Sr. Filippo Grandi La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Ginebra, Suiza 20 de abril de 2017 Re: Carta al ACNUR sobre la situación de Pueblos Originarios desplazados forzadamente de México, Centro y Sur América Honorable Señor Comisionado: Nosotros—Autoridades Tradicionales, líderes y lideresas, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, niñas y niños de los pueblos Maya, Zapoteca, Nahuat, Lenca, Pipil, Quechua, Aymara y de organizaciones indígenas como la Liga Maya Internacional, la Asociación Nacional Indígena Salvadoreña (ANIS) y El Grupo para la Defensa Comunitaria, radicados en el territorio ancestral de la Nación Piscataway en el área de Maryland, Washington, D.C. y Virginia de EEUU— con las energías del Creador y Formador y de nuestros ancestros, escribimos esta carta para presentarnos ante La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El objetivo de esta carta es, primeramente, felicitar el trabajo y los avances que han desarrollado para salvaguardar los derechos de los refugiados a nivel global. Vemos con esperanza los compromisos asumidos por su Oficina en la protección de los derechos humanos y por los convenios y declaraciones internacionales, como La Convención Sobre el Estatuto de Los Refugiados 1951, y Protocolo Sobre el Estatuto de los Refugiados 1967, tanto como El Convenio de Ginebra relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, e instrumentos regionales como La Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. A pesar de estos avances en la protección de los derechos humanos de los refugiados, hemos visto que existe un vacío en materia de los derechos de los pueblos originarios afectados por el desplazamiento forzado de nuestros territorios como consecuencia de la persecución histórica que nos sigue impactando en la actualidad. Debe reconocerse que la actual crisis de inmigración en el hemisferio occidental es una crisis de refugiados—especialmente cuando se trata de personas pertenecientes de pueblos originarios, quienes tienen vínculos ancestrales con sus territorios de carácter histórico, ecológico, cultural y político. Esta situación es el resultado directo del desplazamiento forzado de las Naciones Originarias de sus tierras. Tal desplazamiento sigue un patrón histórico de persecución étnica y religiosa por parte de los Estados, quienes con sus políticas discriminatorias y corruptas favorecen clases económicas nacionales y transnacionales con intereses materiales en los territorios ancestrales de pueblos originarios. Nosotros, como pueblos originarios de Abya Yala (América), somos descendientes de grandes naciones y civilizaciones que preceden la invasión española. Tristemente, nuestra historia ha sido marcada por el desplazamiento forzado de nuestros territorios ancestrales por más de 500 años y por la violación de nuestros derechos humanos como pueblos y gobiernos originarios en toda Abya Yala. Hemos vivido diferentes épocas de robo y despojo, el primer despojo fue durante la invasión Española cuando sufrimos persecución, esclavitud y genocidio dirigidos a nuestros pueblos mientras que nuestras tierras fueron robadas por ser fértiles y llenas de riquezas como el agua, el oro, la plata, y otros minerales. Nuestros 1
abuelos y abuelas fueron masacrados, las mujeres violadas y torturadas y es allí que empezó un proceso de genocidio a nivel continental. De este robo surgieron grandes conflictos en respuesta a los levantamientos justos de nuestros antepasados. A pesar de la resistencia contra estas violaciones, la invasión y robo continuó y nuevos Estados y fronteras nacionales fueron impuestos sobre nuestros pueblos y territorios, sin nuestra participación ni reconocimiento dentro de los órganos sociales, políticos, económicos y judiciales de los gobiernos colonizadores. Nuestros pueblos originarios han sido víctimas no solo del robo de nuestras tierras, pero también de grandes violaciones de nuestros derechos humanos debido a las estrategias de las oligarquías en conjunto con los ejércitos para silenciar la resistencia de nuestros pueblos. Por ejemplo, la Masacre de 1932 en El Salvador la cual resultó en el asesinato de más de 30,000 hombres, mujeres, niñas y niños de los pueblos originarios de esa región. Este crimen obligó la negación de la identidad y cultura para garantizar la sobrevivencia de nuestros abuelos y abuelas. Las guerras civiles de los años ochenta afectaron fuertemente a países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, entre otros, y generó inestabilidad en toda la región. Entre los años 1980-1986, El Salvador experimentó seis grandes masacres en las cuales más de 2,000 mujeres, hombres, niñas y niños fueron asesinados. En el caso de Guatemala, en el conflicto armado de más de 36 años se aplicó la política de “tierra arrasada” que significó el exterminio de pueblos Mayas enteros, afectando, en particular, las Naciones Maya Ixil, Maya Chuj, Maya Q'anjob'al y Maya K'iche'. Durante este periodo se registró más de 200,000 víctimas asesinadas o desaparecidas, un millón de personas desplazadas, y 150,000 personas forzadas a buscar refugio en México y más al norte. Hoy en día vivimos una nueva época de despojo y persecución por la presencia de las transnacionales y la imposición de megaproyectos en nuestros países, desde México hasta Argentina. La minería, las hidroeléctricas, las grandes carreteras al igual que la privatización de la energía eléctrica, el agua, los bosques y las montañas, violan nuestro derecho a la libre determinación, la autonomía y el autogobierno de nuestras naciones. Aunque estas industrias extractivas son justificadas con promesas de desarrollo y oportunidades para la reducción de la pobreza, como lo indica el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte o como fue la intención de La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), en la