Administración Pública en Venezuela

Administración Pública en

Año 1/ Nº 1 Julio 2017

Revista Digital Administración Pública en Venezuela Publicación: 22/07/2017 Año 1/ Nº 1 Julio 2017

Editada por: María Carrero Viaje. CJP-162-00263V Tutor: Prof. Abg. Luis Palacios Sanabria

Universidad Yacambú Vicerrectorado Académico Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Cabudare, Lara, Venezuela

Editorial Organización de la Administración Pública Municipal

Principios de la

Criterios vigentes jurisprudenciales sobre la

Sistema judicial venezolano: ¿perversión?

Editorial Tiempo de crisis, tiempo de reivindicación.

Ahora bien, por mandato de la ley, los actos administrativos emanan al mundo jurídico respaldados por la presunción de la legalidad, gozando así de fuerza jurídica formal y material, inclusive si esta tuviera vicios, dichos actos se consideran legítimos y productores de su natural eficacia jurídica, hasta tanto se declare la extinción de sus efectos en el trayecto administrativo o judicial. Pues para que dichos actos administrativos sean totalmente legítimos, deben adaptarse acorde a los principios de separación de poderes, legalidad, de respetar a las situaciones jurídicas subjetivas y de la responsabilidad, principios que constituyen las nociones del Estado de Derecho, a los cuales deberá someterse toda función de la Administración.

De la misma manera, las decisiones de los actos administrativos en ejercicio de sus potestades podrían estar dispuestas a ser recurridas en vía administrativa o contencioso administrativa si actúan en desconocimiento de dichos principios ya que quebrantarían el ordenamiento jurídico donde deben desplegarse y dependiendo de la gravedad de aquel quebrantamiento estos podrían ser declarados nulos o anulables.

Asimismo, se puede definir a la administración pública como esa función del Estado que radica en actividades concretas, continuas, espontáneas y prácticas que tienen carácter subalterno a los poderes del Estado y que satisfacer ya sea en forma directa o inmediata las necesidades de la colectividad es el objetivo de esta, incluyendo el logro de los objetivos del Estado dentro del orden jurídico establecido. Las funciones en su estructura y funcionamiento son normalmente reguladas por el derecho administrativo.

Dada la naturaleza de la administración pública, esta une de manera directa a la ciudadanía con el poder público, dando satisfacción a los intereses públicos de forma inmediata.

Organización de la Administración Pública Municipal La administración de los municipios corresponde al alcalde

El control y vigilancia de los ingresos y gastos corresponde al Contralor municipal, los cuales gozan de autonomía orgánica según la Ley Orgánica de Régimen Municipal

El poder legislativo corresponde al concejo integrado por los concejales

LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales, relativos al Poder Público Municipal, su autonomía, organización y funcionamiento, gobierno, administración y control, para el efectivo ejercicio de la participación protagónica del pueblo en los asuntos propios de la vida local, conforme a los valores de la democracia participativa, la corresponsabilidad social, la planificación, la descentralización y la transferencia a las comunidades y grupos vecinales organizados.

Principios de la En

virtud de lo que dicta el artículo 141 de la CRBV, la administración pública está fundamentada en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

Estos principios los repite el artículo 12 de la LOAP al requerir que la actividad de la administración pública se desenvolverá con base en “los principios de economía, celeridad, simplicidad administrativa, eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y confianza”. Asimismo, se efectuará dentro de parámetros de racionalidad técnica y jurídica.

El artículo 12 de la LOAP dispone que la simplificación de los trámites administrativos será tarea permanente de los órganos y entes de la Administración Pública, así como la supresión de los que fueren innecesarios, todo de conformidad con los principios y normas que establezca la ley correspondiente.

Los órganos y entes de la Administración Pública, en su funcionamiento, deben sujetarse a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los respectivos planes estratégicos y compromisos de gestión (art. 18).

Todos los reglamentos, resoluciones y actos administrativos de carácter general dictados por la Administración Pública deberán ser publicados, sin excepción, en la Gaceta Oficial de la República, según el caso, en el medio de publicación oficial del Estado, Distrito metropolitano o Municipio correspondiente (art. 13).

