Revista 01

Nuevo Sistema de Justicia Penal Revista semestral del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Año I

Marzo 2010

Número I

“México tiene futuro, pero un futuro lleno de reformas”

El debido proceso en la ejecución de sentencias

Lic. Alejandro Martí García

Mtro. Miguel Sarre Iguíniz

El sistema acusatorio y el debido proceso

Con la participación de 30 destacados juristas y ante la presencia de más de 400 actores gubernamentales involucrados, en los niveles local y federal, así como miembros de la comunidad académica y de la sociedad civil, se realizó la declaratoria inaugural a cargo del Dr. Roberto Gil Zuarth, Subsecretario de Gobierno, quien acudió en representación del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta.

22 al 25 de marzo de 2010

Salón Reyes Heroles Secretaría de Gobernación Abraham González 48, Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, México, D.F.

22 al 24 de marzo Seis mesas de análisis sobre los desafíos en la Implementación Auditorio Jesús Reyes Heroles

24 y 25 de marzo Planeación para la administración, tecnologías de la información e infraestructura Auditorio Revolución

El objetivo del foro fue discutir y resaltar los aspectos torales de la capacitación en el sistema acusatorio penal y sus principales retos, encauzando las discusiones a las particularidades y necesidades de cada operador en el sistema de justicia penal, así como transmitir la experiencia y conocimientos de las entidades federativas que ya han implementado la reforma, además de conocer otras experiencias latinoamericanas exitosas.

Gracias por su participación.

CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL INTEGRANTES

contenido Editorial ......................................................................................................................2 México tiene futuro, pero un futuro lleno de reformas Lic. Alejandro Martí García...................................................................4 El debido proceso en la ejecución de sentencias Mtro. Miguel Sarre Iguíniz ..................................................................14 La implementación, a ritmo aceptable, pero debemos acelerar.

Lic. Felipe Borrego Estrada .................................................................24 Juzgados virtuales a nivel federal Dr. Jorge Antonio Cruz Ramos ............................................................32 Entrevista con el embajador de Colombia en México Excmo. Luis Camilo Osorio isaza .........................................................40 Rol y atributos del Ministerio Público en el proceso de la reforma Lic. Iván Millán Gutiérrez ...................................................................48 Defensa privada: la actuación del litigante particular frente a la reforma constitucional en materia penal Lic. Carlos Requena ...............................................................................54 Campo algodonero y el nuevo sistema de justicia Mtro. agustín Verduzco Espinosa ......................................................62 Criterios de oportunidad: mecanismo alternativo o política criminal Dr. José Daniel Hidalgo Murillo ........................................................70 Automatización en los juicios orales Lic. Anabell Vega ....................................................................................86

NUEVO SISTEMA JUSTICIA PENAL

DE

año I Marzo 2010 número I Responsable de la publicación Rafael Estrada Michel Coordinación Editorial Jorge Martínez Iglesias Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega Carlos Villegas Márquez Patricia Villa Berger Sergio Candelas Noyola Mireya Moreno Rodas Arte y Diseño Diana Rodríguez García Fotografía Jacqueline de la Cueva Méndez Francisco Javier González González Distribución Enrique Salmerón Hernández Serafín Sánchez Jacobo

La participación de la sociedad en la implementación Dr. José Luis Caballero .........................................................................88 La ejecución judicial de las penas Dra. Mercedes Peláez Ferrusca ..........................................................92 La educación universitaria frente a la reforma penal Lic. Everardo moreno Cruz...................................................................96 La participación de la sociedad organizada en la atención jurídica y psicológica de las víctimas del delito Mtro. Oscar Gutiérrez Santos .........................................................100 La defensa penal en el marco de un proceso acusatorio Lic. Carlos Espinoza Vidal .................................................................110

Nuevo Sistema de Justicia Penal. Revista Semestral de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Número de certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 04-2010-0224-13131900-01. Registro en trámite ante la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación con número de expediente CCPRI/3/TC/10/18705. Editor responsable de la publicación: Dr. Rafael Estrada Michel. Domicilio de la publicación: Hamburgo 135, 3er piso, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06600. Nuevo Sistema de Justicia Penal se reserva todos los derechos legales (copyright) de reproducción de los materiales que publica. El material publicado en esta revista podrá reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cuente con la autorización expresa, extendida por escrito, del autor principal del mismo y del editor de Nuevo Sistema de Justicia Penal. Los artículos y entrevistas firmados son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la opinión de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal o de la Institución a la que está afiliado el autor.

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Editorial dudar como un sinsentido.

Secretaría Técnica Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

REFLEXIONES AL PASO DE UN CAMBIO ESTRUCTURAL Hay quien se pregunta, a partir de la reforma constitucional que ha regenerado para el proceso penal mexicano un mecanismo acusatorio puro, si volver a las épocas de una justicia criminal sujeta a conciliación, mediación y negociación es adecuado. Se piensa frecuentemente que con las salidas alternas al tradicional proceso la sociedad, concebida como la única y auténtica ofendida por el hecho punible, dejará de ser satisfecha en sus legítimos intereses y en su búsqueda de venganza y ejemplaridad.

Es necesario ir con cuidado. Es cierto que a lo largo de los siglos la Justicia penal negociada ha partido de la base de que sólo ciertas conductas ameritan, para su represión, la intervención del aparato público. El resto pueden dejarse a la composición entre los involucrados, sin que sea imprescindible la aplicación de un castigo ejemplar para

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que las víctimas directamente ofendidas vean satisfechas sus pretensiones, frecuentemente a través de la reparación del daño causado.

Rebasadas las instancias estatales para la prevención, investigación, persecución y represión de las conductas delictivas –en expansión incontenible durante los últimos lustros- parecía adecuado cuestionar si la presencia del Ministerio público y de la autoridad jurisdiccional era necesaria para arrostrar conductas que, en razón de cambios ideológicos, culturales y socioeconómicos, no implican más para los ciudadanos un desvalor que haga imprescindible el dictado de una sentencia y el agotamiento de todas las instancias procesales. Que una agencia que posee un ministerio público fondeado por todos los contribuyentes se dedique a procurar intereses privados (el cobro de deudas no es un mal ejemplo, pero no es el único) mientras la violencia homicida se desborda, luce a no

Por eso es que la reforma constitucional resulta especialmente trascendente en lo que respecta a las salidas alternas al proceso y deja, a través de los mecanismos de oportunidad, conciliación y mediación, un espacio para el ejercicio del sentido común y del diálogo entre los directamente involucrados en una causa de carácter criminal. ¿Se viola con ello el sacrosanto principio de legalidad? No lo creo: se lo dota de una racionalidad casuística y humanizadora de la que no ha gozado durante los largos siglos de inquisición y de búsqueda integrista de la “Verdad”.

El sistema acusatorio requerirá muchos ajustes y muchas adecuaciones a nuestra realidad. Pero regenerará avances perdidos con el devenir del largo letargo autoritario que padeció la República. Los fiscales se encontrarán en mejor posición para el auténtico ejercicio de su ministerio que, siendo público, es de todos. Tendrán que profesionalizarse y convertirse en abogados tan eficaces como los de la defensa, pues el juzgador no podrá ya constreñirse a ratificar las conclusiones incriminadoras a partir de pruebas que no se desahogaron en forma directa e inmediata en su presencia.

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Existen, pues, buenos incentivos para que cada quien desarrolle su tarea dentro del proceso con la mayor eficiencia posible.

Con la presunción de inocencia, el “partido” que llamamos procedimiento comenzará, por fin, empatado a cero, según la expresión de Miguel Sarre. Lo que se haya realizado durante la fase de investigación no constituirá verdad legal alguna, sino que tendrá que ser alegado y probado en juicio, ante un árbitro imparcial que no habrá tenido contacto previo con la causa. Es en este punto en el que la oralidad, tan cacareada, ponderada y en ocasiones denostada, adquiere sus justas dimensiones por cuanto impedirá la opacidad en la toma de decisiones y generará en los procesados y en la sociedad la confianza en que el proceso se ha desarrollado en forma diligente, profesional y sin más miras que las de la justicia. Trascendente, por cuanto resulta imposible enfrentar los retos que supone el combate a la criminalidad (y más a la organizada) sin una percepción generalizada en torno a la legitimidad de los procesos penales.

Renovación de la confianza en la autoridad o, mejor, reconocimiento público del “saber del gobernante” presente en el conocimiento de sus límites, de aquello a lo que no puede

ni debe acceder, y en el discernimiento adecuado de sus prioridades. ¿Qué sentido práctico tiene, más allá de su evidencia antigarantista, el mantener las cárceles repletas de personas que aguardan sentencias por delitos verdaderamente nimios? ¿No sería mejor permitir la amigable composición, la reparación efectiva del daño a quien ha sido directamente afectado, aún cuando se sacrifique el acceso a una verdad que por “legal” parece imposible?

Con todo lo que pueda alegarse acerca de la reforma de 2008 no puede caber duda de que es una mutación trascendente y estructural y que, bien implementada, puede traducirse en mayores y efectivos grados de seguridad, justicia y paz para los mexicanos. Bien implementada, dijimos, y aquí cabe recordar al rector Gómez Morin cuando afirmaba que “el bien mal hecho es peor que el mal”. Peor, sí, porque es generador de desánimo y no deja siquiera espacio para la sana rebeldía. Que no vaya a ocurrir eso con nuestro sistema penal, que tanto nos ha quedado a deber en nuestros casi quinientos años de vida en común.

Dr. Rafael Estrada Michel Director General de Capacitación y Difusión de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

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México tiene futuro, pero un Lic. Alejandro Martí García Representante de Organizaciones Civiles en el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

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futuro lleno de reformas Licenciado Martí, vamos a hablar, si le parece a usted bien, de la participación de la sociedad en la implementación en la reforma penal. ¿Cuál ha sido el papel de la sociedad civil organizada, hasta el punto en el que estamos de la reforma penal, en la reforma constitucional desde luego; pero digamos en la implementación más puntual, de la reforma hasta este momento?

Yo diría que ha habido dos grandes etapas: la previa al mandato constitucional que fue de una gran lucha y convencimiento al que la ciudadanía llegó; esta es precisamente una de las reformas más importantes que puede haber, porque bueno, atañe justamente al tercer poder, al poder judicial, y se logró prácticamente este mandato constitucional y qué bueno, bajo una gran lucha y fue de un gran éxito; pero el segundo papel de la ciudadanía es concretamente la lucha que tenemos que hacer porque nos queda poco tiempo y yo sí creo que el tratar de mediar y de coordinar la academia con los abogados, con los interesados, con la ciudadanía y con los gobernadores fundamentalmente ha sido verdaderamente un trabajo de equipo y un trabajo bastante, quizá no digamos difícil, pero sí de mucho tiempo para ponernos de acuerdo en los términos y en las cosas que tenemos que hacer.

Yo creo que la Red de juicios orales

como uno de los grandes promotores ha hecho un trabajo brutal y hoy veo finalmente con gran gusto, me siento muy orgulloso y es que hemos logrado con SOS y la Red de juicios orales generar grupos de trabajo locales, con gente local interesada en el proceso, coadyuvando con el gobierno, sobre todo con los gobernadores, aprovechando la voluntad de ellos mismos precisamente.

Ahora el reto para mi gusto es que necesitamos un modelo, es decir, tener el modelo ideal de la reforma; porqué qué error sería el tener treinta y dos formas diferentes.

Sobre todo lo más importante es lograr los compromisos políticos con la ciudadanía, un esfuerzo importante con los gobernadores; otro esfuerzo muy importante es que la sociedad civil haga llegar recursos del extranjero para la reforma, yo recuerdo que se hablaba mucho del pretexto de que no había dinero y que el Estado tenía que repartir. Ese pretexto la ciudadanía lo ha eliminado buscando precisamente los recursos de apoyo para que se haga porque yo creo que el interés general, en América, sobretodo en América del Norte, es que nosotros la logremos, porque lograríamos dar también un gran paso como país. Ahí los voluntarios de la ciudadanía están dispuestos y desde luego la labor importante es hablar con los Estados, con los Gobernadores, en conjunto

con su equipo y nuestro equipo, dejar establecidos los módulos de trabajo eso es lo más importante, Yo creo que ha sido un trabajo muy impresionante. ¿Entonces en su percepción una correcta implementación de la reforma penal en los niveles locales nos acercaría más a los niveles de desarrollo de los países de nuestro entorno, me refiero a Canadá y a los Estados Unidos?

Definitivamente. Tendríamos prácticamente un modelo sajón cada quien tropicalizado. Yo creo que el modelo norteamericano es uno, que nosotros no deberíamos de adoptar de ninguna manera; somos una civilización con otra cultura pero bueno finalmente tendríamos la oralidad que eso es importante, a lo mejor cambiaríamos el jurado por tres jueces, a lo mejor tendríamos ciertas variantes, hechas a modo de nuestro país pero finalmente buscando la transparencia y que la justicia se haga de cara a la ciudadanía que es el objeto y es para mí y SOS la esencia de acercar la justicia a la ciudadanía con honestidad y transparencia. ¿Y cuáles serían, de cara a esta ciudadanía Licenciado, las preocupaciones más grandes de la sociedad civil organizada y en concreto de México S.O.S.?

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plo esto de la excepcionalidad de la prisión preventiva a la que usted hacía referencia o de la mediación o la conciliación, y parece que la sociedad civil tiene buenas razones para estar preocupada de que delitos de sangre o esencialmente graves caigan ahí.

Bien, para nosotros yo creo que es muy claro, así como tenemos divididos los delitos del fuero común, como los delitos precisamente de delincuencia organizada que son federales, yo creo que en la oralidad y en todo el proceso deberíamos tener perfectamente divididos los delitos, yo creo que en el sistema que pretendemos no podemos incluir los delitos mayores: secuestro, delincuencia organizada y ya me imagino, tener con un candado eléctrico a un narcotraficante, mientras se hace un juicio, prácticamente no lo volvemos a ver.

Yo creo que en este tema pues sí debe aplicarse cárcel y quizás buscar dentro del modelo de oralidad en el juicio, si la prisión desde un principio, y dejar lo que es el fuero común para

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el delito del Ciudadano común que hay incluso hasta el crimen pasional, este proceso de oralidad en el sistema acusatorio y bueno hasta llegar al proceso de arbitraje que yo creo que este proceso sería enormemente útil para los delitos menores pues hoy tenemos a miles de gentes en las cárceles por delitos menores de $15,000.00 que quizás se hubieran penalizado con trabajo social o reparación del daño. ¿Cuáles serían los temas escabrosos, polémicos de la reforma, por ejemplo la prisión preventiva?; ¿Cuáles serían las preocupaciones de la sociedad civil?. Hay otros mucho más claros, la oralidad, la transparencia eso yo creo que a todos nos gusta, pero por ejem-

Yo partiría un poquito del principio del gran filósofo jurista que habla de la ley penal, el derecho especial de los enemigos, los enemigos del Estado; yo creo que en México ya llegamos a ese tema, pues hay dos tipos de ciudadanos: los especiales, los que atentan en contra ya de la nación que son enemigos propios de la ciudadanía.

Como tal, como definición tenemos que de una vez aplicar ese principio filosófico: ellos tendrán que tener ese principio de castigo especial y bueno tener los delitos claros del fuero común en lo cual es la oralidad y lo que estamos pretendiendo sería magnífica porque bueno, al fin y al cabo, la ciudadanía normal no es la que se ha salido precisamente del huacal en criminalidad. Tiene derecho a un sistema acusatorio oral, justo, bien hecho.

Es muy claro que hay en estas grandes organizaciones criminales sujetos que de ninguna forma son los más débiles ni tienen porqué sufrir el tratamiento o más que sufrir gozar el tratamiento que el derecho penal en un Estado democrático le otorga a los más débiles, porque éstos en realidad son los más fuertes prácticamente hablando...

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Claro, y tenemos que partir del punto de vista de que México somos muchos Mexicanos, en México hay mucha pobreza mucha incultura y hay muchos abusos. Precisamente las cárceles están llenas de gente que finalmente no habla español o no tiene dinero para defenderse. Yo creo que hay principios en los cuales tenemos que ser justos con el ciudadano justo aunque comenta errores. Se merece un sistema mucho más moderno, más eficiente y desde luego no me cabe la menor duda que una parte, pero no gran parte, de la ciudadanía, es la que tenemos que tratar como delincuentes especiales, como traidores.

Usted se refería hace algunos días a la interiorización, la socialización de los valores de la reforma penal y esto es difícil de lograr, sin un periodismo, sin medios de comunicación que sean muy responsables en los contenidos que emiten y que hagan entender que vale la pena tratar a los ciudadanos como eso, como ciudadanos en igualdad de circunstancias, y que no hay necesariamente un relación de proporcionalidad entre llenar las cárceles de procesados y un abatimiento de la delincuencia. ¿La sociedad civil organizada en su concepto ha realizado esfuerzos para que los medios se conduzcan por estos cauces digamos de ética, de correcta información, de interiorización de los valores del Estado Constitucional?

prensa, la prensa tiene siempre un pretexto, “primero es la noticia” y es “a veces la noticia”, pues nos manifiestan simplemente lo que ellos pretenden que es lo que sucedió, alegando que ellos no pueden matizar los hechos y ese quizás sea un punto de referencia o un marco de referencia desde su ámbito, bastante justificable.

Yo sí creo que lo que tenemos que hacer los ciudadanos es tratar de influir y educar sobre todo en los términos y en los conceptos que queremos hacer; a mí realmente no me preocupa mucho qué tanto diga la prensa de lo que está sucediendo, pero qué tanto se compenetre y apoye públicamente lo que vamos a hacer, que es una gran diferencia, el

Estado que hoy vive México podrá ser alarmista y seguirá siendo alarmista, ya estamos en el proceso, pero lo que sí es que también tienen obligación y que tenemos que insistir en que México tiene un futuro que estamos preparando y que ese futuro está lleno de reformas, para lo cual la ciudadanía está peleando la reforma constitucional penal, la reforma política, la reforma laboral, la reforma fiscal que va a generar crecimiento, yo creo que ahí es donde la prensa tiene que hacer un acto verdaderamente ciudadano y cívico, vamos casi heroico, para dejar a un lado las tentaciones amarillistas o de escándalo para tratar de construir criterios del México que estamos buscando y yo creo que esa es también obligación de nosotros como ciudadanos .

Lamentablemente yo siento que a pesar de que ha habido grandes sectores de la población que han exigido esto a la

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La reforma penal ha planteado una serie de cuestiones que tienen que ver con la reinserción social, más que con la readaptación ¿qué papel está jugando la sociedad civil organizada en que ésta reinserción sea posible?; porque además la reforma penal plantea para jueces de ejecución y para todo el tratamiento de reinserción social no ocho años como en el resto de los casos sino pocos años, ¿hay una preocupación?

es un proceso complicado, compuesto de cosas muy técnicas. Yo creo que México SOS y en general la sociedad civil organizada que usted representa dentro del Consejo de Coordinación para la Reforma ha jugado un papel muy importante, digamos en los grandes esquemas ¿cuáles serían los dos puntos que usted destacaría al respecto del papel de la sociedad civil organizada, o sea los dos temas fundamentales en los que la sociedad civil se

“Yo creo que hay principios en los cuales tenemos que ser justos con el ciudadano justo aunque cometa errores”.

Enorme, enorme porque bueno finalmente la opiniones son producto de las percepciones y la percepción en el caso concreto de ese tema es muy real, todo mundo está completamente consciente de que una vez entrando a la cárcel te contaminas y es tan histórico como el caso de la manzana podrida en la canasta. Yo creo que el sistema penitenciario hoy es uno de los grandes fracasos de este país porque son escuelas de corrupción y con todo esto la reinserción se hace mucho más difícil, mucho más inconfiable.

El proceso de reforma penal en general,

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ha dejado sentir con más fuerza en la reforma penal?

Bueno yo creo que la bandera que siempre hemos usado es transparencia y lo que más hemos usado es un sistema de justicia de cara al público, de cara a la ciudadanía. Nosotros verdaderamente estamos asqueados y hartos del sistema judicial actual, oscurantista, tapado, oficinas cerradas con jueces al rincón de atrás, de proyectistas. La percepción actual es que es un sistema de subasta o es un sistema verdaderamente ineficiente, quizá ineficaz y con simpatía hacia los

delincuentes. Hay los casos concretos de lo que hoy estamos viendo, basta ver los recientes ejemplos de la juez que libera por ejemplo al secuestrador diciendo que las pruebas de PGR no son lo suficientemente claras y libera a un secuestrador de una de las familias más criminales que ha habido en la historia de nuestro país, los Petricholet.

Entonces ahí yo digo que los Ministerios Públicos, la PGR a través de sus Ministerios Públicos, que son los fiscales, los abogados del pueblo, demuestran una gran incapacidad, una ineptitud contra los abogados de los delincuentes; los jueces que precisamente son los impartidores de justicia tienen una inclinación hacia los delincuentes.

Y ¿Dónde estará la conciencia del que implementó y el que juzgó reinsertar a uno de los criminales más grandes que hay en las bandas más grandes de este país ¿Qué va a pasar?, ¿conocemos qué pasó?, La juez le echó la culpa a la PGR, la PGR defiende que tiene todas las pruebas, está la casa de seguridad está todo y bueno ¿dónde estuvo ahí la inclinación hacia esta persona?. Pero eso es una prueba que por ejemplo, hoy, hoy a nosotros los activistas a favor de la reforma, a favor de la legalidad de todo esto estamos indignados, o sea estamos estudiando el tema y queremos ver cómo lo hacemos saber porque este tipo de acciones puede generar hasta inclinaciones para venganzas propias, privadas.

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“... yo creo que la bandera que siempre hemos usado es transparencia y lo que más hemos usado es un sistema de justicia de cara al público, de cara a la ciudadanía”.

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Se abre el camino para la venganza privada y eso es lo malo de un sistema penal que no esté legitimado…

Si ante el público la gente que hubiera participado tuviera una justificación se hubieran ventilado los temas, se encontrarían las justificaciones o se contra argumentarían, pero aquí no queda otra más que pensar que hubo algo raro, ¿no?.

En ese mismo sentido los cuerpos policíacos tienen un papel fundamental en el sistema acusatorio. ¿Cuál es el papel que deben desempeñar en la reforma? Porque finalmente se trata también de un tema de eficiencia de la policía, de que las pruebas sean adecua-

damente cuidadas para que sean valoradas adecuadamente…

Ese es otro punto; Nosotros nos encontramos con un dilema enorme que yo creo que es el problema toral de la reforma, que se tiene que resolver desde luego porque no creo que haya cosas imposibles de resolver. Yo creo que hay voluntades que hay que mover pero la realidad es que la policía investigadora, precisamente en el caso concreto del D.F. , la judicial que no investiga es parte precisamente de las mafias. Las policías federales, por ejemplo, todos los sabemos, es un secreto a voces qué son, prácticamente están operando en contubernio con los criminales ¿Cómo les vamos a dejar a ellos el proceso de

investigación? Porque realmente el principio general es la policía investigadora y todos estamos imaginando al gendarme español, imaginando al Sherlock Holmes investigando, y cuando nosotros venimos aquí a México decimos ¿en manos de quién vamos a dejar esto?; ahí es un tema que tenemos que reflexionar. No quiero decir que con esto me estoy dando por vencido. Sí tendríamos que tener un sistema policial de un nivel completamente diferente al que tenemos hoy. Tenemos un nivel muy corrupto, muy mal pagado sin ningún amor a la camiseta, sin ninguna pasión por su deber, y además, ellos saben que los odiamos y ellos se saben odiados y en función de eso ellos actúan también. Yo creo que la policía hoy el Estado la tiene relegada, la tenemos relegada los ciudadanos y eso provoca, por ejemplo en mi caso, que yo la verdad es que a la fecha, te lo juro, no he visto ninguna solución por parte del Estado, se ha quedado completamente empantanado el proceso y eso es peligrosísimo y yo no sé si valga la pena decirlo pero el 70% de la banda que secuestró a mi hijo son policías en activo. ¿Y no ha habido una medida al respecto?

Bueno, hay prófugos y otros están en la cárcel, pero eso es una realidad.

Una realidad tremenda.

Es una realidad tremenda y bueno pues mi caso yo no creo que sea una excepción, ¿verdad?.

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Sólo para terminar en este mismo sentido, Licenciado Martí. México SOS ¿plantea la cuestión de la implementación de la reforma penal en determinados Estados de la república de una manera gradual a través por ejemplo de trabajos en Estados pilotos que pudieran representar una experiencia exitosa y después ser replicadas en otros Estados, o piensa que la implementación debe ser integral, general para toda la república asumiendo los riesgos que esto podría llevar?.

Lo que pasa es que es muy tarde para pensar en una reforma integral, es decir, nosotros hoy a un año y medio de la reforma constitucional penal pues en realidad tenemos cinco Estados adelantados y tenemos un modelo por sacar, entonces yo creo que hoy ya nos ganó el mandato, más el tiempo y hoy nos quedan seis años y medio. Entonces ya ante este hecho yo pienso que si tenemos una voluntad nacional de llegar a una conclusión de que podríamos formar los modelos con pequeñas correcciones en las desviaciones, tenemos que tomar una decisión muy pronto.

Quizá en un año podamos saber cuál es el modelo idóneo, tener la habilidad y la capacidad para demostrar que ese es y tratar de ir corrigiendo los Estados en donde ya se han implementado para que las pequeñas correcciones o ajustes necesarios para buscar un

sistema, lo que siempre he dicho y lo que yo insisto es que la reforma tiene grandes riesgos, riesgos de problemas muy graves pero también digo “¿podemos estar peor de lo que estamos hoy?”

En todos sentidos, Derechos Humanos pero también eficacia de la restricción a los delitos…

Sí, bueno, si hoy nosotros sentimos que el sistema judicial, de impartición de justicia, sistema policiaco, el sistema penitenciario son un verdadero fracaso que ya no sirve a la ciudadanía es decir está ajeno, no sirve y no tenemos miedo ni respeto ni lo reconocemos, es más no queremos estar involucrados aunque seamos

víctimas; de ahí el caso concreto y la demostración típica es la cifra negra que tenemos en los delitos, la gente no va a denunciar, es un terror, es un terror entrar al sistema judicial, finalmente cuando las cosas están tan mal vale la pena probar y sobretodo ver al mundo porque el mundo lo está haciendo y yo creo que lo más importante cuando las cosas están funcionando mal es ver las mejores prácticas y el mundo nos está demostrando, nos estamos descubriendo y no vamos a ser los pioneros en el mundo, sino que realmente estamos viendo cómo países más desarrollados están haciendo las cosas y tienen modelos mucho más asertivos, más eficientes de aplicación de justicia que nosotros los mexicanos.

Esto debe ser un “YA BASTA”*

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La justicia penal en México se percibe como un sistema ineficiente y corrupto incapaz de garantizar seguridad a los ciudadanos, cuya mala imagen es causa de impunidad al desalentar a la ciudadanía a denunciar los delitos ante la autoridad.

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El debido proceso en la ejecu

Maestro Miguel Sarre Iguíniz Consejero Académico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

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ción de sentencias ¿Qué opinión le merece el debido proceso ya en la fase de ejecución?

Es un concepto fundamental, es incongruente tener un debido proceso nada más hasta llegar a una sentencia definitiva y no extenderlo a la fase de ejecución, es decir, ese es el gran reto, extender el debido proceso a la ejecución penal, porque de nada nos serviría tener juicios justos si la ejecución de las sentencias correspondientes no tienen una garantía de justicia, la única garantía de justicia, como garantía, se puede dar mediante reglas de debido proceso y mediante el control que ejerza el juez de ejecución de la pena, por eso es importantísimo, por eso es un componente esencial de la reforma el contar con esta jurisdicción penitenciaria y por supuesto pues no puede haber jurisdicción sin reglas procesales. Ese es un paso fundamental porque de otra manera hay una inconsistencia, hay un quiebre y en esto hay un enorme rezago no sólo en México, en muchos países donde se considera que la ejecución ya no tiene que ver con reglas del debido proceso. Ahora el debido proceso en la ejecución obviamente que tiene un contenido distinto al debido proceso durante la fase de investigación de los hechos, porque primero se trata de esclarecer, la finalidad es esclarecer la verdad procesal, llegar a una sentencia y ¿cuál será la finalidad del debido proceso en la ejecución? El contar con

los elementos, contar con los caminos legales para que las penas se ajusten a lo dictado por el juez, es decir que la pena no vaya más allá de la sentencia, que la pena se aplique en condiciones de vida digna, que se reduzca en la medida que sea posible de acuerdo con los procedimientos y normas adecuadas, que no se agrave la sanción, que no existan privilegios en el otorgamiento de la sanción y resolver en general las controversias entre la administración penitenciaria y el interno. ¿Considera usted que existe una línea divisoria entre lo que es la visión judicial al imponer una pena y su ejecución? ¿Y si es así cual sería ésta línea?

