comunitarios —de entre unos 500 manifestantes contra la instalación de Hidro Santa Rita— fueron heridos por arma de fuego y tres de ellos muertos en un operativo de la PNC en Raxruhá, hecho que por haberse convertido en elemento constante del flujo noticioso no parece llamar la atención de la ciudadanía. Muchas de esas familias han huído a la montaña sin agua ni comida, como hicieron durante los operativos militares de los años 80. En la huida abandonaron sus pertenencias y sus viviendas, muchas de las cuales fueron consumidas por el fuego. Estas familias q’eqchies de Cobán, Chisec y Raxruhá, como
Los estallidos de violencia y sus consecuencias deben analizarse en el marco de un contexto de diálogos rotos y acuerdos irrespetados. No resulta creíble que las comunidades indígenas estén siendo manipuladas por personas ajenas al conflicto, como aseguran algunos analistas de extrema derecha. Tampoco resulta lógico pensar que luchan por algo que no les concierne, nadie arriesgaría su vida de un modo tan absurdo.
En estos conflictos de tierras y megaproyectos subyace un ejercicio indeseable del poder político, una visión distorsionada de los derechos de las comunidades y un pensamiento colonizador y hegemónico que no tiene más cabida en este siglo.