Sentencia

En primer término quisiera hacerme cargo de una de las últimas referencias que hizo el abogado de la defensa sobre el orden de prioridad de los bienes jurídicos protegidos. Intuyo, porque quedé un poco sorprendida y no pude pedir aclaración, que su ranking se basa en el orden en que están regulados los tipos penales a los que se ha referido en el Código Penal (que dejaría bastante lejos en el ranking a los delitos contra la libertad, pese a que involucran condenas perpetuas en algunos casos; o nos llevaría a pensar que la supresión de identidad, pese a que compartiremos que es un delito que involucra hechos gravísimos, es casi bagatela por la pena que implica).

Entiendo y valoro el esfuerzo por contrastar, comparar y contextualizar la imposición de la pena con otros legajos y otros delitos. Pero contrario a lo que ha sostenido, creo que en nuestro sistema la imposición de la pena adquiere una dimensión tan particular para el caso concreto y sus circunstancias, que nuestro legislador ha decidido incluso separar esta discusión de la discusión sobre la responsabilidad.

En ese sentido tomo las palabras de Patricia Ziffer en lineamientos para la determinación de la pena, quien menciona que "la ley no puede permanecer ciega al problema del cambio social de las valoraciones.

Por el contrario, en general trata de hacerse cargo de ello mediante conceptos normativos o cláusulas generales. La fijación de marcos penales, también desde un punto de vista de la voluntad de la ley, representa la técnica elegida para que el juez pueda reconocer estos cambios sociales y reflejarlos en la pena en forma dinámica". Y esa es la tarea que hoy me toca en este caso en concreto.

¿CÓMO MEDIR LA PENA JUSTA EN ESTE CASO? Para medir la pena que corresponde aplicar un parámetro inicial a considerar es el de la culpabilidad por el hecho cometido. Hemos llegado aquí porque ya hubo un juicio de responsabilidad en un jurado popular determinó por unanimidad que el Sr. Mario Inostroza es responsable del delito de abuso sexual simple agravado por la convivencia previa con una persona menor de 18 años en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia previa con una persona menor de 18 años.

En segundo lugar, para determinar la pena a imponer debo tener en cuenta la finalidad resocializadora que según nuestra normativa vigente debe tener la pena.

En tercer lugar debo tener en cuenta lo establecido en los art. 40 y 41 del

Código Penal, donde se fijan pautas generales para la

individualización o determinación de la pena, procediendo a fijar, luego de evaluadas las agravantes y atenuantes que se aplican a este caso concreto, la medida justa de pena.

¿DESDE DÓNDE DEBO PARTIR PARA MEDIR ESA PENA JUSTA? Entiendo la posición del Ministerio Público Fiscal al plantear sus propios lineamientos para la solicitud de penas. Sin embargo, me inclino por seguir el criterio que no sólo comparto sino que resulta uniforme en la provincia de Neuquén y parto desde el mínimo legal de la pena, para luego incrementar la misma en virtud de las circunstancias agravantes

existentes, y por último disminuirla en función de las atenuantes que se hallen.

La acusación ha planteado como una cuestión específica a valorar la duración del hecho. El Sr. Inostroza ha sido condenado por dos delitos en concurso real por dos períodos temporales distintos: - 1° PERIODO: Abuso sexual simple agravado por la convivencia.

Dos años. Seis meses hacia arriba por año por cada circunstancia agravante considerada.

- 2° PERIODO: Abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia. Dos años. Doce meses hacia arriba por año por cada circunstancia agravante considerada.

Esta situación de “la duración” la que tomaré como referencia para explicar en cuánto tiempo iré alejándome del mínimo de 8 años en la escala penal específica que tengo que valorar al momento de referirme a la naturaleza de la acción y los medios empleados.

Para despegarme de ese mínimo y atendiendo a la amplitud de la escala penal sobre la que debo realizar la valoración razonable y proporcional, por cada agravante vinculado a la naturaleza de la acción y los medios empleados entenderé que debo incrementar: - Seis meses por cada año del primer período. Es decir: un año más al mínimo por cada agravante para el primer período.

- Un año por cada año del segundo período. Es decir: dos años más por cada agravante para el segundo período.

