Fiscales de EU presentan a seis testigos, pero ninguno ligado a García Luna

La defensa, por medio del abogado Florian Miedel, cuando le tocó el turno de interrogar a El Futbolista, se concentró en establecer ante el jurado que este delincuente está al servicio del Departamento de Justicia y sus fiscales gracias a los beneficios que de ellos recibió por medio de una sentencia benévola.

El Futbolista podría obtEnEr la rEsidEncia En Eu Martínez Sánchez fue detenido en febrero de 2014 en León, Guanajuato, y extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2015.

El 19 de octubre de 2016 se declaró culpable de los delitos de narcotráfico bajo un acuerdo con el Departamento de Justicia para hacerse testigo cooperante, por lo que fue sentenciado a siete años de prisión y a pagar una multa de dos millones de dólares.

El Futbolista fue puesto en libertad el 3 de diciembre de 2021, pero no ha sido deportado a México porque por presentarse como testigo a juicios como el de García Luna, los fiscales del Departamento de Justicia abogan por él para que en algún momento se le otorgue la residencia permanente.

tEstigos no mEncionaron a garcía luna Ernest Cain, expolicía de narcóticos de Chicago, Jamal Hornedo y Matt Coleman, agentes de la Administración Federal Antidrogas (DEA), Noa Malloni, agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y Stephen DeMayo, exagente de Inmigración y Aduanas (ICE), con sus testimonios co- rroboraron el caso de la cocaína confiscada a El Futbolista en Nueva York y Chicago. los dos manuEl conociEron al hijo dE El chapo

Estos cinco testigos de los fiscales ni siquiera mencionaron el nombre de García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón, motivo por el cual De Castro y sus colegas declinaron hacerles preguntas. El sexto testigo de la fiscalía en la sesión de este miércoles fue Ernesto Tolentino, un estadounidense de origen dominicano que creció en medio de actos delictivos menores entre Nueva York y Filadelfia, Pensilvania.

Tolentino, quien con sus palabras contó ante el jurado y el juez, guiado por las preguntas de la fiscal Erin Reid, que desde muy joven se dedicaba al narcomenudeo en las ciudades donde creció; fue otro testigo ignorado por la defensa de García Luna, que declinó interrogarlo.

Y es que la historia de su presunta conexión con el Cártel de Sinaloa fue a partir del año 2019, cuando García Luna ya no era funcionario del gobierno federal de México.

Tolentino fue arrestado por la DEA en Nueva York con posesión de drogas y armas el 18 de diciembre de 2019, justamente nueve días después de que agentes de la misma dependencia estadounidense detuvieran en Dallas, Texas, a García Luna.

El narcomenudista de origen dominicano que fue líder estando en prisión de la pandilla Los Trinitarios, delineó cómo en un centro de rehabilitación estatal para presos alcohólicos y drogadictos, conoció a un mexicano de nombre Manuel.

Manuel y Tolentino se hicieron amigos porque en la cárcel hablaban de drogas, mujeres y música mexicana. Puesto en libertad, Tolentino dijo que un día tuvo un accidente con su auto y al llevarlo a un taller mecánico se encontró con la sorpresa de que Manuel trabaja justamente ahí.

Al dueño del taller le dijo que Manuel era un conecte “Plug” con el mundo de las drogas y empezaron a trabajar. Luego, ese Manuel le puso en contacto con otro Manuel que estaba físicamente en México y era miembro del Cártel de Sinaloa.

Manuel de Sinaloa, como la fiscal Reid lo llamó para que los miembros del jurado pudieran hacer la distinción, proveía a Tolentino con kilos de cocaína, con cientos de pastillas de metanfetaminas, algunos kilos de heroína y de fentanilo que se vendían en Nueva York.

Un día, durante el verano de 2019, Manuel de Sinaloa le hizo una videollamada a Tolentino para presentarle a su “compa” Iván, el hijo del señor Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Tolentino comentó que al hablar con Iván tuvo que confesar que no sabía quién era su interlocutor, lo que eventualmente no significó nada, porque continuó vendiendo drogas en Nueva York hasta el día de su captura. En sus narraciones nunca mencionó a García Luna.

