Consulta constitucional IVM-JUPEMA

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IP 011,

SALA, Cél.3431111,JCiONA1

21 JUN. 2017

SALA CONSTITUCIONAL, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

hui) 11, CONSULTA FACULTATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS OBJETO: EXPEDIENTE N.° 17.561 REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL Los que suscribimos, todos diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica por el periodo constitucional 2014-2018, muy respetuosamente interponemos, con fundamento en el inciso b) del artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción CDnstitucional, CONSULTA FACULTATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD sobre el proyecto de ley consignado bajo el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.° 17.561 "Reforma del Ststema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional" basados en las consideraDiones y fundamentos que a continuación exponemos: 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY EN CONSULTA. Se somete a consideración de los señores magistrados de la Sala Constitucional el expediente legislativo N. ° 17.561"Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional".

Para efectos de lo indicado en el artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este proyecto de ley fue aprobado en primer debate por la Comisión Plena Pr mera en la sesión ordinaria número 2 del pasado 7 de junio del año 2017 y conforme el párrafo segundo del artículo 124 de la Constitución Política.

2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA CONSULTA. La presente consulta se fundamenta en los artículos 96 inciso b), 98, siguientes y concordantes la Ley de la Jurisdicción Constitucional, N° 7135 y sus reformas y en los a-tículos 143, 145 y 165 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, y sobre los asnectos cue a continuación se detallan:

5.DIREC21,1ari7111 2:3ffl

Margarita Matarrita

2.1 ASPECTOS DE FONDO.

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA. AUTONOMÍA DE LA CCSS1 , DE LA PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS Y DE LA RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD SOCIAL. En el artículo 73 de la Constitución Política los constituyentes consolidaron y determinaron las características esenciales del sistema de la Seguridad Social en Costa Rica.

En el primer párrafo establecieron la existencia de un Seguro Social creado a favor de todos los trabajadores y financiado con la contribución forzosa del Estado, los trabajadores y los empleadores. Su objetivo es que sin importar la actividad económica a desarrollar o sus ingresos, todo trabajador pudiera disponer de un seguro por enfermedad, invalidez, vejez o muerte donde se brindara un paquete básico de beneficios y constituir el primer pilar de la seguridad social.

Para lograr este cometido los constituyentes tomaron la previsión de introducir dos condiciones: 1. La autonomía de la CCSS: Los constituyentes estaban convencidos que los peores administradores y depositarios de esos fondos eran los políticos. Por esto, y para su adecuado uso y resguardo de los dineros, reiteraron la importancia de la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social y reforzaron su rol como ente técnico especializado al establecerle su naturaleza jurídica como institución autónoma encargada de la administración y del gobierno de la seguridad social.

De este modo se le otorgo a la CCSS un grado de autonomía grado dos: administrativa y gobierno. Esto le impide al Poder Ejecutivo y Legislativo emitir órdenes a esta institución autónoma o emitir actos con los cuales puedan suplantar directa o ir directamente las facultes propias del gobierno de la seguridad social en Costa Rica.

'Caja Costarricense del Seguro Social

Splare este tema, los señores y señoras magistrados han explicado esta especial condición de la siguiente forma: la Caja Costarricense de Seguro Social, por ser básicamente una inst:tución autónoma de creación constitucional, la materia de su competencia, dada constitucionalmente, está fuera de la acción de la ley.

Dicho de otro modo, el legislador, en el caso de la administración y gob'emo de los seguros sociales tiene limitaciones, debiendo respetar lo que el Constituyente estableció. Así como estaría vedado al legislador emitir una ley donde disponga que la administración y gobierno de los seguros sociales ya no le corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social, asimismo, tampoco puede emitir una ley que incursione en aspectos propios o correspondientes a la definición de la CCSS, en la administración y gobierno de los seguros sociales. En este sentido, véase lo que dispuso esta Sala mediante la resolución número 2001-010545 de las 14:58 horas del 17 de octubre del 2001: ". . Queda claro que la ley no puede interferir en materia de gobierno de la Caja Costarricense de Seguro Social en virtud de la autonomía plena de que goza esta institución..." (Criterio reiterado en la resolución número 2001-011592 de las 09:01 horas del 09 de noviembre del 2011).