Bueno yo no quisiera hablar de una línea divisoria aunque obviamente hay diferencias importantes, pero es una continuidad, es una continuidad porque si bien el objeto de posible litigio o posibles puntos de discrepancia o de invocación de derechos sea distinto durante la fase de investigación, durante la instrucción del proceso y durante la ejecución de la pena, el tema de fondo es el mismo, garantizar los derechos de una persona que se encuentra sometida a un proceso o sometida a la ejecución de la pena, y durante la ejecución de la pena es muy necesario contar con esta protección por la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentra

el interno, sobretodo cuando no hay un contrapeso efectivo que enfrente a la autoridad administrativa y ese contrapeso no existe hasta hoy, ciertamente contamos con las comisiones de derechos humanos que protegen los derechos de los internos pero no en un sentido estrictamente procesal, no con reglas del debido proceso y no con la garantía de un juez que impongan sus determinaciones en forma obligatoria a la propia administración penitenciaria.

Se advierte indispensable el control judicial durante esta fase de la compurgación de la pena Absolutamente, Ferrajoli dice que “la jurisdicción es la garantía de garantías”, qué bueno que existen las comisiones pero el papel jurisdiccional es fundamental para dar una garantía óptima, aquí tradicionalmente se había acostumbrado también y los códigos establecen que los jueces harán visitas a los reclusorios, esta es una función que ha quedado en letra muerta, es una función que realmente no le compete, hay que separar muy claramente la función de los jueces de ejecución de la función de los visitadores de las comisiones de derechos humanos, un juez no es un visitador, un juez es un juez valga la redundancia, es un juez que va a resolver conforme a derecho, que va por encima de dos partes procesales, y que va por supuesto a tener acceso a

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realizar inspecciones, en fin, pero dentro de un procedimiento reglado.

En cambio un visitador sí va a ir a prisión a revisar los colchones, a revisar la comida, etc. Pero son dos esquemas completamente distintos y además muy complementarios. ¿Considera usted indispensable que se debe reposicionar con este nuevo sistema de justicia procesal penal al sentenciado o condenado como un sujeto de derechos y no simplemente como una persona que ve restringida sus derechos, es decir que se ve restringida a un confinamiento simplemente?

Yo creo que esa es precisamente la clave, el interno deja de ser un objeto

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de tratamiento, esa es la concepción actual porque es objeto de un tratamiento regido bajo los principios de: tecnicidad, progresividad, individualización, es como lo señala la ley, un tratamiento técnico, progresivo, individualizado, donde se considera a la persona sentenciada como un enfermo, un inadaptado, un ser anormal. No, el nuevo paradigma implica la asunción del principio de presunción de normalidad del interno, si está ahí, es porque es imputable, porque si no es imputable no tendría porqué estar ahí y si es imputable es un ser normal, es un ser responsable esta ahí precisamente porque está enfrentando una responsabilidad, entonces hay que tratarlo como tal por supuesto esto no implica negarle, privarlo de

servicios, privarlo de atenciones, privarlo de una serie de condiciones que necesita para garantizar las condiciones de vida digna durante su internamiento, pero no partimos de la presunción, de la premisa de que se trata de un ser que tiene algún tipo de problema que se manifestó con el delito que cometió y que está ahí como objeto de un tratamiento medico clínico, sino que partimos de un ser claramente responsable que ha sido juzgado, que será juzgado conforme a reglas de un juicio justo y que ahora enfrenta el cumplimiento de una pena y la pena es, ahora si que literalmente, la privación o restricción coactiva de un bien jurídico, está sujeto a una sanción pero a una sanción propia de un Estado Democrático que es una sanción respetuosa de la dignidad y es una sanción que no puede exceder lo que establece la sentencia del juez pero que tampoco puede ser menos, así que aquí hay un equilibrio tiene que evitarse en un estado Derecho en la ejecución penal tanto las penas aflictivas innecesarias como los privilegios indebidos que son las dos caras de una misma moneda y que son dos caras que podemos constatar invariablemente en las prisiones en México, quizás las únicas prisiones que no tengan esta nota distintiva son los centros de alta seguridad pero que tienen otros problemas muy serios de derechos humanos, pero el resto de las prisiones es casi inevitable encontrar o inevitable encontrar una zona

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de poca ocupación, de condiciones más tranquilas más dignas y zonas de gran hacinamiento y de condiciones muy indignas, esas dos caras , eso hay que eliminarlo y hay que volver a una regulación a una estandarización a una homogenización en derecho de toda la situación que aplica a todos los internos en condiciones de igualdad.

Dada la finalidad de ahora dignificar y de los objetivos que se pretendían en su momento con la aplicación de la pena, ¿considera Usted que el quantum de la pena por parte del juzgador es lograr vía el confinamiento la reinserción del sujeto a la sociedad?

García Ramírez y se adoptó el concepto de readaptación social, entonces eso ya fue como bajarle un grado de regeneración a readaptación, y eso mismo acompañado sobretodo con lo ocurrido en el siglo pasado yo creo que fue el movimiento más importante para dignificar las prisiones. Se construyeron por ejemplo los reclusorios del Distrito Federal en esa época se dió un gran avance, fue sobretodo una época en donde se prestó atención, se volteó a ver a las prisiones. Sin embargo el concepto teórico que rigió en esa época era la idea de la readaptación también seguía partiendo de un sujeto desadaptado al que había que darle un tratamiento y conforme con el modelo entonces vigente en Naciones

Unidas de las reglas mínimas para la readaptación de sentenciados se adoptó también la Ley Federal que establece las reglas mínimas para la Readaptación Social del Sentenciado sobre el mismo esquema clínico.

Ahora en el 2008 se da el paso ya hacia la reinserción, es un concepto todavía más deslavado que el de readaptación, sin embargo todavía tiene por así decirlo un remanente con ese RE que implica un cambió. Es una base muy importante que ya permite decir que la finalidad es la reinserción, es un concepto podemos decirlo automático, porque necesariamente si no le damos una carga específica al concepto reinserción que quiere decir volver a la sociedad lo cual no deja de

El concepto de reinserción significa sin lugar a dudas un avance muy importante frente a los conceptos que anteriormente había adoptado nuestra Constitución en 1917.

Recordarás que el concepto constitucional era la regeneración, entonces qué tenemos del otro lado, tenemos una persona degenerada, es muy grave ¿no?, porque en los debates del constituyente del 17 por ejemplo decía el Diputado Truchuelo es necesario que el interno adquiera hábitos de moralidad, es decir un juicio moral sobre la persona, ya no una conducta delictiva sino un juicio moral. Ahora se da un paso importante en el 65 con todo este movimiento que encabezó el Doctor

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ser un poco figurativo porque los internos están en la sociedad, cuando un interno me llama por teléfono no me llama de ultramundo me llama desde la sociedad verdad? Cuando una señora va a visitar a su marido a prisión pues no es que él este fuera de la sociedad y ella en sociedad este es un competo poco figurativo, en realidad volvemos al concepto de que la prisión es una privación coactiva de bienes jurídicos, ese es el hecho fáctico. Ahora para lograr un proceso, para lograr que esta sanciones e aplique lo fundamental es garantizar condiciones de vida digna en reclusión, porque si el Estado tiene la legitimidad de sancionar a alguien con esa pena tan fuerte, bueno asume la obligación d e garantizar que la pena sea la que fijó el juez ni más ni menos, entonces no podía haber un Estado que diga yo puedo imponer una sanción pero no responde de lo que pasa ahí, me desobligo porque esa es una actitud irresponsable y ahorita ese paso y el gran avance constitucional que se dá en una pinza que se cierra por un lado con el 18 y por otro con el 21 al establecer primero el avance que ya consideramos en el concepto al pasar de readaptación a reinserción pero por otro lado al rescatar la función de los jueces al establecer, al dejar más claro de lo que ya estaba pero dejarlo más claro que la imposición de las penas y toda modificación de su naturaleza o duración es función del poder judicial y que no quede en manos de una autori-

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dad administrativa, entonces es volver recolocar las cosas en su lugar las cosas, porque la autoridad administrativas es un auxiliar de la autoridad judicial, no es alguien a quien yo le entrego y me olvido, es un auxiliar, entonces tiene que cumplir la orden que yo le doy y ¿cuál es la orden que yo le di?

“... es muy importante rescatar la función jurisdiccional en la imposición y la ejecución de la pena, por supuesto sin que asuma las funciones materiales...”

La orden es de segregar a una persona por “x” tiempo en condiciones de vida digan incluso sería conveniente que todas las sentencias establecieran como una garantía del sentenciado: que se le impone al Sr. fulano de tal, siete años cinco meses de prisión en condiciones de vida digna, en la propia resolución judicial porque significa que a mi me condenaron a esa pena, no a mi no me condenaron a una pena mayor, no pierdo mis derechos, me interesa la legalidad por estar aquí, yo tengo que cumplir esa pena si, pero en condiciones de vida digna, entonces eso es muy importante, rescatar la función jurisdiccional en la

imposición y la ejecución de la pena, por supuesto sin que asuma las funciones materiales, comparto con el Ejecutivo como un apoyo en la materialización de la pena, pero para esto para que se cumpla todo este objetivo es necesario abandonar claramente toda facultad de la autoridad administrativa para modificar al duración de la pena y decir que abandone esa facultad no significa que ahora sea formalmente el juez el que diga quién o cuándo sale un interno, sino que significa que los criterios que tome en cuenta el juez sean criterios propios de la jurisdicción penal, es decir se debe de atender a situaciones verificables y refutables, es decir, los jueces no pueden juzgar sobre personalidad de internos porque sería un sistema perverso el que la autoridad administrativa rinda un informe de personalidad, un estudio de personalidad y que ese lo tome en cuenta el juez para determinar la concesión de algún beneficio de preliberación, ese sería el peor de los mundos sería utilizar a los jueces como amanuenses de los criminólogos, yo espero que el Poder Judicial rechace o no se subordine a esa forma al Poder Ejecutivo y no se subordine de esa forma a los custodios de las prisiones, o autoridades de la prisión sino que ejerza a plenitud su jurisdicción. Y hablar del régimen de derechos en la ejecución de las penas implica que los criterios que se tomen en cuenta sean propios y acordes con el derecho penal del acto y no con el

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debido proceso rige hasta la ejecución de la pena. ¿Bajo este panorama estima pues que el objetivo del proceso penal debe ser distinto al objetivo del régimen penitenciario?

el derecho penal del acto y no con el derecho penal de autor y ahorita es el criterio que predomina en la ejecución penal, es un criterio de: tu eres de tal manera, tu tienes una personalidad egocéntrica y con base en eso se determina la concesión de beneficios preliberatorios y entonces eso no es jurídico, porque eso no responde a una conducta, se viola el principio de de materialidad, de repercusión de lesividad y bueno más bien ¿Qué principio no se viola con esos criterios?.

Sería irresponsable que el órgano jurisdiccional se sintiera satisfecho al emitir únicamente su sentencia y olvidarse de la fase de ejecución, pues se estaría sometiendo una doble pena

al soportar no solo el hacinamiento, sino a las condiciones del propio centro penitenciario, a las vejaciones y condiciones en muchos casos inhumanas?

Exactamente, además sería una pena incierta porque no sabe como que le va a tocar verdad? Indeterminada, totalmente contraria. Eso es lo que estamos viendo por eso la revolución penitenciaría es tanto o más importante que la revolución procesal que estamos viviendo en México, y además es la más urgente puesto que la Constitución establece un plazo más corto para ya instrumentarla y afortunadamente ya hay conciencia se va generado esta conciencia que fue tu punto de partida que fue que el

Son complementarios, el objetivo del régimen penitenciario es cumplir con la determinación, el derecho penitenciario explícitamente es una parte del derecho procesal y el derecho procesal es un derecho de carácter instrumental, es un derecho subordinado a los fines del sistema sustantivo, a los fines de la norma sustantiva. Entonces si la norma sustantiva nos dice que por tal conducta, tal delito corresponde una penalidad tal, bueno en ese sentido al ejecutarse la pena impuesta del proceso pues hay una continuidad, pero lógicamente el objetivo ya inmediato de un sistema y de otro son distintos, en uno es conocer la verdad procesal en un debido proceso y en otro es ejecutar la sentencia en condiciones de dignidad. yo quisiera aquí separar los dos grandes fondos que te da la materia de la ejecución penitenciaria por un lado son las funciones que actualmente ha invadido digamos ha realizado la autoridad ejecutiva en el sentido de determinar los reductivos de la pena de prisión, digamos los llamados también beneficios de ley, no me gusta la palabra beneficio porque tiene un término paternalista, señala un poder discrecional. Los jueces de ejecución van a rescatar esa parte,

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a retomarla del auxiliar que se había hecho ya de esos poderes y que además hay que decirlo también ya, el poder judicial había abandonado a los internos a su suerte. De manera que esto va a ser una forma de responsabilizar a los poderes judiciales de la situación que se vive en las prisiones, no pueden ser irresponsables respecto de ello.

Ahora, en la otra segunda vertiente de la actuación judicial y no menos importante que esa, es la de garantizar condiciones de vida digna en reclusión, este es un desafío es para garantizar que la pena se cumpla en sus términos, ni mas ni menos condiciones. Ahora aquí viene un problema muy concreto y muy interesante, ¿Cómo resolver esto en la práctica en la jurisdicción, para que no se llene que no se sature de casos un juez de ejecución?, la alternativa ya está dada, hay avance legislativo aquí en la cámara de diputados que está suspendido por el cambio de legislatura, pero que esperamos se retome y que establece un procedimiento donde hay recursos administrativos en una primera instancia y posteriormente acciones judiciales, es decir, ante cualquier inconformidad ya en este tema de condiciones de vida digna vamos a pensar en alimentación, en condiciones de la estancia, o en aspectos como traslados o ubicaciones dentro del mismo reclusorio, que el interno considere que le afecte

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en sus derechos, primero tendrá un recurso contra el titular del área específica, entonces de esta forma el director sabrá si hay una cuestión inadecuada en el área especifica. En segundo lugar si ese recurso no se satisface, entonces ya el recurso se interpone ante el director, entonces primero voy al área, después voy al director y si el director no me da la razón entonces yo ya establezco, presento una acción ante el juez de ejecución de la pena o en contra de una resolución del director, esta es la manera de judicializar la vida carcelaria. ¿Cómo llegaría a ser una litis?

Yo no voy a acudir ante el juez porque la comida esta fría, no, yo voy a acudir ante el jefe de servicios de alimentación, después acudo ante el director, de esta manera solo llevaré ya ante la jurisdicción casos que tengan materia donde haya una controversia y donde ante la autoridad tenga la oportunidad de corregir y solucionarlo. Para evitar lo que es un temor fundado de temor real de saturar los juzgados de ejecución, hay una herramienta muy importante que es, por un lado que las resoluciones que se dicten en un caso son aplicables a todos porque yo no voy a establecer como juez de ejecución que se le dé buena comida a un interno porque él perdió el caso y que no se le dé a todos los demás, entonces de esta forma se solucionarán muchos

problemas conjuntamente, lo importante aquí es el problema fuerte que se va enfrentar es la prueba del sistema de ejecución penal, en su facultad para hacer efectivas sus determinaciones. En una doble vertiente, por un lado en sus poderes de investigación, los jueces deberán tener absoluta autoridad para ingresar, para mandar a su actuario, para hacer modificaciones, etc. A los internos. Y en segundo lugar para hacer cumplir sus determinaciones, es decir los jueces tendrán la potestad de obligar a la acción pública a erogar recursos, a modificar situaciones, a establecer una cocina a establecer un área deportiva, etc.

Situaciones muy específicas. Y éstas situaciones pueden en algún momento dado rebasar a las atribuciones a las facultades de decisión de un director, se prevé que en esta propuesta legislativa que ya está dictaminada en la cámara de diputados, se acuda al superior jerárquico y así hasta llegar al Secretario de Seguridad Pública en el caso federal para pedirle el cumplimiento y así con la facultad de cualquiera que sea el nivel lograr inclusive tener diferentes medidas graduadas, hasta inclusive la destitución de un servidor público correspondiente que se niegue a cumplir una determinación judicial, es decir hay que tomar en serio la jurisdicción. Y hay que tomar el aspecto de seguridad de los centros con la misma seriedad de las garantías individuales, esto es tan obvio como si dijiese

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“... esto va a ser una forma de responsabilizar a los poderes judiciales de la situaciĂłn que se vive en las prisiones, no pueden ser irresponsables respecto a elloâ€?.

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alguien fíjese que no hay dinero para candados, no pudimos cerrar la puerta de la prisión porque no nos llegó dinero para candados, obviamente nunca se va a escuchar ese argumento y por que en cambio si se dice que ya no nos va a alcanzar el dinero para la comida, entonces si hay dinero para los candados tiene que haberlo para la comida, debe haber dinero para cubrir todas las necesidades que hay en el centro penitenciario.

Entonces esto es realmente hacer efectivo el estado de derecho dentro de la prisión es decir en síntesis que si el estado somete a una persona a una serie de condiciones por haber violado

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la ley el estado al aplicar ese régimen penitenciario tiene que someterse él mismo a la ley y la única forma de hacerlo es mediante la intervención del juez, la garantía jurisdiccional, y esa garantía jurisdiccional para ser tal tiene que estar dotada de poder proactivo sobre la administración. ¿Considera aceptable que el juez de ejecución pueda reducir el monto de la pena impuesta por el juez de juicio, virtud al tema de la preliberación? ¿Considera usted aceptable que por un lado quien dicta la sentencia establece el quantum de la

pena, la fija, una por un tiempo en concreto en cuanto a prisión, considera adecuado que la ejecución pueda reducir estos a través de estos mecanismos de preliberación?

Claro siempre y cuando sea con base en la legalidad, el objetivo es que el reductivo de la pena de prisión no debe afectar sustancialmente la naturaleza y duración de la pena, claro es un concepto que habrá que precisar ya específicamente pero es muy fácil ver en un extremo cuando se cumple y cuando no, si dijéramos que se puede reducir la pena a un 10% digamos que obviamente se está afectando sustancialmente la naturaleza de la pena, si por el contrario dijéramos que el juez de ejecución puede reducir en un 10% la pena, no afecta sustancialmente su duración, entonces hay que mantener en la jurisdicción originaria la determinación de fundamentar de la duración y naturaleza de la pena y en la fase de ejecución un control de tipo accesorio complementario que no debe alterar retroactivamente el monto de la pena impuesta. Entonces yo creo que observando esto que debe estar reglamentado pero sobre todo debe estar regido por criterios objetivos, verificables y refutables, es decir por hechos, no por formas de ser, no por predicciones del comportamiento, no por criterios propios del

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derecho penal de autor y además en aras a la seguridad jurídica el interno debe tener periódicamente una especie de estado de cuenta de su situación personal, de situación penitenciaria de manera que él sepa cuándo tiene la posibilidad de obtener su libertad, darle seguridad jurídica.

Decía Jeremías Bentham que “la incertidumbre es el peor de los verdugos” y muchos de los disturbios que ocurren en las prisiones en México que han ocurrido tienen que ver por ese reclamo, por beneficios de ley porque hay una gran incertidumbre, si se otorga, si no se otorga, de qué depende, en fin. Eso tiene que ser algo que esté arreglado y donde ya el tiempo ganado quede ganado en definitiva y entonces el interno tendrá una expectativa real y tendrá una seguridad personal de cuando obtener su libertad y sobre todo con esto se cierra el espacio para la corrupción a la que da pie el actual sistema.

Muchas veces el propio estado ha argumentado justamente esta escasez de recursos para hacerle frente a las exigencias propias de las áreas que debe vigilar, concretamente a las áreas de reclusión, los centros de reinserción, que finalmente es el gran éxito con esta reforma. ¿Qué opinión le merece la inversión de capital privado en la administración u operación de éstos centros penitenciarios?

Sumamente perniciosa porque por un lado esto llevará a un incentivo para la construcción de nuevas cárceles y para una mayor criminalización de la población, es lógico que si se construyen nuevas cárceles se van a llenar, pero sobre todo significa una aplicación en una situación en donde el estado ejerce su poder más drástico, eso dejarlo en manos de particulares me parece que es muy delicado, yo creo que debe el estado mantener, garantizar y operar directamente los centros de aplicación de las penas, creo que es la única forma donde puede garantizarse el estado de derecho y creo que no hay razón para dejar esto; ni en su construcción y operación, es decir todo debe de estar

en manos del estado pero principalmente en el trato directo, no podemos dejar esto en manos de un guardia, como por ejemplo el que encontramos en el aeropuerto, de una empresa privada, tiene que ser del estado, y el estado tiene que poner el ejemplo ahí para hacer las cosas bien.

Es parte de la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la sanción, es un conjunto, es un todo, no se puede dividir el proceso y la fase de ejecución, y así sería también tan absurdo, que podríamos llegar a pensar en que se concesionen las procuradurías de justicia.*

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La implementación, a ritmo ac Lic. Felipe Borrego Estrada Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

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eptable, pero debemos acelerar En su opinión, ¿qué mensaje debe mandarse a la ciudadanía en el momento actual de la implementación de la reforma penal?

Que confíen en que el Nuevo Sistema de Justicia Penal traerá beneficios a la ciudadanía, vendrá a valorar lo que son los derechos humanos de las víctimas, de los indiciados, de los imputados y sobre todo vendrá al final cuando esté implementada la reforma en todo el país, a brindar una gran confianza en las autoridades de administración y procuración de justicia por los elementos y los trámites que se dan en los procedimientos, como es la transparencia, la oralidad y la publicidad, tres de los muchos elementos que constituyen el sistema acusatorio y que son los más visibles en cuanto a percepción ciudadana, que hacen que la misma ciudadanía crea que realmente la justicia es más rápida, sobre todo que es muy pública, que se da muy de cara a la sociedad y que se olviden de cuestiones que generan desconfianza por hacerlo con opacidad o en lo oscuro. ¿Por qué el sistema acusatorio adversarial es importante para el ciudadano que no es un delincuente común, que no vive de cometer delitos, que prácticamente no tiene un contacto continuo con las autoridades, ni de procuración, ni de administración de

justicia?

La pregunta puede tener varias respuestas, la primera es que el ciudadano común también desconfía en gran manera del sistema actual de procuración y administración de justicia, por ser un sistema caduco, un sistema anquilosado, un sistema en el cual hemos vivido los ciudadanos mexicanos desde hace muchos años y que necesita renovarse, requiere modificar sus estructuras y que el ciudadano común vea a las instituciones, al gobierno y al estado, realmente brindando honestidad, justicia, tranquilidad y confianza a la ciudadanía. Pero también creo que el ciudadano común y corriente, el ciudadano de la calle, debe percibir en el mismo sistema de justicia que actualmente se tiene, algo a lo que no le tiene confianza, y por lo mismo no cree en las autoridades. Yo creo que el nuevo sistema traerá tranquilidad en cuestiones de justicia y de seguridad, va a traer paz y confianza, no solamente en las autoridades, sino también en la ciudadanía misma, porque participa de ese proceso, participa con la visión natural de estar viendo a diario los procedimientos y con la visión natural de estar viendo también los resultados.

Para que los ciudadanos estén convencidos de los beneficios de la reforma, ¿qué es lo que la Secretaría Técnica ha planteado como posibili-

dades para la interiorización, para la difusión de la misma, para la socialización, cada vez más extensa?

En la Secretaría Técnica estamos convencidos de que esta reforma y la transformación total de un sistema requieren necesariamente de la aprobación de la ciudadanía y requieren de la adopción de la reforma como propia de cada uno de los ciudadanos y de la sociedad civil en general. Por eso hemos implementado unos programas muy específicos de difusión tanto a nivel nacional como a nivel local. A nivel regional el programa contempla el posicionamiento de lo que es primero en el sistema, de los beneficios del sistema, a quién va dirigido el nuevo sistema de justicia penal adversarial y cuáles son los beneficios que trae consigo para cada uno de los protagonistas y para el ciudadano normal este nuevo sistema. El programa de difusión está acompañado de programas de culturización, tratando que la ciudadanía sienta y viva como propia la reforma, no solamente en el conocimiento sino en el convencimiento de que la reforma y la nueva forma de llevar la justicia penal al individuo debe darse de manera muy natural, acompañada de la ciudadanía.

Casi cumpliéndose dos años de la reforma constitucional en materia penal,

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estados del país van caminando, están conscientes de la reforma, tienen diferentes etapas de implementación, diferentes etapas en cuanto a las metas trazadas, pero con un compromiso serio para implementar la reforma y les falta tiempo para lograr su objetivo, pero ya están en el camino trazado.

Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal ¿Podemos estar satisfechos con los resultados parciales que se han venido dando en las entidades federativas del país?

Yo creo que los responsables de un programa de ésta naturaleza, de esta trascendencia, nunca podemos estar satisfechos, porque debemos buscar la excelencia y debemos buscar también el perfeccionamiento de todos los sistemas y de todos los temas. Lo que sí puedo decir es que el proceso va caminando a un año y medio de la publicación del decreto de las reformas constitucionales y a ocho meses de que se instaló el Consejo de coordinación. Podemos decir en términos numéricos que en

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las entidades federativas se está avanzando de una manera importante, en cuanto a número de estados, pero también podemos decir que en algunos estados tampoco tenemos aún visos de un inicio formal. Eso no es preocupante pero sí se necesita saber la razón y el fundamento del por qué no han iniciado, sabemos que algunos estados no han comenzado por razones políticas, lógicas, de elecciones de gobernadores, de elecciones de ayuntamientos, de elecciones y renovación del congreso; pero el número de estados que hasta ahora están trabajando de una manera sistemática es de catorce, lo que significa que a un año y medio de la reforma casi la mitad de los

Las víctimas, que tradicionalmente han estado olvidadas en el proceso mixto, desde luego en el inquisitivo puro, ahora adquieren con la reforma una relevancia mayúscula…

Sí, las víctimas realmente nunca han estado protegidas por el sistema, ni por el sistema jurídico, ni por el sistema de justicia penal. Las víctimas dependían del ministerio público ya que a éste se le denomina el representante social, pero no tenían el liderazgo de representar a la sociedad, ni la preparación para representarlos de una manera eficiente, de tal manera que la víctima dependía de la actuación rutinaria del ministerio público con muchas cargas de trabajo sin medios suficientes, salarios bajos, sin mucha preparación. Este nuevo sistema, esta reforma, reivindica de una manera importante a dos personajes: primero a las víctimas, al tener asegurada de alguna manera y en forma legal la reparación del daño causado pero además porque ya no solamente depende del ministerio público sino

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que puede objetar las actuaciones del ministerio público. Si el ministerio público es omiso, si el ministerio público no actúa o actúa deficientemente la víctima puede interponer recursos legales y hasta llegar a la judicialización de su queja por las malas actuaciones del ministerio público. Yo creo que es un paso muy importante porque la víctima va a tener una preponderancia dentro del procedimiento, antes incluso del procedimiento y en el momento que se tengan medios alternos de solución.

Hay que estar muy claros también que el sistema acusatorio requiere profundizar en las medidas alternas de solución de controversias, que no todo puede ser judicializado y mucho menos criminalizado…

solucionar sus problemas; tercero, al lograrse la aceptación por parte de la víctima, por parte del ofendido, por parte del imputado, para llegar a una determinada solución o bien cuando el imputado acepta alguno de los medios alternos. Eso trae como consecuencia que la justicia sí se despresurice para que no se judicialice todo; ahorita la obsesión total del ministerio público es judicializarlo, primero tiene la obsesión por lograr una orden de aprehensión, después por lograr un auto de formal prisión, después por tener una sentencia condenatoria, apelar cuando no es normal y esos son trámites judiciales que lo que traen como consecuencia es una cantidad insoportable de

juicios con baja calidad y además juicios que no tienen por qué estar dentro del proceso penal. Hay algunos eventos circunstanciales en la vida de los ciudadanos que no necesariamente tienen que llegar a una sentencia para ser solucionados.

Interiorizar todas estas realidades del sistema acusatorio requiere de una capacitación, una formación muy profunda en los operadores del sistema y esto es parte importantísima de la implementación. ¿Qué medidas se han tomado al respecto?

Se tiene una dirección específicamente creada para dar no solamente

Sí, las medidas alternas de solución de conflictos están dentro de lo que es el sistema. Yo no comparto la idea de que los medios alternos de solución de controversias sean para despresurizar el sistema, no, ésta es una de las consecuencias. Los medios alternos tienen sobre todo la ventaja de que las dos partes que están en conflicto tienen una amigable composición, van por la vigilancia del estado, no es una justicia del estado; segundo, además de una amigable composición con la que los dos puedan quedar conformes, existe una mayor celeridad, rapidez para

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capacitación sino para programar nacionalmente lo que debe ser la capacitación de los actores, de la sociedad, de las universidades, de todo el nuevo sistema, al darle ese rango de dirección general al tema de capacitación se está reflejando que es uno de los pilares en los que debe descansar la implementación de la reforma. El programa de capacitación tiene varias vertientes tanto verticales como trasversales y para operadores en concreto, para sujetos de un

que es un personaje clave en el sistema acusatorio, el ministerio público, el defensor de oficio, los peritos, el juez, los magistrados, los jueces de ejecución, los jueces de control, los jueces del juicio o de procedimiento, son muchos los personajes, la capacitación que nosotros estamos ofreciendo es a todos los estados, a todo el país, a las universidades, pero de forma general, en forma modular, en forma específica. Ustedes me pueden llamar o al director de capacitación

“... cambiar la mentalidad del operador y adiestrarlo en las nuevas prácticas, en las nuevas formas de su actividad propia y determinada.” procedimiento, para la sociedad, tiene para los medios de comunicación, tiene para las autoridades que no tienen ninguna intervención dentro del procedimiento, pero sobre todo uno de los objetivos primordiales es cambiar la mentalidad del operador y adiestrarlo en las nuevas prácticas, en la nuevas formas de su actividad propia y determinada.