Así, considero que se han acreditado a través de la prueba producida en este juicio las siguientes circunstancias agravantes a lo largo de los dos períodos por los que el Sr. Inostroza ha sido condenado.

1. La diferencia de edad. Lo ha mencionado la fiscalía: entre Melina e Inostroza hay casi 30 años de diferencia. Y no es una diferencia cualquiera sino que es la que se da entre una persona adulta, con una vida hecha, que ha superado los 40 años y una niña de apenas 8 al momento de iniciarse las conductas de abuso. Entiendo que esta diferencia ha sido sumamente importante en la imposición de una relación asimétrica entre ambos, donde Inostroza hacía y Melina padecía. 11 años 2. El contexto de vulnerabilidad específico en que se dan los abusos. Inostroza no era su padre, pero era la pareja de su madre y el padre de sus tres hermanas menores. Una persona de confianza, de cercanía que, además, la lleva a mantener los abusos en secreto.

Con una amenaza concreta que ella ha mencionado en su declaración en Cámara Gesell: si decía algo él se iba a matar. Y a esa amenaza con la suma de un hecho concreto que ha recordado hoy la acusación en su alegato: la muerte de su tío Pancho, un suicidio. También la Lic. Zavala ha hecho una mención específica a esta situación al momento de su primera declaración en este juicio “que una situación en esta relación asimétrica se plantee en secreto, lo único que implica para la víctima es que está pasando una situación del orden de lo prohibido en la que está siendo partícipe”.

Estas circunstancias me llevan a considerar que en este caso específico, más allá del contenido que está propiamente incorporado en los tipos penales, se dan circunstancias específicas de vulnerabilidad en la víctima y su relación con el acusado que van más allá de los mismos y me permiten alejarme aun más del mínimo de la escala, alcanzando los 14 años.

3. La motivación. Coincidiré en este punto con el señor fiscal, quien ha referido extensamente la dificultad de realizar una determinación conceptual sobre el punto, pero ha referido concretamente (y comparto el punto) cómo Inostroza ha basado su accionar únicamente en la oportunidad y el deseo, sin ningún otro motivo o situación externa desencadenante que pueda explicarnos por qué estamos hoy aquí. Con ello me alejo tres años más del mínimo y llego a los 17 años.

En cuanto a la extensión del daño y el peligro causado, dado que aquí estamos en el terreno de las consecuencias de este proceso de cuatro años de abuso, por cada circunstancia acreditada incrementaré un año a los 17 que ya he fijado. ¿Qué valoraré en este punto?: - Sobre la Interrupción Legal del Embarazo la defensa ha referido que no debería valorarse porque fue un acto por fuera de la voluntad del imputado. Es real que no podemos saltar de la voluntad de Inostroza a la ILE, como real es que sin el accionar de Inostroza, Melina no debería haberse sometido a semejante proceso invasivo de su cuerpo y su ser. Por ello entiendo que esto agrava la pena en tres aspectos diferenciados, aumentando un año por cada uno de ellos. o La aplicación del Misoprostol (tres veces durante la internación, la última vez con la aplicación de un sedante por su condición de ánimo) y las consecuencias en el cuerpo de una niña de 12 años o La necesidad de realizar un legrado en la cavidad uterina, que implica una invasión mayor aun a la que ya había sufrido.

o Los dolores que padeció durante todo el proceso y la necesidad de administrarle morfina como calmante, lo más fuerte que existe en términos de mitigar un dolor, a una niña.

- 20 años Con relación al desarraigo me sucede algo similar con el argumento de la defensa, que parece decir que la madre se mudó a Zapala porque quiso porque en realidad tenía la casa de Bajada del Agrio a causa de una medida cautelar del juzgado de familia. Hemos escuchado a través de los testigos todo lo que ha implicado para Melina la mudanza: cambio de escuela, cambio de costumbres, cambio de entorno. En función a ello entiendo que esto también es extensión del daño y sumo un año más a la pena alcanzando los 21 años.