Como argumento adicional, debe resaltarse que la norma que define las funciones y fines de la Caja Costarricense de Seguro Social, se ubica en nuestra Carta Magna en el capítulo de derechos y garantías sociales, mientras lo referente a Instituciones Autónomas se ubica en otro Título XIV; la diferencia en la ubicación refleja, desde una interpretación siste,-nática y sistémica, que la propia norma fundamental al crear la instit..ición de la seguridad social, pretende brindarle protección solidaria y pnontaria a la persona por su propia condición; evidentemente se trata de una institución que asume el espíritu solidario que inspira el artículo cincbenta y setenta y cuatro de la Constitución. Lo que se pretende es que cada persona tenga la garantía que el Estado solidario le asegura salud, pensbn, beneficios por incapacidad y todo lo referente a la seguridad so.';iaI. Esta disposición que se convierte no sólo es un fin o guía de acción

dsl Estado, sino también en un límite por sí mismo, al asegurar que ni el ,==oder Ejecutivo o el Poder Legislativo podrían menoscabar dicha competencia constitucional"

(Resolución 2011-15655 de la Sala

Constitucional).

2. Prohibición para la trasferencia y desvío de las reservas de la Seguridad Social: En el tercer párrafo del artículo 73 de la Constitución Política, los constituyentes estable.ciem la prohibición categórica para que los fondos y la reserva de los seguros sxiales pudieran ser a) transferidos o b) empleados en finalidades distintas a las que mot varon su creación.

Es7a limi:ación pretende evitar no solo que los políticos pudieran disponer de est:s direros, sino también impedir, con el paso del tiempo, la salida de los cotizantes hacia Dtrps sistemas de pensiones. No es un sistema de capitalización individual donde el cot zarte es dueño de sus aportes y los intereses que estos generan. Para comprender la tras::ende -cia es fundamental resaltar que el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Cos:arricense de Seguro Social está concebido como un régimen de reparto y uriversal; el primer pilar de la Seguridad Social en Costa Rica. Esto implica que conforme ccn e Pr ncipio de Solidaridad Social todos los cotizantes aportan de forma forzosa y scl dar a a un fondo común, y a partir de este se obtienen los recursos para el pago de las jubilaciones y en general para sostener los otros beneficios dados por la CCSS. Todos los t-abajadores, empleadores y el Estado son quienes deben ayudar y colaborar por el scsTen miento del bienestar general de la sociedad. Por lo cual, a partir de esta lógica imp c la en el artículo 73 de la Constitución Política, cualquier cambio donde se promueva una segregación de los cotizantes hacia otros regímenes especiales donde se genere una trarsferercia de las reservas o pretenda el retiro de los fondos de la reserva de pensiones sería inconstitucional porque consistiría en un ruptura de ese principio de solicald a:: social y un acto que incidiría en el equilibrio del fondo, el cual da sustento real al derecho jubila..torio de los cotizantes al régimen.

Ce esta 'orma, tanto la Autonomía de la CCSS y la prohibición para la trasferencia y cesvío de las reservas de la Seguridad Social constituyen verdaderas garantías

dispues:as por los constituyentes para el sostenimiento en el corto y largo plazo del Régime- de Invalidez Vejez y Muerte de la CCSS. Disposiciones que no pueden ser obviadas por ningún órgano o ente del Estado.

En el caso que nos ocupa, el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 17.561 REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL pretende adicionar un transitorio a la Ley No. 7531 con el objeto de permitirle revertir a un ese grupo de personas su decisión libre y voluntaria de haber salido del Régimen del Magister o Nacional y haberse pasado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. En el año de 1995, cuando entró en vigencia la Ley No. 7531, los legisladores oermitierpn como una situación única y de excepción que las personas pudieran :rasladarse del Régimen del Magisterio Nacional al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este derecho de traspaso se reguló en los articules 4 y 31 de la ley en cuestión y en ambos se establecía el cambio por una sola .vez,

de manera que no procediera incluirlos de nuevo en el Régimen del Magisterio.