Los actores primordiales en un procedimiento penal deben adiestrase de una manera total y cambiar su sistema de trabajo del anterior al actual y hablo desde la policía investigadora

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y decir, quiero un curso de policía, un curso integral de todo el sistema, un curso para la sociedad civil y se les preparan; nosotros tenemos la capacitación completa, pero además tenemos la capacidad para certificar a quienes dan la capacitación. Si nosotros tenemos los programas muy bien elaborados pero no tenemos capacitadores especializados y certificados, de nada nos valdría, tenemos certificación para que nos olvidemos de algunos charlatanes y nos despejemos de dudas de algunas instituciones “patito” que quieren capacitar por la novedad de un sistema como éste.

Nosotros, una institución oficial, certificamos a quienes pueden desarrollar uno de los múltiples cursos y en los sistemas que nosotros estamos empleando.

2010 es año de centenario, de conmemoraciones, ¿cómo se imagina usted la justicia penal dentro de cien años?

Bueno hace cien años estábamos hablando de una revolución social, hace doscientos años también de una revolución social con la Independencia.

Ahora estamos conmemorando, recordando lo que fueron esos dos eventos nacionales y por fortuna para el país estamos también haciendo una revolución en el sistema penal. Yo creo que es una revolución en el buen sentido de la palabra, estamos cambiando sistema, cambiando instituciones, modificando estructuras, de tal manera que un modo de conmemorar, sin duda inconmensurable, es revolucionar el sistema de justicia penal.

Yo creo que los sistemas de justicia lo que buscan al final de cuentas es el bien común de la ciudadanía, lo que están buscando es la paz social, vivir en armonía entre todos, no sólo como sociedad sino como familia. Puede que se modifique, puede que dentro de cien años la justicia vuelva a ser revisada minuciosamente para conmemorar el paso tan trascendente que dimos y estamos dando en este momento. *

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“... los sistemas de justicia lo que buscan al final de cuentas es el bien común de la ciudadanía, lo que están buscando es la paz social, vivir en armonía entre todos, no sólo como sociedad sino como familia .”

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LA CNDH DARÁ MAYOR IMPULSO A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impulsará entre la sociedad –mediante cuatro ejes de acción: promoción, actualización, prevención y campañas de difusión— la cultura de la legalidad.

La cultura de la legalidad impone también el deber de exigir a las autoridades el cumplimiento puntual de la ley. Se deben denunciar las irregularidades, los abusos y los actos ilícitos.

RESPETO A LA LEY Durante la administración 2009 – 2014 de este Organismo nacional se promoverá el respeto a la ley como un valor que se debe fomentar en la conciencia de los individuos, desde el nivel más elemental de convivencia social y fortalecer a lo largo de las diferentes etapas de la vida.

Para esta Comisión Nacional, el Estado de derecho de un país se sustenta, antes que nada, en el arraigo que tenga la cultura de la legalidad en la sociedad.

La CNDH convocará a las familias, las organizaciones civiles, laborales, gremiales y religiosas, a los partidos políticos y especialmente a los medios de comunicación a impulsar y respaldar una campaña permanente de revalorización de la cultura de la legalidad.

Hay necesidad de actualizar el marco normativo para responder a las demandas y necesidades de una sociedad cada vez más preocupada por el respeto a los derechos de los individuos.

Para alcanzar este objetivo la CNDH reafirma su compromiso de trabajar estrechamente con los grupos sociales y el Poder Legislativo, para que reconozcan en la normatividad vigente los derechos humanos.

Mediante la prevención se debe asegurar el respeto a los derechos humanos en toda la Administración Pública Federal, a través de acciones preventivas de capacitación y concientización de los servidores públicos.

CNDH, ORGANISMO DINÁMICO En esta nueva etapa, la CNDH se significará por estar abierta al diálogo y al trabajo conjunto, cercano a las personas y a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente como defensor de las víctimas del delito y del abuso del poder.

Para ello se requiere del trabajo y apoyo de los servidores públicos profesionales y comprometidos con las causas sociales, con el fin de que contribuyan a que la CNDH cumpla con las necesidades y legítimas exigencias de la sociedad contemporánea.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE SECUESTRO Debido a la situación que guardan las víctimas del delito y del abuso del poder ante el sistema de justicia y frente a las autoridades en todos los ámbitos en nuestro país, fue creada la Unidad Especial de Atención a Víctimas del Delito de Secuestro, lacerante flagelo que no sólo vulnera la dignidad del individuo afectado, sino de la sociedad en su conjunto.

Esta Unidad trabajará en estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y con las instituciones públicas y privadas comprometidas con el tema, para consolidarse como espacio importante para la atención, el apoyo y la defensa de los derechos de las víctimas.

Proteger los derechos humanos y combatir las desigualdades son parte esencial de nuestra agenda.

La CNDH defiende a las víctimas del delito y del abuso del poder, no a los delincuentes.

La visión de la CNDH en esta administración es como un organismo que no está opuesto a los objetivos del Estado, por el contrario, complementa sus fines y contribuye al cumplimiento de sus deberes.

ORGANISMO COMPROMETIDO Debe existir el compromiso de aprovechar las circunstancias económicas adversas para caminar hacia una mayor vigencia de los derechos humanos.

También se desarrollarán acciones tendentes a modernizar la labor social encomendada a la CNDH, relacionadas con la transparencia en el trabajo, reingeniería interna, trabajo cercano a la gente y atención oportuna.

CARTA DE DEBERES Además se promoverá una revisión integral y constructiva del marco normativo y operacional, para garantizar la eficacia en el cumplimiento de sus atribuciones, y se impulsará la Carta de deberes de las personas, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento irrestricto de la ley.

Se buscará la colaboración de distintos órganos del Poder Legislativo para superar la problemática que impide la armonización legislativa Y se reforzará la presencia internacional de la CNDH. En cuanto a la tendencia de autoridades de no aceptar las Recomendaciones, se impulsará una reforma legal para que las autoridades obligadas a acatarlas, en caso de no hacerlo, enfrenten algún tipo de responsabilidad.

Esta nueva etapa requiere de la participación activa de las consejeras y consejeros de la CNDH —representantes de la sociedad al interior del Organismo nacional—, así como de los presidentes y procuradores de derechos humanos a nivel nacional, para cumplir con lo que en materia de derechos humanos el país reclama.

El deber de todos es consolidar el Estado de Derecho y la democracia para juntos luchar contra el abuso del poder.

La meta es consolidar el proyecto de nación libre y democrática establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, guiados por el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos.

Frente al compromiso del Estado mexicano de combatir la pobreza y la desigualdad, como una base para ejercicio efectivo de los demás derechos, se buscará que los efectos de la actual crisis económica no impliquen menoscabo de las garantías fundamentales.

CONTRA EL ABUSO DEL PODER, LA CNDH DEFIENDE Y PROMUEVE TUS DERECHOS HUMANOS

Para el logro de este objetivo se propone impulsar acciones firmes para identificar las violaciones recurrentes a los derechos humanos por parte de servidores públicos, así como a las autoridades menos sensibles a las Recomendaciones.

Se orientará a la población sobre los actos que constituyen violación a los derechos humanos, así como los mecanismos y órganos existentes para su denuncia.

Lada gratuita y confidencial 01800.715.2000

www.cndh.org.mx

CNDH, Organismo Público Autónomo

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Juzgados virtuales a nivel federal Dr. Jorge Antonio Cruz Ramos

Representante del Consejo de la Judicatura Federal en la Cuarta Reunión de los Comités Técnicos Consultivos de Estadística y de Información Geográfica.

¿Cuál fue la razón para instaurar esos Jueces de Control?

¿A partir de cuándo se instauraron los Jueces Federales para resolver sobre Medidas Cautelares en materia penal?

Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.

Los primeros seis Juzgados iniciaron sus funciones el 5 de enero de 2009; dichos órganos jurisdiccionales fueron creados mediante el Acuerdo General 75/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión de veintiséis de noviembre de ese mismo año y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre siguiente.

Posteriormente, mediante el Acuerdo General 23/2009, de 3 de junio de 2009, el mismo Pleno creó el Juzgado 7 Federal Penal Especializado, el cual entró en funciones el 16 de junio de esa misma anualidad. Actualmente se encuentran en funciones 7 Juzgados

Los Juzgados laboran las 24 horas del día durante todo el año; el sistema de turno fijado en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal establece que 3 de ellos laboren en turnos de 24 horas por 48 de descanso, mientras los otros 4 laboran en turnos de 24 por 72 horas. Los primeros señalados laboran de las 8 a las 8 de la mañana del día siguiente y los segundos de las 8 de la noche hasta la misma hora del día inmediato posterior, estando de turno para recibir solicitudes únicamente las primeras 12 horas de su jornada.

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El nuevo texto del artículo 16 constitucional, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de dos mil ocho, en su párrafo décimo tercero, establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, debiendo existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

En el ámbito de su competencia, el Consejo de la Judicatura Federal, órgano colegiado encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 16 constitucional y con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, expedido el 21 de agosto de 2008, en cuyo punto XXXVIII, en donde se asumió el compromiso de establecer Juzgados Especializados que se encarguen de

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responder ágil y oportunamente las solicitudes de órdenes de cateos, órdenes de arraigo y autorizaciones para la intervención de comunicaciones, mediante Acuerdo General, creó los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, así con esa denominación, determinó que estos tengan competencia material para conocer de este tipo de medidas cautelares y precautorias, con residencia en el Distrito Federal y que ejerzan competencia territorial en toda la República Mexicana. ¿Cómo fue el mecanismo de implementación?

El Consejo de la Judicatura Federal determinó que estos nuevos Juzgados hicieran uso de los avances tecnológicos con los que cuenta el propio Consejo e instruyó a la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial para que implementara un sistema informático por medio del cual las solicitudes de órdenes de cateos, arraigos e intervención de comunicaciones se solicitaran vía electrónica y a su vez la respuesta jurisdiccional se notificara a la autoridad solicitante de la misma manera. Así, el sistema informático diseñado fue la Ventana Electrónica de Trámite (VET).

Consejo de la Judicatura Federal llevó a cabo reuniones de trabajo con las autoridades investigadoras que harían uso de la VET, a efecto de mostrar y adecuar el sistema a los requerimientos de cada una de las áreas.

Posteriormente, a partir de la publicación de la Ley de la Policía Federal en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de junio de 2009, en donde se faculta al Comisionado General de dicha corporación a solicitar la intervención de comunicaciones y pedir autorización para solicitar por escrito información georeferenciada a las empresas de telecomunicaciones, se tuvieron reuniones de trabajo con dichas instancias a efecto de que

tales medidas se hicieran a través de la Ventana Electrónica de Trámite.

Además, se han impartido y se continúa impartiendo cursos de capacitación a los usuarios de dicho Sistema en diferentes formatos. Se realizaron sesiones prácticas en aulas de capacitación del Consejo de la Judicatura Federal; se llevó a cabo una videoconferencia enlazada a todas las oficinas de las autoridades investigadoras que se encuentran en cada entidad federativa del país. Se han dado conferencias a más de cincuenta participantes por cada una, así como asesorías en el manejo del sistema directamente en las oficinas de las áreas que así lo solicitaron.

Previo al inicio de funciones de los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, el

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A partir, del 1 de junio del año pasado, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Policía Federal, el Comisionado General de la Policía Federal tiene la facultad de solicitar se intervengan comunicaciones o se le autorice para que dicha Institución pueda requerir por escrito información georeferenciada a las compañías telefónicas, a afecto de poder llevar acabo sus tareas de prevención de los delitos.

A la fecha, se ha mostrado el sistema y capacitado a más de tres mil servidores públicos, incluyendo al personal de los Juzgados Federales Penales Especializados.

cual hace las veces de la firma autógrafa del funcionario que suscribe la solicitud de cateo, por ejemplo, hasta aquellos que firman su resolución.

El usuario que ingresa al Sistema, necesariamente debe contar con un nombre de usuario, una contraseña y un certificado digital, de esta manera se tiene certeza sobre la identidad de la persona que accede a la VET, ya que se cuenta con un proceso de asignación de claves muy riguroso que requiere, entre otras cosas, de copias certificadas de los nombramientos e identificaciones de los servidores públicos.

¿Cuál es la competencia de los Jueces Federales?

Dicho certificado digital también es utilizado como firma electrónica, la

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En un inicio, estos Juzgados tenían una competencia material, de conformidad con el Acuerdo General de Pleno 75/2008, únicamente para conocer de las solicitudes de cateos, arraigos e intervención de comunicaciones que realizara el Ministerio Público Federal, así como aquellas peticiones para intervenir comunicaciones por cuestiones de seguridad nacional que realizara el CISEN.

“Diariamente se reciben un promedio de trece solicitudes de medidas cautelares, teniendo como número máximo treinta y cuatro en un solo día”.

Por tal motivo, el 17 de junio de ese mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 25/2009 que otorga competencia a los Juzgados Federales Penales Especializados para conocer y resolver también de este tipo de solicitudes.

Por otro lado, estos Jueces tienen competencia material en todo el territorio nacional. Pueden conocer de solicitudes para llevar a cabo un cateo en un domicilio ubicado en la ciudad

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de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como otro ubicado en La Paz, Baja California Sur. Incluso una de las grandes ventajas que ha otorgado este Sistema Informático es que en una sola solicitud se puede pedir el cateo de inmuebles sitos en diferentes entidades federativas. ¿Cuál es el mecanismo para atender las solicitudes de Medidas Cautelares?

Los usuarios de las autoridades investigadoras, como se mencionó anteriormente, acceden a la Ventana Electrónica de Trámite, a través de un usuario y una contraseña, además de contar con un certificado digital; una vez dentro del Sistema capturan, a

través de formularios, los datos relativos al tipo de medida cautelar que se solicita, el número de averiguación previa o cuaderno de investigación en donde se requiere la medida, el nombre de las personas relacionadas con dicha petición y los delitos o hechos que se les imputan.

En las solicitudes de cateo existe un campo especial para señalar y describir el o los domicilios materia de dicha medida, así como la descripción de los objetos que se pretende localizar. En las solicitudes de intervención de comunicaciones, la PGR, el CISEN o la Policía Federal, registran el tipo de comunicación a intervenir, y en el caso de que se trate de líneas telefónicas, los números relacionados,

haciéndose la precisión de si se trata de telefonía móvil o fija.

La Ventana Electrónica de Trámite cuenta con un módulo especial para que la autoridad anexe toda la documentación sustento de la solicitud de la medida cautelar. Ingresan al Sistema las reproducciones digitales (archivos escaneados) la solicitud formal y las pruebas que acreditan la necesidad del cateo, del arraigo o de la intervención de comunicaciones.

Dichos documentos necesariamente deben ser firmados electrónicamente por el agente investigador ya que al carecer de la mencionada firma electrónica sería igual a que un oficio de consignación careciera de firma autógrafa del Ministerio Público de la Federación.

Una vez finalizada la captura de la información por quien tiene permisos de captura de origen, su supervisor (designado por la misma autoridad) hace la última revisión y aprobación de la solicitud. Hecho lo anterior, la solicitud es enviada al Juzgado Federal Penal Especializado en turno.

El Juzgado que se encuentre de turno, recibe la solicitud y en primera instancia la única persona que tiene acceso a dicha información es el Juez Federal y es quien, después de analizar la documentación adjuntada, asigna el expediente, si así lo decide, a un Secretario para la elaboración del

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proyecto de resolución. El Juez y el Secretario cuentan también con un nombre de usuario y contraseña para ingresar al Sistema, además de que cuentan con un certificado digital para el efecto de firmar electrónicamente sus acuerdos y resoluciones.

El Juez remite por la misma vía en que recibió la solicitud su acuerdo de radicación y posteriormente la resolución que en derecho corresponda.

Toda actuación va firmada electrónicamente tanto por el Juez como por el Secretario con el que actúa. ¿Cuántos son los Jueces que han sido designados para resolver sobre dichas medidas cautelares?

Como lo mencioné al principio de esta entrevista, originalmente se crearon e instalaron 6 Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones y debido al aumento de las cargas de trabajo, a partir del 16 de junio del año pasado, inició funciones un séptimo Juzgado.

Quisiera aclarar que los 7 Jueces que en su momento iniciaron funciones al instalarse los Juzgados de los que hemos estado platicando, han sido las mismas personas, es decir, a la fecha no se ha determinado la adscripción de nuevos titulares.

Te adelanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene previsto

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instalar un nuevo Juzgado Federal Penal Especializado el próximo mes de agosto, por lo que para el segundo semestre de este año serán 8 los Juzgados Federales competentes para conocer y resolver, a través de la Ventana Electrónica de Trámite, las solicitudes de órdenes de cateo, arraigo e intervención de comunicaciones. ¿Cuál ha sido la demanda de dichos juzgados?

Desde el 5 de enero de 2009 a la fecha (11 de febrero de 2010), se han solicitado un total de 5,158 medidas cautelares, de las cuales 4,421 han sido solicitudes de cateos, 693 arraigos y 41 intervenciones de comunicaciones.

Las solicitudes de cateos se relacionan con un aproximado de 7,049 domicilios.

Destacándose que después del Distrito Federal, la entidad federativa con más domicilios en donde se solicitaron órdenes de cateo fue Nuevo León.

Respecto a las peticiones de arraigo, hasta hoy, el Sistema arroja el dato de 2,392 personas para las cuales se ha pedido dicha medida cautelar.

Diariamente se recibe un promedio de trece solicitudes de medidas cautelares, teniendo como número máximo treinta y cuatro en un solo día.

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¿Cuánto tarda aproximadamente un Juez de Control de Medidas Cautelares en dar respuesta a las peticiones que se le plantean?

Hasta antes del inicio de funciones de los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, 5 de enero de 2009, los más de doscientos veinte jueces de Distrito que tenían competencia para ello en ese momento, además de conocer de las medidas cautelares y precautorias señaladas, conocían de diversos asuntos como son juicios de amparo, procesos penales, juicios federales en las materias civil, mercantil y administrativa, entre otros, lo que provocaba que en el trámite y resolución de las peticiones de cateos, arraigos e intervención de comunicaciones se empleara, prácticamente, todo el plazo que otorgaba la ley.

Hay que recordar que el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que la resolución que recaiga a una solicitud de cateo deberá dictarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que fue recibida la petición; por otro lado, el artículo 15 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada estipula un término de 12 horas para que el Juez resuelva respecto de los cateos e intervención de comunicaciones solicitadas con base en esa Ley; así como la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo

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Por otro lado, el artículo 52 de la Ley de la Policía Federal, establece que el titular del Juzgado deberá acordar las solicitudes de intervención de comunicaciones y autorizaciones para requerir información georeferenciada a las compañías que prestan servicio de telefonía, ya sea móvil o fija, en un plazo que no exceda de 12 horas.

Ahora bien, los Jueces Federales Penales Especializados de los que hemos venido hablando, han reportado un promedio de 3 horas en el dictado de su primer acuerdo en los asuntos que son de su conocimiento, que por lo general es el auto de radicación. A saber: 2 horas con 55 minutos en los cateos, 3:30 en los arraigos, 4:18 en las intervenciones de comunicaciones y 2:16 en las autorizaciones para requerir información por escrito a las empresas telefónicas.

En el dictado del segundo acuerdo, que regularmente se trata de la resolución, el promedio general es de 10 horas con 27 minutos; y, la media en particular, es 10:29 en los cateos, 12:28 en los arraigos, 10:24 en las intervenciones y 8:16 en las autorizaciones para requerir información por escrito.

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¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para el ofrecimiento de evidencia o prueba a efecto de analizar, por parte del juzgador, la viabilidad de la petición?

Como comentaba hace un momento, la Ventana Electrónica de Trámite, además de contar con formularios de captura, contiene un apartado específico para que el usuario pueda ingresar al Sistema toda la documentación necesaria para que el Juez pueda analizar la petición de este tipo de medidas cautelares.

En dicho apartado el agente investigador anota un nombre que describa el contenido del documento a ingresar, de qué tipo de documento se trata, es decir, si es texto, audio, video o fotografías, así como si en la averiguación previa o cuaderno de investigación obra en original, copia simple o en copia cerificada.

Las constancias de pruebas que se agregan al documento de la solicitud, son escaneadas e ingresadas al Sistema, las cuales deben ir acompañadas de su respectiva certificación en donde se haga constar que dicha reproducción digital o electrónica coincide fielmente con las constancias que obran en sus expedientes.

Esta certificación también es firmada electrónicamente con el certificado digital con que cuenta cada funcionario público.

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Cabe precisar que cualquier comunicación o promoción que requiera la autoridad investigadora con el Juzgado Federal y viceversa, después de haber sido enviada la solicitud, se hace a través de la Ventana Electrónica de Trámite. Todo documento, acuerdo o resolución que es ingresada al Sistema se vuelve inalterable e imposible de modificar. ¿De qué forma se garantiza la confiabilidad de las solicitudes así como de la respuesta que se da a las mismas?

La seguridad de la información que se relaciona con este tipo de medidas cautelares fue uno de los puntos claves e importantes de análisis al momento de implementar el Sistema Informático por el cual se tramitan las solicitudes de las medidas cautelares de las que hemos venido platicando.

La Ventana Electrónica de Trámite se encuentra montada en un protocolo https el cual requiere para el ingreso a dicho Sistema que el equipo desde donde se pretende ingresar, cuente con un certificado digital, en este caso, que cuente con el certificado digital otorgado por la Unidad para el Control de Certificación de Firmas del Consejo de la Judicatura Federal.

Además, la conexión que existe entre las autoridades usuarias de la VET y los Juzgados Federales es a través de un canal dedicado, es decir, en ese

medio de comunicación sólo transita la información relativa a las solicitudes de las medidas cautelares y no así el Internet o Intranet de ambas Instituciones, lo cual provoca que el intercambio de información sea mucho más seguro.

“Todo documento, acuerdo o resolución que es ingresada al Sistema se vuelve inalterable e imposible de modificar.”.

Como refuerzo adicional a la seguridad que respalda a la VET, todos los datos y archivos electrónicos que van de un usuario a otro durante su trayecto van cifradas y encriptadas, es decir, si alguien lograra acceder furtivamente al Sistema obtendría información indescifrable, ya que dichos datos se mostrarían con símbolos y signos incomprensibles. El certificado digital de quien genera el documento cifra la información y las únicas llaves que pueden descifrarla y lograr el acceso a ella son las de los certificados tanto de quien remite los archivos como a quien es remitido.*

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Entrevista con el embajador Excmo. Luis Camilo Osorio Isaza Embajador de Colombia en México

¿Cuál para usted fue el mayor reto que tuvo que superar su país al implementar el nuevo sistema de justicia procesal penal?

La situación en la búsqueda y encuentro del sistema penal, se debió a la dificultad de congestión que había en nuestro país, a la falta de transparencia y a la falta de eficiencia y eficacia, estos factores se reducen al vértice de que había que hacerle ingeniería gerencial y mejoramiento de la calidad de la justicia. Las dos expresiones significan que teníamos que tener mecanismos que pudieran garantizar una justicia pronta, cumplida, pero también transparente, con seguridad y con garantías para

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todos como es lo que demandan los procedimientos en el mundo entero. Y porque también era necesario generar un nuevo elemento de dinámica en momentos donde el país atravesaba una situación de alta criminalidad.

No quiero decir con ello que el sistema sea más eficaz que otro, simplemente sí es un mecanismo más fuerte contra la criminalidad y da un mensaje muy importante a la sociedad: saber que tienen una justicia más transparente y una justicia eficaz.

juicios; una de las cuestiones que más ha llamado la atención como fenómeno es que la gente concurre a laS audiencias, tanto familiares, amigos e interesados; tanto victimas como victimarios, asisten al poder judicial, los operadores de justicia en general que están esperando la siguiente audiencia. Simplemente se tiene curiosidad de cómo está operando el sistema y eso ha socializado y ha visibilizado extraordinariamente la justicia.

Es una justicia mas asequible a la ciudadanía porque entre otras cosas, la parte de la ciudadanía empieza con su propia presencia dentro de los

¿Considera usted que con la implementación de este nuevo sistema de justicia penal en Colombia se produjo un cambio drástico por parte de los

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de Colombia en México operadores, es decir, en la función que normalmente desarrollaban?

Sí y no solamente fue drástico; quisiéramos advertir cómo se dignifica la función de los operadores de justicia por ejemplo en concreto del juez. Se valora la capacidad del juez que está frente a una audiencia, de la que se ha informado al momento de la primera convocatoria que tiene, por las partes, un proceso de partes iguales: de un lado el ministerio público (la procuraduría y la acción fiscal) y por otro lado la defensa, para que en ese escenario tenga lugar el elemento de valorar los elementos probatorios, materiales, las evidencias que representa y elevarlas a categorías de pruebas.

Y con fundamento en ello y los argumentos que se oyen en el contradictorio y en el interrogatorio cruzado y en todos los demás acervos de conocimientos que tengan, toman una decisión. Se está dignificando la condición del juez que tiene la capacidad de fallar y no simplemente un expediente donde no se sabe por dónde empezar; no conoce cuál fue el origen de las evidencias, la cadena de custodia que lo acompañó; cómo se recogieron los elementos materiales; cómo se embalaron, cómo se etiquetaron, cómo se llevaron al conocimiento; y eso significa también que el sistema funciona como una cadena

de alta relojería, de maquinaria muy delicada; donde cualquier cosa puede interferir.

Como Fiscal General de la Nación en Colombia entre el periodo 2001 y el 2005, que fue la fase de transición del sistema inquisitivo al acusatorio, ¿considera que en este nuevo sistema se ha dignificado la función de la justicia?

Totalmente, la consideración del respeto que se eleva entre otras cosas y voy a decirlo, aún cuando aparece

ridad divina para impartir justicia en la tierra se dignifica con el sistema de los juicios orales. Así mismo hace ver la eficacia, la transparencia y la idoneidad con que la partes, tanto la fiscalía como la defensa, cumplen las funciones y cómo los auxiliares de la justicia, es decir, los peritos y la policía judicial, han cumplido su papel y han llevado las evidencias con todo el rigor que exige el procedimiento para que puedan ser válidas las fundamentaciones que tengan para una promulgación de acusación.

“... también el sistema funciona como una cadena de alta relojería, de maquinaria muy delicada; donde cualquier cosa puede interferirlo”. como no sustantivo más bien formal, el hecho de que haya una sala de audiencias, de que el juez esté tres escalones por encima de los demás, que esté investido con la toga, no es que la toga haga al juez; sino que el juez tiene la obligación de dignificar esa toga que lleva que es la majestad y el símbolo de la justicia, todo ese elemento de los poderes públicos al servicio de quienes van a impartir justicia, que es la máxima expresión del estado y de la condición humana, que se eleva a la condición de la auto-

¿Usted está de acuerdo con la frase que dice que El juez no solamente debe serlo sino parecerlo?

Así es, y ese parecerlo es frente a los ciudadanos, no es simplemente en el interior de un despacho, pues que muchas veces no terminan conociendo las partes al juez y el juez a las partes; Y no solamente las partes sino el mismo indiciado, la misma persona objeto de la acusación y a los propios autores de los delitos que se les imputan. Esa situación me parece que de

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todas maneras lleva un escenario de la mayor transparencia para todos y desde luego valora la condición de la justicia. ¿Considera que su país cuenta con un ministerio público capaz de sostener los objetivos de este sistema?

Sí, quiero comentar que nuestro ministerio público trabaja muy de la mano y en cooperación permanente con la procuraduría, tenemos una comunicación e intercambio de información muy constructivo; pero adicionalmente quiero decir que el ministerio público ha mostrado la fortaleza necesaria frente a la criminalidad. En donde hemos encontrado falencias, no tanto por la calidad sino

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por la cantidad de elementos que se requerirían, es en la policía judicial, es un mensaje que hay que mandar a todas la organizaciones judiciales que tengan la buena fortuna de haber migrado a estos sistemas, porque no es que el otro sistema no necesite policía judicial, pero la inercia de que en ese lugar reposan indefinidamente los expedientes y en consecuencia la gente en la cárcel, o no hace que en un momento dado sea tan urgente tener evidencias o unos elementos materiales probatorios a tiempo para poder formular una acusación. Parte de la justicia es que nadie puede quedar en la eternidad frente a esa justicia y que se debe resolver pronta y debidamente la situación del indiciado.

El hecho de que el sistema empuje a que la justicia sea pronta y que cumpla los términos significa que en consecuencia debe haber suficiente policía judicial, debe haber suficientes especialistas y técnicos en la materia que puedan estar auxiliando una investigación a cargo del fiscal y que puedan estar dando apoyo en las audiencias, bien sea como testigos pero fundamentalmente como parte de la policía judicial que va a soportar desde el punto de vista técnico y científico, las razones de una formulación de acusación y eso significa que el sistema ha puesto en una pecera la actividad del órgano investigador dada tanta transparencia, lo que ha permitido observar las situaciones y falencias del sistema.

