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nos encontramos con un par de elementos nada fáciles de contener: delincuencia y criminalidad, cuya principal característica es tener una extensa capacidad de mutar y de ser flexibles. Por eso, aún hoy, y pese a todo el conocimiento que sobre ellas hemos adquirido, siguen siendo una opción para algunos. No es muy claro cuántos jóvenes se encuentran vinculados a las dinámicas de bandas y combos. Las cifras proporcionadas por la Defensoría del Pueblo, Human Rights Watch y la Fundación Maya Nassa, estiman desde 8.000 hasta 14.000; pero guardemos la calma: sea un número u otro, eso no significa que todos están, para decirlo en términos bastante simples, en calidad de pistoleros. En cambio, eso nos remite a un escenario donde la criminalidad es una suerte de industria y como tal, tiene escalafones, jerarquías y, aunque suene extraño, áreas de producción. Ahí es donde todo este tema se relaciona con el trabajo juvenil: los jóvenes ocupan puestos conocidos como “carritos”, que son mandaderos; “campaneros”, que son quienes tejen las redes de información, y “jíbaros”, que se encargan del microtráfico. Por estas actividades, se sabe, reciben a menudo pagos mensuales cercanos a $400.000, menos de un salario mínimo. Más adelante entran en contacto con armas para extorsiones, cobros e intimidación. Y por último, aparecen las famosas “vueltas”, ese término vago que puede significar cualquier cosa de grueso calibre. En todas estas actividades, que para seguir con la analogía comercial constituyen la base de la pirámide del sistema de producción de la criminalidad, hay jóvenes vinculados. Son los obreros. Pero una vez se asciende por la cadena productiva, aparecen actores distintos. Explica Sebastián Londoño, coordinador de política pública de la Secretaría de Seguridad y Convivencia: “Si subiéramos a un renglón donde la cadena de la ilegalidad está más relacionada con lavado de activos y corrupción, encontraríamos un rango más
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