La FGR no atraerá el caso de María Elena Ríos

Mathieu tourliere / diaNa laStiri

La Fiscalía General de la República (FGR) no atraerá el caso de la saxofonista María Elena Ríos, agredida con ácido en el año 2019 en el estado de Oaxaca, pero informó que apoyará en la investigación que realiza su homóloga en la entidad.

Al tratarse de un caso del fuero común, la FGR señaló que colaborará con elementos técnicos, periciales y policiales con los que cuenta para apoyar a la Fiscalía de Oaxaca. “La Fiscalía General de la República (FGR), va a colaborar con todos los elementos técnicos, periciales y policiales de esta institución, para auxiliar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en un caso, que es del fuero común, en el que se afectó a la víctima María R”, señaló la institución mediante una breve tarjeta informativa.

Fuentes judiciales explicaron que esto no implica que la FGR cierre la puerta definitivamente a que la investigación pueda ser atraída posteriormente.

La semana pasada un juez en el estado de Oaxaca concedió la prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal, exdipu- tado del PRI en la entidad, señalado como presunto autor intelectual de la agresión de la que María Elena fue víctima al interior de su domicilio.

El 24 de enero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que solicitó a la FGR que valore la posibilidad de atraer el caso.

Las once consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) calificaron de regresivo e inconstitucional el llamado Plan B de la reforma electoral, por lo cual adelantaron que interpondrán en su contra los recursos jurídicos correspondientes, como acciones de inconstitucionalidad, una vez que este plan sea aprobado por el Congreso de la Unión.

Lo anterior se señala en un informe sobre el impacto y los riesgos de dicha reforma electoral, el cual fue presentado hoy durante la sesión del Consejo General del INE y fue elaborado por las y los consejeros de ese órgano electoral.

El informe indica que esta reforma está hecha desde el poder y sólo busca beneficiar al gobierno de la Cuarta Transformación, mientras que debilita a la estructura del INE, por lo que se pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024.

Asimismo, la reforma vulnera la autonomía técnica del INE en materia de fiscalización; retrocede los avances ya alcanzados en el voto electrónico; modifica plazos que afectan la conformación del padrón electoral y los cómputos de las elecciones; no pone las condiciones para una competencia electoral pareja ya que involucra indebidamente a servidores públicos, entre otros puntos.

Ante todo esto, los consejeros anticipan un incremento en los litigios poselectorales y potenciales nulidades de votación en casillas, con lo cual se pone en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad política.