Con'orme con esta posibilidad, la ley y el decreto ejecutivo número N° 26069-H-MTSS establecieron los plazos, las condiciones y obligación para el Poder Ejecutivo y la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional de realizar los cálculos actuariales requeridos con el fin de que ellos giraran las cuotas de las personas trasladadas. De este modo, desde el año de " 997 se consolidó un grupo de educadores a los cuales se les cancelaron las diferenc as y se acreditaron a su favor el dinero y el tiempo laborado a efecto del reconoc miento de su pensión en el Régimen de la CCSS. En consecuencia, se consolidó una situación jurídica respetuosa de la voluntad manifiesta de estas personas dada hace más de 20 años Ahora un grupo de legisladores pretenden mediante el proyecto de ley en análisis, adicionar a la Ley No. 7531 una norma de fondo que han denominado "transitorio" con el objeto de abrir una opción de trasferencia del Régimen de la Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS a los sistemas de reparto o de capitalización colectiva de la Junta de Pensiones del Mag sterio Nacional. Lo anterior en las siguientes circunstancias: 1. Los funcionarios que a la entrada en vigencia de la ley hayan cotizado al menos durante diez años ininterrumpidamente al régimen del Magisterio Nacional y

solicitaron su exclusión, podrán contar con 1 8 meses para manifestar su oposición a su tras.lado.

2. Cuando el educador haya pertenecido al régimen de reparto y manifieste su oposición deberá firmar una autorización para que se deduzca de su salario los montos resultantes de la diferencia en la cotización obrera efectivamente cancelada al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social y la que les hubiera correspondido cancelar al régimen de reparto.

3. En estos casos, se establece una obligación para la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Hacienda para suscribir un convenio para definir el plazo y la forma en que se deberá la CCSS devolver a favor del Ministerio de Hacienda los dineros correspondientes por concepto de cotizaciones obrera, patronal y estatal c ue correspondan a dicho funcionarios.

4. Cuando el educador haya pertenecido al régimen de capitalización colectiva y manifieste su oposición, se establece la obligación para él de firmar un convenio con la ,unta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, en el cual se regulará el plazo y la forma en que deberán cancelarse a éste, los montos resultantes de la diferencia en las cotizaciones obrera y patronal efectivamente canceladas al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y las que hubiera correspondido cancelar al régimen de capitalización.

5. En estos casos, se establece la obligación para la CCSS y la Junta de Pensiones del Macisterio Nacional de suscribir un convenio para regular la forma y el plazo en que se le cancelará a la Junta los montos recibidos por concepto de las cotizaciones obrera, patronal y estatal que corresponda a dichos funcionarios.

Todo lo anterior implica tres mandatos directos a la Caja Costarricense de Seguro Social por parte del Poder Legislativo, que son: a)

Se le ordena trasladar a un grupo de aproximadamente de 1847 personas del Régimen del Seguro de Invalidez Vejez y Muerte de la CCSS al Régimen de Capitalización Colectiva o de Reparto según corresponda.

b)

Se le ordena suscribir un convenio con el Ministerio de Hacienda y la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional para convenir plazos y

modo de pago para devolverles las cotizaciones obrera, patronal y estatal que correspondan a dichos funcionarios. c)

Se le ordena transferir dineros del fondo de la reserva de pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte CCSS al Ministerio de Hacienda y a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional.

A lo largo del trámite de este proyectos de ley, la CCSS en varias oportunidades tan indicado las implicaciones negativas que tiene la aprobación de este proyecto de ley para las sostenbilidad del Régimen de Invalidez. Vejez y Muerte.

Al respecto puede consultarse, al menos. los siguientes oficios: 1 Ofido No. 40781 del 6 de setiembre del año 2010 suscrito por Emma C. Zuñiga Valverde, Secretaria de la Junta Directiva de la CCSS ( Folio 55) 2. Oficio No. 52.782 del 13 de diciembre del año 2010 Emma C. Zuñiga Valverde, Secretaria de la Junta Directiva de la CCSS (Folio 162).

3. Oficio GP-47.139 del 7 de diciembre del año 2010 de la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, "Criterio entorno a Consulta Proyecto de Ley: "Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional" (Folio 166).

