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María Francisca Caracuel García, portavoz del Grupo Popular; Francisco Javier Conejo Rueda, portavoz del Grupo Socialista; Guzmán Ahumada Gavira, portavoz del Grupo Provincial Izquierda Unida Para la Gente; Gonzalo Sichar Moreno, Portavoz del Grupo Ciudadanos y María Rosa Galindo González, Portavoz del Grupo Málaga Ahora, presentan la siguiente: MOCIÓN DE RECHAZO A LA APERTURA DE CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son espacios no penitenciarios cuya función instrumental es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación administrativa irregular, para lo que incluso se les priva de libertad durante un periodo máximo de 60 días. En lo que supone retirar la libertad de personas por una falta administrativa, actuación de dudosa legalidad, que vulnera la propia Constitución española que en su artículo 25.3, prohíbe a la Administración civil la imposición de sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Y que evidentemente vulnera los Derechos Humanos. La normativa europea no obliga al Estado español a internar a las personas extranjeras para su expulsión o a contar con centros con este régimen de privación de libertad. Esta interpretación, además de respetar el tenor literal del texto, resulta conforme con el principio de proporcionalidad que debe regir la regulación de esta privación de libertad. Así se establece, en efecto, en la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, el artículo 15.1 supedita el internamiento a la posible adopción de «otras medidas suficientes de carácter menos coercitivo»; por otra parte, dispone el carácter potestativo del internamiento al establecer que «los Estados miembros podrán mantener internados a los nacionales de terceros países que sean objeto de 1


procedimientos de retorno». Y a su vez limita la posibilidad del internamiento a dos finalidades: «únicamente a fin de preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión». Además de ello, desde el punto de vista de la garantía de la expulsión –la función para la que presuntamente fueron creados–, resultan ineficientes e innecesarios. Según los últimos datos recogidos por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del Defensor del Pueblo, de las 6.930 personas internadas en 2015, tan solo 2.871, fueron efectivamente expulsadas, es decir, apenas un 41% del total. Los datos demuestran que la medida se emplea de forma abusiva, internando indebidamente a personas que per se no son expulsables, y que, además, resulta ineficaz. Pero es que, además, el internamiento de personas extranjeras a efectos de su expulsión resulta innecesario, habida cuenta de que, según datos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras correspondientes al año 2014, 11.817 personas fueron expulsadas y devueltas a sus países de origen y tan solo 3.483 fueron expulsadas desde un CIE. De estos datos se desprende que cerca del 70% de las deportaciones no se realizan desde los referidos CIE. A ello sumar el hecho de que la ocupación media en 2014 (últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior ) fue del 36%. Si 11.456 personas fueron encerradas en estos lugares en 2011; en 2016, la cifra bajo hasta las 6.930 personas. Los decretos de internamiento de los jueces se han reducido drásticamente, si en 2012 hubo 11.600 decretos de internamiento, en la actualidad el número es de casi la mitad. Pese a ello el Gobierno de España ha manifestado por escrito en numerosas ocasiones que se planteaba la apertura de un nuevo CIE en Málaga, para el que, al menos en 2013, no disponía de solar adecuado para su ubicación en la provincia de Málaga. No obstante, reconocían que, una vez se dispusiese de los terrenos necesarios, se procedería a la redacción del proyecto y a la contratación de las obras correspondientes. La última vez que este asunto salió a la luz pública ha sido recientemente cuando el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido Álvarez, respondía a una pregunta en el Senado, afirmando que se está trabajando en la construcción de 2