INAI ordena a la SEDENA revelar contrato sobre Pegasus

/ diana lastiri

El juez Quinto de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México concedió la suspensión definitiva a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, para que no sea extraditado, por lo menos, antes de que se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo.

“Se concede la suspensión definitiva para el efecto de que el directo quejoso Ovidio Guzmán López no sea extraditado y quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, en lo que corresponde a su libertad personal, en el lugar en que se encuentra recluido y a disposición del juez responsable, sin perjuicio de que continúe el procedimiento de extradición que se le instruye; lo anterior, hasta en tanto se notifique la determinación en que cause ejecutoria la determinación que resuelva el cuaderno principal del que deriva esta incidencia. Sin que en el caso sea factible suspender la emisión de la opinión jurídica dado que implicaría paralizar el procedimiento que es de orden público”, señaló el juzgador. “En lo único que se traduce la concesión de la suspensión es que se impida la extradición mientras se falla el amparo en lo principal”.

El juez fijó para audiencia constitucional, en la que definirá si concede o no el amparo a Ovidio Guzmán, el próximo 20 de febrero. En el proceso contra El Ratón, quien fue detenido el pasado 5 de enero, ya le fue notificado formalmente que el gobierno de Estados Unidos lo requiere para juzgarlo por conspiración para traficar droga y se le decretó la detención provisional con fines de extradición, por lo que permanece recluido en el penal federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

El gobierno de EU cuenta con 60 días naturales para pedir formalmente su extradición, mismos que vencen el próximo 5 de marzo, y posteriormente, el juez de control del Estado de México estará en posibilidad de emitir una opinión jurídica en la que puede o no estar de acuerdo con su entrega.

Esta opinión no es vinculante pues la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es la que tiene la última palabra.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que revele el contrato por "servicio de monitoreo remoto de información" celebrado en abril de 2019 con la empresa que tenía la representación exclusiva para vender la tecnología de la compañía israelí NSO Group, que desarrolló el spyware Pegasus.

Se trata del mismo contrato –número DN-10 SAIT-1075/P/2019– que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a transparentar el pasado 5 de octubre, bajo el argumento de que su administración no tiene “nada que ocultar” en materia de inteligencia. Ya han transcurrido cerca de cuatro meses y la SEDENA ha hecho caso omiso a las instrucciones del mandatario.

De hecho, el INAI conoció del caso después de una impugnación contra una respuesta de la SEDENA a una solicitud de información, en la cual la institución castrense aseveró que buscó de “manera exhaustiva” un contrato con Comercializadora Antsua, pero no lo encontró, por lo que declaró la inexistencia de la información.

En la sesión del pleno del INAI, hoy, la comisionada Josefina Román Vergara propuso un proyecto –que fue aprobado–para invalidar la respuesta de la SEDENA, pues “no realizó una búsqueda exhaustiva de lo solicitado, y existe información pública oficial y notas periodísticas que dan cuenta de la celebración de los contratos solicitados, es claro que sí cuenta con la información requerida”.

“Por ello, estimamos indispensable la entrega de los contratos que una persona está solicitando, ya que no solo se transparentaría el ejercicio de recursos públicos, sino también quedarían expuestas las actividades vinculadas con el monitoreo de comunicaciones”, dijo. La comisionada recalcó también que las actividades de monitoreo de información por parte de las dependencias deben apegarse a órdenes judiciales, pues la Constitución plantea que las comunicaciones privadas son inviolables.

La SEDENA ya había ocultado en varias ocasiones la existencia de este contrato, hasta que Proceso, Animal Político, Aristegui Noticias y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) lo revelaron en octubre pasado, después de encontrar su referencia en los más de 4.5 millones de archivos de la SEDENA hackeados por el colectivo Guacamaya.

En paralelo, Proceso y los demás medios que participaron en la investigación Ejército Espía revelaron que, durante el sexenio de López Obrador, el spyware Pegasus siguió activo en México y fue utilizado para atacar los teléfonos de dos periodistas –Ricardo Raphael y un colega de Animal Político–, un defensor de derechos humanos –el tamaulipeco Raymundo Flores– y un opositor político, el diputado Agustín Basave Alanís.

La investigación periodística contrastó con las reiteradas declaraciones de López Obrador, quien siempre ha asegurado que su gobierno no ha comprado ni utilizado el sistema Pegasus.