4. Oficio DAP-2291-2010 del 30 de noviembre del año 2010 suscrito por la Dirección Administración de Pensiones de la CCSS ( Folio 170) 5. Oficio No. 38.286 del 17 de julio del año 2104 suscrito por Emma C. Zuñiga Valverde, Secretaria de la Junta Directiva de la CCSS ( Folio 2043) 6. Oficio GP-34.892-14 del 9 de julio del año 2014 de la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, "Criterio entorno a Consulta Proyecto de Ley: "Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional" (Folio 2058).

7. Oficio ALGP del 8 de julio del año 2014 de la Gerencia de Pensiones de la CCSS. Asuntos: Ampliación criterio legal sobre el texto del proyecto "Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional" (Folio 2068).

Más reo ente; en la sesión de trabajo de la Comisión Legislativa Plena celebrada el pasado 31 de mayo del año 2017, el señor Ubaldo Carrillo Cubillo. Director de Pensiones de la Caja Ccstarricense de Seguro Social, estimó este prejuicio en 52 399 millones de -_ 01cnes. Textualmente indico:

"Desde esa perspectiva, el análisis que hace el Régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social identifica un grupo de mil ochocientos cuarenta y siete funcionarios, que actualmente cotizan a la seguridad social, que cuando se compara con el total de activos que están cotizando a la seguridad social, es aproximadamente un punto uno, un punto doce por ciento. El salario promedio de los activos que se pretende trasladar, es un salario promedio que supera el millón ochocientos mil colones y el salario promedio general de los cotizantes al Seguro de IVM es de cuatrocientos setenta y cinco mil colones. ¿Cómo se traduce eso en un impacto? Cuando identificamos, no solo el costo que significaría tomar de las reservas para trasladar las cotizaciones a otro régimen, sino también cuando usted cuantifica los ingresos que deja de percibir por el traslado de esas cotizantes y lo compara con lo que podría ser un eventual pasivo actuarial-como en algún momento se hizo ver aquí en la Comisión- usted tiene un valor presente actuarial. Y el valor presente actuarial de este proyecto, para la seguridad social, es de una afectación -según el valor presente actuarial que calculan nuestros actuarios- de cincuenta y dos mil trescientos noventa y nueve millones de colones.

La disminución de la masa salarial sería de cuarenta y cinco mil doscientos treinta millones de colones y eso es lo que nosotros hemos venido exponiendo. Con mucho gusto, podríamos recibir a los técnicos que la Junta o el Ministerio de Hacienda consideren oportuno, que recibamos, para que vean cómo la Caja Costarricense de Seguro Social trabaja con sus modelos actuariales para identificar el valor presente actuarial".

En otras palabras, el perjuicio para el Sistema de Invalidez, Vejez y Muerte de la COSS está ampliamente acreditado y demostrado en el expediente legislativo'.

'Es imperativo indicar que los representantes de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional carecen de los cálculos sobre el impacto que la aprobación de este proyecto tiene para la Caja Costarr cense de Seguro Social. Así lo indicaron y consta en el Acta sesión de Trabajo N.° 2 , del 7 de j_nio de 2017 e indica: ''Coordinador: segunda pregunta es: si hay impacto en el 1VM, ahí hay contribuciones del patrono, de los trabajadores, etcétera, de las operadoras de pensiones y todo lo demás, ¿cómo

Así las cosas, el proyecto de ley en consulta resulta en inconstitucional por transgredir el artículo 73 de la Constitución Política de Costa Rica dado que viola la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social al ordenarle de forma directa aspectos tales como: a) la exclusión de personas de la lista de cotizantes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, b) la obligación de suscribir un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y el Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, y c) el tener que convenir sobre los montos y el plazo en el cual la institución sería obligada a transferir parte de los fondos de su reversa de pensión al Ministerio de Hacienda y a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional.

Por otra parte, el supuesto transitorio también deviene en inconstitucional porque viola la prohibición establecida en el párrafo tercero del artículo 73 constitucional que impide transferir los fondos y las reservas de los seguros sociales. En este caso, la transferencia de fondo hacia el Ministerio de Hacienda y a la Junta de Pensiones del Magisteric Nacional a partir de la autorización del traslado de trabajadores del Régimen de Pensiones de la CCSS al de JUPEMA. La aprobación de este proyecto de ley redunda en un vaciamiento del sistema de seguridad social fundado en el principio de solidaridad social'. Véase, conforme con los va a ser ese impacto? Ese impacto la Caja nos dice que es cincuenta y dos mil cuat-Dcientos millones proyectados, ¿cierto? El impacto proyectado actuarial.