En estos momentos estamos incorporando cerca de 6000 policías más, pero podría decirle fácilmente que necesitamos otros 4000 osea cerca de 10000 sobre otro tanto que tenemos en la fiscalía y algo más del doble en la misma policía nacional porque nosotros tenemos policía judicial de varios orígenes. ¿Usted considera que este nuevo sistema de justicia penal en Colombia es capaz de hacerle frente a la delincuencia organizada?

Yo le quiero decir muy sinceramente que no encontramos diferencia entre los procesos, es uno solo. El proceso

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ordinario y desde luego procesos abreviados que ya vamos a hablar de ellos; pero fundamentalmente la justicia debe ser una sola para los crímenes altos y los crímenes menos altos, aquí tienen consignado en la propia constitución el arraigo. Yo siempre he dicho que tampoco eso seria un obstáculo para que hubiera un sistema de juicios orales o de sistema acusatorio al más alto nivel de la más grave criminalidad; porque de todas maneras tiene mecanismos para que pervivan las distintas situaciones y la buena fortuna que tiene implícito el sistema es la posibilidad de resolver tempranamente los procesos a través de, por ejemplo, el caso de flagrancia, el de conciliación o reparación a la victima o el caso de aquellos delitos querellables que sean posibles de llegar a un acuerdo y una indemnización por el daño de las víctimas.

corte acusatorio y es que venimos de un sistema inquisitivo, escriturario de expedientes en el que el 70% de los casos eran demorados y pasamos a un 70% de justicia rápida y así podemos dedicar toda la energía a una justicia reflexiva, un poco más investigativa. La aguja en el pajar para casos que son complejos en todos los eventos; pero en los sistemas escriturarios tienden a quedarse también esos y los otros; demorados todos.

Entonces viene una complejidad: la libertad de las personas, en estos procesos el resolver rápida y anticipadamente la libertad de las personas, significa tener una garantía.

En Colombia y entiendo que las cifras

no son muy distintas, más de la mitad de quienes estaban privados de la libertad lo estaban de una causa distinta a una providencia judicial en firme de una autoridad competente y eso desde el punto de vista de la libertad de las personas es aberrante. ¿Cuál ha sido la experiencia en Colombia, respecto al actuar de los intervinientes: juez, abogados, particulares ya sea de oficio o bien particulares, en el nuevo sistema de justicia penal?

Básicamente, hay que hacer una advertencia. Aunque llevamos un rato hablando del sistema no había subrayado que es un sistema de partes, pero de partes iguales, osea a

Existe una gran cantidad de figuras pero fundamentalmente el acogimiento de la sentencia anticipada, que trae como consecuencia una justicia rápida, una justicia con resarcimiento inmediato de la víctima por esa reparación, una resocialización del victimario que inmediatamente confiese su delito, habiendo sido desde luego el autor, en eso tiene que tener cuidado la justicia. Y con ello podemos llevar una panacea, que es la mayor fortaleza que ofrece en un momento dado un sistema penal de

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la par que tenemos una fiscalía muy fuerte y muy contundente con todos los poderes del estado ejerciendo la acción penal, tenemos que darle garantía a que todo ciudadano tenga derecho de una defensa técnica, oportuna, calificada, que contribuya a fortalecer su presunción de inocencia, a garantizar que el debido proceso se cumpla, que los principios del Non bis in idem de que no se vaya a repetir un mismo procedimiento y acusación sobre la misma causa; que el In dubio pro reo, es decir, la duda en favor del indiciado se hagan efectivos y para ello lo que hizo Colombia fue

entender debe fortalecerse mucho la de los colegios abogados o asociaciones de profesionales, debe fortalecer mucho los consultorios jurídicos de las universidades, que también gratuitamente presten fundamentalmente para causas que no son tan graves, prestar una debida defensa, en el caso de delitos graves o vergonzantes donde ni siquiera un abogado se presta a servir de defensor y si es del caso en esos eventos reembolsar el costo que haga el estado en el evento de aplicar esa justicia a través de la defensoría pública y me parece que eso es clave; ahora se debe

“... en ausencia de un defensor convenido particular y remunerado por el presunto autor de un delito deba haber una defensoría pública”. fortalecer enormemente una defensoría pública que de hecho ya teníamos alguna institución de defensoría a la que impusimos la responsabilidad de que en todos los casos garantizara que en ausencia de un defensor convenido, particular y remunerado por el presunto autor de un delito pueda haber una defensoría pública.

Esto no reemplaza sino que complementa una defensoría oficiosa; pro bono, gratuita, que inclusive en mi

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también decir, que la capacitación y la preparación de los abogados inclusive la de los particulares debe ser una actuación institucional, que se preocupe el estado de que todos la tengan a como dé lugar, con convenios de las universidades o directamente prestado a través de los instrumentos y los institutos que tengan en capacitación, porque este es un sistema que lo puede trabar cualquiera: una deficiente policía pública, una ineficaz y desconocedora defensoría que no sepa como actuar y desde

luego el juez y el fiscal; pero en todo caso todos son operadores de justicia y todos están por encima de cualquier consideración e interés en proveer el fin último que es una justicia con apego a la ley. ¿Considera usted que a raíz de la implementación de este nuevo sistema, la defensoría pública se ha convertido en una aspiración profesional por parte del abogado?

Tiene que ser una aspiración profesional y tan seria como lo puede ser la de un fiscal o la de un juez, porque el defensor no es más que un juez, no es más que un fiscal, pero tampoco menos y en consecuencia tiene que tener toda la dignidad y la dignificación, inclusive como anécdota, en mi país no lo hicimos, pero uno siempre se arrepiente de lo que no hizo, jamás de lo que hizo; ahí la vestidura de la toga la tiene únicamente le juez, en el sistema de los anglosajones tanto el fiscal como el defensor como el propio juez están togados porque todos tiene que dignificar, respetar y enaltecer esa investidura de operadores de la justicia ¿Desde su óptica, cómo ha recibido la ciudadanía colombiana este nuevo sistema de justicia procesal penal?

Yo le pongo la pregunta un poco antes, en general el sistema tiene

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sus enemigos naturales y se lo digo muy sinceramente, honesta y abiertamente, por ejemplo: los malos jueces, los jueces banales, los jueces que no saben, que no quieren aprender, que tienen la incapacidad de resolver, que muchas veces lo hace un secretario, el hecho de que el juez se pare frente a una atril a tomar decisiones de acuerdo con su leal saber y entender es precisamente lo que dignifica; pero adicionalmente puede haber jueces que se prestarían para situaciones de corrupción, además, el papel de un juez corrupto resolviendo en contra del derecho en una audiencia pública, se puede dar una vez, hasta dos, la tercera es muy difícil que se cumpla otra vez un fallo en contra de la ley y eso constituye parte de una resistencia importante dentro de la justicia; otra parte importante son los abogados exitosos, abogados que toman un defendido culpable y rico y lo devuelven a la sociedad pobre e inocente, tampoco se vale porque realmente su papel no es ese, sino que su obligación es obtener que se aplique la ley.

doble vía donde hay unas iniciales evidencias de que tiene una responsabilidad, hay una realidad probable de que sea el autor del delito, también va a tener tempranamente la inmovilización a través de una medida de aseguramiento o pérdida de la libertad y así mismo o al contrario va a beneficiarse porque va a tener garantías desde el principio, pero esos criminales creen que pueden burlar la ley más fácilmente, por un sistema, donde no sabemos qué pasó, cuál fue la actuación del fiscal, cuál fue la actuación del juez.

Y finalmente también en la academia se ha discutido mucho esto, pero recordemos que el sistema acusatorio

es el sistema más antiguo de todos los que existen; recordemos la antigua Grecia que fue donde nació y se fortaleció en el imperio romano, que tuvo su vigor en las ciudades germánicas y que finalmente fue en el apogeo de las ciudades toscanas donde tuvo su mejor suceso y luego los anglosajones silenciosamente dijeron, hay que acabar con el sistema inquisitivo porque estaba tomando ventaja al criminal, pero estamos creando un monstruo dentro del Estado que puede ser el peor enemigo de la justicia, porque ese mismo estado se puede convertir en un factor de injusticia, de criminalidad, un factor de delincuencia por no estar aplicando la ley como se debe, ni dándole las

Esos abogados muy fuertes que hoy se están ganando los pleitos con la justicia deficiente también son enemigos del sistema. Otro enemigo del sistema, son los criminales, es mucho más difícil burlar la ley cuando hay un juez desde el primer momento ofreciendo garantías al mismo acusado o al mismo señalado como responsable del delito; pero a su vez, es en

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garantías que sean suficientes, y por eso los países que tuvieron el sistema han vuelto al sistema acusatorio; prácticamente todos los europeos lo tienen y en Latinoamérica estamos prácticamente completos, tal vez falta Brasil. En este momento lo que se requiere es ver cómo se perfecciona, cada día más, un sistema de garantías y un sistema de justicia.

En torno a este nuevo sistema ¿considera que el nuevo sistema incentiva la denuncia ciudadana, es decir, tenemos un nivel de cifras negras de impunidad derivadas de la falta de denuncia?

Yo no diría que la gente se entusiasma a presentar la denuncia; pero yo sí quiero decirle que ése es un tema anterior a todo esto, que siempre lo estamos promoviendo y promulgando como tal y es el sistema de la cooperación de la ciudadanía y la solidaridad de la ciudadanía es un tema que llaman seguridad, seguridad democrática le llamamos en Colombia; pero que simplemente consiste en que si no hay una alianza y una confianza de la sociedad con la autoridad, es imposible vencer el crimen y esa simbiosis de autoridad con sociedad civil significa de parte de la sociedad civil, no solamente la denuncia, sino el testimonio, la información, la cooperación eficaz para que se pueda perseguir la criminalidad, significa que a la par de estar generando un elemento dinámico de que la sociedad es más que unos

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pocos criminales y que todos se levantan al tiempo para poder darle una respuesta contundente; es cierta media con un sistema creíble y confiable tiene que haber una invitación mayor a la denuncia.

Me estaba preguntando por ejemplo, como parte de la critica, ¿acaso un testigo se presentaría ante una audiencia a testificar en contra de alguien?, yo la pregunta no la contesto directamente, si no con otra pregunta: ¿Y en el sistema inquisitivo?, donde ese testimonio inmediatamente queda grabado en un papel, donde lo primero que hace el defensor de ese criminal es pedirle la copia; donde tenemos un sistema que se demora uno, dos, tres, cuatro años, donde ese individuo anda en el bolsillo

con la copia del testimonio viendo a ver a qué horas a va a retractarse de lo dicho, frente a un testimonio donde aparece en una audiencia pública, señala con el dedo cuál es el autor del delito y de ahí, de esa audiencia debe salir condenado. Yo pregunto: ¿cuál de los dos mecanismos puede significar más preocupación para un testigo que quiera colaborar? ¿Considera usted que este sistema de justicia procesal penal influye en los índices de criminalidad?

Nosotros tuvimos un primer laboratorio muy interesante, que me lleva a otro tema, y es que nosotros tuvimos un mecanismo de transición en la aplicación del sistema, si usted confronta y por

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golpe sale a meter el nuevo sistema sin haber hecho un transito el con anterior sistema, puede tener un colapso; hay que meterle ingeniería y gerencia, como lo decíamos al principio, esto logrará manejar estos procesos de una manera lógica.

El sistema que trae un acumulado, un deshago grande, unas causas que tienen unos jueces, no puede ser contaminado con un juez que tenga que asignar audiencias, mientras tanto tenga unos expedientes en su otro despacho esperando, etc. Entonces usted prácticamente tiene que tener una justicia complementaria, de un lado el nuevo sistema con jueces 0 kilómetros, con fiscales 0 kilómetros, con unos auxiliares de justicia y con una policía judicial idónea y del otro lado el desahogo de lo que viene con las normas anteriores, porque los sistemas no son compatibles; por eso el reemplazo en un procedimiento tiene que ser completamente nuevo y distinto.

segunda transición va buscando zonas.

Nosotros escogimos, a diferencia del sistema Chileno, las más congestionadas y las más complejas y allí fuimos puliendo el sistema, que le sirviera inclusive de laboratorio y observación a los más alejados y los menos complejos para que viera cómo iba funcionando, cuando pusimos a marchar el sistema en una región, encontramos por ejemplo en la ciudad de Bogotá que es una de las ciudades mas complejas y en un estado que abraza a la ciudad de Bogotá, una ciudad satélite, que ahí se fueron a operar los criminales huyéndole al sistema, Ahí llegaron los ladrones de autos, los crímenes de sangre como homicidios, etc. Es decir que se concentraron fuera de los límites de la ciudad,

esto se los puedo garantizar estadísticamente, osea que el hecho de que haya justicia contundente lleva a cuidarse más a la gente de delinquir y otro factor más que es la parte mediadora y de conciliación del hecho de que haya la eminencia de una justicia que puede exigirle por vía penal a un individuo que cumpla con sus deberes de padre de llevar alimento a los hijos, etc.

Esa justicia rápida, pronta, cumplida y eficaz hizo que las conciliaciones se aumentaran en gran medida, digamos que se multiplicó por 4; lo que antes era uno hoy es cuatro. Precisamente justicia eficaz llama a la gente a cumplir con sus deberes, lo que por supuesto descongestiona y desahoga el sistema.*

Ese mecanismo de ir aplicando una parte de la justicia en un escenario y la otra parte en un escenario nuevo, donde sí podamos ir calibrando cuál es la diferencia, nos da buenos resultados y lo propio ocurre con las regiones, para usted poder tener la capacitación, para tener laboratorios que alberguen las pruebas, para tener los aparatos que funcionen en las salas de audiencia, para poder capacitar a jueces, fiscales y defensoría en general, tiene que hacerlo de forma ordenada y buscando regiones; entonces en la

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Rol y atributos del ministerio público Iván Millán Gutiérrez Fiscal Jefe Delitos Económicos y de Funcionarios, Fiscalía de Chile

L

a atención que ha de prestarse al Ministerio Público en procesos de reforma del proceso penal como aquel que se promueve en México, ha de ser objeto de especial atención, reflexión y seguimiento. En efecto, la institución que muta de forma más relevante su perfil en el nuevo sistema es precisamente el Ministerio Público, los fiscales. Los jueces, si bien pierden parte importante de sus atribuciones, aquellas asociadas a la instrucción y a la investigación, conservan en majestad aquella función que les es propia y nuclear: el ejercicio jurisdiccional, proceso no exento de dificultades, avances y retrocesos, pero al fin, normativa-

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mente impuesto.

Las defensas, donde las hay institucionalmente establecidas, conservan su rol, si bien aumentan su protagonismo al enfrentar el nuevo estilo de litigación dialéctico y contradictorio.

Pero es el Ministerio Público, provisto ahora en plenitud de la dirección de la investigación (cuando no, su ejecutor directo) y titular y promotor de la acción penal pública, el que asume un rol central que tradicionalmente le era ajeno. En Chile, en adición a aquellas funciones, se ha encargado constitucionalmente al Ministerio Público la tarea de dar protección a víctimas y testigos, y ello no solo en función de asegurar el éxito de la investigación,

manteniendo lealmente vinculados a dichos actores al proceso de acusación, sino también desde una perspectiva más general, con miras a legitimar el sistema de enjuiciamiento en la sociedad, reponiendo especialmente a la víctima en el centro de la resolución del conflicto generado con la comisión del delito.

Esta importancia central del Ministerio Público se expresa a nuestro juicio con nitidez al menos desde las siguientes perspectivas: como actor central del proceso de transformación del proceso, como motor de su funcionamiento y como promotor de la legitimación social y política del nuevo sistema.

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en el proceso de la reforma

La relevancia del Ministerio Público en el tránsito hacia el modelo acusatorio se manifiesta en la plena asunción de las funciones de dirección de la investigación, acusación y sostenimiento de la acción penal pública en juicio. Se expresa en el acopio de los antecedentes necesarios para fundar una acusación y su presentación en juicio, y en su utilización provisoria para cautelar los fines de la investigación por la vía de la formación de la carpeta de investigación, la expedición de órdenes de investigar a la Policía, el requerimiento de información a organismos públicos y privados, la recepción y conservación de la evidencia, y la solicitud de medidas cautelares reales y, especialmente, personales respecto del imputado.

Todo este proceso ha de ser promovido por el Ministerio Público, volviendo a los demás intervinientes básicamente depositarios de sus requerimientos. Así, el tribunal autorizará las medidas de investigación intentadas por los fiscales cuando puedan comprometer garantías constitucionales, o la policía auxiliará a los fiscales en las diligencias de investigación que se estimen necesarias, sin que estas otras instituciones puedan suplir o sobreponerse al Ministerio Público.

La falta de comprensión y asunción adecuada de estos “roles” por parte de los actores de proceso penal pugna contra su fluida operación, donde la formación de la verdad “procesal” descansa en la oposición de las argu-

mentaciones de los intervinientes: acusadores y defensa, restando al juez la posición de tercero imparcial que resuelve precisamente la controversia que se le plantea. Cabe enfatizar entonces la necesidad de evitar la “usurpación de roles”, tentación especialmente presente al tiempo del establecimiento del sistema y de la juventud del “rol” (independiente de quienes ejerzan el cargo) ostentada por los intervinientes. Así por ejemplo los fiscales no deben perder de vista que su investigación es esencialmente provisoria, esto es, no deben contar con la expectativa de que los antecedentes que han reunido constituyan el enjuiciamiento propiamente tal, el que solo es posible bajo el tamiz de la contradictoriedad; los jueces, aun

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de mérito de la acusación si lo hubiere), se encuentran radicadas en el Ministerio Público y han de ser tomadas en el contexto de una compleja mixtura de consideraciones: legalidad en la persecución, oportunidad, decisiones político criminales tanto generales como específicas del ámbito territorial donde se adoptan y, especialmente, eficiencia en la persecución penal.

reconociéndosele una posible mayor experiencia forense en el impulso de la investigación, no deben procurar dirigirla por caminos no considerados por los fiscales, salvo en cuanto estimen que de otra forma se ponen en riesgo las garantías de los intervinientes; la policía debe desterrar el viejo predicado del “caso policialmente resuelto”, ya que desde el punto de vista estrictamente formal dicha convicción carece de cualquier significado y no es más que un insumo más para la decisión jurídico investigativa del fiscal, etc.

El Ministerio Público cumple un rol central asimismo como motor del sistema. En efecto, no solo es el recep-

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tor definitivo de todas las noticia criminis con que se impulsa el proceso, sino que también es el encargado de decidir su derrotero, discerniendo qué es aquello que ha de ser marginado de inmediato de la tramitación (principio de oportunidad, incompetencia, hechos no constitutivos de delito, etc.) y, luego en lo que sí prosperará, por qué vía de serlo: qué se judicializa y qué no, y dentro de lo primero, de qué forma: salidas alternativas, negociación de penas, juicio.

Estas decisiones, independiente de los momentos jurisdiccionales que puedan afectarles (por intervención de las víctimas, incardinación distinta de los hechos, examen

En este último aspecto los fiscales han de asumir que, como experiencia universal, los sistemas penales lidian con una permanente sobrecarga de trabajo, donde los recursos humanos y materiales siempre resultarán escasos. En tal ambiente, e independiente de la legítima pero no siempre viable aspiración a más recursos, viene obligado hacer un uso intensivo y decidido de las salidas alternativas al juicio oral en aquellos casos que se judicializan, y a adoptar decisiones tempranas y ágiles respecto de aquellos casos que se desecharán, ya sea por consideraciones de oportunidad o de mérito. Este proceso de toma de decisiones funcional a la operación equilibrada del sistema no puede provenir de iniciativas aisladas o del mayor o menor juicio individual del fiscal, sino que debe estar apoyado por decisiones técnicas institucionales donde la legalidad en la persecución penal (todo debe investigarse, todo debe perseguirse, todo debe sancionarse, a cualquier costo), no

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sea la única premisa a tener en cuenta.

De ahí la necesidad de promover una fuerte incorporación de miradas interdisciplinarias sobre la materia que hagan convivir las decisiones estrictamente jurídicas con los aportes provenientes de profesionales del ámbito de la gestión y la administración.

El adecuado equilibrio entre el cumplimiento de los fines propios del Ministerio Público y el uso racional de los recursos que han sido puestos a su disposición para tales efectos, puede permitir a los fiscales promover con calidad aquellos casos que efectivamente tienen destino y ameritan un tratamiento más extenso, permitiendo hacerse cargo sin mayores costos de los casos de complejidad mediana y baja, para prestar atención especial a aquellos de mayor complejidad.

calidad, en que se consideren en la mayor medida posible los intereses de las víctimas, y abordando gradualmente ámbitos de criminalidad hasta ahora olvidados o poco atendidos por el sistema (delincuencia económica, corrupción, crimen organizado).

Ahora bien, contestes en los desafíos que debe enfrentar el Ministerio Público en el proceso de reforma, cabe hacer referencia a los atributos de que, en nuestra experiencia, debe estar dotada la institución para cumplir con los fines señalados. Por razones de espacio, haremos referencia solo a aquellos que nos parecen de primer orden:

Autonomía Reconociendo la amplitud de experiencias existentes sobre el particular y optando por aquella que en Chile ha demostrado ser viable, es que parece indispensable en sociedades como las nuestras consagrar al Ministerio Público como una institución autónoma, sin dependencia de ninguno de los poderes clásicos del Estado, ni siquiera del Poder Judicial.

Dicha autonomía mantiene al Ministerio Público al margen de la contingencia política, permitiéndole dar continuidad a las políticas de persecución y guarneciéndole de compromisos que le impidan perseguir sin trabas los delitos en que puedan verse comprometidos los

Finalmente, el Ministerio Público ha de asumir un rol central en la promoción de la legitimación del nuevo sistema. Ello tiene que ver con la eficiencia que se imprima al sistema, el que debe demostrar ventajas apreciables respecto de aquel que se deja atrás, no solo en la mejor protección de los derechos de quienes asisten por distintas vías al sistema penal, sino que también con la capacidad de resolver más casos y en menores tiempos, con soluciones de más

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los propios actores políticos, especialmente aquellos que comprometen la probidad pública.

En el caso de Chile, esta autonomía viene garantizada de diversas formas, destacándose entre ellas: a) el reconocimiento en el ámbito constitucional de la institución junto a sus caracteres más relevantes, lo que da alta estabilidad a su régimen jurídico. b) el sistema de nombramiento del Fiscal Nacional, en que intervienen los tres poderes públicos, permitiendo así equilibrar las óptimas condiciones técnicas que exige el cargo con un alto consenso institucional en su designación. c) la forma de remoción del Fiscal Nacional y Fiscales Regionales, que solo puede ser resuelta por la Corte Suprema, pero en que la iniciativa no puede provenir del propio Poder Judicial. Las causales de destitución están taxativamente descritas en el texto constitucional, correspondiendo a incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones d) Nivel relativo de autonomía de que gozan los fiscales respecto del Fiscal Nacional, quien no puede impartir instrucciones particulares en los casos que aquellos llevan, sino solo criterios de actuación e instrucciones generales tendientes al cumplimiento de los fines de la institución.

De cualquier forma, cabe mencionar que, llevada a ultranza esta autonomía,

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se vuelve un obstáculo al propósito de conducir políticas de persecución penal exitosas. Recordamos aquí que autonomía y aislamiento no son sinónimos.

Existe la necesidad de coordinar acciones con los demás actores del proceso de prevención y represión del delito, incluidos por cierto el Poder Ejecutivo, a escala central y local, la policía y también la sociedad civil, en un diálogo que, sin comprometer la autonomía, pueda contribuir a focalizar y evaluar estrategias de persecución.

pulosa probidad. Resulta deseable en este sentido la conformación de equipos multiprofesionales de apoyo al fiscal en materias de inteligencia y análisis.

Eficiencia en la persecución penal del delito de menor y mediana gravedad, y especialización en la criminalidad compleja

Probidad El Ministerio Público debe ser capaz de acopiar un alto caudal de confianza por parte de los ciudadanos, a fin de que participen activamente en el proceso, ya sea denunciando hechos ilícitos (especialmente en materias de corrupción y narcotráfico) o bien interviniendo directamente cuando sean convocados como testigos. Ello exige que la integridad de sus funcionarios no sea puesta en duda.

Expresado tal propósito, existe la necesidad de capacitar fiscales dotándoles de sensibilidad a la gestión de casos y de destrezas de litigación para la presentación de causas con rapidez e informalidad, como asimismo flexibilidad para negociar y proponer soluciones alternativas al juicio cuando ello sea posible.

De otra parte, para la criminalidad compleja se requieren fiscales con profundización en áreas de conocimiento incluso más allá del derecho (economía, contabilidad, etc.), con hábitos de trabajo en equipo, personalidad y liderazgo para relacionarse con la policía y con litigantes avezados, y sobre todo, profesionales de una escru-

En tal sentido, independiente del acervo valórico que es dable exigir a quienes asumen estas complejas tareas, existen decisiones institucionales que potencian la probidad de los funcionarios o inhiben las circunstancias en que ésta pueda ser puesta a prueba. Nos referimos a niveles de remuneraciones compatibles con los del mercado, mecanismos de auditoría y control internos, cuentas públicas periódicas de las autoridades, expeditos recursos de reclamación, etc. Y, sobre todo, el mayor nivel posible de transparencia en las actuaciones del Ministerio Público, que debe reconocer como único límite el riesgo al éxito de la investigación.*

Nuevo Sistema de Justicia Penal Mexicano En este sistema la sociedad es representada por dos figuras: La policía, quien detiene y previene los delitos.

Y el Agente del Ministerio Público de la Federación, que investiga los delitos federales, para hacer que se cumpla la ley.

El Ministerio Público de la Federación ahora cuenta con mejores herramientas, como la nueva Policía Federal Ministerial, y una ley que permite decomisar los bienes de los delincuentes y usarlos en beneficio de la sociedad.

En la lucha contra la delincuencia organizada trabajamos para hacer que se cumpla la ley y tener un México más seguro. denunciaspgr@pgr.gob.mx

01 800 00 85 400

www.gobiernofederal.gob.mx

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DEFENSA PRIVADA: La actuación del litigante particular frente a Lic. Carlos Requena Coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados

“La crítica del nuevo sistema, sin conocimiento ni fundamento, es estéril, pero el ejercicio de la profesión jurídica, sin la debida y previa preparación, es irresponsable”.

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la reforma constitucional en materia penal ¿Cuál debería de ser el papel del litigante particular frente a la reforma constitucional? ¿Cómo se replantea la defensa penal privada a raíz de la reforma?

Todo litigante particular, frente a la reciente reforma constitucional en materia penal, tiene una primera misión: imponerse de su contenido y alcances. Enmarcados dentro de la anhelada cultura de la legalidad, los abogados que en el ejercicio público o privado de la profesión pretendamos participar como actores en la operación del nuevo sistema de justicia penal estamos obligados a conocer cabalmente los diez artículos reformados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como todas aquellas disposiciones que, en consecuencia, están siendo promulgadas o modificadas en la legislación secundaria y reglamentaria. La crítica del nuevo sistema, sin conocimiento ni fundamento, es estéril, pero el ejercicio de la profesión jurídica, sin la debida y previa preparación, es irresponsable.

La estructura y la lógica de un sistema de justicia penal acusatorio es sustancialmente distinta a la de los sistemas mixtos de corte inquisitivo.

Expongamos cuál es el papel que en ambos sistemas puede desempeñar un litigante particular. En los sistemas mixtos inquisitivos, la figura del

litigante acusador, coadyuvante del Ministerio Público, es prácticamente inexistente, al menos desde el catálogo de derechos de la víctima u ofendido. El Ministerio Público suele mostrarse renuente a proporcionar y compartir información con el abogado coadyuvante, pues considera que invade el ejercicio de su exclusivo monopolio de la acción penal. Por otra parte, el litigante particular que actúa como defensor de un acusado debe sortear todo tipo de obstáculos que en la práctica le presenta el Ministerio Público al representar los intereses de su defendido. En este contexto, la terrible y mal entendida secrecía invade a la averiguación previa, sin que exista igualdad alguna en las herramientas o armamento legal entre el defensor y el órgano acusador.

desequilibrio imperante de los sistemas mixtos inquisitivos.

Por el contrario, en los sistemas acusatorios debe prevalecer y respetarse el debido proceso penal y el nuevo catálogo de derechos y principios, previsto en el artículo 20 constitucional reformado. En la medida en que los litigantes particulares conozcamos su alcance, podremos exigir su cumplimiento a las autoridades de procuración e impartición de justicia.

La igualdad procesal es el más importante principio para que las partes sostengamos la acusación o la defensa, respectivamente. La reforma constitucional ordena romper el

La labor de los abogados defensores parece equilibrarse respecto del Ministerio Público en un sistema penal acusatorio. Ahora los litigantes exigiremos el cumplimiento cabal de la fracción IV del apartado B del artículo 20 constitucional, la cual consagra como derecho del imputado el que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley, mien-

La defensa penal privada goza ahora de una serie de disposiciones constitucionales que pueden facilitar nuestra labor en beneficio de los defendidos, previstas en el apartado B del artículo 20 constitucional. Quizá el más relevante es la presunción de inocencia. Garantizar y hacer realidad dicha presunción, motivando a que sea el propio órgano acusador quien la deba probar, es labor fundamental de los defensores. Ya basta de simulaciones jurídicas en la supuesta aplicación o respeto de esta presunción de inocencia. Como complemento y nueva garantía constitucional acertadamente se consagra que la confesión rendida sin la presencia del defensor carecerá de todo valor probatorio.