La norma recoge el principio general del comienzo de la eficacia de los actos administrativos de efectos generales (normativos) o de carácter general (destinados a varios sujetos de derecho), sujetándolo a la publicación en la Gaceta Oficial.

En los casos en que las actividades de los órganos y entes de la Administración Pública, en ejercicio de potestades públicas que por su naturaleza lo permitan, fueren más económicas y eficientes mediante la gestión del sector privado o de las comunidades, dichas actividades deben ser transferidas a éstos, de conformidad con la ley, reservándose la Administración Pública la supervisión, evaluación y control del desempeño y de los resultados de la gestión transferida (art. 20).

La asignación de recursos a los órganos y entes de la Administración Pública se debe ajustar estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de sus metas y objetivos. En todo caso, el funcionamiento de la Administración Pública debe propender a la utilización racional de los recursos humanos, materiales y presupuestarios (art. 20).

La actividad de los órganos y entes de la Administración Pública debe perseguir el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromisos de gestión, bajo la orientación de las políticas y estrategias establecidas por el presidente de la República, por el gobernador, el alcalde según el caso (art. 19).

Conforme al artículo 23 de la LOAP, las actividades que desarrollen los órganos y entes de la Administración Pública deben estar orientadas al logro de los fines y objetivos del Estado, para lo cual deben coordinar su actuación bajo el principio de unidad orgánica.

Conforme al principio del artículo 136 de la Constitución, la Administración Pública Nacional, la de los Estados, la de los Distritos metropolitanos y la de los Municipios deben colaborar entre sí y con las otras ramas de los Poderes Públicos en la realización de los fines del Estado (art.

24).

Dispone el artículo 25 de la LOAP que la Administración Pública Nacional, la de los Estados, la de los Distritos metropolitanos y la de los Municipios deben actuar y relacionarse de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, deben: 1. Respetar el ejercicio legítimo de sus competencias por parte de las otras administraciones.

2. Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras administraciones.

3.

Facilitar a las otras administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.

4. Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras administraciones pudieran requerir para el ejercicio de sus competencias.

Criterios vigentes jurisprudenciales sobre la

Justamente,

el primer acercamiento a la noción de servicio público lo dio el Tribunal de Conflicto Francés, en el célebre arte Blanco, del 08 de febrero de 1873, en el que con ocasión a una demanda de indemnización por los daños causados a un menor, producto del impacto de una vagoneta de la manufactura nacional del tabaco, y a los fines de determinar la competencia para conocer de tal reclamación, el Tribunal estimó que el daño causado era producto de la prestación de un servicio público y, en consecuencia, su conocimiento le correspondía a la justicia administrativa y no a la ordinaria, bajo la aplicación de normas de Derecho Público. Así, fue en esa oportunidad cuando por primera vez se aludió a la noción del servicio público, criterio que fue reiterado el 06 de febrero de 1903.

Hoy, conforme al artículo 140 de la Constitución de 1999 ya no hay lugar a dudas sobre la existencia de un régimen de responsabilidad administrativa de carácter objetivo que comporta tanto la llamada responsabilidad por sacrificio particular o sin falta como el régimen de responsabilidad administrativa

derivada del funcionamiento anormal del servicio público, según el cual los usuarios deben ser indemnizados por los daños que puedan surgir del mal funcionamiento de éstos En efecto, la Exposición de Motivos de la Constitución vigente, expresa que es “(...) la obligación directa del Estado (…) responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos y por cualesquiera actividades públicas”.

Asimismo, si bien conforme a los artículos 47 y 206 de la derogada Constitución del 61 se perfilaba ya un sistema de control para demandar la responsabilidad extracontractual de la Administración, con ocasión al funcionamiento de los servicios públicos, fue en la Constitución de 1999, cuando el artículo 259 determinó la existencia de un contencioso especial dentro de la jurisdicción contenciosoadministrativa, en concreto, la relativa al control en la prestación de los servicios públicos.

De este modo, a diferencia del artículo 206 de la Constitución de 1961, no sólo se establece qué órganos judiciales integran la jurisdicción administrativa y que éstos son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; sino que además, prevé expresamente que será esa jurisdicción la competente para conocer de los reclamos derivados por la prestación de servicios públicos.