práctica los resultados son nocivos para las personas y el medioambiente. Las empresas llegan a saquear las riquezas de nuestra Madre Tierra, causan división en nuestras comunidades, explotan a nuestra gente y ocasionan la remilitarización en nuestros territorios. Existe la persecución y asesinato de los dirigentes, líderes y lideresas que han denunciado a las empresas, como el caso de nuestra difunta hermana del pueblo Lenca en Honduras, Berta Cáceres, o los presos políticos Mam y Q'anjob'al en Guatemala por su denuncia contra las empresas hidroeléctricas en Huehuetenango y San Marcos. Además de la violencia relacionada con los conflictos por nuestras tierras y territorios, la presencia de ex-militares, actividades ilegales, la violencia de las maras, la violencia contra las mujeres—incluyendo el femicidio—son amenazas diarias contra el bienestar y seguridad de nuestros pueblos. Estos ejemplos históricos y actuales demuestran una continuidad racista colonial en nuestros países, que se manifiestan en problemas complejos que no han sido resueltos todavía y que siguen contribuyendo a la desigualdad y la falta de oportunidades, especialmente para las personas de pueblos originarios—con énfasis especial en los jóvenes y mujeres en la región. Ante este contexto de persecución histórica, violaciones, estados racistas y excluyentes, la falta de acceso a la justicia y verdadera igualdad, nosotros vemos que nuestra situación particular como pueblos originarios desplazados forzadamente amerita consideraciones específicas y especiales en materia de
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nuestros derechos particulares como pueblos originarios y como refugiados. Ante esta situación nosotros presentamos las siguientes recomendaciones y peticiones. 1. Una reunión con líderes y lideresas de los pueblos originarios que radicamos en los EEUU conjuntamente con nuestros hermanos y hermanas de los Pueblos Originarios del Norte que también conocen y han vivido una historia de desplazamiento forzado de sus tierras y territorios. 2. Ante la nueva política de inmigración que ha generado el odio, la discriminación y el racismo en EEUU, pedimos a los gobiernos de México y de los países Centro y Sur Americanos que presenten propuestas y compromisos ante las redadas y deportaciones que están afectando a nuestra comunidad y aterrorizando a nuestra gente a nivel Nacional, en particular a los niños, las niñas y los jóvenes. 3. El establecimiento de una mesa de dialogo de alto nivel entre las Autoridades Ancestrales de los Pueblos Originarios afectados por las industrias extractivas, hidroeléctricas y otros mega proyectos y monocultivos para abordar el tema de Desarrollo Integral en el marco de los instrumentos nacionales e internacionales arriba mencionados. 4. El reconocimiento que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas es el marco mínimo para abordar nuestros derechos como Naciones originarios dentro del contexto de conflictos, persecución y el desplazamiento forzoso de nuestras tierras y territorios que nos han convertidos en refugiados. La mayoría de los países han ratificado la Declaración y por ende han asumido un compromiso para avanzar e implementar tales derechos de los pueblos originarios. 5. El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte no es una solución, es una política más de los estados para impulsar megaproyectos y la extracción y explotación de los bienes naturales y la re-militarización de la región. Pedimos un análisis del contexto y la participación democrática, plena y efectiva de los pueblos en este análisis para crear un proceso que resulte en la transformación equitativa en la región. Por lo antes expuesto, quedamos en la espera de un futuro intercambio positivo y que exista un dialogo real que pueda lograr los objetivos para el bien de la vida de nuestros pueblos y nuestras futuras generaciones. Quedaremos pendientes de su respuesta, por favor contactar a Juanita Cabrera Lopez juanita@mayanleague.org, +1 (202) 827-6673; o Norma Recinos sobsaid@gmail.com. Sinceramente:
Tata Margarito Crespín Esquino Nación Nahuat, El Salvador Cacique de la Nación Nahuat Asociación Nacional Indígena Salvadoreña (ANIS)
Norma Recinos Nación Maya, El Salvador Asociación Nacional Indígena Salvadoreña (ANIS) 3
Alber Bernal Mejia Nación Nonualco, El Salvador Asociación Nacional Indígena Salvadoreña (ANIS)
Yamileth Adriana Dimas Ascencio Nación Nonualco, El Salvador Asociación Nacional Indígena Salvadoreña (ANIS)
Benito Juárez Nación Maya Mam, Guatemala Red por la Paz y Desarrollo de Guatemala (Houston, TX) Vice Presidente, Liga Maya Internacional
Juanita Cabrera Lopez Nación Maya Mam, Guatemala Directora Ejecutiva, Liga Maya Internacional
Tata Genaro Jacinto Calel Nación Maya Q'anjob'al, Guatemala Miembro del Consejo Cargador, Liga Maya Internacional
Janet Hernandez, Mexico Grupo para la Defensa Comunitaria
Lorena Elizabeth Brady Ciudadana de Ecuador y Estados Unidos de América Socia de Políticas, Liga Maya Internacional
María Regina Firmino-Castillo Mestiza, Guatemala Antropóloga, Liga Maya Internacional
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Gladys López Nación Maya Mam, Guatemala Grupo para la Defensa Comunitaria
Tohil Fidel Brito Bernal Nación Maya Ixil, Guatemala Arqueólogo y Artista Grupo para la Defensa Comunitaria
Jose Luis Espada Nación Aymara, Bolivia Grupo para la Defensa Comunitaria
Norberto Martinez Nación Zapoteca, México Grupo para la Defensa Comunitaria
Alex González Nación Maya Ixil, Guatemala Grupo para la Defensa Comunitaria
Jorge L. Amaya Orellana Nación Lenca, El Salvador Asociación Nacional Indígena Salvadoreña (ANIS)
Jayerr Carrasko Nación Colla Aymara, Bolivia Grupo para la Defensa Comunitaria
Francisco Pérez Paz Nación Maya Mam, Guatemala Grupo para la Defensa Comunitaria
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