Ciencias de la Educación (UNLP) y la lista de empresas beneficiadas durante la última dictadura militar, publicada por el diario Tiempo Argentino, el 1 de enero de 2013. A fines de 1991, Petroquímica Comodoro Rivadavia, vende sus terrenos a la empresa Carrefour, refiere el Club Ciclista. Además, detalla que Carrefour “apurada por la necesidad de construir inmediatamente su hipermercado no se arriesga a un juicio por desalojo y pacta con el Club Ciclista Quilmes las condiciones de desocupación del predio”. Hugo Lobello, encarnando una suerte de voz colectiva, se preguntaba entonces, y se sigue preguntando aún, cómo fue adquirido el terreno por Petroquímica Comodoro Rivadavia, beneficiada durante los años de la dictadura reciente, cómo fue luego vendido a Carrefour, en plena política neoliberal menemista y por qué, pese a la normalidad y celeridad con que se realizaron las transacciones comerciales, los trabajadores no percibieron retribución alguna. “Consideramos que nuestra situación es atípica, porque nunca hemos obtenido una respuesta concreta a nuestras demandas, a pesar de existir los artículos 245 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, de tener el convenio de la UOM o el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional”, expresa Lobello. “Yo veo que siempre se acuerdan de la gente de Crisoldinie cuando va a haber un problema político, pero no cuando no hay problemas. Yo tengo definido que por nosotros no van a hacer nada”, dice Hugo, refiriéndose a los referentes del gremio metalúrgico.
Crisoldinie y el terrorismo de Estado El sábado 22 de mayo de 1992, cuando se iba a ejecutar la dinamización principal, la jueza Margarita Allaza de Iturburu, titular del juzgado Correccional Nº 2 de Quilmes, se presentó en el lugar junto a otros funcionarios judiciales para hacer una inspección ocular. Estaban allí a raíz de una versión que empezó a circular desde el diario Perspectiva Sur, que dos días antes había desplegado en tapa “¿Cementerio N/N? En la Crisoldinie, antes del derrumbe, habrían encontrado tres cadáveres. Podrían ser 15 en total”. Un día más tarde, los concejales Fernando Geronés (UCR), María Alburúa (PJ) y Héctor Díaz (PI), presentaron una denuncia ante el Juzgado comandado por la jueza Allaza de Uturburu: “Nuestra denuncia se fundó principalmente en el trascendido publicado por Perspectiva Sur, en la actividad poco transparente del representante de Carrefour cuando pusimos en su conocimiento la publicación periodística y el los dichos del director del medio acerca de la confiabilidad de la fuente que le brindara la información, también fueron elementos importantes a la hora de decidir nuestra decisión de consultar a la Justicia los testimonios de personas que aseveraban que el predio de la ex Crisoldinie fue un centro de actividad ilegal durante la pasada dictadura militar”, explican los funcionarios denunciantes en una solicitada publicada el 30 de mayo en el diario El Sol.
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