tres nuevos CIEs. Uno en Algeciras, otro en Madrid y el último de ellos en Málaga para sustituir al que se cerró en 2012. Así se recoge en el Programa 132ª sobre Seguridad Ciudadana de la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Entre las Actividades de Carácter Operativo se encuadra el Potenciar los programas gestionados de manera conjunta y coordinada por la Secretaría de Estado de Seguridad. Uno de ello es el de Planes SUR y de Infraestructuras para la Inmigración, que recogen actuaciones relacionadas con la mejora de las infraestructuras policiales para la inmigración, en particular la red de centros de internamiento de extranjeros. Se plantea como objetivo prioritario en estos momentos la construcción de nuevos centros en Madrid, Málaga y Algeciras. La argumentación para ello del Ministro del Interior Juan Ignacio Zoido es que el objetivo consiste en "mejorar la situación" de estos centros. Pero la realidad es que en la Provincia de Málaga no hay CIE que mejorar. Y los datos no engañan y muestran que la apertura de 3 nuevos CIEs en el Estado español es del todo innecesario. Supone además un mensaje explicito desproporcionado de alarma social frente a las migraciones a la sociedad española, en lo que supone un acto irresponsable de abonar el imaginario xenófobo y racista que sobrevuela peligrosamente Europa y EEUU con el auge electoral de las opciones neofascistas. Llama poderosamente la atención que, justo cuando cae en picado la inversión del Gobierno en Málaga (se reduce un 44% respecto a años anteriores) se proyecte la apertura de un CIE en la provincia. La gestión de los CIE es preocupante y sospechosamente opaca, donde no se garantizan derechos fundamentales como la salud física y psicológica, la educación, la identidad, el derecho a la vida personal y familiar, la intimidad, la integridad física, el acceso a la justicia o, incluso, la propia vida, a lo que hay que sumar las reiteradas denuncias relativas a la violación de derechos de las personas internadas en ellos. Las personas privadas de libertad en un CIE –y también las de su entorno, su familia y amistades– padecen una situación personal extremadamente dolorosa. En este punto, se hace necesario explicitar que en los CIE se sigue internando a personas con graves enfermedades físicas y psíquicas, mermando 3


así las posibilidades de recibir atención médica especializada y de continuar con los tratamientos. La gravedad de estas vulneraciones adquiere una entidad tal que ha provocado el fallecimiento de varias personas durante su internamiento. No queremos olvidar a Mohamed Abagui, Samba Martine, Idrissa Diallo o Aramis Manukyan, todas ellas fallecidas en un CIE , es decir, en un marco en el que el Estado era el garante de su integridad física y su vida. Todas ellas personas que han sido víctimas de una muerte que podría haberse evitado. La gravedad de todo lo expresado aumenta en el caso de las mujeres. Como afirma la Asociación para la Prevención de la Tortura, las mujeres en un CIE están en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo que los hombres. Se ha constatado que, entre las mujeres encerradas en los CIE , hay embarazadas, víctimas de trata, posibles solicitantes de protección internacional o madres que, al ser expulsadas, dejarán en España a sus hijas e hijos. También se ha acreditado que, lejos de recibir una atención adecuada a sus circunstancias en los CIE , las mujeres son objeto de todo tipo de discriminaciones y abusos directos e indirectos. En este punto, no podemos obviar los tristes acontecimientos de abusos sexuales acaecidos en nuestra ciudad de Málaga, entre junio y julio de 2006 en aquel lamentable CIE de Capuchinos que la perseverancia y lucha de los movimientos de nuestra ciudad logro cerrar por fin hace 5 años. La legislación marca que su finalidad es retener a los ciudadanos extranjeros a la espera de su expulsión. Pero la práctica nos muestra que el mecanismo es puramente punitivo, pues se priva de libertad a una persona que no ha cometido ningún delito. Hay importantes organizaciones nacionales e internacionales que cuestionan la existencia de los CIE. En ese sentido también se ha pronunciado el Defensor del Pueblo. Los propios relatores de Naciones Unidas han expresado el alto coste humano que supone esa medida para las personas internadas. Los ayuntamientos y entes locales, en tanto que primeros espacios políticos de proximidad con la ciudadanía, deben fomentar el desarrollo de la democracia y 4


la igualdad en el ejercicio de los derechos. Por ello debemos reclamar la garantía de los principios y derechos constitucionales e internacionales para todas las personas, sin importar su situación administrativa. Así el 25 de febrero de febrero de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó una moción institucional por la que el municipio se declaraba contrario a la apertura de un nuevo CIE en Málaga. Y así se ha ratificado en declaraciones a prensa este pasado miércoles 5 de abril, su Alcalde Francisco de la Torre, a raíz de la noticia sobre las afirmaciones del Ministro del Interior. Nuestro Grupo entiende que se hace imprescindible un compromiso firme de nuestra provincia contra los CIEs. Al mismo nivel que ya lo adquirió la ciudad de Málaga. Es por todo ello que este grupo propone la adopción, exactamente en los mismos términos que el tomado en el Ayuntamiento de Málaga, del siguiente: ACUERDO PRIMERO.- La Diputación de Málaga manifiesta su rechazo a que se instale en la provincia un Centro de Internamiento para Extranjeros.

Fdo.: María Francisca Caracuel García Rueda Portavoz Grupo Popular

Fdo.: Francisco Javier Conejo

Fdo.: Guzmán Ahumada Gavira Portavoz Grupo IU para la Gente

Fdo.: Gonzalo Sichar Moreno Portavoz Grupo Ciudadanos

Portavoz Grupo Socialista

Fdo.: María Rosa Galindo González Portavoz Grupo Málaga Ahora

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