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tras que la fracción VI establece que al imputado le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Asimismo, el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando dicho imputado se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Por ende, antes de su primera comparecencia ante el juez la parte acusada podrá consultar dichos registros, supuestamente con la oportunidad debida para preparar su defensa.

Ante la reforma penal, los abogados litigantes debemos evitar caer en la trampa de pensar que la única diferencia entre un sistema mixto inquisitivo y uno acusatorio, es la oralidad. Ante esta errónea creencia, no son pocos los abogados que estiman que bastará con tomar un curso de destrezas de litigación, de actuación u oratoria de litigio oral, de técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, para susbsistir y, en su caso, para integrar la élite de defensores particulares en el nuevo sistema.

El sistema acusatorio está orientado, conforme lo dispone el propio artículo 20 constitucional, al esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por

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el delito se reparen. Sin embargo, para lograr estos objetivos, no será necesario agotar el procedimiento penal hasta sus últimas consecuencias, esto es, no será necesario obtener una sentencia absolutoria o, en su caso, una pena proporcional a la gravedad de la conducta, haciendo transitar al defendido por dos instancias procesales y un eventual amparo directo. La lógica del sistema acusatorio busca, fundamentalemente, reparar el daño a la víctima en el menor tiempo posible, evitándole a ésta y, también al inculpado, procesos extenuantes y costosos. Se trata de retomar, en el contexto social mexicano, el principio de mínima

intervención del derecho penal y de utilizarlo como la última ratio. Sin embargo, una vez defindo que el acusado deberá enfrentar un proceso penal, para nosotros los defensores privados será necesariametne, el derecho penal, de prima ratio.

Comprendemos que el sistema acusatorio dispone de diversos mecanismos de resolución alternativa o abreviada de conflictos penales. Al respecto, no resultará fácil para muchos abogados entender qué, el hacer del procedimiento penal algo más expedito y eficiente, no significa el demérito de los honorarios que puedan cobrar legítimamente como defensores.

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En efecto, si hacemos un ejercicio de similitud con la medicina moderna, se trataría éticamente de evitar al paciente una cirugía mayor por los consabidos riesgos operatorios y post operatorios, seguidos de un largo período de convalescencia, sustituyendo dicho procedimiento con modernas técnicas de intervención mínima (laparoscópicas, por ejemplo), en que se minimizan los riesgos a la salud y se acorta la convalescencia.

una teoría del caso paralela a la del acusador, sino que deberá concentrarse en establecer una duda razonable sobre esas mismas evidencias o datos, en preparación de la contradicción a la argumentación jurídica construida por el Ministerio Público.

En mi concepto, advierto un papel más activo y estratégico del defensor privado en el sistema acusatorio, enfocando su actuación a favor del conocimiento y la previa preparación,

“Para mejorar el sistema de justicia penal mexicano, es válido partir de lo que sí o no ha funcionado en otras latitudes; no con la intención de importar modelos extranjeros, sino para comprender cómo en otros países han logrado mejorar sus sistemas” Otro cambio sustancial de los sistemas mixtos inquisitivos en comparación con los acusatorios, se relaciona con la indispensable construcción de la estrategia a seguir por parte de la defensa. La previa y necesaria estrategia es lo que la doctrina denomina “Teoría del Caso”, la cual conlleva un profundo conocimiento de los hechos y una inteligente interpretación de las leyes. El Ministerio Público, para formular una acusación exitosa, seleccionará aquellas evidencias o datos de prueba que, vinculadas a los elementos de la teoría del delito, le permitan soportar su acusación hasta el final. La defensa, en consecuencia, al conocer dichos elementos del órgano acusador, no deberá construir

con el ánimo de abandonar la espontaneidad y la suerte, haciendo a un lado todas sus expectativas en la eventual suplencia en las deficiencias de su queja. El uso de los recursos públicos o privados no servirán de nada para aliviar la subcultura en la que muchos abogados se encuentran actualmente, ni para erradicar los vicios que les aquejan, si no reconocemos la urgencia de conocer el nuevo papel del abogado penalista con base en la reciente reforma constitucional. ¿Cuál ha sido la postura de los abogados particulares con respecto a la reforma y al cambio en la manera de litigar?

En términos generales, parece existir

un consenso social sobre la necesidad de cambiar y mejorar el sistema de justicia penal. Abogados, partidos politicos, medios de comunicación, analistas, académicos y, especialmente los ciudadanos, coincidimos en reconocer que nuestro actual sistema es tortuoso, ineficiente, costoso y carente de confianza. Estoy convencido de que un servicio público, como lo debe ser el de procuración e imparticion de justicia, debe basarse, fundamentalmente, en la verdadera credibilidad de la sociedad a la que está dirigida a servir. Sin credibilidad, hay simulación.

Para mejorar el sistema de justicia penal mexicano, es válido partir de lo que sí o no ha funcionado en otras latitudes; no con la intención de importar modelos extranjeros, sino para comprender cómo en otros países han logrado mejorar sus sistemas y, en su caso, analizar las mejores prácticas para adaptarlas rápidamente a México. Por ello, cualquier rubro que contribuya a dignificar a la profesión de abogados y a mejorar la percepción social o ciudadana sobre el papel de los abogados en el nuevo sistema, será bienvenida.

Es muy común escuchar voces en el gremio de los penalistas privados que pronostican un rotundo fracaso de la reforma. Algunas provienen de abogados que no están dispuestos a aprender nuevamente su profesión.

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Es evidente que, en cualquier cambio social, siempre habrá resistencias.

Otros colegas estiman que los mecanismos alternativos de resolución de controversias y los procedimientos abreviados restarán posibilidades para ejercer su profesión de abogados, profetizando que se quedarán sin trabajo.

Algunos abogados particulares inclusive refieren que, ante el reconocimiento de participación en el delito en presencia del juez y del defensor, que da lugar al procedimiento abreviado en que el inculpado pasa directamente a una audiencia de sentencia, se está en realidad negociando la justicia. En estos supuestos argumentan que se resta el derecho de los inculpados a tener un juicio justo. Sin embargo, nada más alejado de la realidad, pues si el inculpado se reconoce inocente o se inconforma parcial o totalmente contra alguno de los cargos delictivos que se le formulan, se prevée entonces que tenga precisamente un juicio. Si ante la evidencia y los testimonios, su abogado le recomienda reconocerse culpable, entonces estará apostando a ahorrarle tiempo e incertidumbre a su defendido.

En España esta figura recibe el nombre de procedimiento de conformidad, siendo que el 50% de los asuntos que llegan a juicio se resuelven de este modo. Los clientes de estos abogados defensores españoles suelen agradecerles la rápida respuesta ante la incertidumbre y el dolor que, no pocas veces, aflige al defendido y sus familias.

Mientras más confianza exista en el

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sistema de justicia penal, cada vez más los ciudadanos demandarán o exigrián los servicios profesionales de abogados con capacidades y destrezas probadas por su reconocida preparación jurídica, que les ayuden a encontrar pronta respuesta a sus problemas de justicia. En mi concepto, ahora sí necesitamos un tipo de revolución, pero de Revolución del sistema jurídico penal.

En nombre del novedoso cambio de sistema deberíamos reivindicar sólo las buenas tradiciones, buscando la mejor oportunidad de hacer un compromiso con motivo del Bicentenario. Si los abogados privados no atendemos la reforma, podríamos convertir esta oportunidad en pesadilla. Por ello, urge una revolución en nuestra actitud para colocar a la buena educación, la capacitación constante y la formación de nuestros jóvenes y viejos abogados, en el centro del debate. ¿Qué trabajos se están realizando para capacitar a los abogados particulares?

La capacitación de los abogados penalistas particulares es esencialmente responsabilidad de nosotros mismos, de cada uno como litigante. De nada sirven los mejores programas en las mejores instituciones, si los profesionistas -ahora estudiantes- no mostramos una actitud de humildad y de sed por el conocimiento. Como litigantes debemos reeducarnos en la enseñanza y aplicación del sistema acusatorio; quien piense lo contrario está condenado a extinguirse de la profesión.

A diferencia de las instituciones públicas, responsables de la formación de jueces, ministerios públicos, policías y peritos, en que existen normas que obligan a homologar los contenidos y la preparación de estos servidores públicos estableciendo un estándar minimo de profesionalización, la formación y educación continua de los abogados particulares quedará conferida, escencialmente, a los programas que establezcan las universidades públicas y privadas.

Al inicio del año 2010, afortunadamente ya son varias las instituciones educativas que han tomado la iniciativa de apoyar eficazmente a la formación de abogados particulares. La conformación de institutos o comités académicos, serios y especializados, tendientes a desarrollar planes y programas de estudio y capacitación, será fundamental para concluir la tarea de implementación del sistema acusatorio. Empiezan a ser frecuentes las conferencias, congresos y seminarios a favor de la enseñanza de abogados privados.

Los trabajos realizados para capacitar a los abogados particulares, ¿son suficientes para preparar a los litigantes?

Aprender para los abogados, en el contexto del sistema acusatorio en México, es un verbo que no puede conjugarse en pasado. La capacitación es un ejercicio pemanente hacia

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tación jurídica oral, del manejo de la presión o estrés en tiempo real frente a foros públicos y, fundamentalmente, del conocimiento de la teoría del delito aplicada a la construcción estratégica de la teoría del caso.

Estas competencias o capacidades no deben limitarse a la práctica de audiencias orales. Es necesario que el abogado conozca perfectamente todas las etapas, los principios, alcances y las herramientas que conforman al sistema acusatorio en su conjunto.

el futuro. Ningún esfuerzo en este sentido puede considerarse suficiente o acabado. A la fecha, son pocas las instituciones que han tomado esta tarea con la seriedad y profundidad debidas, a fin de graduar generaciones de penalistas capacitados en forma efectiva tras meses e incluso años de estudio. Por el contrario, el temor radica en que han empezado a surguir ofertas de capacitación superficiales y sin profesionalismo, en las que se ofrece a los abogados aprender el sistema de justicia penal acusatorio, pero a través de cursos en tan sólo unos cuantos días o fines de semana, limitándose únicamente a la práctica de las destrezas propias de las audiencias orales. La ejecución de programas, materia de la reforma constitucinoal penal, debe generar un

verdadero cambio de visión y paradigma para la reenseñanza y reeducación jurídica en México. ¿Cuál considera que debería ser la piedra angular en la capacitación de los abogados particulares?

En una primera etapa, la piedra angular en la capacitación de abogados particulares, específicamente de los penalistas, es la construcción de competencias o capacidades profesionales basadas en las destrezas y habilidades propias de la lógica de un sistema acusatorio, en su conjunto.

Nos referimos a la necesidad de enseñar e inculcar las capacidades de investigacíon particular, de síntesis, de lógica, de inteligencia emocional, de trabajo en equipo, de la argumen-

En mi concpeto, un aspecto fundamental es que el abogado defensor no se concentre ni capacite únicamente en la comprensión de su rol o papel en el nuevo sistema de justicia, ya que para articular correctamente su específica función, deberá también comprender a cabalidad el papel que desempeñan los fiscales, los nuevos jueces de control o garantías, los jueces de audiencia de juicio y los jueces de ejecución de sentencias, respectivamente. Asimismo, deberá comprender la novedosa dinámica de la presentación de datos o pruebas en la audiencia de juicio, especialmente las periciales que se introducirán mediante el testimonio directo del perito conforme al interrogatorio o contrainterrogatorio que formulará el defensor.

Comparto el comentario de Andrés Baytelman, uno de los principales instrumentadores y capacitadores de la reforma penal en Chile, quien dice que el sistema acusatorio debe aprenderse

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como el fútbol, es decir, entrenando en la cancha. El ejemplo es muy atinado, pues es evidente que un portero no puede practicar correctamente sin un delantero que le dispare a gol, ni un defensa o mediocampista que ataje las jugadas. En el sistema acusatorio será fundamental que los abogados defensores y los fiscales practiquemos conjuntamente en la cancha de práctica para, después, jugar los campeonatos reales en el salas de juicio oral del sistema acusatorio. Para tal propósito, sugiero que las instituciones y universidades organicen dinámicas o concursos de simulación de audiencias, las cuales mientras más se practiquen probarán su eficacia en la formación jurídica.

Otro mecanismo, dentro de la enseñanza de las capacidades antes apuntadas, será el intercambio de roles o papeles, conformado por equipos de alumnos de todas las edades. La clave en la capacitación privada será la buena actitud y honesta disponibilidad para dividirnos los diferentes roles: del juez, fiscal,testigo, perito, policía y defensor, respectivamente. ¿Cuál es el mayor riesgo que corren los abogados particulares ante la implementación de la reforma?

El mayor riesgo que corren los abogados particulares ante la implementación de la reforma es, en primer término, a negación del sistema acusatorio bajo una visión anclada en el pasado, así como la falta de preparación y actualización oportuna para la operación del nuevo sistema.

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Quienes así actuén, serán abogados que se irán demeritando y desacreditando frente a los que sí se preparen.

Durante este proceso inicial de reeducación del derecho procesal penal, seguramente se verá afectanda la imagen del gremio penalístico por el costo normal de la campaña de aprendizaje.

Estoy convencido de que el añejo planteamiento de la colegiación y certificación obligatoria para los abogados particulares está cobrando cada día más fuerza. Es apremiante fijar las relgas y establecer la normas para renovar la cédula profesional.

con gran entusiasmo los trabajos académicos que se han venido llevando a cabo por parte de la Barra Mexicana, Colegio de Abogodos, A.C., donde actualmente he sido designado Coordinador de la Comisión de Derecho Penal.

A nivel internacional por lo que respecta a Inglaterra y Gales, la exitosa formación de los abogados particulares se especializa desde las instancias universitarias, al dividir en forma selectiva a los alumnos en aspirantes a consultores y a litigantes, respectivamente. A los primeros se les denomina solicitors y, a los segundos,

“Aprender para los abogados, en el contexto del sistema acusatorio en México, es un verbo que no puede conjugarse en pasado“ Nótese que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada en enero de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, dispone la certificación y evaluación obligatoria de Ministerios Públicos cada tres años, en la que además de los controles de confianza, deberán comprobar un mínimo de 60 horas anuales de educación contínua, los abogados particulares que decidan litigar ante las procuradurías y tribunales deberíamos acreditar también un mínimo indispensable de capacitación anual. Es aquí donde toma relevancia el papel de los gremios y asociaciones de abogados. Con base en mi propia experiencia, promuevo

barristers. Independientemente de la materia del derecho a la que se dedicarán en el ejercicio de su profesión, reconocen que las competencias y capacidades profesionales que deberán poner en práctica son diferentes y altamente especializadas, por lo que, para poder ejercer la abogacía, deben obtener y conservar su colegiación obligatoria.

Frente a los enormes esfuerzos de capacitación que la implementación de la reforma exige a los operadores del sistema, se abre una oportunidad para que las nuevas generaciones de abogados se especialicen en esta materia, en este contexto, ¿estaremos en presencia de un proceso de selección “natural” de los nuevos operadores?

de Justicia Penal

La selección profesional es una consecuencia inevitable del sistema acusatorio. En un procedimiento oral y público, las capacidades e incapacidades, los conocimientos o la ausencia de ellos, quedan al descubierto en forma evidente. Por ejemplo, durante una audiencia de formulación de la acusación ante un juez de control, el abogado defensor deberá haber previa y necesariamente estudiado a fondo el asunto, tener bien construída y planeada su teoría del caso, y contravertir oralmente con absoluta capacidad de síntesis, frente al fiscal y el juez, las imputaciones contra su defendido en unos cuantos minutos o tiempo limitado. Para realizar esto exitosamente, se debe saber bien y en forma previa lo que se quiere o debe decir, bastando sólo con aproximadamente diez o quince minutos. Considero que no será fácil consultar apuntes, leer las conclusiones de defensa en la audiencia, ni transcribur el contenido de una lap top.

estos temas desde su carrera profesional en la universidad. Como suele suceder, la selección tiene que ver con las capacidades y destrezas de cada abogado, las cuales puede adquirir y desarrollar en cualquier momento de su vida, siempre y cuando tenga interés, disposición y tiempo para continuar preparándose. A nadar se aprende nadando, a hablar se aprende hablando, luego entonces, a dominar el sistema acusatorio se aprende practicándolo.

Las facultades de Derecho de todo el país deberán actualizar no sólo sus planes y programas de estudio sino, también, sus instalaciones. Es necesa-

rio invertir dinero en la adaptación de las herramientas tecnológicas y espacios o aulas que permitan la enseñanza y el aprendizaje del sistema acusatorio.

Las Barras y Colegios de abogados también podremos abonar mucho a la capacitación de nuestros agremiados.

La ciudadanía tampoco puede quedar estancada e inerte ante el sistema penal acusatorio. Para la implementación de este sistema, considero que uno de los mejores aliados es la difusión contínua y la educación escolar y universitaria, a fin de exterminar la actitud mediocre y los vicios del pasado.*

En efecto, estamos en presencia de un proceso de selección natural, pero no sólo de los defensores particulares, sino de todos los operadores o participantes del sistema. Sin embargo, este proceso no será necesariamente generacional. No podemos afirmar que los jóvenes egresados de las universidades, habiendo cursado el estudio del sistema penal acusatorio, desplazarán a los abogados, no tan jóvenes, que no tuvieron la oportunidad de estudiar

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Nuevo Sistema

Campo algodonero y el nuevo

Mtro. Agustín Verduzco Espinosa Director General Adjunto de Promoción a los Derechos Humanos de las Mujeres y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación.

E

n este artículo trataré de abordar dos temas relacionados con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez contra México, conocido como el caso “Campo Algodonero”. El primero de ellos es el tema del cumplimiento de la sentencia por parte del Estado mexicano y el segundo es su relación con el tipo de sistema de justicia penal que se pretende impulsar, particularmente en lo relativo a la investigación en el sistema acusatorio y la investigación científica del delito.

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Introducción.

Desde el año de 1993 se inicia el registro de desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. El 21 de septiembre de 2001, Berenice fue a la escuela y no regresó a su casa. El 10 de octubre de ese mismo año, Claudia fue a trabajar a la maquiladora y por llegar dos minutos tarde, la regresaron a su casa, a la cual ya nunca volvió. El 29 de octubre, Esmeralda, trabajadora doméstica, tampoco regresó a su hogar. Sus muertes hoy las conocemos como el caso “Campo algodonero”, por el lugar donde fueron encontrados sus cuerpos.

En el año 2002 diversos organismos de Derechos humanos presentaron su

petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue admitida en el año 2005. En el 2007 la Comisión presentó la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, finalmente, ésta dictó sentencia en diciembre de 2009.

Ocho años después de las desapariciones y homicidios de Berenice, Claudia y Esmeralda, las investigaciones aún siguen en etapa preliminar.

La sentencia -sin duda trascendente por la declaratoria y condena de responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a los Derechos Humanos, pero también por la forma en que la perspectiva de género está presente a lo largo de toda

de Justicia Penal

sistema de justicia su argumentación- es una resolución muy prolija, por lo que me limitaré a cuestiones muy puntuales de ella para los fines del presente artículo.

En primer término, me gustaría destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos [en adelante la Corte], analizó el contexto que rodeó los hechos del caso y las condiciones en las cuales dichos hechos pueden ser atribuidos al Estado y comprometer, en consecuencia, su responsabilidad internacional. La Corte ha establecido en casos similares que esta responsabilidad se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano del Estado, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana, o bien cualquier otro tratado internacional sobre el cual la Corte tenga jurisdicción.

La Corte declaró que el Estado mexicano violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, en relación con la obligación general de garantía; así como también que el Estado incumplió con su deber de investigar, y con ello su deber de garantizar, los derechos antes mencionados; y por esos mismos motivos, violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial en perjuicio de los familiares de las víctimas, así como su deber de no discriminación.

Sobre la obligación de garantía, la Corte ha establecido que puede ser cumplida

de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los Derechos Humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los Derechos Humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente.

respecto a la violencia sexual y realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de esta sentencia; proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances de la información y darles pleno acceso a los expedientes y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares.

Por otra parte, la Corte resolvió, entre otras disposiciones contenidas en el punto resolutivo 12 de la sentencia, que el Estado deberá conducir eficazmente el proceso penal en curso y que la investigación deberá incluir una perspectiva de género, emprender líneas de investigación específicas

Respecto del deber de investigar, la Corte ha establecido que es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación del Estado de investigar

De igual forma, la Corte dispuso en el resolutivo 18, que el Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género.

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debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelva a repetirse, ya que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de los derechos humanos.

En este sentido, del contenido de los puntos resolutivos citados, de los criterios que la Corte ha sustentado en otros casos respecto de los deberes de los Estados sobre el contenido del deber de garantía de los derechos fundamentales, el cumplimiento de la sentencia por parte del Estado mexicano, -entendido como la entrega de las cantidades debidas y de las prestaciones de hacer- compete a los tres órdenes y niveles de gobierno, ya que sólo con la debida concurrencia de éstos, se logrará un efectivo acatamiento de la resolución; que cabe señalar, su destinatario no es la comunidad internacional, sino los habitantes de nuestro país, particularmente los de Ciudad Juárez.

Cumplimiento de la sentencia por parte del Estado mexicano.

En el marco legal vigente existe un mecanismo para dar cumplimiento a las sentencias dictadas por organismos internacionales de derechos humanos cuya competencia sea reconocida por el Estado mexicano.

Este mecanismo es la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos.

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El 11 de marzo de 2003 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos. Su objeto es coordinar las acciones que lleven a cabo, a nivel nacional e internacional, las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de política de derechos humanos, con el fin de fortalecer la promoción y defensa de los mismos.

Integración de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos Conforme al artículo segundo del Acuerdo mencionado, la Comisión estará integrada por la Secretaría de Gobernación, quien la presidirá, la Secretaría de Relaciones Exteriores la que estará a cargo de la Vicepresidencia y los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública, de Educación Pública, de Desarrollo Social, de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Comisión invitará a participar como invitados permanentes a la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

de Justicia Penal

Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional Indigenista, los cuales intervendrán en las sesiones con voz, pero sin voto. A través de su Presidente, la Comisión también podrá invitar a participar en sus sesiones con voz pero sin voto a representantes de otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, las cuales deberán asistir cuando sean convocadas. Asimismo, podrá invitar a representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de órganos constitucionales autónomos, de los gobiernos de las entidades federativas, organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones de carácter privado, cuando los asuntos a tratar así lo requieran.

Como podemos apreciar, la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos es un mecanismo de coordinación que permite incorporar a los tres poderes y órdenes de gobierno, así como a la sociedad civil.

Función de coordinación de acciones para el cumplimiento de sentencias de organismos internacionales.

Dentro de las funciones de la Comisión está la de coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tendientes a dar cumplimiento a las sentencias, resoluciones y recomen-

daciones dictadas por organismos internacionales de derechos humanos cuya competencia sea reconocida por el Estado mexicano. Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo tercero, fracción IX, del Acuerdo en cita.

Vinculación de las resoluciones de la Comisión para la Administración Pública Federal.

Las resoluciones de la Comisión serán siempre apegadas a los objetivos de la misma y serán vinculativas para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, quienes deberán apoyarlas proveyendo lo conducente para su cumplimiento, lo anterior conforme a lo dispuesto por el artículo cuarto, último párrafo, del Acuerdo.

Por todo lo anterior, podemos concluir que el cumplimiento de la sentencia que aquí analizamos cuenta, conforme al marco legal vigente, con un mecanismo de coordinación interinstitucional para su cumplimiento, y que las dependencias de la Administración Pública Gubernamental se obligan a proveer lo conducente para que éste se lleve a cabo.

Considero que este mecanismo de coordinación permitiría dar un cumplimiento integral a la sentencia,

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ya que posibilita que todos los actores involucrados de la Administración Pública Federal puedan lograr acuerdos vinculantes, y de igual forma permitiría que otros actores importantes (como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Legislativo, los Estados, por citar algunos) abonen en el mismo. Al mismo tiempo, el Estado podría impulsar una política social que permita desarrollar y ampliar los deberes positivos del estado para asegurar los mecanismos de protección de los derechos fundamentales y así asegurar el derecho de garantía de los derechos cuestionados en la sentencia.

adoptadas para darle cumplimiento (resolutivo 26).

La sentencia del caso “Campo Algodonero y su relación con el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Me gustaría destacar sólo algunos de los contenidos del punto resolutivo 18 de la sentencia a los que fue condenado el Estado mexicano, que considero están alineados con las reformas constitucionales al sistema de justicia penal y que ya algunos estados han avanzado en ello, por lo menos en su legislación; particularmente los relativos a la investigación científica del delito en el sistema acusatorio:

“La Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos es un mecanismo de coordinación que permite incorporar a los tres poderes y órdenes de gobierno, así como a la sociedad civil”.

Es preciso señalar que la Corte dispuso que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la sentencia, el Estado deberá rendir al Tribunal un informe sobre las medidas

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• Continuar con la estandarización de todos los protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los

estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género.

• Asegurar a la víctima una adecuada reparación.

• Proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances de la investigación y darles pleno acceso a los expedientes.

• Realizar las investigaciones por funcionarios altamente capacitados.

La existencia de protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia hacen sin duda que la investigación del delito, (particularmente de los que aquí nos ocupan: desaparición y homicidio de mujeres) que realizan los funcionarios públicos, sea más efectiva y eficaz, al ser realizada con base en criterios científicos y apegados a la legalidad. Ello permitirá que se realicen investigaciones que permitan identificar y sancionar debidamente a los responsables.

Otro de los temas pendientes es la adecuada reparación del daño a las víctimas y familiares conforme a estándares internacionales. Sólo con la identificación y sanción de los responsables y la adecuada reparación del daño se terminará con la impunidad y se garantizará una auténtica justicia para las víctimas y sus familiares.

de Justicia Penal

De igual forma, la sentencia establece que la investigación deberá incluir una perspectiva de género, para lo cual la capacitación es necesaria para que todos los funcionarios reconozcan las afectaciones que generan en las mujeres las ideas y valoraciones estereotipadas en lo que respecta al alcance y contenido de los derechos humanos; y que se tome en cuenta cómo ciertas normas o prácticas tienen efectos discriminatorios.

Conclusión El cumplimiento por parte del Estado mexicano de la sentencia González y Otras (“Campo Algodo-

nero”), emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede ser implementado a través de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, la cual es un mecanismo de coordinación que permite llegar a acuerdos vinculantes para las dependencias de la Administración Pública Federal y que a su vez permite incluir a otros poderes del Estado y niveles de gobierno, organismos constitucionales autónomos y de la sociedad civil organizada.

El contenido de la resolución y la implementación de las acciones de

cumplimiento son una oportunidad para impulsar una política social del Estado que desarrolle los mecanismos de protección de los derechos fundamentales y así cumplir con el deber de garantía, que se traduce en acciones positivas por parte de la organización gubernamental.

Los mencionados puntos resolutivos de la sentencia están intrínsecamente relacionados con las reformas al sistema de justicia penal que se pretenden implementar, por lo que su cumplimiento por parte de todo el aparato estatal, representa una oportunidad para avanzar en ésta.*

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Nuevo Sistema

Criterios de oportunidad: mecanis

Dr. JosĂŠ Daniel Hidalgo Murillo Profesor de Derechos Humanos, Universidad Panamericana.

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de Justicia Penal

mo alternativo o política criminal A partir de la reforma de la Constitu-

ción Política del 18 de junio del 2008, los mecanismos alternativos de solución de controversias y la aplicación de criterios de oportunidad son dos grandes puertas que se abren el Sistema de Justicia Penal en México.

Dos procedimientos, dentro del sistema acusatorio, que nos permiten repensar el derecho procesal penal, el derecho penal y el debido proceso penal, para lo cual conviene superar algunas “copias” que, desde antaño, nos han introducido en un “túnel” de criterios criminológicos –a mi criterio equívocos- y procedimentales, que han obligado “discutir” la “justicia” penal, desde una órbita distinta –falsos paradigmas de política criminal- al acometido de la justicia legal.1 No ignoro que copiar es, muchas veces, un acto de prudencia. De esta realidad surge la iuris prudentia que nos enfrenta a precedentes y antecedentes de valoración de la norma al caso concreto. Lo bueno –como ha ocurrido con lo clásico- crea adhesiones. El derecho inglés se ha fortalecido como ciencia del derecho por los precedentes jurisprudenciales; el derecho alemán es teoría del derecho, por ese constante acudir a las fuentes jurídicas legales, jurisprudenciales y doctrinales.

No deja de preocuparme, sin embargo, que “abiertas las puertas” por la Cons-

titución, las cerremos en la legislación secundaria.

En efecto, el proceso penal es, desde su objeto, un “juego” de estrategias que obedece –o debe obedecer- una clara política criminal que, igualmente, debe mantenerse n constante revisión de sus efectos y resultados. Se encuentra en juego el orden, la paz, la seguridad y la tranquilidad pública.

Con los mecanismos alternativos de solución de controversias, pensados desde el derecho de las víctimas y ofendidos y, la aplicación de criterios de oportunidad, pensados desde el Ministerio Público, se superan muchas deficiencias del sistema de justicia penal y –desde la Constitución Política-, se fortalecen los “aportes” más importantes del sistema acusatorio.