La jurisprudencia se ha dedicado, además, a llenar de contenido el contencioso de los servicios públicos que consagra el artículo 259 de la Constitución, sin dejar de lado, la acción de tutela por intereses colectivos y difusos, prevista en el artículo 26 constitucional, para lo cual la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha invocado el ejercicio de la jurisdicción normativa que le confiere la propia Constitución.

De allí la importancia de referirse a los criterios jurisprudenciales sobre la noción sustantiva del servicio público y formas de gestión, como los medios procesales conferidos constitucionalmente a los usuarios, para reclamar la adecuada prestación del servicio público y lograr tanto el restablecimiento de los derechos violados, como su reparación, pues es y siempre ha sido el criterio del juez contencioso administrativo y también del que actúa en sede constitucional, el que ha delineado al servicio público.

Sistema judicial venezolano: ¿perversión?

Para comenzar y entender el tema en cuestión, es necesario saber que, el Sistema Judicial en Venezuela está integrado por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, los órganos de investigación penal, el sistema penitenciario, entre otros. Así lo establece el artículo 253 de la Constitución venezolana.

Ahora bien, el Sistema Judicial venezolano está muy lejos de ser, en la práctica, lo que, por otra parte, predica el artículo 254 de la Constitución venezolana: “El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional (…)”.

Son miles los casos que se podrían reseñar como ejemplo de un Sistema Judicial caracterizado por la ausencia de autonomía e independencia y que no garantiza una justicia real y efectiva. Tal vez, el más polémico y notorio caso que ha puesto de relieve internacionalmente las graves fallas de ese Sistema ha sido el proceso penal llevado contra el importante político opositor al régimen de Nicolás Maduro y máximo líder del Partido Voluntad Popular: Leopoldo López.

López fue procesado y condenado por supuestamente haber cometido los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños e incendio a edificación pública y bienes del Estado en grado de “determinación”, todo ello por acusación del Ministerio

Público que formalmente sostuvo su supuesta culpabilidad en la comisión de tales delitos.

Sin embargo, un análisis objetivo del proceso, de las actuaciones del Ministerio Público como acusador en juicio, de la defensa presentada por el equipo de abogados de Leopoldo López y de las decisiones judiciales que lo declararon culpable en primera instancia, en segunda instancia (desestimando una apelación) y en el Tribunal Supremo de Justicia (desestimando un Recurso de Casación); reflejan claramente que Leopoldo López fue

condenado por su discurso político y no por haber cometido los mencionados delitos. Después de que se anunciara la medida de casa por cárcel para López, Maduro dijo que había sido procesado por la Fiscalía General.

Los elementos más resaltantes del juicio penal contra Leopoldo López fueron no sólo la marcada politización de la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público al criminalizar un discurso político que no constituyó delito, sino también, la notable violación a sus derechos humanos a la defensa, al debido proceso, a la presunción de

inocencia y, en general, a obtener un juicio justo e imparcial por parte del Sistema Judicial venezolano, como lo garantiza la Constitución venezolana en sus artículos 26, 49 y 257.

Además, el caso Leopoldo López dejó en evidencia un Sistema Penitenciario en Venezuela absolutamente inhumano, según ha denunciado su familia, en el cual la tortura, los tratos crueles y degradantes son una perversa política de Estado, violando

así no sólo la prohibición de ese tipo de prácticas inhumanas, establecida en el artículo 46.1 de la Constitución venezolana, sino también, en los Tratados Internacionales aprobados por la ONU y la OEA y que han sido suscritos y ratificados por Venezuela.

Leopoldo López sigue preso injustamente, ahora en su casa, bajo arresto domiciliario.

Más allá del cambio de su centro de reclusión y de su caso, la conclusión a la que debemos llegar es que, más temprano que tarde, debe ir a juicio, paradójicamente, el

propio Sistema Judicial venezolano y sus perversiones, en la búsqueda de su reinstitucionalización y de la justicia.

http://cnnespanol.cnn.com/2017/07/11/el-caso-de-leopoldo-lopez-demuestralas-perversiones-del-sistema-judicial-venezolano/