Vamos reconstruyendo familias Los niños caminan tranquilos. Desde la casa a medio construir los mira su madre. Intenta seguir cada paso con su mirada, no los quiere volver a perder de vista. Los pequeños juegan, hablan y corren por un lado y otro. La mujer no dice nada, solo mira y luego parece que sus ojos se pierden entre los árboles. Ricardo Cedeño y María Salazar se mueven despacio entre la familia. Quieren confirmar que todos están bien, pero darles la seguridad y la confianza que necesitan para sepan que permanecerán juntos. La familia de ocho miembros intenta iniciar una nueva vida, en Chontoa, provincia de Pastaza, donde se instalaron y se volvieron a juntar luego de dos meses.
Los psicólogos y trabajadores sociales del Servicio Especializado de Protección Especial (SEPE) están pendientes de cada paso y de las acciones que permitirán que la familia continúe junta. Los recuerdos aún los afecta. Hasta julio pasado vivían en una humilde vivienda, en la comunidad kichwa de Pinduyacu de la parroquia Montalvo, en Pastaza. La madre, Estela S., salió de esa casa el 31 de julio pasado. Su esposo Venancio E. estaba muy enfermo y no había un médico que lo atendiera. Había días que estaba bien y otros que ni se levantaba de la cama. El cáncer avanzó, tenía sepsis en su pie y una falla multiorgánica. La única forma de trasportarse desde Pinduyacu hasta Puyo es la ruta aérea. El pasaje tiene un costo de 20 dólares. Elsa desesperada y sin dinero tomó una difícil decisión. Reunió todo el dinero que pudo, pagó los pasajes de ella, su esposo y el hijo mayor para salir hasta Puyo en busca de atención médica. En la casa se quedaron los niños, dos mujeres y cuatro varones, de entre 3 y 15 años. Todos tenían la fe que pronto se reunirían y que su padre regresaría para encargarse de la familia. Pero eso no ocurrió, Venancio murió al día siguiente. La familia quedó destruida y desarticulada. En Puyo, la madre y el hijo mayor recurrieron a la Fundación Vida Unidos Contra el Cáncer para enterrar al Venancio. Luego intentaron conseguir 40 dólares para pagar los pasajes de avión y regresar a casa, pero no lo consiguieron y la Fundación realizó las gestiones para que puedan refugiarse en la casa de acogida del Municipio del Puyo.
Mientras tanto en Pindayacu, los vecinos de Estela al ver a los niños abandonados se comunicaron con los jefes de las comunas kichwas para ayudarlos y encontrar a sus familiares. Durante un mes y 23 días, los pequeños tuvieron que buscar refugio, pan y abrigo. Al conocer el caso, la Fundación alertó a las autoridades locales de la provincia de Pastaza, quienes se organizaron para intervenir de forma articulada con el Servicio Especializado de Protección Especial (SEPE), las instituciones públicas y organizaciones sociales. Se consiguió un terreno en Chontoa, parroquia Canelos, donde Estela y su hijo empezaron a construir la nueva casa. Luego se ubicó a los niños y se gestionó la forma de trasladar a los niños a Puyo. El 24 de septiembre, en el helicóptero de la Policía Nacional los niños salieron de Pinduyacu. Inicialmente, había una orden judicial para que los niños sean trasladados a la casa de acogida del Municipio. Pero los funcionarios del SEPE, servicio público y gratuito del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, intervinieron y se analizó el caso. Los niños debían reunirse con su madre para así restituir sus derechos vulnerados, trabajo que desarrolla el SEPE, a través de las 44 oficinas ubicadas en todo el país. La intención es que luego de la intervención, los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores vivan en las mismas condiciones que lo hacían antes de que sus derechos sean amenazados. La familia se reunió en Chontoa, otra comunidad kichwa donde viven hermanos y sobrinos de Estela, y eso permitió precautelar los derechos familiares, el desarrollo de los vínculos familiares y comunitarios. “Le devolvieron la vida a mi tía al traer a sus hijos sanos y salvos”. Bono de Desarrollo Humano, 50 dólares mensuales, y tienen acceso a sembríos de yuca, producto básico de la alimentación indígena.
Ahora, el SEPE realiza el seguimiento para establecer la adaptación real al nuevo entorno familiar y comunitario de los niños y su madre. Apoyo del Estado El equipo del SEPE de Puyo brinda atención integral a la familia para garantizar su restitución y mejorar su situación socioeconómica y emocional. Otras instituciones estatales suman esfuerzos para apoyar a la familia. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) analiza la entrega del bono de contingencia que el Estado ecuatoriano entrega por una sola vez, en casos similares; el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza facilita el menaje y vituallas para este hogar. Además, el Ministerio de Salud brinda atención a los niños que presentan lesiones en la piel y tienen el estómago hinchado.
Las niñas, niños y adolescentes de la familia deben retomar sus estudios, pero el Ministerio de Educación debe establecer el nivel de estudios de cada uno.
Atención especializada El Servicio Especializado de Protección Especial es un servicio público y gratuito del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos que brinda atención psicológica y de trabajo social a víctimas de violencia. Ofrece atención especializada e integral en psicología y trabajo social para las víctimas de violencia, con el fin de restituir los derechos vulnerados o amenazados. Trabaja de forma interdisciplinaria, atendiendo a las personas de manera individual, familiar y comunitaria, a través de la intervención en crisis, terapias individuales y grupales, derivación, acompañamiento para que puedan acceder a la atención que brinda el Estado. Se atiende a las víctimas de violencia, en especial a mujeres, niños, niñas, adolescentes y sus familias, adultos mayores. También a víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Personas atendidas por el Servicio Especializado de Protecciรณn Especial
Nacional
3224 381
Zonal 03 Pastaza
62
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Fuente: Servicio Especializado de Protecciรณn Especial Cifras de octubre de 2017