Dictadura mediática en Venezuela
Luis Britto García
25/8/2003, B-14). Los canales privados divulgan repetitivamente pancartas en las marchas opositoras que solicitan “Chávez, devuélvenos al Cura Calderón”. El gobierno estadounidense insta al venezolano a averiguar el caso en términos que el vicepresidente José Vicente Rangel juzga “irresponsables”, añadiendo que “si la embajada americana quiere instalarse en lo que está haciendo el gobierno podemos suministrar información, pero es inaceptable cómo la sede diplomática de EEUU se pronuncia en estos casos” (Temas, 7/8/2003, p. 9). La víctima liberada, en forma consciente, manifiesta que no hay indicio alguno de que su secuestro haya tenido motivación política. Lo mismo indican las pesquisas policiales. Y sin embargo, tras la liberación, reitera Tarre: “pretendo en esta columna insistir en lo antes escrito y con toda responsabilidad afirmar que en el caso del secuestro de Calderón, así como en los 132 plagios que han ocurrido este año o en los 200 conocidos en 2002 y en los años anteriores, existe una clara y evidente responsabilidad del Ejecutivo nacional” (loc. cit.). El columnista insiste también responsablemente en no presentar pruebas. La estrategia del infundio sigue no sólo semana tras semana, sino año tras año. En abril de 2004 El Universal publica un texto de Alicia la Rotta Morán según el cual el ministro de Comunicación e Información, Jesse Chacón, habría adquirido un cuadro de Armando Reverón en 140 mil dólares. Éste solicita rectificación al diario, el cual se limita a publicar la carta del agraviado el 14 de ese mes, sin aportar prueba alguna sobre su difamación. Es necesaria la sentencia de un tribunal para que la periodista Alicia la Rotta Morán en octubre del mismo año finalmente acepte: “Admito que lamentablemente la reputación del ministro Chacón fue erosionada por la versión publicada,
nunca adquirió dicha obra de arte, con lo cual queda desmentida la información escrita por mí, y que fuera difundida en medios de comunicación” (Últimas Noticias, 8/10/2004, p.15). A mediados de 2004, el periodista Manuel Isidro Molina denuncia en primera página en La Razón que el gobierno habría “desaparecido” al coronel opositor Manuel Bustillos, sin alegar otra fuente que la supuesta confidencia de un anónimo agente de la CIA. Durante más de una semana mayoría de los medios privados da como cierta la especie sin ningún tipo de verificación; al final tanto la esposa como el abogado de Bustillos se ven obligados a declarar públicamente que el supuesto desaparecido estaba libre, en buen estado de salud y que simplemente se había ausentado voluntariamente para Valencia. Hemos señalado cómo El Universal y El Mundo publican en primera plana falsas encuestas que anticipan un triunfo aplastante de la oposición en el referéndum planteado para el 15 de agosto de 2004, y que, si bien el primero rectifica, el segundo insiste en publicar el infundio por segunda vez, lo cual termina por provocar la renuncia del director y del jefe de información. Se comprende que ante la mera formulación de un proyecto de Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión, respondan estos medios con una saturativa campaña que tilda a la norma de “Ley Mordaza” o de “Ley de Contenidos” y que la equipara a un instrumento de censura, a pesar de que, como veremos en sección posterior, el proyecto no contiene ninguna disposición de censura y sí numerosos artículos que protegen al público contra reiterados excesos y fraudes en la manipulación publicitaria. En fin, los medios no sólo pretenden ser inmunes a las leyes que regulan el desempeño comunicacional, sino a aque-
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