Por un lado, se “rompe” con el monopolio de la acción penal y, por otro, con el principio de obligatoriedad de la acción penal pública.

Ha sido “común” que esa política criminal se “mida” desde el órgano de poder que, hasta la fecha, ha sido el más incapaz de proyectar la legislación hacia una política criminal: el poder legislativo. En efecto, el Poder Legislativo ha fracasado en el método, en los fines y en los medios para lograr la seguridad ciudadana. En el método, pues la “burocracia” parlamentaria” y los distintos “juegos de poder” han impedido al legislativo ofrecer una

respuesta rápida –según las necesidades del momento-. Es común escuchar políticas de agravación de las penas, introducción de la pena de muerte o las penas perpetuas, la proliferación de delitos graves queevitan la excarcelación de las personas sometidas a proceso, etc. Pero, es igualmente equívoca su política desde los fines, cuando el “imputado” es el gran ignorante de la política criminal misma que, de hecho, ha hecho burla de una frase propia de la doctrina, anquilosada en los libros, la prevención general y particular –positiva y/o negativa-, porque, entre otras razones, los medios –la ley, en definitiva- sólo ha servido para causar antinomias, lagunas y modos de interpretación desfavorables a esa política criminal.

En alguna oportunidad he escrito, siguiendo el criterio del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, que los criterios de oportunidad son –como un género de la especie- mecanismos alternativos de solución de controversias y, consecuentemente, han de procurar, en su aplicación, la reparación del daño. Pensar así exige analizar los criterios desde los derechos de la víctima. Pero, por otro lado, es la única institución en la que la reforma constitucional no exigió la reparación del daño como requisito, lo que nos permite pensar que obedece a la potestad del Ministerio Público para “redefinir” la política criminal.

1 Con estas dos, son muchas las nuevas instituciones jurídicas introducidas a través de la reforma constitucional, mismas que exigen dos posiciones. La primera es amoldar el sistema acusatorio a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; otra, amoldar la Constitución Política al sistema acusatorio. Desde la doctrina, existe la tentación de hacer lo segundo. Sin embargo, desde la realidad mexicana, cada día me convenzo más de la importancia de lograr lo primero. Los conceptos de reinserción social; principio de proporcionalidad; derechos de las víctimas; juez de control; anticipos de prueba; monopolio de la acción penal pública; obligatoriedad de la acción penal pública, etc., deben estudiarse para dar una respuesta mexicana. Por eso, aunque tengamos la tendencia a copiar legislaciones, conviene mucho, mucho, sentarnos a repensar el derecho para México.

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Nuevo Sistema

La importancia de los criterios de oportunidad y, la necesidad de exigir o no la reparación del daño es el objeto de este artículo. Si el péndulo se dirige a la reparación del daño, dichos criterios serán, necesariamente, mecanismos alternativos de solución de controversias; por el contrario, si el péndulo se encamina a la política criminal, la legislación no exigirá, necesariamente, la reparación del daño. En consecuencia, las codificaciones que exijan la reparación del daño en la aplicación de criterios de oportunidad, volcarán el procedimiento hacia los derechos de la víctima y, entonces, su aplicación obedece al principio de alternatividad.

Las que, por el contrario, ignoren la

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reparación del daño, concebirán los mecanismos como “política criminal” del Ministerio Público. No se trata de una diferencia sutil, sino esencial para el éxito de la figura.

Eficacia de los criterios de oportunidad.

La doctrina ha enfocado en dos modos procesales, la aplicación, como estrategia, de una política criminal. La primera, tal como se dijo, acudiendo al Poder legislativo para que, agravando penas o procedimientos, convirtiendo acciones en hechos delictivos, o, creando penas y multas, favorezca situaciones

de prevención. Muchas de estas “políticas” han causado el efecto contrario, porque los “formalismos” procedimentales han causado modos de “corrupción” de los funcionarios llamados a administrar justicia. Claro ejemplo de esto es el “recurso de amparo” tramitado para “suspender” la privación temporal de libertad como acto reclamado, convertido en “negocio” de abogados, ministerios públicos y jueces, ante la detención en flagrancia de algunos ciudadanos. Tal parece que la legislación se crea para corromper el trámite.

Por el contrario, una segunda estrategia de política criminal ha sido ofrecer al Ministerio Público la decisión de sancionar o prescindir de la sanción de las conductas ilícitas, bajo criterios de oportunidad previamente establecidos. En estos casos, los hechos siguen siendo delito dentro de un gran catálogo de tipos penales y las penas siguen estando vigentes. Son las circunstancias de tiempo, modo, época, lugar, personas y efectos del hecho las que permiten –ad casum- su aplicación o no, conforme, claro está, a las disposiciones –límites y potestades- que ofrece la ley. Entonces, la legislación permite los mismos objetivos, aunque en un programa de puertas que -a criterio del órgano al que corresponde la seguridad del Estado-, se abren o se cierran a conveniencia. De ese modo, “hoy” es posible y conveniente perseguir una serie de hechos delictivos que “mañana” conviene dejar en el archivo.

de Justicia Penal

Esos criterios de oportunidad, conjuntamente, con procedimientos de conciliación, mediación, negociación, acuerdos reparatorios, perdón de la víctima, suspensión condicional del proceso y procedimiento abreviado devienen en mayormente eficaces para la solución del conflicto, visto este desde el bien común, sin dejar de considerar, igualmente ad casum, el bien particular. Sin embargo, su eficacia estriba, en primer lugar, en la protección del principio pro libertate que crea confianza, para los ciudadanos, en las instituciones de administración de justicia y, en segundo lugar, en la facilidad de cumplir los acuerdos, en razón de los modos estratégicos de los acuerdos mismos. Sin embargo, esos criterios de oportunidad pueden ser aplicados sin considerar “el conflicto” sino, para resolver otros casos pendientes, es decir, priva el principio pro societate, y, por ende, no se sujetan a los derechos de las víctimas.

persecución penal, más propiamente, desde la acción penal pública. Aún así, el Código Modelo exigirá, como requisito para su aplicación, la reparación del daño.2 Los Códigos de Chihuahua; 3 Baja California;4 Morelos;5 Oaxaca;6 Zacatecas;7 Durango;8 y Estado de México,9 igualmente exigen reparar, con lo cual, en parte admiten, con Oaxaca, que se trata de un mecanismo alternativo de solución de controversias.

El criterio legislativo del Estado de Oaxaca parece acertado cuando, en razón de “pena natural”, “reparación integral del daño” y “negociación criminal” los criterios de oportunidad, en mucho, resuelven conflictos, particularmente, cuando el imputado mismo

procura coadyuvar con la administración de justicia en la aplicación de esos criterios. Nótese, por ejemplo, que el Estado de México ha introducido trece criterios de oportunidad.10 En estos trece criterios se incluye los criterios que han asumido las demás entidades federativas, aún cuando los Estados de Oaxaca, Zacatecas y Durango no hayan admitido criterios de oportunidad para la “negociación criminal”, es decir, para que el imputado pueda cooperar con el Ministerio Público en la averiguación de la verdad en relación con los mismos hechos u otras causas pendientes a nivel Estatal, en la Federación, o, en otros Estados.11 En casi todas las legislaciones se consigna que “el ministerio público deberá aplicar los criterios de oportunidad

Desde la aplicación de criterios de oportunidad, conviene analizar el modo como cada entidad federativa ha asumido los efectos de la justicia restaurativa.

Lo anterior porque el Estado de Oaxaca será el único que considera los criterios de oportunidad, como mecanismos alternativos de terminación del proceso, es decir, como formas de justicia restaurativa, cuando los demás Estados y el mismo Código Modelo los asume como una limitación, en razón de la política criminal del Ministerio Público, de la 2 Cfr: Artículo 98, segundo párrafo, del Código Modelo. 3 Cfr: Artículo 85 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. 4 Cfr: Artículo 79, IV del Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California. 5 Cfr: Artículo 88 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos. 6 Cfr: Artículo 196 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca. 7 Cfr: Artículo 90 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas. 8 Cfr: Artículo 94 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Durango. 9. Cfr: Artículo 110 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México. 10 Cfr: Artículo 110 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México. Publicado en el Periódico Oficial el 9 de febrero del 2009. 11 Cfr: Al respecto, artículo 98 del Código Modelo. Aunque no asume el desglose de los criterios que hace el Estado de México, centra especialmente esos procedimientos en la negociación criminal, coherente con los problemas de seguridad que enfrenta el país

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sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando cada caso en lo individual, según los criterios generales que al efecto se hayan dispuesto por la Procuraduría General de Justicia del Estado”. Y, si como hemos dicho, todas las codificaciones admiten que “en los casos en que se verifique un daño, éste deberá ser previamente reparado en forma razonable”,12 se entiende –o debe entenderse- que el criterio legislativo que ha prevalecido, hasta este momento en las entidades federativas es -con el criterio de Oaxaca-, que con éstos se busca, igualmente, la solución, por lo menos reparadora, del conflicto.

Bajo la otra postura, los criterios de oportunidad, supeditados o no a la reparación del daño, son, principalmente un objetivo de estrategia en la política criminal del Ministerio Público (Cfr: art 21 CPEUM) que procuran “encausar” la investigación por delito hacia objetivos más puntuales, de especial interés para la seguridad, la tranquilidad y la paz social y, la propia solución del conflicto o, por lo menos, la posibilidad de que el Ministerio Público pueda dedicar tiempo a hechos delictivos de mayor interés nacional o estatal, para lo cual debe discriminar entre aquellos de menor repercusión social.

Sea una u otra la finalidad procesal, la legislación considera de “bagatela” y, por ende, permite el archivo del sumario, “cuando se trate de un hecho que por su insignificancia, por lo exiguo de la

contribución del partícipe por su mínima culpabilidad, no afecte el interés público”,13 salvo que haya sido cometido por un servidor público estatal o municipal en ejercicio de sus funciones. La misma “negociación criminal” procura, en la aplicación de criterios de oportunidad, la solución del mismo u otro conflicto relacionado.

Procede en el Estado de México “cuando el imputado haya realizado una conducta cuando estaba a su alcance para impedir la ejecución del hecho delictuoso o haya contribuido decisivamente al esclarecimiento de la participación de otros imputados en el mismo hecho en otro más grave”.14 La aplicación de criterios de oportunidad por “pena natural” igualmente resulta un mecanismo alternativo de solución de conflicto. En el Estado de México se entiende “cuando el imputado haya sufrido, como consecuencia directa del hecho, un daño físico o psíquico, grave o irreparable que le incapacite para el ejercicio de sus ocupaciones ordinarias o cuando tratándose de un delito culposo haya sufrido un daño de carácter moral de difícil superación”, lo que igualmente ocurre con los criterios en que prevalece el principio de “exceso de pena” que, en el Estado de México se entiende en dos fracciones del artículo 110 de comentario, es decir, “cuando la pena que corresponda por el delito de cuya persecución se prescinda, carezca de importancia en consideración a la pena ya impuesta, a

12. Cfr: Artículo 110 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México. 13. Cfr: Artículo 110, fracción I., del Código de Procedimientos Penales del Estado de México. En el mismo sentido la fracción I, de los artículos 83 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; artículo 196 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca; artículo 88 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos; artículo 90 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas; artículo 79 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California; artículo 94 del Código de Procedimientos del Estado de Durango y artículo 98 del Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación. 14. Cfr: Artículo 110, fracción II., del Código de Procedimientos Penales del Estado de México. En el mismo sentido la fracción II, de los artículos 83 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; artículo 88 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos; artículo 79 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California y artículo 98 del Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación. Los Códigos de Oaxaca, Zacatecas y Durango no admiten la negociación con el imputado en este sentido. 15. Cfr: Artículo 110, fracción III., del Código de Procedimientos Penales del Estado de México. En el mismo sentido la fracción III, de los artículos 83 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; artículo 196 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca; artículo 88 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos; artículo 90 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas; artículo 79 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California; artículo 94 del Código de Procedimientos del Estado de Durango y artículo 98 del Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación.

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consideración a la pena ya impuesta, a la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones o a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero” o, “cuando el inculpado sea entregado en extradición por la misma conducta o por diversa, en el caso de que la sanción impuesta por el requirente reste trascendencia a la que se le pudiese imponer”.16

consideración que haga a la sanción penal una respuesta desproporcionada”; “cuando la persecución penal de un delito que comprende problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución alternativa, adecuada a los intereses de las víctimas y la sociedad”; “cuando se emplee cualquier mecanismo alternativo para la solución del conflicto, previsto

De ese modo, “hoy” es posible y conveniente perseguir una serie de hechos delictivos que “mañana” conviene dejar en el archivo.

El Estado de México, sin embargo, agrega algunos otros criterios de oportunidad. De conformidad con el artículo 110 procede “cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenazas graves a la seguridad exterior del Estado”; “cuando exista colaboración del inculpado para evitar la consumación de delitos graves o lograr la desarticulación de organizaciones criminales”; “cuando el inculpado haya sufrido, por su conducta culposa, daño grave que haga desproporcionada o inhumana la aplicación de la sanción”; “cuando el delito no siendo grave, afecte un bien jurídico individual y se haya reparado el daño causado, determinándose objetivamente la ausencia de interés público en la persecución”; “cuando el reproche de culpabilidad hacia la conducta sea de tan secundaria

en el presente ordenamiento” y, finalmente, “cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad incurable, en estado terminal, según dictamen pericial, o tenga más de 70 años y no exista mayor daño al interés social”.

No podemos sostener con esto que haya un único mandato constitucional al determinar, por un lado, “mecanismos alternativos” (Cfr: art, 17) y, por otro, “criterios de oportunidad” (Cfr: art. 21). Procesalmente hablando se trata de objetivos procesales distintos.

Sin embargo, si el archivo de algunas causas penales –por aplicación de criterios de oportunidad- permite dedicar tiempo a otras, de mayor gravedad o importancia social, es claro que, por un lado, la aplicación de esos

16 Cfr: Artículo 110, fracción IV y V, del Código de Procedimientos Penales del Estado de México. En el mismo sentido el artículos 83 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; artículo 196 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca; artículo 88 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos; artículo 90 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas; artículo 79 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California; artículo 94 del Código de Procedimientos del Estado de Durango y artículo 98 del Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación.

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Nuevo Sistema

decisión jurisdiccional. En todo caso, es posible dilucidar los siguientes criterios por bagatela:

al determinar, por un lado, “mecanismos alternativos” (Cfr: art, 17) y, por otro, “criterios de oportunidad” (Cfr: art. 21).

Procesalmente hablando se trata de objetivos procesales distintos. Sin embargo, si el archivo de algunas causas penales –por aplicación de criterios de oportunidad- permite dedicar tiempo a otras, de mayor gravedad o importancia social, es claro que, por un lado, la aplicación de esos criterios resultan ya una decisión de “política criminal” y, por otro, un modo de “resolver” o “coadyuvar” a resolver esos y otros conflictos, con lo cual se logra el mismo objetivo al que se enfrenta el proceso desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desde los Códigos acusatorios vigentes que hemos venido estudiando.

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De los criterios de oportunidad Del estudio de la legislación nacional y latinoamericana es posible distinguir al menos veinticuatro criterios de oportunidad que, a la vez se pueden clasificar en cinco apartados: bagatela, pena natural, negociación criminal, reparación del daño y exceso de pena. a. Criterios de oportunidad por bagatela La bagatela no surge del bien jurídico legislativamente protegido sino del bien jurídico persecutoriamente protegido; es decir, la diferencia entre la protección general y abstracta de protección de la ley penal y, la protección particular y concreta de la

a. Aplicación de criterios de oportunidad, cuando, por las circunstancias del caso se trate de un hecho insignificante. b. Aplicación de criterios de oportunidad, cuando, por las circunstancias del caso se trate de un hecho de mínima culpabilidad del autor o del partícipe o exigua contribución de éste. c. Aplicación de criterios de oportunidad cuando en atentados contra bienes jurídicos de la administración pública o recta impartición de justicia, la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la sanción disciplinarios. d. Aplicación de criterios de oportunidad cuando en delitos contra el patrimonio económico, el objeto material se encuentre en tan alto grado de deterioro respecto de su titular, que la genérica protección brindada por la ley haga más costosa su persecución penal y comporte un reducido y aleatorio beneficio. e. Aplicación de criterios de oportunidad cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores que la determinan califiquen la conducta como de mermada significación jurídica y social. f. Aplicación de criterios de oportunidad cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria

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consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y sin utilidad social. g. Aplicación de criterios de oportunidad cuando la persecución penal del delito cometido por el imputado, como autor o partícipe, dificulte, obstaculice o impida al titular de la acción orientar sus esfuerzos de investigación hacia hechos delictivos de mayor relevancia o trascendencia para la sociedad, cometidos por él mismo o por otras personas. h. Aplicación de criterios de oportunidad cuando los condicionamientos fácticos o psíquicos de la conducta permitan considerar el exceso en la justificante como representativa de menor valor jurídico o social por explicarse el mismo en la culpa. i. Aplicación de criterios de oportunidad cuando, en tráfico de drogas, la cantidad decomisada al imputado permita presumir la tenencia para el consumo, sin que exista prueba de su distribución.

servicio y que, desgraciadamente, reduce la acción del Ministerio Público a la corrupción de sus funcionarios.

Igualmente ocurre que, por deficiencia de las autoridades, muchas causas importantes devienen en “bagatela” por la ausencia de “acción-reacción” ante la delincuencia: un hecho de importancia pierde significado en su persecución por el paso del tiempo. b. Criterios de oportunidad por reparación integral el daño.

Es común encontrar, en México, que los acuerdos reparatorios sean objetivo de los mecanismos alternativos de solución de controversias, parte del plan de reparación del procedimiento

de suspensión condicional del proceso y, del propio procedimiento abreviado.

Esto nos ha permitido sostener que el proceso penal que se concibe desde el artículo 20, apartado C, fracción IV nos enfrenta a un Sistema Procesal Penal Reparatorio. Pues bien, la reparación del daño es igualmente un objetivo en la aplicación de criterios de oportunidad. Bajo esta tesis es común encontrar, por reparación, los siguientes criterios: a. Aplicación de criterios de oportunidad cuando el imputado haya producido la reparación integral, a entera satisfacción de la víctima, del daño particular o social causado, en delitos de contenido patrimonial sin violencia sobre las personas o en delitos culposos.

La experiencia ha permitido ver en la bagatela, más que una política criminal que, necesariamente comporta una estrategia en la “persecución” de los delitos de “mayor” importancia, una política “administrativa” de reducción del trabajo de los fiscales del Ministerio Público y, consecuentemente, una desnaturalización de la figura jurídica. En otros ámbitos más reducidos, la bagatela se utiliza como una figura que facilita “cobrar” por el

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b. Aplicación de criterios de oportunidad cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse. c. Aplicación de criterios de oportunidad cuando la persecución penal de un delito comporte problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas.

grave violencia sobre las personas o en delitos culposos, siempre que la víctima o el Ministerio Público lo admitan, según el caso”.

En Costa Rica, en el capítulo referente a la extinción de la acción penal se incluyó, como causal de extinción de la acción penal pública, la reparación integral del daño. Esta reparación integral del daño será concebida en México, a partir del código de Chihuahua, como “acuerdos reparatorios” que, como hemos estudiado, no han sido considerados dentro de los modos de justicia restaurativa o, por lo menos, como sinónimo de conciliación, mediación y negociación, aunque esos tres institutos procuren el acuerdo reparatorio.

En algún momento el equipo técnico de trabajo redactor del Código Modelo se propuso esta norma como causal de extinción asumiendo la legislación de Costa Rica. Sin embargo, a pesar de la norma, la experiencia ofrecía otros resultados. Con fundamento en esa experiencia luego se analizó las consecuencias, entre ellas, el problema que suscita –también en la opinión pública- el “delinquir con la finalidad de ‘pagar’ si me atrapan”.

De hecho, Costa Rica sufrió, posteriormente una reforma al artículo 30 citado disponiéndose que “esta causal procede siempre que, durante los cinco años anteriores, el imputado no se haya beneficiado de esta medida o de la suspensión del proceso a prueba. El plazo señalado se computará a partir de la firmeza de la resolución que declara la extinción de la acción penal. Para tales efectos el Registro Judicial llevará un archivo de los beneficiados”.

En efecto, el artículo 30 del Código Procesal Penal de Costa Rica dispone, como causa de extinción de la acción penal “j) por la reparación integral, a entera satisfacción de la víctima, del daño particular o social causado, realizada antes del juicio oral, en delitos de contenido patrimonial sin

La experiencia costarricense sirvió para introducir la misma figura, por su conveniencia procesal en cuanto forma de solución del conflicto, pero, no como causal de extinción de la acción sino, como criterio de oportunidad. De ese modo, en el artículo 98 del Código Modelo se dispuso que el

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ministerio público podrá prescindir, total o parcialmente, de la persecución penal, limitarla a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el hecho, cuando: “b) el imputado haya producido la reparación integral, a entera satisfacción de la víctima, del daño particular o social causado, en delitos de contenido patrimonial sin violencia sobre las personas o en delitos culposos”. La idea que prevaleció en los redactores del proyecto era evitar la crítica sufrida en Costa Rica y, consecuentemente, ante la reparación integral del daño como criterio de oportunidad, el ministerio público tuviera la libertad de continuar o no con la persecución penal a pesar de que el imputado haya resarcido a la víctima y ofendido. c. Criterios de oportunidad por pena natural.

Aunque en el derecho penal ha prevalecido, en la mayoría de los supuestos, la “doble sanción” o, la “supremacía de la sanción penal” sin detrimento de las demás sanciones judiciales o administrativas, el criterio de oportunidad por “pena natural” tiene como objetivo poder archivar una causa penal cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho daño físico o psíquico. Se trata de un supuesto amplio e igualmente abstracto de “daño” que podría incluir, posteriormente, otros supuestos.

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“... encausar la investigación por delito hacia objetivos más puntuales, de especial interés para la seguridad, la tranquilidad y la paz social ...”

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El Sistema Acusatorio ha introducido, como criterio de oportunidad, el de pena natural. En nuestro medio se comprende, en esa clasificación, los siguientes: a. Aplicación de criterios de oportunidad cuando el imputado haya sufrido, a consecuencia del hecho, daño físico o psíquico grave que torne desproporcionada la aplicación de una pena. b. Aplicación de criterios de oportunidad cuando el imputado, en ocasión de una infracción culposa, haya sufrido un daño moral de difícil superación. d. Criterios de oportunidad por exceso de pena.

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El Sistema Acusatorio no ignora la doctrina relacionada con los principios de prevención y, consecuentemente, el “valor” que se otorga a la pena en relación con la prevención particular negativa. Sin embargo, no ignora, igualmente, que el exceso de pena cuando, por ejemplo, se ha sobrepasado el máximo de pena previsto en la legislación que no cuenta con penas perpetuas o, por la edad del imputado, resulta un absurdo procesal. Se trata, en definitiva, de un problema de acumulación de causas que, si bien beneficia al imputado, otras muchas lo perjudica, entre ellas, el atraso del trámite por la distinta rapidez en su distinto diligenciamiento.

Esto ha significado, dentro de las técnicas procesales, las políticas de acumulación y des acumulación.

Sin embargo, desde los criterios de oportunidad por exceso de pena se busca, más particularmente, no perder el tiempo en causas iniciadas –de menos importancia, por complicación de trámite o, por su insignificanciacuando existen ya causas penales pendientes de juicio o, cuando ya existe condena en el país, en otra entidad federativa o, en otro país.

Dentro de esta lógica se concibe: a. Aplicación de criterios de oportunidad cuando la pena o medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho o la infracción de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta. b. Aplicación de criterios de oportunidad por la pena que se debe esperar por los restantes hechos o delitos a la misma persona c. Aplicación de criterios de oportunidad por la pena que se le impuso o se le impondría en un proceso tramitado en la jurisdicción local o en el extranjero. d. Aplicación de criterios de oportunidad cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de la misma conducta punible. e. Aplicación de criterios de oportunidad cuando la persona fuere entregada a la Corte Penal Internacional a causa de la misma conducta punible.

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e. Aplicación de criterios de oportunidad cuando la persona fuere entregada a la Corte Penal Internacional a causa de la misma conducta punible. f. Aplicación de criterios de oportunidad cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de otra conducta punible y la sanción a la que pudiera llevar la persecución en México carezca de importancia al lado de la sanción que le hubiera sido impuesta con efectos de cosa juzgada contra él en el extranjero. g. Aplicación de criterios de oportunidad cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenaza graves a la seguridad exterior del Estado.

Como puede notarse, el Sistema de Justicia Penal se centra en una pena que respeta los principios de proporcionalidad y coherencia, renunciando a la sanción, por la sanción y, centrándose en la reinserción social. e. Criterios de oportunidad por negociación criminal.

La posibilidad procesal de que el imputado coopere con la investigación criminal ha permitido el desarrollo de criterios de oportunidad. Con ese objetivo, la legislación comparada nos permite analizar las siguientes posibilidades procesales: a. Aplicación de criterios de oportunidad cuando se trate de asuntos de

De ese modo, “hoy” es posible y conveniente perseguir una serie de hechos delictivos que “mañana” conviene dejar en el archivo. delitos graves, tramitación compleja o delincuencia organizada y el imputado colabore eficazmente con la investigación. b. Aplicación de criterios de oportunidad cuando se trate de asuntos de delitos graves, tramitación compleja o delincuencia organizada y el imputado brinde información esencial para evitar que continúe el delito o se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos. c. Aplicación de criterios de oportunidad cuando se trate de asuntos de delitos graves, tramitación compleja o delincuencia organizada y el imputado proporcione información útil para probar la participación de otros imputados.

En este tipo de criterios se exige que la participación o colaboración del imputado en la investigación se realice siempre que la acción penal de la cual se prescinde total o parcialmente resulte considerablemente más leve que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita.

Este criterio ha creado algunas nuevas figuras procesales. La más importante y exigente es la del testigo protegido.

Sin embargo, dentro del mismo supuesto se concibe la cooperación de ese imputado como agente encubierto y, consecuentemente, las entregas vigiladas que únicamente exigen evitar el agente provocador.

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¿Conviene supeditar la política criminal a la reparación del daño?

La clasificación que hemos hecho obedece al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que permite, a la legislación secundaria, fijar criterios, sin exigir, en estos casos –lo que no obvia que lo defina la legislación secundaria- la reparación del daño. La legislación plasma, entonces, una política general y los criterios de oportunidad facilitan el principio de discrecionalidad, a través de una política criminal particular, que se concreta, en razón de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, al caso concreto.

Se sostuvo arriba que en la legislación Mexicana solo el Estado de Oaxaca ha considerado los criterios de oportunidad como mecanismos alternativos de solución de controversias, a lo que se suma que el mismo Estado de Oaxaca y los Estados de Chihuahua, Zacatecas, Morelos, Baja California, Estado de México, Durango y Nuevo León han exigido que, como requisito para su aplicación, se repare el daño.

La reparación del daño no significa, únicamente, pagar a la víctima o al ofendido el daño causado por el delito, sino que incluye, igualmente,

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que al Estado y a la sociedad, como igualmente víctimas, se repare en el orden, la tranquilidad, la seguridad y la paz social, lo que en parte se logra cuando se aplican algunos de los distintos criterios de oportunidad. La cooperación del imputado en la propia causa o causas conexas o paralelas, que, a la vez, permiten su comprobación como “testigo” protegido o “agente” encubierto produce, entre otras, la consecución de la verdad en esas otras causas, lo que deviene en beneficio para la misma sociedad o el Estado. Si el archivo de causas penales por bagatela permiten al Ministerio Público encaminar sus esfuerzos a la investigación de causas penales importantes y, a la postre, se logra su objetivo, es claro, entonces, que el criterio de oportunidad obtuvo su finalidad y, consecuentemente, logró la solución de otros conflictos. Lo mismo puede decirse de la pena natural y el exceso de pena. No es por tanto incoherente lo que propone el Estado de Oaxaca.

Sin embargo, la aplicación de criterios de oportunidad debe encaminarse, si en serio se aplican como mecanismos de solución de controversias, bajo los siguientes supuestos:

de Justicia Penal

c. Solución de controversias en cuanto se procure, con su aplicación, y aunque renuncien, aparentemente, a la protección del bien particular, al fortalecimiento del bien común.

Ahora bien, ¿es conveniente supeditar los criterios de oportunidad, como modos de ser de una política criminal del Ministerio Público, a la reparación del daño? Como política criminal, los mismos supuestos analizados supra requiere de por lo menos las siguientes exigencias procesales: a. Que el Ministerio Público pueda aplicar criterios de oportunidad, aún cuando la víctima no se haya satisfecho en la reparación del daño. b. Que el Ministerio Público pueda aplicar criterios de oportunidad, en delitos de acción pública, aún cuando pueda existir oposición de la víctima.

Para sostener una postura ecléctica –que exige con la política criminal, la reparación del daño- puede decirse que no solo la reparación integral del daño, como criterio de oportunidad, deviene en mecanismo alternativo de solución de controversias, pues la misma aplicación de criterios –dentro de una clara política criminal- está resolviendo o permitiendo resolver

que no solo la reparación integral del daño, como criterio de oportunidad, deviene en mecanismo alternativo de solución de controversias, pues la misma aplicación de criterios –dentro de una clara política criminal- está resolviendo o permitiendo resolver otros y el mismo conflicto. Pero, en algunos casos, “reducir” la aplicación del criterio, a la exigencia de reparar el daño, quita importancia a la misma naturaleza del criterio cuando, por ejemplo, su aplicación interesa, prioritariamente al derecho de la víctima u ofendido directo, en razón de otras víctimas u ofendidos indirectos, como ocurre en los casos de cooperación criminal.