Pregunta ¿cuál es la estimación que tienen ustedes de ese impacto del IVM? Señzy Roger Porras: Nosotros no estimamos el impacto de cotización, lo que estimamos fue la diferencia de cotización."

3 "...El principio de la solidaridad social. El principal agente multiplicador de la distribución de la riqueza en el Estado Social de Derecho radica en este principio, que en nuestro país reside especialmente a partir de los mandatos contenidos en los artículos 1, 50, 73 y 74 de la Constitución Política. A través de todo el entramado administrativo (centralizado y descentralizado) y de distribucióa de los Poderes del Estado, se debe intentar erradicar las desigualdades sociales más imperiosas, implica que la actividad estatal tiene necesidad de vincularse razonablemente con el administrado que tiene mayores necesidades y debe satisfacer las demandas más apremiantes con las potestades de imperio del Estado, incluso para imponerse en circunstancias muy calificadas en contra de la voluntad del gobernado, pero que permite —al Estado- establecer mecanismos que hacen de la sociedad un lugar más justo y estable. Con este principio se promueve a equidad social, el cual consiste en la obligación de quienes tienen más a ayudar a los que menos tienen. Se inspira, en consecuencia, en un deber-ser de la sociedad o de la colectividad, para brindar soporte a quienes no tienen suficientes medios de subsistencia o quienes se encuerrran en un riesgo social y económico, y donde la sociedad da un paso adelante a través del Estado o de los mecanismos que éste crea, para satisfacer la necesidad de las personas que caen en un riesgo social y económico: por ello promueve mayor justicia y equidad. Como la seguridad sDcial nace de la necesidad humana, todo esto conlleva a un sacrificio de los sectores mejor acomodadas a favor de los más desposeídos, que es precisamente el espíritu de lo que se regula en los artículos 1, 50, 73 y 74 de la Constitución Política (pues son quienes tienen o tuvieron

datos aportados por la CCSS, que los trabajadores aptos para el traslado tienen un promedio salarial (1.800.000 colones) que triplica el salario promedio reportado el promedio general de todos los trabajadores y trabajadoras cotizantes para la CCSS (475 mil colones). Esto significa que pocos que aportan mucho se llevarán sus aportes y dejarán de contribuir en perjuicio de por muchos que aportan poco. El sistema de pensiones de la CCSS será menos solidario con la entraba en vigencia de esta iniciativa.

Nótese; el proyecto de ley en análisis no pretende la creación de un nuevo récimen especial de pensiones, modificar las condiciones de alguno ya existente o implementar una nueva política pública. Su único objetivo es sustraerle a la CCSS un grJpo muy específico de trabajadores y con esto, causar una desmejora al fondo de reserva de la CCSS, las aportaciones y los beneficios que ofrece este régimen. No se tra:a de un daño colateral o situaciones plausibles.

De avalarse este tipo de iniciativa - donde se permite el abandono voluntario de los trabajadores al Régimen de la CCSS y la transferencia de sus fondos su reserva - se ab -e un peligroso portillo para que en el futuro otros grupos de presión acuerpados por diferentes fracciones legislativas pudieran ir poco a poco desmembrando el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Cada vez que esto se permita, el régimen será menos solidario en el aporte que cada uno dé al sistema y. consecuentemente, en el beneficio brindado se-á cada vez menor. La aspiración de los constituyentes era un régimen donde todos los trabajadores, empleados y el Estado fueran solidarios y donde se brindarán iguales condiciones de beneficios para todos sin importar la ocupación o el ingreso. Nunca pretendió la existencia de gremios que pudieran ser solidarios solo con ellos mismos y procurando mejores condiciones para una minoría.

acceso a la educación, a mejores condiciones personales y sociales, y que en razón de tales beneficios se esperaría una conducta tendente a favorecer a aquellos con menor suerte, etc.).

