Solicitud de apertura de órgano para despedir a presidenta de CCSS

San José, Costa Rica 09 de noviembre del 2015 Señor Luis Guillermo Solís Rivera Presidente de la República de Costa Rica Presente.Señores Consejo de Gobierno Poder Ejecutivo República de Costa Rica Presente.-

Excelentísimo señor Presidente y señores miembros del Consejo de Gobierno de la República de Costa Rica, Quienes suscriben, Hubert May Cantillano y Boris Molina Acevedo, abogados, ambos representantes de las víctimas en el caso 12361 que se tramita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Artavia Murillo y otros vs Costa Rica, FIV”, con el debido respeto nos presentamos ante ustedes a manifestar lo siguiente: La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), como institución ejecutora del derecho a la salud en Costa Rica, recibió un mandato en la sentencia del caso mencionado, emitida el 28 de noviembre del 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Sentencia que condenó al Estado de Costa Rica, y particularmente de forma expresa ordenó a la CCSS lo siguiente: “338. En tercer lugar, en el marco de las consideraciones desarrolladas en el presente Fallo (supra párrs. 285 a 303), la Caja Costarricense de Seguro Social deberá incluir la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber de garantía respecto al principio de no discriminación. El Estado deberá informar cada seis meses sobre las medidas adoptadas para poner gradualmente estos servicios a disposición de quienes lo requieran y de los planes diseñados para este efecto.” (El subrayado es nuestro, no del original) En el sentido anterior, esta institución es evidente que, a la fecha, NO HA CUMPLIDO con el mandato de la Corte IDH y, más bien, realiza acciones concretas no sólo para no cumplir con lo ordenado; sino que, en sentido contrario, obstaculizan el cumplimiento de la sentencia y se esmeran en seguir fomentando argumentos que, claramente, ya fueron superados en la sentencia de la Corte IDH. Por ejemplo, en el reciente informe que presenta la CCSS ante la Sala Constitucional de la República, en Acción de Inconstitucionalidad que se tramita en el expediente 15-013929-007-CO, ésta justifica su posición de la forma siguiente:

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Con base en lo anterior, nos preguntamos, de dónde saca la CCSS que un embrión tiene vida y que existe un derecho fundamental que lo cubra ? Acaso no sería esto una afrenta directa y un desacato formal a la sentencia de la Corte IDH que, de manera tajante y absolutamente clara manifestó que tal cosa no era posible, cuando dijo: “253. Por tanto, la Corte observa que las tendencias de regulación en el derecho internacional no llevan a la conclusión que el embrión sea tratado de manera igual a una persona o que tenga un derecho a la vida.”

Y más adelante concluye: “264. La Corte ha utilizado los diversos métodos de interpretación, los cuales han llevado a resultados coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. Asimismo, luego de un análisis de las bases científicas disponibles, la Corte concluyó que la “concepción” en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir de las palabras “en general” que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general.”. (El subrayado es nuestro, no del original).

Por lo tanto, al fundamentar su accionar la CCSS en una presunción no sólo falsa, sino contraria a lo dispuesto en la sentencia de la Corte IDH, estaría contraviniendo lo dispuesto en los artículos 11 y 194 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), debido a una violación o actuación contraria al Bloque de Legalidad, por cuanto la sentencia de la Corte IDH se encuentra en un lugar especial de este Bloque, con rango de sentencia en firme, inapelable, con efectos erga omnes y , por ende, de cumplimiento obligatorio para todo funcionario público.

El incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, por el motivo señalado, por parte de la CCSS es suficiente razón para ordenar la apertura de un órgano del procedimiento administrativo, con base en la LGAP y normas concordantes, con el objeto de averiguar la verdad real de los hechos y determinar si, en este caso, la Presidenta de la CCSS, como representante de esta institución, habría incurrido en una falta grave o gravísima, como consideramos sería la lesión directa al Bloque de Legalidad al desacatar una orden expresa de la Corte IDH en su sentencia (apartado 338) y desatender los razonamientos y mandatos expresados en dicha sentencia (apartados 253 y 264) en cuanto a la NO existencia de un derecho a la vida a favor del embrión y a lo que debe entenderse por 2

“concepción” y, por ende, a partir de qué momento se debe determinar lesionado el derecho a la vida conforme al artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En esa línea de pensamiento, solicitamos, con el mayor de los respetos, la apertura de ese órgano del procedimiento administrativo, contra la señora Presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, para que se investigue claramente si la señora incurre en falta grave o gravísima que amerite su despido inmediato del cargo que ocupa, y, a su vez, para que se determine si esas faltas podrían configurarse dentro de las conductas contempladas en el artículo 199 de la LGAP. En otro orden de ideas deseamos aclarar que, por supuesto, la justificación de la apertura de este órgano director del procedimiento que estamos solicitando o del procedimiento especial que pudiera corresponder según el criterio del Consejo de Gobierno y del Señor Presidente de la República, no se agotaría con el hecho que hemos señalado antes; sino que se motivaría en la conducta omisiva de la CCSS para cumplir con lo ordenado por la Corte IDH en su sentencia y por la constante violación de lo dispuesto en ese sentencia, no sólo en el informe presentado ante la Sala Constitucional que señalamos, sino en el informe presentado ante la Presidencia para la emisión del Decreto Ejecutivo 39210-MP-S, y en las declaraciones públicas que se hayan dado sobre el tema FIV por parte de la señora Presidenta de la CCSS. Desacatos tan evidente como, por ejemplo, el estar invocando la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez, actuando en contra de lo dispuesto en la sentencia de la Corte IDH ( La cual concluye que los embriones no son personas ni existe vida antes de la implantación del embrión en el útero de la mujer), consecuentemente argumentando en contrario para confundir a la ciudadanía o hacer incurrir en error a las autoridades judiciales, dando por un hecho que los embriones deben ser vistos como “niños” al tenor de la mencionada Convención y de nuestro Código de la Niñez. Conducta que, claramente, estaría contraria al bloque de legalidad por oponerse a la sentencia de la Corte IDH. En conclusión, consideramos que es necesaria una profunda investigación de la conducta de la señora Presidenta de la CCSS y de sus actuaciones en representación de la institución, con el objeto de determinar si se justifica su despido del cargo que ocupa, por haber cometido presuntamente un hecho grave o gravísimo al no haber cumplido con la orden expresa de la Corte IDH y actuar en contrario a lo dispuesto en dicha sentencia, según lo hemos señalado supra y de la forma que logre determinarse luego de cumplirse con el debido proceso al que, por supuesto, la señora Presidenta de la CCSS tiene derecho.

Por ser nuestro derecho ser informados de este proceso y tenernos como parte del mismo, solicitamos que seamos notificados a través del correo electrónico notijudiciales@gmail.com Rogamos resolver de conformidad,

HUBERT MAY CANTILLANO!

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BORIS MOLINA ACEVEDO