Esto puede significar, desde la redacción de las normas, asumir tres posturas distintas, con un solo objetivo o, por el contrario, con tres objetivos distintos. En el primer caso, centrar la aplicación de criterios en la reparación del daño y, por ende, como mecanismo alternativo de solución de controversias. (Oaxaca) En segundo lugar, exigir con la aplicación del criterio, como política criminal, la igual reparación del daño. (Chihuahua) En este segundo caso, es posible que, con mayor interés, el Estado asuma la reparación del daño, para facilitar la

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aplicación del criterio de oportunidad. En tercer lugar, permitir el criterio de oportunidad aunque no se repare el daño y aunque la víctima se oponga a su aplicación, en razón de un bien mayor, de especial interés del Estado. (Baja California) Estas tres posturas nos permiten concluir que, según se ponga el acento en uno u otro interés, la legislación secundaria será la que defina el objetivo procesal en la aplicación de criterios de oportunidad.

Conclusión Si se exige la reparación del daño y se supedita su aplicación a esa reparación, los criterios conforman un mecanismo alternativo más de solución de controversias. Si, por el contrario, su aplicación se centra en el interés del Estado y, por ende, a la política criminal de la Procuraduría o del Ministerio Público, los criterios de oportunidad no pueden centrarse en esa reparación y, por ende, no pueden considerarse como mecanismos alternativos de solución de conflictos. La figura acepta, a la vez, una postura ecléctica.

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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha abierto una puerta importante para la eficacia del Sistema Acusatorio Mexicano, concediendo un mayor poder de decisión de la política criminal en el Ministerio Público. Esa puerta no encuentra cerradura que impida al legislador secundario decidir qué razones deben admitirse en las distintas entidades federativas o en la propia federación. Es posible admitir los dieciséis criterios que introduce Colombia, los trece que acoge Estado de México, los nueve del Código

“.. según se ponga el acento en uno u otro interés, la legislación secundaria será la que defina el objetivo procesal en la aplicación de criterios de oportunidad”.

Modelo, los cinco de Chihuahua y Morelos o los tres de Oaxaca, Durango y Zacatecas. Tampoco existe límite en relación con la reparación del daño o los mismos objetivos

procesales de esos criterios. De hecho, no hay límite para alegar razones y ampliar criterios. ¿Qué es lo que más conviene al país? ¿Qué es lo que más conviene a cada entidad federativa? Es esta la gran pregunta a la que ahora nos enfrenta la reforma constitucional. La única respuesta clara es que, dadas las tres posiciones sostenidas, la cuestión no se resuelve copiando legislaciones ajenas. Se trata de una demanda que los códigos vigentes, los proyectos de código en proceso y, aquellas entidades federativas y la federación que no han iniciado la reforma deben responder.

Hace un año sostuve que la reparación integral del daño debe ser uno de los tantos criterios de oportunidad. Hace unos meses sostuve que los criterios de oportunidad deben exigir la reparación del daño, porque son, por su naturaleza, mecanismos alternativos de solución de controversias. Hoy me atrevo sostener que los criterios de oportunidad son, prioritariamente, mecanismos de aplicación de la política criminal del Ministerio Público y, por ende, no pueden estar supeditados al interés de la víctima y, consecuentemente, a la reparación del daño.*

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Automatización en los juicios Lic. Anabell Vega Directora de Informática del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua.

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niciar con la infraestructura tecnológica adecuada en la implementación de un Nuevo Sistema de Justicia Penal es esencial para el éxito de ésta. Los que ven a la tecnología como un aliado para lograr procesos eficientes, transparentes y exitosos en un nuevo modelo de justicia, lograrán realmente que ésta sea pronta y expedita.

Sin embargo, pocos han entendido la importancia de estar preparados con la infraestructura que demanda el nuevo sistema. Parte primordial es estar al tanto de los espacios físicos que albergarán las salas de juicio oral; ya que una sala con iluminación

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adecuada, construida con materiales aislantes de ruido, techos, mobiliario y espacios óptimos para recibir la tecnología, es de vital importancia para garantizar audio y video de calidad en un juicio. Vital es considerar tener sitio de grabación con los espacios y características apropiadas para la instalación del equipo tecnológico.

Por otra parte, es totalmente necesario contar con un sistema de gestión judicial que sea operado por las áreas administrativas: aplicaciones que permitan llevar de manera integral la gestión de las causas; la estadística; los datos de los participantes en las audiencias y el seguimiento de los

actos derivados de las mismas, como son: las solicitudes, la emisión de notificaciones vía correo electrónico, la programación de audiencias, el monitoreo de indicadores que evalúen el funcionamiento del sistema, la generación de alertas para la supervisión de tiempos y términos legales, entre otras funciones de similar relevancia; así como también, aplicaciones que permitan digitalizar solicitudes y promociones presentadas por escrito ante los tribunales, para que las mismas integren la carpeta electrónica, fomentando también con esto la eliminación del uso de papel y de los expedientes físicos, como lo norma la oralidad.

de Justicia Penal

orales Al iniciar con la reforma, es básico,trabajar con equipos multidisciplinarios integrados por todas las dependencias intervinientes en un proceso oral: procuradurías, defensorías, seguridad pública, tribunales federales… con el objetivo de enlazar aplicaciones propias de cada dependencia y lograr automatizar al máximo los procesos jurídicos como solicitudes, notificaciones, reportes estadísticos y solicitudes de transparencia.

Con base en la experiencia del estado de Chihuahua, el nuevo modelo de justicia penal debe iniciar en distritos judiciales con el mayor número de causas, o bien, con un número de causas intermedio, debido a que por lo general en éstos ya existe una infraestructura, avanzada tecnología que puede ser aprovechada, sin dejar de lado la evaluación de cargas de trabajo y proyección de las salas necesarias.

“ Los que ven a la tecnología como un aliado para lograr procesos eficientes, transparentes y exitosos en un nuevo modelo de justicia, lograrán realmente que ésta sea pronta y expedita”

La implementación de una reforma penal no se debe concebir sin tecnología. Precisamente, ésta es una ardua tarea de los responsables de un departamento de informática. El personal a cargo debe contar con un conocimiento absoluto en lo tecnológico y los suficientes en los procedimientos jurídicos ya sea per sé o bajo la tutela de los responsables jurídicos. *

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La participación de la sociedad en Dr. José Luis Caballero Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos Universidad Iberoamericana

la modificación del artículo 165 del Código de Procedimientos Penales.

Este es un dato que evidencia que las entidades federativas con serios problemas de seguridad, están prefiriendo establecer una especie de “blindaje” en contra de la inseguridad que atender a las reformas constitucionales en materia penal con base en un régimen de derechos humanos. Aunado a lo anterior, la carga procesal se complica porque la PGR no atrae para su investigación delitos que, bajo la apariencia de ser del orden común, se encuentran vinculados al narcotráfico.

¿Cuáles son algunas de las principales inercias que enfrenta el proceso de implementación de las reformas constitucionales en materia penal de 2008?

Pues entre otras cuestiones, el que a casi dos años de haberse publicado la reforma penal en el Diario Oficial de la Federación aún no haya sobre la mesa la discusión de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales Federal, ni las reformas correspondientes a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.

También ha significado lentitud en las entidades federativas para comenzar con las reformas penales necesarias, cuando no francas regre-

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siones. Por ejemplo, Chihuahua es un caso para documentar. Se trata de uno de los estados pioneros en establecer un nuevo sistema de justicia penal, a partir de 2006. En este sistema se han incorporado, a partir del tránsito a un sistema acusatorio, los principios oralidad, inmediación, presunción de inocencia, así como un sistema de justicia retributiva, entre otros aspectos.

Sin embargo, en un sentido absolutamente regresivo, se ha aprobado un paquete de reformas en materia penal publicado en el periódico oficial el pasado 30 de enero, para incorporar, entre otras cuestiones muy preocupantes, una extensión amplísima de la flagrancia, mediante

¿Cuál ha sido el papel de la sociedad civil organizada en la cristalización de la reforma penal e incluso en los avances estatales previos a la misma?

La reforma penal ha pasado sin gran incidencia en la sociedad, pareciera que el discurso político-jurídico del cambio de un sistema inquisitorio a uno acusatorio no le dice nada a una sociedad que está escéptica de las transformaciones que una reforma pueda hacer a su entorno inmediato.

En particular la sociedad civil organizada se ha mantenido más en la crítica contra la militarización de la lucha contra el narcotráfico y en la violencia que se vive en las calles de diversas ciudades del interior de la República.

de Justicia Penal

la implementación Así, con la violencia como principal preocupación social, la percepción ciudadana está, cada vez más, siendo seducida por la idea de que los derechos humanos constituyen un obstáculo para que el gobierno pueda establecer un “verdadero” Estado de Derecho.

Me parece entonces que el gran reto es de una incidencia en la opinión pública, y no sólo sobre de la reforma penal de 2008, sino en torno a la pertinencia de establecer estándares de protección a los derechos humanos, como una parte fundamental de cualquier estrategia de combate a la delincuencia. ¿Cuáles son las preocupaciones más grandes de las SCO para la implementación de la reforma penal?

a modificar otros aspectos de capital importancia relativos a la justicia, como por ejemplo, la autonomía del ministerio público, una cuestión ya impostergable, o acotar la extensión de la jurisdicción militar a los casos de violaciones a los derechos humanos. En relación con este aspecto, en el Caso Radilla Pacheco contra México, resuelto a finales del año pasado, la Corte Interamericana ha dejado al desnudo este gran resabio del acceso a la justicia en nuestro país.

De igual manera, habrá que decir que la sociedad civil no se siente acompañada por los operadores jurídicos, especialmente por los que tienen a su

cargo la agenda de los derechos humanos. La CNDH no se ha pronunciado mayormente en torno a esta temática, e incluso ha pasado por alto reformas como las de Chihuahua, ante la que se requería la presentación de una acción de inconstitucionalidad. Las comisiones estatales, salvo honrosas excepciones, siguen siendo un feudo de los gobernadores. ¿Cómo debe entenderse la presunción de inocencia a raíz de la reforma constitucional?

La reforma penal que se llevó a cabo en México en el 2008 incluyó el derecho a la presunción de inocencia en el

De inicio hay una mirada cautelosa hacia la reforma porque llevó a la Constitución cuestiones tan importantes como un sistema acusatorio, la oralidad y explícitamente la presunción de inocencia, pero otras muy cuestionables como el arraigo.

En este sentido, la sociedad civil aprecia una mixtura de aspectos, unos que se inscriben en el garantismo más acabado, con otros más propios de modelos de corte autoritario.

También me parece que la sociedad civil ve con preocupación la reticencia

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artículo 20, apartado B fracción I. Sin embargo, con un análisis más integral de la reforma puede concluirse que esta inserción en el texto constitucional es algo meramente “formal” y que por el contrario aún prevalece la presunción de culpabilidad, mediante el establecimiento de la prisión preventiva hasta por dos años, y sin reconocer el derecho a las personas detenidas en caso de error judicial, como establece el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 9 inciso 5 del PIDCP, al pago de una indemnización.

Aunado a esto, se ha constitucio-

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nalizado el arraigo, una figura violatoria del derecho a la presunción de inocencia, de conformidad con la Observación General Número 13 del Comité de Derechos Humanos, referente al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿La prisión preventiva es violatoria del principio de presunción de inocencia?

Como ya se señalaba, de acuerdo a la Observación General Número 13 del Comité de Derechos Humanos, referente al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sí lo es, pues

conjugar en un sistema penal la presunción de inocencia con esta figura va en contra de la definición que la observación hace de aquella: “En virtud de la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda. No puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. Además, la presunción de inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto, todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso.”*

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La ejecución judicial de las penas Dra. Mercedes Peláez Ferrusca Primera Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

¿Qué opinión le merece el debido proceso en la fase de ejecución de la pena?

Me parece que la ausencia de este es una de las grandes deudas del derecho penal liberal con la ejecución de la pena, especialmente, con la pena de prisión.

El derecho penitenciario ha sido llamado, con razón, “la cenicienta” del derecho penal. Este sobrenombre no se refiere sólo a que es la parte menos desarrollada y también quizás la que menos estudiosos tiene como adeptos, sino muy particularmente, a que al derecho sustantivo y adjetivo penal les han sido proporcionadas a lo largo de su desarrollo como ciencia normativa, una serie de principios y reglas que actúan

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como límites y, a su vez, le caracterizan como un determinado modelo de derecho penal que es, todos sabemos, el modelo de derecho liberal, racional y garantista.

En mi opinión, juridificar la prisión es dotarla del principio del debido proceso, del principio de legalidad ejecutiva, en fin de todos aquellos principios rectores de este modelo penal que aún no conseguimos del todo. ¿Considera que existe una línea divisoria entre la decisión judicial al imponer una pena y su ejecución, de ser así cuál es la razón?

Desde luego que existe una línea diviso-

ria y esa línea está referida a la finalidad y naturaleza del proceso, como único medio para la imposición de una pena, que es la comprobación formal de todos y cada uno de los elementos exigibles tanto para la comprobación del hecho delictivo, como de la existencia de la responsabilidad del procesado, en un medio, que es el camino del proceso rodeado de condiciones que aseguren la legal aplicación de la ley penal. Luego entonces, la actividad jurisdiccional de imponer una pena tiene que ver con condiciones objetivas del hecho, del sujeto y del proceso de verificación de éstas. Por su parte, la ejecución está referida a la aplicación real y material de la pena en cuestión. Esta actividad también puede ser conocida de manera jurisdiccional, pero lo es en la actualidad, exclusivamente administrativa. ¿Advierte indispensable el control judicial durante la fase en que se compurga la pena?

Absolutamente, la falta de control externo y, muy especialmente, la ausencia de control judicial de la ejecución penal, ha posibilitado el mantenimiento de las actuales condiciones en que se encuentra la ejecución de las penas y muy particularmente la ejecución de la pena de prisión. Esta situación ha favorecido el desarrollo de facultades que al amparo de la discrecionalidad generan situaciones de vulneración de derechos fundamentales.

de Justicia Penal

¿Considera indispensable reposicionar al sentenciado o condenado como un sujeto de derechos y no simplemente como una persona que ve restringidas sus derechos?

Yo no hablaría de un reposicionamiento, sino más bien de una auténtica legalidad ejecutiva, característica del derecho penal propio de los Estados de Derecho, en los que un ciudadano preso, es un ciudadano que ha sido procesado y condenado por un hecho probado, con todas las condiciones y exigencias le son propias, pero que mantiene su condición de ciudadano y, por lo tanto titular de derechos como cualquier otro, con la peculiaridad de que, además, en su condición se le reconoce un catálogo diverso de derechos relativos a su condición de encierro. Debe quedar claro que los únicos derechos que restringen al ciudadano sancionado con una pena son los expresamente expuestos en el fallo condenatorio y aquellos expresamente previstos por la Ley, algunos de carácter político y otros fundamentalmente civiles, nada más.

un principio que actúa como límite a la acción ejecutiva del Estado.

La reinserción social no es más que la readaptación social, su diferencia es sintáctica, pues está basada, todavía de momento, en las mismas normas que esta última, y no ha sido definida ni dotada de contenido jurídico propio.

Esta supuesta finalidad y/ función no le ha sido atribuida a la pena de prisión por parte del juzgador, sino por el legislador, es a éste a quien corresponde la construcción del andamiaje legal y, desde luego, la definición de su contenido.

Por mi parte, la reinserción social dota a la actividad ejecutiva penal de orientación y de contenido, la entiendo como la

aspiración de una reconstitución del tejido social, al volver el ciudadano a incorporarse a las actividades sociales colectivas en libertad. Es decir, a las condiciones y medios por los que la sociedad recupera a una de sus miembros. ¿Estima que el objetivo del proceso penal debe ser distinto al objetivo del régimen penitenciario?

Si claro, de hecho lo es, no podría ser de otra forma, porque uno es el mecanismo a través del cual se decide si se aplica o no una consecuencia. Y, el otro, es precisamente la consecuencia. ¿Considera que el poder judicial debe también administrar el sistema de ejecución de la condena?

¿Considera que el objetivo o finalidad de la pena, por parte del juzgador es lograr, vía el confinamiento, la reinserción del sujeto a la sociedad?

Este es un punto muy controversial porque para algunos eso es imposible; para otros, es pura manipulación que permite intromisiones abusivas de parte del Estado, al homologar la pena a un tratamiento terapéutico; en cambio, para algunos otros, la reinserción debe ser entendida como un derecho y como

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Creo que es necesario aclarar una confusión recurrente. En estricto sentido, la aplicación de la pena y, por tanto, las condiciones de tal aplicación real y material, son cuestiones de orden administrativo. Por otro lado, la ejecución de la pena de prisión hace referencia al proceso mediante el cual a una persona le es verificada jurídicamente la consecuencia jurídica impuesta mediante sentencia.

Esta última hace alusión a las condiciones jurídicas de la ejecución, al control de la legalidad de la ejecución y, a la salvaguarda de los derechos de los penados. En este sentido, la autoridad penitenciaria debe administrar los servicios penitenciarios y, el poder judicial debe constituirse en garante de la legalidad durante la ejecución. De alguna manera puede decirse que podría administrar la ejecución, por ejemplo, a través de la aplicación de las reglas de remisión parcial de la pena por trabajo, que sin duda implica una modificación a la pena. ¿Hasta dónde deben llegar las facultades del juez de ejecución?

Hasta donde sea necesario para asegurar la legalidad en la fase de ejecución, material y formalmente, garantizar los derechos de los penados y controlar los actos de la autoridad penitenciaria.

De ser así ¿qué criterios debe tomar?

Integralidad de Derechos, control de la administración, acceso efectivo, inmediatez. ¿Considera aceptable que el juez de ejecución puede reducir el monto de la pena

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impuesta por el juez de juicio, virtud a las preliberaciones?

llegar a ser sancionados con penas muy severas.

No sólo aceptable, ahora ya constitucionalmente necesario. Me parece que hemos abusado de la pena de prisión y no sólo la usamos cada vez más, sino también cada vez por más tiempo: ahora hasta pensamos, sin ningún pudor, en la cadena perpetua, así que necesitamos todavía de las reglas que posibiliten anticipar la liberación, porque no somos congruentes y admitimos que las penas largas son solamente un reflejo del manejo simbólico que se hace del derecho penal. La otra opción es reducir las previsiones legales de la pena de prisión a tiempos más racionales y establecer reglas de cumplimiento íntegro efectivo en caso de algunos delitos o circunstancias típicamente muy graves, que incluso pueden

¿Qué opinión le merece la incursión del capital privado en la administración u operación de los centro penitenciarios?

Estoy segura que eso puede decidirse con un análisis profundo, certero y honesto del sistema penitenciario mexicano y del marco legal que lo regula, incluyendo al código penal. Promover sin analizar la inversión privada en la construcción y administración de penales es una irresponsabilidad. Antes debe dotarse a la ejecución de la pena de prisión del marco legal que asegure la legalidad y los derechos de los penados, ante la autoridad administrativa penitenciaria, el juez de ejecución o los particulares.*

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La educaciรณn universitaria frente Lic. Everardo Moreno Cruz Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

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de Justicia Penal

a la reforma penal Profesor, ¿qué papel juega la educación universitaria frente a la reforma penal?

Un papel fundamental. La Reforma Penal recién aprobada, tiene que ser enseñada desde las aulas universitarias.

No podemos imaginarla sin ser considerada por las escuelas de educación superior en donde se imparte Derecho. ¿Qué responsabilidad tienen las universidades en el proceso de implementación de la reforma penal?

las Universidades tienen la suya.

Otro ángulo de responsabilidad para las Universidades es que deberán acercarse a ustedes, Doctor, quienes la están instrumentando, no sólo para conocerla, sino también, en algunos casos, aportar ideas y puntos de vista para enriquecerla, en cuanto a su propia aplicación práctica.

Otro faceta fundamental, responsabilidad de las Universidades, es preparar y capacitar a los actuales y a los nuevos servidores públicos que vayan a cumplirla para que en

su momento lo hagan adecuadamente.

Es una responsabilidad compartida que no puede soslayarse, entre ustedes autoridad y las universidades.

Si las universidades no cumplen su parte, la Reforma no alcanzará los propósitos que la animaron. ¿Cuáles son las tareas inmediatas que deben realizar las instituciones de educación superior para estar en posibilidad de enfrentar los retos que enfrentan por la reforma penal?

Una gran responsabilidad. Esta, su responsabilidad, la miro desde varios ángulos.

En primer lugar, las Universidades públicas y privadas, tienen la obligación de preparar a sus alumnos en las disciplinas que estudian.

Entonces, si esta Reforma, como lo determina la propia ley que le dio vida, entrará en vigor en un término, a partir de ahora, marzo de 2010, en seis años, deberán instruir a sus educandos con los conocimientos que se contienen en esa Reforma.

El Estado ya hizo su parte, ahora

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A mi juicio, lo que ya se viene haciendo por ejemplo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En esta Facultad, los profesores de las diversas asignaturas, estamos agrupados en Colegios. De esa manera, existe el Colegio de Profesores de Procesal Penal.

En este Colegio, nos hemos estado reuniendo con el propósito de adecuar el Programa de la Materia, para ir desde ahora enseñando los conceptos de esa Reforma que entrará plenamente en vigor en los próximos años.

Tiene ahora que enseñarse a los alumnos tanto los actuales esquemas, como los que estarán en vigor en los próximos años, cuando entren en vigor los nuevos Códigos procedimentales. ¿Se han iniciado cambios o adecuaciones en los programas de estudios de las licenciaturas de Derecho?

Como se lo comentaba, en la Facultad de Derecho de la UNAM, ya se ha iniciado ese propósito.

El procedimiento formal para lograrlo, es someterlo al Consejo

Técnico de la Facultad. Esto se hará cuando ya se haya elaborado el nuevo Programa; sin embargo, desde ahora, y precisamente en nombre de la Libertad de Cátedra, que como usted sabe es una de las características de la vida docente en mi Universidad, desde ahora los profesores, estamos hablando de esa Reforma.

No hacerlo sería grave e irresponsable.

La reforma constitucional implica una nueva concepción en la manera de impartir justicia, motivo por el cual las adecuaciones en los programas de estudio deben venir acompañados de capacitación al plantel docente, en este contexto ¿qué trabajos se han realizado para la capacitación a profesores universitarios?

Es la idea del señor Director de la Facultad, el Doctor Ruperto Patiño Manffer, organizar seminarios y cursos precisamente con ese objeto.

Acudir a ustedes será lo más conveniente para alcanzar los fines que en ese sentido se tienen. ¿Qué procedimientos prevén para la capacitación de docentes universitarios?

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de Justicia Penal

Los que le he mencionado. En la Dirección de la Facultad de Derecho, como en el Colegio de Profesores de Procesal Penal, estamos abiertos e interesados en las distintas actividades que para la capacitación de docentes se emprendan. ¿Qué cambios se requieren para preparar a los estudiantes para el Nuevo Sistema de Justicia Penal?

Las modificaciones tienen que ser hasta físicas. No es sólo adecuar como platicábamos los Programas de Estudio, sino también hacer aulas especiales. Así lo tiene previsto el Doctor Patiño, para ensayar la forma en la que se desarrollarán los Juicios Orales.

Siempre he creído, sin demérito de ninguna otra Institución, que de las escuelas que imparten Derecho en nuestro gran país, dos son las más relevantes, la Facultad de Derecho de la UNAM y la Libre de Derecho.

Consecuentemente entonces, en la Facultad se harán todas las modificaciones que se considere conveniente, para preparar, en el

marco de la Reforma Penal, a quienes puedan llegar a ser los mejores Ministerios Públicos, desde los responsables de una mesa, hasta los que ocupen las funciones de Procuradores de Justicia, como los defensores más preparados y que mejor la apliquen.

los fines que la animaron.

Estamos, así lo veo, frente a un momento histórico para la vida de la procuración y administración de justicia penal en México.

En mi Facultad, puede tener usted la seguridad, se hará lo que tenga que hacerse para que la multicitada Reforma, alcance

Sin embargo, lo más importante, será que quienes la apliquen se sientan comprometidos con su correcta materialización.

Una forma grata y significativa de conmemorar en este 2010, la evocación de 1810 y 1910, es esta Reforma, que viene a modificar procedimientos que desde hace tiempo, deberían haber sido transformados.

Muchas gracias por su mensaje, maestro. *

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La participación de la sociedad organizada en de las víctimas del delito Mtro. Oscar Gutiérrez Santos Director Jurídico de Justicia Ciudadana, Puebla.

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la atención jurídica y psicológica ALGUNOS ASPECTOS GENERALES DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO. No es frecuente que en el marco de reflexiones dentro de la teoría del delito la figura del sujeto lesionado por el hecho penal, la víctima, ocupe un papel destacado. Más bien, la víctima vive un papel marginal confinada a una consideración puntual como “sujeto pasivo” o incluso como “objeto material” del delito.2 De hecho, es prácticamente un lugar común la afirmación de que el nacimiento del Derecho Penal moderno se genera “con la neutralización de la víctima”, en el momento en el que la satisfacción del sujeto lesionado es sustituida por la retribución de un hecho injusto. Tal neutralización de la víctima ha progresado hasta el punto de que parece que puede describirse el conflicto que está en la base del hecho penal prescindiendo completamente de la figura del sujeto concretamente lesionado: “En materia penal siempre hay dos intereses rivales y contrapuestos: el de la sociedad que tiene derecho de castigar; y el del acusado que tiene el derecho de defenderse”.3 El ordenamiento jurídico-penal, se dice, es consecuencia de una evolución histórica que ha discurrido desde la reacción privada de la víctima o de su grupo familiar, pasando por los pactos de paz de la edad media hasta llegar al monopolio de la imposición de las penas en el ejercicio de la

violencia que se estableció a favor del Estado en la sociedad actual. Con independencia de que esa imagen-la de una edad de oro originaria de la víctima y de las soluciones de carácter privado en el marco de la reacción frente a agresiones, sustituida a lo largo de la historia por una marginación de la víctima y un creciente protagonismo del Estado- sea correcta en términos histórico-sociológicos, parece que existe cierto consenso en torno a la idea de que la dogmática jurídico- penal no ha sido ajena a esta desatención hacia la figura de la víctima. En este sentido, se afirma que el Derecho Penal tradicionalmente ha dispensado una atención tan sólo secundaria a la víctima, incluso se dice que la “víctima del delito” ha llegado a ser “también una víctima de la dogmática de la teoría del delito”.4 En este sentido, en los últimos años se ha producido investigación fructífera sobre el fenómeno de la figura de la víctima por parte de las Ciencias Penales. Por un lado, en el marco de la política criminal, pueden encontrarse tendencias tanto dirigidas a una mayor protección de la víctima por parte del ordenamiento penal como preocupadas por reducir la responsabilidad de aquellos sujetos que atentan contra los bienes de víctimas que son especialmente descuidadas con estos. En el plano del derecho Procesal Penal, se está desarrollando en algunos países un intenso debate

acerca de las modalidades de intervención de la víctima en el proceso, como es el caso mexicano. Dentro del Derecho Penal material, las consideraciones ligadas a la víctima van desde determinados aspectos de la legítima defensa, pasando por la relevancia que debe corresponder a la reparación de la víctima en el sistema de sanciones, hasta la cuestión del significado dentro del sistema general de imputación de la conducta de la víctima en el suceso que conduce a la lesión de sus bienes.

Ahora bien, resulta complicado determinar a conciencia una definición concreta del significado de “Víctima del Delito”; sin embargo, nos referiremos a lo dispuesto por “La Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder”, 5 adoptada por la Organización de las Naciones Unidas de fecha 29 de noviembre de 1985, lo cual significa que: “Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”6. Así pues, se crea un verdadero interés internacional de protección a la víctima del delito y éste se incrementa por

2 Cancio Meliá, Manuel. “Conducta de la Víctima y Responsabilidad Jurídico-Penal del autor”. En. Daza Gómez, Carlos. “El Pensamiento Filosófico y Jurídico-Penal de Günter Jakobs”. Dirección y Presentación. México. Flores Editor y Distribuidor 2007. p.515. 3 Ibídem. p.516. 4 Ibídem. p.517. 5 Disponible en. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/19/pr/pr30.pdf. Fecha de consulta 28 agosto de 2009. 6 Artículo primero de La Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder” , adoptada por la Organización de las Naciones Unidas de fecha 29 de noviembre de 1985

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iniciar un procedimiento sobre la comisión en su persona del injusto penal, para poner en conocimiento de los hechos a la autoridad correspondiente siendo ésta el Ministerio Público.

la atención de las víctimas después de permanecer en el limbo jurídico.