Precisamer te, los sistemas de seguridad social promueven el combate a la pobreza extrema para los más desfavorecidos, se convierte entonces en un sistema de distribución económica y social que debe reconocerse conlleva inherentemente el sacrificio de ciertos grupos sociales mejor aventajados de la sociedad, pero que contribuye grandemente a la seguridad y paz social. Bien señalado por Albert Einstein: "Un estómago vacío no es buen consejero político", y ello debe ser la principal preocupación del Estado cuando existe en los estratos sociales más bajos de la sociedad oDstarricense..." (Resolución de la Sala Constitucional número 6638-13 de las dieciséis horas y

cero minutos del quince de mayo del dos mil trece).

Por último, la obligación que se pretende imponer a la CCSS para suscribir un convenio con el Ministerio de Hacienda y con JUPEMA 4 para regular el plazo y la forma en que deberá reintegrarse los montos correspondientes a las cuotas obrero, patronal y del Estado de todos aquellos que opten por el traslado, resulta lesiva de la autonomía que consagra la Constitución Política para la CCSS. Esto por cuanto, la autonomía faculta a la CCSS para desarrollar en forma independiente sus funciones y de auto dirigirse sin que pueda recibir imposiciones en el ámbito de sus competencias tales como órdenes, instrucciones, circulares o directrices en materia de gobierno y administración de los seguros sociales. Por lo cual, pretender imponer la suscripción de un convenio o pretender que sean el Ministerio de Hacienda o JUPEMA quienes directamente o indirectamente (Convenio) establezcan como disponer de los fondos de la reversa de pensiones de la CCSS constituye una clara violación a su autonomía administrativa y de gobierno'.

Por todas estas consideraciones, los suscribientes de esta consulta facultativa de constitucionalidad consideramos que el artículo único de este proyecto de ley resulta inconstitucional por violar el artículo 73 de la Constitución Política.

II.

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES — DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL.

En varias oportunidades la Sala Constitucional ha establecido que el derecho a la _ubilación es un derecho fundamental; parte integral del Derecho a la Seguridad Social.

Esta conclusión encuentra su fundamentado — conforme el decir de los magistrados Donstitucionales - en una interpretación armónica de los artículos 50, 73 y 74 de la constitución Política, así como de los artículos 25, 28. 29 y 30 del Convenio 102 de la 3.I.T., artículos 11 y 16 de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre; 22 y 25 'Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

3 Esta transgresión al artículo 73 de la Constitución Política ha sido advertida en varias ocasiones a os señores y se-loras diputados. Al respecto puede consultarse sobre este aspecto: a) Informe de Subcomisión de la Comisión Legislativa Plena Primera visible a folio 600 del expediente legislativo, b) Informe de Servicios Técnicos número ST.226-2010 J del 6 de octubre de 2010 (folio 84) y el Informe Integrado del expediente legislativo "Reforma al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional" elaborado por Licda. Melania Guevara. Jefa de área de la Comisión Plena Primera, Licda. Ada Angélica Castro Corrales. Asesora en filología y Licda. Tatiana Martínez Pérez.

Asesora Servicics Técnicos.

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 31 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales; 5 del Convenio 118 de la 0.I.1. y artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que de conformidad con los artículos 7 y 48 de la Constitución Política, integran el Derecho de la Constitución en materia de derechos fundamentales (Resoluciones No. 2005-10380 y 2007-04298 de la Sala Constitucional).

De este modo, el derecho a la jubilación -como derecho fundamental- no solo debe ser comprendido como el efectivo disfrute de la jubilación sino también el deber del Estado Costarricense de garantizar existan las condiciones razonablemente previsibles para que ese derecho sea real. Esto implica, la obligación de los órganos del Estado de no tomar acciones donde se eliminen o disminuya ese derecho jubilatorio; o bien, cuando eso ocurra, que no se omita la adopción de acciones concretas para compensar los perjuicios ocasionados'.

