Colectivos exigen reforma a la Ley Minera para frenar concesiones en pueblos originarios

En el Foro ‘Voces Ignoradas’, realizado en la Cámara de Diputados, activistas de distintos estados piden frenar la minería a cielo abierto en sus territorios

Román Quezada

En medio de arengas como “sí a la vida, no a la minería” y “Zapata vive, la lucha sigue”, colectivos en defensa de la tierra de distintas entidades de la República se dieron cita en la Cámara de Diputados para exigir una reforma a la Ley Minera.

En el Foro “Voces Ignoradas, comunidades afectadas y amenazadas por proyectos mineros”, activistas provenientes de Oaxaca, Morelos, Puebla, Guerrero, Baja California Sur, Zacatecas y Sonora manifestaron su preocupación por el impacto ambiental, de salud y económico que la actividad minera ha dejado en sus regiones.

“Si no actuamos ahora, nos encaminamos a un suicidio colectivo”, comentó una representante de Morelos, quien subrayó la importancia de que se escuchen sus problemáticas para que se replantee la ley que regula las concesiones mineras y se tome en cuenta la voz de las comunidades indígenas. Exigencias primordiales Las principales acusaciones que se plantearon en el auditorio Heberto Castillo, en recinto Legislativo, fueron las relativas al daño medioambiental que produce la minería a cielo abierto, la explotación del agua que realizan las empresas estadounidenses, de Canadá y México, y el daño a la actividad agropecuaria en cada territorio ante el deterioro del suelo.

Asimismo, se planteó la necesidad de que se respete el derecho a la determinación de los pueblos originarios y, más allá de consultas, se acepte la negativa de las poblaciones a que se instalen proyectos de explotación de minerales. Destaca que las y los ponentes participantes, quiebres acudieron en representación de las comunidades de Capulálpam de Méndez, Oaxaca; Xochicalco, Morelos; Ríos Sonora y Bacanuchi, Sonora; San Miguel del Progreso, Guerrero; entre otras, coincidieron en la falta de respuesta de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente ante sus demandas. Lo anterior al exigir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta y declare inconstitucional la Ley Minera.

Roberto de la Rosa, activista de Salaverna, Zacatecas, comentó que lo que buscan es que en las comunidades donde no han llegado las mineras se mantenga esa situación. Explicó con una metáfora el desplazamiento que viven por la actividad minera: “Estaba una zarigüeya y el sapo le dijo ‘déjame entrar, déjame entrar’ e insistió hasta que lo logró, una vez dentro, sacó a la zarigüeya”.

Oposición, ausente

El ejercicio de denuncia al interior del Palacio de San Lázaro lo organizó la Colectiva Cambiemosla Ya, junto con la Coordinación Temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario de Morena. Al ser cuestionados por la ausencia de diputados de los partidos opositores, las diputadas Irma Juan Carlos, Adriana Bustamente Castellanos, Alma Griselda Valencia y Valeria Santiago Barrientos indicaron que se extendió la invitación a los legisladores de oposición, pero no asistieron. La Ley Minera fue decretada en 1992, a la par que el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y permite que capitales trasnacionales obtengan concesiones para realizar actividades mineras, siempre que lo soliciten a través de una filial registrada en México. En 2022 se aprobó una reforma a dicha normativa que establece que la exploración, explotación y aprovechamiento del litio sean actividades a cargo del Estado, sin posibilidad de otorgar concesiones, bajo el argumento de que son actividades de utilidad pública. M

¿Es MORENA una pila bautismal cuyas aguas milagrosamente borran los pecados de quienes antes militaron, muchas veces durante décadas, en los corruptos partidos que hoy representan a la oposición, que son el PAN, PRI y PRD?

Eduardo Ruiz-Healy

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante 12 años fue priista (1976-1988) y 13 años perredista (1989-2012), así lo cree a juzgar por la manera en que en días pasados defendió a tres morenistas de reciente conversión que hasta hace poco militaron en el PRI y que a través de unos videos fueron exhibidos recibiendo fajos de billetes en una oficina del Palacio de Gobierno, en junio de 2021, cuando el gobernador sustituto de Campeche era Carlos Aysa González, quien durante 51 largos años fue miembro del PRI (1971-2022) y hoy es embajador de México en la República Dominicana. Aysa también es papá de Carlos, quien fue priista durante ocho años (20142022) y se fue a MORENA 10 días antes de que su papá recibiera su premio por trabajar denodadamente para que su sucesora en el cargo fuera la candidata morenista a la gubernatura Layda Sansores, quien fue priista durante tres décadas (1966-1996).

Los tres morenistas a quien AMLO declaró inocentes de toda culpa a pesar de no haber visto los videos que aparentemente los incriminan en una actividad ilegal son: 1) el jefe de la Oficina de la Gobernadora, Armando Toledo Jamit, quien de 2015 a 2018 fue secretario de Desarrollo Rural en el gobierno del antecesor de Aysa, Alejandro “Alito” Moreno, hoy presidente nacional del PRI; 2) el secretario de Educación de Campeche, Raúl Pozos Lanz, quien militó 34 de sus 55 años de vida (1985-2019) en el PRI, partido que lo hizo subsecretario de Educación durante el gobierno de José Antonio Gonzáles Curi (1997-2003), secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Fernando Ortega Bernés (2009-2015) y senador de 2012 a 2018 y; 3) la senadora Rocío Abreu, que antes de irse a MORENA en 2019, fue diputada local y federal gracias al PRI, al que perteneció de 2009 a 2018. Su actual senaduría la obtuvo en 2018 como candidata del PRI y PVEM.

Si sumamos los años de militancia priista de los personajes aquí mencionados, menos los de Alito, tenemos que representan 144 años de experiencia dentro del partido en donde hoy militan los que AMLO califica como “los de antes”, que según él son muy diferentes a sus morenistas.

Y no solo eso, todos fueron distinguidos priistas cuando el país fue gobernado por los que AMLO califica como conservadores neoliberales y neoporfiristas. Layda se fue del PRI después de apoyar las candidaturas presidenciales de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo y de participar en sus campañas electorales. Los otros hasta que Enrique Peña Nieto dejó la presidencia de la República.

Pero para AMLO no importa el pasado de ninguno de ellos ni las trapacerías que como priistas probablemente hayan cometido. Sus supuestos pecados y fechorías quedaron automáticamente perdonados y olvidados apenas recibieron las aguas bautismales de MORENA. El problema es que las malas mañas aparentemente no fueron disueltas por esas aguas, como se ve en los videos en que reciben millones de pesos en cash. En MORENA hay cientos de expriistas que siguen actuando como los tricolores que antes fueron.

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