Por otra parte, las víctimas del delito tienen inherentes derechos inalienables para su protección y para garantizar el ejercicio de sus derechos en un Estado Democrático de Derecho. En el sistema procesal penal de nuestro país, la víctima del delito ha sufrido en los últimos años, un papel preponderantemente destacado, sin embargo, también aún no es la figura principal del delito, y en la gran mayoría de las actuaciones judiciales es doblemente víctima tanto del procedimiento penal como de los funcionarios ministeriales y judiciales, esto es lo denominado sobre-victimización.7 Ahora bien, las víctimas del delito,

juegan un papel sobresaliente en la praxis jurídica, ya que las leyes adjetivas y sustantivas contemplan derechos y obligaciones que se complementan y dan mayor participación a la víctima en el procedimiento penal.8 Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,9 enmarca lo derechos y obligaciones de las víctimas del delito con gran desarrollo procesal. La CPEUM contempla en su artículo 17 que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.10 Este derecho lo denominamos derecho a la justicia, asimismo, contempla el derecho de

Igualmente, la CPEUM en su artículo 20 apartado C. De los derechos de la víctima o del ofendido, subraya de manera excepcional las prerrogativas constitucionales de la Víctima del Delito, siendo éstas; I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el

7 Para un mayor estudio sobre este tema en particular, Cfr. Zamora Grant, José. “La víctima del Delito en el Sistema Penal Mexicano”. México. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Colección Victimológica. 2003. p.p.182 y ss.

8 Ibídem. p. 137. 9 A partir de esta línea CPEUM. 10 México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 17 párrafo 2°. Disponible en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf. Fecha de consulta 27 de agosto de 2009.

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juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.11

delito, y sobre la base de estos derechos es como el programa de atención y apoyo legal y psicológico denominado JUSTICIA CIUDADANA, brinda a la sociedad de Puebla y Tlaxcala una certidumbre jurídica en lo referente a la cultura de la denuncia y la prevención del delito.

JUSTICIA CIUDADANA CONSIDERADO COMO MODELO UNICO DE PARTICIPACION CIUDADANA. Hablar de Justicia Ciudadana es hablar de la participación ciudadana en el combate a la delincuencia, a través de la cultura de la denuncia y la prevención del delito.

En primer término, es importante destacar que el Estado moderno permite la participación activa de todas las personas en cualquier ámbito de colaboración en apoyo hacia la sociedad y en concreto hacia el combate a la delincuencia a través de la cultura de la denuncia, es decir, a denunciar la comisión de un delito ante las autoridades correspondientes. A través de la denuncia el Estado mediante un sistema de normas legales aceptadas, conocidas y generales, crea una organización social que permite crear un bienestar en la sociedad.

Es así que la sociedad y gobierno tienen la corresponsabilidad de construir, de conocer y de respetar el sistema normativo que regula la convivencia y las

Finalmente en este apartado, la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia que se publicó con fecha 18 de junio del año 2008, contempló sendas reformas, con beneficios corpóreos en la praxis jurídica a las víctimas del 11 México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 20 Apartado C. Disponible en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf. Fecha de consulta 27 de agosto de 2009.

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relaciones de los ciudadanos entre sí y con las entidades públicas. Asimismo, los problemas de la sociedad son en primera instancia responsabilidad del gobierno, empero, las organizaciones sociales deben contribuir al mejoramiento de la sociedad en todos y cada uno de sus ámbitos. En este contexto la sociedad se debe unir a combatir a la delincuencia a través de la cultura de la denuncia y la prevención del delito, sólo así se podrán disminuir las conductas socialmente relevantes tipificadas como delito y que afectan de manera fundamental los derechos inherentes de cada individuo como lo son: la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio y nuestra tranquilidad social.

Por su parte, el Gobierno no puede ser responsable único de aportar soluciones para combatir a la delincuencia en bienestar de la sociedad; la sociedad organizada debe producir a través de actividades sociales, programas que favorezcan la actividad pública e intervenir no sólo de forma critica sino activa en el desarrollo social del Estado, aportando acciones concretas, en específico en el combate contra la delincuencia.

Por ello, la actividad del Estado para el combate a la delincuencia, debe versar en el apoyo que ciudadanía y gobierno fomenten hacia la cultura de la denuncia y la prevención del delito. Un grupo de empresarios

poblanos bajo el liderazgo del Licenciado Jesús Migoya Junco12 deciden en Agosto de 1999 dar un especial impulso a un proyecto con acciones concretas para apoyar a las víctimas del delito coadyuvando con las autoridades en la lucha contra la delincuencia, convirtiéndose éste en un proyecto único en el país de verdadera participación ciudadana, con programas y proyectos que generan resultados inmediatos ante las autoridades y la ciudadanía.

El Licenciado Jesús Migoya Junco hace doce años fue víctima del delito de secuestro; a las inmediaciones de su domicilio fue mantenido en cautiverio en las más duras condiciones,

12 El Lic. Jesús Migoya Junco, es actualmente el Presidente Nacional de la Asociación de Ciudadanos Poblanos Unidos por la Justicia y la Atención a Víctimas del Delito A.C., dicha asociación ejecuta el Programa de asesoría legal y psicológica gratuito a víctimas del delito denominado “JUSTICIA CIUDADANA”.

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con los ojos vendados, con un aparato de sonido a todo volumen prendido las 24 horas del día, amarrado al tubo de un closet por 7 días, la semana más amarga de su vida. Fue liberado después de pagar el rescate y de ser amenazado de muerte por sus secuestradores para que no denunciara la comisión del delito que fue objeto. NO lo hizo.

Al mismo tiempo, una joven de una de las universidades más prestigiadas de Puebla fue secuestrada al salir de la universidad, su cautiverio duró 1 mes; hija única, cuando su padre por fin la recuperó al pagar el rescate, juró gastar hasta el último centavo que tuviera en la búsqueda del grupo de

secuestradores, recibió apoyo del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado que le asignó a 2 agentes judiciales que le ayudarían en la investigación, misma que él coordinó y financió. Un año después, a la víspera de suspender su búsqueda por falta de dinero para continuar, sus esfuerzos dieron frutos, localizaron por fin, la casa de seguridad en la que había estado cautiva su hija, encontrando ahí a uno de los miembros de la banda que los condujo a los demás que estaban ya planeando su próximo secuestro. Fue entonces cuando la policía judicial contactó al Lic. Jesús Migoya Junco, ya que los secuestradores habían dado su

nombre como el de una de las muchas personas que habían secuestrado.

Fueron sujetos a proceso y tanto el Lic. Jesús Migoya como la muchacha que también fue secuestrada identificaron a sus secuestradores, quienes luchaban por su libertad negando toda comisión de los hechos que se les imputaban. Dos de los secuestradores eran padre e hijo, el primero quería desesperadamente liberar a su hijo de una condena de 50 años de prisión. No pudo el padre y el hijo fueron plenamente identificados por las víctimas de secuestro y finalmente se localizó a todos los miembros de la banda de secuestradores, al día

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lograr jurídicamente que se sancione a los delincuentes; es considerada ya como modelo de participación ciudadana, ya que sus integrantes son empresarios, amas de casa, servidores públicos, profesionales del derecho, estudiantes, quienes conforman el consejo directivo y quienes proyectan en definitiva el exitoso programa denominado JUSTICIA CIUDADANA.13 SERVICIOS QUE BRINDA JUSTICIA CIUDADANA. Dentro de los servicios que ofrece JUSTICIA CIUDADANA se encuentran los siguientes; de hoy los miembros líderes de ésta banda fueron sentenciados a 50 años de prisión por diversos delitos entre ellos uno de los que más lacera a la sociedad, el secuestro. Posteriormente el Lic. Jesús Migoya conoció un caso muy de cerca que cercenó a la sociedad poblana, el secuestro y posterior homicidio de una alumna de una de las mejores universidades privadas de Puebla, ejecutada por su novio y un amigo. Éstos tenían cierta influencia social y recursos económicos y estaban a punto de ser liberados.

Jesús Migoya les proporcionó a los padres ofendidos los servicios de un abogado honesto y capaz, quien retomó el caso y logró acreditar la culpabilidad plena de los secuestradores y homicidas dictándoseles una

sentencia de 50 años. Fue en ese momento cuando al Licenciado Jesús Migoya Junco y a otros altruistas empresarios poblanos se les ocurrió formar una asociación que ayudara jurídicamente a las víctimas del delito de todos los estratos sociales y surge la Asociación de Ciudadanos Poblanos Unidos por la justicia y la Atención a Víctimas del delitos, que ejecuta el programa denominado JUSTICIA CIUDADANA. En consecuencia, conformado ya éste modelo de participación ciudadana con la misión y objetivo central de promover la cultura de la denuncia, asistir gratuitamente a las víctimas del delito, crear programas sobre la prevención de adicciones, la prevención del delito y

• Brindar asesoría jurídica gratuita víctimas del delito, en la presentación de denuncias o querellas, es decir, se inician cuando una persona es víctima de algún delito, nuestros prestadores del servicio social en derecho acompañan físicamente a la víctima del delito ante el Ministerio Público para presentar la denuncia o querella correspondiente, y se procede a la debida integración de la Averiguación Previa; se asesora a las víctimas del delito para que presenten la documentación necesaria y se les informa de las diferentes diligencias que se llevan a cabo para que el Ministerio Público acredite el cuerpo del delito y haga probable la responsabilidad del indiciado, para así éste pueda consignar la averiguación previa correspondiente; éstos servicios

13 Para el debido funcionamiento del programa JUSTICIA CIUDADANA, en febrero del año dos mil, se firmo el primer convenio de colaboración celebrado entre JUSTICIA CIUDADANA, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla y seis de las más prestigiadas universidades del Estado de Puebla. En la actualidad se han firmado más de 22 convenios de colaboración con diferentes instituciones públicas y privadas, para el mejor funcionamiento del programa.

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se ofrecen de forma gratuita las 24 horas del día los 365 días del año en nuestra oficinas centrales ubicadas en la calle trece sur número mil novecientos diez, Barrio de Santiago de la Ciudad de Puebla; en las oficinas ubicadas dentro de las instalaciones del Edifico que alberga a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Boulevard cinco de mayo y avenida treinta y una oriente; en las oficinas que alberga la Agencia del Ministerio Público especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar.

• Como segundo punto en el servicio que brinda JUSTICIA CIUDADANA se encuentra el SEGUIMIENTO A PROCESOS en nuestras oficinas ubicadas en el Edificio de los Juzgados de Defensa Social, anexo al Centro de Readaptación Social en el Estado. Este servicio se ofrece una vez que el área de averiguaciones previas consignó una averiguación previa: asesoramos a la víctima del delito en el procedimiento penal, informándole el número de su proceso, así como en qué momento se libra la orden de aprehensión o comparecencia. Una vez que se ejecuta ésta coadyuvamos con el Ministerio Público, dando seguimiento al periodo de instrucción, e informamos cuando se dicte la sentencia correspondiente.

Asimismo, promovemos se le haga el pago de la reparación del daño a las víctimas u ofendidas en los casos que proceda.14

• Una parte esencial en nuestros servicios es nuestro CENTRO DE MEDIACIÓN avalado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado; todas las personas necesitamos alternativas de solución a nuestros conflictos sin llegar a dirimirlos en un juzgado; una solución a éstos es la MEDIACIÓN. Con éste procedimiento, las partes en conflicto dirimen sus controversias ante un tercero denominado mediador, dando solución a su problema de forma voluntaria, donde ambas partes quedan satisfechas con la solución a su conflicto.

En otras palabras, en la mediación el querellante, es decir la víctima del delito y el indiciado asistidos por el mediador, encuentran una alternativa de solución

a su conflicto encontrando de manera conjunta una solución benéfica para ambas partes; es importante resaltar que la mediación penal sólo procede en delitos de querella, como son: las lesiones que tarden en sanar menos de 15 días, el estupro, las amenazas, el abuso de confianza, el fraude, etc., lo que conlleva a evitar así el desgaste en un largo y oneroso juicio.15 ASESORÍA Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO GRATUITO a víctimas del delito, que se brinda por más de 35 prestadores del servicio social en la carrera de psicología, atendiendo el año pasado a más de 2500 víctimas del delito.

14. Para realizar esta actividad, con fecha treinta de septiembre de dos mil tres, se firmo el convenio de colaboración entre JUSTICIA CIUDADANA y el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.

15. Idem

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• La participación ciudadana en el combate al narcomenudeo.

Ahora bien, ¿cómo funciona JUSTICIA CIUDADADANA como asociación civil en el combate al narcomenudeo?; de primera instancia, como se expuso en líneas anteriores, una forma de combatir el narcomenudeo es a través de la prevención del delito y del consumo de drogas o sustancias tóxicas, a través del programa de prevención de adicciones; como ya se expuso, uno de los bastiones es el rubro “PADRE VIGILANTE”; los padres de

de la República Y JUSTICIA CIUDADANA, crearon una cédula de registro de información denominada “DENUNCIA ANONIMA” , donde se registra la información brindada por los padres de familia, aportando datos relevantes como; resumen de hechos, ubicación de la localidad y dirección de donde se ofrece y vende droga, modalidad del delito contra la salud que se contempla, datos complementarios como frecuencia de hechos, horario de venta o distribución de droga, peligrosidad de los hechos, así como, datos físicos de los

“Nuestros servicios son totalmente gratuitos y se prestan con el apoyo de los prestadores de servicio social o prácticas profesionales de veinte Universidades que participan en nuestro programa” familia, en coordinación con las escuelas y los abogados de JUSTICIA CIUDADANA, forman un cerco de vigilancia alrededor de las escuelas y en caso de que se detecte alguna persona ofreciendo o vendiendo droga a los menores estudiantes, a través de los convenios de colaboración que tenemos como institución con la Procuraduría General de la República, por conducto de la Delegación estatal, creamos un formato de denuncia. La Subprocuraduría de derechos humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad de la Procuraduría General

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probables responsables y señas particulares de los mismos. Aunado a todo lo anterior, una vez que se tiene formulada la denuncia anónima, JUSTICIA CIUDADANA canaliza el formato a la Delegación en Puebla de la Agencia Federal de Investigaciones y esta a su vez, realiza la investigación correspondiente; posteriormente a la investigación, la Agencia Federal de Investigaciones proporciona un informe a la Dirección General de nuestra institución de los avances y logros de la denuncia anónima presentada.

Ahora bien, es importante acotar que

debemos como ciudadanos darles confianza a los estudiantes, profesores y padres de familia, para fomentar en ellos la cultura de la denuncia.

JUSTICIA CIUDADANA propugna por la cultura de la denuncia, los delitos no se pueden quedar impunes, pero sin noticia criminal no hay sentencia que dictar, motivo por el cual la institución alza la voz ciudadana para que aquellos ciudadanos que hayan sido víctimas de cualquier tipo de delito denuncien la comisión de éste, pueden contar con el apoyo de las autoridades y de JUSTICIA CIUDADANA. Nuestros servicios son totalmente gratuitos y se prestan con el apoyo de los prestadores de servicio social o prácticas profesionales de 20 Universidades que participan en nuestro programa, quienes además de cumplir con su Servicio Social, son capacitados y realizan sus Prácticas Profesionales en un ambiente de ética con sentido humano los cuales reciben capacitación continua a través de congresos, cursos y talleres.

Las acciones que se centran en nuestro objetivo han sido aceptadas y eficaces, gracias al apoyo ineludible de las autoridades ante las diferentes esferas de gobierno y a la credibilidad de la ciudadanía. Al inicio de la operación de nuestro programa se pensó en la contratación de un abogado que brindara asesorías a las personas víctimas de algún delito teniendo como meta en aquel enton-

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personas víctimas de algún delito teniendo como meta en aquel entonces atender a una o dos personas al mes, comparado con la actividad que se realiza actualmente, con un equipo de 15 abogados, 85 pasantes en derecho, 35 en psicología y algunos más de trabajo social y comunicación de universidades poblanas, nuestros servicios rebasan ya la atención de más de 8000 personas tan sólo en el año 2009, y se espera que en éste 2010 se brinde la asesoría a más de 8500 víctimas del delito.

Por su parte, JUSTICIA CIUDADANA se conforma, por un Consejo Ejecutivo altruista integrado por empresarios poblanos, Personal Operativo, Pasantes de Derecho y Psicología de la Universidades más importantes del nuestro Estado. Nuestro funcionamiento es sufragado por donativos de la sociedad y aportaciones de Instituciones Públicas y Privadas, para brindar ASESORÍA LEGAL Y PSICOLÓGICA GRATUITA a víctimas del delito.

Conclusión.

Finalmente, el combate a la delincuencia se colisiona necesariamente, con la percepción que tienen los ciudadanos; la autoridad puede estar haciendo lo correcto y la ciudadanía no lo percibe de la forma en que ésta actúa, por lo que, la denuncia puede ser el correctivo en contra de la comisión de los delitos y a la vez el antídoto contra la impunidad.

En nuestro Estado se percibe un déficit en la presentación de la denuncia, lo

que impide combatir eficazmente a la delincuencia y a la vez evaluar objetivamente la efectividad de los resultados.

Fomentar la cultura de la denuncia en la ciudadanía exige que la autoridad garantice la protección de las víctimas del delito y de quienes denuncian.

La ciudadanía no sólo percibe sino padece incertidumbre y riesgos cuando la autoridad es incapaz, omisa o negligente, el delincuente nunca es capturado o peor, éste es liberado por falta de elementos para procesar, u obtiene sentencia absolutoria por no acreditar algún elemento del cuerpo del delito de que se trate o su plena responsabilidad, en cualquier caso la ciudadanía y en específico la víctima del delito que denuncia suele temer a represalias, tiene temor a que no se investigue y persiga con eficacia la comisión de un delito.

Romper el cerco sólo es posible a través de la presentación de la denuncia y la participación de acciones de prevención, se debe informar a la autoridad y esta a su vez nos debe informar del desempeño de sus labores. Para fomentar la cultura de la denuncia las autoridades deben ofrecer efectividad y resultados en la persecución de los delitos y ejecución de las penas creando confianza y estimulando la participación ciudadana al denunciar.

Es por ello, que Gobierno y ciudadanía deben propiciar desde la educación básica la cultura de la denuncia, se debe crear una educación cívica enfocada al conocimiento y el significado de las

reglas, las leyes y la cultura de la legalidad, evitando la tentación de participar en actividades delictivas, y por consiguiente fomentar la cultura de la denuncia del delito.

Por su parte, en el contexto actual el delito se combate una vez cometido, por lo que resulta primordial que las personas que se ven afectadas estén dispuestas a denunciarlos, por lo que las autoridades deben crear en los ciudadanos la confianza para que estos no teman denunciar la comisión de un delito, deben ser escuchados y atendidos para lograr una verdadera cultura de la denuncia.

Para concluir, las víctimas del delito deben tener la posibilidad jurídica de participar como parte en el procedimiento penal. Resulta indispensable garantizar a las víctimas del delito las condiciones necesarias para que logren la eficaz reparación del daño y la defensa directa de sus intereses y derechos, esto para lograr fortalecer los instrumentos legales que le garanticen una mejor defensa de sus intereses jurídicos, entre ellos el derecho a recibir la asesoría profesional suficiente, con el propósito de lograr un mejor punto de equilibrio entre las partes en el proceso penal.

Así pues, los órganos de administración y procuración de Justicia y Justicia Ciudadana deben lograr mejores resultados en el combate a la delincuencia. Es por ello necesaria la participación de la sociedad para abatir la impunidad, mediante la práctica de la denuncia. *

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La defensa penal en el marco Lic. Carlos Espinoza Vidal Abogado - defensor penal público, Chile.

La defensa penal, dentro del marco de

un estado democrático de derecho, es una pieza fundamental del engranaje de un sistema penal, y más cuando se está en un proceso adversarial.

En los países que han tenido, están teniendo o van a tener en un futuro cercano reformas a su sistema penal, en donde su proceso muta a uno de carácter oral, público y contradictorio, el derecho a defensa se eleva como un elemento central e importante a la hora de definiciones políticas de quién se va a encargar de esta defensa.

Creo que los países latinoamericanos debiésemos tener una defensoría penal pública, fuerte y autónoma, para cumplir con la misión que se ha encomendado

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constitucional y legalmente.

Cuando el Estado quiere sancionar a una persona por sus actos que constituyen, o mejor dicho, constituirían una infracción penal, se concreta la amenaza de la aplicación de restricciones a la libertad y de generar un alto precio familiar y personal a quien lo sufre; esta persona de carne y hueso es la que se somete a un proceso penal. A través de los años, hemos sabido de diferentes situaciones en que se inculpa a personas que al final han resultado inocentes, pero han pasado días, meses e incluso años privadas de libertad, perdiendo gran parte de lo que tenían en lo económico y familiar.

Muchos se han preocupado por esta situación, lo que ha llevado a una consolidación internacional a través de instru-

mentos normativos de ese carácter, como los son los pactos internacionales de Derechos Humanos, y nuestras propias Constituciones políticas.

El artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), señala principios como el de Inocencia, igualdad ante la ley y en la letra d) consagra el derecho a defenderse personalmente, como garantía del derecho de defensa material y el ser asistido por un defensor de confianza, como garantía del derecho a defensa técnica. Por otro lado, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en su artículo 14, letra d), señala que la persona tiene derecho a encontrarse presente en el proceso, defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de confianza.

de Justicia Penal

de un proceso acusatorio

En el plano nacional, la carta fundamental de los Estados Unidos Mexicanos es de una meridiana claridad respecto de esto, y textualmente señala: “La Federación, los Estados, y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del ministerio público”. Art. 17 CPEUM. Es clara la intención del constituyente, al pensar un sistema de “defensoría pública de calidad”, pero ¿cómo se traduce en la práctica esto? La defensa penal no sólo constituye una garantía constitucional, sino también una condición de legitimidad y validez de los procesos penales en

todas sus etapas, y no sólo en la de juicio oral propiamente tal, sino desde el inicio del proceso penal, y más diríamos, desde que se adquiere la calidad de imputado hasta su completa finalización.

Cuando existe una defensa técnica profesional, con estándares de calidad concretos y medibles, se minimiza la posibilidad de errores en la decisión jurisdiccional. Es claro, en este orden de ideas, que el justiciable tiene la propiedad sobre “su” derecho a la defensa, y por ende, en el marco de su autonomía individual, él establecerá en forma libre si presta o no declaración ante el Ministerio Público, o ante los jueces de control o del juicio oral.

Eso es parte de ser sujeto de derecho procesal y no objeto del proceso, y ni siquiera, objeto de protección.

El contar con un asesor técnico, abogado y defensor penal público o privado, es una de las manifestaciones principales del derecho a la defensa. Es la base primordial y motor de las restantes garantías de un debido proceso. El proceso penal en sí es un continuo de resoluciones y actuaciones jurídicas ricas en detalles, con un lenguaje críptico que sólo puede ser descifrado por los técnicos en el procedimiento que, si no están, traería como consecuencia que un imputado no podría ejercer este derecho de buena manera.

Es por ello que es de suma importancia que quien presta asesoría de defensor penal tenga las competencias técnicas suficientes para poder ejercer este derecho en forma adecuada y en óptimo nivel.

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Nuevo Sistema

La defensa Pública Penal de personas depreciadas por la sociedad es un derecho Fundamental, como lo dice el profesor Luigi Ferrajoli en el libro “Defensa Pública: Garantía de Acceso a la Justicia, El rol garantista de la defensa pública”. El primer fundamento es el carácter de derecho fundamental, y por ello, universal del derecho de defensa, cuya actuación, justamente porque se trata de un derecho fundamental, no puede ser confiada a las lógicas del mercado como si se tratara de un derecho patrimonial, sino requiere estar garantizada por la esfera pública.

plo, que se generan por los Jueces de Garantía y Tribunales orales en lo penal sanciones procesales bastante fuertes, como son el decretar el “abandono de la defensa”, por no llegar a una audiencia (no es justificable no asistir a una audiencia por tener otra), o por no tener las competencias en materia sustantiva penal o de litigación. En esto último me gustaría detener.

Ahora nuestro cliente, quien estará sentado al lado de nosotros, observará de manera directa nuestro actuar, y sabrá los bueno y lo malo que hacemos, por lo que manejar los nuevos procedimientos será

“Ser defensor no es sólo un trabajo, es vocación de servicio a los más pobres y desvalorados de la sociedad”.

En suma, debe ser asegurada por el Estado, cada vez que un imputado no decida elegir un defensor de confianza”.

Esto nos lleva a que si una persona imputada por un delito no cuenta con un defensa técnica de “confianza”, se supla ésta con la designación de un abogado de oficio, pero que tenga la calidad de defensor penal público. Ya no podrá ser cualquier abogado, sino quien cumpla con determinados requisitos de competencia en materia penal y además en materias procesales penales.

Es así, y en la práctica en el foro, de manera muy habitual, en Chile por ejem-

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de vital importancia, sobre todo al aplicar las técnicas de litigación y estrategias procesales, en las audiencias orales. Si no sabemos “litigar” en un Tribunal en lo penal ello generará la sanción procesal, pero además, el reproche del imputado y su familia.

Esto conlleva que el Estudiante de Derecho, y los futuros Abogados, tengan las habilidades y competencias en audiencias y juicios orales, lo que generará cambios en la forma de enseñar y aprender el derecho en las Universidades.

El Modelo Chileno de Defensoría Penal

Pública (DPP) es de carácter mixto, en donde convive un sistema público con defensores penales locales (Institucionales) y defensores Licitados, abogados que no dependen laboralmente de la Defensoría Penal Pública, sino de estudios privados que prestan servicio a la defensoría.

En ambos casos se trata de generar profesionales preparados, con especialización en los temas procesales penales y en materia sustantiva penal, con dedicación exclusiva por parte de los primeros y preferente por los segundos. Para ingresar al primero de los sistemas se hace por concurso público, libre e igualitario y que se publica en periódicos de circulación nacional. El segundo se hace a través de abogados que forman una nómina de la empresa que postula a licitar (la licitación es una fórmula en donde el Estado vende una cantidad de juicios y las empresas postulan a ellas por un precio), debiéndose comprobar la idoneidad de estos profesionales, a través de un test que aplica la DPP, y que los profesionales deben aprobar. Si no lo hacen, no pueden ejercer como Defensores Penales.

Pero no basta la calidad de estos profesionales sólo al ingreso, sino que las competencias deben seguir manteniéndose y acrecentándose con una serie de capacitaciones internas generadas por las unidades de estudios de la DPP, y con mediciones objetivas. Para ello se cuenta con las inspecciones por parte de funcionarios de la DPP, quienes analizan los estándares de defensa auto impuestos por la institución, y que cada uno de los defensores, institucionales o licitados debe necesaria-

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mente cumplir. Si no los cumple, se genera un informe que analiza en conjunto para mejorar, pero no para sancionar. Al mismo tiempo, y muchas veces en forma paralela, se dan las auditorías externas de servicio de defensa penal, que se efectúan año a año, y que complementan lo ya analizado por los inspectores.

Al ejercer la Defensa Penal Pública, el defensor debe cumplir con estándares de defensa que son el “Conjunto de principios o parámetros de actividad o conducta que debe observar y cumplir el abogado que presta defensa penal pública a los imputados en el Sistema Procesal Penal”.

Lo que se quiere con estos estándares es obtener que el defensor penal público emplee todos sus conocimientos y disposición profesional en beneficio de su imputado, independientemente del resultado en el Tribunal correspondiente.

Con esto se logran los objetivos propuestos, como lo son el fortalecimiento en el desempeño de los abogados defensores y aumentar el grado de satisfacción de los usuarios del sistema de defensa penal. A manera referencial y de ejemplo, algunos de los estándares que se tiene son los siguientes: a.- Dignidad del Imputado: Se respeta la voluntad de éste y se le brinda un trato digno; b.- De la Información: Siempre se le informa al imputado el estado de su juicio y los avances de este; c.- De la Libertad: mantener y/o solicitar la libertad del imputado, de acuerdo a las normas legales; d.- De la Prueba: En el cual el defensor se ocupa de que la prueba se produzca guardando los intereses, derechos y garantías del imputado; e.- Del plazo razonable: En donde el defensor debe ocuparse que la persecución iniciada

en contra del imputado se realice en un tiempo razonable; f.- De los Recursos: Aquí el defensor se preocupa de recurrir, respetando la voluntad del imputado y protegiendo sus derechos, garantías e intereses.

Esto sería sólo una buena exposición de principios si no se materializara, ya que cada uno de estos estándares tiene sus objetivos generales y especiales y metas medibles. Por ejemplo el estándar de la información se cumple con la visita al imputado cada quince días en su centro de reclusión, lo que queda consignado con una hoja de visita y con la firma de quien se visita. Esto, por supuesto es controlado por las inspectorías posteriores, quienes revisan que esté dicha información en las carpetas de cada uno de los defensores, y comprueban que ésta, que se encuentra en un sistema computacional, se ajuste a la verdad.

Esto genera un sistema de defensa profesional, de alta calidad y con personas motivadas, sabiendo que la vocación de servicio público para los más humildes no es un favor que hace el Estado o el profesional que lo presta, es una garantía y obligación por el Estado y por quien lo ejecuta.

Una Defensoría Penal fuerte, autónoma y competente es un buen contrapeso al Ministerio Público, quien tiene bastantes facultades legales y el poder punitivo del Estado detrás suyo, y por ende los profesionales que componen ésta siempre deben ser el contrapeso justo en un sistema adversarial.

“Ser defensor no es sólo un trabajo, es vocación de servicio a los más pobres y desvalorados de la sociedad”. *

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