Aportes para la elaboración de propuestas educativas
de estandarización externa y de prestación de cuentas que ha implementado el gobierno federal en la educación primaria y secundaria, que para dichos críticos ha llevado a resultados lamentables. Estos sectores piensan, junto con las agencias de acreditación, que el uso de medidas estandarizadas del aprendizaje debe quedar a discreción de cada institución como una de las herramientas a su disposición, limitando en los hechos la capacidad de los gobiernos y otros actores externos a establecer comparaciones válidas o pretender estándares generales en la evaluación de los programas. Desde la década de 1980, superpuesto con este debate sobre las limitaciones de la acreditación tradicional y la ingerencia creciente del gobierno federal sobre ella, otro impulso para la reforma del sistema de aseguramiento de la calidad provino de los estados de la federación en la supervisión de las instituciones públicas. Los gobiernos, a diferencia de las agencias de acreditación, están interesados en evaluar el funcionamiento del sistema o de los subsistemas o segmentos que lo componen. Cabe recordar que la clasificación de instituciones por segmentos –iniciada en el estado de California en los años 60, luego adoptada en muchos otros estados y consagrada, como taxonomía más detallada, por la clasificación Carnegie—tiene carácter de regulación pública de la misión de las instituciones sostenidas por los gobiernos estatales. Por este medio los estados restringen a las instituciones en el desarrollo de sus programas de enseñanza, por ejemplo, limitando el número de aquellas que pueden ofrecer programas de doctorado. Desde los años 80, casi todos los estados desarrollaron sistemas de monitoreo y control de la calidad sobre la base de indicadores cuantitativos a nivel institucional para cada segmento, ejerciendo de este modo la supervisión y monitoreo de las instituciones de manera más estrecha. El uso de indicadores potencialmente entra en conflicto con los sistemas de acreditación, ya que un gobierno está en condiciones de evaluar que algunas instituciones operan con bajos estándares académicos –por ejemplo, por sus tasas de retención y graduación—a pesar de que esto pase desapercibido en los procesos de acreditación (ElKawas, 2001, p. 128). El uso de indicadores para realizar asignaciones presupuestarias, aunque limitado, genera también tensiones en este campo. Debe recordarse que los estados regulan también las licencias profesionales y de esta forma indirectamente también regulan los programas profesionales. En el caso de la docencia esta regulación es particularmente significativa.
I.3 La creación de sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad en Europa. Los cambios recientes más drásticos en la relación de los estados con la educación superior han tenido lugar en los sistemas de Europa continental, caracterizados como ya dijimos por el control burocrático ejercido por los gobiernos centrales y la escasa autonomía de las instituciones. Dichos cambios fueron generalmente iniciados por movimientos políticos conservadores orientados a introducir reformas más generales en el estado, en la provisión de servicios públicos y en su regulación. Las estrategias gubernamentales de inicios de este período tenían como objetivo terminar con el financiamiento 48