Lo anterior, es totalmente coincidente con el Principio de Progresividad de los Derechos Fundamentales; garantía sustantiva de estos derechos. Al respeto la Sala Constitucional ha indicado: "En un sentido positivo, los Derechos Fundamentales son para el legislador constituido un mandato, un principio rector o un programa por lo que debe desarrollarlos y configurarlos pero con respeto de su contenido esencial, esto es, del núcleo mínimo e indisponible -límite de límites- de cada uno de estos. El legislador constituido al desarrollar los Derechos Fundamentales debe velar por su progresiva intensificación y extensión de su eficacia y, en general, por su plena efectividad, para evitar cualquier regulación regresiva y restrictiva. La garantía de la progresiva efectividad de los Derechos Fundamentales se encuentra plasmada de forma clara y precisa en varios instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en su artículo 28 preceptúa que "Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos" y, para el caso de los Derechos económicos, El artículo 25 del Convenio 102 de la OIT "Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102)" claramente establece que todo miembro deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez

sociales y culturales, el ordinal 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que "Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económico y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales(...)". El rol del legislador constituido, aun en funciones de constituyente derivado, es concretar los Derechos Fundamentales y no mermarlos, dado que, la legitimidad democrática de la Asamblea Legislativa descansa en la piedra angular de los Derechos Fundamentales de sus habitantes. Sobre este particular, debe tomarse en consideración que las leyes tienen eficacia en función de los derechos fundamentales y no a la inversa." (Resolución N° 02771-2003 y 011043-2010 de la Sala Constitucional) Así las cosas, es criterio de los consultantes. que el proyecto de ley en análisis es hconstitucional porque este tiene como resultado un perjuicio para el Régimen de Irvalidez, Vejez y Muerte de la CCSS estimado en 52 399 millones de colones7.Por lo cual, la adopción de esta medida sería contraria al Principio de Progresividad en Materia de Derechos Fundamentales y al deber del Estado de evitar tomar acciones que venga a d sminuir o debilitar la posibilidad efectiva del Derecho a la Jubilación de todos los ciudadanos No se quiere indicar con este argumento que al legislador le este impedido crear nuevos regímenes de pensiones o crear nuevos complementarios al seguro universal brindado por la CCSS. El punto es indicar que esta discrecionalidad no puede ser irrestricla. Debe tener como primer límite que cualquier nuevo sistema donde se venga a mejorar las condiciones de un grupo de la población no pueden implicar un desmejoramiento del primer pilar de la Seguridad Social es Costa Rica; es decir, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS; o bien. no podría la Asamblea Legisla:iva tomar este tipo de acuerdos sin antes no poseer los estudios técnicos/actuariales donde se demuestre que no existe afectación.

En síntesis, la Asamblea Legislativa termina diciéndole a la CCSS cómo gobernar y administrar la seguridad social del Estado (sin mayor sustento técnico unívoco, dicho Este dato fue brindado por el señor Ubaldo Carrillo Cubillo, Director de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Acta de sesión del trabajo de la Comisión Legislativa Plena Primera del 31 de mayo del año 2017 (Folio 2484).

sea de paso), al tiempo que con esa decisión impropia obtenemos un legislador ordinario que intenta retroceder el contenido esencial actual del derecho fundamental prestacional involucrado. Por ende, queda demostrado que el texto normativo consultado se aparta del vigente bloque de constitucionalidad, de manera desproporcionada e insalvable.

Por las razones expuestas, es criterio de los consultantes que el artículo único del proyecto de ley en consulta es inconstitucional por transgredir el principio de progresividad de los derechos fundamentales en perjuicio del derecho jubilatorio de los costarricenses inscritos al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.

3. PETITORIA. Con base en todo lo antes expuesto, muy respetuosamente, solicitamos:

Se tenga por admitida la consulta facultativa de constitucional interpuesta sobre el proyecto de ley conocido en el expediente legislativo N. ° 17.561 REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL

Se declare como inconstitucional el artículo único del proyecto de ley en análisis por transgredir el artículo 73 de la Constitución Política de Costa Rica.

Be declare como inconstitucional el artículo único del proyecto de ley en análisis por transgredir el Principio de Progresividad de los Derechos =undamentales en relación con el Derecho Jubilatorio.

4. NOT'FICACIONES. Para atender notificaciones señalamos el número de fax 2243-2180.

San José, 13 de junio de 2017.

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