La Situación económica que se ha generado a raíz de esto: no sólo la madre es sostén de familia única con cuatro hijas, sino que además se encuentra en la precariedad de subsistir con un subsidio municipal otorgado por tres meses (y en forma bastante excepcional según lo ha relatado Melinao en esta audiencia) para llegar a cubrir sus necesidades. Esta situación también la encuentro como parte de la extensión del daño y sumo un año llegando a los 22.

La Situación familiar de Melina, particularmente con sus hermanas.

Que le echen la culpa por no poder ver a su madre, que tengan discusiones sobre el tema, que ella incluso llegue a sentirse responsable de lo que sucede en la actualidad cuando es en realidad la víctima de esta historia también me parece parte de la extensión del daño, y así alcanzo los 23 años.

Melina está intervenida por el Estado. Hemos escuchado a trabajadoras sociales, médicas, psicólogas. Intervención desde la

justicia, desde la salud, desde el municipio. Más allá de que me resulta sumamente destacable constatar que los distintos dispositivos estatales han funcionado con la debida diligencia para centrar la atención en Melina y darle una respuesta que le permita recomponer su vida, no es el deseo de los instrumentos internacionales vinculados con los derechos de la niñez y receptados por nuestra Constitución Nacional y Provincial que para su adecuado desarrollo las niñas vivan atravesadas por el Estado. Aquí tenemos la intervención múltiples profesionales de diversos organismos. Todas circunstancias anómalas producidas a raíz de este caso. Sin mencionar la experiencia poco deseable para una niña que ha vivido Agustina al transitar este proceso judicial, porque el hecho de que no haya estado aquí presente no implica que no sabe lo que ha pasado y, como se ha dicho aquí, que su vida ha sido expuesta a personas absolutamente extrañas para ellas. Por ello incremento un año más y llego a 24 años.

Finalmente, creo que también forma parte de la extensión del daño la proyección de vida futura de Melina. Más allá que es real que no podemos hacer futurología y determinar lo que pasará con la niña en concreto, no es menos cierto que todas las profesionales del área han manifestado la probabilidad que existe y sí es real de que una persona con el padecimiento que ha atravesado la víctima de este caso, tenga una vida futura con más dificultades que alguien que no pasó por todo lo que aquí hemos visto, por ello considero que debe incrementarse un año más como agravante en función a la extensión del daño y alcanzar así los 25 años.

Por su parte, debo ahora valorar las circunstancias que consideraré como atenuantes, reduciendo un año por cada una de ellas y adelantando que son sólo dos: - Inostroza no posee antecedentes penales - Ha tenido una conducta procesal intachable hasta este momento.

No valoraré como atenuante su situación de bajo nivel de instrucción debido a que considero que no tiene ningún impacto concreto en la posibilidad de adecuar o no su conducta a las prohibiciones implicadas en los tipos penales por los que se lo ha condenado.

Tampoco valoraré como atenuante la situación de hacinamiento que ha descrito el defensor debido a que si así lo hiciera, también debería considerarla un agravante en función a que la víctima residía en el mismo hogar.

POR TODO LO EXPUESTO resuelvo: 1) Imponer a Mario Inostroza, DNI nro. 25892794, de demás datos consignados en el Legajo, la pena de 23 años de prisión, por los delitos por los que fuera declarado autora penalmente responsable, con accesorias legales y costas del proceso Art. 268 y 270 del Código Procesal Penal.

2) Disponer que la Sentencia completa sea notificada a las partes por comunicación electrónica. Con relación al Sr. Mario Inostroza, debe concurrir el día viernes 17 de mayo a partir de las 12.00 e esta Oficina Judicial y se le entregará una copia de la sentencia.

Si no concurre ese día, se considerará notificado a través de su defensa técnica.

3) Una vez que se encuentre firme la sentencia, comunicarla a la Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación General para que dé cumplimiento al Art. 5, incisos 4 y 5 del Reglamento del Registro de Identificación de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual.

4) Regístrese junto con la Declaración de Responsabilidad de la cual es parte. En su oportunidad, ejecútese, practíquese planilla de liquidación de costas, remítanse oficios al Registro Nacional de Reincidencia para su toma de razón, y comuníquese la presente a la Jueza de Ejecución por así corresponder.

Escala: 8 a 30 años